Agence d'État Bulletin Officiel de l'État

(1)

El 4 de mayo de 2016, el Consejo autorizó a la Comisión y a la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad a entablar negociaciones y negociar la modernización del Acuerdo de asociación económica, concertación política y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra (1). Las negociaciones concluyeron con éxito el 17 de enero de 2025.

(2)

Por consiguiente, el Acuerdo de Asociación Estratégica en materia Política, Económica y de Cooperación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por una parte, y los Estados Unidos Mexicanos, por otra (en lo sucesivo, «Acuerdo») debe firmarse.

(3)

El objetivo del Acuerdo es establecer una asociación estratégica reforzada, fortalecer el diálogo político y profundizar y mejorar la cooperación en cuestiones de interés común. El Acuerdo también tiene como objetivo fomentar un comercio y una inversión cada vez mayores y sostenibles entre las Partes, ampliando y diversificando sus relaciones económicas y comerciales y creando nuevas oportunidades tanto para los trabajadores como para las empresas, en particular para las pequeñas y medianas empresas, contribuyendo al mismo tiempo a la promoción del desarrollo sostenible en sus dimensiones económica, social y medioambiental.

(4)

Algunas de disposiciones del Acuerdo deben aplicarse con carácter provisional, a la espera de su entrada en vigor, de conformidad con el artículo 2.5 de la parte IV.

(5)

La firma del Acuerdo en nombre de la Unión no afecta al reparto de competencias entre la Unión y sus Estados miembros. La presente Decisión no debe interpretarse como un uso de la posibilidad de que dispone la Unión de ejercer su competencia externa con respecto a los ámbitos cubiertos por el Acuerdo que son de competencia compartida, en la medida en que la Unión aún no ha ejercido internamente dicha competencia.

(6)

El Acuerdo, de conformidad con su artículo 2.11 de la parte IV, no confiere derechos ni impone obligaciones a personas, dentro de la Unión, distintos de los derechos u obligaciones creados entre las Partes en virtud del Derecho internacional público. Por consiguiente, el Acuerdo no puede invocarse directamente ante los órganos jurisdiccionales de la Unión ni los de sus Estados miembros.