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Ilmo. Sr.: Visto el testimonio de la sentencia dictada el 11 de diciembre de 1978 por la Sala Tercera del Tribunal Supremo, revocando en apelación otra de fecha 17 de febrero de 1978 de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la excelentísima Audiencia Territorial de Valencia, con que concluye el recurso contencioso-administrativo número 253 de 1977 en su día promovido por el Instituto de María Reparadora, de Valencia, contra resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 20 de enero de 1977, en relación con la Contribución Territorial Urbana;

Resultando que concurren en este caso las circunstancias previstas en el artículo 105 de la Ley de 27 de diciembre de 1956,

Este Ministerio ha tenido a bien disponer la ejecución en sus propios términos de la referida sentencia, cuya parte dispositiva es como sigue:

«Fallamos: Que estimando la apelación treinta y cuatro mil ciento noventa y siete de mil novecientos setenta y ocho, interpuesta por el Abogado del Estado, en representación de la Administración Pública, contra sentencia dictada por la Sala jurisdiccional de la Audiencia Territorial de Valencia en 17 de febrero de 1978, en que es parte apelada el Instituto de María Reparadora, debemos revocar la sentencia apelada por su disconformidad con el ordenamiento jurídico, y, en su lugar, declaramos válido el acuerdo del Tribunal Económico-Administrativo Central de 20 de enero de 1977 que por aquella se anuló; sin que proceda hacer pronunciamiento alguno sobre las costas en ninguna de ambas instancias.»

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. I. muchos años.

Madrid, 27 de marzo de 1979.–P. D., el Subsecretario de Hacienda, Dionisio Martínez Martínez.

Ilmo. Sr. Director general de Tributos.