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EL PARLAMENTO EUROPEO Y EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular su artículo 53, apartado 1, su artículo 62, su artículo 91 y su artículo 21, apartado 2,

Vista la propuesta de la Comisión Europea,

Previa transmisión del proyecto de acto legislativo a los Parlamentos nacionales,

Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo (1),

Visto el dictamen del Comité de las Regiones (2),

De conformidad con el procedimiento legislativo ordinario (3),

Considerando lo siguiente:

(1)

La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, igualdad y respeto de los derechos humanos y se compromete a combatir la discriminación, por razón de discapacidad entre otras, tal y como se establece en el Tratado de la Unión Europea (TUE), el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (en lo sucesivo, «Carta») y la Convención de las Naciones Unidas sobre los derechos de las personas con discapacidad (CDPD) (4).

(2)	En el artículo 26 de la Carta, la Unión reconoce y respeta el derecho de las personas con discapacidad a beneficiarse de medidas que garanticen su autonomía, su integración social y profesional y su participación en la vida de la comunidad.

(3)

Todo ciudadano de la Unión tiene el derecho fundamental a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, con sujeción a las limitaciones y condiciones establecidas en el TUE y el TFUE y en las disposiciones adoptadas para su aplicación. El artículo 18 de la CDPD también reconoce el derecho de las personas con discapacidad, entre otros, a la libertad de desplazamiento y a la libertad para elegir su residencia, en igualdad de condiciones con las demás.

(4)

Según el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el estatuto de ciudadano de la Unión está destinado a convertirse en el estatuto fundamental de los nacionales de los Estados miembros cuando estos ejercen el derecho a circular y residir dentro del territorio de los Estados miembros, permitiendo a aquellos de dichos ciudadanos que se encuentran en la misma situación obtener en el ámbito de aplicación ratione materiae del TFUE, independientemente de su nacionalidad y sin perjuicio de las excepciones expresamente previstas a este respecto, el mismo trato jurídico.

(5)

La Unión es Parte en la CDPD y está vinculada por sus disposiciones, que forman parte integral del ordenamiento jurídico de la Unión en la medida de sus competencias. Todos los Estados miembros son Partes en la CDPD y están vinculados por esta en la medida de sus competencias. Aunque la Unión y todos los Estados miembros han firmado y ratificado la CDPD, es necesario avanzar en la igualdad de las personas con discapacidad, tanto a escala de la Unión como en todos los Estados miembros.

(6)

La CDPD reconoce que «personas con discapacidad» incluye a aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras del entorno, administrativas, tecnológicas y sociales, puedan traducirse en un trato discriminatorio. El propósito de la CDPD es, por tanto, promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, sin discriminación de ningún tipo, y promover el respeto de su dignidad inherente, la autonomía individual, que incluye la libertad de tomar sus propias decisiones, y la independencia de las personas, garantizando así su participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. La CDPD también reconoce la importancia del respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad humana y de la humanidad, y la necesidad de adoptar medidas apropiadas para garantizar la igualdad de oportunidades y la accesibilidad de las personas con discapacidad. La CDPD observa que las mujeres y niñas con discapacidad están sujetas a múltiples formas de discriminación y prevé que los Estados Partes adopten medidas para asegurar que puedan disfrutar plenamente y en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales. Reconoce asimismo la difícil situación en que se encuentran las personas con discapacidad que son víctimas de múltiples o agravadas formas de discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional, étnico, indígena o social, patrimonio, nacimiento, edad o cualquier otra condición.

(7)

El pilar europeo de derechos sociales (5), proclamado conjuntamente por el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión en Gotemburgo el 17 de noviembre de 2017 (en lo sucesivo, «pilar»), establece, en el principio n.o 3, que toda persona, con independencia entre otras cosas de su situación de discapacidad, tiene derecho a la igualdad de trato y de oportunidades en relación con el empleo, la protección social, la educación y el acceso a bienes y servicios a disposición del público, y que debe fomentarse la igualdad de oportunidades de los grupos infrarrepresentados. Asimismo, el pilar reconoce, en el principio n.o 17, que las personas con discapacidad tienen derecho a una ayuda a la renta que garantice una vida digna, a servicios que les permitan participar en la sociedad y a un entorno de trabajo adaptado a sus necesidades.

(8)

La Estrategia sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad para 2021-2030, adoptada mediante la Comunicación de la Comisión de 3 de marzo de 2021, tiene por objeto abordar los distintos desafíos que afrontan las personas con discapacidad y avanzar en todos los ámbitos de la CDPD, tanto a escala de la Unión como a escala nacional.

(9)

La Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo (6) pretende mejorar el acceso a determinados productos y servicios a través de la supresión y la evitación de las barreras derivadas de divergencias en los requisitos de accesibilidad en los Estados miembros, contribuyendo así a aumentar la disponibilidad de productos y servicios accesibles en el mercado interior —incluido el acceso a sitios web y a servicios para dispositivos móviles de determinados servicios públicos—, y mejorar asimismo la accesibilidad de la información pertinente. Además, la Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo (7) tiene por objeto mejorar la accesibilidad de los sitios web y las aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público.

(10)

Asimismo, el Derecho de la Unión garantiza el derecho a la no discriminación en el acceso al transporte y otros derechos; por ejemplo, el derecho de los pasajeros con discapacidad y movilidad reducida a recibir asistencia gratuita cuando viajen en medios de transporte aéreos, ferroviarios o marítimos, o en autobús o autocar, como establecen respectivamente los Reglamentos (CE) n.o 1107/2006 (8), (UE) 2021/782 (9), (UE) n.o 1177/2010 (10) y (UE) n.o 181/2011 (11) del Parlamento Europeo y del Consejo. El Derecho de la Unión, en particular la Directiva 1999/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (12), también permite a los Estados miembros establecer peajes o tasas por utilización reducidos para carreteras, puentes o túneles sujetos a una tarificación viaria, así como exenciones de la obligación de pagar esos peajes o tasas por utilización para los vehículos que pertenezcan o sean utilizados por personas con discapacidad.

(11)

Las personas con discapacidad podrían solicitar a las autoridades u organismos competentes del Estado miembro en el que residan el reconocimiento de la situación de discapacidad, puesto que esto entra dentro de las competencias de los Estados miembros. Los procedimientos de evaluación de la discapacidad difieren de un Estado miembro a otro. Cuando las autoridades u organismos competentes reconocen la situación de discapacidad de un solicitante, pueden expedir un certificado de discapacidad, una tarjeta de discapacidad u otro documento oficial que acredite la situación de discapacidad del solicitante. En los Estados miembros que no tienen una definición de la situación de discapacidad podrán otorgarse derechos a servicios específicos sobre la base de una situación de discapacidad cuando se presten servicios o se concedan prestaciones a personas con discapacidad.

(12)

La CDPD reconoce que la discriminación y la exclusión social que sufren las personas con discapacidad se derivan de las barreras sistémicas, las debidas a la actitud y al entorno existentes en la sociedad, y no de la deficiencia misma. Debido a la falta de reconocimiento mutuo de la situación de discapacidad entre los Estados miembros, las personas con discapacidad afrontan a menudo dificultades y barreras específicas y considerables a la hora de ejercer sus derechos fundamentales de igualdad de trato, no discriminación y libre circulación. Es lo que sucede, en particular, con las estancias de corta duración o las visitas breves a otro Estado miembro en el sentido del artículo 6 de la Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo (13), que establece que los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias tienen derecho de residencia en el territorio de otro Estado miembro por un período de hasta tres meses sin estar sometidos a otra condición o formalidad que la de estar en posesión de un documento de identidad o pasaporte válidos. Para períodos superiores a los tres meses, el artículo 7 de dicha Directiva requiere que se cumplan condiciones adicionales y, en ese caso, el artículo 8 de dicha Directiva dispone que el Estado miembro de acogida puede exigir a los ciudadanos de la Unión que se registren ante las autoridades competentes.

(13)

Las personas con discapacidad que se desplacen durante períodos más prolongados a otros Estados miembros por motivos de empleo, estudio u otros, salvo disposición en contrario o acuerdo entre los Estados miembros, tienen derecho a una evaluación de su discapacidad y al reconocimiento formal por parte de las autoridades u organismos competentes en el otro Estado miembro, así como a obtener un certificado de discapacidad, una tarjeta de discapacidad u otro documento oficial que acredite su situación de discapacidad, o una decisión relativa al derecho a servicios específicos sobre la base de una situación de discapacidad, de acuerdo con las normas aplicables en ese Estado miembro.

(14)

Para promover la libre circulación de las personas con discapacidad que participen en un programa de movilidad de la Unión, debe garantizarse la igualdad de acceso permanente a condiciones especiales o trato preferente o a condiciones y facilidades de estacionamiento mediante el uso de la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad durante la vigencia de dicho programa. Los programas de movilidad de la Unión abarcan programas establecidos por la Unión para apoyar la movilidad de las personas a otro Estado miembro durante un período determinado con fines educativos, de formación, profesionales, cívicos o culturales, como el programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad o Erasmus+, establecidos, respectivamente, por los Reglamentos (UE) 2021/888 (14) y (UE) 2021/817 (15) del Parlamento Europeo y del Consejo.

(15)

Sin embargo, cuando las personas con una situación de discapacidad reconocida o un derecho reconocido a servicios específicos sobre la base de una situación de discapacidad viajan a un Estado miembro distinto de su Estado miembro de residencia o lo visitan durante un período breve encuentran con frecuencia dificultades y barreras importantes si su situación de discapacidad o su derecho reconocido a servicios específicos sobre la base de una situación de discapacidad no se reconoce en el Estado miembro al que viajan o que visitan y si no disponen de un certificado de discapacidad, una tarjeta de discapacidad u otro documento oficial que acredite en el Estado miembro de acogida su situación de discapacidad o su derecho a servicios específicos sobre la base de una situación de discapacidad, para poder acogerse a las condiciones especiales o al trato preferente que allí se ofrezcan. En particular, las personas con discapacidades no visibles se enfrentan a menudo a dificultades específicas cuando tienen que demostrar su discapacidad en viaje o en visita a otro Estado miembro.

(16)

Las personas con discapacidad que viajan a otro Estado miembro o lo visitan se encuentran en una desventaja notable para ejercer sus derechos de libre circulación frente a las personas sin discapacidad o las personas con discapacidad que sí disponen de un certificado de discapacidad, una tarjeta de discapacidad u otro documento oficial que acredite en el Estado miembro al que viajen o que visiten, su situación de discapacidad o su derecho a servicios específicos sobre la base de una situación de discapacidad.

(17)

Además, el hecho de no saber si, o en qué medida, su situación de discapacidad o su derecho a servicios específicos sobre la base de una situación de discapacidad y los documentos oficiales que acreditan esa condición o ese derecho serán reconocidos cuando viajen a otro Estado miembro o lo visiten genera en las personas con discapacidad una incertidumbre considerable. La disponibilidad limitada de información en línea sobre sus derechos específicos y ventajas reconocidas agrava ese problema. En última instancia, las personas con discapacidad pueden verse disuadidas de ejercer sus derechos de libre circulación y de una participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.

(18)	Los ciudadanos de la Unión han manifestado su preocupación por la falta de reconocimiento mutuo de la discapacidad en toda la Unión en una serie de peticiones presentadas al Parlamento Europeo y han solicitado la introducción de una tarjeta de discapacidad a escala de la Unión.

(19)

Junto con diversas barreras visibles e invisibles, físicas, sociales y de otra índole para acceder a espacios y servicios públicos y privados, y la falta de ajustes razonables, los elevados costes son un factor clave que disuaden de viajar a muchas personas con discapacidad. Las personas con discapacidad tienen necesidades específicas que generan gastos adicionales relacionados con su situación de discapacidad y pueden requerir la presencia de otras personas que las acompañen o asistan, incluidas las reconocidas como asistentes personales de conformidad con el Derecho o la práctica nacionales, o de intérpretes de lengua de signos o animales de asistencia, lo que hace que sus gastos de viaje sean más elevados que los de las personas sin discapacidad. La falta de reconocimiento en otros Estados miembros de la situación de discapacidad o del derecho a servicios específicos sobre la base de una incapacidad podría limitar su acceso a condiciones especiales o trato preferente o a condiciones y facilidades de estacionamiento reservadas para personas con discapacidad, como la gratuidad del acceso o la reducción de tarifas, asientos prioritarios en el transporte público o plazas de aparcamiento reservadas, y tiene un efecto sobre sus gastos de viajes, sus vidas, su integración social y económica y su autonomía personal. Además, el desconocimiento generalizado acerca de las políticas de accesibilidad psicosocial, cognitiva, física o sensorial puede generar comportamientos discriminatorios hacia las personas con discapacidad.

(20)

El trato preferente, como la asistencia personal, el acceso prioritario o la posibilidad de eludir las filas de espera, se ofrezca o no a cambio de una remuneración, suele ser importante para que las personas con discapacidad puedan acceder a una variedad de servicios, actividades y facilidades, y aprovecharlos plenamente. Sin embargo, debido a la falta de reconocimiento mutuo en el Estado miembro al que viajan o que visitan de su situación de discapacidad o su derecho a servicios específicos sobre la base de una situación de discapacidad y de los documentos oficiales que acrediten su condición o derecho expedidos en otros Estados miembros, es posible que las personas con discapacidad no puedan acogerse a las condiciones especiales o al trato preferente que ofrezcan las autoridades públicas o los operadores privados en dicho Estado miembro a los titulares de un certificado de discapacidad, una tarjeta de discapacidad u otros documentos oficiales que acrediten su condición de discapacidad o su derecho a servicios específicos sobre la base de una situación de discapacidad expedidos en dicho Estado miembro.

(21)

Aunque de carácter voluntario y de alcance limitado, el proyecto piloto de la Tarjeta Europea de Discapacidad, puesto en marcha en 2016 y desarrollado en ocho Estados miembros, demostró que facilitar el reconocimiento mutuo de la situación de discapacidad o del derecho a servicios específicos sobre la base de una situación de discapacidad entre Estados miembros proporcionaba ventajas para personas con discapacidad a la hora de acceder a condiciones especiales o trato preferente en relación con servicios en los ámbitos de la cultura, el ocio, el deporte, y en algunos casos, el transporte, así como a la hora de promover su circulación transfronteriza en la Unión durante un período breve, y evidenció que los objetivos de la Tarjeta Europea de Discapacidad siguen siendo pertinentes para las necesidades actuales de las personas con discapacidad. Además, dicho proyecto piloto incluyó otros ejemplos de servicios, actividades y facilidades que ofrecen condiciones especiales o trato preferente a personas con discapacidad.

(22)

Basándose en su situación de discapacidad o de su derecho a servicios específicos sobre la base de una situación de discapacidad, las personas con discapacidad pueden solicitar a las autoridades u organismos competentes del Estado miembro en el que residan la expedición de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad que les reconozca el derecho a determinadas condiciones y facilidades de estacionamiento. Cada Estado miembro dispone de un procedimiento de solicitud, a escala local, regional o nacional, para obtener una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad o las personas que las acompañan o asisten, incluidos los asistentes personales, así como de los criterios que deben cumplirse para poder optar a ella.

(23)

La Recomendación 98/376/CE del Consejo (16) proporciona un modelo europeo de tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad, que facilita el reconocimiento de dichas tarjetas de estacionamiento en los Estados miembros. Sin embargo, por su carácter no vinculante, la aplicación de dicha Recomendación y la inclusión de adiciones o desviaciones nacionales específicas con respecto al modelo recomendado han dado lugar a una variedad de tarjetas de estacionamiento distintas para personas con discapacidad. Esa variedad obstaculiza el reconocimiento transfronterizo de dichas tarjetas de estacionamiento en los Estados miembros y dificulta en otros Estados miembros el acceso de las personas con discapacidad a las condiciones de estacionamiento específicas proporcionadas y a las facilidades reservadas para los titulares de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad. Además, dicha Recomendación no se ha actualizado para reflejar los continuos avances en el ámbito de la tecnología y la digitalización. Los Estados miembros también han experimentado problemas relacionados con el fraude y la falsificación de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad, ya que el formato suele ser bastante sencillo y fácil de falsificar y, en la práctica, distinto en cada Estado miembro, lo que dificulta su verificación. A la luz de la presente Directiva que establece normas jurídicamente vinculantes que son más detalladas en este ámbito, la Recomendación 98/376/CE ya no cumple sus objetivos. No obstante, los Estados miembros deben poder permitir que las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad expedidas antes de la fecha de aplicación de las medidas de transposición de la presente Directiva de conformidad con dicha Recomendación tengan en su territorio el mismo efecto que la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad.

(24)

Con vistas a facilitar el acceso de las personas con discapacidad a condiciones especiales o trato preferente relacionados con servicios, como el servicio de transporte de viajeros, actividades y facilidades, también cuando se presten o se ofrezcan sin que medie remuneración, en Estados miembros distintos de aquel en el que residan, deben eliminarse las barreras y las dificultades para viajar a otro Estado miembro o visitarlo que aún persistan y se deriven de la falta de reconocimiento mutuo de su situación de discapacidad o su derecho a servicios específicos sobre la base de una situación de discapacidad y de los documentos oficiales expedidos por otros Estados miembros que acrediten esa condición o ese derecho, además de los derechos de estacionamiento.

(25)

Por lo tanto, con vistas a facilitar el ejercicio por parte de las personas con discapacidad de los derechos de acceso a condiciones especiales o trato preferente que ofrezcan las autoridades públicas o los operadores privados en el caso de viajes o visitas a otro Estado miembro de corta duración, sin discriminación por razón de nacionalidad, en igualdad de condiciones con las personas con discapacidad de ese Estado miembro, y con vistas a facilitarles el uso de todos los medios de transporte y que puedan acogerse a las condiciones y facilidades de estacionamiento reservadas para personas con discapacidad en igualdad de condiciones en ese Estado miembro, es necesario establecer el marco de normas y condiciones comunes, en particular un modelo común uniforme, de una Tarjeta Europea de Discapacidad, como prueba de la situación de discapacidad reconocida o de un derecho reconocido a servicios específicos sobre la base de una situación de discapacidad, y de una Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad, como prueba de su derecho reconocido a condiciones y facilidades de estacionamiento reservadas para personas con discapacidad. Además, los Estados miembros deben poder decidir que la presente Directiva se aplique durante períodos superiores a una estancia de corta duración a las personas con una situación de discapacidad reconocida o un derecho reconocido a servicios específicos sobre la base de una situación de discapacidad.

(26)

El reconocimiento mutuo de la Tarjeta Europea de Discapacidad y de la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad debe facilitar y garantizar a las personas con una situación de discapacidad o un derecho a servicios específicos sobre la base de una situación de discapacidad reconocido en un Estado miembro el acceso a condiciones especiales o trato preferente ofrecidos por las autoridades públicas o los operadores privados en una variedad de servicios, actividades y facilidades, también cuando se presten o se ofrezcan sin que medie remuneración, así como el acceso a condiciones y facilidades de estacionamiento reservadas para personas con discapacidad y, cuando proceda, a las personas que las acompañen o asistan, incluidos los asistentes personales, en igualdad de condiciones que los ofrecidos sobre la base de certificados de discapacidad, tarjetas de discapacidad u otros documentos oficiales nacionales, de haberlos, que acrediten su situación de discapacidad, y de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad expedidas por las autoridades u organismos competentes en el Estado miembro de acogida.

(27)

Además de condiciones y facilidades de estacionamiento, los servicios, las actividades y las facilidades que entran en el ámbito de aplicación de la presente Directiva atañen a una amplia variedad de actividades en continua evolución, incluidas las actividades sin que medie remuneración, ofrecidas por las autoridades públicas o los operadores privados, ya sean de carácter obligatorio —sobre la base de obligaciones legales o normas nacionales o locales— o de carácter voluntario —en particular por parte de los operadores privados— en una diversidad de ámbitos, como la cultura, el ocio, el turismo, los deportes, el transporte público y privado, y la formación.

(28)

Ejemplos de condiciones especiales o trato preferente son la gratuidad del acceso, la reducción de tarifas, los peajes o tasas por utilización reducidos para carreteras, puentes o túneles sujetos a una tarificación viaria, el acceso prioritario, el acceso a zonas de tráfico restringido y zonas peatonales, los asientos reservados en el transporte público, los asientos designados y accesibles en el transporte público, parques y otras zonas públicas, los asientos accesibles en actos culturales o públicos, la asistencia personal, los animales de asistencia como los perros guía o los perros de asistencia para personas con discapacidad, en particular con deficiencia visual, la asistencia en la playa para entrar en el agua, el apoyo como el acceso a braille, audioguías o interpretación en la lengua de signos, la provisión de ayudas o de asistencia, el préstamo de sillas de ruedas, el préstamo de sillas de ruedas flotantes, la obtención de información turística en formatos accesibles, y el uso de escúteres de movilidad en carreteras o de sillas de ruedas en carriles bici sin imposición de sanciones. Ejemplos de condiciones y facilidades de estacionamiento son las plazas de aparcamiento gratuitas, ampliadas o reservadas y el acceso a zonas en las que el tráfico esté limitado a vehículos específicos en virtud del Derecho nacional, por ejemplo, zonas de bajas emisiones. Con respecto a los servicios de transporte de viajeros en medios de transporte aéreos, ferroviarios o marítimos, o en autobús o autocar, además de las condiciones especiales o el trato preferente ofrecidos a las personas con discapacidad, los animales de asistencia como los perros guía o los perros de asistencia para personas con discapacidad, en particular con deficiencia visual, los asistentes personales, los intérpretes de lengua de signos u otras personas que acompañen o asistan a las personas con discapacidad o movilidad reducida viajan gratuitamente o a precio reducido y se sientan, cuando es factible, junto a la persona con discapacidad a la que acompañan o asisten. Las personas que acompañan o asisten a las personas con discapacidad son designadas por las propias personas con discapacidad o por sus tutores legales y pueden cambiar según el caso en función de las necesidades de las personas con discapacidad.

(29)

Los asistentes personales acompañan o asisten a personas con discapacidad o desempeñan actividades de la vida cotidiana, en caso necesario en el marco de una relación contractual, de conformidad con el Derecho o la práctica nacionales, con el objetivo de fomentar la autonomía personal, facilitar la vida en comunidad y promover la vida independiente de las personas con discapacidad. Los asistentes personales, independientemente de su nacionalidad, deben poder acompañar o asistir a personas con discapacidad que utilicen la Tarjeta Europea de Discapacidad o la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad cuando viajen a un Estado miembro distinto del de residencia o lo visiten, siempre que disfruten del derecho a circular por la Unión en virtud del Derecho de la Unión y nacional aplicable.

(30)

De conformidad con el Derecho de la Unión pertinente, en su caso, los Estados miembros deben asegurarse de que los operadores de servicios de transporte transfronterizo de viajeros proporcionen, con arreglo a los Reglamentos (UE) n.o 181/2011 y (UE) n.o 1177/2010, o faciliten previa solicitud, con arreglo al Reglamento (UE) 2021/782, a los viajeros titulares de una Tarjeta Europea de Discapacidad, en el momento de adquirir un billete, información clara sobre las condiciones especiales o el trato preferente que se aplica a las diferentes partes de las operaciones a lo largo del viaje, con el fin de evitar que los viajeros titulares de la Tarjeta Europea de Discapacidad se encuentren sin un documento de viaje válido al entrar en otro Estado miembro en el mismo servicio de transporte.

(31)

La expedición, renovación o retirada de la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad en un Estado miembro debe regirse por la presente Directiva, además de por las normas, procedimientos y competencias para la evaluación y el reconocimiento de la situación de discapacidad o del derecho a servicios específicos sobre la base de una situación de discapacidad y de los derechos de estacionamiento para personas con discapacidad de ese Estado miembro. Cuando los Estados miembros expidan la Tarjeta Europea de Discapacidad directamente, deben solicitar el consentimiento de la persona de que se trate. La expedición y la renovación de la Tarjeta Europea de Discapacidad deben ser gratuitas, aunque su nueva expedición en caso de pérdida o daño puede estar sujeta a una tasa. La expedición y la renovación de la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad pueden bien ser gratuitas o bien estar sujetas a una tasa. Las posibles tasas cobradas por la nueva expedición de la Tarjeta Europea de Discapacidad en caso de pérdida o daño o por la expedición y la renovación de la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad no deben exceder los costes administrativos correspondientes ni fijarse en un nivel tal que impida a las personas con discapacidad adquirir o readquirir las tarjetas o las disuada de hacerlo.

(32)

Además de la versión física de la Tarjeta Europea de Discapacidad, los Estados miembros deben preverla en formato digital, y deben poder prever la versión digital de la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad cuando se hayan establecido mediante actos de ejecución las especificaciones técnicas. Esas especificaciones técnicas deben basarse en la experiencia de los trabajos pasados y en curso a escala de la Unión sobre la digitalización de certificados y documentos, como el Certificado COVID digital de la UE establecido en virtud del Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo (17), y deben permitir el uso de la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad mediante una cartera de identidad digital a escala de la Unión. Debe informarse acerca de estas posibilidades a las personas con discapacidad, que deben tener libertad para decidir si usar la Tarjeta Europea de Discapacidad en versión física o en versión digital, o bien en ambas. En los Estados miembros en los que la versión física de la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad se complemente con una versión digital, las personas con discapacidad deben poder solicitar la versión física de la tarjeta y, si así lo desean, tanto la versión digital como la versión física.

(33)

La expedición de la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad conlleva el tratamiento de datos personales, en particular de datos relacionados con la situación de discapacidad del titular de la tarjeta, que constituyen «datos relativos a la salud» en el sentido del artículo 4, punto 15, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo (18) y que son una categoría especial de datos personales a efectos del artículo 9 de dicho Reglamento. Todo tratamiento de datos personales en el contexto de la presente Directiva ha de cumplir el Derecho aplicable en materia de protección de datos, en particular el Reglamento (UE) 2016/679. Al transponer la presente Directiva, los Estados miembros han de asegurarse de que la legislación nacional incluya garantías adecuadas aplicables al tratamiento de datos personales, en particular a las categorías especiales de datos personales. Los Estados miembros también deben garantizar la seguridad, integridad, autenticidad y confidencialidad de los datos personales recogidos y almacenados a efectos de la presente Directiva.

(34)

El Estado miembro responsable de la expedición de la Tarjeta Europea de Discapacidad o de la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad debe ser aquel en el que la persona resida habitualmente con arreglo al Derecho de la Unión y en el que reciba la evaluación de la situación de discapacidad o se le reconozca el derecho a servicios específicos sobre la base de una situación de discapacidad. Los titulares de una Tarjeta Europea de Discapacidad o de una Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad deben poder utilizar dichas tarjetas durante su estancia en otro Estado miembro.

(35)

La Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad tienen por objeto facilitar que todas las personas con discapacidad ejerzan de forma plena y efectiva su derecho de libre circulación y también disfruten de igualdad de acceso a condiciones especiales o trato preferente o a condiciones y facilidades de estacionamiento, con respecto a los servicios, las actividades y las facilidades que ofrecen los Estados miembros, incluso cuando se ofrezcan sin que medie remuneración. Esto es especialmente válido en el caso de las personas con discapacidad que viajan a otro Estado miembro o lo visitan con fines de trabajo o de formación.

(36)

El marco previsto para el reconocimiento mutuo de la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad no afecta a las competencias de los Estados miembros para evaluar y reconocer la situación de discapacidad o el derecho a servicios específicos sobre la base de una situación de discapacidad, ni para ofrecer condiciones especiales o trato preferente, como la gratuidad del acceso o la reducción de tarifas para determinados servicios, a personas con discapacidad, incluidas aquellas que se sirven de animales de asistencia, o a las personas que acompañen o asistan a personas con discapacidad, incluidos los asistentes personales. Tampoco impone a las autoridades públicas ni a los operadores privados la obligación de introducir condiciones especiales o un trato preferente para personas con discapacidad, ni establece una lista centralizada de la Unión de condiciones especiales o tratos preferentes para los titulares de la Tarjeta Europea de Discapacidad de los distintos Estados miembros. Las autoridades públicas y los operadores privados pueden ofrecer determinadas condiciones especiales o trato preferente únicamente a un grupo específico de personas con discapacidad, en función de las necesidades de ese grupo específico.

(37)

Podrá exigirse una Tarjeta Europea de Discapacidad como prueba de la situación de discapacidad para acceder en igualdad de condiciones a cualquier condición especial o trato preferente con respecto a servicios, actividades o facilidades que se ofrezcan o se reserven, también sin que medie remuneración, para personas con discapacidad o a personas que las acompañen o asistan, incluidos sus asistentes personales, que entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. No obstante, no debe exigirse una Tarjeta Europea de Discapacidad como prueba de discapacidad para acceder a derechos previstos en otras normas de la Unión o nacionales o ejercer esos derechos, incluidos los que ofrezcan prestaciones específicas, condiciones especiales o trato preferente, que no entren en el ámbito de aplicación de la presente Directiva. Cuando se exija un certificado de discapacidad, una tarjeta de discapacidad u otro documento oficial para personas con discapacidad de conformidad con el Derecho de la Unión, la Tarjeta Europea de Discapacidad no debe exigirse como prueba de discapacidad, a menos que un Estado miembro decida fusionar su certificado de discapacidad, tarjeta de discapacidad u otro documento formal nacionales para personas con discapacidad con la Tarjeta Europea de Discapacidad.

(38)

La presente Directiva no se aplica a las prestaciones de seguridad social en el marco de los Reglamentos (CE) n.o 883/2004 (19) y (CE) n.o 987/2009 (20) del Parlamento Europeo y del Consejo, a las prestaciones especiales en metálico contributivas o no contributivas en el ámbito de la seguridad social, la protección social o el empleo, o la asistencia social contempladas en el artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE. Dado que su objetivo es facilitar la igualdad de acceso a condiciones especiales o a un trato preferente a las personas con discapacidad que viajen a otro Estado miembro o lo visiten durante un breve período, la presente Directiva tampoco se aplica a aquellos servicios, remunerados o no, que se ofrezcan para la inclusión, habilitación o rehabilitación a largo plazo de personas con discapacidad, ni a las condiciones especiales o trato preferente para acceder a servicios que se ofrezcan a personas con discapacidad en consideración de sus necesidades individuales y sujetos a criterios adicionales, a partir de una evaluación individual específica o de una decisión relativa al derecho a servicios específicos sobre la base de una situación de discapacidad, distintos de los servicios prestados a personas con discapacidad que no cumplan los criterios adicionales. No obstante, la aplicación de la presente Directiva no debe utilizarse para excluir de su ámbito de aplicación, supeditándolas al cumplimiento de criterios adicionales, las condiciones especiales o trato preferente que ya se ofrezcan a personas con discapacidad.

(39)

Con el fin de concienciar y facilitar el acceso de las personas con discapacidad a condiciones especiales o trato preferente cuando viajen a otro Estado miembro o lo visiten, toda la información pertinente en relación con las condiciones, las normas, la práctica y los procedimientos aplicables para obtener la Tarjeta Europea de Discapacidad o la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad, así como su uso subsiguiente, debe hacerse pública por parte de los Estados miembros de un modo claro, completo y sencillo y en formatos accesibles para personas con discapacidad, de modo que se respeten los requisitos de accesibilidad pertinentes aplicables a los servicios, establecidos en el anexo I de la Directiva (UE) 2019/882, lo que incluye la lengua de signos, el braille, los formatos de apoyo y las funciones de audio/audio. Los Estados miembros deben procurar garantizar que dicha información no exceda del nivel de complejidad B1 (intermedio) del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa.

(40)

La Comisión debe crear una página web específica de la Unión. Dicha página web debe contener un enlace al sitio web nacional de cada Estado miembro. La página web de la Unión debe estar disponible en todas las lenguas oficiales de la Unión, la lengua de signos internacional y las lenguas de signos nacionales de los Estados miembros, así como en formatos accesibles y de fácil lectura, de conformidad con los requisitos de accesibilidad pertinentes aplicables a los servicios, tal como se establece en el anexo I de la Directiva (UE) 2019/882. La información de dicha página web debe ser fácil de entender y no exceder del nivel de complejidad B1 (intermedio) del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa.

(41)

Debido a los malentendidos, las barreras de comunicación o la falta de concienciación, las personas con discapacidad —en particular las personas con discapacidades invisibles— no siempre obtienen el apoyo y los ajustes más adecuados para su discapacidad, tampoco cuando viajan en transporte público o tratan con las autoridades nacionales, ni durante emergencias. Con el fin de incentivar a los prestadores de servicios y facilitar el acceso de las personas con discapacidad a condiciones especiales o trato preferente, los Estados miembros deben concienciar sobre la existencia y el uso de la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad a las autoridades públicas y los operadores privados, y deben alentarles a ofrecer a las personas con discapacidad condiciones especiales o trato preferente de forma voluntaria. En particular, los Estados miembros pueden alentar a las autoridades públicas y a los operadores privados a través de, por ejemplo, la facilitación de información sobre posibles condiciones especiales o trato preferente que ofrecer, así como la provisión de formación sobre concienciación en materia de discapacidad, a fin de asegurar la pertinencia, eficacia e inclusividad de cualesquiera condiciones especiales o trato preferente que se ofrezcan. Los Estados miembros deben tratar de desarrollar, aplicar y evaluar tales medidas en consulta con las personas con discapacidad y las organizaciones que las representen.

(42)

Las autoridades públicas que ofrezcan condiciones especiales o trato preferente o condiciones y facilidades de estacionamiento a las personas con discapacidad deben hacer pública esta información de un modo claro, completo y sencillo y en formatos accesibles, también a través de sus sitios web oficiales, cuando lo tengan, o por otros medios adecuados, de acuerdo con los requisitos de accesibilidad pertinentes aplicables a los servicios, tal como se establece en el anexo I de la Directiva (UE) 2019/882, lo que incluye la lengua de signos, el braille, los formatos de apoyo y las funciones de audio/audio. También debe alentarse a los operadores privados que ofrezcan condiciones especiales o trato preferente o condiciones y facilidades de estacionamiento a las personas con discapacidad a que hagan pública esta información de un modo claro, completo y sencillo y en formatos accesibles.

(43)

Los Estados miembros, con el apoyo de la Comisión, deben adoptar todas las medidas necesarias para prevenir cualquier riesgo de falsificación o fraude en relación con la Tarjeta Europea de Discapacidad o la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad y combatir activamente la expedición y el uso fraudulentos y la falsificación de esas tarjetas. Los Estados miembros deben intercambiar información sobre estos casos para afianzar la confianza mutua entre Estados miembros, ya que el reconocimiento recíproco de la situación de discapacidad constituye la piedra angular de la Tarjeta Europea de Discapacidad. Los Estados miembros deben garantizar que toda medida adoptada para prevenir el riesgo de falsificación o fraude respete los derechos de las personas con discapacidad y evite su estigmatización. Los Estados miembros deben consultar a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representen sobre el diseño y la aplicación de dichas medidas.

(44)

A fin de garantizar la correcta aplicación de la presente Directiva, deben delegarse en la Comisión los poderes para adoptar actos con arreglo al artículo 290 del TFUE para completar la presente Directiva mediante el establecimiento de los elementos digitales de las versiones físicas de la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad con el fin de prevenir y combatir el fraude, y mediante la modificación de los campos de datos del formato normalizado de dichas tarjetas tal como se establece en la presente Directiva cuando dichos cambios sean necesarios con el fin de adaptar el formato a los avances técnicos, prevenir la falsificación y el fraude, abordar el abuso o el uso indebido o garantizar la interoperabilidad.

(45)

A fin de garantizar condiciones uniformes de ejecución de la presente Directiva, deben conferirse a la Comisión competencias de ejecución en relación con el establecimiento de la versión digital accesible de la Tarjeta Europea de Discapacidad y de la versión digital accesible de la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad por parte de los Estados miembros que decidan complementar su versión física con una digital, así como en relación con el establecimiento de especificaciones técnicas comunes para los elementos digitales y de seguridad, y las relativas a la interoperabilidad, de la versión física de las tarjetas. Dichas competencias deben ejercerse de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo (21).

(46)

De conformidad con el Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo (22), la Comisión debe consultar al Supervisor Europeo de Protección de Datos cuando prepare actos delegados o actos de ejecución que tengan repercusiones sobre la protección de los derechos y libertades de las personas en relación con el tratamiento de datos personales. La Comisión puede consultar asimismo al Comité Europeo de Protección de Datos en caso de que tales actos sean de particular importancia para la protección de los derechos y libertades de las personas en relación con el tratamiento de datos personales.

(47)

Los Estados miembros deben asegurar la existencia de medios adecuados y efectivos para garantizar el cumplimiento y el control del cumplimiento de la presente Directiva y deben establecer vías de recurso apropiadas, como controles del cumplimiento y procedimientos administrativos o judiciales, para garantizar que las personas con discapacidad y las personas que las acompañen o asistan, incluidos los asistentes personales, así como los organismos públicos como los organismos de igualdad, las asociaciones, organizaciones —en particular las organizaciones que representen a las personas con discapacidad— u otras entidades jurídicas de carácter privado que tengan un interés legítimo en garantizar el cumplimiento de la presente Directiva, puedan actuar en nombre o en apoyo de una persona con discapacidad y con la aprobación de esta, con arreglo al Derecho y la práctica nacionales. Los Estados miembros deben asegurar que dichos medios tengan en cuenta el artículo 13 de la CDPD y el principio de ajustes razonables definido en su artículo 2.

(48)

Los Estados miembros deben adoptar medidas apropiadas en caso de incumplimiento de las obligaciones establecidas en la presente Directiva y de los derechos que entran en su ámbito de aplicación. Dichas medidas deben ser eficaces, proporcionadas y disuasorias y pueden incluir sanciones administrativas y económicas, como advertencias, multas o el pago de una indemnización adecuada, así como sanciones de otro tipo.

(49)

La presente Directiva respeta los derechos fundamentales y observa los principios reconocidos concretamente en la Carta y en la CDPD. En particular, su objetivo es garantizar el pleno respeto de los derechos de las personas con discapacidad a beneficiarse de medidas concebidas para garantizar su autonomía, su integración social, económica y profesional y su participación en la vida de la comunidad, y fomentar la aplicación del artículo 26 de la Carta.

(50)

Dado que los objetivos de la presente Directiva, a saber, contribuir a reforzar el ejercicio del derecho de libre circulación de las personas con discapacidad y mejorar sus posibilidades de viajar a otros Estados miembros o visitarlos, luchando así contra la discriminación de estas personas, no pueden ser alcanzados de manera suficiente por los Estados miembros, sino que, debido a las dimensiones y los efectos de la acción consistente en establecer un marco de normas y condiciones comunes, pueden lograrse mejor a escala de la Unión, esta puede adoptar medidas, de acuerdo con el principio de subsidiariedad establecido en el artículo 5 del TUE. De conformidad con el principio de proporcionalidad establecido en el mismo artículo, la presente Directiva no excede de lo necesario para alcanzar dichos objetivos.

HAN ADOPTADO LA PRESENTE DIRECTIVA:

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1

Objeto

La presente Directiva establece:

a) las normas que regulan la expedición de la Tarjeta Europea de Discapacidad para personas con discapacidad como prueba de la situación de discapacidad o prueba del derecho a servicios específicos sobre la base de una situación de discapacidad, con el objetivo de promover la libre circulación de las personas con discapacidad y de facilitar estancias de corta duración de personas con discapacidad en un Estado miembro distinto de aquel en el que residan, mediante el reconocimiento de la igualdad de acceso a condiciones especiales o trato preferente con respecto a servicios, actividades o facilidades que se ofrezcan o se reserven, también sin que medie remuneración, a personas con discapacidad en dicho Estado miembro —incluidas aquellas que se sirven de animales de asistencia— y, cuando proceda, a las personas que acompañen o asistan a personas con discapacidad, incluidos sus asistentes personales;

b) las normas que regulan la expedición de la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad como prueba del derecho a condiciones y facilidades de estacionamiento reservadas para personas con discapacidad, con el objetivo de promover la libre circulación para personas con discapacidad y de facilitar estancias de corta duración de personas con discapacidad en un Estado miembro distinto de aquel en el que residan, mediante la concesión de la igualdad de acceso a condiciones y facilidades de estacionamiento ofrecidas o reservadas para personas con discapacidad en aquel Estado miembro y, cuando proceda, a las personas que acompañen o asistan a personas con discapacidad, incluidos sus asistentes personales;

c) plantillas comunes para la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad.

Artículo 2

Ámbito de aplicación

1.   La presente Directiva se aplicará a las condiciones y facilidades de estacionamiento y a todas las situaciones en las que las autoridades públicas o los operadores privados ofrezcan condiciones especiales o trato preferente a las personas con discapacidad en lo que respecta al acceso a los siguientes servicios, actividades y facilidades, en el contexto de una estancia de corta duración:

 a) servicios en el sentido del artículo 57 del TFUE;

 b) servicios de transporte de viajeros;

 c) otras actividades y facilidades, también cuando se proporcionen sin que medie remuneración.

2.   Los Estados miembros aplicarán la presente Directiva durante períodos superiores a una estancia de corta duración a los titulares de la Tarjeta Europea de Discapacidad o de la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad que participen en un programa de movilidad de la Unión, mientras dure dicho programa.

Los Estados miembros también podrán decidir aplicar la presente Directiva durante períodos superiores a una estancia de corta duración a los titulares de la Tarjeta Europea de Discapacidad o de la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad que visiten su territorio o permanezcan en este.

3.   La presente Directiva no se aplicará a:

 a) las prestaciones en el ámbito de la seguridad social en el marco de los Reglamentos (CE) n.o 883/2004 y (CE) n.o 987/2009;

 b) las prestaciones especiales en metálico contributivas y no contributivas o las prestaciones en especie en el ámbito de la seguridad social, la protección social y el empleo;

 c) la asistencia social contemplada en el artículo 24, apartado 2, de la Directiva 2004/38/CE;

 d) los servicios remunerados o no remunerados que se presten para la inclusión, la habilitación o la rehabilitación a largo plazo de las personas con discapacidad;

 e) las condiciones especiales o trato preferente para el acceso a los servicios ofrecidos a las personas con discapacidad teniendo en cuenta sus necesidades individuales y sujetos a criterios adicionales, sobre la base de una evaluación individual o de una decisión relativa al derecho a servicios específicos.

4.   La presente Directiva no afecta a la competencia de los Estados miembros para determinar las condiciones para evaluar y reconocer la situación de discapacidad o el derecho a servicios específicos sobre la base de una situación de discapacidad, ni para conceder el derecho a condiciones y facilidades de estacionamiento reservadas para personas con discapacidad. No afecta a la competencia de los Estados miembros para expedir, a escala nacional, regional o local, un certificado de discapacidad, una tarjeta de discapacidad u otro documento oficial para personas con discapacidad, lo que incluye una decisión relativa al derecho a servicios específicos sobre la base de una situación de discapacidad.

5.   La presente Directiva no afecta a la competencia de los Estados miembros para conceder o exigir que se concedan beneficios específicos, condiciones especiales o trato preferente, como el acceso gratuito o la reducción de tarifas para personas con discapacidad, también para aquellas que se sirvan de animales de asistencia, y para las personas que acompañen o asistan a las personas con discapacidad, incluidos sus asistentes personales.

6.   La presente Directiva se entenderá sin perjuicio de los derechos que las personas con discapacidad o los de las personas que las acompañan o asisten, incluidos sus asistentes personales, o los animales de asistencia, pudieran tener en virtud de otras disposiciones del Derecho de la Unión o del Derecho nacional de ejecución del Derecho de la Unión incluidos los derechos que confieren beneficios específicos, condiciones especiales o trato preferente. No se exigirá una Tarjeta Europea de Discapacidad como prueba de la situación de discapacidad para acceder a los derechos a que se refiere el presente apartado ni para ejercerlos; para ello, puede exigirse un certificado de discapacidad, una tarjeta de discapacidad u otro documento oficial para personas con discapacidad de conformidad con el Derecho de la Unión, a menos que el Estado miembro pertinente decida fusionar el certificado de discapacidad nacional, la tarjeta de discapacidad nacional u otro documento oficial nacional para personas con discapacidad con la Tarjeta Europea de Discapacidad.

Artículo 3

Definiciones

A efectos de la presente Directiva se entenderá por:

1)	«ciudadano de la Unión», una persona que tenga la nacionalidad de un Estado miembro;

2)

«miembro de la familia», un miembro de la familia, tal como se define en el artículo 2, punto 2, de la Directiva 2004/38/CE o en el sentido del artículo 3, apartado 2, de dicha Directiva, independientemente de su nacionalidad, de un ciudadano de la Unión que ejerza su derecho a la libre circulación;

3)	«personas con discapacidad», aquellas personas que tienen deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás;

4)	«asistente personal», una persona que acompaña o asiste a una persona con discapacidad y que es reconocida como tal de acuerdo con el Derecho o la práctica nacionales;

5)

«condiciones especiales o trato preferente», cualquier condición específica, incluidas aquellas que están relacionadas con condiciones financieras, o cualquier trato diferenciado relacionado con la asistencia y la ayuda, que se ofrezcan a las personas con discapacidad o, cuando proceda, a las personas que las acompañen o asistan, incluidos los asistentes personales, o a los animales de asistencia, con independencia de si se ofrecen con carácter voluntario o sobre la base de una obligación legal;

6)

«condiciones y facilidades de estacionamiento», una plaza de estacionamiento reservada para personas con discapacidad o, si procede, a las personas que las acompañen o asistan, incluidos los asistentes personales, ya sea de forma exclusiva o general, así como cualquier beneficio de estacionamiento relacionado o condiciones preferentes que se ofrezcan a las personas con discapacidad, con independencia de si se ofrecen con carácter voluntario o sobre la base de una obligación legal;

7)	«estancia de corta duración», una visita o estancia en otro Estado miembro de hasta tres meses;

8)	«animal de asistencia», un animal que presta asistencia o realiza tareas en beneficio de una persona con discapacidad, de conformidad con el Derecho y la práctica nacionales.

Artículo 4

Beneficiarios

La presente Directiva será aplicable a:

a) los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias cuya situación de discapacidad o cuyo derecho a servicios específicos sobre la base de una situación de discapacidad estén reconocidos por las autoridades u organismos competentes en su Estado miembro de residencia, también por medio de un certificado de discapacidad, una tarjeta de discapacidad u otro documento oficial expedido de conformidad con las competencias, la práctica y los procedimientos nacionales, a quienes puede acompañar o asistir otra persona, o más de una persona cuando sea necesario, incluidos los asistentes personales, o animales de asistencia, lo que puede indicarse en su Tarjeta Europea de Discapacidad mediante la letra «A»;

b) los ciudadanos de la Unión y los miembros de sus familias cuyos derechos a condiciones y facilidades de estacionamiento reservadas para personas con discapacidad estén reconocidos por las autoridades u organismos competentes en su Estado miembro de residencia, también por medio de una tarjeta de estacionamiento u otro documento expedido de conformidad con las competencias, la práctica y los procedimientos nacionales, a quienes puede acompañar o asistir otra persona, o más de una persona cuando sea necesario, incluidos los asistentes personales.

En lo que se refiere a la letra a) del párrafo primero, también puede añadirse a la Tarjeta Europea de Discapacidad la letra «A» para personas con discapacidad con una mayor necesidad de apoyo, de conformidad con el Derecho y la práctica nacionales.

Artículo 5

Igualdad de acceso de personas con discapacidad a condiciones especiales o trato preferente

1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que a los titulares de una Tarjeta Europea de Discapacidad, cuando viajen a un Estado miembro distinto de aquel en el que residan, o lo visiten, se les conceda acceso, en igualdad de condiciones a las que se ofrezcan a las personas con discapacidad que son titulares de un certificado de discapacidad, una tarjeta de discapacidad u otro documento oficial que reconoce su situación de discapacidad o su derecho a servicios específicos sobre la base de una situación de discapacidad en ese Estado miembro, cuando dichos documentos oficiales existan, a las condiciones especiales o el trato preferente ofrecidos con respecto a los servicios, las actividades y las facilidades a que se refiere el artículo 2, apartado 1.

2.   Salvo que la presente Directiva o el Derecho de la Unión dispongan lo contrario, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, cuando las condiciones especiales o el trato preferente a que se refiere el apartado 1 incluyan condiciones favorables para las personas que acompañen o asistan a personas con discapacidad, incluidos el asistente personal o los asistentes personales, o condiciones específicas para animales de asistencia, dichas condiciones favorables o específicas se ofrezcan en igualdad de condiciones a las personas que acompañen o asistan a los titulares de la Tarjeta Europea de Discapacidad, incluidos el asistente personal o los asistentes personales, o a los animales de asistencia.

Artículo 6

Igualdad de acceso de las personas con discapacidad a las condiciones y facilidades de estacionamiento

1.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que a los titulares de una Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad, cuando viajen a un Estado miembro distinto de aquel en el que residan, o lo visiten, se les conceda acceso a las condiciones y facilidades de estacionamiento reservadas para las personas con discapacidad en igualdad de condiciones a las que se ofrezcan en ese Estado miembro a los titulares de tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad expedidas en ese Estado miembro.

2.   Salvo que la presente Directiva o el Derecho de la Unión dispongan lo contrario, los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que, cuando las condiciones y facilidades de estacionamiento a que se refiere el apartado 1 incluyan condiciones favorables para las personas que acompañan o asisten a las personas con discapacidad, incluidos los asistentes personales, dichas condiciones favorables se ofrezcan en igualdad de condiciones a las personas que acompañen o asistan a los titulares de la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad, incluidos los asistentes personales.

CAPÍTULO II

TARJETA EUROPEA DE DISCAPACIDAD Y TARJETA EUROPEA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Artículo 7

Formato, reconocimiento mutuo, expedición y validez de la Tarjeta Europea de Discapacidad

1.   Cada Estado miembro introducirá la versión física de la Tarjeta Europea de Discapacidad siguiendo el formato común uniforme y accesible establecido en el anexo I. Los Estados miembros incluirán en la versión física de la tarjeta un código QR y cualesquiera otros elementos digitales que utilicen medios electrónicos para prevenir y combatir el fraude como establecen los actos delegados a que se refiere el apartado 7, letra a), en un plazo razonable tras su adopción y a más tardar el 5 de junio de 2028.

2.   Las Tarjetas Europeas de Discapacidad expedidas por los Estados miembros serán mutuamente reconocidas en todos los Estados miembros.

3.   Las autoridades u organismos competentes en los Estados miembros expedirán, renovarán o retirarán la Tarjeta Europea de Discapacidad de acuerdo con sus normas, procedimientos y práctica nacionales. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, los Estados miembros garantizarán la seguridad, integridad, autenticidad y confidencialidad de los datos personales recogidos y almacenados a efectos de la presente Directiva. La autoridad o el organismo competente responsable de la expedición de la Tarjeta Europea de Discapacidad se considerará el responsable del tratamiento tal como se define en el artículo 4, punto 7, del Reglamento (UE) 2016/679 y tendrá responsabilidad en el tratamiento de los datos personales. La cooperación con prestadores de servicios externos no excluirá a ningún Estado miembro de responsabilidad alguna que pueda derivarse del Derecho de la Unión o nacional por el incumplimiento de las obligaciones en materia de datos personales.

4.   La Tarjeta Europea de Discapacidad será expedida o renovada por el Estado miembro de residencia directamente o previa solicitud de la persona con discapacidad o de una persona autorizada, con arreglo al Derecho nacional. En caso de que la Tarjeta Europea de Discapacidad no se expida directamente, se informará a las personas con discapacidad de la posibilidad de solicitarla. Será expedida o renovada de forma gratuita para el beneficiario, en el mismo plazo que se aplica a la expedición de certificados de discapacidad, tarjetas de discapacidad u otros documentos oficiales o al procedimiento de reconocimiento de la situación de discapacidad o del derecho a servicios específicos sobre la base de una situación de discapacidad. Los Estados miembros podrán decidir cobrar una tasa por los costes relacionados con una nueva expedición de la Tarjeta Europea de Discapacidad en caso de pérdida o deterioro. Cuando se cobre esa tasa, los Estados miembros garantizarán que no supere los costes administrativos de que se trate y que no impida a las personas con discapacidad solicitar una nueva expedición de la Tarjeta Europea de Discapacidad, ni les disuada de hacerlo.

5.   La Tarjeta Europea de Discapacidad se expedirá en versión física y se complementará con una versión digital accesible en un plazo razonable una vez que la Comisión haya establecido las especificaciones técnicas a que se refiere el artículo 9, apartado 2. Se ofrecerá a las personas con discapacidad la opción de solicitar la versión física de la tarjeta, la versión digital, o ambas versiones. La versión digital no contendrá más datos personales que los previstos para la versión física tal como se establece en el anexo I. Los datos personales contenidos en la versión digital se cifrarán, y se adoptarán precauciones técnicas para garantizar que el soporte de almacenamiento solo sea leído por usuarios autorizados.

6.   La validez de la Tarjeta Europea de Discapacidad será determinada por el Estado miembro que expida la tarjeta. Los Estados miembros garantizarán que la Tarjeta Europea de Discapacidad tenga la validez más extensa posible teniendo en cuenta, en su caso, la duración de la validez del certificado de discapacidad, la tarjeta de discapacidad u otro documento oficial o la duración del procedimiento de reconocimiento de la situación de discapacidad o del derecho a servicios específicos reconocido por la autoridad u organismo competente del Estado miembro de residencia de la persona con discapacidad.

7.   A más tardar el 5 de diciembre de 2025, la Comisión adoptará actos delegados con arreglo al artículo 14 por los que se complete la presente Directiva mediante:

 a) el establecimiento del código QR y, si procede, otros elementos digitales de última generación que utilicen medios electrónicos para la versión física de la Tarjeta Europea de Discapacidad, para prevenir y combatir el fraude, y

 b) el establecimiento de elementos digitales que garanticen la seguridad de la versión física de la Tarjeta Europea de Discapacidad, incluidas las medidas de seguridad apropiadas para los datos personales de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, así como aspectos de interoperabilidad, como aplicaciones de la Unión comunes para leer datos contenidos en los elementos digitales de la versión física de la tarjeta que utilizan medios electrónicos para prevenir y combatir el fraude.

8.   La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 14 por los que se modifique la presente Directiva introduciendo cambios en los campos de datos del formato uniforme para la Tarjeta Europea de Discapacidad establecido en el anexo I, cuando dichos cambios sean necesarios para adaptar el formato a los avances técnicos, para prevenir la falsificación y el fraude, o para abordar el abuso o el uso indebido y garantizar la interoperabilidad. Con arreglo a dichos actos delegados, los Estados miembros dispondrán de tiempo suficiente para aplicar tales cambios.

Artículo 8

Formato, reconocimiento mutuo, expedición y validez de la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad

1.   Cada Estado miembro introducirá la versión física de la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad siguiendo el formato común uniforme y accesible establecido en el anexo II. Los Estados miembros incluirán en la versión física de la tarjeta un código QR y cualesquiera otros elementos digitales que utilicen medios electrónicos para prevenir y combatir el fraude como establecen los actos delegados a que se refiere el apartado 7, letra a), en un plazo razonable tras su adopción y a más tardar el 5 de junio de 2028.

2.   Las Tarjetas Europeas de Estacionamiento para personas con discapacidad expedidas por los Estados miembros serán mutuamente reconocidas en todos los Estados miembros.

3.   Las autoridades u organismos competentes en los Estados miembros expedirán, renovarán o retirarán la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad de acuerdo con sus normas, procedimientos y práctica nacionales. Sin perjuicio de lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679, los Estados miembros garantizarán la seguridad, integridad, autenticidad y confidencialidad de los datos personales recogidos y almacenados a efectos de la presente Directiva. La autoridad o el organismo competente responsable de la expedición de la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad se considerará el responsable del tratamiento tal como se define en el artículo 4, punto 7, del Reglamento (UE) 2016/679 y tendrá responsabilidad en el tratamiento de los datos personales. La cooperación con prestadores de servicios externos no excluirá a ningún Estado miembro de responsabilidad alguna que pueda derivarse del Derecho de la Unión o nacional por el incumplimiento de las obligaciones en materia de datos personales.

4.   La Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad será expedida o renovada por el Estado miembro de residencia, previa solicitud de la persona con discapacidad o de una persona autorizada, con arreglo al Derecho nacional. Será expedida o renovada en un plazo razonable a partir de la fecha de la solicitud, que no superará los noventa días, a menos que aún no hayan finalizado las evaluaciones necesarias. Los Estados miembros podrán expedir y renovar la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad de forma gratuita o cobrar una tasa por los costes relacionados con su expedición y renovación. Cuando se cobre esa tasa, los Estados miembros garantizarán que no supere los costes administrativos de que se trate y que no impida a las personas con discapacidad solicitar la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad, ni las disuada de hacerlo.

5.   Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para garantizar que la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad sustituya a todas las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad existentes, expedidas de conformidad con la Recomendación 98/376/CE a escala nacional, regional o local, cuando el beneficiario solicite su expedición y, en cualquier caso, a más tardar el 5 de diciembre de 2029. Hasta esa fecha, los Estados miembros podrán permitir que las tarjetas de estacionamiento para personas con discapacidad expedidas antes del 5 de junio de 2028 de conformidad con la Recomendación 98/376/CE tengan en su territorio el mismo efecto que la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad.

6.   La Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad se expedirá o renovará en versión física. Los Estados miembros podrán decidir complementar la versión física de la tarjeta con una versión digital una vez que la Comisión haya establecido las especificaciones técnicas a que se refiere el artículo 9, apartado 2. En los Estados miembros en los que la versión física de la tarjeta se complemente con una versión digital, las personas con discapacidad podrán solicitar la versión física de la tarjeta y, si así lo desean, tanto la versión física como la versión digital. La versión digital no contendrá más datos personales que los previstos para la versión física tal como se establece en el anexo II. Los datos personales contenidos en la versión digital se cifrarán y se adoptarán precauciones técnicas para garantizar que el soporte de almacenamiento solo sea leído por usuarios autorizados.

7.   A más tardar el 5 de diciembre de 2025, la Comisión adoptará actos delegados con arreglo al artículo 14 por los que se complete la presente Directiva mediante:

 a) el establecimiento del código QR y, si procede, otros elementos digitales de última generación que utilicen medios electrónicos para la versión física de la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad, para prevenir y combatir el fraude, y

 b) el establecimiento de especificaciones técnicas comunes que garanticen la seguridad de la versión física de la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad, incluidas las medidas de seguridad apropiadas para los datos personales de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679, así como aspectos de interoperabilidad, como aplicaciones de la Unión comunes para leer datos contenidos en los elementos digitales de las tarjetas en la versión física de la tarjeta que utilizan medios electrónicos para prevenir y combatir el fraude.

8.   La Comisión estará facultada para adoptar actos delegados con arreglo al artículo 14 por los que se modifique la presente Directiva introduciendo cambios en los campos de datos del formato uniforme para la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad establecido en el anexo II, cuando dichos cambios sean necesarios para adaptar el formato a los avances técnicos, para prevenir la falsificación y el fraude, o para abordar el abuso o el uso indebido y garantizar la interoperabilidad. Con arreglo a dichos actos delegados, los Estados miembros dispondrán de tiempo suficiente para aplicar tales cambios.

CAPÍTULO III

DISPOSICIONES COMUNES

Artículo 9

Versiones digitales y especificaciones técnicas comunes

1.   La Comisión adoptará actos de ejecución para establecer las versiones digitales accesibles de la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad, con los campos de datos establecidos en los anexos I y II, respectivamente, y para garantizar la interoperabilidad.

2.   La Comisión adoptará actos de ejecución que establezcan especificaciones técnicas comunes con relación al soporte de almacenamiento de la versión digital de la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad para cuestiones tales como la verificación de la validez de la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad y su número de serie o expediente, para controlar su autenticidad, para prevenir la falsificación y el fraude, para leer las tarjetas en los distintos Estados miembros, y para su uso en una cartera de identidad digital a escala de la Unión.

3.   Los actos de ejecución a que se refieren los apartados 1 y 2 se adoptarán de conformidad con el procedimiento de examen a que se refiere el artículo 15, apartado 2.

4.   Antes de la adopción de los actos de ejecución en virtud de los apartados 1 y 2, la Comisión consultará a personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan, así como a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación (23).

Artículo 10

Vigilancia y cumplimiento

1.   Los Estados miembros, con el apoyo de la Comisión, adoptarán las medidas necesarias para prevenir el riesgo de falsificación y fraude, y combatirán activamente la expedición fraudulenta, el uso fraudulento y la falsificación de la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad.

2.   En caso de que un Estado miembro detecte casos graves o sistemáticos de abuso en su territorio respecto de una Tarjeta Europea de Discapacidad o una Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad expedida por otro Estado miembro, informará de ello al Estado miembro que la haya expedido. El Estado miembro que la haya expedido garantizará un seguimiento apropiado de conformidad con el Derecho o la práctica nacionales. Los Estados miembros intercambiarán información relativa al abuso respecto a esas tarjetas.

3.   Los Estados miembros efectuarán controles, según proceda, del cumplimiento de las obligaciones que se deriven de la Tarjeta Europea de Discapacidad o la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad y de los correspondientes derechos de las personas con discapacidad que sean titulares de esas tarjetas, también con respecto de los animales de asistencia y de las personas que acompañan o asisten a personas con discapacidad, incluidos sus asistentes personales.

Artículo 11

Accesibilidad de la información y concienciación

1.   Los Estados miembros harán públicas las condiciones, las normas, la práctica y los procedimientos para expedir, renovar y retirar una Tarjeta Europea de Discapacidad o una Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad en formatos accesibles, incluidos formatos digitales y de lectura fácil, y, previa solicitud, en los formatos de apoyo solicitados por personas con discapacidad.

2.   Los Estados miembros adoptarán las medidas apropiadas para concienciar al público e informar a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representen, también de forma accesible, sobre la existencia de la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad y las condiciones aplicables para su obtención, uso o renovación. La Comisión emprenderá una campaña de la Unión de concienciación en cooperación con los Estados miembros y promoverá de forma continuada la concienciación y la difusión de información sobre la aplicación de la presente Directiva.

3.   Los Estados miembros adoptarán medidas para concienciar a las autoridades públicas y a los operadores privados sobre la existencia y el uso de la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad y alentarán a dichas autoridades y operadores a ofrecer voluntariamente condiciones especiales o trato preferente, así como condiciones y facilidades de estacionamiento para personas con discapacidad en una variedad lo más amplia posible de servicios, otras actividades e instalaciones.

4.   La información a que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo se pondrá a disposición gratuitamente de un modo claro, completo, sencillo y fácilmente accesible, de acuerdo con los requisitos de accesibilidad pertinentes de los servicios tal como se establece en el anexo I de la Directiva (UE) 2019/882, por ejemplo, en los sitios web oficiales de autoridades públicas, o por otros medios adecuados.

Artículo 12

Autoridades u organismos competentes y puntos de contacto

1.   Los Estados miembros designarán una o varias autoridades u organismos competentes responsables de la expedición, renovación y retirada de la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad.

2.   Los Estados miembros designarán uno o varios puntos de contacto nacionales para facilitar el diálogo entre los Estados miembros y la Comisión en relación con la correcta transposición y aplicación de la presente Directiva. Los Estados miembros informarán a la Comisión de sus puntos de contacto nacionales a más tardar el 5 de junio de 2025.

Artículo 13

Organizaciones que representan a las personas con discapacidad

Los Estados miembros garantizarán la consulta activa y la participación de las organizaciones que representen a las personas con discapacidad en el desarrollo, la implantación y la evaluación de la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad.

CAPÍTULO IV

PODERES DELEGADOS Y COMPETENCIAS DE EJECUCIÓN

Artículo 14

Ejercicio de la delegación

1.   Se otorgan a la Comisión los poderes para adoptar actos delegados en las condiciones establecidas en el presente artículo.

2.   Los poderes para adoptar actos delegados mencionados en el artículo 7, apartados 7 y 8, y en el artículo 8, apartados 7 y 8, se otorgan a la Comisión por un período de cinco años a partir del 4 de diciembre de 2024. La delegación de poderes se prorrogará tácitamente por períodos de idéntica duración, excepto si el Parlamento Europeo o el Consejo se oponen a dicha prórroga a más tardar tres meses antes del final de cada período.

3.   La delegación de poderes mencionada en el artículo 7, apartados 7 y 8, y el artículo 8, apartados 7 y 8, podrá ser revocada en cualquier momento por el Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de revocación pondrá término a la delegación de los poderes que en ella se especifiquen. La decisión surtirá efecto el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha posterior indicada en ella. No afectará a la validez de los actos delegados que ya estén en vigor.

4.   Antes de la adopción de un acto delegado, la Comisión consultará a las personas con discapacidad y a las organizaciones que las representan, así como a los expertos designados por cada Estado miembro de conformidad con los principios establecidos en el Acuerdo interinstitucional de 13 de abril de 2016 sobre la mejora de la legislación.

5.   Tan pronto como la Comisión adopte un acto delegado lo notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al Consejo.

6.   Los actos delegados adoptados en virtud del artículo 7, apartados 7 u 8, o del artículo 8, apartados 7 u 8, entrarán en vigor únicamente si, en un plazo de dos meses a partir de su notificación al Parlamento Europeo y al Consejo, ninguna de estas instituciones formula objeciones o si, antes del vencimiento de dicho plazo, ambas informan a la Comisión de que no las formularán. El plazo se prorrogará dos meses a iniciativa del Parlamento Europeo o del Consejo.

Artículo 15

Procedimiento de comité

1.   La Comisión estará asistida por un comité. Dicho comité será un comité en el sentido del Reglamento (UE) n.o 182/2011.

2.   En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicará el artículo 5 del Reglamento (UE) n.o 182/2011.

CAPÍTULO V

DISPOSICIONES FINALES

Artículo 16

Control del cumplimiento y vías de recurso

1.   Los Estados miembros garantizarán la existencia de medios adecuados y eficaces para asegurar el cumplimiento y el control del cumplimiento de la presente Directiva.

2.   Los medios a que se refiere el apartado 1 incluirán:

 a) disposiciones en virtud de las cuales, de conformidad con el Derecho y la práctica nacionales, las personas con discapacidad o los representantes por ellas designados para que actúen en su nombre y con su autorización o la de su tutor legal, puedan interponer recurso contra toda decisión de las autoridades u organismos competentes relativa a la expedición, renovación o revocación de la Tarjeta Europea de Discapacidad o la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad;

 b) disposiciones en virtud de las cuales las personas con discapacidad puedan actuar conforme al Derecho nacional ante los órganos jurisdiccionales o ante los organismos administrativos competentes en caso de incumplimiento de las obligaciones o derechos establecidos en la presente Directiva y en las disposiciones nacionales de ejecución de la presente Directiva;

 c) disposiciones en virtud de las cuales uno o varios de los siguientes organismos, según determine el Derecho nacional, puedan actuar conforme al Derecho y los procedimientos nacionales ante los órganos jurisdiccionales o ante los organismos administrativos competentes en nombre de una persona con discapacidad, o en su apoyo, para proteger sus derechos, con su autorización, en cualquier procedimiento judicial o administrativo previsto para exigir el cumplimiento de las obligaciones establecidas en virtud de la presente Directiva:

   i) organismos públicos,

   ii) asociaciones, organizaciones u otras entidades jurídicas de carácter privado que tengan un interés legítimo en garantizar el cumplimiento de la presente Directiva, como las organizaciones que representan a las personas con discapacidad.

Artículo 17

Incumplimiento y sanciones

1.   Los Estados miembros establecerán, con arreglo al Derecho y la práctica nacionales, las normas que determinen las medidas oportunas, incluidas sanciones, aplicables a las autoridades u organismos públicos o los operadores privados en caso de incumplimiento de las disposiciones nacionales adoptadas al amparo de la presente Directiva, y adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar la aplicación de dichas normas.

2.   Las medidas establecidas deberán ser efectivas, proporcionadas y disuasorias e ir acompañadas de medidas correctoras efectivas.

Artículo 18

Acceso a la información

1.   Los Estados miembros se asegurarán de que las autoridades públicas hagan pública la información sobre las condiciones especiales o el trato preferente o sobre las condiciones y facilidades de estacionamiento que ofrezcan a las personas con discapacidad con arreglo a los artículos 5 y 6, por ejemplo en sus sitios web, si existen, o por otros medios adecuados.

Cada Estado miembro establecerá un sitio web nacional que contenga información general sobre la finalidad y la utilización de la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad, en el que ofrezca también, cuando corresponda, las referencias de las autoridades u organismos competentes responsables de la expedición, renovación y revocación de dichas tarjetas. Dicho sitio web contendrá también la información general disponible sobre las condiciones especiales o el trato preferente que ofrezcan las autoridades públicas a las personas con discapacidad, y redirigirá a los usuarios que deseen información más específica a los sitios web de cada una de las autoridades públicas correspondientes. Dicho sitio web podrá contener también información facilitada por operadores privados de ámbito nacional.

2.   Los Estados miembros alentarán asimismo a los operadores privados a que hagan pública, en formatos accesibles, la información relativa a las condiciones especiales o al trato preferente y a las condiciones y facilidades de estacionamiento que ofrezcan con arreglo a los artículos 5 y 6.

3.   La información a que se refieren los apartados 1 y 2 del presente artículo se hará pública gratuitamente, de un modo claro, completo, sencillo y fácilmente accesible, en los sitios web oficiales de las autoridades públicas o los operadores privados, si existen, o por otros medios adecuados, de acuerdo con los requisitos de accesibilidad pertinentes aplicables a los servicios tal como se establece en el anexo I de la Directiva (UE) 2019/882.

4.   De conformidad con las disposiciones aplicables del Derecho de la Unión, cuando corresponda, los operadores de servicios transfronterizos de transporte de viajeros se asegurarán de que esté disponible o se les ofrezca a los viajeros titulares de la Tarjeta Europea de Discapacidad información clara sobre las condiciones especiales o el trato preferente aplicables en las distintas partes de su viaje, o de que puedan acceder a tal información.

Artículo 19

Sitio web de la Unión

1.   A más tardar el 5 de diciembre de 2028, la Comisión creará una página web de la Unión dedicada a la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad. Dicha página web contendrá un enlace a los sitios web nacionales a que se refiere el artículo 18, apartado 1, párrafo segundo.

2.   La página web de la Unión estará disponible en todas las lenguas oficiales de la Unión, en la lengua de signos internacional y en las lenguas de signos nacionales de los Estados miembros, así como en formatos accesibles y de fácil lectura, de conformidad con los requisitos de accesibilidad pertinentes aplicables a los servicios tal como se establece en el anexo I de la Directiva (UE) 2019/882. La información de la página web de la Unión será fácil de entender y no excederá del nivel de complejidad B1 (intermedio) del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas del Consejo de Europa.

Artículo 20

Presentación de informes y evaluación

1.   A más tardar el 5 de junio de 2031, y posteriormente cada cuatro años, la Comisión presentará al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones un informe sobre la aplicación de la presente Directiva.

2.   El informe a que se refiere el apartado 1 analizará, entre otras cosas, a la luz de los avances sociales, económicos y tecnológicos y de otros avances pertinentes, el uso de la Tarjeta Europea de Discapacidad y la Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad, en particular las repercusiones de las tasas que puedan haberse impuesto, la medida en que la aplicación de la presente Directiva haya permitido alcanzar los objetivos perseguidos y la interacción de la presente Directiva con otros actos jurídicos pertinentes de la Unión, con vistas a evaluar la necesidad de revisar la presente Directiva.

Dicho informe presentará asimismo un análisis de las situaciones concretas de desventaja resultantes de la discriminación interseccional, entendida como discriminación basada en la combinación de una situación de discapacidad con cualquier otro motivo que dé lugar a la protección en virtud de las Directivas 79/7/CEE (24), 2000/43/CE (25), 2000/78/CE (26) o 2004/113/CE (27) del Consejo, con especial atención a las mujeres y niñas con discapacidad.

3.   A más tardar el 5 de junio de 2029, la Comisión realizará una evaluación de las lagunas que puedan subsistir en relación con la libre circulación de las personas con discapacidad. La Comisión tendrá debidamente en cuenta el resultado de dicha evaluación a la hora de decidir si es necesario adoptar nuevas medidas a escala de la Unión para subsanar las lagunas observadas.

4.   Los Estados miembros comunicarán a la Comisión, a petición de esta y oportunamente, la información necesaria para que la Comisión elabore el informe a que se refiere el apartado 1.

5.   El informe a que se refiere el apartado 1 tendrá en cuenta las opiniones de las personas con discapacidad, las organizaciones no gubernamentales pertinentes, en particular aquellas que representan a las personas con discapacidad, y las de los agentes económicos.

Artículo 21

Transposición

1.   Los Estados miembros adoptarán y publicarán, a más tardar el 5 de junio de 2027, las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en la presente Directiva. Comunicarán inmediatamente a la Comisión el texto de dichas disposiciones.

Aplicarán dichas disposiciones a partir del 5 de junio de 2028.

2.   Cuando los Estados miembros adopten las disposiciones a que se refiere el apartado 1, estas incluirán una referencia a la presente Directiva o irán acompañadas de dicha referencia en su publicación oficial. Los Estados miembros establecerán las modalidades de la mencionada referencia.

Artículo 22

Entrada en vigor

La presente Directiva entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

Artículo 23

Destinatarios

Los destinatarios de la presente Directiva son los Estados miembros.

Hecho en Estrasburgo, el 23 de octubre de 2024.

Por el Parlamento Europeo

La Presidenta

R. METSOLA

Por el Consejo

El Presidente

ZSIGMOND B. P.

(1)   DO C, C/2024/1595, 5.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1595/oj.

(2)   DO C, C/2024/1981, 18.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2024/1981/oj.

(3)  Posición del Parlamento Europeo de 24 de abril de 2024 (pendiente de publicación en el Diario Oficial) y Decisión del Consejo de 14 de octubre de 2024.

(4)   DO L 23 de 27.1.2010, p. 37.

(5)   DO C 428 de 13.12.2017, p. 10.

(6)  Directiva (UE) 2019/882 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de abril de 2019, sobre los requisitos de accesibilidad de los productos y servicios (DO L 151 de 7.6.2019, p. 70).

(7)  Directiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de octubre de 2016, sobre la accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles de los organismos del sector público (DO L 327 de 2.12.2016, p. 1).

(8)  Reglamento (CE) n.o 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el transporte aéreo (DO L 204 de 26.7.2006, p. 1).

(9)  Reglamento (UE) 2021/782 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2021, sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril (DO L 172 de 17.5.2021, p. 1).

(10)  Reglamento (UE) n.o 1177/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre los derechos de los pasajeros que viajan por mar y por vías navegables y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 (DO L 334 de 17.12.2010, p. 1).

(11)  Reglamento (UE) n.o 181/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, sobre los derechos de los viajeros de autobús y autocar y por el que se modifica el Reglamento (CE) n.o 2006/2004 (DO L 55 de 28.2.2011, p. 1).

(12)  Directiva 1999/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de junio de 1999, relativa a la aplicación de gravámenes a los vehículos por la utilización de infraestructuras viarias (DO L 187 de 20.7.1999, p. 42).

(13)  Directiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión y de los miembros de sus familias a circular y residir libremente en el territorio de los Estados miembros, por la que se modifica el Reglamento (CEE) n.o 1612/68 y se derogan las Directivas 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE y 93/96/CEE (DO L 158 de 30.4.2004, p. 77).

(14)  Reglamento (UE) 2021/888 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2021, por el que se establece el Programa del Cuerpo Europeo de Solidaridad y se derogan los Reglamentos (UE) 2018/1475 y (UE) n.o 375/2014 (DO L 202 de 8.6.2021, p. 32).

(15)  Reglamento (UE) 2021/817 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2021, por el que se establece Erasmus+, el Programa de la Unión para la educación y la formación, la juventud y el deporte, y se deroga el Reglamento (UE) n.o 1288/2013 (DO L 189 de 28.5.2021, p. 1).

(16)  Recomendación 98/376/CE del Consejo, de 4 de junio de 1998, sobre la creación de una tarjeta de estacionamiento para personas con discapacidad (DO L 167 de 12.6.1998, p. 25).

(17)  Reglamento (UE) 2021/953 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2021, relativo a un marco para la expedición, verificación y aceptación de certificados COVID-19 interoperables de vacunación, de prueba diagnóstica y de recuperación (certificado COVID digital de la UE) a fin de facilitar la libre circulación durante la pandemia de COVID-19 (DO L 211 de 15.6.2021, p. 1).

(18)  Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).

(19)  Reglamento (CE) n.o 883/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 166 de 30.4.2004, p. 1).

(20)  Reglamento (CE) n.o 987/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, por el que se adoptan las normas de aplicación del Reglamento (CE) n.o 883/2004, sobre la coordinación de los sistemas de seguridad social (DO L 284 de 30.10.2009, p. 1).

(21)  Reglamento (UE) n.o 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, p. 13).

(22)  Reglamento (UE) 2018/1725 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2018, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales por las instituciones, órganos y organismos de la Unión, y a la libre circulación de esos datos, y por el que se derogan el Reglamento (CE) n.o 45/2001 y la Decisión n.o 1247/2002/CE (DO L 295 de 21.11.2018, p. 39).

(23)   DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

(24)  Directiva 79/7/CEE del Consejo, de 19 de diciembre de 1978, relativa a la aplicación progresiva del principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres en materia de seguridad social (DO L 6 de 10.1.1979, p. 24).

(25)  Directiva 2000/43/CE del Consejo, de 29 de junio de 2000, relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas independientemente de su origen racial o étnico (DO L 180 de 19.7.2000, p. 22).

(26)  Directiva 2000/78/CE del Consejo, de 27 de noviembre de 2000, relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación (DO L 303 de 2.12.2000, p. 16).

(27)  Directiva 2004/113/CE del Consejo, de 13 de diciembre de 2004, por la que se aplica el principio de igualdad de trato entre hombres y mujeres al acceso a bienes y servicios y su suministro (DO L 373 de 21.12.2004, p. 37).

ANEXO I

FORMATO DE LA TARJETA EUROPEA DE DISCAPACIDAD

ANVERSO: el texto «European Disability Card» («Tarjeta Europea de Discapacidad») en inglés y en una o más de las lenguas oficiales del Estado miembro que expida la tarjeta.

REVERSO: la información que decida el Estado miembro que expida la tarjeta, en una o más de las lenguas oficiales de dicho Estado miembro.

1.   

 

El tamaño de la tarjeta se ajustará al formato ID-1 establecido en la norma ISO/IEC 7810.

2.   

 La tarjeta incluirá:

—	una fotografía del titular,

—	los apellidos y el nombre del titular,

—	la fecha de nacimiento del titular,

—	el número de serie o de expediente de la tarjeta.

3.   

 La tarjeta será de color azul oscuro y azul claro, de conformidad con la imagen del presente anexo y en ella se usarán las referencias siguientes:

—	azul oscuro: CMYK 100, 90, 10, 0 RGB 0, 68, 148

—	azul claro: CMYK 94, 63, 7, 1 RGB 0, 110, 183.

4.   

 

La tarjeta indicará las fechas de expedición y de caducidad.

5.   

 

La tarjeta contendrá el código de país rodeado por el círculo de doce estrellas que simboliza la Unión Europea.

6.   

 

El tipo de letra será Arial Regular o, si no fuera posible, otro tipo de letra sans serif. Deberá haber suficiente contraste entre los colores del primer plano y los del fondo.

7.   

 

El texto «European Disability Card» se mostrará en inglés y en una o más de las lenguas oficiales del Estado miembro que expida la tarjeta, en el tipo de letra arial Regular, así como en braille utilizando las dimensiones del código Marburg.

8.   

 

Se podrá añadir la letra opcional «A» (junto con el signo correspondiente en braille) cuando la tarjeta dé derecho a la persona con discapacidad a ir acompañada por uno o varios asistentes personales u otro tipo de acompañantes o asistentes reconocidos por el Derecho o la práctica nacionales, o por animales de asistencia. También se podrá añadir la letra «A» para personas con discapacidad con una mayor necesidad de apoyo, de conformidad con el Derecho y la práctica nacionales.

9.   

 

Se añadirá un código QR y otros posibles elementos digitales que utilicen medios electrónicos para prevenir el fraude, una vez que se hayan adoptado los actos delegados a que se refiere el artículo 7, apartado 7, letra a). Los elementos digitales empleados en la versión física de la tarjeta podrán contener más datos personales que los previstos en la versión física tal como se establece en el presente anexo. El acceso a tales datos, sin embargo, estará restringido a las autoridades públicas de los Estados miembros que expidan la tarjeta, y únicamente a los usuarios autorizados. El tratamiento de esos datos personales deberá ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679.

10.   

 

Todas las menciones se mostrarán en inglés y en una o más de las lenguas oficiales del Estado miembro que expida la tarjeta. Si un Estado miembro desea que haya menciones en una lengua distinta del alemán, el búlgaro, el checo, el croata, el danés, el eslovaco, el esloveno, el español, el estonio, el finés, el francés, el griego, el húngaro, el inglés, el irlandés, el italiano, el letón, el lituano, el maltés, el neerlandés, el polaco, el portugués, el rumano o el sueco, así lo hará sin perjuicio de las demás disposiciones del presente anexo. El Estado miembro que introduzca menciones en búlgaro o griego establecerá una versión de la tarjeta que emplee caracteres latinos.

ANEXO II

FORMATO DE LA TARJETA EUROPEA DE ESTACIONAMIENTO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

ANVERSO

REVERSO

1.   

 El tamaño de la tarjeta será:

—	altura: 106 mm,

—	anchura: 148 mm.

2.   

 La tarjeta será de color azul oscuro y amarillo, de conformidad con la imagen del presente anexo y en ella se usarán las referencias siguientes:

—	azul oscuro: CMYK 100, 90, 10, 0 RGB 0, 68, 148

—	amarillo: CMYK 94, 63, 7, 1 RGB 255, 237, 0.

3.   

 La tarjeta estará dividida verticalmente en dos mitades, tanto en el anverso como en el reverso.

a)

En la mitad izquierda del anverso figurarán: — el símbolo de usuario de silla de ruedas, en azul oscuro sobre fondo amarillo, — las fechas de expedición y de caducidad de la tarjeta, — el número de serie de la tarjeta, — el nombre de la autoridad u organización que haya expedido la tarjeta, — en caso de que la tarjeta esté asociada a un vehículo, la matrícula de este si así lo exige el Estado miembro; para los Estados miembros que no exijan la indicación de la matrícula, la tarjeta no contendrá el correspondiente campo de datos.

b)

En la mitad derecha del anverso figurarán: — el texto «European Parking Card for persons with disabilities» («Tarjeta Europea de Estacionamiento para personas con discapacidad») en inglés y en una o más de las lenguas oficiales del Estado miembro que expida la tarjeta, en mayúsculas, y en braille utilizando las dimensiones del código Marburg, — como fondo, el código distintivo del Estado miembro que expida la tarjeta rodeado por el círculo de doce estrellas que simboliza la Unión Europea, — un código QR y otros posibles elementos digitales que utilicen medios electrónicos de prevención del fraude, una vez que se haya adoptado el acto delegado a que se refiere el artículo 8, apartado 7, letra a). Los elementos digitales empleados en la versión física de la tarjeta podrán contener más datos personales que los previstos en la versión física de la Tarjeta Europea de Estacionamiento tal como se establecen en el presente anexo. El acceso a tales datos, sin embargo, estará restringido a las autoridades públicas de los Estados miembros que expidan la tarjeta, y únicamente a los usuarios autorizados. Todo tratamiento de esos datos personales deberá ajustarse a lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679.

c)	En la mitad izquierda del reverso figurarán: — los apellidos y el nombre del titular de la tarjeta, — la fecha de nacimiento del titular de la tarjeta.

d)

En la mitad derecha del reverso figurarán en inglés y en una o más de las lenguas oficiales del Estado miembro que expida la tarjeta: — la indicación: «This card entitles the holder to local parking conditions and facilities reserved for persons with disabilities available in the Member State concerned» («Esta tarjeta da derecho a su titular a las condiciones y facilidades de estacionamiento reservadas para personas con discapacidad existentes en el Estado miembro en el que se encuentre»), — la indicación: «When in use, the card is to be displayed at the front of the vehicle in such a way that the front of the card is clearly visible for checking purposes» («Cuando se utilice esta tarjeta, deberá mostrarse en la parte delantera del vehículo de forma que el anverso de la tarjeta sea claramente visible para su control»).

4.   

 

Todas las menciones se mostrarán en inglés y en una o más de las lenguas oficiales del Estado miembro que expida la tarjeta. Si un Estado miembro desea que haya menciones en una lengua distinta del alemán, el búlgaro, el checo, el croata, el danés, el eslovaco, el esloveno, el español, el estonio, el finés, el francés, el griego, el húngaro, el inglés, el irlandés, el italiano, el letón, el lituano, el maltés, el neerlandés, el polaco, el portugués, el rumano o el sueco, lo hará sin perjuicio de las demás disposiciones del presente anexo. El Estado miembro que introduzca menciones en búlgaro o griego establecerá una versión de la tarjeta que emplee caracteres latinos.