State Agency Official State Gazette

(1)

El 4 de octubre de 2023, la Comisión Europea («la Comisión») inició, por iniciativa propia, una investigación antisubvenciones relativa a las importaciones en la Unión de vehículos eléctricos de batería (BEV, por sus siglas en inglés) nuevos diseñados para el transporte de personas originarios de la República Popular China («el país afectado» o «China») de conformidad con el artículo 10, apartado 8, del Reglamento de base. La Comisión publicó un anuncio de inicio en el Diario Oficial de la Unión Europea (2) («el anuncio de inicio»).

(2)

La Comisión inició la investigación sobre la base de que las importaciones de BEV originarios de China están siendo subvencionadas y, por lo tanto, están causando un perjuicio (3) a la industria de la Unión.

(3)

Tras un análisis en profundidad de la evolución reciente del mercado y teniendo en cuenta la sensibilidad del sector de los vehículos eléctricos y su importancia estratégica para la economía de la Unión Europea (UE) en términos de innovación, valor añadido y empleo, la Comisión recabó información sobre el mercado procedente de diversas fuentes independientes. Esta información parecía indicar la existencia de subvenciones por parte de China, que afectan negativamente a la situación de la industria de los BEV de la Unión.

(4)

Sobre la base de información fácilmente accesible, existían pruebas suficientes que demuestran que las importaciones de BEV originarios de China se benefician de subvenciones sujetas a medidas compensatorias proporcionadas por el Gobierno de la República Popular China («las autoridades chinas»). Dichas subvenciones han permitido que las importaciones subvencionadas aumenten rápidamente su cuota de mercado en la UE en detrimento de la industria de la Unión.

(5)

Las pruebas disponibles indicaban la probabilidad de que se produzca un aumento sustancial de las importaciones a bajo precio subvencionadas, lo que representaría una amenaza inminente de perjuicio a la ya vulnerable industria de la Unión. Este aumento de las importaciones a bajo precio y el consiguiente incremento significativo de su cuota de mercado, en un mercado en rápido crecimiento en el que se necesita una tasa de inversión significativa y sostenida para la transición del mercado de la Unión hacia la electrificación plena, llevaría a la industria de la Unión a incurrir en grandes pérdidas financieras que podrían resultar insostenibles en poco tiempo.

(6)

En estas circunstancias especiales, dado que la Comisión disponía de pruebas suficientes que parecían indicar la existencia de subvenciones, la amenaza de perjuicio y el nexo causal necesarios para iniciar una investigación antisubvenciones, la Comisión decidió, de conformidad con el artículo 10, apartado 8, del Reglamento de base, proceder al inicio de dicha investigación pese a no haber recibido ninguna denuncia escrita de la industria de la Unión ni en nombre de esta.

(7)

Antes de iniciar la investigación antisubvenciones, la Comisión notificó a las autoridades chinas que había decidido iniciar un procedimiento ex officio relativo a las importaciones de BEV nuevos procedentes de China e invitó a las autoridades chinas a efectuar consultas de conformidad con el artículo 10, apartado 7, del Reglamento de base. Las autoridades chinas aceptaron la oferta de consultas, que se celebraron el 2 de octubre de 2023. En ellas se tomó buena nota de los comentarios realizados por las autoridades chinas. Sin embargo, no se pudo alcanzar una solución consensuada.

(8)

Tal y como se establece en el considerando 8 del Reglamento (UE) 2024/1866 (4) («el Reglamento provisional»), la Comisión, por iniciativa propia, sometió a registro las importaciones de BEV nuevos diseñados para el transporte de personas originarios de China a partir del 7 de marzo de 2024 mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/785 de la Comisión (5) («el Reglamento de registro»).

(9)

De conformidad con el artículo 29 bis del Reglamento de base, el 12 de junio de 2024 la Comisión facilitó a las partes un resumen de los derechos provisionales propuestos y datos sobre el cálculo de los porcentajes de subvención. Se invitó a las partes interesadas a presentar sus observaciones sobre la exactitud de los cálculos en un plazo de tres días hábiles. Se recibieron observaciones de los siguientes productores chinos incluidos en la muestra: el Grupo BYD, el Grupo SAIC y el Grupo Geely, así como de los productores exportadores Great Wall Motor Co. Ltd. («GWM»), Spotlight Automotive Co. Ltd. («Spotlight»), y Volkswagen (Anhui) Automotive Co. Ltd. [«Volkswagen (Anhui)»].

(10)

El 4 de julio de 2024, la Comisión impuso medidas compensatorias provisionales sobre las importaciones de BEV originarios de China mediante el Reglamento de Ejecución (UE) 2024/1866.

(11)

Tras la comunicación de los principales hechos y consideraciones en función de los cuales se procedió a la imposición de medidas compensatorias provisionales («la comunicación provisional»), presentaron observaciones el Grupo BYD, el Grupo SAIC y las filiales del Grupo Geely Polestar Performance AB («Polestar») y Volvo Car Cooperation, los productores exportadores Grupo Dongfeng, GWM, NIO Holding («NIO»), Spotlight, Tesla (Shanghái) Co. Ltd. [«Tesla (Shanghái)»], Volkswagen (Anhui), el Gobierno de China («las autoridades chinas»), la Cámara de Comercio China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos («CCCME», por sus siglas en inglés), la Asociación China de Fabricantes de Automóviles («CAAM», por sus siglas en inglés), los productores de la Unión Empresa 18, Empresa 22 y Empresa 24, y la asociación alemana Verband der Automobilindustrie e.V.

(12)

En primer lugar, la Comisión señaló que la CCCME y las autoridades chinas formularon observaciones detalladas acerca de las evaluaciones realizadas por la Comisión en el Reglamento provisional sobre el perjuicio y la causalidad, a menudo sin tener en cuenta las conclusiones presentadas por la Comisión en el Reglamento provisional ni la justificación de estas. Tanto la CCCME como las autoridades chinas volvieron a formular muchas de las observaciones que habían planteado en los dosieres que presentaron tras el inicio sin abordar las explicaciones concretas ni las pruebas pertinentes presentadas por la Comisión en el Reglamento provisional. La Comisión también observó que la CCCME y las autoridades chinas básicamente criticaron el análisis realizado por la Comisión sin aportar pruebas nuevas en este sentido ni respaldar sus declaraciones con pruebas. En las secciones posteriores, la Comisión abordó en profundidad las observaciones formuladas por la CCCME, pero sin reiterar las mismas observaciones formuladas en varias secciones.

(13)

Se concedió audiencia a las partes que lo solicitaron. Se celebraron audiencias con el Grupo BYD, la CCCME, el Grupo Geely, las autoridades chinas, Polestar, el Grupo SAIC, Spotlight, Volkswagen (Anhui), la Empresa 22, la Empresa 24 y la Empresa 27.

(14)

La Comisión siguió solicitando y verificando toda la información que consideró necesaria para formular sus conclusiones definitivas. Para ello, tuvo en cuenta las observaciones presentadas por las partes interesadas y revisó sus conclusiones provisionales cuando fue procedente. A fin de disponer de datos más completos sobre los precios de venta, el coste de producción y la rentabilidad en la Unión en el período posterior a la investigación, se pidió a los productores de la Unión incluidos en la muestra que facilitaran datos adicionales. Todos los productores de la Unión incluidos en la muestra presentaron la información solicitada.

(15)

El 20 de agosto de 2024, la Comisión informó a todas las partes interesadas de los principales hechos y consideraciones en función de los cuales tenía la intención de imponer un derecho compensatorio definitivo a las importaciones de BEV originarios de China («la comunicación definitiva»). Se concedió un plazo a todas las partes para formular observaciones en relación con la comunicación definitiva.

(16)

También se concedió audiencia a las partes que lo solicitaron tras la comunicación definitiva. Se celebraron audiencias con el Grupo SAIC, la Empresa 27, el Grupo BYD, la CCCME, las autoridades chinas, Tesla (Shanghái), el Grupo Geely, la Empresa 22 y Polestar.

(17)

Tras la comunicación definitiva formularon observaciones el Grupo BYD, CATL, las autoridades chinas, Tesla (Shanghái), GWM, la CCCME, la CAAM, el Grupo SAIC, el Grupo Geely, la VDA, Eurofer, la Empresa 27, la Empresa 18, la Empresa 24, la Empresa 22 y Polestar.

(18)

Sobre la base de estas observaciones, la Comisión revisó algunas de sus conclusiones provisionales, modificó algunas de las consideraciones en función de las cuales tenía la intención de imponer un derecho compensatorio definitivo e informó de ello a todas partes interesadas («la comunicación definitiva adicional») el 9 de septiembre de 2024.

(19)

Formularon observaciones sobre la comunicación definitiva adicional las autoridades chinas, la CCCME, BYD, Tesla, Smart y la Empresa 18 (únicamente en una versión confidencial). Además, la Empresa 18 también presentó observaciones, en una versión confidencial, pasado el plazo para formular observaciones sobre la comunicación adicional. La mayoría de estas observaciones ya se abordaron en la comunicación confidencial específica dirigida a la empresa.

(20)

Tras la comunicación provisional, la CCCME y las autoridades chinas alegaron, por un lado, que la muestra de productores de la Unión no se conocía y no era representativa, y, por otro lado, que las partes interesadas no podían evaluar la representatividad de la muestra. La CCCME y las autoridades chinas alegaron que no se sabía si la muestra incluía productores fabricantes de equipos originales de la Unión, si todas las empresas de la muestra son empresas o fabricantes de equipos originales de la Unión en transición de la producción de vehículos ICE a BEV o si había otros productores de BEV en la muestra, ya que los productores de la Unión en transición de la producción de vehículos ICE a BEV pueden hallarse en una situación económica menos favorable que otros productores de la Unión. La CCCME y las autoridades chinas también alegaron que la muestra de productores de la Unión no era representativa debido a que la Comisión no aplicó el principio de única entidad económica con respecto a los productores de la Unión incluidos en la muestra, pese a que sí se aplicó con respecto a los productores exportadores incluidos en la muestra. La CCCME y las autoridades chinas alegaron, además, que el principio de única entidad económica se aplicó con respecto a la industria de la Unión en investigaciones de defensa comercial anteriores como la del metal de silicio originario de China (6) en la que se consideró que dos entidades de producción (FerroPem y FerroAtlantica) del grupo de productores de la Unión, el Grupo Ferroglobe, eran partes vinculadas y la producción de los productores de la Unión correspondiente a dichas entidades de producción se consideró conjuntamente. La CCCME y las autoridades chinas alegaron también que el principio de única entidad económica era pertinente para el establecimiento de los precios de venta de la industria de la Unión que se comparan con el precio de exportación para el análisis de la subcotización y la contención de los precios.

(21)

Como se explicó en el considerando 12 del Reglamento provisional, se concedió el anonimato a los productores de la Unión debido al riesgo de efectos adversos significativos en forma de represalias. Por tanto, la Comisión no puede revelar la identidad de los productores de la Unión incluidos en la muestra. Sin embargo, el anonimato concedido a los productores de la Unión incluidos en la muestra no hace que la muestra no sea representativa. Como se explica en el considerando 26 del Reglamento provisional, la selección de la muestra se basó en el mayor volumen representativo de ventas y producción en la Unión del producto similar durante el período de investigación (7). La Comisión también tuvo en cuenta la distribución geográfica de los productores de la Unión dentro de la UE y garantizó la inclusión de una amplia gama de modelos de BEV. Los productores de la Unión incluidos en la muestra representaban el 38 % de las ventas y el 34 % del volumen total de producción de la industria de la Unión durante el período de investigación. Además, después de la inspección in situ de los productores de la Unión incluidos en la muestra, el 4 de junio de 2024 la Comisión añadió una Nota al expediente (8) y confirmó que los productores de la Unión incluidos en la muestra representaban el 32 % de las ventas en la Unión y el 30 % de la producción en la Unión en el período de investigación. Por otra parte, al revelar si todas las empresas incluidas en la muestra eran fabricantes de equipos originales que producían vehículos ICE y están produciendo BEV, también se revelaría inadvertidamente la identidad de determinados productores de la Unión y, por ende, la Comisión incumpliría su obligación legal de preservar el anonimato concedido a los productores de la Unión. Por tanto, se rechazó la solicitud de revelar esta información.

(22)

Por último, la CCCME confundió el principio de única entidad económica con el muestreo a nivel del grupo. En aras de la claridad, el principio de única entidad económica se aplica en determinadas condiciones para calcular el precio de exportación franco fábrica (es decir, a pie de fábrica del productor) para los cálculos del margen de dumping. En la presente investigación antisubvención, no era necesario que la Comisión calculara un precio de exportación franco fábrica y, por consiguiente, en la investigación actual no se aplica dicho principio. En lo que respecta al muestreo de los productores de la Unión, la Comisión informó a las partes interesadas al inicio de la investigación de que se realizará a nivel de entidad de producción y no a nivel de grupo (9). Esta es la práctica habitual de la Comisión para el muestreo de productores de la Unión y no se disponía de información que pudiera sugerir que en esta investigación estuviese justificado aplicar un enfoque distinto. La CCCME y las autoridades chinas tampoco aportaron pruebas en este sentido. Por otra parte, en la investigación del metal de silicio originario de China, contrariamente a la alegación de la CCCME y las autoridades chinas, la Comisión no aplicó el principio de única entidad económica, sino que investigó a dos productores pertenecientes al mismo grupo. Por último, en la investigación actual, el cálculo del margen de subcotización se realizó a nivel del precio al distribuidor en la Unión, tal y como se explica en el considerando 1023 del Reglamento provisional, que es distinto del nivel franco fábrica.

(23)

Por consiguiente, se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 24 a 45 del Reglamento provisional.

(24)

En ausencia de observaciones relativas al muestreo de los importadores, se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 46 y 47 del Reglamento provisional.

(25)

Tras la comunicación provisional, el Grupo BYD alegó que la selección de la muestra distorsionó las conclusiones resultantes, ya que Tesla (Shanghái) no se había incluido en la muestra pese a su gran volumen de exportaciones de BEV al mercado de la Unión, y que en casi todas las investigaciones de defensa comercial la Comisión seleccionaba la muestra basándose en el volumen de exportaciones. El Grupo BYD también alegó que la Comisión no ofreció una explicación clara acerca de la no inclusión de Tesla (Shanghái) en la muestra ni de los criterios en los que se basó la Comisión para aceptar la solicitud de examen individual de Tesla (Shanghái).

(26)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas y la CCCME reiteraron su alegación de que la muestra de productores exportadores chinos seleccionados estaba orientada a los resultados y sesgada, y no era coherente con al artículo 27, apartado 1 del Reglamento de base. En particular, la no inclusión de Tesla (Shanghái) en la muestra de productores exportadores chinos iba en contra del objeto mismo del muestreo y del Reglamento de base, y reflejaba el enfoque discriminatorio adoptado por la Comisión. Según las autoridades chinas y la CCCME, la no inclusión de Tesla (Shanghái) hacía que la muestra no fuera representativa, y Tesla (Shanghái) podía ser razonablemente investigada dentro del plazo. Además, la Comisión disponía del tiempo y los recursos necesarios para examinar a la empresa y establecer su porcentaje de subvención y, por tanto, podría haberse incluido en la muestra desde el principio. Al no incluir a Tesla (Shanghái) en la muestra, la Comisión incrementó artificialmente el derecho medio ponderado aplicable a los productores exportadores chinos que cooperaron no incluidos en la muestra, lo que demuestra que se adoptó un enfoque orientado y selectivo.

(27)

La Comisión subrayó que ya se abordaron alegaciones similares en los considerandos 54 y 55 del Reglamento provisional. La selección de la muestra se ajustaba plenamente a lo dispuesto en el artículo 27 del Reglamento de base, habida cuenta de las especificidades del asunto, y se consideró, por tanto, representativa del sector exportador de BEV de China. La Comisión no adoptó un enfoque orientado ni selectivo al establecer la muestra. Los motivos por los que la Comisión accedió a la solicitud de examen individual se explican en el considerando 30 del presente Reglamento. El hecho de que la Comisión pudiera otorgar un porcentaje de subvención individual a Tesla (Shanghái) no quiere decir que, en el momento en que se seleccionó la muestra, la inclusión de este exportador fuera posible o apropiada.

(28)

Por consiguiente, se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 48 a 76 del Reglamento provisional.

(29)

Tesla (Shanghái), un productor exportador de China, presentó una solicitud de examen individual con arreglo al artículo 27, apartado 3, del Reglamento de base, que le fue concedido.

(30)

La Comisión accedió a la solicitud de examen individual de Tesla (Shanghái) atendiendo a la simplicidad de la estructura corporativa de la empresa, que permitía que la Comisión dispusiera de tiempo y recursos suficientes para examinarla. No se recibió ninguna otra solicitud de examen individual.

(31)

Tras la comunicación provisional, el Grupo BYD, la CAAM, la CCCME, el Grupo Geely, las autoridades chinas, el Grupo SAIC y NIO formularon observaciones sobre cuestiones de procedimiento.

(32)

Tras la comunicación definitiva, la CCCME y las autoridades chinas formularon observaciones sobre cuestiones de procedimiento.

(33)

Tras la comunicación provisional, la CAAM alegó que la Comisión exigió a las empresas que facilitaran información, datos y «secretos comerciales» que excedían del alcance de la investigación.

(34)

La Comisión estuvo en desacuerdo con esa alegación. La Comisión consideró que la información solicitada a los productores exportadores incluidos en la muestra y sus partes vinculadas era necesaria para evaluar la existencia de subvenciones sujetas a medidas compensatorias en relación con los BEV y sus piezas y componentes. Además, como ya se indicó en el considerando 284 del Reglamento provisional, corresponde a la Comisión determinar qué información se considera necesaria para la investigación, y no a ninguna de las partes. La Comisión también recuerda que, de conformidad con el artículo 29, apartado 6, del Reglamento de base, la información recibida en el marco de la presente investigación se utilizó únicamente con el fin de evaluar la existencia de subvenciones sujetas a medidas compensatorias de conformidad con el Reglamento de base y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias («Acuerdo SMC»). Así pues, se rechazó la alegación.

(35)

Tras la comunicación provisional, el Grupo BYD indicó que el inicio ex officio de la investigación no estaba justificado. El Grupo BYD alegó que el término «circunstancias especiales» que figura en el artículo 10, apartado 8, del Reglamento de base ha de entrañar algo adicional a lo dispuesto en el artículo 10, apartado 2, del Reglamento de base, y que las explicaciones facilitadas en el anuncio de inicio describen una situación que no difiere con respecto a un inicio de la investigación basado una denuncia escrita.

(36)

El Grupo BYD añadió que las pruebas en las que se basó la Comisión para iniciar la investigación consistían en una recopilación de supuestas subvenciones basadas en informaciones de medios de comunicación, informes financieros auditados y disponibles públicamente de determinadas sociedades de cartera de empresas que no solo fabrican BEV y una lista de políticas y citas de investigaciones anteriores sobre importaciones de productos de distintos sectores industriales procedentes de China, y que un listado de una serie de políticas y subvenciones de asuntos anteriores no podía considerarse conforme con las disposiciones del artículo 11, apartado 2, del Acuerdo SMC ni con el nivel de suficiencia de las pruebas en relación con el sector de los BEV.

(37)

Además, el Grupo BYD argumentó que las alegaciones de amenaza de perjuicio importante y, en particular, la transición de las estructuras de producción de la industria automovilística de la Unión no podían justificar un inicio ex officio de la investigación, dado que los resultados económicos generales de la industria de la Unión reflejaban un impulso bastante fuerte.

(38)

La Comisión recordó que el documento de inicio y el memorándum contenían pruebas suficientes que parecían indicar la existencia de subvenciones, la amenaza de perjuicio y el nexo causal necesarios para iniciar una investigación antisubvenciones, de conformidad con el artículo 10, apartado 8, del Reglamento de base, y que las circunstancias especiales que justificaban el inicio de este procedimiento se habían expuesto con gran detalle tanto en el documento de inicio (10) como en el anuncio de inicio (11). Además, como ya se abordó en el considerando 119 del Reglamento provisional, para todos los diferentes regímenes aducidos en el documento de inicio, la Comisión proporcionó la base jurídica, la especificidad de estos regímenes de subvención para el sector de los BEV y, en la medida en que la Comisión tuvo acceso a ella, información detallada de fuentes públicamente disponibles sobre los importes de las subvenciones concedidas por las autoridades chinas a los productores exportadores de BEV. Por lo tanto, la Comisión consideró que disponía de pruebas suficientes de la existencia de subvenciones sujetas a medidas compensatorias de conformidad con el Reglamento de base y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias («Acuerdo SMC») de la Organización Mundial del Comercio («OMC»). La Comisión señaló que el Grupo BYD no niega la existencia de políticas, sino que únicamente pone en duda en qué medida son vinculantes para el sector de los BEV. La Comisión observó además que la información fácilmente accesible aportaba pruebas que indicaban que el sector de los BEV se menciona en varios documentos gubernamentales. El Grupo BYD no presentó pruebas que demostraran que esos documentos no fueran aplicables al producto afectado. Por consiguiente, los argumentos se consideraron irrelevantes.

(39)

Además, en el considerando 117 del Reglamento provisional, se explicó que, en el documento de inicio, la Comisión justificó suficientemente el inicio ex officio. En particular, la Comisión consideró que la rápida penetración en el mercado de las importaciones chinas de BEV a bajo precio y subvencionadas, que supone un riesgo de daño irreparable para la industria de la Unión, tenía un carácter especial que justificaba el inicio de una investigación ex officio. La subvención del sector chino de los BEV causó una importante y acelerada afluencia de importaciones de BEV de producción china en el mercado de la Unión a precios que presionan los precios o evitan aumentos de precios que de otro modo se habrían producido, amenazando con causar un perjuicio importante a la industria de los BEV de la Unión, que podría ser irreparable debido al desarrollo tecnológico y al nivel de financiación en I+D requerido. Por lo tanto, se rechazaron las alegaciones.

(40)

Tras la comunicación provisional, el Grupo SAIC y NIO alegaron que, habida cuenta de que el anuncio de inicio de la investigación en curso se publicó el 4 de octubre de 2023, de conformidad con el artículo 12, apartado 1, del Reglamento de base, la Comisión debía haber establecido derechos provisionales a más tardar el 4 de julio de 2024, y no el 5 de julio de 2024, es decir, no «después de nueve meses desde la fecha de inicio del procedimiento».

(41)

Sin embargo, de conformidad con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CEE, Euratom) n.o 1182/71 del Consejo (12), por el que se determinan las normas aplicables a los plazos, fechas y términos, «si un plazo expresado en días, semanas, meses o años debe contarse a partir del momento en que sobrevenga un acontecimiento o se cumplimente un acto, el día durante el cual ocurra dicho acontecimiento o se cumplimente dicho acto no se computará en el plazo». Esto quiere decir que la fecha de inicio para el cómputo del plazo de nueve meses era el día siguiente a la publicación del anuncio de inicio, es decir, el 5 de octubre de 2023, y se extendía hasta el 5 de julio de 2024, de conformidad con el artículo 3, apartado 2, letra c), del Reglamento (CEE, Euratom) n.o 1182/71. La Comisión consideró que había cumplido las disposiciones pertinentes del Reglamento de base y se rechazó la alegación.

(42)

Tras la comunicación provisional, el Grupo Geely alegó que el flujo continuo de cuestionarios y solicitudes de aclaración adicionales de la Comisión impuso al Grupo una carga excesiva, vulnerando sus debidas garantías procesales, por ejemplo, se le pidió que facilitara una gran cantidad de información tan solo una semana después del muestreo, antes del plazo mínimo de treinta días del que disponen los productores exportadores incluidos en la muestra para responder al cuestionario, según lo dispuesto en el Acuerdo SMC y el Reglamento de base.

(43)

La Comisión consideró que sus solicitudes de información fueron razonables y que en sus contactos con el Grupo Geely respetó plenamente sus garantías procesales. La Comisión reconoció los esfuerzos realizados por el Grupo Geely para responder a los cuestionarios y las solicitudes de corrección de deficiencias, que consideró proporcionales al tamaño y la complejidad del propio Grupo Geely. Señaló que todas las respuestas facilitadas por el Grupo fueron analizadas y verificadas, en la medida de lo posible, garantizando de este modo de que la información facilitada por el Grupo Geely se ajustase a los esfuerzos del Grupo y llevara a unas conclusiones que reflejaran con la máxima exactitud la situación del Grupo durante el período de investigación. Así pues, se rechazó la alegación.

(44)

El Grupo Geely alegó además que tras la publicación del cuestionario y la decisión sobre la constitución de la muestra, la Comisión amplió el alcance de las entidades participantes (13). El Grupo Geely recogió y presentó información de más de 120 entidades, pese a que mucha de esta información no era directamente relevante para la investigación. Esta carga excesiva vulneraba las debidas garantías procesales de la parte.

(45)

La Comisión señaló que el alcance de las entidades participantes no se había ampliado mediante la carta de referencia. Las empresas vinculadas del grupo con las actividades indicadas en la carta de la Comisión eran esenciales para determinar los datos relativos a las subvenciones del grupo en cualquier investigación sobre subvenciones, y el número de entidades participantes era proporcional al tamaño y la complejidad de cualquier grupo exportador investigado. Por consiguiente, la información facilitada por dichas empresas vinculadas no hacía sino mejorar la idoneidad de las conclusiones del Grupo Geely, que reflejaban con la máxima exactitud la situación del Grupo durante el período de investigación, garantizando de este modo el respeto de los derechos de dicho Grupo. Así pues, se rechazó la alegación.

(46)

El Grupo Geely alegó también que la investigación le impuso una carga extrema, a saber, presentó más de 280 respuestas, respetando a menudo plazos muy ajustados, gestionó 14 semanas de inspecciones in situ en tres ubicaciones, produciendo más de 880 pruebas de verificación. Pese a las reiteradas solicitudes (14) con arreglo al artículo 12.11 del Acuerdo SMC, estas solicitudes fueron rechazadas por la Comisión.

(47)

La Comisión observó que todas las solicitudes presentadas por el Grupo Geely se tuvieron debidamente en cuenta en el transcurso de la investigación. Sin embargo, los elementos que faltaban y que eran necesarios para completar las conclusiones del Grupo fueron solicitados y utilizados de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de base, conforme a los procedimientos normalizados de las investigaciones antisubvención tal y como se establece en el artículo 10, apartado 8, del Reglamento de base. Así pues, se rechazó la alegación.

(48)

Tras la comunicación provisional, el Grupo Geely alegó que debido al anonimato concedido a los productores, proveedores e importadores de la Unión, i) la Comisión trató como confidenciales los datos relativos a la industria de la Unión, incidiendo de este modo de manera significativa en la divulgación de información esencial acerca de la evaluación del perjuicio, lo que vulneró el correcto ejercicio del derecho de defensa del Grupo Geely; ii) tuvo poca visibilidad sobre la información de la industria de la Unión recogida por la Comisión; y iii) la Comisión dispensó un tratamiento de confidencialidad muy amplio a todos los dosieres presentados por las partes de la Unión.

(49)

La Comisión no trató como confidencial toda la información relacionada con la industria de la Unión, solamente la información que pudiera revelar la identidad de la industria de la Unión. Tal y como se explica en el considerando 16 del Reglamento provisional, debido al bajo número de grupos que fabrican BEV en el mercado de la Unión y a la gran cantidad de información pública y de pago disponible sobre estos grupos, la Comisión no pudo divulgar determinada información relacionada con los productores de la Unión incluidos en la muestra, ya que dicha información podría revelar la identidad de dichos productores. En la sección 4 del Reglamento provisional, la Comisión analizó todos los indicadores de perjuicio requeridos en el Reglamento de base. Además, la Comisión añadió al expediente no confidencial de la investigación las respuestas no confidenciales al cuestionario de los cuatro productores de la Unión incluidos en la muestra, las cartas no confidenciales previas a la inspección para las inspecciones in situ, así como los informes de misión no confidenciales, al igual que en cualquier otra investigación. Pese a la alegación del Grupo Geely, la Comisión no dispensó un tratamiento de confidencialidad muy amplio a todos los dosieres presentados por las partes de la Unión. Las respectivas versiones no confidenciales de dichos dosieres se añadieron al expediente no confidencial de la investigación y el Grupo Geely no mencionó qué era exactamente lo que faltaba en esos dosieres. Por lo tanto, se rechazaron estas alegaciones.

(50)

Tras la comunicación provisional, la CCME, las autoridades chinas, el Grupo Geely y el Grupo SAIC alegaron que, en lo que respecta a los cálculos del margen de subcotización, la explicación y los datos sobre los hechos facilitados por la Comisión a la CCCME y las autoridades chinas eran insuficientes y, por consiguiente, no podían comprender los cálculos ni formular observaciones significativas. En particular, la CCCME, las autoridades chinas y el Grupo SAIC alegaron que la Comisión no había facilitado ninguna explicación razonada sobre el modo en que la descripción de los números de control del producto («NCP») y los precios unitarios y los volúmenes de la industria de la Unión agregados a nivel de NCP podían llevar a la divulgación de las identidades de los productores de la Unión incluidos en la muestra, puesto que se agregaron los datos de los cuatro productores de la Unión incluidos en la muestra. La CCCME y las autoridades chinas también reiteraron dicha alegación tras la comunicación definitiva.

(51)

Por consiguiente, la CCCME, las autoridades chinas y el Grupo SAIC solicitaron a la Comisión que divulgara: i) los NCP de los productores exportadores chinos y de los productores de la Unión utilizados para la comparabilidad de los precios; ii) la cantidad y el valor en términos de NCP de los siete NCP de la industria de la Unión utilizados para la comparación. La CCCME y las autoridades chinas solicitaron a la Comisión que divulgara: i) el margen de subcotización de los cinco NCP comparables, es decir, excluyendo los NCP muy parecidos, y el porcentaje de correspondencia de las ventas de los exportadores chinos incluidos en la muestra y de los productores de la Unión incluidos en la muestra si se excluyeran los dos NCP muy parecidos; y ii) la diferencia en los elementos del NCP y si se realizaron ajustes para tener en cuenta las diferencias. El Grupo SAIC también formuló una solicitud similar. El Grupo SAIC también solicitó a la Comisión que divulgara: i) cuántos NCP fueron vendidos por los productores de la Unión incluidos en la muestra; ii) los NCP vendidos por los productores de la Unión incluidos en la muestra durante el período de investigación en total; y iii) la cantidad y el valor de los siete NCP que presentaban una correspondencia con los NCP chinos como porcentaje de las ventas totales en la Unión de los productores de la Unión incluidos en la muestra. Además, la CCCME y las autoridades chinas alegaron que se sabía que las ventas de los productores de BEV de la Unión correspondían fundamentalmente a los segmentos de lujo o de gama alta, en los que los productores chinos registran unas ventas, como mucho, insignificantes y, por consiguiente, para comprender la representatividad del cálculo se necesitaba la cuantía de las ventas de la Unión comparables a las ventas de los productores exportadores chinos incluidos en la muestra.

(52)

La Comisión únicamente reveló el cálculo del margen de subcotización medio ponderado a los tres productores exportadores chinos incluidos en la muestra. Sin embargo, parece que estas empresas facilitaron dichos expedientes a la CCCME y a las autoridades chinas, aunque esta información no se reveló ni a la CCCME ni a las autoridades chinas. Además, la CCCME también representaba a productores exportadores chinos que no estaban incluidos en la muestra y, por consiguiente, no recibieron de la Comisión el cálculo del margen de subcotización medio ponderado. Por otra parte, los tres productores exportadores chinos incluidos en la muestra también recibieron de la Comisión sus cálculos detallados del precio de venta al distribuidor correspondiente a cada una de sus transacciones de venta. Por consiguiente, era razonable concluir que los productores exportadores chinos incluidos en la muestra también facilitaron a la CCCME y a las autoridades chinas dichos expedientes y, por ello, la CCCME y las autoridades chinas pudieron calcular el volumen y los precios de venta por NCP correspondientes a los tres productores exportadores chinos incluidos en la muestra. Asimismo, habida cuenta de que la Comisión también divulgó el volumen y el valor totales de las ventas de los productores exportadores chinos incluidos en la muestra, la CCCME y las autoridades chinas pueden verificar los datos en consecuencia. Es más, la Comisión divulgó el porcentaje de correspondencia de las ventas de los productores exportadores chinos (es decir, el porcentaje de las ventas de los productores exportadores chinos incluidos en la muestra que presentaba una correspondencia con las ventas de los productores de la Unión incluidos en la muestra). Dado que la correspondencia era muy elevada en general y en relación con cada productor exportador chino incluido en la muestra, y se vendían volúmenes distintos de cada NCP, la CCCME y las autoridades chinas pueden comprender perfectamente qué NCP de los productores exportadores chinos se utilizaron en el cálculo del margen de subcotización.

(53)

Por otro lado, en la comunicación individual remitida a los productores exportadores chinos incluidos en la muestra, la Comisión explicó que no era posible divulgar los NCP, la cantidad ni los precios de la industria de la Unión a nivel de NCP porque podrían revelar la identidad de los productores de la Unión incluidos en la muestra. Además, en el considerando 95 del Reglamento provisional, la Comisión explicó que el mercado de BEV de la Unión estaba formado por un pequeño número de grupos de productores. Había una cantidad significativa de información pública y de información muy detallada disponible mediante una suscripción de pago en relación con la industria de BEV de la Unión a la que la CCCME, las autoridades chinas, el Grupo Geely y el Grupo SAIC podrían tener acceso. Por ejemplo, las descripciones técnicas de cada BEV vendido por la industria de la Unión estaban públicamente disponibles en el catálogo o folleto de los productores o distribuidores de la Unión, así como en determinadas bases de datos tales como Electric Vehicle Database (15). Por consiguiente, cualquier parte interesada puede crear los NCP de todos los modelos de BEV vendidos por la industria de la Unión y los productores exportadores chinos en el mercado de la Unión. Además, a partir de la información pública publicada por la Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA) o mediante una suscripción de pago de S&P Global Mobility, la CCCME, las autoridades chinas, el Grupo SAIC y el Grupo Geely pueden conocer el volumen de ventas de cada modelo de BEV en el mercado de la Unión. De ello se deduce que, al divulgar los NCP de la industria de la Unión o el volumen de ventas de la industria de la Unión en el período de investigación, así como la cantidad y el valor en términos de NCP de los siete NCP de la industria de la Unión utilizados para la comparación, en vista del gran volumen de información disponible públicamente y mediante suscripción de pago, existe un riesgo muy alto de que se revele la identidad de los productores de la Unión incluidos en la muestra.

(54)

En lo que respecta a la divulgación del margen de subcotización de los cinco NCP comparables, la Comisión señaló que divulgó el margen de subcotización de cada NCP que presentaba una correspondencia con los NCP chinos (siete NCP de los diecisiete NCP exportados por los productores exportadores chinos durante el período de investigación). Sin embargo, la Comisión no vio la utilidad de divulgar dichos cálculos, dado que estaba claro que los productores exportadores chinos no exportaron únicamente estos cinco NCP en el mercado de la Unión durante el período de investigación.

(55)

En lo que respecta a la diferencia en los elementos del NCP y a si se realizaron ajustes para tener en cuenta dichas diferencias, la Comisión aclaró que la diferencia en el NCP y el NCP muy parecido tenía que ver únicamente con la potencia de los BEV, es decir, se comparó un BEV chino más potente con un BEV de la Unión menos potente. La Comisión no realizó ningún ajuste relacionado con la diferencia de potencia, ya que si todas las demás características del NCP eran idénticas, un BEV más potente era más caro que un BEV menos potente.

(56)

Por otro lado, el número de NCP vendidos por la industria de la Unión es irrelevante para el cálculo de la subcotización. Además, tal y como se explica en el considerando 53 del presente Reglamento, la Comisión no puede divulgar los NCP vendidos por los productores de la Unión incluidos en la muestra durante el período de investigación.

(57)

En lo que respecta a la cantidad y el valor de los siete NCP que presentaban una correspondencia con los NCP chinos como porcentaje de las ventas totales en la Unión de los productores de la Unión incluidos en la muestra, en el considerando 1044 del Reglamento provisional la Comisión afirmó que la correspondencia entre los NCP chinos y los NCP de la Unión era muy elevada de promedio, y esta correspondencia es del 88 % de las ventas totales de los productores de la Unión incluidos en la muestra. La Comisión observó que había una errata en el considerando 1044 del Reglamento provisional, ya que la correspondencia era del 83 % en lugar del 88 % de los productores de la Unión incluidos en la muestra. Si se excluían los NCP muy parecidos, la correspondencia era del 61 %. Este cálculo se realizó para el volumen de ventas. Un cálculo basado en el valor de las ventas es irrelevante en este sentido porque los precios de los NCP son distintos y, por consiguiente, el resultado sería engañoso.

(58)

Además, tal y como se destaca en el considerando 1042 del Reglamento provisional, no existía una segmentación universalmente aceptada para los turismos y no estaba claro qué se entendía por marcas «de gama básica», «de gama media», «de gama alta» y «de lujo» ya que existía un amplio margen de interpretación. No obstante, en aras de una mayor claridad, no es objetivamente correcto que las ventas de los productores de BEV de la Unión correspondieran fundamentalmente a los segmentos de lujo o de gama alta, en los que los productores chinos registran unas ventas insignificantes. Por ejemplo, de acuerdo con LMC Automotive o S&P Global Mobility, los productores de la Unión como e.Go Mobile, Hyundai, Renault, Stellantis y Volkswagen venden marcas que no se consideran marcas de lujo o de gama alta. Además, Geely ha vendido en la Unión la marca Polestar 2, considerada una marca de gama alta por LMC Automotive o S&P Global Mobility.

(59)

Por último, la Comisión atenuó los efectos de una divulgación menos completa facilitando una evaluación muy detallada de la metodología empleada y un análisis de los distintos operadores, canales de venta y modelos de venta empleados en el período de investigación. Como ya se ha explicado, no podían divulgarse más detalles por el riesgo de que se revelaran las identidades de los productores de la Unión. Este planteamiento está justificado porque el mercado de BEV de la Unión es abierto y transparente y todos los operadores del mercado tienen capacidades comerciales bien desarrolladas para examinar los modelos de sus competidores. Es por ello que no pueden divulgarse más detalles del cálculo de la subcotización tales como los NCP.

(60)

Por tanto, se rechazaron estas solicitudes.

(61)

Tras la comunicación provisional, el Grupo SAIC declaró que no recibió un cálculo del margen de subcotización individual.

(62)

La Comisión no tiene ninguna obligación legal de calcular un margen de subcotización por productor exportador incluido en la muestra. El margen de subcotización es un indicador de perjuicio y, por lo tanto, el cálculo de un margen de subcotización medio ponderado es suficiente para la evaluación del perjuicio. No es lo mismo que el margen de perjuicio (margen de subvalorización) que debe calcularse para cada productor exportador cuando el derecho se base en el margen de subvalorización. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(63)

Tras la comunicación provisional, el Grupo Geely alegó que en los cálculos de la subcotización la Comisión utilizó NCP distintos a los que la Comisión había indicado al Grupo Geely que utilizara y que la Comisión no había facilitado ninguna explicación sobre el alcance de los nuevos NCP.

(64)

Sin embargo, para el cálculo del margen de subcotización la Comisión no utilizó NCP distintos a los que pidió a los productores exportadores incluidos en la muestra y a los productores de la Unión incluidos en la muestra que utilizaran. La Comisión simplemente sustituyó cada NCP por NCP1, NCP2, etc., con el fin de no divulgar los NCP utilizados exactamente para el cálculo de la subcotización debido a que podría revelar la identidad de los productores de la Unión incluidos en la muestra, tal y como se explica en el considerando 53 del presente Reglamento. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(65)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas y la CCCME argumentaron que la comunicación definitiva no aportaba los hechos esenciales en los que se sustentaban las conclusiones de la Comisión con respecto a la existencia de subvenciones y de amenaza de perjuicio causado por estas, en particular, en relación con i) los supuestos préstamos preferenciales, ii) el supuesto suministro de insumos, iii) la supuesta concesión de derechos de uso del suelo a cambio de una remuneración inferior a la adecuada, iv) la base fáctica de la afirmación de la Comisión mencionada en el considerando 771 del presente Reglamento de que las cantidades de ventas de los productores de la Unión habrían sido muy diferentes y elevadas en ausencia de importaciones de BEV chinos, v) cómo filtró la Comisión los datos de la AEMA y los desglosó entre importaciones de BEV de marca china y autoimportaciones y cómo evaluó el origen de los BEV; la base de la segregación de los datos de la AEMA entre producto afectado y producto distinto del producto afectado; la base del desglose de la producción en la UE y la producción fuera de la UE del modelo Y de Tesla, vi) la base fáctica de la determinación de la Comisión de que «la situación de la industria de la Unión empeorará, ya que las importaciones subvencionadas procedentes de China a precios subcotizados aumentarán en un futuro próximo», vii) la base fáctica en la que se basó la Comisión en su análisis de no atribución para desestimar a) las autoimportaciones de la industria de la Unión, b) la competencia de la industria dentro de la Unión y c) una industria de la Unión en transición de los ICE a los BEV, así como otros factores conocidos que repercutan negativamente en la situación de la industria de la Unión, y viii) la base fáctica de la conclusión de la Comisión de que cualquier aumento de los costes debido a cuestiones reglamentarias solo habría afectado a la industria de la Unión en el pasado.

(66)

Tras la comunicación definitiva, la Comisión informó a todas las partes interesadas de sus conclusiones por medio de un Documento de Comunicación General y facilitó información detallada acerca de la metodología y los cálculos realizados en relación con los porcentajes de subvención de las empresas incluidas en la muestra y las empresas examinadas individualmente, en particular, detalles sobre la selección de la muestra, los préstamos preferenciales, el suministro de insumos y la concesión de derechos de uso del suelo a cambio de una remuneración inferior a la adecuada. En las secciones 3.5 y 3.7 figura un resumen detallado de las observaciones recibidas en relación con estos regímenes de subvenciones.

(67)

En lo que respecta al inciso iv), en el considerando 771 del presente Reglamento, la Comisión indicó que no estaba de acuerdo en que se habría producido una contención de los precios en ausencia de importaciones chinas y que era evidente que el mercado de la Unión habría sido muy diferente si no hubiera habido grandes cantidades de importaciones chinas subvencionadas en el mercado de la Unión a precios que subcotizaban los precios de la Unión. De hecho, en ausencia de competencia desleal china, la industria de la Unión habría vendido muchos más BEV en el mercado de la Unión (cabe señalar que las importaciones subvencionadas ganaron cuota de mercado de un modo desleal durante el período considerado en detrimento de las ventas de la industria de la Unión y que la industria china vendió BEV similares a los de la industria de la Unión ya que la correspondencia entre los NCP chinos y los NCP de la Unión en el período de investigación fue superior al 90 % para cada uno de los productores exportadores, tal y como se explica en el considerando 1031 del Reglamento provisional), lo que habría permitido a la industria de la Unión reducir los costes unitarios aprovechando una capacidad mucho mayor para repartir sus costes fijos entre más ventas. Esto habría permitido a los productores de la Unión fijar precios a niveles más rentables en el contexto de la transición del mercado de los vehículos ICE a los BEV.

(68)

En lo que respecta al inciso v), estas cuestiones se han abordado en los considerandos 716 y 717 del presente Reglamento.

(69)

En lo que respecta al inciso vi), tal y como se explica en el considerando 1023 del presente Reglamento, la Comisión concluyó que las importaciones procedentes de China aumentarían tras evaluar varias medidas que indicaban la probabilidad de un nuevo aumento sustancial de las importaciones en los considerandos 1113 a 1118 del Reglamento provisional, el atractivo de la industria de la Unión en los considerandos 1119 a 1129 del Reglamento provisional y la probable evolución de las cuotas de mercado de las importaciones chinas en el mercado de la Unión en los considerandos 1130 a 1137 del Reglamento provisional. Además, la Comisión concluyó en el considerando 1138 del Reglamento provisional que era probable que se produjera en un futuro próximo un aumento de las cuotas de mercado, principalmente de las marcas chinas, al evaluar el elevado número de anuncios realizados por los productores exportadores chinos relativos al lanzamiento de nuevos modelos de BEV en el mercado de la Unión, como se explica en los considerandos 1126 y 1127 del Reglamento provisional, mientras que los fabricantes de equipos originales de vehículos ICE de la Unión que estaban en transición a la producción de BEV no anunciaron ningún plan importante para importar BEV de China y la mayoría de ellos tenían un modelo o marca de BEV importados de China en volúmenes significativamente inferiores a los de su producción en la Unión. Además, el nivel de existencias de BEV en la Unión de BEV chinos, tal como se establece en los considerandos 1157 a 1159 del Reglamento provisional, es un indicador pertinente de la presión futura ejercida por los BEV chinos sobre la industria de la Unión, ya que estas cantidades están claramente destinadas en esencia a la venta en el mercado de la Unión.

(70)

Por otro lado, un aumento de las cuotas de mercado de las importaciones chinas causó un descenso de la cuota de mercado de la industria de la Unión, lo que se traduce en una reducción del volumen de producción de la industria de la Unión y, por consiguiente, unos costes unitarios más elevados. Además, para poder competir con los BEV chinos, la industria de la Unión tendría que bajar los precios, por lo que aumentarían sus pérdidas financieras. Más aún, una industria que pierde cuota de mercado continuamente y registra pérdidas financieras cada vez mayores no podrá seguir invirtiendo ni tampoco podrá lanzar nuevos modelos de BEV en el mercado de la Unión. Por ello, la situación de la industria de la Unión empeorará, ya que las importaciones subvencionadas procedentes de China a precios subcotizados aumentarán en un futuro próximo.

(71)

En lo que respecta al inciso vii), las autoimportaciones de la industria de la Unión como factor causante de una amenaza de perjuicio para la industria de la Unión se abordaron en el considerando 1213 del Reglamento provisional y en el considerando 1218 del presente Reglamento. Concretamente, en el considerando 1218 del presente Reglamento, la Comisión indicó que realizó un análisis de las denominadas autoimportaciones en los considerandos 1212 a 1214 del Reglamento provisional y facilitó un desglose de la cuota de mercado de las importaciones de: i) los productores exportadores chinos vinculados a los fabricantes de equipos originales de vehículos ICE de la Unión en transición a la producción de BEV; ii) Tesla; y iii) todas las demás importaciones chinas en los cuadros 12a y 12b del Reglamento provisional en los considerandos 1132 y 1134, respectivamente. La Comisión explicó además que dicho análisis debe considerarse junto con los datos incluidos en el cuadro 13 del presente Reglamento. Es más, la Comisión indicó que la norma jurídica en materia de causalidad exige que todas las importaciones originarias del país afectado se evalúen de forma conjunta. Esto es precisamente lo que hizo la Comisión en la sección 6.1 del Reglamento provisional. Además, la Comisión desglosó las importaciones chinas utilizando, entre otras cosas, los cuadros 12a y 12b del Reglamento provisional y el cuadro 13 del presente Reglamento, con el fin de determinar la evolución del perfil de las importaciones chinas. La Comisión llegó a la conclusión de que las importaciones de marcas chinas estaban ganando importancia y que estaba previsto que las ventas en el mercado de la Unión aumentaran, debido a la disponibilidad de existencias y a los anuncios realizados en relación con el aumento de las importaciones en el mercado de la Unión en el período posterior al período de investigación y en los próximos años. Esta conclusión también se vio confirmada por los datos posteriores al período de investigación, que mostraron que las importaciones de las marcas chinas aumentaron significativamente, hasta un 14,1 %, en el segundo trimestre de 2024, mientras todas las demás importaciones procedentes de China disminuyeron, como se muestra en el cuadro 10 del presente Reglamento. Así pues, la Comisión llevó a cabo correctamente un análisis de las denominadas autoimportaciones y llegó a la conclusión de que no era probable que dichas importaciones contribuyeran a la amenaza de perjuicio importante.

(72)

Además, la competencia de la industria dentro de la Unión como factor causante de una amenaza de perjuicio para la industria de la Unión se abordó en los considerandos 1225 y 1227 del presente Reglamento. En particular, la Comisión explicó que pese a que ni la CCCME ni las autoridades chinas presentaron ninguna prueba del modo en que la competencia de la industria dentro de la Unión estaba teniendo efectos negativos en los productores de la Unión, o podría tenerlos, en cualquier caso, el propósito de la investigación era evaluar si las importaciones de BEV procedentes de China estaban subvencionadas, si constituían una amenaza para la industria de la Unión y si redundaba en interés de la Unión imponer medidas compensatorias si se cumplían las condiciones legales. La Comisión explicó también que en la investigación se constató que, en el caso de la industria de la Unión, su situación de deterioro era resultado de la competencia exterior desleal de las importaciones chinas subvencionadas que constituyen una amenaza de perjuicio importante. En esta investigación no se evaluó la competencia entre los productores de la Unión en el mercado de la Unión, ya que las conclusiones se refieren a la industria de la Unión en su conjunto. Además, la Comisión señaló que ni la CCCME ni las autoridades chinas presentaron pruebas de que la competencia de la industria dentro de la Unión estuviera contribuyendo a algún perjuicio para la industria de la Unión o, en cualquier caso, que atenuaran el nexo entre las importaciones subvencionadas procedentes de China y la amenaza de perjuicio.

(73)

Por otro lado, la industria de la Unión en transición de los vehículos ICE a los BEV se explicó en los considerandos 1232 a 1234 del presente Reglamento. En particular, la Comisión indicó que la transición de los vehículos ICE a los BEV supuso un contexto de referencia clave para el análisis de la amenaza de perjuicio, la causalidad y el interés de la Unión en su totalidad. Esta transición está en curso y está previsto que continúe hasta 2035. La transición era una parte clave del Pacto Verde de la Comisión para cumplir los objetivos en materia de emisiones de CO2. Los productores de la Unión han desarrollado estrategias detalladas, que implican la ejecución de planes de inversión masivos, con el fin de cumplir la legislación pertinente para alcanzar estos objetivos. Por lo tanto, la transición es esencial para el futuro de la industria de la Unión. Además, la transición del mercado de la Unión de vehículos ICE a BEV forma parte del marco regulador de la industria automovilística de la Unión. Los productores de vehículos de la Unión deben cumplir dicho marco regulador, así como otras disposiciones legislativas. No puede considerarse que el marco regulador cause una amenaza de perjuicio a efectos del artículo 8, apartado 8, del Reglamento de base. Por el contrario, constituye el marco en el que se lleva a cabo la evaluación de la amenaza de perjuicio a efectos del artículo 8, apartado 8, del Reglamento de base. De hecho, la Comisión constató que la amenaza inminente para la industria de la Unión no era la propia transición, sino las importaciones subvencionadas procedentes de China, que amenazan la consecución del proceso de transición.

(74)

En lo que respecta al inciso viii), en el considerando 1229 del presente Reglamento, la Comisión indicó que consideraba que cualquier aumento de los costes debido a cuestiones reglamentarias habría afectado a la industria de la Unión. No se aportó ninguna prueba de que esta cuestión pudiera constituir una amenaza de perjuicio para la industria de la Unión en los años posteriores al período de investigación. Por otro lado, si bien algunos productores de la Unión empezaron a invertir en la producción de BEV antes del período considerado tal y como se explica en el considerando 996 del Reglamento provisional, las mayores inversiones en la producción de BEV empezaron a materializarse tras la publicación del Reglamento (UE) 2019/631 del Parlamento Europeo y del Consejo (16), modificado posteriormente por el Reglamento (UE) 2023/851 del Parlamento y del Consejo (17). Como se muestra en el cuadro 1 del Reglamento provisional, al comienzo del período considerado (es decir, en 2020) solamente el 5,4 % del mercado de turismos de la Unión realizó la transición a BEV. El Reglamento (UE) 2019/631 obligaba a los fabricantes de turismos de la Unión a aumentar la producción de BEV y reducir la producción de vehículos ICE destinados a la venta en el mercado de la Unión. Como se indica en el considerando 1229 del presente Reglamento, si bien la transición a la electrificación es obligatoria por ley, este hecho en sí mismo no supone una amenaza para la industria de la Unión en el sentido del artículo 8, apartado 8, del Reglamento de base, puesto que, como cualquier otra industria, los productores de BEV deben adaptarse al marco regulador existente. De hecho, el marco regulador constituye el marco en el que se lleva a cabo la evaluación de la amenaza de perjuicio en el sentido del artículo 8, apartado 8, del Reglamento de base. Además, a pesar de que sigue siendo necesario cumplir varios Reglamentos después del período de investigación, la CCCME y las autoridades chinas no detectaron ningún Reglamento nuevo importante que amenace con causar un perjuicio a la industria de la Unión a efectos del artículo 8, apartado 8, del Reglamento de base. Por el contrario, la Comisión estableció que son las importaciones subvencionadas las que amenazan la viabilidad de la industria de BEV de la Unión. Sin unas condiciones de mercado justas, los productores de la Unión no podrán alcanzar las economías de escala necesarias.

(75)

Tras la comunicación definitiva, la CCCME alegó que la Comisión no abordó las bases fácticas en las que se basó para desestimar o no considerar y abordar los dos análisis económicos elaborados por los profesores de la Katholieke Universiteit Leuven y el Centre of Economic Policy Research (CEPR) presentados por la CCCME el 20 de diciembre de 2023 y el 19 de julio de 2024.

(76)

En el considerando 1252 del Reglamento provisional, la Comisión explicó que el informe presentado el 20 de diciembre de 2023 concluyó que las importaciones de BEV chinos eran indispensables para el mercado de BEV de la Unión, para los productores y consumidores de BEV de la Unión y para la Unión en su conjunto, ya que estas importaciones son necesarias para mantener la competencia y la innovación en la Unión y acelerar la disponibilidad de BEV asequibles para los consumidores medios y para garantizar el cumplimiento de los objetivos climáticos de la Unión. Además, en el considerando 1253 del Reglamento provisional, la Comisión indicó que con independencia del valor fiable y objetivo del informe presentado el 20 de diciembre de 2023, el objetivo de los derechos compensatorios no era detener las importaciones de BEV procedentes de China, sino restablecer la igualdad de condiciones en el mercado de la Unión distorsionada por las importaciones subvencionadas procedentes de China a precios bajos. Por tanto, la Comisión abordó el objetivo principal del informe. Por otro lado, la versión completa del informe se presentó como versión confidencial y solamente se presentó como no confidencial un resumen de este. Por último, el informe recoge la opinión de los dos profesores y se refiere a varios artículos académicos y bibliografía elaborados durante el período 1951-2020. En ninguno de dichos artículos o bibliografía se hace referencia explícita a la industria de la BEV de la Unión ni de China durante el período considerado.

(77)

La Comisión consideró que había examinado y abordado suficientemente los argumentos recogidos en dichos informes, incluso aunque en muchos casos dichos argumentos no estaban justificados con pruebas o no hacían referencia a ninguna fuente pertinente. En aras de la claridad, a un nivel más detallado, el informe indica que el crecimiento de las importaciones de BEV chinos en la Unión no se debe a las supuestas subvenciones puesto que a) la mayoría de las importaciones de BEV en la UE son «autoimportaciones» realizadas por empresas activas en la industria de la UE, b) China posee una dilatada experiencia en el ámbito de las baterías para la electrónica de consumo, c) las importaciones procedentes de China reflejan la situación del ciclo tecnológico, d) la importancia de la producción de baterías para tener éxito en la industria de los BEV es temporal.

(78)

En la sección 3 del Reglamento provisional y en la sección 3 del presente Reglamento, la Comisión demostró que los BEV procedentes de China están subvencionados. En lo que respecta a la letra a), la Comisión explicó en el considerando 998 del Reglamento provisional que algunos de los productores de la Unión estaban importando BEV de China. Por otro lado, las autoimportaciones como factor causante de una amenaza de perjuicio para la industria de la Unión se abordaron en el considerando 1213 del Reglamento provisional y en el considerando 1183 del presente Reglamento. Concretamente, en el considerando 1183 del presente Reglamento, la Comisión indicó que realizó un análisis de las denominadas autoimportaciones en los considerandos 1212 a 1214 del Reglamento provisional y facilitó un desglose de la cuota de mercado de las importaciones de: i) los productores exportadores chinos vinculados a los fabricantes de equipos originales de vehículos ICE de la Unión en transición a la producción de BEV; ii) Tesla; y iii) todas las demás importaciones chinas en los cuadros 12a y 12b del Reglamento provisional en los considerandos 1132 y 1134, respectivamente. La Comisión explicó además que dicho análisis debe considerarse junto con los datos incluidos en el cuadro 13 del presente Reglamento. Es más, la Comisión indicó que la norma jurídica en materia de causalidad exige que todas las importaciones originarias del país afectado se evalúen de forma conjunta. Esto es precisamente lo que hizo la Comisión en la sección 6.1 del Reglamento provisional. Además, la Comisión desglosó las importaciones chinas utilizando, entre otras cosas, los cuadros 12a y 12b del Reglamento provisional y el cuadro 13 del presente Reglamento, con el fin de determinar la evolución del perfil de las importaciones chinas. La Comisión llegó a la conclusión de que las importaciones de marcas chinas estaban ganando importancia y que estaba previsto que las ventas en el mercado de la Unión aumentaran, debido a la disponibilidad de existencias y a los anuncios realizados en relación con el aumento de las importaciones en el mercado de la Unión en el período posterior al período de investigación y en los próximos años. Esta conclusión también se vio confirmada por los datos posteriores al período de investigación, que mostraron que las importaciones de las marcas chinas aumentaron significativamente, hasta un 14,1 %, en el segundo trimestre de 2024, mientras todas las demás importaciones procedentes de China disminuyeron, como se muestra en el cuadro 10 del presente Reglamento. Así pues, la Comisión llevó a cabo correctamente un análisis de las denominadas autoimportaciones y llegó a la conclusión de que no era probable que dichas importaciones contribuyeran a la amenaza de perjuicio importante.

(79)

En lo que respecta a las letras b), c) y d), el hecho de que China posea una dilatada experiencia en el ámbito de las baterías para la electrónica de consumo resulta irrelevante. Como se explica en la sección 3 del Reglamento provisional y en el presente Reglamento, las baterías para los BEV han sido subvencionadas por las autoridades chinas.

(80)

Además, el informe indica que no había ninguna amenaza de perjuicio porque a) los casos temporales de producción excedentaria son algo natural, b) dado que la capacidad de BEV es dinámica, no puede considerarse al margen de la capacidad de vehículos ICE, c) la existencia de una considerable segmentación del mercado merma cualquier efecto competitivo, d) las diferencias de precios de los modelos son el resultado de muy diversos factores, pero los precios de los BEV importados de China no son sistemáticamente inferiores a los precios de los BEV producidos en la UE, e) la penetración de los BEV en el mercado sigue unos patrones previsibles de las nuevas tecnologías y, en última instancia, da lugar a inversiones chinas en Europa, f) los efectos de red considerables que se producen en la infraestructura de recarga exigen rapidez en la adopción de los BEV, g) las cadenas de valor globales de los componentes de los vehículos propulsados con energías alternativas («los NEV», por sus siglas en inglés) hacen que los productores de la UE puedan aprovecharse de un mercado chino desarrollado.

(81)

La Comisión demostró en la sección 5 del Reglamento provisional y en la sección 5 del presente Reglamento que existe realmente una amenaza de perjuicio. A esta conclusión se llegó al analizar los factores establecidos en el artículo 8, apartado 8, párrafo segundo, del Reglamento de base, tal y como se explica en el considerando 1105 del Reglamento de base.

(82)

Por otro lado, la Comisión abordó la cuestión de la capacidad, la segmentación y la diferencia de precios (es decir, el margen de subcotización) en el Reglamento provisional y en el presente Reglamento. Además, la Comisión no considera que la elevada capacidad excedentaria de China sea temporal, y la CCCME no presentó ninguna prueba en este sentido. Asimismo, como se explica en el considerando 1142 del Reglamento provisional, la Comisión no consideró la capacidad de BEV al margen de la capacidad de vehículos ICE. Por otro lado, las futuras inversiones en la Unión por parte de los productores exportadores chinos no constituyen un aspecto que sea objeto de la presente investigación, ya que el objetivo de esta última es establecer la igualdad de condiciones en el mercado de la Unión. La Comisión también abordó la cuestión de la infraestructura de recarga en la sección 7 del Reglamento provisional. Por último, la imposición de medidas no detendrá las importaciones procedentes de China de BEV ni de piezas necesarias para la industria de la Unión.

(83)

Por último, en el informe se indica que las medidas destinadas a limitar las importaciones de BEV chinos no redundarían en interés de la Unión dado que limitar las importaciones de BEV a) implica renunciar a importantes beneficios medioambientales, b) implica una menor competencia de precios estática, c) implica una menor competencia dinámica y d) limita el incentivo de las empresas para innovar.

(84)

Como se explica en el considerando 81 del presente Reglamento, la imposición de medidas compensatorias no detendrá las importaciones procedentes de China. Tan solo establecerá la igualdad de condiciones en el mercado de la Unión.

(85)

En el informe del 19 de julio de 2024 se formularon observaciones sobre las conclusiones del Reglamento provisional. En dicho informe se citan tres referencias, a saber, el informe del 20 de diciembre de 2023 y dos artículos académicos elaborados en 2016 y 2023, respectivamente.

(86)

El informe indica que la diferencia de precios se sobrestimó y no implica una subcotización de precios debido a a) las diferencias en las características observables, b) los distintos segmentos de mercado, c) el valor de la marca para las empresas de la Unión, d) el valor de los concesionarios heredados para las empresas de la Unión, e) los precios iniciales de los nuevos participantes en el mercado, f) las diferencias en el coste de producción, g) el muestreo selectivo.

(87)

Las letras a), b), c) y d) se abordaron en los considerandos 1022 a 1049 del Reglamento provisional y en los considerandos 748 a 831 del presente Reglamento. Por otro lado, en lo que respecta a la letra e), el hecho de que los nuevos participantes entren en un mercado con precios más bajos que los de los operadores históricos es irrelevante. El fondo de la cuestión es que los BEV procedentes de China están subvencionados y suponen una amenaza para el mercado de la Unión. Además, el hecho de que el coste de producción chino sea inferior también resulta irrelevante porque el coste de producción parece estar vinculado a la subvención recibida. Por último, no se aplicó ningún muestreo selectivo a los productores exportadores chinos y esta cuestión ya se ha abordado, reiteradamente, en el Reglamento provisional y en el presente Reglamento.

(88)

El informe también indica que el crecimiento de las importaciones procedentes de China se sobrestimó y no seguirá creciendo. La Comisión se mostró en desacuerdo con esta alegación. Como se explica en el cuadro 13 del presente Reglamento, en el segundo trimestre de 2024 las importaciones de BEV de las marcas chinas ya habían alcanzado una cuota de mercado del 14,1 %.

(89)

Por otro lado, el informe indica que el argumento sobre el exceso de capacidad es irrelevante dado que a) tanto los productores de la Unión como los chinos tienen capacidad excedentaria, pero esto no influye en las decisiones sobre la fijación de los precios ni sobre las exportaciones, b) tanto en el caso de los productores de la Unión como en el caso de los chinos, la capacidad a medio plazo, que combina vehículos ICE y BEV, es prácticamente ilimitada en relación con el tamaño del mercado de BEV.

(90)

La Comisión se mostró totalmente en desacuerdo con que la capacidad excedentaria de los productores exportadores chinos fuese irrelevante. Además, el hecho de que la industria de la Unión tenga una supuesta capacidad excedentaria (una alegación que fue rechazada por la Comisión en el considerando 845 del presente Reglamento) es irrelevante debido a que la industria de la Unión no constituye una amenaza de perjuicio para la industria nacional china. Las exportaciones de BEV de la industria de la Unión a China son muy reducidas. Por otro lado, dado que la investigación solamente se refiere a los BEV, la Comisión está obligada legalmente a investigar los BEV y no los vehículos ICE. La Comisión abordó la capacidad de producción de vehículos ICE en China como cálculo alternativo de la capacidad excedentaria de BEV (véase el considerando 1142 del Reglamento provisional).

(91)

Además, en el informe también se indica que a) las exportaciones chinas de BEV no son particularmente elevadas, b) los productores de la Unión experimentan un fuerte aumento de las exportaciones, c) los productores chinos no apuntan a mercados de exportación.

(92)

La Comisión se mostró en desacuerdo con estas alegaciones. Evidentemente, una cuota de mercado de las importaciones chinas del 25,0 % en el período de investigación, como se muestra en el cuadro 2a del Reglamento provisional, es significativa. Las exportaciones de la industria de la Unión se abordaron en la sección 6.2.2 del Reglamento provisional. Además, el hecho de que los chinos estén apuntando al mercado de exportación también se ha abordado en los considerandos 1114 a 1118 del Reglamento provisional y en los considerandos 1031 a 1043 del presente Reglamento.

(93)

En el informe también se indica que a) las posibles subvenciones a empresas chinas deben compararse con posibles subvenciones a empresas de la Unión y b) es probable que las subvenciones a los productores de BEV chinos se hayan sobrestimado.

(94)

La letra a) se abordó en el considerando 1262 del Reglamento provisional. En lo que respecta a la letra b), la Comisión explicó detalladamente en la sección 3 del Reglamento provisional y en la sección 3 del presente Reglamento el modo en que se calcularon las subvenciones, y los cálculos detallados se comunicaron a los productores exportadores chinos incluidos en la muestra, quienes tuvieron la oportunidad de formular observaciones.

(95)

Además, el informe reitera los argumentos sobre el interés del Unión que se exponen en el considerando 83 del presente Reglamento.

(96)

La CCCME no señaló qué puntos concretos presentados en estos informes no fueron abordados directa o indirectamente por la Comisión, bien en el Reglamento provisional o bien en el presente Reglamento. Por tanto, en vista de las explicaciones recogidas en los considerandos 76 a 95 del presente Reglamento, la Comisión consideró que los puntos clave de ambos informes han sido abordados directa o indirectamente, bien en el Reglamento provisional y/o bien en el presente Reglamento.

(97)

Tras la comunicación definitiva, la CCCME y las autoridades chinas también alegaron que no estaba claro cómo había calculado la Comisión el volumen de producción correspondiente al período de investigación, ya que los datos de Prodcom no se notificaban mensualmente. La CCCME y las autoridades chinas alegaron además que no se había proporcionado información acerca de las fuentes públicamente disponibles a las que se refirió la Comisión.

(98)

Esta alegación se ha abordado en el considerando 689 del presente Reglamento. Por otro lado, la Comisión no podía revelar el sitio web de qué productor de la Unión utilizó en este sentido, ya que revelaría qué productor de la Unión cooperó en la investigación. Así pues, se rechazó la alegación.

(99)

Tras la comunicación definitiva, la CCCME y las autoridades chinas también alegaron que la Comisión no ha puesto la información facilitada por las partes interesadas a disposición de otras partes interesadas de forma oportuna y rápida durante la investigación.

(100)

La Comisión se mostró en desacuerdo con esta alegación. Debido al anonimato concedido a determinadas partes, la Comisión tenía que comprobar cuidadosamente la información presentada por las partes para asegurarse de que no se revelara inadvertidamente la identidad de los productores de la Unión. Este proceso requirió mucho tiempo. Por otro lado, cuando la Comisión comunicó sus conclusiones, el expediente no confidencial de la investigación estaba totalmente actualizado y la CCCME y las autoridades chinas tuvieron mucho tiempo para formular observaciones. Esto también puede deducirse de la cantidad considerable de observaciones formuladas por la CCCME y las autoridades chinas tanto tras la comunicación provisional como tras la definitiva.

(101)

Tras la comunicación definitiva, la CCCME y las autoridades chinas reiteraron la alegación de que la Comisión concedió una confidencialidad excesiva a los productores de la Unión. Además, alegaron que i) los resúmenes no confidenciales de los datos posteriores al período de investigación presentados por los productores de la Unión incluidos en la muestra no están disponibles en el expediente no confidencial y ii) en lugar de ello, la Comisión preparó un resumen no confidencial consolidado de las respuestas a los cuestionarios posteriores al período de investigación.

(102)

El cuestionario posterior al período de investigación no incluía una parte expositiva como el cuestionario original. Por otro lado, de conformidad con los cuadros de Excel de la respuesta no confidencial del cuestionario original, con el fin de proteger el anonimato de la identidad de los productores de la Unión incluidos en la muestra, la Comisión decidió incluir en el expediente no confidencial de la investigación la versión no confidencial de la información principal solicitada en los cuadros de Excel del cuestionario de forma consolidada (es decir, se agregaron los datos de todos los productores de la Unión incluidos en la muestra) utilizando índices.

(103)

La CCCME y las autoridades chinas argumentaron además que la Comisión no facilitó detalles suficientes ni explicaciones suficientemente detalladas acerca de cuestiones importantes clave de hecho y de derecho relacionadas con las conclusiones sobre las subvenciones perjudiciales, y no respondió a las observaciones formuladas por la CCCME ni indicó las razones por las que rechazó los argumentos planteados. Según la CCCME, las cuestiones que se indican a continuación no se abordaron o no se proporcionaron pruebas o explicaciones suficientes: i) las razones por las que se decidió no incluir a Tesla (Shanghái) en la muestra de productores exportadores chinos y se aceptó su solicitud de examen individual en una fase tardía del procedimiento, ii) la composición de la industria de BEV de la Unión, el nivel de cooperación de la industria de la Unión, qué se entiende por fabricantes de equipos originales y cuál es su relevancia en el contexto de la industria de la Unión, así como el grado de transición de los diversos productores de la Unión de vehículos ICE a BEV, iii) el papel y la pertinencia del análisis de la subcotización de precios y de la evaluación de que los precios de los BEV chinos estaban un 30 % por debajo del coste de producción de la industria de la Unión a la hora de determinar la contención de los precios.

(104)

Las razones por las que no se incluyó a Tesla (Shanghái) en la muestra y se le concedió un examen individual se explican en las secciones 1.5.3 y 1.6 anteriores.

(105)

Los incisos ii) y iii) se abordan en los considerandos 682 y 793 del presente Reglamento.

(106)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas alegaron que no se habían respetado los derechos de defensa de las partes interesadas. En particular, alegaron que la Comisión había rechazado argumentos y pruebas presentados por las autoridades chinas y por otras partes.

(107)

La Comisión señaló que dicha alegación no estaba justificada y constituía una observación general sin pruebas específicas. La Comisión reiteró que había abordado todas las observaciones formuladas por las partes. Toda la investigación se llevó a cabo con plena transparencia, y todas las partes tuvieron varias oportunidades para presentar datos, argumentos y pruebas a lo largo del procedimiento. La Comisión solicitó los datos necesarios, emitió cartas de deficiencias, llevó a cabo inspecciones in situ en más de un centenar de empresas y divulgó todos los cálculos pertinentes. Las observaciones de las partes se tuvieron en cuenta y permitieron a la Comisión ajustar sus conclusiones cuando estaba debidamente justificado. Por lo tanto, la alegación, que carecía de fundamento, era general y no se ajustaba a la realidad del procedimiento, se rechazó.

(108)

Tras la comunicación definitiva adicional, las autoridades chinas alegaron que no había pruebas de ninguna comunicación entre la Comisión y la industria de la Unión en el expediente abierto en relación con las solicitudes renovadas de la Comisión de datos relativos al T1 2024 y la recepción de estos. Las autoridades chinas argumentaron además que les había sorprendido que la industria de la Unión tuviera el privilegio de poder aportar información hasta el último minuto y que sus datos se aceptaran en una fase tan tardía de la investigación, lo que contrastaba notablemente con el tajante e inexplicado rechazo por parte de la Comisión de la solicitud, bien fundamentada, de las autoridades chinas de programar la audiencia tras la presentación de las observaciones escritas y con la estricta imposición del plazo de diez días a las autoridades chinas para formular observaciones sobre el Documento de Comunicación General de 177 páginas, tramitar la presentación de la audiencia y celebrar la audiencia. Los hechos descritos corroboran aún más el hecho de que a las partes interesadas del lado chino se les ha denegado ilegalmente y de forma discriminatoria un oportunidad plena y adecuada para ejercer sus derechos de defensa en incumplimiento de los artículos 12.1, 12.1.2, 12.3 y 12.4.1 del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias.

(109)

La información correspondiente se presentó el 29 de agosto de 2024 (18), es decir, tan pronto como la Comisión dispuso de todos los datos solicitados. Además, el 9 de septiembre de 2024, en el expediente no confidencial de la investigación, la Comisión actualizó la Nota para el expediente con los datos trimestrales posteriores al período de investigación (19).

(110)

Además, la Comisión pudo aceptar los datos que faltaban del productor de la Unión correspondiente porque la información no impedía que la investigación se completase dentro de los plazos legales. Esto era muy distinto a acordar una ampliación del plazo para celebrar la audiencia. Por otro lado, aunque las autoridades chinas alegaron que el período de diez días para formular observaciones sobre el Documento de Comunicación General fue insuficiente, la Comisión señaló que las autoridades chinas pudieron formular observaciones bastantes extensas (el dosier presentado por las autoridades chinas incluía 151 páginas de observaciones). Las autoridades chinas no demostraron de qué manera la formulación de sus observaciones dentro del período de tiempo solicitado les habría impedido ejercer su derecho de defensa. Por lo tanto, la Comisión no estuvo de acuerdo en que a las partes interesadas chinas se les haya denegado ilegalmente y de forma discriminatoria una oportunidad plena y adecuada para ejercer sus derechos de defensa.

(111)

Tras la comunicación provisional, la CCCME, las autoridades chinas y el Grupo Geely alegaron que la definición del producto de la investigación se había ampliado ilegal y tardíamente al incluir los vehículos eléctricos con extensor de autonomía de combustión interna sin comunicárselo a las partes interesadas ni darles la oportunidad de formular observaciones sobre la modificación prevista, lo cual afectó a las debidas garantías procesales de las partes interesadas. La CCCME y las autoridades chinas alegaron además que i) no se hizo ninguna referencia a un extensor de autonomía en el anuncio de inicio ni en el documento de inicio aunque en el documento de inicio se hizo una referencia clara a la carga / recarga de los vehículos, ii) los BEV con extensor de autonomía tienen una autonomía de conducción comparable a la de un vehículo con motor de combustión interna («ICE») mientras que los BEV sin extensor de autonomía tienen una autonomía de conducción muy inferior a la de los vehículos ICE, iii) el número de control de producto («NCP») y las características de producto proporcionados en el cuestionario para los exportadores chinos y la industria de la Unión no incluían ninguna referencia a un extensor de autonomía y no tenían en cuenta las características específicas de dichos vehículos, iv) no hay información sobre el modo en que la Comisión obtuvo o estimó los datos correspondientes a dichos BEV dado que ninguno de los productores exportadores chinos incluidos en la muestra producía ni exportaba este tipo de BEV, ya que ni Prodcom ni S&P Mobility Data facilitan dicha información para este tipo de BEV. Por consiguiente, la CCCME y las autoridades chinas alegaron que los BEV con extensor de autonomía debían excluirse del alcance de la presente investigación porque, aparte de las exportaciones sumamente reducidas de dichos vehículos de China a la UE, también son completamente diferentes a los BEV estándar en lo que respecta a las características físicas y técnicas, costes de producción y precios, así como a la percepción del consumidor, y no compiten directamente con los BEV estándar.

(112)

La Comisión señaló que, si bien la CCCME y las autoridades chinas simplemente expusieron estos argumentos, no aportaron ninguna prueba subyacente en este sentido.

(113)

En el anuncio de inicio, se determinó que el producto objeto de la presente investigación son los vehículos eléctricos de batería nuevos diseñados principalmente para el transporte de nueve personas o menos, incluido el conductor, propulsados únicamente por uno o varios motores eléctricos. En el anuncio de inicio también se especificó el código de la Nomenclatura Combinada («el código CN») correspondiente al producto objeto de la investigación, a saber, 8703 80 10 . No es necesario que la descripción del producto objeto de la investigación incluya todas las características de dicho producto. Por otro lado, en el anuncio de inicio no se especificó que los BEV con extensor de autonomía estuviesen excluidos del alcance de la investigación.

(114)

En lo que respecta al modo en que la Comisión obtuvo los datos, habida cuenta de que dichos BEV también se importaban mediante el código CN correspondiente a la investigación, las importaciones de dichos BEV procedentes de China u otros terceros países durante el período considerado, en su caso, quedaban recogidas en los datos correspondientes al código CN 8703 80 10 . S&P Mobility Data y la AEMA notificaron dichos BEV y durante el período de investigación no se matriculó ningún BEV de este tipo procedente de China en el mercado de la Unión. Las únicas pruebas que constan en el expediente demuestran que, después del período de investigación, el productor exportador chino Seres anunció dichos BEV para el mercado de la Unión (Seres 7 con extensor de autonomía (20)) y después del período de investigación se matricularon un número irrelevante de dichos BEV.

(115)

Además, en lo que respecta a la industria de la Unión, las pruebas que constan en el expediente demuestran que las ventas de este producto durante el período considerado fueron poco significativas.

(116)

Cabe señalar que los BEV con extensor de autonomía son distintos que los vehículos eléctricos enchufables. En los BEV con extensor de autonomía, el motor de combustión interna tan solo recarga la batería, mientras que en los vehículos eléctricos enchufables, el motor de combustión interna impulsa las ruedas por sí mismo. Los vehículos eléctricos enchufables también se importan mediante un código CN distinto al código CN correspondiente a la presente investigación. Por tanto, al contrario que los BEV con extensor de autonomía, los vehículos eléctricos enchufables no estaban efectivamente incluidos en el alcance de la investigación.

(117)

En lo que respecta al NCP, si bien el extensor de autonomía no se especificó en el NCP como tal, en el NCP se especificó la autonomía del vehículo, y el propósito del extensor de autonomía consiste en aumentar la autonomía del automóvil.

(118)

Por otro lado, aunque realmente no hubo importaciones procedentes de China de BEV con extensor de autonomía durante el período considerado y realmente no hubo ventas por parte de los productores de la Unión en el mercado de la Unión, no puede descartarse que este tipo de BEV vayan a exportarse en el futuro en cantidades significativas y vayan a producirse por los productores de la Unión en el mercado de la Unión, teniendo en cuenta que los BEV están basados en una tecnología en constante evolución. En este sentido, la Comisión consideró que los BEV sin extensor de autonomía y los BEV con extensor de autonomía son BEV muy similares, cuya pequeña diferencia técnica principal son el extensor de autonomía y los componentes relacionados, por lo que forman parte, claramente, del mismo producto incluido en el ámbito de la investigación.

(119)

Por tanto, los BEV con extensor de autonomía están incluidos en el alcance de la investigación.

(120)

Por otro lado, en el Reglamento provisional, la Comisión excluyó del ámbito de la investigación las categorías de vehículos L6 y L7 de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (21). La Comisión aclara mediante el presente documento que todas las categorías de vehículos L1 a L7 de conformidad con el Reglamento (UE) n.o 168/2013 estaban excluidas del ámbito de la investigación.

(121)

A falta de otras observaciones relativas al producto investigado, el producto afectado y el producto similar, se confirman las conclusiones expuestas en los considerandos 184 a 195.

(122)

Tras la comunicación provisional, el Grupo BYD, la CAAM, el Grupo Geely, el Grupo Dongfeng, las autoridades chinas, NIO, el Grupo SAIC y Tesla (Shanghái) formularon observaciones acerca de las conclusiones provisionales relativas a las subvenciones. Algunas observaciones planteadas por Tesla (Shanghái) se abordaron en un envío independiente debido a su carácter confidencial.

(123)

A falta de observaciones relativas a la existencia de tales planes, proyectos y documentos, se confirmaron los considerandos 196 a 206 del Reglamento provisional.

(124)

A falta de observaciones relativas a los planes y políticas gubernamentales existentes de apoyo a la industria de los BEV, se confirmaron los considerandos 207 a 253 del Reglamento provisional.

(125)

Tras la comunicación provisional, las autoridades chinas se opusieron a la aplicación, por parte de la Comisión, de los datos disponibles en relación con los materiales de financiación preferente argumentando que incumbe a la Comisión, como autoridad investigadora, investigar y reenviar el cuestionario a las instituciones financieras para solicitar su cooperación. Las autoridades chinas añadieron que los datos disponibles solamente podían aplicarse ante la falta de determinada información «necesaria»; es decir, información «requerida» por una autoridad para concluir su determinación o sus determinaciones (22).. Más concretamente, las autoridades chinas añadieron que la información referente a los accionistas de las instituciones financieras está disponible públicamente y que el uso de los datos disponibles por parte de la Comisión no estaba justificado.

(126)

Por otro lado, las autoridades chinas añadieron que la Comisión había invertido ilegalmente la carga de la investigación y se refirieron al artículo 12 del Acuerdo SMC y a la jurisprudencia conexa en virtud de los cuales determinadas obligaciones incumben supuestamente a la autoridad investigadora y no pueden transferirse al «Miembro interesado» (las autoridades chinas) (23). Como consecuencia de ello, las autoridades chinas consideraron que el hecho de recurrir a los datos disponibles era ilegal porque la Comisión no había informado adecuadamente a los destinatarios de la información que se requería de ellos. Las autoridades chinas también señalaron que una autoridad no puede obligar al gobierno exportador (el Miembro interesado) a «hacer el trabajo para la autoridad investigadora»

(127)

Las autoridades chinas señalaron que se imponen obligaciones distintas y no intercambiables a la autoridad investigadora y al Miembro interesado. Y, como bien reflejó el Grupo Especial en el asunto «México: medidas antidumping sobre el arroz»: «[una] autoridad investigadora no puede confiar en la iniciativa de las partes interesadas para el cumplimiento de obligaciones que, en realidad, le incumben».

(128)

Tal y como se describe en los considerandos 266 a 268 del Reglamento provisional, la Comisión señaló que las autoridades chinas disponían de la información solicitada de todas las entidades en las cuales ellas son el accionista principal. Del mismo modo, en el caso de las instituciones financieras que no son de propiedad estatal, las autoridades chinas, en su calidad de órgano regulador, poseen la autoridad de exigir a todas las instituciones financieras con sede en China que presenten información, así como de ordenar a las instituciones financieras que hagan pública determinada información. Por consiguiente, la Comisión destacó que las autoridades chinas no pueden evadir sus responsabilidades reteniendo información que, en virtud de su autoridad y su función reguladora, obra efectivamente en su poder.

(129)

Por razones de conveniencia administrativa, con vistas a obtener la información de manera más eficaz, la Comisión pidió a las autoridades chinas que reenviaran cuestionarios específicos a todas las instituciones financieras pertinentes, cosa que no hicieron, si bien las autoridades chinas son las únicas autoridades competentes para solicitar respuestas a las preguntas específicas de las instituciones financieras que proporcionaron financiación a los productores exportadores incluidos en la muestra. Además, no tenía sentido alegar que correspondía a la Comisión ponerse en contacto con las instituciones financieras pertinentes, sobre todo porque la Comisión únicamente sería conocedora de la lista de instituciones financieras pertinentes tras la recepción de las respuestas al cuestionario de los productores exportadores incluidos en la muestra. Por otra parte, el hecho de que el Banco EXIM informara a la Comisión por iniciativa propia y el hecho de que en una investigación antisubvención anterior se recibieran respuestas al cuestionario de varias instituciones financieras demostraban que las autoridades chinas podían reenviar el cuestionario. El sitio web facilitado por las autoridades chinas que contenía información sobre los accionistas de las instituciones financieras no contenía toda la información necesaria solicitada por la Comisión en la respuesta al cuestionario con respecto a los préstamos preferenciales. Por consiguiente, la Comisión rechazó la alegación.

(130)

En ausencia de otras observaciones, se confirmaron los considerandos 255 a 273 del Reglamento provisional.

(131)

Tras la comunicación provisional, las autoridades chinas reiteraron su alegación relativa a la aplicación, por parte de la Comisión, de los datos disponibles en relación con los insumos argumentando que incumbe a la Comisión, como autoridad investigadora, investigar y reenviar el cuestionario a los proveedores de insumos y solicitar su cooperación. Las autoridades chinas añadieron que consideraban que la información solicitada y la información no proporcionada por SAIC no son necesarias para la investigación ni se requieren en una investigación antisubvenciones ordinaria, y que la información relativa a los proveedores y las condiciones de mercado podría haberse obtenido de las empresas incluidas en la muestra.

(132)

La Comisión señaló que los argumentos se abordaron en la sección 3.3.1.2 del Reglamento provisional. En primer lugar, la Comisión reiteró su postura de que corresponde a la Comisión determinar qué información se considera necesaria para la investigación y no a ninguna de las partes. Además, la Comisión subrayó que, al contrario que en investigaciones anteriores (24), las autoridades chinas no reenviaron el cuestionario a terceros. A CATL también se le solicitó, a través de las empresas incluidas en la muestra con las que estaba vinculada, que presentara un cuestionario y no lo hizo. Por otra parte, las autoridades chinas también tienen la autoridad necesaria para interactuar con los productores de insumos, tanto si son de propiedad estatal como si no. Las autoridades chinas tampoco facilitaron información pertinente relativa a determinados mercados como el de las baterías y el del litio. Como consecuencia, la Comisión tuvo que basarse en los datos disponibles. En lo que respecta a la información solicitada, cabe señalar que la Comisión únicamente solicitó información necesaria para evaluar la existencia de subvenciones y el nivel de subvención disponibles para el producto afectado. Por lo tanto, se rechazaron las alegaciones.

(133)

Tras la comunicación definitiva, CATL alegó que la Comisión podía haber obtenido cualquier información necesaria sobre las compras de baterías de los grupos de empresas incluidos en la muestra, y que la falta de cooperación de CATL no podía constituir, en modo alguno, una base para «conjeturas y deducciones ilimitadas basadas en datos distorsionados».

(134)

Las alegaciones formuladas por CATL eran generales y carecían de fundamento. La Comisión subrayó que, como ya se abordó en el considerando 810 del Reglamento provisional, CATL se negó a responder al cuestionario a pesar de que dos de los grupos incluidos en la muestra con los que tenía empresas en participación contactaron con ella, de modo que la Comisión no dispuso de información esencial para evaluar la situación de CATL basándose en sus propios datos. Por otro lado, los datos disponibles sobre el suministro de baterías también se aplicaron al Grupo SAIC (considerandos 338 y 860 del Reglamento provisional), que es una de las empresas con las que CATL tiene una empresa en participación. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(135)

En ausencia de otras observaciones, se confirmaron los considerandos 274 a 286 del Reglamento provisional.

(136)

Tras la comunicación provisional, las autoridades chinas reiteraron su alegación con respecto a la inexistencia de información relativa a la preparación, el seguimiento y la aplicación del régimen, así como de estadísticas sobre los vehículos afectados. Como consecuencia de ello, las autoridades chinas no podían facilitar información que no poseían, y cualquier uso de los datos disponibles sería injustificado e ilegal.

(137)

Tal y como se describe en los considerandos 297 y 298 del Reglamento provisional, la Comisión señaló que la información relativa a la preparación, el seguimiento y la aplicación del régimen, así como las estadísticas sobre los vehículos afectados por un programa que lleva varios años en vigor y ha implicado recursos financieros significativos procedentes del presupuesto central gestionado por las autoridades chinas, eran pertinentes y necesarias para que la Comisión llegara a su conclusión. En ausencia de dicha información, que no fue facilitada por las autoridades chinas, la Comisión estaba facultada para utilizar, cuando procediera, los datos disponibles. Así pues, se rechazó la alegación.

(138)

En ausencia de otras observaciones, se confirmaron los considerandos 287 a 299 del Reglamento provisional.

(139)

En ausencia de observaciones, se confirmaron los considerandos 300 a 305 del Reglamento provisional.

(140)

En ausencia de observaciones, se confirmaron los considerandos 306 a 317 del Reglamento provisional.

(141)

Tras la comunicación provisional, el Grupo SAIC alegó que, en términos generales, la Comisión ha ignorado la información facilitada por las entidades del Grupo SAIC que consideró deficiente en algunos aspectos y, en su lugar, utilizó fuentes de información alternativas. El Grupo SAIC consideró que la Comisión debería haber realizado un examen concreto de las deficiencias en relación con cada empresa, evaluando el alcance de dichas deficiencias, y haber utilizado la información que tenía registrada para cada empresa del Grupo. Además, el Grupo SAIC alegó que, de acuerdo con las normas de la OMC, el término «datos disponibles» debe interpretarse en este contexto como «los mejores datos disponibles», tal y como dictaminó el Órgano de Apelación en el asunto «Estados Unidos — Acero laminado en caliente», una autoridad investigadora «puede rechazar información facilitada por las partes interesadas» solo si dicha información: i) no es verificable; ii) no se presenta adecuadamente de modo que pueda utilizarse en la investigación sin dificultades excesivas; iii) no se facilita a tiempo; y iv) no se facilita en un medio o lenguaje informático que hayan solicitado las autoridades. Las autoridades investigadoras no deben descartar información que «no sea óptima en todos los aspectos» si la «parte interesada ha procedido en toda la medida de sus posibilidades». En lugar de ello, en los casos en que a una autoridad investigadora no le satisfaga la información facilitada por una parte interesada, el Órgano de Apelación de la OMC ha dictaminado que debe examinar los elementos de la información que no le satisfagan.

(142)

Con respecto a la supuesta «buena fe» demostrada por el Grupo SAIC en relación con su cooperación con esta investigación, la Comisión observó que en varias ocasiones, debidamente registradas al final de cada inspección in situ tanto por el equipo investigador como por los representantes de la empresa, las empresas pertenecientes al Grupo SAIC se negaron a facilitar información crucial al equipo de investigación, o a darle acceso a ella, pese a que estaba fácilmente disponible y podría haber sido facilitada si el Grupo SAIC hubiera procedido en toda la medida de sus posibilidades. Por ende, la Comisión decidió rechazar la información parcial que se consideró deficiente o incompleta y que no podía verificarse plenamente. En consonancia con las condiciones establecidas en el artículo 28, apartado 3, del Reglamento de base, esta información parcial se descartó sobre la base de que el Grupo SAIC, de manera deliberada, no actuó como mejor pudo, tal y como demuestran los mencionados anexos no impugnados de los informes de las inspecciones in situ en los que se enumeran los documentos que las entidades, que formaban parte del Grupo SAIC, se negaron a facilitar en su totalidad o respecto de los cuales se habían omitido determinadas partes pertinentes, pese a estar fácilmente disponibles. Por lo tanto, se rechazó esta alegación.

(143)

Tras la comunicación provisional, el Grupo SAIC argumentó que las conclusiones provisionales no reflejaban el hecho de que «ha colaborado en todo momento de buena fe con la investigación y ha tratado sistemáticamente de facilitar la labor de la Comisión». Además, el Grupo SAIC alegó que no podía obligar a las entidades jurídicas pertenecientes a estructuras de empresas en participación a colaborar con la investigación.

(144)

En este sentido, la Comisión se refiere a las dos cartas «del artículo 28» remitidas al Grupo SAIC tras recibir su respuesta al cuestionario y después de la inspección in situ, en ambas de las cuales se enumeran las numerosas áreas sobre las que el Grupo SAIC no había facilitado la información crucial solicitada en el marco de la presente investigación, con la consiguiente obstaculización de esta. Por otro lado, la Comisión informó ampliamente al Grupo SAIC de las consecuencias de aplicar los datos disponibles con respecto al Grupo SAIC, en particular en el caso de las entidades jurídicas vinculadas que formaban parte de estructuras de empresas en participación. La Comisión reiteró que, dados los vínculos existentes en términos de participación accionarial o la naturaleza de sus actividades, deberían haber proporcionado una respuesta al cuestionario que permitiera a la Comisión verificar la información y, en última instancia, solicitar pruebas adicionales. Ante la falta de cooperación de algunas de las entidades jurídicas vinculadas de la empresa en participación, la Comisión estaba facultada, cuando procediera, a utilizar los datos disponibles. Así pues, se rechazó la alegación.

(145)

Tras la comunicación provisional, el Grupo SAIC argumentó que la Comisión no debería haber aplicado el artículo 28 del Reglamento de base a algunas empresas del Grupo SAIC y, por último, al Grupo SAIC.

(146)

Como se indica en los considerandos 318 a 371 del Reglamento provisional, se constató que las respuestas recibidas de las distintas entidades que formaban parte del Grupo SAIC eran muy deficientes. Como consecuencia de ello, las conclusiones provisionales de la investigación tuvieron que basarse en parte en los datos disponibles, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de base. De hecho, el Grupo SAIC no divulgó la existencia de empresas vinculadas ni facilitó respuestas al cuestionario para otras empresas vinculadas. Pese a la posible existencia de pruebas de decisiones conjuntas adoptadas por los tres accionistas de una empresa del Grupo SAIC, el Grupo SAIC alegó que uno de los tres accionistas no estaba vinculado directamente con el Grupo SAIC sino únicamente con una empresa extranjera y, por tanto, no podía ejercer ningún control sobre esta empresa ni obligarla a presentar un cuestionario. Esta información no parecía correcta sobre la base de los informes financieros disponibles públicamente y no pudo verificarse debido a que la empresa omitió algunas partes de las actas de las reuniones del consejo de administración a las que podrían haber asistido representantes de sus tres accionistas.

(147)

El hecho es que pese a las solicitudes dirigidas al Grupo SAIC para que facilitara una respuesta al cuestionario en relación con varias de sus entidades vinculadas, dicha empresa optó por no cooperar y, por consiguiente, expuso a sus empresas vinculadas al uso de los datos disponibles en cumplimiento del artículo 28 del Reglamento de base.

(148)

El Grupo SAIC alegó además que la Comisión había utilizado información relativa a los bonos de titulización de activos emitidos por una empresa vinculada sobre la que nunca había solicitado al Grupo SAIC que respondiera al cuestionario. De hecho, esta entidad es una de las nuevas empresas mencionadas en el considerando 329 del Reglamento provisional, que de conformidad con fuentes disponibles públicamente, se constató que estaban vinculadas y participaban en diversas relaciones contractuales clave que implicaban actividades como el suministro de insumos, capital, préstamos, garantías y otros tipos de financiación dentro del Grupo SAIC. Dado que el Grupo SAIC no facilitó ninguna información sobre la existencia de esta empresa, la Comisión no habría podido solicitar una respuesta al cuestionario. Si esta empresa hubiera respondido al cuestionario, la Comisión podría haber establecido la existencia, las actividades y los vínculos precisos entre las distintas empresas vinculadas. En ausencia de dicha respuesta al cuestionario y de la información pertinente, la Comisión tuvo que recurrir a los datos disponibles para establecer sus conclusiones, que incluían información relativa a los bonos de titulización de activos emitidos por esta empresa, que se consideraron una fuente de financiación preferente tal y como se explica en los considerandos 368 y 369. Por las razones expuestas, se rechazó esta alegación.

(149)

En ausencia de otras observaciones relativas a la aplicación de las disposiciones del artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base en relación con el Grupo SAIC, se confirmaron los considerandos 318 a 371 del Reglamento provisional.

(150)

Tras la comunicación provisional, el Grupo Geely presentó observaciones sobre la aplicación de los datos disponibles.

(151)

En primer lugar, el Grupo Geely reiteró su alegación de que su incapacidad para ejercer control sobre CATL impide que pueda obligar a esta tercera parte a proporcionar información. También alegó que cuando un productor exportador y una tercera parte están vinculados únicamente por medio de una empresa en participación, la información de la tercera parte no puede justificar el uso de los datos disponibles.

(152)

Tal y como se indica en el considerando 376 del Reglamento provisional, la Comisión observó que CATL y el Grupo Geely habían constituido una empresa en participación para el desarrollo, la producción y la venta de celdas, módulos y paquetes de baterías. Por consiguiente, jurídicamente se consideraban socios comerciales. En el sentido del artículo 127 del Reglamento de Ejecución (UE) 2015/2447 de la Comisión (25), se consideraron partes vinculadas y, por consiguiente, se solicitó a ambas partes que presentaran una respuesta al cuestionario sobre subvenciones. Por tanto, se rechazó esta alegación.

(153)

En segundo lugar, el Grupo Geely alegó que la solicitud de información relativa a las empresas de su grupo que participaran en la financiación de BEV se recibió en una fase avanzada de la investigación y carecía de concreción.

(154)

No obstante, la Comisión señaló que el cuestionario dirigido a los productores exportadores, disponible desde el inicio de la investigación en el mes de octubre, ya incluía una solicitud de información relativa a las empresas que participasen en actividades de financiación. Además, la carta de la Comisión de 6 de marzo de 2024, señalaba específicamente a entidades que pudieran haber recaudado fondos por medio de bonos de titulización de activos (también bonos de titulización de activos verdes), y por otros medios. La Comisión también concedió una prórroga para la presentación de dicha información. Por tanto, se rechazó la alegación.

(155)

En tercer lugar, en lo que respecta a las subvenciones, el Grupo Geely alegó que facilitó toda la información disponible en la respuesta al cuestionario y durante las inspecciones in situ. El objeto de las subvenciones se indicaba en los extractos bancarios, que se analizaron exhaustivamente durante las inspecciones in situ. También alegó que las subvenciones relacionadas con activos cubren exclusivamente activos pertinentes y que las subvenciones que no están relacionadas con activos apoyan operaciones diarias tanto para BEV como para otros productos.

(156)

La Comisión señaló, tal y como se describe en los considerandos 300 y 380 del Reglamento provisional, que basándose en la limitada información disponible en los extractos bancarios no podía determinar los regímenes de subvenciones subyacentes para los programas de subvenciones relacionados con el producto investigado. Además, las autoridades chinas no facilitaron detalles sobre las subvenciones ad hoc concedidas a los grupos incluidos en la muestra. Por tanto, se rechazó la alegación.

(157)

El Grupo Geely también alegó haber proporcionado la información necesaria en una fase temprana de la investigación y haber demostrado total transparencia al divulgar y explicar la estructura y la organización de sus operaciones.

(158)

La Comisión reconoció los esfuerzos del Grupo Geely por responder a su petición de información. Sin embargo, la Comisión también señaló, tal y como se describe en el considerando 384 del Reglamento provisional, que la presentación tardía de determinada información le impidió verificar su exhaustividad y exactitud. En particular, la Comisión no pudo validar los suministros de insumos relacionados con el volumen de producción y los costes de los BEV, ya que la información sobre los costes facilitada no proporcionaba los detalles necesarios solicitados a las entidades productoras en el cuestionario. Así pues, se rechazó la alegación.

(159)

En lo que respecta a los derechos de uso del suelo, el Grupo Geely alegó que su sede no está relacionada con la producción ni con las ventas de BEV, por lo que era irrelevante para la investigación. También alegó que había proporcionado la información solicitada.

(160)

Como se señala en el considerando 387 del Reglamento provisional, se estableció que la sede se utiliza, en parte, para actividades relacionadas con los BEV. Por tanto, se desestimó la alegación.

(161)

En sus observaciones sobre la comunicación provisional, el Grupo Geely reiteró su alegación de que las solicitudes acerca de proyectos futuros relacionados con la producción de BEV excedían el alcance de la investigación. Sin embargo, la Comisión desestimó esta alegación por incoherente dado que, al mismo tiempo, en uno de los dosieres que presentó se pidió la inclusión de una entidad fabricante del grupo en la lista de entidades productoras del Grupo Geely (26) tras haber comenzado la fabricación y exportación de un nuevo modelo de BEV después del período de investigación, tal y como se establece en el considerando 9 del Reglamento provisional.

(162)

En ausencia de otras observaciones relativas a la aplicación de las disposiciones del artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base en relación con el Grupo Geely, se confirmaron los considerandos 372 a 387 del Reglamento provisional.

(163)

Tras la comunicación provisional, el Grupo BYD impugnó la aplicación del artículo 28 en relación con la falta de respuesta al cuestionario por parte de su proveedor vinculado de litio ferro fosfato (LFP), Hunan Yuneng New Energy Materials Co. Ltd, basándose en el hecho de que este proveedor se ajustaba a la definición de «empresa vinculada» al Grupo BYD solo durante parte del período de investigación. El Grupo BYD solicitó a la Comisión que incluyera las cantidades y los precios proporcionados por el proveedor en cuestión en el cálculo del beneficio para el LFP a cambio de una remuneración inferior a la adecuada. Esta solicitud se reiteró tras la comunicación definitiva. El Grupo BYD también reiteró sus observaciones en las que cuestionaba la aplicación del artículo 28 a una empresa del Grupo BYD que se consideró que no estaba vinculada, añadiendo que el acuerdo celebrado entre ambas partes se refería a la capacidad de producción, y no a la fijación de precios, y que los precios de compra se determinaron de acuerdo con las fuerzas de la oferta y la demanda del mercado. El Grupo BYD también presentó una copia de tres órdenes de compra correspondientes a distintos períodos de tiempo como pruebas adicionales de sus alegaciones.

(164)

La Comisión recordó que los acuerdos de compra entre el Grupo BYD y Hunan Yuneng New Energy Materials Co., Ltd. presentados por el Grupo BYD eran anteriores al comienzo del período de investigación, y que, por ende, las compras se efectuaron a precios fijados cuando el Grupo BYD era una empresa vinculada a su proveedor de LFP. En relación con las alegaciones del Grupo BYD de que en los acuerdos entre ambas partes solo se estableció la capacidad de producción, y no los precios, la Comisión recuerda que, como ya se indica en el considerando 892 del Reglamento provisional, contenían disposiciones relativas a los precios que garantizaban que se beneficiaría del suministro más favorable; es decir, que no pagaría un precio superior en comparación con otro cliente de Hunan Yuneng New Energy Materials Co. Ltd., así como una fórmula para la fijación de los precios. En relación con las alegaciones de que dichas transacciones se realizaron de conformidad con la dinámica del mercado, como se indica en el considerando 864 del Reglamento provisional, el mercado chino se ha considerado distorsionado debido a las políticas nacionales y sectoriales promulgadas por proveedores nacionales de baterías y LFP, en particular las relativas a las estructuras de precios. Además, dada la falta de cooperación del proveedor de dicha materia prima, la Comisión no pudo evaluar si el precio al que el Grupo BYD compraba el LFP podía considerarse en condiciones de plena competencia y por tanto, como se explica en el considerando 928 del Reglamento provisional, la Comisión sustituyó dicho precio por el precio medio de compra de LFP de proveedores no vinculados. En vista de ello, dado que no se facilitó información verificable, la Comisión rechazó esta alegación.

(165)

En ausencia de otras observaciones relativas a la aplicación de las disposiciones del artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base en relación con el Grupo BYD, se confirmaron los considerandos 388 a 400 del Reglamento provisional.

(166)

En ausencia de observaciones, se confirmaron los considerandos 401 a 406 del Reglamento provisional.

(167)

En ausencia de otras observaciones relativas a las subvenciones y los programas de subvenciones tal y como se indica en la sección 3.4 del Reglamento provisional, se confirmó el considerando 407 del Reglamento provisional.

(168)

Tras la comunicación provisional, las autoridades chinas alegaron que la Comisión estaba obligada a analizar las características y funciones fundamentales de cada entidad, así como su relación con el Gobierno (basándose «en sus propios méritos», por así decirlo) y determinar si cada entidad (individualmente, no como grupo) podía clasificarse como un organismo público (27).

(169)

En este sentido, alegó que, salvo en el caso del Banco EXIM, la Comisión no llevó a cabo dicha investigación de forma individualizada sino que, supuestamente, se basó en investigaciones previas y otros documentos públicamente disponibles y en una evaluación de alto nivel del Banco EXIM y otras entidades bancarias supuestamente implicadas en la concesión de financiación a la industria de los BEV. Alegó además que el Banco EXIM no ejerce una «función gubernamental» (28) y que las autoridades chinas no ejercen control sobre el Banco EXIM. Sobre esta base, las autoridades chinas concluyeron que la Comisión no había basado sus conclusiones en pruebas sólidas y un razonamiento adecuado.

(170)

La Comisión no solo analizó la situación del Banco EXIM sino también la de todos los demás bancos comerciales chinos de propiedad estatal que concedieron financiación preferencial al sector de los BEV, y que no cooperaron. Ante la falta de cooperación de otros bancos comerciales de propiedad estatal, la Comisión tuvo que recurrir a los datos disponibles para formular sus conclusiones en este sentido, tal y como se constató en el considerando 460 del Reglamento provisional. Por estos motivos, tal y como se explica en el considerando 464 del Reglamento provisional, la Comisión decidió utilizar los datos disponibles para determinar si esas instituciones financieras de propiedad estatal podían considerarse organismos públicos. Así pues, se rechazó la alegación y se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 466 y 467 del Reglamento provisional.

(171)

En primer lugar, la Comisión determinó la propiedad del Estado en cada uno de los quince bancos comerciales de propiedad estatal que concedieron financiación preferencial a los grupos incluidos en la muestra individualmente, tras referirse al marco normativo vigente en el que operan dichos bancos comerciales en los considerandos 461 y 462 del Reglamento provisional. Se citaron ejemplos concretos al respecto en los considerandos 430 y 431 del Reglamento provisional, correspondientes a bancos que representaban conjuntamente un porcentaje muy elevado del sector financiero chino en términos de activos a finales de 2021-2022. Además, en el considerando 463 del Reglamento provisional, la Comisión aportó pruebas de la propiedad estatal de los demás bancos comerciales de propiedad estatal que concedieron financiación al sector de los BEV sobre la base de información públicamente disponible, como informes anuales recientes.

(172)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas argumentaron que la determinación de la Comisión sobre la participación (estatal) que se explica en los considerandos 430 y 431 del Reglamento provisional y en el considerando 170 del presente Reglamento no equivalía a una evaluación entidad por entidad y no bastaba para concluir que las instituciones financieras en cuestión son de propiedad estatal. Las autoridades chinas también alegaron que la Comisión había llegado, supuestamente, a la conclusión de que las autoridades chinas no tenían participación en todas las instituciones financieras (bancos comerciales de propiedad estatal).

(173)

En ausencia de nuevos elementos justificativos contrarios a la conclusión de la Comisión con respeto a la participación estatal, la Comisión mantuvo su conclusión, que se basa en un análisis exhaustivo de la información del expediente. No obstante, la recopilación de información se vio afectada por la falta de cooperación de las instituciones financieras chinas con la excepción del Banco EXIM, que solo cooperó parcialmente, por lo que la Comisión tuvo que basarse en los datos disponibles. Además, la Comisión se mostró en desacuerdo con la alegación de las autoridades chinas de que la Comisión había admitido, supuestamente, que las autoridades chinas no tendrían participación en todos los bancos comerciales de propiedad estatal. La deducción de las autoridades chinas no está justificada y es contraria al principio de que un banco comercial de propiedad estatal es, en esencia, de propiedad estatal.

(174)

La Comisión determinó a continuación el control significativo ejercido por las autoridades chinas sobre los bancos comerciales de propiedad estatal. Se aportaron pruebas de la existencia de indicios formales de control sobre los bancos comerciales de propiedad estatal a través de la estructura de gobierno de los bancos. De hecho, tal y como se indica en los considerandos 431 y 432 del Reglamento provisional, los estatutos de todos los bancos comerciales de propiedad estatal integran desde 2017 un claro papel para el Partido Comunista Chino (el «PCC») en el proceso de supervisión y toma de decisiones de las instituciones financieras. Por último, en la sección 3.5.1.5 del Reglamento provisional se establecieron las pruebas relativas al control significativo de las autoridades chinas a través del marco regulador. La Comisión señaló que todos los bancos comerciales de propiedad estatal operan bajo la misma estructura de gobierno y el mismo marco regulador que el Banco EXIM.

(175)

Ante la falta de respuesta de las autoridades chinas sobre la estructura de gobierno, la evaluación de riesgos o ejemplos relacionados con préstamos específicos al sector de los BEV, la Comisión también tuvo que recurrir a los datos disponibles. Contrariamente a la alegación de las autoridades chinas, la Comisión no solo se refirió a investigaciones previas sino también a informes exhaustivos (29) publicados durante el período de investigación o poco tiempo después y que confirmaron las conclusiones extraídas en investigaciones previas. En cualquier caso, en lo que respecta a las conclusiones de investigaciones previas, la Comisión consideró que siguen siendo válidas y que las autoridades chinas no proporcionaron ningún elemento que contradijera dichas conclusiones. Sobre la base de todos estos elementos, la Comisión rechazó esta alegación y confirmó sus conclusiones.

(176)

Por otro lado, en lo que respecta al supuesto análisis superficial de la propiedad, la Comisión se refirió a la información proporcionada por las autoridades chinas en el transcurso de la inspección in situ, en la que, supuestamente, no estaban en condiciones de proporcionar información sobre el accionista que poseía cerca del 90 % del capital desembolsado del Banco EXIM; a saber, Wutongshu Investment Platform Co., Ltd. Según la información de que disponía la Comisión, basada en información públicamente disponible (30), dicha plataforma de inversión es propiedad de las autoridades chinas al 100 % a través de la administración estatal china de divisas. En este contexto, la Comisión también tuvo que recurrir a los datos disponibles para establecer sus conclusiones y «colmar las lagunas» derivadas de la falta de cooperación de las autoridades chinas. Por tanto, se rechazó esta alegación.

(177)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas también alegaron que la Comisión no había analizado si el Gobierno había delegado facultades gubernamentales en las entidades en cuestión y se refirieron a la jurisprudencia de la OMC (31). En este sentido, la Comisión consideró que la jurisprudencia aplicable, en virtud de la cual «[l]a propiedad estatal, si bien no es un criterio decisivo, puede servir de prueba indicativa, junto con otros elementos, de la delegación de facultades gubernamentales», confirmó que había actuado de forma coherente con el marco jurídico aplicable al analizar la propiedad estatal y otros elementos tales como los indicios formales de control y el marco regulador.

(178)

Tras la comunicación provisional, las autoridades chinas también indicaron que la capacidad de un gobierno para nombrar o contratar a funcionarios o personal en una entidad no basta para demostrar el control y que debe demostrarse si dichas «personas nombradas» actúan de forma independiente. Por otro lado, añadieron que las declaraciones de la Comisión de que «las autoridades chinas se basan en [un] marco normativo para ejercer control significativo sobre el funcionamiento del banco de propiedad estatal que cooperó, al conceder préstamos al sector de los BEV» y de que el Banco EXIM actúa «como determinan las autoridades chinas» carecen de pruebas justificativas.

(179)

En relación con las alegaciones anteriores, la Comisión se refirió a los considerandos 426 y 427 del Reglamento provisional, que establecen que «el Estado nombra directamente a los directores del Banco EXIM. La junta de supervisores es nombrada por el Consejo de Estado» y que «el Comité del Partido del Banco EXIM desempeña un cometido central y eminentemente político para que dicho banco aplique las políticas del Estado y vele por el mayor desarrollo del Partido», así como que «la dirección del Partido está implicada en todos los aspectos del gobierno corporativo». En este estricto contexto, la Comisión consideró que los miembros de la dirección y la junta de supervisores nombrados o designados por el Estado reciben orden de ejercer acción de gobierno en consonancia con las políticas y los principales avances del Partido. Además, cabe señalar que la Comisión no solo se basó en la capacidad de las autoridades chinas para nombrar a miembros del personal de una entidad para demostrar que dichas autoridades ejercían control sobre los bancos comerciales de propiedad estatal.

(180)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas argumentaron que la Comisión no llevó a cabo ninguna evaluación entidad por entidad en relación con la gestión de las instituciones financieras distintas del Banco EXIM.

(181)

En este sentido, la Comisión se refirió a los considerandos 431 a 433 del Reglamento provisional, que no se refieren exclusivamente al Banco EXIM sino a todas las instituciones financieras de propiedad estatal de China. Por este motivo, no se consideró necesario realizar una evaluación entidad por entidad. Por tanto, se rechazó esta alegación.

(182)

Tras la comunicación provisional, las autoridades chinas también añadieron que la Comisión no se puede basar en el artículo 34 de la Ley Bancaria para concluir que los bancos están obligados a actuar de determinada manera o que las autoridades chinas ejercen un control significativo sobre el Banco EXIM y que debe realizar una lectura más exhaustiva de la Ley Bancaria en su totalidad, y de los artículos 4, 5 y 41 de esta, que prohíbe a las autoridades chinas ejercer control alguno sobre las decisiones de los bancos y vela por que estos actúen de manera independiente.

(183)

Las autoridades chinas también se refirieron al artículo 15 de las Normas Generales sobre Préstamos, que establece que «con arreglo a la política del Estado, los departamentos pertinentes podrán subvencionar los intereses sobre los préstamos, con la intención de promover el crecimiento de determinadas industrias y el desarrollo económico de determinadas áreas» e indicaron que dicha disposición no demuestra un control significativo por parte del Gobierno ni el ejercicio de facultades gubernamentales.

(184)

Las autoridades chinas señalaron además que la Decisión n.o 40 era más bien un documento orientativo y que su artículo 17 «obliga a los bancos a respetar los principios crediticios» y que el apoyo en forma de créditos se limita «únicamente a los proyectos de inversión que pertenezcan a la categoría fomentada», por lo que la Comisión tiene la obligación legal de demostrar que «dichos bonos» tienen que ver con los proyectos de inversión supuestamente fomentados.

(185)

Las autoridades chinas también se refirieron a las Medidas Provisionales sobre la Administración de los Préstamos de Capital Circulante, tal y como indicó en su respuesta al cuestionario, y señalaron que la correspondiente aceptación de las solicitudes de préstamo, así como de la comprobación, el examen y la aprobación, no se refieren a ningún requisito relativo a la consideración de supuestas políticas industriales.

(186)

Las autoridades chinas indicaron asimismo que la Comisión no se puede basar en los «objetivos generales» de las autoridades chinas (aludiendo al Plan de Acción Trienal de la Comisión de Regulación Bancaria y de Seguros de China para los años 2020 a 2022) y tiene la obligación de demostrar que alguna acción concreta del Gobierno da lugar al control de este sobre la entidad (organismo público) en cuestión y no se puede basar en que el hecho de que una institución financiera siga o cumpla la Ley del suelo equivalga a un control por parte del Estado.

(187)

Las autoridades chinas indicaron además que la lectura que hizo la Comisión del informe anual de 2022 del Banco EXIM fue selectiva y que determinadas partes se sacaron de contexto y se refieren a consideraciones relativas a la estabilidad económica general del país que no están relacionadas con la promoción de la política industrial en virtud de la cual el Banco EXIM concedió financiación a varios sectores.

(188)

En lo que respecta a la naturaleza y el efecto jurídico de los artículos 4, 5, 31 y 41 de la Ley Bancaria, el artículo 15 de las Normas Generales sobre Préstamos, el artículo 19 de la Decisión n.o 40, y las Medidas Provisionales sobre la Administración de los Préstamos de Capital Circulante, la Comisión se refirió a los considerandos 449 y 450 del Reglamento provisional en los que ya abordó estas alegaciones. En ausencia de nuevos elementos, se rechazaron las alegaciones anteriores.

(189)

Las autoridades chinas también indicaron que la propiedad estatal no equivale al concepto de «organismo público» y que la capacidad del Gobierno de nombrar a funcionarios debe complementarse de modo que estas personas nombradas por el Gobierno no actúen de manera independiente. En este sentido, las autoridades chinas se refirieron al artículo 5 de los «Reglamentos provisionales de la junta de supervisores de las instituciones financieras clave de propiedad estatal» y señalaron que la junta de supervisores «no participará ni interferirá en la toma de decisiones empresariales ni en las actividades de gestión empresarial de la institución financiera de propiedad estatal» para destacar que no existe control institucional.

(190)

La Comisión se mostró en desacuerdo con esta alegación y se refirió al considerando 178 del presente Reglamento en el que la Comisión consideró que los miembros de la dirección y la junta de supervisores nombrados o designados por el Estado reciben orden de ejercer acción de gobierno en consonancia con las políticas y los principales avances del Partido. Por tanto, se rechazó esta alegación.

(191)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas argumentaron que el nombramiento de la dirección y la junta de supervisores del Banco EXIM por el Estado no implicaba que dichas personas recibieran orden de ejercer acción de gobierno en consonancia con las políticas y los principales avances del Partido. Las autoridades chinas alegaron también que la Comisión había ignorado las pruebas registradas que supuestamente demostraban que a las instituciones financieras y a los miembros de su dirección se les exige que actúen de manera independiente. En la misma línea, las autoridades chinas argumentaron que las pruebas registradas demostraban que la ley establece que la junta de supervisores no interferirá en la toma de decisiones de las instituciones financieras de propiedad estatal.

(192)

A este respecto, la Comisión se refirió al considerando 178 del presente Reglamento en el que la Comisión consideró que los miembros de la dirección y la junta de supervisores nombrados o designados por el Estado reciben orden de ejercer acción de gobierno en consonancia con las políticas y los principales avances del Partido. Además, la Comisión también consideró que los supervisores ejercerían acción de gobierno en consonancia con las políticas y los principales avances del Partido en el marco de sus funciones y responsabilidades. Con este argumento se rechazaron las alegaciones.

(193)

Tras la comunicación provisional, las autoridades chinas también indicaron que el Plan de Desarrollo de la Industria de los Vehículos Propulsados con Energías Alternativas 2012-2020 («el plan de 2012-2020») no establece ningún importe de financiación que deba concederse a los sectores en cuestión y que no estaba en vigor durante el período de investigación.

(194)

La Comisión consideró irrelevante el hecho de que el plan no establezca ningún importe de la financiación. La Comisión también señaló que el plan de 2012-2020 es el antecesor del Plan de Desarrollo de la Industria de los Vehículos Propulsados con Energías Alternativas (2021-2035) subsiguiente y que ambos planes guardan relación con el sector en el que se incluye el producto investigado. En cualquier caso, como puede verse en la sección 3.2 del Reglamento provisional, el plan de 2012-2020 no es el único que prevé la concesión de financiación preferente a industrias fomentadas como la industria de los BEV.

(195)

Las autoridades chinas también indicaron que la Comisión solamente señaló determinados elementos de la Comunicación del Ministerio de Finanzas sobre el método de evaluación de los resultados de los bancos comerciales, publicada el 15 de diciembre de 2020, e ignoró que dicha Comunicación también se refiere a aspectos tales como: «aprovechar el papel decisivo del mecanismo de mercado en lo que respecta a la asignación de recursos» para respaldar su alegación de que las instituciones financieras no están obligadas a prestar atención a las consideraciones de política industrial, con la excepción de las consideraciones comerciales (orientadas al mercado).

(196)

Sobre esta base, las autoridades chinas concluyeron que la Comisión no había demostrado que «el marco normativo no dejaba ningún margen de maniobra a los directivos y supervisores del banco en cuanto a la conveniencia de aplicar o no aplicar dicho marco con respecto a los productores exportadores incluidos en la muestra, colocando así a la dirección de dicho banco en una posición de dependencia».

(197)

En caso de que la Comisión siguiera llegando a la conclusión de que las instituciones financieras son efectivamente organismos públicos, las autoridades chinas sostuvieron que la Comisión no había establecido qué función gubernamental (en su caso) ejercían.

(198)

En ese mismo contexto, las autoridades chinas alegaron que no existen préstamos oficiales y que no existe ninguna interferencia de las autoridades chinas en el proceso de concesión de préstamos, por lo que los bancos operan de manera independiente y sobre la base de unos principios orientados al mercado. Las autoridades chinas también reiteraron sus alegaciones por las que rechazaron la confirmación de la Comisión de que los bancos comerciales de propiedad estatal son organismos públicos.

(199)

Además, las autoridades chinas se refirieron a las conclusiones de la Comisión de que los productores de BEV recibieron préstamos a «tipos de interés inferiores o próximos al tipo preferente de préstamo» (véase el considerando 486 del Reglamento provisional) y argumentaron que dicho tipo se basa en realidad en bancos que cotizan sobre la base de los tipos de interés de los préstamos aplicados efectivamente para los clientes de máxima calidad teniendo en cuenta el coste de los fondos, la oferta y la demanda del mercado, las primas de riesgo y otros factores.

(200)

La Comisión consideró que había establecido qué funciones gubernamentales ejercían los bancos comerciales de propiedad estatal; a saber, conceder financiación preferente a un sector fomentado; a saber, el sector de los BEV en consonancia con los planes nacionales aplicables tal y como se define en la sección 3.2 del Reglamento provisional. Además, ante la falta de cooperación de ningún banco, con la excepción de la cooperación parcial del Banco EXIM, la Comisión no estaba en condiciones de verificar las alegaciones presentadas por las autoridades chinas en relación con elementos importantes tales como la evaluación de la solvencia crediticia.

(201)

Por el contrario, tal y como se expone en el considerando 453 del Reglamento provisional, la Comisión constató que los tres grupos de productores exportadores incluidos en la muestra se habían beneficiado de préstamos a tipos de interés inferiores o próximos al tipo preferente de préstamo, un tipo supuestamente disponible para los clientes de máxima calidad, teniendo en cuenta el coste de los fondos, la oferta y la demanda del mercado, las primas de riesgo y otros factores (32). El hecho de que los tres productores incluidos en la muestra se beneficiaran de tipos aún más bajos que los disponibles para los clientes de «máxima calidad» confirmó que la existencia de un marco normativo en el que las instituciones financieras no operan de manera independiente, sino que reciben órdenes de aplicar políticas nacionales mediante la concesión de financiación preferente a la industria de los BEV tal y como se describe en el considerando 455 del Reglamento provisional. Sobre esta base, se rechazaron las alegaciones anteriores.

(202)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas argumentaron que la Comisión había seleccionado a su conveniencia información de diversos documentos para justificar su opinión de que las autoridades chinas habían creado un marco normativo con el fin de ejercer un control significativo sobre las instituciones financieras. Las autoridades chinas argumentaron que, al abordar la alegación de las autoridades chinas, la Comisión se había limitado a reiterar los argumentos de estas últimas, pero había ignorado las pruebas registradas.

(203)

La Comisión se mostró en desacuerdo con esta alegación. Básicamente, la Comisión consideró que había abordado las alegaciones de las autoridades chinas y no había «seleccionado a su conveniencia» información para justificar su conclusión relativa al marco normativo sino que había basado dicha conclusión en un análisis exhaustivo de los elementos registrados que proceden de los documentos pertenecientes al marco jurídico en el que operan las instituciones financieras, documentos de políticas nacionales y sectoriales, información recogida de los productores de BEV que cooperaron, conclusiones de antiguas investigaciones y datos disponibles, habida cuenta de la falta de cooperación por parte de los bancos chinos. Ante la falta de cooperación de las instituciones financieras chinas después de que las autoridades chinas no enviaran el cuestionario ad hoc a las instituciones financieras en cuestión, la Comisión no pudo confirmar las supuestas «pruebas registradas» presentadas por las autoridades chinas. Con este argumento se rechazaron las alegaciones.

(204)

Tras la comunicación provisional, la CAAM argumentó que los bancos comerciales no pueden considerarse instituciones públicas, ya que los bancos llevan a cabo operaciones orientadas al mercado con el propósito de obtener beneficios, y que las empresas automovilísticas realizan operaciones de financiación a través de dichos bancos comerciales de conformidad con los mecanismos del mercado.

(205)

Tal y como se describe en la sección 3.5.1.1 del Reglamento provisional, la Comisión concluyó que las instituciones financieras de propiedad estatal son organismos públicos en el sentido del artículo 2, letra b), leído conjuntamente con el artículo 3, punto 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base, y que, en cualquier caso, se considera que las autoridades chinas les encomiendan u ordenan que lleven a cabo funciones que normalmente corresponden a los poderes públicos en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso iv), de dicho Reglamento. En la sección 3.5.1.9 del Reglamento provisional, la Comisión llegó a la conclusión de que las instituciones financieras privadas también reciben encomiendas y órdenes del Gobierno. Por otro lado, ni las constataciones de esta investigación ni las de anteriores investigaciones de la Comisión (33) relativas a las mismas instituciones financieras respaldaban la afirmación de que los bancos operan de acuerdo con mecanismos de mercado y no tienen en cuenta los planes y políticas gubernamentales en sus decisiones de concesión de préstamos. Así pues, se rechazó la alegación.

(206)

En ausencia de otras observaciones, se confirmaron las conclusiones de los considerandos 409 a 467 del Reglamento provisional.

(207)

Tras la comunicación provisional, las autoridades chinas indicaron que la Comisión se había basado en los mismos elementos para demostrar que las instituciones financieras recibieron encomienda u orden de las autoridades chinas y rechazaron dicha conclusión. Se refirieron a la jurisprudencia de la OMC para alegar que los análisis de encomienda/orden y de organismo público difieren y que la noción de delegación (en lo referente a encomendar) o de mando (en lo referente a ordenar) deben adoptar la forma de un acto afirmativo (34). También señalaron que la encomienda y la orden: i) no pueden ser una consecuencia de la regulación gubernamental; ii) implican una función más activa que los meros actos de aliento; y iii) deben demostrarse con pruebas de que un gobierno «asigna responsabilidad» en el caso de encomendar o «ejerce su autoridad sobre una entidad privada para efectuar una contribución financiera» en el contexto de ordenar (35). En este sentido, las autoridades chinas alegaron que la Comisión no había detectado ninguna «función que suele ser propia del Gobierno» que se encomendara/ordenara realizar a las instituciones financieras. Además, las autoridades chinas señalaron a la evaluación de si (y cómo) las autoridades chinas «[asignaron] responsabilidad a una entidad privada —o ejercieron su autoridad sobre una entidad privada— para efectuar una contribución financiera» y la ausencia de un «vínculo demostrable» entre las autoridades chinas y la conducta de los operadores privados. Las autoridades chinas también indicaron que la Comisión no había realizado una evaluación entidad por entidad de la encomienda o la orden para las instituciones financieras.

(208)

En este sentido, la Comisión consideró que los elementos que permiten concluir que los bancos de propiedad estatal eran organismos públicos también garantizaban la existencia de encomienda y orden en el ámbito de las instituciones financieras privadas. En particular, tal y como se explica en los considerandos 471 a 473 del Reglamento provisional, la Comisión estableció la existencia de un marco normativo que era aplicable a todas las instituciones financieras de China, tanto de propiedad privada como estatal, y que dio lugar a unas condiciones similares. Dichas conclusiones también se ajustan a las extraídas en investigaciones anteriores.

(209)

En lo que respecta a la evaluación entidad por entidad, la Comisión recordó que no recibió ninguna respuesta al cuestionario de instituciones financieras privadas, por lo que tuvo que recurrir a los datos disponibles.

(210)

Las autoridades chinas también indicaron que el hecho de que se aplicaran condiciones similares a los contratos de préstamo con instituciones financieras privadas que con instituciones financieras de propiedad estatal demuestra que el mercado es competitivo y que todos los bancos reciben el mismo trato.

(211)

La Comisión recordó que, ante la falta de cooperación de los bancos, tanto de propiedad privada como estatal, tuvo que basarse en los datos disponibles. El hecho de que existiera un solapamiento de los tipos demuestra que los bancos privados también concedieron préstamos por debajo de las condiciones de mercado, y no lo contrario.

(212)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas reiteraron su alegación de que la conclusión de la Comisión relativa a las condiciones de préstamo similares expuesta en el considerando 472 del Reglamento provisional era errónea, ya que los datos demostraban en realidad que el mercado financiero chino era totalmente competitivo.

(213)

La Comisión confirmó su evaluación y consideró que la existencia de unas condiciones similares demuestra en realidad que los bancos comerciales chinos de propiedad estatal y las instituciones financieras privadas operan en el mismo marco normativo y reciben orden o encomienda de conceder financiación preferente a la industria de los BEV, que pertenece a un sector fomentado. En todo caso, ante la falta de cooperación de las instituciones financieras con la excepción del Banco EXIM, que solo cooperó parcialmente, la Comisión tuvo que basarse en los datos disponibles, que confirman la evaluación de la Comisión, mientras que las autoridades chinas no presentaron pruebas justificativas que apuntaran a lo contrario que pudieran ser verificadas en el marco de la presente investigación. Por tanto, se rechazó esta alegación.

(214)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas argumentaron que la Comisión no cumplió la norma jurídica relativa a la encomienda/orden, y no demostró que las autoridades chinas hubiesen asignado responsabilidad a instituciones financieras privadas, ni ejercido su autoridad sobre instituciones financieras privadas, para conceder financiación a los productores de BEV. En particular, argumentaron que la conclusión de la Comisión sobre la existencia de un marco normativo se basa en información seleccionada a su conveniencia y no en la totalidad de las pruebas registradas. También argumentaron que, además de su evaluación de organismo público basada en la naturaleza de una entidad y de su relación con un gobierno, la Comisión también debería haber demostrado un vínculo entre el comportamiento de la entidad privada y el gobierno (36).

(215)

La Comisión se refirió al considerando 203 del presente Reglamento en el que ya abordó la alegación relativa a la supuesta «selección a conveniencia» con respecto al marco normativo. En lo que respecta al vínculo entre el comportamiento de la entidad privada y el gobierno, la Comisión se refirió a la existencia de un marco normativo aplicable a los bancos comerciales chinos de propiedad estatal descrito en el considerando 445 del Reglamento provisional, que también se aplica a los bancos privados (véase el considerando 208 del presente Reglamento). Mediante la existencia de dicho marco, a las instituciones financieras privadas se les encomienda u ordena que sigan un comportamiento determinado; a saber, conceder financiación preferente a la industria de los BEV. Con este argumento se rechazaron las alegaciones.

(216)

En ausencia de otras observaciones, se confirmaron las conclusiones de los considerandos 467 a 473 del Reglamento provisional.

(217)

Tras las comunicaciones provisional y definitiva, las autoridades chinas argumentaron que la información utilizada por la Comisión para descartar las calificaciones crediticias chinas estaba obsoleta y no tenía en cuenta la evolución reciente del mercado chino de las calificaciones crediticias. De hecho, China promulgó nuevas reglamentaciones para regular el mercado, como las Medidas Administrativas para la Actividad de la Calificación Crediticia relativa al Mercado de Valores en 2021. China también ha abierto activamente su mercado de calificaciones crediticias a agencias extranjeras y ha dispensado un trato nacional conforme con las normas y regulaciones vigentes de las autoridades administrativas y de gestión empresarial de la industria de la calificación crediticia. Tanto S&P Global Ratings Inc. como Fitch Ratings han operado en China. Por tanto, la Comisión no podía considerar que el mercado chino de la calificación crediticia estuviera cerrado o distorsionado.

(218)

La Comisión no niega que determinadas agencias extranjeras estén operando en el mercado chino. Sin embargo, las autoridades chinas no tuvieron en cuenta las pruebas aportadas por la Comisión en los considerandos 474, 475 y 477 del Reglamento provisional, que demuestran que dichas agencias extranjeras tan solo representan una pequeña fracción de las calificaciones llevadas a cabo en el mercado chino de la calificación crediticia, que siguen las mismas escalas de calificación que las agencias chinas y que aplican un incremento a sus calificaciones en términos de la importancia estratégica de las empresas para las autoridades chinas y de las garantías estatales implícitas.

(219)

En lo que respecta al carácter obsoleto de las pruebas aportadas por la Comisión, la Comisión señaló que las autoridades chinas eligieron selectivamente los elementos de prueba más antiguos aportados por la Comisión e ignoraron varias referencias de los años 2021 y 2022 utilizadas en los considerandos 474, 478 y 479 del Reglamento provisional, así como la referencia al documento de trabajo de los servicios de la Comisión sobre las distorsiones significativas en la economía de la República Popular China, que se publicó en abril de 2024. Estas referencias demuestran claramente que la situación del mercado chino de la calificación crediticia no había experimentado cambios significativos durante el período de investigación. Por tanto, se rechazaron estas alegaciones.

(220)

Tras la comunicación provisional, el Grupo BYD indicó que el análisis de la evaluación de la calificación crediticia llevado a cabo por la Comisión no aportó pruebas de los motivos por los que se había rebajado al Grupo BYD a una calificación B. Esta alegación se reiteró tras la comunicación definitiva.

(221)

La Comisión señaló que debido a que las instituciones financieras acreedoras chinas no presentaron ninguna evaluación de la solvencia, tal y como se indica en el considerando 492 del Reglamento provisional, llevó a cabo una evaluación de la calificación crediticia del Grupo BYD en los considerandos 495 a 498 del Reglamento provisional.

(222)

Al igual que en asuntos anteriores, la Comisión rebajó la calificación AAA china a una calificación BB teniendo en cuenta las circunstancias reales de cada grupo. Sin embargo, dicha calificación implica un nivel de deuda relativamente bajo. Como se demostró en el considerando 498 del Reglamento provisional, el Grupo BYD tenía una relación deuda-capital muy elevada de 0,78 sobre la base de las cuentas consolidadas del Grupo BYD y BYD Finance. Dado que un nivel de deuda de casi el 80 % no puede considerarse bajo, se rebajó la calificación crediticia a B. El cálculo de la ratio mencionado en los considerandos 495 a 498 del Reglamento provisional era parte del documento de comunicación definitiva.

(223)

Las autoridades chinas también impugnaron la rebaja de BYD a B. La alegación se rechazó porque las autoridades chinas compararon la calificación de un bono determinado emitido por el Grupo BYD y determinadas empresas individuales. La información proporcionada por las autoridades chinas no es comparable. Que una empresa haya emitido un bono determinado no implica que la calificación de dicho bono también sea aplicable al Grupo BYD como tal. Por tanto, se rechazó la alegación.

(224)

Tras la comunicación definitiva, el Grupo BYD solicitó que se le remitieran los criterios o el método utilizados para clasificar al Grupo BYD como una empresa con calificación B argumentando que deben existir unas normas estándar reconocidas internacionalmente o generalmente aceptadas para establecer las distintas calificaciones que utiliza la Comisión. También argumentó que la metodología utilizada por la Comisión debería haber formado parte de los hechos esenciales que no se han divulgado.

(225)

La Comisión señaló que no existen unos criterios concretos reconocidos internacionalmente para establecer las distintas calificaciones. Cada agencia de calificación tiene su propia metodología específica, que no se divulga públicamente. No obstante, las agencias sí siguen determinados principios generales, tal y como destaca S&P en su guía sobre los aspectos esenciales de la calificación crediticia: «Para formarse una opinión acerca del riesgo crediticio, las agencias de calificación recurren habitualmente a analistas o modelos matemáticos, o a una combinación de ambos. […] Un reducido número de agencias de calificación crediticia se centra casi exclusivamente en datos cuantitativos, que incorporan a un modelo matemático. […] Para calificar a una sociedad o un municipio, generalmente, las agencias que utilizan el enfoque basado en analistas asignan a un analista, a menudo junto con un equipo de especialistas, para que asuma el liderazgo en la evaluación de la solvencia de la entidad. Normalmente, los analistas obtienen la información de informes publicados, así como de entrevistas y conversaciones con el órgano de dirección del emisor. Utilizan dicha información y aplican sus criterios analíticos para evaluar la situación financiera de la entidad, su rendimiento operativo, sus políticas y sus estrategias de gestión de riesgos (37)».

(226)

En ese mismo documento se destaca que «el análisis crediticio de una sociedad emisora suele tener en cuenta numerosos factores financieros y de otra índole, como indicadores clave del rendimiento, influencias económicas, normativas y geopolíticas, atributos de gestión y gobernanza empresarial, y posición competitiva (38)».

(227)

La Comisión aplicó los mismos principios que las agencias de calificación crediticia, tal y como se señala en los dos considerandos anteriores, para formarse una opinión acerca de las empresas incluidas en la muestra. De hecho, por un lado, la Comisión calculó e interpretó una serie de indicadores financieros correspondientes a cada grupo de empresas incluido en la muestra. Como se indica en el considerando 222 anterior, dichas ratios formaron parte del documento de comunicación definitiva. Por otro lado, la Comisión utilizó toda la información presentada por las empresas durante el proceso de investigación, como los estados financieros, folletos sobre bonos, detalles facilitados sobre las operaciones de financiación, así como sobre la situación del mercado en su conjunto con el fin de hacer una valoración analítica de la situación financiera concreta de cada empresa, pero también de las condiciones económicas, normativas y generales del mercado en el que operan.

(228)

A este respecto, la Comisión tuvo en cuenta el contexto en el que operan las empresas, además de la situación financiera concreta de BYD. La Comisión observó que las empresas de BEV operan en un entorno de mercado con una proporción de capital muy alta y muy volátil, sujeto a rápidos cambios tecnológicos e innovaciones, con una competencia feroz entre los operadores chinos, y en el que las empresas tienen que invertir constantemente y adaptarse a las circunstancias cambiantes del mercado. En resumen, es un entorno muy similar al de las empresas emergentes para los nuevos productos, que suele conllevar mayores riesgos generales y, por tanto, redundaría en unas calificaciones crediticias generales inferiores para las empresas que operan en dicho mercado.

(229)

Por último, la Comisión señala que, de acuerdo con S&P, una calificación de B corresponde a una situación en la que una empresa es «[m]ás vulnerable a condiciones económicas, financieras y del negocio adversas, pero actualmente tiene capacidad para cumplir sus obligaciones financieras (39)». En vista de las ratios financieras concretas calculadas para BYD, sumadas a los riesgos del entorno de mercado en el que opera, la Comisión mantiene su postura con respecto a la calificación crediticia de BYD. Por consiguiente, se desestimó esta alegación.

(230)

Tras la comunicación provisional, el Grupo Geely argumentó que había sido injustamente sancionado con la rebaja de su calificación crediticia de AAA a B.

(231)

La Comisión señaló que debido a que las instituciones financieras acreedoras chinas no presentaron ninguna evaluación de la solvencia, tal y como se indica en el considerando 518 del Reglamento provisional, llevó a cabo una evaluación de la calificación crediticia del Grupo Geely en los considerandos 506 a 517 del Reglamento provisional.

(232)

La Comisión analizó ratios de liquidez a corto plazo concretas, en particular, el coeficiente de solvencia medio, la ratio de liquidez inmediata y el coeficiente de caja. La evaluación indicó que el Grupo se enfrentaba a retos de liquidez a corto plazo, que dieron lugar a un perfil de deudor de riesgo. Además, la Comisión analizó deudas a largo plazo utilizando ratios como la tasa de endeudamiento y la relación deuda-capital y llegó a la conclusión de que el grupo financia su actividad fundamentalmente mediante deuda.

(233)

Teniendo en cuenta los problemas de liquidez a corto plazo detectados y la dependencia del grupo en la financiación mediante deuda, la Comisión concluyó que la calificación crediticia AAA concedida al Grupo era injustificada y debía ser BB.

(234)

Además, en los considerandos 510 a 512 del Reglamento provisional, la Comisión señaló riesgos adicionales asociados al Grupo Geely. Algunos de dichos riesgos eran la emisión de obligaciones con fines de reestructuración de la deuda, la contratación de préstamos específicamente para amortizar otros ya existentes, y un acuerdo de conversión de deuda en capital social.

(235)

Para tener en cuenta el aumento de la exposición al riesgo para los bancos, debido, en particular, a problemas de liquidez y a retos de financiación tanto a corto como a largo plazo, la Comisión rebajó la calificación del riesgo en un grado y optó por utilizar obligaciones societarias con la calificación B (en lugar de BB) como base para determinar una referencia basada en el mercado. Por ello, la alegación fue rechazada.

(236)

Las autoridades chinas también impugnaron la rebaja del Grupo Geely a una calificación B. La Comisión señaló que las autoridades chinas solo facilitaron una referencia web con una calificación crediticia para respaldar su argumento, de la que no era posible determinar si se refería a determinadas empresas individuales o al grupo en su conjunto. En la información facilitada no se aclaraba a qué período se refería la calificación. Por otro lado, la calificación que figuraba en el sitio web para Geely era BBB, con una perspectiva negativa. Esta información indica una distorsión de la calificación crediticia en China, donde el grupo recibió una calificación AAA, y no es muy distinta a la calificación BB estándar utilizada por la Comisión. Ante la falta de información y los argumentos no fundamentados, la Comisión rechazó la alegación.

(237)

Tras la comunicación definitiva, el Grupo Geely argumentó que la Comisión no tuvo en consideración el hecho de que S&P concedió una calificación crediticia de AAA a una de las empresas del Grupo, Genius Auto Finance Co. Ltd («GAF»). La Comisión señaló que la calificación crediticia a la que se refería el Grupo se concedió al administrador de bonos de titulización de activos, en concreto Shanghai International Trust Co. Ltd., pero no a GAF (el proveedor de servicios de bonos de titulización de activos garantizados por préstamos hipotecarios). Por tanto, se rechazó este argumento.

(238)

Tras la comunicación provisional, el Grupo SAIC argumentó que había sido sancionado injustamente, en primer lugar, con la rebaja de su calificación crediticia de AAA a B y, en segundo lugar, con la aplicación del diferencial al tipo de referencia de préstamo del Banco Popular de China («BPC») [o al tipo preferente de préstamo anunciado por el Centro Nacional de Financiación Interbancaria («NIFC»)] en la fecha en que se concedió el préstamo y durante la duración del préstamo en cuestión, en lugar de al tipo que era aplicable al Grupo SAIC.

(239)

En ausencia de una evaluación de la solvencia por parte de las instituciones financieras acreedoras chinas, tal y como se indica en el considerando 518 del Reglamento provisional, la Comisión evaluó la calificación crediticia del Grupo SAIC en los considerandos 519 a 527 del Reglamento provisional. En dichos considerandos evaluó, en primer lugar, determinadas ratios relativas a la rentabilidad, el coeficiente de solvencia medio, la ratio de liquidez inmediata, el coeficiente de caja, la tasa de endeudamiento y la relación deuda-capital y consideró que dichas ratios no justificaban la supuesta calificación AAA mencionada en el considerando 238 del presente Reglamento y en el considerando 524 del Reglamento provisional, sino una calificación BB. Por otro lado, como se señala en los considerandos 522 y 523, determinados productores exportadores de BEV del Grupo SAIC tuvieron que recurrir a la conversión de deuda en capital social o inyecciones de capital para garantizar la continuación sostenible de sus operaciones. Además, la Comisión también había observado que el grupo había contratado préstamos con el objetivo específico de amortizar préstamos existentes. Sobre esta base, la Comisión decidió rebajar la calificación del Grupo SAIC de BB a B con el fin de reflejar los riesgos adicionales relacionados con sus problemas financieros y de liquidez.

(240)

Por otro lado, la Comisión no consideró que el Grupo SAIC hubiera sido sancionado injustamente. Con el fin de evaluar el nivel de la subvención que recibió, la Comisión comparó los intereses que debía pagar durante el período de investigación según lo notificado por el Grupo SAIC con el interés que debería haberse pagado en un mercado no distorsionado si se hubiera aplicado una calificación crediticia no distorsionada.

(241)

En este sentido, utilizó el tipo preferente de préstamo, es decir, el tipo de referencia formado por los principales bancos chinos que cotizan los tipos de préstamo reales aplicados para los clientes de máxima calidad, teniendo en cuenta el coste de los fondos, la oferta y la demanda del mercado, las primas de riesgo y otros factores (40). Teniendo en cuenta que el Grupo SAIC se benefició de unos tipos más favorables que el tipo medio ofrecido a los clientes de máxima calidad utilizado para la formación del tipo preferente de préstamo, la Comisión consideró que la base de una referencia no distorsionada debe fijarse, como mínimo, a nivel del tipo preferente de préstamo. En un segundo paso, con el fin de reflejar la solvencia crediticia del Grupo SAIC, se aplicó un diferencial basado en la diferencia entre las calificaciones crediticias AA y B, tal y como se explicó en el considerando 504 del Reglamento provisional.

(242)

Las autoridades chinas también impugnaron la rebaja del Grupo SAIC a la calificación B. La Comisión señaló que, para justificar este argumento, las autoridades chinas proporcionaron una referencia web con una calificación crediticia de un importante productor latinoamericano de confitería y galletas. La Comisión no vio la conexión entre los bombones argentinos y la industria de BEV chinos. Por consiguiente, la Comisión rechazó este argumento.

(243)

Por tanto, se rechazó esta alegación. En ausencia de otras alegaciones al respecto, se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 474 a 481 y 491 a 527 del Reglamento provisional.

(244)

Tras la comunicación provisional, el Grupo SAIC indicó que el importe del beneficio generado por los préstamos en divisas extranjeras no debería haberse asignado tan solo sobre la base del volumen de negocios de exportación del producto investigado, sino del volumen total de negocios de exportación. Tras la comunicación definitiva, SAIC formuló argumentos adicionales y alegó que la Comisión poseía suficiente información verificada registrada acerca del volumen de negocios de exportación procedente de las ventas a la Unión y fuera de ella. También señaló que los contratos de préstamo no especifican el objeto o el uso de dichos préstamos. En lugar de ello, dichos contratos indicaban que se referían a capital circulante únicamente. Por tanto, dichos préstamos en divisas extranjeras deberían haberse tratado como los préstamos en CNY y haberse asignado sobre el volumen total de negocios del grupo.

(245)

La Comisión aceptó la alegación relativa a la asignación del importe del beneficio generado por los préstamos en divisas extranjeras y revisó el cálculo en consecuencia. En ausencia de transacciones en divisas extranjeras relacionadas con otros elementos distintos de las ventas de productos acabados, la Comisión consideró que los préstamos en divisas extranjeras tenían que ver exclusivamente con las actividades de venta de exportación.

(246)

Tras la comunicación provisional, el Grupo SAIC indicó que deberían haberse suprimido una serie de préstamos interempresariales en CNY del cálculo de la subvención. En consecuencia, el Grupo SAIC sugirió un método de cálculo modificado en relación con el importe de la subvención.

(247)

Dicha alegación se aceptó parcialmente en la medida en que la Comisión dispuso de pruebas justificativas. Las pruebas justificativas relativas a los pasivos no corrientes con vencimiento en un año de una empresa del Grupo SAIC que aportó este último como parte de sus observaciones también llevaron a la detección de financiación preferente en forma de obligaciones de la que la Comisión no tenía ningún conocimiento previo. El cálculo del importe de la subvención se revisó en consecuencia.

(248)

Tras la comunicación provisional, el Grupo SAIC indicó que un préstamo interbancario de una empresa del Grupo SAIC era sustancialmente diferente de un préstamo y, por tanto, no debía haberse tratado como tal. No obstante, si, con todo, la Comisión tratase dicho préstamo interbancario como análogo a un préstamo, el tipo de interés de referencia aplicable debería ser el correspondiente a los préstamos a corto plazo con una duración de tres meses a partir del mes de diciembre de 2022 (es decir, el 3,65 %), dado que la duración de los préstamos interbancarios para empresas de financiación de automóviles se limitó legalmente a tres meses.

(249)

La Comisión rechazó la alegación del Grupo SAIC y considera que el acceso de la empresa a préstamos interbancarios dentro del Grupo SAIC a unos tipos excepcionalmente bajos constituye financiación preferente. Por tanto, la Comisión consideró este préstamo interbancario análogo a un préstamo. Ante la falta de cualquier información del Grupo SAIC sobre el préstamo interbancario o la posible existencia de otros préstamos similares, la Comisión sigue basándose en los datos disponibles para evaluar el beneficio relacionado con estos préstamos interbancarios.

(250)

En ausencia de otras observaciones sobre los tipos de préstamos, se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 482 a 485 del Reglamento provisional.

(251)

Tras la comunicación provisional, las autoridades chinas alegaron que la Comisión no había llevado a cabo un análisis de especificidad adecuado de los diversos supuestos programas de financiación preferente que demostrase que existe una limitación «inequívoca» y «clara» del acceso a la supuesta subvención en cuestión, una limitación que «expres[a] de forma definida todo lo que se pretende; que no dej[a] nada simplemente implícito o sugerido» (41).

(252)

Las autoridades chinas también añadieron que la Comisión no especificó en ningún caso qué parte de los documentos en cuestión obliga a la concesión explícita de financiación preferente a los productores de BEV.

(253)

Las autoridades chinas también indicaron que la Comisión no había demostrado ninguna limitación explícita de los supuestos préstamos preferenciales a determinadas empresas o sectores debido a que los préstamos preferenciales no se dirigían a un grupo suficientemente limitado en el sentido de que la supuesta subvención no estaba limitada únicamente a la industria de los BEV sino a las denominadas industrias «fomentadas».

(254)

Como se demuestra en el considerando 486 del Reglamento provisional, existen varios documentos jurídicos, que se refieren específicamente a las empresas del sector de los BEV, en los que se dan órdenes a las instituciones financieras para que concedan préstamos a la industria de los BEV a tipos preferentes. De conformidad con el artículo 4, apartado 2, del Reglamento de base, no es necesario que la subvención se limite tan solo a la industria de los BEV para que se considere específica, sino que basta con que se limite explícitamente el acceso a la subvención a determinadas empresas. El grupo de empresas fomentadas se considera de explícito carácter limitado. Por lo tanto, se rechazaron las alegaciones.

(255)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas reiteraron que la Comisión no había justificado su determinación relativa a la especificidad sobre la base de pruebas concluyentes y que se había basado en documentos que «supuestamente» demuestran que las instituciones financieras «solo conceden financiación preferente a un número reducido de industrias o empresas que se ajustan a las correspondientes políticas de las autoridades chinas». Más concretamente, argumentó que las industrias fomentadas en su conjunto no constituyen un segmento suficientemente discreto de la economía para constituir «determinadas empresas» en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base y del artículo 2.1, letra a), del Acuerdo SMC. En particular, las autoridades chinas argumentaron que la variedad de las denominadas industrias «fomentadas» hace que las supuestas subvenciones estén ampliamente disponibles en toda la economía china, de modo que no puede considerarse, desde un punto de vista lógico, que sean explícitamente específicas. Las autoridades chinas también argumentaron que la Comisión no había demostrado que dicha especificidad era «inequívoca» y «clara» (42) y que los documentos en los que se había basado la Comisión (véase el considerando 254 del presente Reglamento) eran irrelevantes para la industria de los BEV o no vinculantes.

(256)

La Comisión consideró que el conjunto de documentos mencionados en el considerando 486 del Reglamento provisional, como el artículo 15 de las Normas generales sobre préstamos (aplicadas por el Banco Popular de China) y el artículo 34 de la Ley Bancaria constituían pruebas concluyentes que demostraban, de una manera inequívoca y clara, que la concesión de financiación preferente era específica de la industria de los BEV. Por otro lado, como ya se ha explicado en los considerandos 253 y 254 del presente Reglamento, la Comisión consideró que los documentos en los que se basó limitaban explícitamente este programa a determinadas empresas y no es un programa que esté disponible en toda la economía china. De hecho, la Comisión observó que la industria de los BEV es una industria fomentada y que dicha condición no está disponible generalmente, en el sentido de que está limitada a un número restringido de industrias que figuran en un catálogo específico, tal y como se explica en el considerando 711 del Reglamento provisional. Por otro lado, la industria de los BEV también es un sector para el que se diseñaron planes plurianuales nacionales o subnacionales específicos, lo que indica claramente que no es cualquier industria sino una industria que, a juicio de las autoridades chinas, tiene derecho a recibir un trato preferente y que dicha condición irá asociada a determinadas políticas preferenciales tal y como se explica en los varios documentos de políticas mencionados en la sección 3.2 del Reglamento provisional. Con este argumento se rechazaron las alegaciones.

(257)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas también se refirieron al hecho de que la Comisión había solicitado a las autoridades chinas que reenviaran los cuestionarios a las instituciones financieras pertinentes y alegaron que la recopilación de información debe llevarla a cabo la autoridad investigadora y que la carga no debe trasladarse a las partes que responden. Además, las autoridades chinas argumentaron que no puede presumirse que una empresa se ha beneficiado de una ventaja «basándose en una mera presunción negativa, fundada en la inexistencia de información que permita llegar a la conclusión contraria, a falta de otros datos que puedan acreditar positivamente la existencia de una ventaja de este tipo».

(258)

Como se explica en el considerando 129 del presente Reglamento, la Comisión solicitó a las autoridades chinas que, por razones de conveniencia administrativa y buena administración, reenviaran a todas las instituciones financieras pertinentes una serie de cuestionarios específicos que había preparado la Comisión con el fin de obtener la información de un modo más eficaz. Dicha petición no puede equivaler, en modo alguno, a trasladar la responsabilidad de recopilación de información. Al no cooperar, las autoridades chinas no permitieron que la Comisión evaluara documentos adicionales que supuestamente habrían demostrado la ausencia de especificidad, que no es el caso, de modo que la Comisión tuvo que basarse en la información del expediente que respaldaba sus conclusiones. Dicho razonamiento jurídico no equivale a una presunción negativa porque la Comisión se basó en elementos registrados ante la negativa de las autoridades chinas de cooperar, lo que contrasta con su conducta en investigaciones anteriores, en las que las instituciones financieras cooperaron y permitieron a la Comisión proceder con sus labores de investigación, recopilar y verificar la información que consideró necesaria en lo que respecta a la industria de los BEV y los productos incluidos en la muestra en particular. Con este argumento se rechazaron las alegaciones.

(259)

Las autoridades chinas también argumentaron que la Comisión debería haber evaluado la especificidad de cada supuesto programa o instrumento que sometió a medidas compensatorias y que la Comisión no puede establecer que las distintas formas de financiación son específicas porque las partes interesadas no han aportado pruebas que demuestren lo contrario. Además, argumentó que las partes interesadas demostraron que estos instrumentos están disponibles para todas las entidades de todos los sectores de la economía china.

(260)

Como se muestra en las distintas secciones del Reglamento provisional, la Comisión evaluó la especificidad de cada uno de los programas que se sometió a medidas compensatorias sobre la base de las pruebas concluyentes que no fueron rebatidas por ninguna alegación fundamentada presentada por ninguna de las partes. La alegación de que las partes interesadas demostraron que dichos instrumentos estaban a disposición de todas las entidades de todos los sectores de la economía china se consideró vaga y carente de fundamento. Con este argumento se rechazaron las alegaciones. En ausencia de otras observaciones relativas a la especificidad, se confirmaron las conclusiones expuestas en el considerando 486 del Reglamento provisional.

(261)

Tras las comunicaciones provisional y definitiva, las autoridades chinas alegaron que la Comisión recurrió a una referencia de fuera del país sin aportar pruebas suficientes de que el mercado en China esté distorsionado, y que dichas distorsiones hacen que los tipos internos del país no puedan utilizarse como referencia, en consonancia con la jurisprudencia aplicable de la OMC (43).

(262)

La Comisión se mostró en desacuerdo con esta alegación y argumentó que se trataba de una alegación vaga porque se refería a las referencias utilizadas para la financiación preferente en general, pero también se refería a las líneas de crédito en particular (considerando 117 del Reglamento provisional). Además, la Comisión volvió a señalar que las autoridades chinas parecían ignorar que la referencia utilizada para los préstamos en CNY, las inyecciones de capital, las obligaciones y las letras de aceptación bancaria se basaba en una referencia china, a saber, el tipo preferente de préstamo. La única parte de fuera del país de la referencia consistía en la prima de riesgo de crédito añadida al tipo preferente de préstamo. En este contexto, la Comisión aportó numerosas pruebas en la sección 3.5.1.10 del Reglamento provisional que demuestran que las calificaciones crediticias y, por ende, las primas de riesgo de crédito estaban distorsionadas en China, lo que hacía que no pudieran utilizarse para establecer una referencia.

(263)

En lo que respecta al análisis de la existencia de distorsiones en China, la Comisión también se refirió al considerando 471 del Reglamento provisional, en el que se confirmaba la existencia de un marco normativo, y al considerando 473 del Reglamento provisional, en el que se llegaba a la conclusión de que todas las instituciones financieras (incluidas las instituciones financieras privadas) que operan en China bajo supervisión de la NFRA recibieron encomienda u orden del Estado de alinearse con las políticas gubernamentales y conceder préstamos a tipos preferentes a la industria de los BEV. En cualquier caso, ante la falta de cooperación plena de ninguna de las instituciones financieras que cooperaron, no pudo establecerse ninguna otra referencia. Por tanto, se rechazó esta alegación.

(264)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas también alegaron que le Comisión no había respondido a sus observaciones relacionadas con la selección de un diferencial relativo en lugar de un diferencial absoluto para establecer la diferencia entre las obligaciones societarias con la calificación AA y B. De acuerdo con las observaciones formuladas tras la comunicación provisional, las autoridades chinas argumentaron que el uso de un diferencial relativo no tenía sentido desde un punto de vista económico y que la Comisión no explicó cómo la adición del diferencial relativo se aproxima a un «préstamo comercial comparable que [la empresa] pudiera obtener efectivamente en el mercado», en el sentido del artículo 14, letra b), del Acuerdo SMC; ni por qué la Comisión consideró que no era necesario realizar ajustes a la referencia en relación con la adición del diferencial (relativo).

(265)

La Comisión señaló, en primer lugar, que las autoridades chinas tan solo hicieron afirmaciones generales sobre el uso del diferencial relativo en la comunicación provisional. No explicaron los motivos por los que consideraban que el diferencial relativo era ilógico económicamente, las razones por las que considerabada rabin que un diferencial absoluto era más apropiado, ni los ajustes de la referencia que considerarían necesarios. Las autoridades chinas tampoco aportaron ninguna prueba que respaldara sus afirmaciones o refutara la postura de la Comisión.

(266)

En cuanto al uso del diferencial relativo como tal, la Comisión destacó claramente en el considerando 490 del Reglamento provisional que había seguido la misma metodología de cálculo de la financiación preferente mediante préstamos establecida en la investigación antisubvención sobre hojas de aluminio convertible originarias de China, así como en las investigaciones antisubvención sobre productos planos de acero laminados en caliente originarios de China, neumáticos originarios de China, determinados tejidos de fibra de vidrio de punto y/o cosidos originarios de China y cables de fibras ópticas originarios de China, y proporcionó las correspondientes referencias a dichos Reglamentos, en los que se explicaba de forma prolija la justificación del uso del diferencial pertinente. La aplicación de esta metodología de cálculo a cada grupo individual de empresas incluidas en la muestra se explicó con mayor detalle en la comunicación específica de las empresas individuales. Las autoridades chinas no aportaron ningún argumento nuevo que hubiera justificado un cambio en la práctica tradicional de la Comisión con respecto al uso del diferencial relativo.

(267)

Sin embargo, en aras de la exhaustividad, la Comisión recuerda a las autoridades chinas que, en principio, el objetivo del diferencial relativo consistía en construir una prima de riesgo de crédito para cada empresa, para aplicarla al tipo de interés sin riesgo con el fin de llegar a un tipo de interés de referencia. En este contexto, recuerda las siguientes observaciones formuladas en relación con el sentido económico del diferencial relativo, así como el hecho de que se aproxima a un préstamo comercial, en el considerando 256 del Reglamento definitivo de la investigación antisubvenciones sobre neumáticos originarios de China:

(268)

Las autoridades chinas no aportaron ningún elemento que justificase una revisión de estas observaciones ni la Comisión halló elementos nuevos en la presente investigación que le llevasen a cambiar su evaluación anterior.

(269)

Por último, la afirmación de las autoridades chinas de que no se realizaron ajustes en el diferencial relativo no es correcta. Es más, el tipo preferente de préstamo chino se utiliza como punto de partida para el cálculo. Además, el uso del diferencial relativo refleja cambios de las condiciones de mercado subyacentes que no se expresan si se sigue la lógica de un diferencial absoluto, como se explica en el considerando 267 más arriba. Asimismo, los considerandos 504, 516 y 526 del Reglamento provisional destacan claramente que el diferencial relativo se determinó individualmente para cada préstamo concedido al grupo de empresas, de acuerdo con la fecha en que se concedió el préstamo y la duración del préstamo en cuestión. Por consiguiente, las especificidades de cada préstamo individual también se tuvieron en cuenta en el uso del diferencial relativo. Por lo tanto, se rechazaron las alegaciones de las autoridades chinas.

(270)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas argumentaron que la Comisión confundió su obligación de establecer la existencia de una contribución financiera de un gobierno con la existencia de un beneficio a través de dicha contribución financiera sobre la base de que existe una diferencia entre la cantidad que paga el beneficiario y lo que tendría que pagarse en un préstamo comercial que la empresa podría obtener en el mercado.

(271)

La Comisión consideró que había establecido la existencia de una contribución financiera y la existencia de un beneficio al evaluar este régimen. En particular, el artículo 487 del Reglamento provisional definió la base sobre la que los productores de BEV percibían un beneficio en función de la diferencia existente entre la cantidad que hubiera pagado la empresa en concepto de interés por el préstamo preferente y la que hubiera pagado por un préstamo comercial comparable que la empresa hubiera podido obtener en el mercado. En lo que respecta a la contribución financiera, la Comisión consideró que la concesión de financiación preferente mediante préstamos u otros instrumentos financieros constituía una contribución financiera para las autoridades chinas sobre la base de que las instituciones financieras que actuaban como organismos públicos o habían recibido encomienda u orden de las autoridades chinas aplicaban un tipo de interés o comisión superior a las empresas activas en un sector distinto del sector de los BEV u otro sector fomentado que se beneficiara de un trato favorable similar. Así pues, se rechazó la alegación.

(272)

El Grupo Geely alegó que la Comisión no debía utilizar datos de obligaciones societarias para establecer una referencia para los préstamos, dadas las importantes diferencias relativas a los riesgos asociados, la negociabilidad, los períodos y condiciones de reembolso (como las opciones de reembolso anticipado), y la reestructuración de la deuda. Alegó que estas diferencias provocan variaciones en los tipos de interés.

(273)

La Comisión manifestó su desacuerdo con la alegación del Grupo Geely argumentando que no utilizó obligaciones societarias para establecer una referencia para los préstamos. En lugar de ello, como se explica en el considerando 526 del Reglamento provisional, para establecer un tipo de interés basado en el mercado y no distorsionado, la Comisión se basó en una cesta de obligaciones societarias con la calificación AA y B para establecer el diferencial que debe sumarse al tipo de referencia de préstamo publicado por el BPC o, después del 20 de agosto de 2019, al tipo preferente de préstamo anunciado por el NIFC. Por tanto, se rechazó esta alegación.

(274)

El Grupo Geely alegó que existían errores concretos relativos al cálculo de los préstamos para determinadas empresas del grupo. La Comisión admitió dicha alegación y, posteriormente, revisó el cálculo.

(275)

En ausencia de otras observaciones relativas al cálculo del importe de la subvención, se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 487 a 490 del Reglamento provisional.

(276)

Se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 528 y 529 del Reglamento provisional y se estableció definitivamente que los porcentajes de subvención con respecto a la financiación preferente mediante préstamos durante el período de investigación para los grupos de empresas incluidos en la muestra ascendió a:

Financiación preferente: préstamos

(277)

Tras la comunicación provisional, el Grupo BYD impugnó la evaluación de las líneas de crédito llevada a cabo por la Comisión y alegó que ni los bancos chinos ni los bancos internacionales que proporcionaron líneas de crédito a las empresas del Grupo BYD (tanto situados en China como fuera de China) aplicaron comisiones de apertura.

(278)

Sin embargo, las pruebas aportadas por el Grupo BYD, que consistieron en acuerdos de líneas de crédito con instituciones extranjeras para empresas del Grupo BYD situadas fuera de China, demostraron que o bien las tasas de comisión, las comisiones de apertura y las comisiones por modificación formaban parte de los acuerdos, o bien que el banco no aplicaba ninguna comisión de compromiso porque no se comprometía a emitir financiación para la empresa. Por consiguiente, las pruebas adicionales aportadas por el Grupo BYD demostraron que normalmente se pagaba una comisión de compromiso para que algunos bancos se comprometieran a reservar dinero para sus clientes. Así pues, se rechazó la alegación.

(279)

Tras la comunicación definitiva, el Grupo BYD impugnó el análisis llevado a cabo por la Comisión, reiterando que no se aplicaban comisiones por la gestión/apertura de líneas de crédito y que la Comisión se había centrado, en cambio, en lo que tenía que ver con las operaciones bancarias posteriores como los préstamos.

(280)

La Comisión recordó que, como se explica en el considerando 530 del Reglamento provisional, la finalidad de una línea de crédito es establecer un límite de empréstito que la empresa puede utilizar en cualquier momento para financiar sus operaciones corrientes, a través de préstamos a corto plazo, letras de aceptación bancaria, etc., lo que hace que la financiación del capital circulante se flexibilice y esté disponible inmediatamente cuando se necesita. Así pues, los préstamos son, en efecto, una de las operaciones bancarias relacionadas con las líneas de crédito. En segundo lugar, la Comisión no estuvo de acuerdo con la afirmación de que no se aplicaban comisiones por las líneas de crédito, ya que de los tres documentos presentados, uno mencionaba claramente que debía pagarse una comisión, otro se refería a otro acuerdo de condiciones de crédito, y por tanto la empresa no presentó toda la documentación, y el tercero se refería a una línea de crédito no comprometida. Por lo tanto, la Comisión rechazó dichas alegaciones.

(281)

Tras la comunicación provisional, el Grupo Geely también alegó que la existencia de una línea de crédito no era imprescindible para contratar préstamos individuales. En ausencia de pruebas justificativas a este respecto, se rechazó esta alegación. En ausencia de otras observaciones relativas a la evaluación general de las líneas de crédito, se confirmaron las conclusiones expuestas en el considerando 530 del Reglamento provisional.

(282)

En ausencia de observaciones relativas a las conclusiones de la investigación, se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 531 a 533 del Reglamento provisional.

(283)

Tras la comunicación provisional, el Grupo BYD declaró que las líneas de crédito no son específicas en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base dado que todas las empresas en China, al margen de su tipo de industria, pueden optar por igual a la obtención de líneas de crédito, y que la Decisión n.o 40 no contiene ninguna expresión que limite el acceso a las líneas de crédito.

(284)

La Comisión manifestó su desacuerdo con la alegación del Grupo BYD de que las líneas de crédito no son específicas. En este sentido, la Comisión señaló que el Grupo BYD no demostró que las empresas chinas pudieran beneficiarse por igual de las condiciones preferentes observadas con respecto a la industria de los BEV. Además, dado que las líneas de crédito están intrínsecamente vinculadas a otros tipos de actividades crediticias preferenciales, como los préstamos, y dado que forman parte del apoyo en forma de créditos que se presta específicamente a las industrias fomentadas, el análisis de especificidad para los préstamos desarrollado en la sección 3.5.2.2 del Reglamento provisional también es aplicable a las líneas de crédito. Por lo tanto, se rechazó esta alegación.

(285)

En ausencia de otras observaciones relativas a la especificidad, se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 534 y 535 del Reglamento provisional.

(286)

Tras la comunicación provisional, el Grupo SAIC alegó que debería haberse utilizado una referencia alternativa con respecto a las tasas aplicables a las líneas de crédito del Grupo SAIC, dado que las mencionadas en el considerando 537 del Reglamento provisional no eran adecuadas. En opinión de SAIC, el uso de los índices del Metro Bank del Reino Unido no era apropiado por ser índices aplicables a líneas de crédito por debajo de las 60 000 GBP, mientras que las líneas de crédito de las entidades del Grupo SAIC ascendían a varios miles de millones de euros, por lo que no eran comparables a los préstamos obtenidos por el Grupo SAIC. El Grupo Geely también alegó que la referencia utilizada no era adecuada. Tras la comunicación definitiva, el Grupo BYD indicó que la Comisión se basó inadecuadamente en líneas de crédito en GBP concedidas por un banco pequeño para concluir que la práctica de los bancos de no cobrar comisiones por la apertura de líneas de crédito en China constituía una subvención.

(287)

Las autoridades chinas alegaron que la referencia de fuera del país utilizada por la Comisión era excesivamente elevada (del 1,25 al 1,75 %) en comparación con otra información disponible públicamente (del 0,25 al 1 %) (45). Tras las comunicaciones provisional y definitiva, las autoridades chinas consideraron que el banco seleccionado y el importe de la línea de crédito (hasta 60 000 GBP) eran problemáticos. También argumentaron que las empresas no operaban en GBP. Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas también alegaron que el artículo 14, letra b), del Acuerdo SMC obligaba a la autoridad investigadora a ajustar la referencia para que se aproximase al préstamo comercial comparable de un gobierno (46). Las autoridades chinas también se refirieron a información públicamente disponible (47) que mostraba, supuestamente, unos tipos aplicables más reducidos, así como a una muestra de bancos que, supuestamente, cobran una comisión de apertura o de compromiso que suele oscilar entre el 0,25 y el 1 %. Además, las autoridades chinas alegaron que los tipos de referencia utilizados en la presente investigación eran injustificadamente más elevados que en investigaciones anteriores y que la Comisión no había explicado por qué dichos tipos eran más elevados que en investigaciones anteriores.

(288)

La Comisión manifestó su desacuerdo con las alegaciones anteriores. La información subyacente relativa a la referencia utilizada en la presente investigación no arroja una tasa distinta en función del valor de la línea de crédito. En lo que respecta a las tasas mencionadas por las autoridades chinas, no estaban respaldadas por información original procedente de bancos concretos ni que apuntara a unas condiciones concretas. Además, la referencia utilizada en la presente investigación se ajustaba a las referencias utilizadas en investigaciones anteriores para las que no se había fijado ningún importe superior máximo y que procedían de un gran banco internacional (48). Por lo tanto, se rechazaron las alegaciones. La Comisión también consideró que la referencia que utilizó reflejaba suficientemente las condiciones financieras sobre la base de las cuales se concedería una línea de crédito en condiciones de mercado normales en el país en el que operaran las empresas. En todo caso, las autoridades chinas no aportaron información adicional relativa a los ajustes que habrían sido necesarios o a las razones específicas para llevar a cabo dichos ajustes.

(289)

En lo que respecta a la información públicamente disponible, la Comisión consideró que las autoridades chinas no señalaron con claridad los elementos específicos del sitio web al que se refirieron. En cualquier caso, la información que figuraba en el sitio web aportado para justificar dicha alegación no se consideró concluyente debido a que se referiría a comisiones de apertura/compromiso del 4 al 5 % y/o se refería a una comisión de compromiso aplicable durante un denominado «período de gracia» sin aportar más información con respecto a lo que constituiría dicho período de gracia.

(290)

La Comisión no consideró que la referencia utilizada fuese injustificadamente más elevada. En realidad, se asemejaba mucho a la utilizada en investigaciones anteriores y se basó en información públicamente disponible. El hecho de que los productores de BEV no operen en GBP no se consideró pertinente para la idoneidad de la referencia seleccionada, donde lo que importan son las condiciones de mercado ofrecidas para pedir dinero prestado (independientemente de la divisa). En cualquier caso, teniendo en cuenta el tesgrimiipo interbancario de oferta de Londres (LIBOR) aplicable en el período de investigación, que fue inferior al tipo comprable aplicable en China, dicha referencia se consideró conservadora. Por tanto, se rechazó esta alegación.

(291)

Las autoridades chinas añadieron que la Comisión no había justificado cómo se aproximaba la referencia seleccionada a una línea de crédito disponible para las empresas automovilísticas chinas y que no está ligada a las condiciones de mercado imperantes en China. Las autoridades chinas también argumentaron que, normalmente, las grandes empresas tales como los productores de BEV podían negociar unas tasas más favorables. En ausencia de pruebas justificativas, se rechazó esta alegación.

(292)

Las autoridades chinas también argumentaron que es habitual en China que los bancos no cobren nada por las líneas de crédito a menos que se contrate el crédito y se emitan préstamos conforme a dichas líneas. En este sentido, se refirió al artículo 1.1 de la circular de la Comisión de Regulación Bancaria y de Seguros de China, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información, la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma, el Ministerio de Hacienda, el Banco Popular de China y la Administración Estatal de Regulación del Mercado sobre el aumento de la regulación de los costes del crédito y la financiación con el fin de reducir los costes globales de financiación para las empresas en virtud de la cual «[no se cobrará ninguna tasa de gestión de fondos] [para los productos de un crédito transferido pero aún no utilizado por la empresa]». Las autoridades chinas también se refirieron a las respuestas de Zhihu, quien afirma que «no se cobran tasas por las líneas de crédito».

(293)

La Comisión manifestó su desacuerdo con dicha conclusión y se refirió al sitio web del Banco de China en el que se apunta al cobro de tasas por la existencia de líneas de crédito (49) en el período de investigación. Sobre esta base, la Comisión también rechazó la alegación de las autoridades chinas que aludía a que se daban instrucciones para que no se cobraran tasas por gestión de fondos. En cualquier caso, las autoridades chinas no aportaron pruebas de que las «tasas por gestión de fondos» se correspondan con las comisiones de apertura o de renovación. En última instancia, la alegación relativa a Zhihu no estaba justificada y carecía de legitimidad. Por tanto, se rechazó esta alegación.

(294)

En ausencia de otras observaciones, se confirmaron los considerandos 536 a 538 del Reglamento provisional.

(295)

Tras la comunicación provisional, las autoridades chinas y el Grupo Geely indicaron que las letras de aceptación bancaria no son una forma de financiación preferente que deba estar sujeta a medidas compensatorias. Alegaron que las letras de aceptación bancaria permiten a las empresas «comprar a crédito» al vendedor de los bienes con una garantía vinculada. Argumentaron que los bancos ofrecían una garantía para el pago del comprador, pero no financiación. Las autoridades chinas también argumentaron que, si la Comisión concluyera que dicha operación constituye una subvención, debería calcular el beneficio solo en relación con la provisión de garantía según lo dispuesto en las condiciones de los bancos establecidas en las letras de aceptación bancaria (50).

(296)

Las autoridades chinas también alegaron que la Comisión se basó en conclusiones de investigaciones anteriores con las que no había coincidencia (51) y no determinó que, en China, las letras de aceptación bancaria den lugar a una financiación preferente para los productores de BEV y que la Comisión ignoró que las letras de aceptación bancaria funcionan de manera distinta en los distintos países.

(297)

La Comisión se mostró en desacuerdo con estas alegaciones. Argumentó que, ante la falta de cooperación de las instituciones financieras chinas, tuvo que recurrir a los datos disponibles. En este contexto, la Comisión tuvo que basarse, en parte, en las conclusiones no impugnadas de investigaciones previas, en particular, de las relativas a supuestas diferencias entre países. En cualquier caso, la Comisión también se basó en los datos recabados en la presente investigación, en la que llegó a la conclusión de que el sistema de aceptación bancaria establecido en China proporcionó a todos los productores exportadores incluidos en la muestra una financiación gratuita de sus operaciones corrientes, lo que les confirió un beneficio que podría estar sujeto a medidas compensatorias, como se describe en los considerandos 562 a 566 del Reglamento provisional. Por tanto, se rechazó esta alegación.

(298)

Las autoridades chinas también argumentaron que la Comisión no había tenido en cuenta el sistema de compensación de aceptación bancaria existente con distintos bancos presentado en el considerando 557 del Reglamento provisional. En ausencia de nuevos elementos presentados por las autoridades chinas o los productores exportadores incluidos en la muestra en este sentido se rechazó esta alegación.

(299)

Tras la comunicación provisional, el Grupo BYD argumentó que no se confería ningún beneficio a las aceptaciones bancarias, dado el porcentaje de depósitos o compromisos equivalentes con los bancos, y solicitó a la Comisión que revise el cálculo del beneficio, argumentando que los depósitos o compromisos ofrecidos por el Grupo BYD a los bancos, y los ingresos por intereses derivados de estos, compensaban plenamente los riesgos y los costes de los intereses asumidos por los bancos, por lo que no conferían ningún beneficio.

(300)

Como concluyó la Comisión en investigaciones anteriores (52), hay que señalar, en primer lugar, que es una práctica habitual que los bancos soliciten avales y garantías a sus clientes cuando conceden financiación. Además, cabe señalar que estos avales se utilizan para garantizar que el productor exportador asuma su responsabilidad financiera con respecto al banco, y no para con el proveedor. La investigación también puso de manifiesto que los bancos chinos no solicitan sistemáticamente estos avales, que tampoco están siempre vinculados a letras de aceptación bancaria específicas. A este respecto, los depósitos mencionados no suponen un pago anticipado por parte del librador a los bancos, sino simplemente una garantía adicional solicitada por los bancos y que no tiene ninguna repercusión sobre la decisión del banco de emitir las letras de aceptación bancaria sin intereses acreedores adicionales para el librador. Además, pueden adoptar diversas formas, desde depósitos a plazo a compromisos de pago. Los depósitos pueden conllevar intereses a favor del librador y, por lo tanto, no representan ningún coste para el librador de la letra de aceptación bancaria. Del mismo modo, tal y como se describe en la sección 3.5.3.2 del Reglamento provisional, las letras de aceptación bancaria tienen efectivamente el mismo propósito y los mismos efectos que los préstamos de capital circulante a corto plazo, ya que las empresas las utilizan para financiar sus operaciones en lugar de préstamos de capital circulante a corto plazo y que, en consecuencia, deberían conllevar un coste equivalente al de estos últimos. Por tanto, se rechazó esta alegación.

(301)

El Grupo SAIC alegó que, en este caso, las aceptaciones bancarias deben considerarse un método de pago dado que los bancos no aportaron ninguna contribución financiera en la medida en que los bancos simplemente asumían las obligaciones legales con respecto al pago de acuerdo con las instrucciones de los compradores quienes, a su vez, actuaron conforme a los contratos de compra y suministro subyacentes. Por otro lado, este método no era específico de los productores de BEV, sino que también está disponible para cualquier otra empresa en China.

(302)

La Comisión rechazó la alegación del Grupo SAIC de que los bancos no ofrecían ninguna contribución financiera alegando que, en realidad, los bancos asumen los efectos por pagar del Grupo SAIC y le ofrecen a este un plazo de pago ampliado sin solicitar el pago de ningún tipo de interés, que normalmente se devengaría. En ausencia de pruebas relativas a la disponibilidad de letras de aceptación bancaria ofrecidas en condiciones similares a cualquier otra parte en China, se rechazó esta alegación.

(303)

Tras la comunicación definitiva, el Grupo Geely alegó que nunca utilizó fondos bancarios durante el período de investigación, dado que no se había visto en ningún caso en que no hubiera pagado al vencimiento. La Comisión rechazó esta alegación sobre la base de que el beneficio no se confiere cuando las empresas no pueden reembolsar los fondos tomados en préstamo sino sobre la base del préstamo a corto plazo sin costes que reciben a través de la existencia de letras de aceptación bancaria. Por tanto, se rechazó esta alegación.

(304)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas reiteraron que la Comisión no debería haber tratado las letras de aceptación bancaria de forma similar a los préstamos a corto plazo porque son formas de financiación diferentes.

(305)

Por los motivos señalados en la sección 3.5.3.2 del Reglamento provisional, la Comisión consideró que las letras de aceptación bancaria son equivalentes a los préstamos a corto plazo y rechazó esta alegación.

(306)

En ausencia de otras observaciones relativas a la evaluación general de las letras de aceptación bancaria, se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 539 a 557 del Reglamento provisional.

(307)

Tras la comunicación provisional, en lo que respecta a las letras de aceptación bancaria, las autoridades chinas indicaron que la Comisión había invertido la carga de la prueba al alegar que ninguna empresa china (distinta de las pertenecientes a las industrias fomentadas) podía beneficiarse de letras de aceptación bancaria en las mismas condiciones preferentes.

(308)

Las autoridades chinas argumentaron que la Comisión no había llevado a cabo un análisis de especificidad y que se había basado en sus evaluaciones con respecto a los préstamos, y eso no es suficiente.

(309)

Las autoridades chinas, el Grupo BYD y el Grupo SAIC también indicaron que las aceptaciones bancarias no son específicas en el sentido del artículo 4 del Reglamento de base y el artículo 2 del Acuerdo SMC, dado que todas las entidades jurídicas chinas tienen derecho a obtener aceptaciones bancarias, no se imponen límites ni restricciones a las empresas acerca de cómo utilizarlas a los efectos de las transacciones comerciales, y las condiciones para solicitar aceptaciones bancarias son neutrales, no se circunscriben a ningún tipo específico de empresas o industrias. Las autoridades chinas también indicaron que la Comisión había invertido la carga de la prueba al alegar que no había pruebas de que ninguna empresa china (distinta de las pertenecientes a las industrias fomentadas) pudiera beneficiarse de letras de aceptación bancaria en las mismas condiciones preferentes.

(310)

Estas alegaciones tuvieron que desestimarse. La alegación del Grupo SAIC no estaba justificada. Pese a que BYD presentó las Medidas para la administración de la aceptación, el descuento y el descuento del Banco Central en relación con las letras comerciales (Orden n.o 4 [2022] del Banco Popular de China y la Comisión de Regulación Bancaria y de Seguros de China) (53) y las Medidas para la aplicación de la administración de instrumentos negociables (54) como legislación aplicable a las aceptaciones bancarias, las pruebas aportadas no demostraban que cualquier empresa china (distinta de las pertenecientes a las industrias fomentadas) pudiera beneficiarse de letras de aceptación bancaria en las mismas condiciones preferentes observadas con respecto a la industria de los BEV. Además, aunque una forma de financiación pudiera, en principio, ponerse a disposición de empresas de otros sectores, las condiciones concretas bajo las cuales esta financiación se ofrece a las empresas de una industria determinada, como la remuneración y el volumen de financiación, podrían convertir esa financiación en específica. Ninguna de las partes interesadas presentó pruebas que demostraran que la financiación preferente mediante letras de aceptación bancaria de las empresas del sector de los BEV se hubiera basado en criterios o condiciones objetivos, en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base. En lo que respecta a la prueba de la carga, la Comisión se refirió a sus conclusiones resumidas en los considerandos 555 y 558 a 560 del Reglamento provisional, que establecen que todos los productores exportadores incluidos en la muestra se beneficiaron de una financiación gratuita de sus operaciones corrientes y que dicho beneficio está vinculado a decisiones nacionales tales como la Decisión n.o 40 o la comunicación de la CBIRC a la que se hace referencia en el considerando 560. Además, ante la falta de cooperación plena de ninguna institución financiera china, la Comisión recurrió a los datos disponibles. En este contexto, la Comisión no consideró que hubiera invertido la prueba de la carga, sino que las autoridades chinas y las instituciones financieras chinas no presentaron ningún elemento que invirtiera las conclusiones extraídas por la Comisión. Por tanto, se rechazó esta alegación.

(311)

En ausencia de otras observaciones relativas a la especificidad, se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 558 y 561 del Reglamento provisional.

(312)

Tras la comunicación provisional, el Grupo SAIC se opuso al hecho de que, en el caso de algunas entidades, para el cálculo de la subvención se hubiesen tenido en cuenta varios días posteriores al final del período de investigación. Por otro lado, las aceptaciones bancarias interempresariales otorgadas a una empresa financiera del Grupo SAIC deberían haberse retirado porque no era receptora de este régimen. Como empresa financiera, esta entidad concedía aceptaciones bancarias, pero no las recibía.

(313)

La Comisión observó que determinadas empresas no habían seguido las instrucciones del cuestionario a la hora de facilitar la información, ya que no se habían notificado letras de aceptación bancaria con una fecha de inicio anterior al período de investigación, por lo que no pudo realizarse ningún cálculo sobre la base de las letras que faltaban. Sin embargo, de común acuerdo con determinadas empresas y como se explica en la comunicación específica, no se pidió a las empresas del Grupo SAIC que volvieran a presentar la información detallada debido a la carga que ello habría supuesto, pero se acordó que el beneficio se seguiría basando en letras de aceptación bancaria que aún estuviesen en vigor después del período de investigación. En el caso de otras empresas con las que no se buscó el acuerdo, la Comisión aplicó el mismo enfoque basándose en la información presentada por las empresas y consideró que era razonable utilizar dicha información porque abarcaba un período neto de doce meses en la fecha en que se emitieron las letras de aceptación bancaria. Por tanto, se rechazó esta alegación.

(314)

En lo que respecta a las letras de aceptación bancaria interempresariales, la Comisión aceptó las alegaciones y así lo reflejó en su cálculo revisado del importe de la subvención.

(315)

El Grupo Geely alegó que el beneficio debería basarse en la tasa aplicable al crédito, no en el tipo de interés del banco y que no debería calcularse ningún beneficio relativo a las letras de aceptación bancaria cubiertas íntegramente por un depósito de efectivo o una garantía bancaria y que las tasas pagadas por el Grupo Geely deberían deducirse del cálculo del beneficio.

(316)

La Comisión manifestó su desacuerdo con las alegaciones del Grupo Geely. Teniendo en cuenta la naturaleza de las letras de aceptación bancaria que ofrecen una ampliación del plazo de pago mediante un préstamo a corto plazo sin costes, la Comisión consideró que el cálculo del beneficio debía basarse en una referencia no distorsionada. Por otro lado, como ya se constató en investigaciones anteriores, el hecho de que las letras de aceptación bancaria estén cubiertas por un depósito en efectivo o una garantía es irrelevante para el cálculo del beneficio. El beneficio se calculó como la diferencia entre la cantidad que había pagado la empresa como la diferencia entre la cantidad que la empresa pagó realmente como remuneración de la financiación mediante letras de aceptación bancaria y la cantidad que hubiera debido pagar de aplicarse una tasa de interés correspondiente a un préstamo a corto plazo. De hecho, es habitual que los bancos soliciten varios tipos de garantías al conceder préstamos. La existencia de una garantía no implica que los fondos se prestaran en condiciones de mercado. La Comisión tampoco consideró que la tasa pagada por la emisión de letras de aceptación bancaria sea comparable al pago de intereses. Por consiguiente, la Comisión no consideró que dicha tasa debiera deducirse. Con este argumento se rechazaron las alegaciones.

(317)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas argumentaron que la referencia utilizada debería tener la misma estructura que la contribución financiera que se esté comparando, en consonancia con los artículos 14.b) y 14.c) del Acuerdo SMC. La Comisión rechazó esta alegación sobre la base de que la referencia utilizada y la metodología aplicada corresponden al instrumento financiero en cuestión por el que los productores de BEV, que se beneficiaban de letras de aceptación bancaria, recibieron financiación preferente mediante un préstamo a corto plazo sin costes. Por tanto, la Comisión consideró que el uso de un tipo de interés a corto plazo aplicable a la duración del préstamo constituyó una base apropiada para el cálculo del beneficio conferido al receptor. Por tanto, se rechazó esta alegación.

(318)

En ausencia de otras observaciones, se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 562 a 566 del Reglamento provisional.

(319)

Tras la comunicación provisional, las autoridades chinas argumentaron que la Comisión no debía basarse en investigaciones anteriores para extraer sus conclusiones y que la Comisión no demostró que los efectos descontados sean una forma de financiación preferente.

(320)

Tal y como se describe en los considerandos 567 a 570 del Reglamento provisional, mediante el uso de efectos descontados, los intermediarios financieros adelantaron los importes de los títulos de crédito antes de su fecha de vencimiento. Las empresas en cuestión recibieron fondos anticipados transfiriendo los derechos de los futuros títulos de crédito a las entidades financieras tras la deducción de las comisiones y las tasas de descuento aplicables. Se consideró que la tasa de descuento aplicable era de nivel preferente. El beneficio así conferido a los receptores es la diferencia entre la tasa de descuento aplicada por las instituciones financieras chinas y la tasa de descuento aplicable a una operación de mercado comparable. Ante la falta de cooperación de las instituciones financieras chinas, la Comisión confirmó su conclusión de que los efectos descontados ofrecían financiación a tipos preferentes. La Comisión se opuso a la alegación de las autoridades chinas de que se basa en conclusiones de investigaciones anteriores. Por tanto, se rechazó esta alegación.

(321)

El Grupo BYD indicó que los efectos descontados intragrupo con un porcentaje de depósito específico deberían haberse excluido del cálculo del beneficio, sobre la base de que el Grupo BYD no transfirió los títulos de crédito todavía improductivos a los bancos, sino que recuperó los depósitos pagados a los bancos.

(322)

La Comisión no aceptó la alegación porque la transacción de los efectos descontados no se realiza entre partes vinculadas sino entre el receptor del efecto y un banco. El hecho de que la aceptación bancaria original, que fue descontada posteriormente, fuera emitida inicialmente por una empresa vinculada es irrelevante y no altera el hecho de que la empresa se beneficiara de una tasa de descuento baja en comparación con la tasa de descuento aplicable a una operación comparable en el mercado.

(323)

En ausencia de otras observaciones relativas a la evaluación general de los efectos descontados, se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 567 a 570 del Reglamento provisional.

(324)

Tras la comunicación provisional, las autoridades chinas y el Grupo BYD indicaron que los efectos descontados no son específicos, sino que están disponibles para todos los sectores. El Grupo BYD se refirió a las disposiciones contenidas en el artículo 15 de las Medidas para la administración de la aceptación, el descuento y el descuento del Banco Central en relación con las letras comerciales (55).

(325)

Tal y como se establece en el considerando 572 del Reglamento provisional, los efectos descontados, como forma de financiación, forman parte del apoyo financiero preferente de las instituciones financieras a las industrias fomentadas, como el sector de los BEV, y las pruebas aportadas por el Grupo BYD no demostraron que ninguna empresa china (distinta de las pertenecientes a las industrias fomentadas) pudiera beneficiarse de efectos descontados en las mismas condiciones preferentes observadas con respecto a la industria de los BEV. Por lo tanto, se rechazaron las alegaciones.

(326)

En ausencia de otras observaciones relativas a la especificidad, se confirman las conclusiones expuestas en los considerandos 571 a 573 del Reglamento provisional.

(327)

En ausencia de otras observaciones relativas al cálculo del importe de la subvención, se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 574 a 576 del Reglamento provisional.

(328)

En ausencia de observaciones relativas a la evaluación general de las conversiones de deuda en capital social, se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 577 a 580 del Reglamento provisional.

(329)

En ausencia de otras observaciones relativas a la especificidad, se confirmaron las conclusiones expuestas en el considerando 581 del Reglamento provisional.

(330)

Tras la comunicación provisional, de acuerdo con las autoridades chinas, dado que las entidades que participan en una conversión de deuda en capital social son beneficiarias de derechos en tanto que accionistas, la inversión de capital no debería haberse tratado como un préstamo sin intereses para el cálculo del beneficio.

(331)

La Comisión consideró que el beneficio de la conversión de deuda en capital social debía tratarse desde el punto de vista del beneficiario de la subvención, es decir, NHBGAP. Sin embargo, los derechos en tanto que accionistas que tienen en cuenta las autoridades chinas se referían a los inversores, no a NHBGAP, y son por tanto irrelevantes para calcular el beneficio obtenido por NHBGAP. Por el contrario, la Comisión señaló que el beneficio era equivalente a un préstamo sin intereses dado que, desde el punto de vista de NHBGAP, la deuda con un tipo de interés determinado adeudada al deudor se convirtió en otro tipo de deuda subordinada del mismo deudor que ya no tenía pagos de intereses asociados. Por tanto, se rechazó esta alegación.

(332)

En ausencia de otras observaciones relativas al cálculo del beneficio, se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 582 y 583 del Reglamento provisional.

(333)

Tras la comunicación provisional, las autoridades chinas argumentaron que la Comisión no analizó si las diversas aportaciones de capital eran más beneficiosas que una aportación de capital privado.

(334)

La Comisión disiente de esta evaluación. En cada uno de los casos, la Comisión explicó el carácter favorable de la transacción como, por ejemplo, en los considerandos 579 y 582 del Reglamento provisional en el caso de la conversión de deuda en capital social mencionada más arriba, o en los considerandos 585 a 587 del Reglamento provisional en el caso de la aportación de capital del Grupo Geely.

(335)

Además, en cuanto a la aportación de capital relativa a SAIC, la evaluación de la Comisión tuvo que basarse íntegramente en los datos disponibles, tal y como se indica en los considerandos 600 y 605 del Reglamento provisional, y, por tanto, se desconocían las condiciones subyacentes precisas de la transacción. Por otro lado, sobre la base de la información disponible públicamente que figura en los considerandos 601 a 606 del Reglamento provisional, en el considerando 607 del Reglamento provisional la Comisión concluyó que los participantes en la transacción actuaron como organismos públicos en consonancia con el marco legislativo aplicable para aportar capital adicional a SAIC sin coste alguno.

(336)

Por último, la Comisión observó que, aparte de una afirmación general, las autoridades chinas no aportaron ningún elemento nuevo al expediente que contradiga las conclusiones de la Comisión. En consecuencia, se rechazó esta alegación.

(337)

Tras la comunicación provisional, el Grupo Geely alegó que Hubei Jiyuan Yangtze River Industrial Fund Partnership no es un organismo público ni está dotado de facultades gubernamentales. Por otro lado, debido a la transferencia de sus acciones a una entidad privada en 2024, argumentan que debería modificarse la referencia.

(338)

La Comisión señaló que, como se describe en el considerando 590 del Reglamento provisional, Yangtze River Industrial Fund —un fondo de orientación del Gobierno chino desde 2017— se centra en el desarrollo de industrias estratégicas emergentes de la provincia de Hubei, como la de los BEV. El fondo se alinea con las estrategias nacionales para agrupaciones industriales modernas, haciendo hincapié en su función en la ejecución de proyectos gubernamentales industriales clave en la región. Con respecto a la alegación de que el fondo transfirió sus acciones a una entidad privada después del período de investigación, no contradice la conclusión de que las autoridades chinas transfirieron fondos directamente al Grupo Geely a través de este fondo durante el período de investigación. Por consiguiente, se rechazaron las alegaciones.

(339)

Tras la comunicación provisional, el Grupo SAIC indicó que el importe total del beneficio de la aportación de capital mencionada en el considerando 598 del Reglamento provisional no debería haberse asignado al volumen total de negocios del producto investigado. El Grupo SAIC alegó que la información disponible públicamente en la que se basó la Comisión no indicaba claramente qué parte correspondía específicamente a los BEV y qué parte era para otros fines ni lo que no era específico del producto investigado.

(340)

La Comisión aceptó parcialmente esta alegación en la medida en que la información disponible públicamente mencionada en el considerando 339 del presente Reglamento indicaba que la aportación de capital no estaba íntegramente relacionada con los BEV y revisó el cálculo. Ante la falta de información verificada, que no fue facilitada por el Grupo SAIC, la Comisión estaba facultada para utilizar, cuando procediera, los datos disponibles. Por lo tanto, se rechazó el resto de la alegación. En ausencia de otros comentarios sobre la evaluación general de las aportaciones de deuda-capital, las constataciones de la investigación, el beneficio, la especificidad y el cálculo del beneficio, se confirmaron las conclusiones extraídas en los considerandos 584 a 610 del Reglamento provisional.

(341)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas volvieron a presentar sus alegaciones de que las preguntas formuladas por la Comisión con respecto a los bonos verdes eran demasiado amplias para que las autoridades chinas pudieran proporcionar información significativa, así como que la falta de cooperación por parte de las autoridades chinas mencionada por la Comisión fue motivada, de hecho, por la propia Comisión.

(342)

La Comisión vuelve a recordar, tal y como describe el considerando 270 del Reglamento provisional, que en el transcurso de la investigación formuló una serie de preguntas detalladas, bien definidas y pertinentes a las autoridades chinas en su carta de deficiencias, en la solicitud de información adicional y durante la inspección in situ en las instalaciones de las autoridades chinas, para las que estas últimas no facilitaron la información necesaria. Por otro lado, en su solicitud de información, la Comisión citó varios documentos oficiales específicos relativos a los bonos verdes y las empresas de financiación de automóviles. Dado que las autoridades chinas insisten en que se enumeren algunos de dichos documentos, baste decir que entre ellos figuran, por ejemplo, las Guidelines on the Issuance of Green Bonds [«Directrices sobre la emisión de bonos verdes», documento en inglés] publicados por la CNDR, los Guiding Opinions on Supporting the Development of Green Bonds [«Dictámenes orientativos de apoyo al desarrollo de bonos verdes», documentos en inglés] publicados por la CSRC, la Comunicación sobre la emisión del catálogo de proyectos respaldados por bonos verdes (edición de 2021), publicada por el BPC, la CNDR y la CSRC, el Instrumento de financiación de equidad ambiental, publicado por el BPC, y el Programa de Evaluación Financiera Verde para Instituciones Financieras Bancarias, publicado por el BPC. Se trata de documentos esenciales que conforman la base del marco jurídico y regulador para la emisión de bonos verdes y la financiación verde en un sentido más amplio. Sin dichos documentos, la Comisión carecería sin lugar a dudas de la información básica para determinar si se concedió financiación preferente mediante la emisión de bonos verdes. Sin embargo, las autoridades chinas no proporcionaron dichos documentos ni explicaron el marco jurídico y reglamentario u ofrecieron ninguna explicación de qué constituye un bono verde a pesar de su mención en documentos oficiales. Por lo tanto, se rechazó esta alegación.

(343)

Tras la comunicación provisional y la comunicación definitiva, las autoridades chinas se opusieron a las referencias al artículo 16 de la Ley de Valores china. Las autoridades chinas observaron que el artículo 16 se había modificado en 2019. También indicaron que el artículo 12 de la Reglamentación sobre la gestión de las obligaciones societarias, que exige que el objetivo de los fondos recaudados tiene que ajustarse a las políticas industriales del Estado, es un requisito que atañe únicamente a emisor de los bonos empresariales, es decir, las empresas, pero no a los inversores. Además, tan solo regula el uso del capital reunido; No obliga a ninguna institución a invertir en los bonos de la empresa.

(344)

Por otro lado, las autoridades chinas argumentaron una vez más que la industria de los BEV no es una industria fomentada, que las instituciones financieras no actúan como organismos públicos y que las calificaciones crediticias son fiables.

(345)

Tras la comunicación provisional, las autoridades chinas también argumentaron que la Comisión no aportó pruebas de que «la mayoría de los inversores son institucionales, entre los que se encuentran instituciones financieras», aparte del artículo de Bloomberg «de hace dos años». Y, en cualquier caso, dicho artículo solamente podría demostrar la composición de los inversores en bonos chinos en general, no los inversores concretos de los bonos emitidos por los productores exportadores incluidos en la muestra. Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas volvieron a presentar sus argumentos e insistieron en que, en todo caso, solamente debería calcularse un beneficio para aquellos bonos específicos para los que la Comisión pudiera demostrar que habían sido invertidos por organismos públicos.

(346)

La Comisión mantiene su postura tras la comunicación provisional. La Comisión reconoció que el artículo 16 de la Ley de Valores china se modificó en 2019. Sin embargo, la Comisión no está de acuerdo con la interpretación de las autoridades chinas del artículo 12 de la Reglamentación sobre la gestión de las obligaciones societarias. Es más, el hecho de que el emisor del bono tenga que ajustarse a las políticas industriales del Estado para poder tener acceso al mercado de bonos demuestra que dicho medio de financiación adicional a través del mercado de bonos solamente está disponible para determinadas empresas fomentadas y solamente para los usos fomentados por el Estado.

(347)

Este hecho, sumado a todas las demás conclusiones de la Comisión relativas a la financiación preferente en este caso, que se describieron ampliamente en la sección 3.5.1 del Reglamento provisional y se confirman en la sección 3.5.1 más arriba, como el hecho de que las instituciones financieras están actuando como organismos públicos, así como el hecho de que las calificaciones crediticias estén distorsionadas, se han utilizado conjuntamente en la evaluación de la Comisión sobre la financiación preferente en el mercado de bonos.

(348)

Por otro lado, la Comisión observó que el denominado «artículo» de Bloomberg es en realidad un informe de setenta y cuatro páginas de 2022 sobre el mercado de bonos chino. Dado que la actividad principal de Bloomberg es el análisis de datos y tendencias de los mercados de capital, la Comisión opina que dicho estudio puede considerarse una prueba fiable que abarca el período de investigación. Además, dicho informe corrobora información recabada durante investigaciones previas y confirma que la situación no había cambiado durante el período de investigación.

(349)

Para complementar la información, la Comisión llama la atención sobre otros informes recientes, que confirman las conclusiones del informe de Bloomberg. De hecho, según la información a disposición de la Comisión, en la estructura de los inversores en el mercado de bonos chino siguen predominando ampliamente las instituciones financieras, que son a su vez las suscriptoras de la mayor parte de los bonos (56). Los bancos también son los mayores titulares de obligaciones societarias, seguidos de las instituciones de financiación (57). Además, los inversores internacionales poseían menos del 3 % del mercado de bonos chino en 2021 (58).

(350)

En cuanto a los bonos emitidos por los productores exportadores incluidos en la muestra, la Comisión concluyó que un determinado número de bonos eran bonos emitidos en el mercado interbancario que, por definición, solamente está abierto a inversores institucionales / instituciones financieras. También cabe recordar que, con la excepción del Banco EXIM, en la presente investigación no colaboró ninguna de las instituciones financieras.

(351)

Además, las autoridades chinas no tienen en cuenta los hechos destacados por la Comisión en el considerando 620 del Reglamento provisional, a saber, que los bonos emitidos por las empresas incluidas en la muestra tienen un tipo de interés cercano o inferior al tipo preferente de préstamo, lo que quiere decir que el rendimiento de estos bonos para los inversores es cercano o inferior al tipo al que pueden obtener fondos las propias entidades financieras de otras instituciones financieras. Dicho de otro modo, estos bonos son una operación deficitaria para los bancos, lo que demuestra claramente que las instituciones financieras están actuando como organismos públicos que están teniendo en cuenta otras consideraciones distintas a las de los inversores que operan en condiciones de mercado.

(352)

Las autoridades chinas tampoco tienen en cuenta las pruebas específicas aportadas en relación con los bonos verdes en el considerando 617 del Reglamento provisional, en el que la Comisión observó que en consonancia con el «Programa de Evaluación Financiera Verde para Instituciones Financieras Bancarias» del BPC, los bancos chinos deben suscribir instrumentos de deuda verde para alcanzar un umbral determinado en su base de activos financieros que contribuya a una evaluación positiva de su rendimiento por parte de la autoridad reguladora bancaria. Además, según el «Instrumento de política monetaria para apoyar proyectos de reducción de emisiones de carbono» del BPC, las instituciones financieras deben proporcionar financiación en apoyo de las actividades industriales ecológicas a las empresas a tipos de interés preferente cercanos al nivel del tipo preferente de préstamo del país. A cambio, el BPC propone tipos de refinanciación preferente a los bancos para los fondos verdes desembolsados. Ello vuelve a destacar claramente que las instituciones financieras actuaban como organismos públicos en relación con los bonos verdes emitidos por las empresas incluidas en la muestra.

(353)

Por último, las autoridades chinas no aportaron ninguna prueba para justificar sus alegaciones de que los inversores del mercado de bonos chino no son, fundamentalmente, instituciones financieras.

(354)

Por tanto, la Comisión confirmó su conclusión de que existe una coincidencia significativa entre los acreedores que aportan capital en el mercado de bonos y los que aportan capital en forma de préstamos, y que como tales, en cierto modo, los bonos no son más que otra forma de proporcionar préstamos corporativos. Por consiguiente, la Comisión rechazó dichas alegaciones.

(355)

En ausencia de observaciones relativas a la base jurídica y la conclusión de que las instituciones financieras actúan como organismos públicos, se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 611 a 630 del Reglamento provisional.

(356)

Por lo que respecta a los bonos, las autoridades chinas observaron que los denominados «instrumentos de deuda verde» estaban disponibles para diversas industrias. También argumentaron que dichos bonos no podían considerarse específicos ni limitados a una serie de industrias porque «las obligaciones no pueden emitirse sin la aprobación de las autoridades gubernamentales».

(357)

En términos más generales, las autoridades chinas argumentaron que la Decisión n.o 40 relativa a las industrias fomentadas no es aplicable a los bonos, dado que, en ella, el término «crédito» únicamente se refiere a los préstamos en sentido estricto. Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas aportaron documentos chinos adicionales en los que el término «crédito» se utilizaba conjuntamente con el término «bonos». Las autoridades chinas también alegaron que las leyes y los reglamentos principales en los que se basó la Comisión para justificar su conclusión en la sección 3.5.1 del Reglamento provisional son aplicables únicamente a los préstamos, pero no a los bonos. Además, el Grupo Geely, tras la comunicación provisional, alegó que la Comisión no había aportado aclaraciones suficientes acerca de la especificidad.

(358)

Con respecto al tema de los bonos verdes, en el considerando 632 del Reglamento provisional la Comisión destacó que dichos bonos son específicos porque solo pueden emitirlos las empresas activas en determinadas actividades industriales enumeradas en un catálogo de actividades industriales ecológicas. El hecho de que dicho catálogo incluya más de una industria es irrelevante en este sentido y no contradice la conclusión de la Comisión.

(359)

La Comisión también confirmó su desacuerdo con la interpretación restrictiva por parte de las autoridades chinas del término «crédito» en la Decisión n.o 40 y sigue interpretando dicho término más bien como «financiación» en un sentido más amplio. Las autoridades chinas no refutaron la observación de la Comisión en la comunicación definitiva, en particular el hecho de que el artículo 12 de la Reglamentación sobre la gestión de las obligaciones societarias establezca una conexión con las políticas industriales del Estado, que se guían por la Decisión n.o 40. Por otro lado, las autoridades chinas optaron por centrarse exclusivamente en la Decisión n.o 40 y no tuvieron en cuenta las pruebas adicionales relativas a la especificidad aportadas por la Comisión en la sección 3.5.1.5 del Reglamento provisional. Por ejemplo, el considerando 435 del Reglamento provisional se refería al Plan de desarrollo de la industria de los vehículos eficientes y los vehículos propulsados con energías alternativas (2012-2020), que prevé «incentivos políticos a través del apoyo a los servicios financieros» y que es claramente específico del sector industrial en cuestión. No obstante, se citó otro ejemplo en el considerando 444 del Reglamento provisional, en el que la Comisión señaló que los criterios de evaluación de los resultados de la NFRA para los bancos comerciales tienen en cuenta la forma en que las instituciones financieras «sirven a los objetivos de desarrollo nacional y a la economía real», y, en particular, la forma en que «sirven a las industrias estratégicas y emergentes».

(360)

Por tanto, se rechazaron estas alegaciones.

(361)

En ausencia de observaciones relativas a la especificidad, se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 631 y 632 del Reglamento provisional.

(362)

Tras la comunicación provisional, el Grupo SAIC alegó que no todos los bonos emitidos por algunas de las entidades deben ser considerados «bonos verdes». De hecho, de acuerdo con los principios chinos de los bonos verdes de julio de 2022 existen cuatro componentes básicos relativos a los bonos verdes, a saber:

(363)

Según el Grupo SAIC, estos cuatro componentes establecen una distinción clara entre los bonos verdes y las obligaciones societarias en China, que se refleja en los documentos divulgativos de los bonos verdes y que suelen estar disponibles públicamente, por ejemplo, en los sitios web del mercado de la bolsa de valores o de los reguladores. No obstante, si bien los bonos verdes llevan generalmente la etiqueta «verde» en sus denominaciones, los bonos que no son verdes no están autorizados a llevar las etiquetas verdes porque no pueden cumplir los requisitos para la emisión de bonos verdes establecidos por el Banco Popular de China. Esto quiere decir que la Comisión no podía tratar todos los bonos como bonos verdes debido simplemente a que las actividades con las que estaban vinculados aparecieran en el Green Bonds Supporting Project Catalogue [«Catálogo de proyectos que pueden optar a apoyo de los bonos verdes», documento en inglés] (edición de 2021) mencionado en el considerando 263 del Reglamento provisional. Además, en el caso de los bonos que no eran verdes, la Comisión debería haber asignado el importe del beneficio al volumen total de negocios de la empresa, en lugar de al volumen de negocios del producto investigado.

(364)

La Comisión no cuestionó el hecho de que no todos los bonos del Grupo SAIC fueran bonos verdes. Sin embargo, la Comisión quisiera subrayar que el uso del volumen de negocios del producto investigado para el cálculo del beneficio de los bonos no se basó necesariamente en la consideración de un bono como «bono verde». Al volumen de negocios total se le asignaron bonos normales, cuando se destinaron a todos los fines. También se consideró que las obligaciones societarias estaban relacionadas con el producto investigado si en los documentos de emisión se establecía una conexión con áreas específicas de los BEV, como, por ejemplo, la financiación de I+D para nuevas tecnologías, que es más probable que beneficien a los vehículos eléctricos que a los motores de combustión. Cuando los bonos se destinaron a BEV, dichos bonos se asignaron al volumen de negocios de BEV. Todos los bonos verdes se asignaron al volumen de negocios de BEV. A la Comisión también le gustaría recordar que gran parte del importe del beneficio relacionado con los bonos tenía que ver con varias empresas financieras del grupo que nunca habían respondido al cuestionario, como SFMH, VW Finance y GMAC. Ante la falta de información verificada, que no fue facilitada por el Grupo SAIC, la Comisión utilizó los datos disponibles. En particular, el cálculo del importe de la subvención se basó en la información relativa a los importes, las fechas de inicio y finalización y los tipos de interés de los bonos, que se encuentra en los estados financieros a disposición del público o en la información emitida a los inversores en las bolsas de valores. En algunos casos, se clasificaron como bonos verdes. Así pues, se rechazó la alegación.

(365)

Tal y como se menciona en el considerando 147 del presente Reglamento, el Grupo SAIC argumentó que no debería haberse aplicado el artículo 28 para atribuir todos los bonos de titulización de activos emitidos por una entidad que no cooperó a uno de los productores y, en última instancia, al Grupo SAIC en su totalidad. En primer lugar, el Grupo SAIC alegó que a la entidad en cuestión nunca se le pidió que respondiera al cuestionario. En segundo lugar, el Grupo SAIC argumentó que no tenía un control significativo sobre esta entidad, dado que formaba parte de un acuerdo de empresa en participación. En tercer lugar, si la Comisión insistía en dicha atribución, debería haber calculado qué porcentaje del beneficio era atribuible a dicho productor.

(366)

Con respecto al primer argumento, la Comisión señaló que todas las empresas vinculadas que proporcionaban financiación a los productores o en nombre de estos debían responder a las secciones A y E del cuestionario. La entidad en cuestión nunca respondió al cuestionario, pese a que intervino claramente en los servicios de financiación en nombre de uno de los productores, y la existencia de dichos servicios no quedó patente hasta una fase bastante tardía del procedimiento, justo antes de la publicación del Reglamento provisional.

(367)

En cuanto al segundo punto, la entidad vinculada en cuestión pertenecía íntegramente al socio en la empresa en participación del Grupo SAIC y prestaba servicios financieros a uno de los productores del Grupo SAIC que era copropiedad de SAIC y del socio en la empresa en participación. Así pues, la Comisión tenía claro que se trataba de una entidad vinculada que debería haber respondido al cuestionario.

(368)

En cuanto al tercer punto, ante la falta de información verificada, que no fue facilitada por el Grupo SAIC, la Comisión estaba facultada para utilizar, cuando procediera, los datos disponibles. Según la información disponible, la entidad en cuestión prestaba servicios financieros a uno de los productores del Grupo SAIC, y no fue posible determinar otras actividades. Así pues, se rechazó la alegación.

(369)

Tras la comunicación definitiva, el Grupo SAIC volvió a formular sus observaciones relativas a la entidad que no cooperó que había emitido bonos titulización de activos. La empresa alegó que la atribución de los bonos de titulización de activos a la entidad que prestó servicios financieros a uno de los productores del Grupo SAIC no era coherente con la práctica de la Comisión. El Grupo SAIC especificó que la Comisión debía basarse en el porcentaje de participación del productor exportador en la empresa receptora, y que según lo establecido en la jurisprudencia de la OMC, la aplicación del artículo 28 se limita estrictamente a la información que falte, es decir, en este caso, el importe del beneficio, y no debe ampliarse más allá. De hecho, en el asunto en cuestión, la estructura accionarial de la empresa receptora estaba públicamente disponible, y su relación con el Grupo se señaló claramente en el dosier presentado por el Grupo SAIC.

(370)

El Grupo SAIC también declaró que las «otras actividades» de la empresa receptora estaban claras y a disposición de la Comisión y que la atribución, por parte de la Comisión, a una única entidad productora del Grupo llevaría a una doble contabilización.

(371)

La Comisión no está de acuerdo con estas alegaciones. En primer lugar, a la Comisión no solo le faltaba información relacionada con el importe del beneficio, sino también en relación con la entidad o entidades del grupo a las que debería atribuirse dicho beneficio. El hecho de que la empresa que no cooperó fuese la primera empresa del grupo receptora directa de la financiación preferente concedida por partes externas no quiere decir que también fuese la única receptora de esta financiación preferente dentro del grupo. Por tanto, la aplicación del artículo 28 para la determinación de la atribución del beneficio era necesaria.

(372)

En segundo lugar, contrariamente a lo que afirmó el Grupo SAIC, esta atribución se realizó de manera coherente con la práctica anterior de la Comisión. De hecho, el ejemplo de la práctica anterior citado por el Grupo SAIC tenía que ver con una entidad de cartera que prestaba servicios financieros a sus filiales, entre las que figuraban los productores exportadores. Se decidió, sobre la base de la situación de hecho en dicho caso específico, que la proporción de inversión de la entidad de cartera en sus filiales (que está vinculada al importe del capital y, por ende, a la participación en cada filial) era un valor sustitutivo razonable para la proporción de financiación preferente de la que se beneficiaba cada filial, y, por consiguiente, una clave de reparto apropiada para la atribución del beneficio a los productores exportadores. No obstante, en el caso que nos ocupa, la empresa que no cooperó del Grupo SAIC no tiene ninguna filial conocida. Según la información de que dispone la Comisión, tampoco existe ningún vínculo entre la estructura organizativa de los dos socios en la empresa en participación y el porcentaje real de los servicios financieros prestados por la empresa que no cooperó a las diversas entidades del grupo.

(373)

En tercer lugar, tal y como se señala en el considerando 368 anterior, dado que la empresa que no cooperó no presentó una respuesta al cuestionario, no fue posible determinar el alcance y la estructura exactos de sus actividades financieras. Tampoco existe ninguna vinculación como tal entre la garantía real subyacente a los bonos de titulización de activos emitidos y el beneficiario real de los fondos recaudados mediante los bonos de titulización de activos. Por lo tanto, la Comisión rechazó dichas alegaciones.

(374)

Tras la comunicación provisional, el Grupo Geely alegó que los productores no se beneficiaron de bonos de titulización de activos porque las transacciones tenían lugar entre la entidad financiadora y el prestatario minorista.

(375)

La Comisión señaló que, en el marco de estas operaciones, el Grupo Geely se benefició de financiación preferente. Como se describe en el considerando 619 del Reglamento provisional, los bonos de titulización de activos permitieron al Grupo sustituir los títulos de crédito a medio plazo sobre préstamos para automóviles por liquidez inmediatamente disponible, facilitando así la prefinanciación de sus operaciones de préstamos sobre una base muy beneficiosa. Los beneficios se asignaron en consecuencia. Por lo tanto, se rechazó esta alegación.

(376)

El Grupo Geely se opuso a la utilización de la misma referencia para los bonos que la aplicada a los préstamos, dado que los bonos y los préstamos son instrumentos financieros distintos.

(377)

A este respecto, la Comisión señaló que los préstamos y los bonos son instrumentos de deuda financiera similares. De hecho, un bono es una especie de préstamo utilizado por las grandes entidades para reunir capital. Tanto los préstamos como los bonos se contratan o emiten por un período de tiempo determinado y tienen un tipo interés/nominal. El hecho de que la financiación a través de un préstamo sea proporcionada por una institución financiera y que la financiación a través de una obligación societaria sea proporcionada por inversores, que en la mayoría de los casos son también entidades financieras, es irrelevante para determinar las características fundamentales de ambos instrumentos. De hecho, ambos instrumentos sirven para financiar operaciones comerciales, devengan el mismo tipo de remuneración y tienen plazos y condiciones de reembolso similares. Además, no se propusieron referencias alternativas, y no fue posible identificar otra información públicamente disponible para ofrecer una referencia más exacta. Por tanto, se rechazó la alegación.

(378)

En ausencia de otras observaciones, se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 633 a 635 del Reglamento provisional.

(379)

En ausencia de otras observaciones relativas a la conclusión sobre otros tipos de financiación, se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 636 y 637 del Reglamento provisional.

(380)

El porcentaje de subvención establecido con respecto a los otros tipos de financiación preferente durante el período de investigación para los grupos de empresas incluidos en la muestra ascendió a:

Financiación preferente: otros tipos de financiación

(381)

Tras la comunicación provisional, las autoridades chinas y el Grupo SAIC alegaron que la especificidad con respecto a las subvenciones recibidas por Geely y SAIC carecía de una determinación caso por caso basada en pruebas concluyentes. Asimismo, el Grupo Geely alegó que las ayudas se deberían haber asignado al volumen de negocios total (BEV y productos distintos a los BEV), para reflejar correctamente que las ayudas estaban vinculadas a las actividades globales de las entidades receptoras.

(382)

Las autoridades chinas alegaron que la Comisión utilizó los datos disponibles de un modo sancionador al examinar las ayudas recibidas por Geely y SAIC y que la Comisión no dio instrucciones claras, lo que impidió que las empresas incluidas en la muestra realizaran una evaluación adecuada. De acuerdo con las autoridades chinas, la Comisión no llevó a cabo una evaluación detallada de todas las pruebas registradas con el fin de seleccionar los datos de sustitución más apropiados y alegó que no deberían haberse adjudicado subvenciones a los exportadores que no se beneficiaron.

(383)

Como se indica en el considerando 364 del Reglamento provisional, el Grupo SAIC alegó que no era esencial utilizar «los importes individuales recibidos por subvención, el momento de la recepción de las subvenciones, la descripción de las subvenciones, las notificaciones gubernamentales correspondientes que especifican la naturaleza de las subvenciones y otra información necesaria» y se negó a proporcionar dicha información, por lo que la Comisión no pudo determinar los regímenes de subvenciones subyacentes, el importe de las subvenciones recibidas durante el período de investigación ni si estas subvenciones se referían o no a activos fijos. Del mismo modo, como se explica en el considerando 372 del Reglamento provisional, ninguna de las empresas del Grupo Geely facilitó información completa sobre la naturaleza de los programas de subvención en virtud de los cuales recibieron ayuda, tal como se pedía en el cuestionario, por lo que la Comisión no pudo determinar los regímenes de subvenciones subyacentes para los programas de subvenciones en relación con el producto investigado.

(384)

Además, como se explica en la sección 3.3.1.4 del Reglamento provisional, las autoridades chinas no facilitaron ninguna información relativa a las ayudas desembolsadas a los grupos incluidos en la muestra, por lo que la Comisión no pudo colmar las lagunas con información que hubiera obtenido de otras fuentes. Por el contrario, la Comisión observó que el Grupo BYD proporcionó la información pertinente solicitada de modo que la Comisión pudo evaluar los distintos aspectos de las ayudas recibidas y considerar si estaban sujetas a medidas compensatorias.

(385)

Sobre esta base y en ausencia de información verificada que apuntara a lo contrario, la Comisión basó sus conclusiones en datos disponibles y consideró que todas las ayudas recibidas por dichos grupos eran específicas y estaban relacionadas con el producto investigado. Con este argumento se rechazaron las alegaciones.

(386)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas reiteraron que la determinación de la Comisión de que las ayudas sujetas a medidas compensatorios eran específicas se basa en hipótesis y no en evidencias concluyentes, infringiendo el artículo 2.4 del Acuerdo SMC. Argumentó que la Comisión tenía pruebas de que las supuestas ayudas en cuestión beneficiaron a múltiples productores y, por consiguiente, aplicó los datos disponibles de un modo sancionador. En cambio, la Comisión asumió que las ayudas recibidas por dichos productores exportadores eran específicas dado que el Grupo SAIC y el Grupo Geely no proporcionaron a la Comisión lo que esta consideraba que era información suficiente. Por otro lado, las autoridades chinas argumentaron que la Comisión no ha divulgado suficientes datos sobre cuya base determinó que las ayudas eran específicas.

(387)

El Grupo SAIC también argumentó que aportó pruebas a la Comisión de que las ayudas recibidas de las autoridades chinas estaban destinadas a fines que iban más allá del producto afectado y que la información que poseía la Comisión, en particular los materiales presentados por el Grupo SAIC y la información públicamente disponible, indican claramente que las subvenciones recibidas estaban destinadas a BEV y productos distintos a los BEV). Por tanto, no se puede argumentar que la asignación por parte de la Comisión de las ayudas recibidas al volumen de negocios del producto afectado tenga ningún fundamento fáctico. Además, el Grupo SAIC argumentó que la Comisión no facilitó ninguna evaluación ni ningún razonamiento en relación con los múltiples datos registrados —concretamente, los informes de auditoría, el balance de comprobación y capturas de pantalla de las cuentas donde quedaran registradas las ayudas—, lo que sugiere que las ayudas recibidas no estaban destinadas únicamente al producto investigado.

(388)

La Comisión reiteró que el Grupo SAIC no proporcionó información completa sobre la naturaleza de los programas de subvención en virtud de los cuales recibió ayuda, tal como se pedía, por lo que la Comisión no pudo determinar qué programas de subvenciones guardaban relación con el producto investigado. La Comisión observó que la información estaba fácilmente disponible para las empresas pero estas se negaron a acceder a ella. El hecho de que una empresa permitiera a la Comisión examinar determinados documentos y facilitara capturas de pantalla sin proporcionar la información pertinente solicitada no puede, en ningún caso, ser equivalente a proporcionar la información solicitada en forma de prueba que garantice que la información ha sido debidamente verificada. Dicha información tampoco ofrece garantías de que las ayudas recibidas antes del período de investigación no beneficiaron a la producción de BEV durante el período de investigación. La Comisión también subrayó reiteradamente que la información facilitada solo en forma de capturas de pantalla que incluyeran datos limitados o que mostraran algunos ejemplos imposibilitaría la verificación y la conciliación de cifras esenciales.

(389)

En ausencia de información verificada que apuntara a lo contrario, la Comisión basó sus conclusiones en datos disponibles y consideró que todas las ayudas recibidas por dichos grupos eran específicas y estaban relacionadas con el producto investigado. Con este argumento se rechazaron las alegaciones.

(390)

Tras la comunicación provisional, el Grupo SAIC argumentó que, dado que las ayudas recibidas estaban sujetas al impuesto sobre sociedades, la base imponible debía deducirse del importe total de las ayudas recibidas. La Comisión consideró que el Grupo SAIC no aportó pruebas concluyentes de que el impuesto pagado estuviese directamente relacionado con las ayudas recibidas. Por otro lado, los artículos 6 y 7 del Reglamento de base no prevén la deducción del impuesto sobre sociedades en lo que respecta al cálculo del beneficio o de la subvención sujeta a medidas compensatorias. Por tanto, se rechazó este argumento.

(391)

El porcentaje de subvención del Grupo SAIC y el Grupo Geely con respecto a las ayudas se actualizó como consecuencia de la corrección descrita en los considerandos 652 y 654 del presente Reglamento, respectivamente.

(392)

En consecuencia, se confirma la metodología para determinar el importe de la subvención descrita en el considerando 650 del Reglamento provisional y se aplicó al productor exportador al que se concedió el examen individual.

(393)

Tras la comunicación definitiva, Tesla Shanghái indicó que una de las ayudas que recibió la empresa se percibió en tres pagos y uno de dichos pagos se produjo durante el período de investigación. La empresa indicó que, dado que el importe percibido durante el período de investigación se refiere a una ayuda vinculada a activo fijo, cuyos pagos se realizaron dentro del mismo régimen, la Comisión debería haber depreciado el importe percibido por la empresa durante el período de investigación.

(394)

La Comisión reconoce que, sobre la base de las Directrices para el cálculo del importe de la subvención en las investigaciones en materia de derechos compensatorios (59), «[e]n el caso de las subvenciones excepcionales, que pueden vincularse a la adquisición de activo fijo, el valor total de la subvención deberá repartirse a lo largo de un período que corresponda al de la amortización normal de dicho activo (artículo 7, apartado 3, del Reglamento (CE) n.o 2026/97 del Consejo (60))». Sin embargo, dichas directrices también establecen que «como excepción [al punto anterior], las subvenciones excepcionales que asciendan a menos del 1 % ad valorem se imputarán normalmente, aunque estuvieran vinculadas a la adquisición de activo fijo». Dado que el pago de la ayuda en cuestión ascendió a menos del 1 % ad valorem, la Comisión consideró que el pago percibido durante el período de investigación no era significativo y era razonable asignarlo únicamente al período de investigación. Este método de asignación se ajusta plenamente al informe del grupo informal de expertos de la OMC en el que se establece que las ayudas cuyo propósito sea la adquisición de activo fijo deben ser asignadas si bien «se consideró adecuado, sobre todo desde el punto de vista de la facilidad de administración, que se procediera a este último procedimiento [el cargo a una cuenta de gasto] cuando se trate de subvenciones muy reducidas, independientemente de su naturaleza o de otra consideración. Para este umbral, se recomienda un porcentaje de menos del 0,5 por ciento de las ventas para cualquiera de las subvenciones» (61). Por tanto, la Comisión rechazó esta alegación.

(395)

En ausencia de otras observaciones, se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 638 a 651 del Reglamento provisional.

(396)

El porcentaje de subvención establecido con respecto a todas las ayudas durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra y para el productor exportador examinado individualmente fue el siguiente:

Ayudas directas

(397)

Tras la comunicación provisional, algunas partes interesadas tales como el Grupo SAIC, la CAAM, el Grupo BYD, las autoridades chinas y el Grupo Geely alegaron que el cliente era el beneficiario último de este régimen de subvenciones. Más concretamente, se argumentó que los fabricantes anticipan las subvenciones a los clientes en nombre del Gobierno cuando venden los vehículos reduciendo para ello el precio que debe pagar el cliente. En este contexto, se suponía que el cliente pagaba un precio reducido y que el Gobierno reembolsaba dicha rebaja a la empresa posteriormente.

(398)

Asimismo, algunas partes alegaron que el hecho de que los precios de los BEV no subieran después de que se eliminara la subvención no demuestra la existencia de un beneficio. Se argumentó que en los precios del mercado influyen varios factores, como los costes de producción, la dinámica de la oferta y la demanda, las expectativas del cliente y la sustitución entre modelos nuevos y antiguos. Como resultado de ello, puede que los precios de los BEV vendidos en períodos de tiempo distintos no sean directamente comparables.

(399)

Por otro lado, se argumentó que en los casos en que los clientes no cumplían las condiciones para recibir la subvención, los productores recuperaban la subvención de los clientes, cuestionando así el beneficio para los productores.

(400)

La Comisión observó que no se aportaron pruebas que demostraran que el programa se había diseñado para conceder subvenciones a los clientes, utilizando a los productores de BEV como una mera herramienta para canalizar dichas subvenciones. De hecho, las pruebas demostraban lo contrario. Tal y como se describe en los considerandos 666 a 671 del Reglamento provisional, los desembolsos realizados por las autoridades chinas a los productores de BEV en forma de transferencias directas de efectivo eran un beneficio claro y tangible para los productores de BEV, ya que constituían una transferencia directa de recursos monetarios basada en la actividad económica de los productores. Aunque esto ya confería un beneficio por sí mismo, la investigación reveló además que la subvención no influía en los precios finales para el cliente. Pese a que podían haber intervenido una serie de factores, el análisis demostró que el precio permaneció inalterado en el período inmediatamente posterior a la retirada de la subvención. Esto indica que la subvención no tuvo efectos tangibles en el precio final pagado por los clientes, de modo que los productores de BEV mantuvieran la subvención. Por lo tanto, se rechazaron estas solicitudes.

(401)

En cuanto a los casos en que los productores pudieran haber recuperado las subvenciones por motivos de incumplimiento, la Comisión observó que, como se describe en los considerandos 665 a 670 del Reglamento provisional, los productores establecieron precios que les permitieron retener la totalidad de la subvención y los clientes no obtuvieron beneficios en forma de precios más bajos, por lo que la alegación era irrelevante. Por otro lado, esta situación ilustra la estructura fundamental del régimen, que sitúa a los productores en el centro de la política y da prioridad a sus intereses, con el objetivo último de proporcionar apoyo financiero a estas entidades. Del mismo modo, si el beneficiario previsto fuera el cliente, el responsable de recuperar los fondos sería el Gobierno. No se aportaron pruebas de que en el marco jurídico pertinente de este programa el Gobierno se sirva de los productores de BEV como herramienta para otorgar las cantidades que pague a dichos productores, o para recuperarlas. Por tanto, se rechazó la alegación.

(402)

Tras la comunicación definitiva, la CAAM reiteró que los clientes eran los beneficiarios últimos del régimen de subvenciones. Se argumentó que la estabilidad de los precios de los BEV después de la eliminación de la subvención no indica que exista un beneficio. Se mencionó específicamente que mantener o incluso no alterar los precios durante un período de tiempo posterior a la supresión de las subvenciones a los consumidores constituye una práctica habitual. Además, observaron que incluso cuando el Gobierno chino redujo los impuestos sobre la compra de vehículos para los consumidores, era habitual que los fabricantes siguieran anunciando subvenciones durante un período de tiempo después de que hubieran expirado los incentivos públicos.

(403)

La Comisión señaló que los argumentos de la CAAM respaldaban las conclusiones de la Comisión, ya que aportaban el argumento adicional de que la subvención no influye en la fijación de los precios de los vehículos por parte de los fabricantes dado que los precios permanecen inalterados, es decir, la subvención no tiene efectos tangibles en el precio final pagado por los clientes, por lo que los productores de BEV se quedan la subvención y no se transfiere ningún beneficio a los clientes. Por tanto, se rechazó la alegación.

(404)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas reiteraron su alegación de que los clientes son los beneficiarios últimos del régimen de subvenciones e hicieron hincapié en que los clientes ocupan un lugar central en el programa. En particular, las autoridades chinas alegaron que eso era lo que establecía la legislación. El diseño del programa, que conlleva desembolsos en efectivo directamente a los productores, tiene en cuenta las condiciones de mercado especiales de China. Además, las autoridades chinas señalaron que si no se cumplen las condiciones establecidas en el programa, la cuantía del pago se reducirá en consecuencia.

(405)

En lo que respecta a las observaciones de las autoridades chinas, y en ausencia de otra información fundamentada, la Comisión reiteró su conclusión anterior, expuesta en los considerandos 656 a 661 del Reglamento provisional y en el considerando 400 anterior, de que, habida cuenta de la naturaleza, el diseño y el funcionamiento del régimen, los productores son los receptores previstos de esta subvención. En relación con la reducción de los desembolsos en caso de incumplimiento de las condiciones establecidas, la Comisión se refirió al considerando 401 del presente Reglamento. Además, la Comisión observó que el mero hecho de que no se cumplan las condiciones en cuestión no implica un cambio de beneficiarios. Por lo tanto, se rechazó esta alegación.

(406)

Tras la comunicación provisional, y tras la imposición de medidas provisionales, la CAAM cuestionó el tratamiento de las subvenciones al consumo como subvenciones a la producción, alegando que la Unión aplicó un doble rasero para definir las subvenciones chinas a los consumidores como subvenciones para fomentar la industria automovilística de una forma rebuscada.

(407)

La alegación presentada por la CAAM era genérica y no estaba justificada. Por lo tanto, se rechazó.

(408)

Tras la comunicación provisional, Tesla (Shanghái) y las autoridades chinas alegaron que el programa ya había concluido en diciembre de 2022 y, por tanto, la Comisión carece de base jurídica para imponer un derecho antisubvenciones provisional para este régimen.

(409)

Tal y como se describe en los considerandos 662 a 664 del Reglamento provisional, la Comisión señaló que los productores de BEV chinos siguieron beneficiándose de este régimen de subvención durante todo el período de investigación y, aun con posterioridad a este, durante un período prolongado, seguirán beneficiándose de la transferencia directa de fondos en virtud de este régimen. Como consecuencia de ello, la Comisión concluyó que se cumplen las condiciones para compensar dicho régimen. Por lo tanto, se rechazaron estas alegaciones.

(410)

Tras la comunicación definitiva, Tesla (Shanghái) reiteró que el régimen había concluido y no debía someterse a medidas compensatorias. Como alternativa, la empresa indicó que el importe máximo al que la Comisión puede aplicar medidas compensatorias para Tesla (Shanghái) es el importe que la empresa podría recibir (potencialmente) en el futuro. Por otro lado, se argumentó que la existencia de regímenes locales similares a la política de subvenciones fiscales nacional no influye en la evaluación del beneficio para Tesla (Shanghái).

(411)

La Comisión señaló que el beneficio sujeto a medidas compensatorias es el importe real de las subvenciones desembolsado por las autoridades chinas a los productores exportadores durante el período de investigación, y reiteró su conclusión anterior, expuesta en los considerandos 662 a 664 del Reglamento provisional y en el considerando 409 anterior. En lo que respecta a la no evaluación de regímenes similares a la subvención nacional, la Comisión observó, como se describe en el considerando 664 del Reglamento provisional, que la investigación reveló que las autoridades locales, ya fuera con indicaciones directas o indirectas de las autoridades chinas, han establecido numerosos programas similares, algunos muy parecidos al régimen nacional. Estas iniciativas locales tienen el objetivo común de incentivar la producción de BEV, lo que supondrá un apoyo continuo para los productores chinos de estos vehículos.

(412)

Tras la comunicación provisional, el Grupo Geely y Tesla (Shanghái) alegaron que los fondos recibidos durante el período de investigación estaban asociados a ventas realizadas antes del período de investigación y que, por tanto, no estaban sujetas a medidas compensatorias. En el supuesto de que se considerara que este régimen hubiese de estar sujeto a compensación, la base para dicha determinación deberían ser las ventas directamente relacionadas con el período de investigación.

(413)

La Comisión observó, tal y como se describe en el considerando 672 del Reglamento provisional, que la discrepancia temporal entre la venta de BEV y el desembolso de los fondos gubernamentales, que los productores no pueden predecir, crea incertidumbre en torno a los plazos de los desembolsos. Esta incertidumbre puede extenderse hasta cuatro años. Como resultado de ello, los productores ven plenamente materializado el beneficio cuando reciben los desembolsos. Por lo tanto, se rechazaron estas alegaciones.

(414)

Tras la comunicación definitiva, el Grupo SAIC alegó que la Comisión no abordó sus observaciones sobre el período relativo a la atribución del programa, ni respondió a su propuesta de cálculo alternativo.

(415)

La Comisión observó que se habían recibido las mismas observaciones de distintas partes y se habían refutado en los considerandos 412 y 413 más arriba. Estos considerandos exponen los fundamentos para descartar la metodología de cálculo propuesta. Por consiguiente, se rechazaron ambas alegaciones.

(416)

Tras comunicación definitiva, Tesla (Shanghái) reiteró su alegación de que la base del cálculo del beneficio fueran las ventas afectadas durante el período de investigación y proporcionó una metodología para ello.

(417)

La Comisión, en ausencia de otra información fundamentada, reiteró su conclusión anterior, expuesta en el considerando 413 más arriba. Por lo tanto, se rechazó esta alegación.

(418)

Tras la comunicación provisional, las autoridades chinas y Geely alegaron que los beneficios derivados de este régimen de subvención no debían asignarse a las exportaciones bajo la premisa de que las subvenciones se concedían específicamente para la producción y las ventas del producto investigado, limitadas al mercado chino.

(419)

La Comisión observó que, en virtud de este régimen, los productores se beneficiaban de una transferencia directa de fondos, lo que proporcionaba a las empresas recursos sustanciales en forma de efectivo que estaba enteramente a su disposición. Los pagos de las autoridades chinas se basan específicamente en las ventas de BEV dentro de un programa concebido para apoyar el desarrollo de la industria de los BEV y dirigido a productores de BEV. Como consecuencia de ello, la asignación de dichos beneficios se basó en el volumen de negocios total de BEV. Por lo tanto, se desestimaron estas alegaciones.

(420)

Tesla (Shanghái) alegó que, dado que la cantidad consignada recibida por la empresa en virtud de este régimen se trata como ingresos imponibles y, por consiguiente, está sujeta al impuesto sobre sociedades del 15 % aplicable a Tesla (Shanghái) en 2022, existiría una doble contabilización en la medida en que este beneficio se tiene en cuenta como parte de este programa y también como parte del programa impositivo preferencial.

(421)

La empresa no aportó pruebas concluyentes de que el impuesto pagado estuviera directamente relacionado con el desembolso recibido en virtud de este régimen. Por otro lado, los artículos 6 y 7 del Reglamento de base no prevén la deducción del impuesto sobre la renta en lo que respecta al cálculo del beneficio o de la subvención sujeta a medias compensatorias. Por consiguiente, el argumento de que esto constituiría una doble contabilización se consideró irrelevante.

(422)

Tras la comunicación definitiva, Tesla (Shanghái) reiteró que el impuesto sobre la renta del 15 % debía deducirse del total del beneficio dado que trataba los ingresos procedentes de las subvenciones fiscales como renta imponible sujeta al impuesto sobre sociedades del 15 % aplicable durante el período de investigación. Tesla argumentó que existía una doble contabilización, ya que este beneficio se tenía en cuenta como parte de este programa y también como parte del programa impositivo preferencial.

(423)

La Comisión señaló que la deducción solicitada no se inscribe dentro de ninguna de las categorías que pueden deducirse del cálculo de la subvención tal y como se detalla en el artículo 7 del Reglamento de base (62). Además, el tipo del impuesto sobre la renta no se aplica a la renta sino a la renta imponible, tal y como se establece en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Empresas («Ley del IRE»), a saber, «la renta total de la empresa en cada ejercicio fiscal menos la renta no imponible, la renta exenta, deducciones varias y el importe admisible de pérdidas de ejercicios anteriores compensadas» (63). Dichas deducciones incluyen los «costes, gastos, impuestos, pérdidas y otros gastos razonables soportados en relación con los ingresos percibidos por una empresa que puedan deducirse al calcular la base imponible de los ingresos» (64). Además, determinados gastos como los gastos de I+D se benefician de una deducción adicional en determinadas condiciones. Sobre esta base, unos ingresos específicos como los ingresos de las subvenciones fiscales no pueden aislarse del cálculo de la renta imponible que tiene en cuenta otros elementos. Por otro lado, la Comisión consideró que tipo del impuesto sobre la renta del 15 % solo era aplicable cuando existe una renta imponible positiva. Por consiguiente, se rechazó esta alegación.

(424)

Tras la comunicación provisional, el Grupo BYD indicó que la ratio de subvenciones fiscales destinadas a los BEV en relación con el total de las subvenciones fiscales recibidas durante el período de investigación utilizada para asignar el pago anticipado a los BEV debería haberse modificado después de las decisiones transaccionales finales del Ministerio de Industria y Tecnologías de la Información («MIIT») y del Ministerio de Hacienda. La Comisión aceptó la alegación y revisó los cálculos.

(425)

El Grupo Geely alegó que algunas subvenciones atribuidas a una de las empresas del grupo ya estaban sujetas a medidas compensatorias. La Comisión aceptó la alegación y revisó los cálculos.

(426)

En consecuencia, se confirma la metodología para determinar el importe de la subvención descrita en el considerando 675 del Reglamento provisional y se aplicó al productor exportador al que se concedió el examen individual.

(427)

En ausencia de otras observaciones, se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 652 a 676 del Reglamento provisional.

(428)

El porcentaje de subvención del Grupo SAIC y el Grupo Geely con respecto a la política de subvenciones fiscales se actualizó como consecuencia de la corrección descrita en los considerandos 652 y 654 del presente Reglamento, respectivamente.

(429)

El porcentaje de subvención establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra y para el productor exportador examinado individualmente fue el siguiente:

(430)

Tras la comunicación provisional, las autoridades chinas, el Grupo BYD, el Grupo Geely y el Grupo SAIC se mostraron en desacuerdo con la evaluación de la Comisión que señalaba que los productores de BEV chinos se beneficiaban de la concesión de suelo a cambio de una remuneración inferior a la adecuada.

(431)

Las autoridades chinas alegaron que la Comisión, básicamente, declaró que el suelo en la China continental es de propiedad estatal o de propiedad colectiva, lo que no demuestra la existencia de una contribución financiera ni de un beneficio. Por otro lado, contrariamente a la interpretación del adjetivo «colectiva» observada por la Comisión en el considerando 677 del Reglamento provisional, «colectiva» no quiere decir que esté compuesto por pueblos o municipios, sino por personas trabajadoras.

(432)

En el considerando 677 del Reglamento provisional, la Comisión recogió una introducción al sistema de derechos de uso del suelo utilizado en China. Al contrario que las observaciones de las autoridades chinas, el objetivo de esta parte no es demostrar por sí misma la existencia de contribución financiera y beneficio. En cualquier caso, las autoridades chinas no aportaron pruebas que contradijeran lo expuesto en el considerando 677 del Reglamento provisional, a saber, que en China todo el suelo es de propiedad estatal o colectiva.

(433)

Tras la comunicación provisional, las autoridades chinas alegaron que, hasta que no se determine que los precios en el país de concesión de derechos de uso del suelo están distorsionados debido a la intervención del Gobierno, la Comisión no puede recurrir a una referencia de fuera del país. De acuerdo con las autoridades chinas, varios de los documentos legislativos no estaban en vigor en el período de investigación. Por tanto, la Comisión se basó en una base jurídica incorrecta y no basó su «determinación en pruebas concluyentes».

(434)

En primer lugar, la Comisión observó que las autoridades chinas no aportaron ninguna prueba de que los documentos legislativos mencionados no estuvieran en vigor durante el período de investigación. En segundo lugar, las autoridades chinas tampoco demostraron que haya cambiado el contenido de estos documentos que supuestamente han sido sustituidos. En tercer lugar, las autoridades chinas no cuestionaron la aplicación de la Ley de Gestión del Suelo de la República Popular China mencionada en el considerando 679 del Reglamento provisional.

(435)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas alegaron que habían demostrado que las leyes en las que se había basado la Comisión no estaban en vigor durante el período de investigación. Por tanto, las afirmaciones de la Comisión de que las autoridades chinas no aportaron pruebas de que dichos documentos no estaban en vigor durante el período de investigación son objetivamente erróneas.

(436)

No obstante, la Comisión sostiene que no se aportaron pruebas para demostrar que los textos en cuestión no estaban en vigor. En cualquier caso, la Comisión, por iniciativa propia, encontró pruebas de que la Ley de Propiedad fue derogada en 2021 (65). Sin embargo, sus disposiciones se incorporaron a los artículos 205 a 462 del Código Civil que entró en vigor en enero de 2021. El Código Civil no introdujo ningún cambio sustancial con respecto a los derechos de uso del suelo (véanse, en particular, los artículos 246, 260, 261 y 330 a 361 del Código Civil). Por consiguiente, el argumento esgrimido por las autoridades chinas era puramente formal. Por tanto, se rechazó la alegación.

(437)

Tras la comunicación provisional, según las autoridades chinas, en asuntos anteriores la Comisión no presentó pruebas que demostraran que el sistema de subasta en la China continental no era transparente ni claro y se basó en asuntos antiguos y productos completamente diferentes sin aportar explicaciones o pruebas de la supuesta distorsión. Supuestamente, la Comisión ha utilizado la misma declaración y ha creado una corriente jurisprudencial ante la falta de pruebas. Las autoridades chinas también alegaron que la Comisión no explicó lo que investigó con respecto al mercado de derechos de uso del suelo en la China continental ni qué cambios detectó. Además, la afirmación de la Comisión de que las autoridades fijaban los precios de los derechos de uso del suelo de forma arbitraria no estaba respaldada por ninguna prueba en general ni con ejemplos relacionados con los productores exportadores incluidos en la muestra. Para las autoridades chinas, el precio obtenido en última instancia en el proceso de licitación es un reflejo tanto de la oferta como de la demanda.

(438)

El Grupo Geely alegó que el Reglamento provisional no incluye ninguna indicación clara ni ningún razonamiento con respecto a cómo o por qué el Taipéi Chino constituye un valor de referencia adecuado más allá de indicar que se ha utilizado en determinadas investigaciones previas.

(439)

Sin embargo, la Comisión señaló que las conclusiones extraídas en investigaciones antisubvenciones previas y recientes estaban adecuadamente fundamentadas y se refieren a los mismos programas de subvenciones que los citados en la presente investigación. Por ejemplo, en el asunto de las hojas de aluminio convertible la Comisión constató que, por lo que respecta a las parcelas de terreno que se adquirieron mediante licitación, en todos los casos hubo solo un licitador, y el precio que se pagó se correspondía con el precio de partida del procedimiento de licitación. En todas estas investigaciones anteriores, la Comisión se basó en un marco jurídico similar por el que se rigen los derechos de uso del suelo en China y, más concretamente, en el hecho de que las autoridades locales establecen los precios de los terrenos siguiendo un sistema de evaluación de los terrenos urbanos y la política industrial del Gobierno. En el considerando 682 del Reglamento provisional, la Comisión recordó que la investigación actual no mostraba ningún cambio significativo al respecto. La Comisión recordó, además, que las autoridades chinas no habían facilitado pruebas que demostraran la cancelación de dicha política. Por el contrario, la Comisión constató que, en lo que respecta al Grupo BYD, el Grupo Geely, el Grupo SAIC y Tesla (Shanghái) las transacciones de derechos de uso del suelo se correspondían con: i) transacciones, asignaciones o transferencias gratuitas; ii) precios de transacción que se correspondían con el precio de partida del procedimiento de licitación; iii) precios de transacción que se correspondían con la garantía que había que pagar para participar en la licitación; o iv) acuerdos de inversión específicos con el municipio o los municipios locales que contenían disposiciones específicas sobre la asignación de terrenos. Así pues, sobre la base de la información disponible en la presente investigación, la Comisión rechazo estas alegaciones.

(440)

Las autoridades chinas argumentaron que la afirmación de la Comisión en el considerando 682 del Reglamento provisional de que los productores exportadores incluidos en la muestra obtuvieron los derechos de uso del suelo a los precios establecidos por las autoridades locales en los procedimientos de licitación, carece de una base fáctica.

(441)

No obstante, como ya se ha indicado en el considerando 438 del presente Reglamento, la Comisión posee pruebas que sustentan dicha afirmación, mediante los documentos de las transacciones del Grupo BYD, el Grupo Geely, el Grupo SAIC y Tesla (Shanghái).

(442)

De acuerdo con las autoridades chinas, existe un mercado secundario de los derechos de uso del suelo en la China continental que no fue investigado por la Comisión.

(443)

No obstante, las autoridades chinas no tenían pruebas de que las empresas incluidas en la muestra utilizaran ningún supuesto mercado secundario de los derechos de uso del suelo.

(444)

Las autoridades chinas consideraron que la conclusión de la Comisión relativa a la especificidad es incoherente porque si los análisis de especificidad llevados a cabo por la Comisión fueran correctos y solo obtuvieran derechos de uso del suelo a precios preferentes los productores de algunas industrias, la Comisión debería haber utilizado los precios de los derechos de uso del suelo de empresas de otros sectores para evaluar la existencia de la supuesta subvención. Además, la Comisión no realizó una evaluación razonada y objetiva de la especificidad en virtud del artículo 4, apartado 2, letras a) y c), del Reglamento de base porque no determinó cómo se limita explícitamente el acceso a la supuesta concesión preferente de derechos de uso del suelo a determinadas empresas o sectores.

(445)

En este sentido, la Comisión señala que ninguna parte aportó pruebas de la existencia de una referencia para los precios de los derechos de uso del suelo en los sectores sin intervención del Estado. Además, la Comisión aportó el marco legislativo en virtud del cual las autoridades locales establecen los precios de los terrenos siguiendo un sistema de evaluación de los terrenos urbanos, que se actualiza cada tres años, y siguiendo la política industrial del Gobierno. Por otro lado, la Comisión pudo confirmar esta conclusión sobre la base de los documentos de las transacciones proporcionados por el Grupo SAIC y, según los cuales, «la condición de acceso industrial se refiere a la industria de fabricación de automóviles; se ajusta a los proyectos fomentados y autorizados en el catálogo de orientaciones para el ajuste de la estructura industrial». Por tanto, los documentos a los que tuvo acceso la Comisión confirman que, como condición para participar en el procedimiento de licitación relativo a los derechos de uso del suelo, es necesario pertenecer a la industria de fabricación de automóviles.

(446)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas observaron que compete a la Comisión, como autoridad investigadora, establecer la especificidad, y no a las autoridades chinas ni a otras partes interesadas refutar una presunción negativa. También se refirieron al asunto C-559/12 P (66) y afirmaron que la Comisión tiene la obligación de recopilar toda la información que requiera para fundamentar su evaluación de la especificidad de la supuesta subvención.

(447)

Contrariamente a las alegaciones de las autoridades chinas, la Comisión no se basó en ninguna presunción negativa para establecer la especificidad del régimen. Como se indica claramente en el considerando 686 del Reglamento provisional, el régimen se considera específico porque la concesión preferente de suelo se limita a las empresas de determinadas industrias, en este caso la industria de los BEV. Así pues, se rechazó la alegación.

(448)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas también sostuvieron que el análisis del beneficio llevado a cabo por la Comisión es injustificable y se basa en una referencia inapropiada. De acuerdo con las autoridades chinas, la Comisión no es coherente cuando confirma que la concesión de derechos del suelo es específica y, al mismo tiempo, rechaza el argumento de que la Comisión podría haber utilizado referencias del país derivadas de los precios de los derechos de uso del suelo de empresas de otros sectores que no se beneficien de esta supuesta subvención, de las que hay muchas donde elegir.

(449)

Sin embargo, la Comisión no ve la incoherencia mencionada por las autoridades chinas. Como se indica en el considerando 445 anterior, la Comisión se limitó a afirmar que ninguna parte aportó pruebas de la existencia de una referencia para los precios de los derechos de uso del suelo en los sectores sin intervención del Estado. Aparte de limitarse a afirmar que existen numerosas referencias donde elegir, las autoridades chinas no refutaron las conclusiones de la Comisión. Además, las autoridades chinas parecen confundir el análisis de especificidad de la Comisión mediante el que la Comisión demostró que la industria de los BEV se está beneficiando de los derechos de uso del suelo a cambio de una remuneración inferior a la adecuada y el análisis del beneficio con arreglo al artículo 6, letra d), del Reglamento de base mediante el que la Comisión consideró que la legislación china que regula los usos del suelo está distorsionando el mercado de derechos de uso del suelo y no está sujeta a las condiciones del mercado. El hecho de que el sistema de derechos de uso del suelo en su conjunto no esté funcionando como un mercado libre no impide a las autoridades chinas conceder a determinadas industrias específicas derechos de uso del suelo a cambio de una remuneración inferior a la adecuada. Así pues, se rechazó la alegación.

(450)

Las observaciones de las autoridades chinas relativas a la conclusión de que la concesión de derechos de uso del suelo por parte de las autoridades chinas debe considerarse una subvención se abordaron conjuntamente con las observaciones relativas a las conclusiones de la investigación en los considerandos 437 a 442 del presente Reglamento.

(451)

Tras la comunicación provisional, las autoridades chinas alegaron que la evaluación de la Comisión que apunta a que el Taipéi Chino es una referencia externa adecuada no se basa en pruebas concluyentes y que los precios del suelo en el Taipéi Chino no guardan relación con «las condiciones reinantes en el mercado en el país de suministro». Las autoridades chinas declararon que la Comisión se limita a enumerar determinados indicadores sin datos ni pruebas que los sustenten y solicitaron a la Comisión que proporcione datos adicionales relativos al nivel de desarrollo económico, el grado de desarrollo de las infraestructuras industriales, la densidad de población y las similitudes entre el tipo de suelo y las operaciones utilizadas para construir el valor de referencia pertinente en el Taipéi Chino y en China. También menciona que la densidad de población en la China continental y en el Taipéi chino es muy distinta.

(452)

En relación con el nivel de desarrollo económico y el grado de desarrollo de las infraestructuras industriales, la Comisión constató que la mayoría de las entidades de los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra estaban situadas en la parte oriental de China, en zonas desarrolladas con un PIB elevado de provincias con alta densidad de población en torno a Shanghái y Shenzhen, muy similares a las del Taipéi Chino.

(453)

En relación con las similitudes entre el tipo de suelo y las operaciones utilizadas para construir el valor de referencia pertinente, la Comisión destacó en este sentido que, en ambos casos, las operaciones se referían a terrenos industriales de una superficie determinada, situados en zonas industriales.

(454)

En relación con la densidad de población, la Comisión observó que las autoridades chinas compararon cifras de densidad de población a nivel de todo el país. Si se observa más de cerca la densidad de población de las ubicaciones reales de los productores exportadores, resulta que las cifras de densidad de población son en realidad bastante similares o incluso superiores, por ejemplo, en la región de Shanghái donde están situadas algunas de las entidades de los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra y Tesla (Shanghái), la densidad de población es de más de 3 900 habitantes por km2 (67), es decir, casi seis veces la densidad de población del Taipéi Chino.

(455)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas indicaron, en primer lugar, que varias entidades de los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra no están situadas en la parte oriental de la China continental. Por ejemplo, algunas están situadas en Xi’an y en Hunan. Al elegir Shanghái y Shenzhen, la Comisión se refiere a dos de las ciudades más desarrolladas de China, que no son comparables a la mayor parte de las provincias en las que están situados los productores de BEV. En segundo lugar, las autoridades chinas señalan que todas las demás provincias en las que están situados los productores de BEV, aparte de Shanghái, están mucho menos densamente pobladas que el Taipéi Chino. Las autoridades chinas también observaron que existen enormes diferencias en el precio de los derechos de uso del suelo entre determinadas ciudades y provincias y la China continental y que, aparte de la cuestión de la falta de comparabilidad, un precio medio de referencia para el suelo en el Taipéi Chino no puede estar relacionado con el mercado predominante en toda la China continental.

(456)

Sin embargo, la Comisión nunca alegó que todos los productores de BEV estén situados en la parte oriental de China. En lugar de ello, la Comisión explicó que la mayoría de las entidades de los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra estaban situadas en la parte oriental de China, en zonas desarrolladas con un PIB elevado de provincias con alta densidad de población en torno a Shanghái y Shenzhen. Por ejemplo, de los siete centros de producción del Grupo Geely, cuatro están situados en Zhejiang, y uno en Jiangsu, dos provincias costeras próximas a Shanghái. Asimismo, de las ocho instalaciones de producción del Grupo BYD, una está situada en Guangdong, una en Jiangsu, una en Anhui, una en Shandong y una en Fujian. Por último, al menos tres de las instalaciones de producción del Grupo SAIC están situadas directamente en Shanghái. La mayor parte de estas provincias tienen un PIB per cápita elevado y unos niveles de densidad comparables a los del Taipéi Chino. Las densidades de población de Jiangsu, Guangdong y Shandong son incluso superiores a las del Taipéi Chino. Además, la Comisión subraya que las instalaciones de producción de BEV suelen estar situadas en ciudades con un nivel de PIB per cápita y una densidad muy por encima de la media provincial. Por lo tanto, se rechazaron estas alegaciones.

(457)

Las autoridades chinas y el Grupo Geely también alegaron que el Taipéi Chino no constituye un valor de referencia apropiado porque, en la China continental, entre otros lugares, solamente se transfiere un derecho de uso del suelo, mientras que en el Taipéi Chino también se transfiere la propiedad del terreno. Además, de acuerdo con las autoridades chinas, la Comisión parece reconocer que la densidad de población y el grado de desarrollo de las infraestructuras industriales no son totalmente comparables entre la China continental y el Taipéi Chino. Por consiguiente, por término medio, un precio de referencia para el suelo en el Taipéi Chino no puede estar relacionado con el mercado predominante en la China continental, ni lo está. Además, los precios del suelo utilizados por la Comisión para el Taipéi Chino incluyen los precios de los terrenos tanto comerciales como industriales.

(458)

El Grupo SAIC argumentó que el Taipéi Chino no era una referencia externa adecuada para los derechos de uso del suelo y propuso utilizar en su lugar referencias de Malasia y Tailandia. En relación con el Taipéi Chino, el Grupo SAIC indicó lo siguiente:

(459)

El Grupo Geely alegó que la pertinencia de factores como la proximidad geográfica y las características demográficas comunes entre China y el Taipéi Chino para la selección del valor de referencia no está clara. Además, la afirmación de que el desarrollo económico, el PIB y la estructura del Taipéi Chino son comparables a los de numerosas provincias y ciudades chinas carece de toda credibilidad debido a las importantes diferencias existentes entre ellos, en particular en lo que respecta a las ciudades en las que operan los productores exportadores del Grupo Geely. Por último, de acuerdo con el Grupo Geely, en los cálculos no se tuvieron en cuenta las importantes diferencias de precios existentes entre las distintas zonas del Taipéi Chino ni cómo repercutían en la comparación.

(460)

A este respecto, la Comisión señaló que la elección del Taipéi Chino como referencia se basó en el examen de varios factores enumerados en el considerando 688 del Reglamento provisional. La Comisión consideró, no obstante, que aunque existían ciertas diferencias en las condiciones de mercado entre los derechos de uso del suelo en la China continental y la venta de suelo en el Taipéi chino, no eran de tal naturaleza que invalidarían la elección del Taipéi chino como referencia.

(461)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas afirmaron que la Comisión ignoró una distinción fundamental que afecta a la comparabilidad, a saber, el hecho de que en la China continental solamente se transfiere el derecho de uso del suelo durante unos años específicos, mientras que en el Taipéi Chino se transfiere la propiedad del terreno. Las autoridades chinas también observaron que no existen pruebas de que la Comisión considerara (esto es, evaluara) estas diferencias y su repercusión en los precios de los derechos de uso del suelo.

(462)

La Comisión, no obstante, se basó en la referencia que se consideró más apropiada, incluso teniendo en cuenta las diferencias entre las condiciones del mercado. Durante el transcurso de la investigación, la Comisión no pudo hallar ninguna otra referencia o método de ajuste apropiados que reflejasen adecuadamente dichas diferencias en las condiciones del mercado. También observa que las autoridades chinas tampoco pudieron presentar una referencia fiable que reflejase la diferencia entre los derechos de uso del suelo y los derechos de propiedad. Por tanto, se rechazó este argumento.

(463)

El Grupo SAIC propuso en lugar de ello utilizar los precios del suelo de Malasia o Tailandia como opciones de referencia alternativas, por ser más adecuadas que el Taipéi Chino debido a los siguientes motivos:

(464)

Tras examinar la alegación, la Comisión consideró que la elección del Taipéi chino como referencia externa adecuada se basó en el examen de varios factores mencionados en el considerando 688 del Reglamento provisional que justificaban su elección como referencia válida. Además, en contra de lo afirmado por SAIC, la Comisión no utilizó los precios de 2013 sino precios anuales vigentes a partir de 2013. En lo que respecta a los años anteriores a 2013, la Comisión realizó un ajuste en los datos de 2013 basado en el crecimiento económico de Taiwán. Por el contrario, los datos de SAIC solamente se refieren a un año aislado y remoto (2010) en el caso de Tailandia, y al año 2022 en el caso de Malasia. La Comisión necesita datos históricos para evaluar los precios del uso del suelo y no se puede basar en un solo año porque todos los derechos de uso del suelo no se adquirieron en un solo año. Por último, en relación con el nivel de desarrollo económico, SAIC tan solo comparó Tailandia, Malasia y China como países. La Comisión, por su parte, comparó las zonas industriales de Taiwán con las provincias industriales pertinentes de China. Por ello, hubo que rechazar esta alegación.

(465)

En consecuencia, se confirmó la metodología para determinar el importe de la subvención descrita en los considerandos 687 a 689 del Reglamento provisional y se aplicó al productor exportador al que se concedió el examen individual.

(466)

El porcentaje de subvención del Grupo SAIC y el Grupo Geely con respecto a la concesión de derechos de uso del suelo por parte de los poderes públicos a cambio de una remuneración inferior a la adecuada se actualizó como consecuencia de la corrección descrita en los considerandos 652 y 654 del presente Reglamento, respectivamente.

(467)

El porcentaje de subvención establecido con respecto a esta subvención durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra y para la empresa que recibió el examen individual asciende a:

(468)

En ausencia de observaciones, se confirmaron las conclusiones de los considerandos 691 a 695 del Reglamento provisional.

(469)

Las observaciones recibidas por las autoridades chinas y el Grupo SAIC en relación con la falta de cooperación y el uso de los datos disponibles se abordaron en la sección 3.3.1.2. No se recibieron más observaciones a ese respecto, por lo que se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 696 a 700 del Reglamento provisional.

(470)

Tras la comunicación provisional, las autoridades chinas alegaron que no existía ninguna ley ni reglamento que exigiera el suministro de baterías o LFP a cambio de una remuneración inferior a la adecuada. Además, las autoridades chinas añadieron que casi todos los documentos citados por la Comisión son planes no obligatorios que no contienen medios específicos para su aplicación, que la Comisión sacó de contexto el contenido de las leyes y planes de las autoridades chinas, así como de las noticias, y que, por tanto, no existe legislación ni criterios para demostrar la existencia de una subvención sujeta a medidas compensatorias. Estas alegaciones se reiteraron tras la comunicación definitiva.

(471)

La Comisión recordó en primer lugar que, dada la negativa de las autoridades chinas a cooperar en relación con los elementos pertinentes enumerados en la sección 3.3.1.2 del Reglamento provisional, la Comisión tuvo que basarse en los datos disponibles para sus conclusiones relativas a los insumos.

(472)

Como ya se ha explicado detalladamente en los considerandos 197 a 203 y en la sección 3.7.2.1.2, letra a), del Reglamento provisional, el Estado y el PCC ejercen una influencia decisiva en la asignación de recursos y en sus precios, y pueden hacerlo mediante el pleno control de las ramas legislativa, ejecutiva y judicial del aparato del Estado (considerando 201 del Reglamento provisional), y a través de un complejo sistema de planes que establece prioridades y prescribe los objetivos en los que deben centrarse la administración central y los entes locales (considerando 202 del Reglamento provisional). La alegación de las autoridades chinas de que casi todos los documentos citados por la Comisión no son obligatorios contradice el hecho de que los objetivos fijados por los instrumentos de planificación son, de hecho, de carácter vinculante y que las autoridades de cada nivel administrativo supervisan la aplicación de los planes por parte del nivel inferior de gobierno correspondiente, dirigiendo así recursos a sectores considerados estratégicos o políticamente importantes por el Gobierno, en lugar de asignarlos en consonancia con las fuerzas del mercado. Como ya se explicó en el considerando 202 del Reglamento provisional, los objetivos fijados a través de los instrumentos de planificación tienen carácter vinculante y las autoridades de cada nivel administrativo supervisan la ejecución de los planes por parte de los poderes públicos del nivel inferior correspondiente. El carácter vinculante de los planes también se aborda ampliamente en la sección 4.3.1 del Informe de China (68); el artículo 89 de la Constitución china (69) dispone que el Consejo de Estado elabore y ejecute planes para el desarrollo económico y social nacional y los presupuestos estatales, mientras que la Ley Orgánica de los Congresos Populares Locales y de los Gobiernos Populares Locales de la República Popular China (70) obliga a dichas autoridades a ejecutar los planes quinquenales (artículos 11, 12, 50, 73, 76). Por lo tanto, la alegación de que, por ejemplo, el Plan de acción sobre las baterías de 2017 es un mero plan de desarrollo, y no una política de control de precios, se consideró objetivamente incorrecta, ya que el Plan de acción sobre las baterías de 2017 se adopta ante todo para aplicar la «Comunicación del Consejo de Estado sobre la elaboración del plan de desarrollo para la industria del ahorro energético y de los vehículos propulsados con energías alternativas (2012-2020)» (Guofa [2012] n.o 22) y los «Dictámenes de orientación de la Oficina General del Consejo de Estado sobre la aceleración de la promoción y la aplicación de vehículos propulsados con energías alternativas» (Guobanfa [2014] n.o 35), y contiene también disposiciones específicas sobre el precio de las baterías por kw/h (considerandos 710 y 746 del Reglamento provisional).

(473)

La Comisión no estuvo de acuerdo con la afirmación de las autoridades chinas de que sacó de contexto el contenido de la legislación, los planes y las noticias. Las conclusiones sobre organismo público y sobre encomienda y orden son el resultado de un análisis exhaustivo basado en hechos de numerosas pruebas objetivas, como legislación, reglamentos y otros documentos políticos oficiales publicados por las autoridades chinas, informes de organizaciones internacionales y otras fuentes independientes fiables, debidamente referenciadas y respaldadas por citas que contextualizan el contenido de los documentos. Las autoridades chinas alegaron que la Ley de Recursos Minerales y sus normas de aplicación son requisitos generales y solo proporcionan orientación a las autoridades chinas a la hora de formular políticas, pero no les otorgan un poder ilimitado sobre sus propios recursos; sin embargo, esto contradice el propio contenido del artículo 3, que dice literalmente que «El Consejo de Estado representa al Estado para ejecutar la propiedad de los recursos minerales. El Consejo de Estado autoriza al departamento competente del Consejo de Estado para la geología y los minerales a imponer un control unificado sobre la asignación de recursos minerales en todo el país» (71). Además, las autoridades chinas alegaron que las declaraciones a la prensa del MIIT mencionadas en el considerando 751 del Reglamento provisional se habían sacado de contexto, dado que las autoridades chinas no intervinieron en la fijación de precios, ya que solo trataron de abordar el pico de los precios mundiales de iones de litio mediante la expansión de la oferta ascendente y la lucha contra la competencia desleal. Sin embargo, como reconocieron las propias autoridades chinas en su dosier, el objetivo de «orientar conjuntamente el precio de la sal de litio para que volviera a un nivel racional» no es un mero principio rector general, sino una intervención de fijación de precios destinada a devolver los precios del litio a un «nivel racional», ya que, al parecer, el MIIT y otras asociaciones del sector participaron plenamente en la consecución de este objetivo. Por lo tanto, se rechazaron estas alegaciones.

(474)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas indicaron que la Comisión malinterpretó sus argumentos, ya que en el considerando 473 del presente Reglamento las autoridades chinas no admitieron que el objetivo de «orientar conjuntamente el precio de la sal de litio para que volviera a un nivel racional» fuese la fijación de precios. Las autoridades chinas declararon que «en el contexto del pico de los precios mundiales de iones de litio registrado en aquel momento, así como de las actividades de competencia desleal como las compras especulativas, las adquisiciones para acaparamiento... las autoridades chinas se esforzaron por abordar el problema mediante la expansión de la oferta ascendente, y la lucha contra la competencia desleal, pero no intervinieron en la fijación de precios». Además, las autoridades chinas añadieron que la Comisión no ha citado ninguna prueba que justifique su opinión de que hubo «intervención de fijación de precios destinada a devolver los precios a un nivel racional», y que la Comisión no citó ninguna base objetiva o jurídica para justificar su afirmación de que «el MIIT y otras asociaciones del sector participaron plenamente en la consecución de este objetivo» (considerando 473 del presente Reglamento).

(475)

La Comisión no estuvo de acuerdo con estas afirmaciones. Como se aborda en el considerando 751 del Reglamento provisional, el propio MIIT, que es el departamento del Consejo de Estado responsable de la administración de las ramas industriales y de la industria de la información de China (72), afirmó que «[el MITT] impulsará de nuevo [los precios de las materias primas] hacia un nivel razonable lo antes posible», que «el ministerio ayudará a acelerar el desarrollo de los recursos locales en China» y que «el funcionamiento estable del sector se enfrenta a una gran presión que requiere que todas las partes cooperen para hacerle frente» (73). En lo que respecta a las alegaciones de que la Comisión no citó ninguna base objetiva o jurídica para justificar algunas de sus afirmaciones, la Comisión recordó que todas las fuentes utilizadas en el Reglamento provisional se referenciaron debidamente, y que la prueba de la participación del MIIT y otras asociaciones del sector se menciona en los considerandos 310 y 311 del Reglamento provisional. Por lo tanto, se rechazaron estas alegaciones.

(476)

Tras la comunicación provisional, la CAAM alegó que los proveedores de baterías y materias primas no pueden clasificarse como «instituciones públicas» y que la Comisión no puede imponer aranceles elevados a los proveedores de baterías.

(477)

La Comisión señaló que, contrariamente a lo que alegaba la CAAM, los derechos impuestos se aplican a los productores exportadores chinos de BEV, y no a sus proveedores de baterías y materias primas. Además, la alegación de la CAAM relativa al hecho de que las baterías y las materias primas no pueden clasificarse como organismos públicos era genérica y carecía de fundamento. Por consiguiente, por las razones expuestas en los considerandos 821 y 899 del Reglamento provisional, se desestimaron las alegaciones.

(478)

Tras la comunicación definitiva, la CAAM indicó que la Comisión clasificó erróneamente a las empresas de baterías, las empresas de materias primas y las asociaciones como entidades públicas que ejercen funciones gubernamentales, y añadió que la Comisión ha concluido erróneamente que el Gobierno chino interviene en la fijación de precios y que ha deducido erróneamente que el Gobierno chino ejerce un control exhaustivo sobre las empresas y las asociaciones del sector a través de órganos de trabajo del Partido.

(479)

Las observaciones manifestadas por la CAAM eran generales y carecían de fundamento, por lo que la Comisión las rechazó.

(480)

Tras la comunicación provisional, las autoridades chinas y el Grupo Geely impugnaron la clasificación de los proveedores de insumos como organismos públicos. Las autoridades chinas presentaron las siguientes alegaciones:

(481)

El Grupo Geely alegó que las pruebas en las que se basó la Comisión no demostraban que la CBIA y la CIAPS estuvieran dotadas de facultades gubernamentales y que la Comisión concluyó erróneamente que todos sus miembros también estaban dotados de facultades gubernamentales. Además, el Grupo Geely alegó que, dado que no todos los proveedores de baterías son miembros de asociaciones, no puede concluirse que estos proveedores estén dotados de facultades gubernamentales. Por último, el Grupo Geely alegó que la propiedad estatal parcial de determinados proveedores de baterías no demuestra que estas empresas puedan considerarse organismos públicos.

(482)

La Comisión no estuvo de acuerdo con la alegación de las autoridades chinas de que las asociaciones industriales son organizaciones autónomas que actúan libremente en el mercado. Como ya estableció la Comisión en el considerando 779 del Reglamento provisional, si bien los dictámenes de la CNDR preveían formalmente una separación entre las asociaciones industriales y el Gobierno, también garantizaban no solo la continuidad de la dependencia financiera de las asociaciones industriales con respecto a las autoridades gubernamentales, sino también el mantenimiento del pleno control del PCC sobre ellas a través de organismos de trabajo de construcción del partido dentro de las organizaciones sociales. El análisis realizado por la Comisión en los considerandos 780 a 785 del Reglamento provisional también confirmó dicha presencia del PCC en la toma de decisiones y en las operaciones cotidianas de las asociaciones del sector, tal como se recoge en los estatutos de la CBIA y la CIAPS. Ni las autoridades chinas ni ninguna otra parte facilitaron información que contradijera estas conclusiones. Además, la investigación llevada a cabo por la Comisión tras la fase provisional también confirmó que las asociaciones del sector no operan de manera independiente como operadores del mercado libre, sino que están bajo el control total del PCC y aplican políticas gubernamentales. Así lo ejemplifican las últimas declaraciones de Ge Honglin, secretario del Partido y presidente de la Asociación China de la Industria de Metales No Ferrosos («CNMIA») (74), que también incluye una subasociación relativa al litio. Como ya se explicó en el considerando 94 del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1618 (75) de la Comisión, la CNMIA es una asociación industrial en la que el PCC interviene en la toma de decisiones operativas. Aunque la CNMIA, que también incluye una subsección relativa a la industria del litio, no fue una asociación industrial analizada por la Comisión en la fase provisional, sus últimas declaraciones contradicen lo que alegan las autoridades chinas. En esta «organización social», al igual que en varias asociaciones industriales, las organizaciones de construcción del partido están integradas en su estructura (76). Según su secretario del Partido, «aunque las asociaciones industriales son organizaciones sociales, los requisitos de construcción del Partido son coherentes con los de los órganos centrales y estatales» y la CNMIA «ha aplicado exhaustivamente las decisiones y disposiciones del Comité Central del PCC y del Consejo de Estado, y ha cooperado con los departamentos pertinentes para formular, publicar e interpretar políticas industriales como las “Directrices para el ajuste estructural industrial”, el “Plan de trabajo para estabilizar el crecimiento en la industria de los metales no ferrosos” y los “Métodos de recaudación de ingresos de transferencia de derechos mineros”». Además, tanto la CBIA como la CIAPS están bajo la dirección del Consejo de Estado. Por tanto, se rechazó esta alegación.

(483)

En relación con la segunda cuestión planteada por las autoridades chinas, como se indica en el considerando 864 del Reglamento provisional, el mercado chino se ha considerado distorsionado debido a las políticas nacionales y sectoriales promulgadas por proveedores nacionales de baterías, en particular las relativas a las estructuras de precios. Por consiguiente, a pesar de que determinados proveedores de baterías o LFP pueden cobrar precios diferentes, se considera que todas las adquisiciones de baterías por parte de las empresas incluidas en la muestra durante el período de investigación se ven afectadas por las políticas y medidas estatales en vigor que persiguen los objetivos políticos declarados. Esta evaluación se deriva del entendimiento de que todos los proveedores operan en el mercado nacional, en las mismas condiciones de mercado. El poder que tienen las asociaciones sobre sus miembros y sobre las políticas de precios ya se ha presentado en profundidad en la sección 3.7.2.1.1, letra b), del Reglamento provisional. Sin embargo, las autoridades chinas no presentaron ninguna prueba que corroborase su alegación. Así pues, se rechazó la alegación.

(484)

Por lo que se refiere al tercer punto, las alegaciones formuladas por las autoridades chinas eran generales y la parte no aportó ninguna prueba que demostrara el punto planteado. La Comisión recuerda que se ha llevado a cabo una amplia investigación sobre las asociaciones de la industria china y sus miembros, así como sobre los mecanismos de control de precios existentes, tal como se contemplan en los considerandos 748, 751, 792-799 y 807-809 del Reglamento provisional. Así pues, se rechazó la alegación.

(485)

La alegación presentada por el Grupo Geely sobre la autoridad gubernamental de las asociaciones industriales y sus miembros no estaba justificada y, por lo tanto, fue rechazada. En cuanto a la tercera alegación presentada por el Grupo Geely, la Comisión recuerda que, como se indica en el considerando 767 del Reglamento provisional, ni la CBIA ni la CIAPS publican la lista completa de sus miembros. La Comisión recuerda que, como ya se explicó en el considerando 282 del Reglamento provisional, las autoridades chinas alegaron que no tenían ningún control sobre la CBIA, que no está formalmente afiliada a las autoridades chinas. Esto quedó desmentido por las conclusiones de los considerandos 777 y 778 del Reglamento provisional, que muestran que las autoridades chinas ejercen el pleno control de la CBIA. En primer lugar, la asociación en régimen de gestión directa del Consejo de Estado (considerando 777 del Reglamento provisional) y las autoridades chinas siguen siendo responsables de la administración de la asociación y del nombramiento de personas clave encargadas de su trabajo (considerando 780 del Reglamento provisional). Durante la visita de inspección a las autoridades chinas, la Comisión solicitó una lista de todos los miembros de la CBIA, que las autoridades chinas se negaron a facilitar. En ausencia de información facilitada por las autoridades chinas, así como de datos públicos oficiales que detallen la lista completa de miembros de la CBIA y la CIAPS, la Comisión dedujo que aún más proveedores de baterías podrían ser miembros de estas asociaciones. Además, la pertenencia a las asociaciones de baterías es uno de los diversos elementos evaluados por la Comisión. Las pruebas recogidas pusieron de manifiesto una situación en la que las autoridades chinas ejercen su influencia en el mercado de las baterías y las LFP. Además, en lo que respecta a la última alegación presentada por el Grupo Geely sobre la propiedad parcial del Estado, la Comisión recuerda que la relación entre los proveedores de insumos y las autoridades chinas es solo uno de los varios elementos que analizó, a saber, el entorno jurídico y económico imperante en China, los objetivos políticos de las autoridades chinas para desarrollar la industria de los BEV y las características y funciones fundamentales de los proveedores de insumos. Por lo tanto, se rechazaron estas alegaciones.

(486)

Tras la comunicación definitiva, CATL indicó que la Comisión no demostró que las autoridades chinas posean ningún control sobre CATL, o ejerzan ningún control significativo sobre ella, más allá de la influencia normal del Gobierno en cualquier país, que es indiscutible que CATL es una empresa de propiedad privada, y que las asociaciones que CATL estableció con empresas de propiedad estatal perseguían fines meramente comerciales. CATL también destacó que los acuerdos de cooperación que celebró con gobiernos locales o la creación del Centro Nacional de Investigación en Ingeniería para la Tecnología de Almacenamiento de Energía Electroquímica no sugieren que las autoridades chinas ejerzan ninguna influencia sobre CATL. La empresa también añadió que la fijación de sus precios para las baterías se basa íntegramente en el mercado y carece de toda influencia del Gobierno.

(487)

CATL también formuló algunas observaciones sobre las asociaciones industriales y argumentó que la pertenencia de CATL a cualquier asociación no era pertinente para la investigación relativa a los BEV y que no puede considerarse que por dicha pertenencia esté obligada a ejecutar ninguna decisión de la asociación. La empresa también añadió que la Comisión no mostró ninguna prueba que apuntara a que CATL estaba siendo obligada a actuar bajo amenaza de ser sancionada.

(488)

Las alegaciones formuladas por CATL eran generales y carecían de fundamento. La Comisión hizo hincapié en que la relación entre las autoridades chinas y CATL se ha abordado ampliamente en los considerandos 786 a 788 del Reglamento provisional, y en que existen varios documentos provinciales que confirman explícitamente la evolución y muestran la vinculación que existe con la realización de tareas nacionales clave (considerandos 731, 732, 803 y 804 del Reglamento provisional). En cuanto a la fijación de los precios, la Comisión recordó que ya se abordó en los considerandos 802 y 805 del Reglamento provisional, así como en el considerando 484 del presente Reglamento.

(489)

En relación con las alegaciones sobre la pertenencia a las asociaciones, la Comisión recordó que se llevó a cabo una amplia investigación sobre la asociación industrial y sus miembros, y que CATL no presentó ninguna prueba para sustentar sus alegaciones de que no debería considerarse un «organismo público». Además, la Comisión ya abordó alegaciones similares en los considerandos 482 y 485 del presente Reglamento. En relación con la última cuestión planteada por CATL, la Comisión recordó que el considerando 834 del Reglamento provisional ya abordó las pruebas que demuestran que los miembros deben acatar las instrucciones de la asociación destinadas a regular el comportamiento económico de sus miembros para cumplir las políticas de las autoridades chinas, a fin de evitar las repercusiones que les haya infligido la CBIA. Por lo tanto, se rechazaron estas alegaciones.

(490)

Tras la comunicación provisional, la Comisión recabó información adicional sobre LG Chem Nanjing New Energy Solutions («LG Nanjing»), un productor de baterías de propiedad extranjera en China que abastece a varios de los productores exportadores investigados. Por lo que se refiere a LG Nanjing, la Comisión encontró pruebas adicionales que corroboraban sus conclusiones de que los productores de baterías de China son organismos públicos, y que mostraban que la construcción de LG Nanjing sirvió para suministrar baterías a precios bajos en beneficio de los productores de BEV. La empresa fue creada en 2015 por LG Chem, la subdivisión de productos químicos de LG Corp. y la sociedad matriz de LG Nanjing (77). En 2014, LG Chem de Corea del Sur firmó un memorando de entendimiento sobre la cooperación con el Gobierno municipal de Nanjing. La fábrica establecida en Nanjing recibió «diversas ayudas del Gobierno municipal de Nanjing, por lo que las baterías producidas [tendrían] ventajas en términos de precios» (78). Además, LG Chem creó en 2014 una empresa en participación con dos socios chinos de propiedad estatal (a saber, Nanjing Zijin Technology Incubation Special Park Construction Development y Nanjing New Industrial Investment Group), para construir la primera fase de la fábrica de baterías en Nanjing, lo que demuestra que el Estado participó en la creación de la fábrica y que el suministro de baterías de LG a precios más bajos en beneficio de los fabricantes de automóviles era uno de los objetivos declarados de este esfuerzo.

(491)

Tras la comunicación definitiva, y sobre la base de un nuevo examen de la cuota de mercado real de las importaciones chinas en los mercados de la UE y de los Estados Unidos, así como de los efectos de las políticas generales de las autoridades chinas en favor de la industria de los BEV en los mercados de exportación, la Comisión modificó los considerandos 813 y 814 del Reglamento provisional como sigue:

(492)

Los datos BMI presentan estimaciones mensuales de los precios de las celdas de baterías de iones de litio para los mercados chino, europeos, asiáticos (excluida China) y norteamericanos expresados a precio de fábrica. Por lo que se refiere al período de investigación, muestra que el precio franco fábrica de las celdas NMC por kW/h fue al menos un 10 % y hasta un 30 % superior en los mercados de la UE, norteamericano o asiático que en el mercado chino, independientemente de la química de NMC específica (111, 523, 622 o 811). En ausencia de una evaluación de los precios de las celdas públicamente disponibles para las celdas LFP y a falta de cooperación por parte de las autoridades chinas, la diferencia de precios entre los mercados chino y otros mercados también se consideró válida para las celdas de LFP. Esta comparación debe considerarse en el contexto de que la cuota de mercado de los productores chinos de baterías en la UE era cercana al 40 % en 2023 (79). La Comisión no pudo hallar datos suficientemente detallados sobre la cuota de mercado de los productores chinos de baterías en América del Norte. Sin embargo, los datos aduaneros de los Estados Unidos (80) demuestran que en 2023, solo los Estados Unidos importaron directamente 13 100 millones USD en baterías de iones de litio procedentes de China, lo que supone el 70 % de todas las importaciones de baterías de iones de litio de los Estados Unidos en 2023. Además, la Unión Europea y América del Norte son los dos destinos principales de las exportaciones de baterías de iones de litio chinas. Dadas las pruebas mencionadas, la Comisión no pudo descartar que los productores de baterías chinos también representarían un porcentaje significativo de la cuota de mercado de América del Norte. Esto también quedó confirmado con los datos de BMI, que demuestran que los mercados de la UE y también el norteamericano dependían de las importaciones en el período de investigación dado que los suministros nacionales representaron tan solo el 26 y el 34 % de la demanda, respectivamente. Paralelamente, China tenía un exceso de oferta de baterías para colmar esa brecha. En ausencia de elementos que apuntaran a lo contrario, la Comisión consideró que las importaciones de baterías de China podrían colmar esa brecha y tenían una cuota de mercado de hasta el 70 % en ambos mercados. Si bien esta comparación de precios muestra que los precios en los mercados no chinos son sistemáticamente más elevados, la Comisión también consideró que este análisis se realizó sobre una base conservadora, ya que las cotizaciones de precios se hacían sobre la base del precio franco fábrica, de modo que no se tuvieron en cuenta los costes de envío de China a estos mercados. Si se incluyeran los costes de envío y teniendo en cuenta la cuota de mercado de los productores chinos de baterías en estos mercados, la diferencia de precios sería aún mayor.

(493)

En cuanto a CATL, en ausencia de datos más precisos, la Comisión analizó los informes anuales de CATL correspondientes al período 2021-2022. Los informes revelaron un deterioro de la rentabilidad en el mercado interno chino, que se vio compensado por unos beneficios mayores en términos de exportación. Si bien la empresa notificó altos márgenes de beneficio bruto tanto en el mercado interno como en el mercado extranjero de baterías en diciembre de 2021, esta tendencia se invirtió en junio de 2022, cuando la empresa comenzó a perder rentabilidad en el mercado interno chino, al tiempo que aumentaba su margen de beneficio en cuanto a las exportaciones. Ante la falta de cooperación por parte de CATL, ya sea por la ausencia de cooperación de las autoridades chinas o por la negativa de CATL a responder al cuestionario en su calidad de proveedor vinculado de baterías tras la tentativa de dos grupos incluidos en la muestra, la Comisión se basó en los datos disponibles e infirió que la disminución de la rentabilidad en el mercado interno chino de baterías era el reflejo de políticas gubernamentales destinadas al suministro de baterías a los productores de BEV en el mercado interno a una remuneración inferior a la adecuada. En cambio, en los mercados de exportación, CATL pudo cobrar precios más elevados y obtener mayores beneficios, sin dejar de beneficiarse de la ayuda recibida de las autoridades chinas. La diferencia en cuanto a los niveles de rentabilidad existente en el mercado de exportación y el mercado interno demuestra claramente que CATL fue incapaz de maximizar sus beneficios en China y de tomar decisiones empresariales razonables como un operador normal del mercado en una economía de mercado abierta. En lugar de ello, CATL se vio obligada por las políticas de las autoridades chinas a suministrar baterías a precios más baratos a la industria nacional de BEV. Esta práctica también se ve confirmada por las disposiciones contenidas en los estatutos de CATL y en el Sistema de Gestión de Transacciones entre Partes Vinculadas, como se explica en el considerando 801 del Reglamento provisional, que establecen que los precios de cualquier tipo de transacciones con entidades vinculadas serán fijados por el Estado.

(494)

Así pues, en comparación con los considerandos 813 y 814 del Reglamento provisional, la Comisión modificó el porcentaje de la cuota de mercado de los productores de baterías chinos en los mercados de la UE y norteamericano, centrándose fundamentalmente en el análisis del mercado de la UE (considerando 492 del presente Reglamento), y en el análisis de la rentabilidad de CATL en el mercado interno frente al de exportación (considerando 493 del presente Reglamento).

(495)

En ausencia de otras observaciones y en vista de las conclusiones adicionales de la Comisión, se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 702 a 821 del Reglamento provisional.

(496)

Tras la comunicación provisional, las autoridades chinas y el Grupo Geely impugnaron la conclusión de que los proveedores de baterías y LFP habían recibido encomiendas u órdenes de las autoridades chinas. En particular, las autoridades chinas alegaron que:

(497)

El Grupo Geely alegó que: a) la pertenencia a las asociaciones es insuficiente para demostrar que los proveedores de baterías reciben encomiendas u órdenes de las autoridades chinas; b) no hay pruebas de que los proveedores de baterías de propiedad extranjera o que no sean miembros de la CBIA ni de la CIAPS ni propiedad del Estado reciban la encomienda o la orden del Gobierno de suministrar baterías a cambio de una remuneración inferior a la adecuada; c) las pruebas en las que se basó la Comisión sobre encomienda y orden no respaldan la conclusión de que las autoridades chinas encomendaron u ordenaron a la CBIA y a la CIAPS o a sus miembros que suministrasen baterías a cambio de una remuneración inferior a la adecuada.

(498)

Al principio, la Comisión recordó que sus conclusiones se basaban en los datos disponibles de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de base, ya que las autoridades chinas se negaron a facilitar la información necesaria y a entablar conversaciones sobre esta cuestión.

(499)

En cuanto al fondo, en relación con la primera alegación planteada por las autoridades chinas, la Comisión recordó las conclusiones de la sección 3.7.2.1.1 del Reglamento provisional y destacó que, en el punto 1 (considerandos 760 a 789 del Reglamento provisional), que abarca la relación entre los proveedores de insumos y las autoridades chinas, la Comisión estableció la presencia generalizada de las autoridades chinas en la gestión cotidiana tanto en asociaciones industriales como en empresas privadas. En cuanto a los precios, los precios internos no solo difieren de los de exportación o internacionales, sino que también se constató que eran sistemáticamente inferiores a los precios de exportación debido a las políticas sectoriales aplicadas por las autoridades chinas en China (véanse los considerandos 816 y 920 del Reglamento provisional para las conclusiones sobre las diferencias entre los precios en el mercado interior chino y los precios de exportación). La diferencia entre los precios en el mercado interior chino y los precios mundiales, excluida China, se aborda en los considerandos 858 a 860 del Reglamento provisional.

(500)

En cuanto a la traducción del artículo 46 de los estatutos de CATL, ni siquiera la adición de «cuando» en la frase «los precios de las transacciones entre partes vinculadas son estipulados por el Estado», afecta al contenido de las conclusiones de la Comisión. En efecto, el texto contiene inequívocamente disposiciones que indican que, ciertamente, existen casos en los que los precios de las transacciones entre partes vinculadas son estipulados por el Estado. Además, las autoridades chinas no cuestionaron la redacción del artículo 22 del Sistema de Gestión de Transacciones entre Partes Vinculadas de CATL, que contiene una disposición similar. Asimismo, las autoridades chinas alegaron que esta fijación de precios corresponde a cinco escenarios diferentes, pero no se presentó ninguna prueba en apoyo de esta afirmación. En cualquier caso, las conclusiones se basan en los datos disponibles, ya que las autoridades chinas se negaron a cooperar, y un comentario sobre un elemento de la traducción específico sacado de contexto del resto de elementos y pruebas en los que se basó la Comisión no puede invalidar las conclusiones sobre este punto. Así pues, se rechazó la alegación.

(501)

Las alegaciones formuladas por el Grupo Geely eran generales y carecían de fundamento. La Comisión recuerda que se ha llevado a cabo una amplia investigación sobre la asociación industrial y sus miembros y que el Grupo Geely no presentó ninguna prueba que sustente sus alegaciones de que los productores de baterías no reciben encomienda ni orden de las autoridades chinas. Además, la Comisión destaca que la CBIA y la CIAPS no publicaron la lista completa de miembros (considerando 767 del Reglamento provisional) y, por lo tanto, como ya se ha explicado también en el considerando 485 del presente Reglamento, incluso más proveedores de baterías podrían formar parte de esta asociación. Además, el hecho de ser una empresa de propiedad extranjera no impide que sea un organismo público (si está investido de autoridad pública) y, con carácter subsidiario, que reciba encomiendas u órdenes de las autoridades chinas. Como se indica en el considerando 485 del presente Reglamento, los productores de baterías de propiedad extranjera también mostraron el mismo comportamiento que los fabricantes de baterías de propiedad china. Con este argumento se rechazaron las alegaciones.

(502)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas informaron de que no estaban de acuerdo con el análisis realizado por la Comisión en los considerandos 499 a 501 más arriba, aludiendo a que: a) la Comisión no aportó pruebas de la presencia generalizada de las autoridades chinas en las operaciones cotidianas de los proveedores de insumos; b) el hecho de que los precios internos de los insumos sean inferiores a los precios de exportación es resultado de la plena competencia existente en el mercado chino, cuya demanda de dichos insumos es mayor; y c) en la traducción del artículo 46 de los estatutos de CATL y del artículo 22 del Sistema de Gestión de Transacciones entre Partes Vinculadas de CATL, el adverbio «cuando» es esencial para la correcta comprensión del contenido de esta disposición. En este sentido, las autoridades chinas indicaron que la expresión «estipulados por el Estado» debe entenderse como existentes en una situación hipotética, y no como una indicación de que existe fijación de precios por parte del Estado, y presentaron la Ley de precios de la República Popular China (81) y el Central Pricing Catalogue [«Catálogo de fijación de precios centralizada», documento en inglés] (82) como pruebas de ello para subrayar que las baterías no están incluidas en el ámbito de aplicación. CATL también formuló observaciones al respecto, para explicar que el artículo 46 de los estatutos de CATL y el artículo 22 del Sistema de Gestión de Transacciones entre Partes Vinculadas de CATL establecen las circunstancias en las que no se requiere la aprobación de la junta de accionistas para las transacciones entre partes vinculadas, y que el hecho de que no sería necesario que la junta de accionistas aprobara la fijación de precios para transacciones entre partes vinculadas si estas están basadas en un precio estipulado por el Estado no implica que esto último suceda realmente, y menos aún de un modo que resulte pertinente para la investigación relativa a los BEV. La empresa añadió que la Comisión no demostró que haya existido ningún caso real de fijación de precios impulsada por el Gobierno.

(503)

La Comisión se mostró en desacuerdo con estas alegaciones. En relación con las dos primeras alegaciones, ambas observaciones eran generales y carentes de fundamento, y la Comisión subrayó que dichas observaciones se habían abordado ya tanto en el considerando 499 del presente Reglamento como en el considerando 751 del Reglamento provisional. En lo que respecta a la tercera alegación, sobre los estatutos de CATL, la Comisión analizó las pruebas presentadas por las autoridades chinas. Si bien el Central Pricing Catalogue [«Catálogo de fijación de precios centralizada», documento en inglés] facilitado por las autoridades chinas no contiene disposiciones expresas sobre las baterías, ello no invalida el conjunto de pruebas recabadas por la Comisión. En primer lugar, no habría ninguna razón para que tal disposición fuera necesaria si no hubiera casos de fijación de precios por parte del Estado en este sector y/o de influencia del Estado en él. En segundo lugar, la interferencia del Gobierno en la fijación de precios ya se ha abordado ampliamente en la sección 3.7.2.1.1, letra b), del Reglamento provisional. En tercer lugar, la existencia de influencia del Gobierno en la fijación de precios es evidente no solo sobre la base de un amplio conjunto de pruebas recogidas en el Reglamento provisional, sino también de otras fuentes, como el documento Implementation Opinions on Accelerating the High-Quality Development of the Lithium Battery, New Energy and New Materials Industry [«Dictámenes de aplicación sobre la aceleración del desarrollo de alta calidad de la industria de las baterías de litio, las energías alternativas y los nuevos materiales», documento en inglés] (83) de la CNDR de Fujian, donde está situada la sede de CATL, que establecen que los departamentos e instituciones afiliadas del Gobierno pertinentes deberán «lograr una reducción continua de los costes de los productos [de las baterías de litio, las energías alternativas y los nuevos materiales]». La Comisión recordó que, si bien todo ello constituía una prueba adicional de los controles de los costes, el considerando 751 del Reglamento provisional ya abordaba el control gubernamental de los precios de las materias primas de las baterías. Por lo tanto, la Comisión rechazó dichas alegaciones.

(504)

Las observaciones anteriores formuladas por las autoridades chinas sobre organismo público en el considerando 474 del presente Reglamento y las observaciones anteriores expuestas en el considerando 502 del presente Reglamento, así como sus réplicas, también son aplicables a los proveedores de LFP que actúan como entidades privadas que reciben encomienda u orden de las autoridades chinas.

(505)

En ausencia de otras observaciones, se confirmaron las conclusiones de los considerandos 822 a 840 del Reglamento provisional.

(506)

En ausencia de observaciones relativas al beneficio, se confirmaron las conclusiones de los considerandos 841 a 855 del Reglamento provisional.

(507)

Tras la comunicación provisional, el Grupo Geely alegó que el suministro de baterías no es específico de los fabricantes de BEV, alegando que no hay ninguna limitación en cuanto a quién podrían venderse las baterías, ya que siguen estando disponibles para su compra en todos los sectores y mercados, y que la Comisión no examinó si el régimen de subvenciones se basa en criterios o condiciones objetivos en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base. Por último, el Grupo Geely alegó que la producción de baterías no se dirige exclusiva o principalmente a la industria de los NEV/BEV.

(508)

La Comisión recordó, en primer lugar, que el conjunto de medidas de las autoridades chinas estaba dirigido a beneficiar únicamente a determinadas industrias, incluida la industria nacional de BEV. De hecho, aunque las distorsiones en cuanto a las baterías también benefician a productos distintos de los BEV, el beneficio está explícitamente limitado, ya que solo está disponible para determinadas industrias de China, que son solo las de la cadena de valor de las baterías. Por lo tanto, las medidas son específicas a efectos del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base. Además, el Grupo Geely no indicó ningún elemento ni facilitó ninguna prueba que demostrara que en el caso que nos ocupa se cumplieran las condiciones establecidas en el artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base y en el artículo 2.1, letra a), del Acuerdo SMC. Dado que el conjunto de medidas de las autoridades chinas cumplía los requisitos del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, se rechazaron las alegaciones.

(509)

Tras la comunicación definitiva, el Grupo Geely indicó que el análisis de la Comisión era contradictorio y no incluía pruebas suficientes, dado que a) la Comisión no tenía acceso al conjunto completo de información sobre la pertenencia de las empresas a la CBIA y la CIAPS; b) cuando estableció la especificidad de iure la Comisión no proporcionó explicaciones motivadas y adecuadas sobre sus conclusiones, y en sus conclusiones, la Comisión reconoció explícitamente que las distorsiones en el suministro de baterías también benefician a los productores de BEV, y no cuestionó que las baterías sigan estando disponibles para su compra en distintos sectores y mercados. Por estos motivos, el Grupo Geely indica que la Comisión podría haber concluido inadecuadamente que el suministro de baterías es específico de iure, y que no existen pruebas que demuestren que la autoridad otorgante, o la legislación con arreglo a la cual opera la autoridad otorgante, limite explícitamente el acceso a una subvención tal y como sugiere la Comisión.

(510)

Con respecto a la primera alegación presentada por el Grupo Geely, la Comisión hizo hincapié en que, como se reconoce en el considerando 485 del presente Reglamento, durante la visita de inspección a las autoridades chinas, la Comisión solicitó una lista de todos los miembros de la CBIA, que las autoridades chinas se negaron a facilitar. En ausencia de información facilitada por las autoridades chinas, así como de datos públicos oficiales que detallen la lista completa de miembros de la CBIA y la CIAPS, la Comisión dedujo que aún más proveedores de baterías podrían ser miembros de estas asociaciones. Además, la Comisión llevó a cabo un análisis detallado de la participación de las empresas en las asociaciones industriales, pese a la falta de cooperación de las autoridades chinas y la falta de transparencia de las asociaciones industriales; Como se explica en el considerando 767 del Reglamento provisional, la Comisión pudo determinar la participación de las empresas en la CBIA, la CIAPS y otras asociaciones industriales consultando sus informes anuales y otra información disponible en línea, como la lista de miembros de sus órganos ejecutivos. En relación con la segunda alegación planteada por el Grupo Geely, la Comisión ya la abordó en el considerando 508 del presente Reglamento(504). Por lo tanto, se rechazaron ambas alegaciones.

(511)

En ausencia de otras observaciones, se confirmaron las conclusiones de los considerandos 856 a 857 del Reglamento provisional.

(512)

Tras la comunicación provisional, las autoridades chinas alegaron que el valor de referencia no debería excluir los precios del mercado chino, basándose en el hecho de que:

(513)

En cuanto a la alegación de las autoridades chinas y Geely, cuyas observaciones se resumen a continuación en el considerando 515 del presente Reglamento, de que el valor de referencia utilizado debería referirse a las condiciones de mercado imperantes para las mercancías en cuestión en el país de suministro, la Comisión señaló que, en su análisis de organismo público y de encomienda y orden, tuvo en cuenta las políticas sectoriales pertinentes, especialmente en materia de precios, en la sección 3.7.2.1.1 del Reglamento provisional y, en particular, en el punto 3), letra b). Además, en los considerandos 541 a 542 del presente Reglamento se abordan investigaciones adicionales que respaldan las pruebas del control de los precios por parte de los poderes públicos. A la luz de las conclusiones de la sección 3.7.2.1 y de los considerandos 846 y 918 del Reglamento provisional, la Comisión estableció que las políticas sectoriales aplicables en China distorsionan los precios de las baterías en todo el mercado nacional. Como consecuencia, la Comisión estableció que las condiciones existentes en China no pudieron ajustarse sobre la base de los costes, precios y otros factores reales disponibles en ese país a fin de determinar un importe apropiado que refleje las condiciones normales del mercado. Por lo tanto, la Comisión tuvo que recurrir a precios de referencia en el mercado mundial, de conformidad con el artículo 6, letra d), inciso ii), del Reglamento de base.

(514)

Además, contrariamente a lo que alegaron las autoridades chinas en su segundo punto, el precio de las baterías NMC no se utilizó para el precio de las baterías de LFP. Como se explica en los considerandos 847 y 859 del Reglamento provisional, los datos de BMI permitieron calcular los valores de referencia para el período de investigación por química, a saber, LFP y NMC. Más aún, como se señala en el mismo considerando, en lo que respecta a la química, también se tuvo en cuenta el peso de las diferentes subquímicas de las baterías NMC (111, 523, 622, 811). En segundo lugar, como se explica en los considerandos 843 a 855 del Reglamento provisional, la Comisión consideró distorsionados los precios internos chinos, de conformidad con el artículo 6, letra d), inciso ii), del Reglamento de base. En cualquier caso, los precios medios chinos notificados en BMI proceden de los operadores del mercado chino. Por esta razón, como se explica en el considerando 859 del Reglamento provisional, los precios medios chinos se excluyeron del precio de referencia de BMI. Por consiguiente, la referencia de BMI utilizada reflejaba los precios medios mundiales por kw/h de células para LPF y NMC, respectivamente. Si la Comisión se basara en valores de referencia que incluyeran (también) los precios chinos afectados por las distorsiones debidas a la intervención de las autoridades chinas, estos valores de referencia no serían, por definición, adecuados para calcular el beneficio. Por último, las autoridades chinas no aportaron ninguna prueba sobre la forma en que la cantidad y las condiciones de compra de baterías de China podrían ser diferentes de las indicadas en el BMI. Por tanto, se rechazó la alegación.

(515)

El Grupo Geely alegó que:

(516)

Por lo que se refiere a las demás alegaciones formuladas por Geely, la Comisión destacó que:

(517)

En cuanto a las alegaciones formuladas sobre los ajustes, en primer lugar, como se indica en los considerandos 858 y 859 del Reglamento provisional y la comunicación específica del Grupo Geely, la Comisión analizó la información del expediente relativa al precio de transferencia para determinar si podía considerarse que las transacciones de compra de baterías se habían realizado en condiciones de plena competencia. Sin embargo, la información del expediente, es decir, los acuerdos de precios y los contratos presentados por el Grupo Geely, no incluía ninguna información a este respecto que pudiera haber mostrado los precios cobrados por los proveedores vinculados al Grupo Geely y a otros clientes independientes. Así pues, la Comisión no estaba en condiciones de determinar que los precios pagados a los proveedores vinculados eran en condiciones de plena competencia ni de utilizar tales precios. Como consecuencia de ello, la Comisión sustituyó esos precios relacionados por el precio pagado por kw/h por tipo de batería similar a proveedores no vinculados. Aunque el Grupo Geely afirmó que ofrecía un ejemplo contractual para la compra de baterías entre entidades vinculadas Geely que hacía referencia al precio de mercado de las materias primas, dicho contrato no demostraba que los precios pagados entre estas entidades vinculadas por la adquisición de baterías fueran en condiciones de plena competencia, ni tampoco incluía ninguna valoración independiente de estos precios de mercado.

(518)

En segundo lugar, en relación con las compras del Grupo Geely al proveedor vinculado CATL, dada la existencia de empresas conjuntas entre el Grupo Geely y CATL, estas dos empresas se consideraron vinculadas en el marco del presente procedimiento, por lo que las compras realizadas por Geely a este proveedor se consideraron transacciones entre partes vinculadas.

(519)

En tercer lugar, la afirmación de que la Comisión se limitó a sustituir los precios de los proveedores vinculados por el precio por kilovatio/hora (kW/h) pagado a proveedores no vinculados es inexacta. De conformidad con el considerando 859 del Reglamento provisional, los precios entre partes vinculadas dentro del Grupo Geely se sustituyeron por el precio pagado por kW/h por productos comparables de proveedores no vinculados. Esto significa que se utilizó el precio pagado por una entidad específica a su propio proveedor no vinculado para la química de la batería (LFP y NMC) y el tipo de batería (de celdas, módulos o conjunto) adecuados. En los casos en que la misma entidad Geely no compró a ningún proveedor no vinculado, como se indica en el considerando 859 del Reglamento provisional, se utilizó el precio medio ponderado por kW/h para productos similares a nivel del Grupo Geely. Este enfoque se aplicó sistemáticamente sobre una base kW/h, teniendo en cuenta tanto la química de la batería (LFP y NMC) como el tipo de batería (celda, módulo o paquete).

(520)

En cuarto lugar, la Comisión no se limitó a utilizar un precio de referencia medio para todos los tipos de baterías. Cuando el Grupo Geely notificó compras de baterías con capacidades variables en kW/h (por ejemplo, 143/120/88 kW/h), la Comisión consideró la mayor capacidad, que era el enfoque más conservador. Además, las empresas del Grupo Geely no notificaron sistemáticamente ni las diferentes subquímicas de las baterías NMC (111, 523, 622 y 811) ni las formas de las baterías (por ejemplo, de tipo bolsa), ni se facilitaron tales detalles en las observaciones provisionales. Por consiguiente, la Comisión no pudo aplicar estas especificidades al Grupo Geely. En cualquier caso, carece de pertinencia la afirmación de que las baterías NMC (tipo NCM111) y las baterías de tipo bolsa no se utilizan en los BEV del Grupo Geely destinados a la UE y deberían haberse excluido de los cálculos. Dado que el suministro de baterías a una remuneración inferior a la adecuada benefició a toda la producción de BEV y no solo a las exportaciones a la Unión, el beneficio calculado para la compra de baterías se expresa en los BEV producidos por el grupo, independientemente de su destino, de conformidad con el artículo 7, apartado 2, del Reglamento de base.

(521)

En quinto lugar, en relación con la alegación de que algunas de las baterías no se han utilizado en la producción de BEV o de BEV para su exportación a la Unión, por lo que deberían haberse excluido, la Comisión señaló que se había ordenado a los productores exportadores incluidos en la muestra que notificaran todas sus compras de baterías para la producción de BEV. En concreto, además de detallar cada transacción de compra, los exportadores debían indicar el modelo de BEV para el que se utilizaba cada batería. Por consiguiente, se tuvieron en cuenta todas las transacciones de compra de baterías, y el beneficio calculado se expresó sobre la base del número total de BEV producidos, independientemente de su destino. El Grupo SAIC alegó que, de conformidad con el artículo 28, apartado 3, del Reglamento de base, la información relativa a las compras de baterías que presentó en forma resumida no debería haber sido ignorada por la Comisión, que se basó en la información facilitada por otro productor exportador como datos disponibles.

(522)

Como se menciona en el considerando 348 del Reglamento provisional, la Comisión consideró que el Grupo SAIC ocultó deliberadamente información fácilmente disponible y, por lo tanto, causó dificultades indebidas para que la Comisión llegara a una conclusión razonablemente exacta. Además, como se indica en el considerando 349, la Comisión había llegado a la conclusión de que no podía verificarse la exactitud de la limitada información facilitada por el Grupo SAIC en relación con el valor o la cantidad. Por estas razones, y de conformidad con el artículo 28, apartado 3, la Comisión no pudo basarse en la información facilitada por el Grupo SAIC. Por consiguiente, se desestimó esta alegación.

(523)

El Grupo SAIC también alegó que las conclusiones expuestas en el considerando 700 del Reglamento provisional no estaban debidamente justificadas, ya que la Comisión no explicó los motivos por las que era razonable utilizar la información de otro grupo de productores exportadores en relación con las compras de baterías. Más concretamente, se refirió al considerando 811 del Reglamento provisional, en el que la Comisión concluyó que la información relativa al Grupo Geely «no se consideró suficiente por sí sola para extraer conclusiones significativas en cuanto al efecto del control gubernamental sobre la asociación del sector de las baterías eléctricas en los precios de las baterías cobrados a los productores de BEV». Como consecuencia de ello, el Grupo SAIC consideró que este régimen de subvenciones dio lugar a que el margen de subvención más elevado calculado para un único régimen de subvención para el Grupo SAIC tuviera graves consecuencias financieras potenciales.

(524)

Como se menciona en el considerando 318 del Reglamento provisional, el Grupo SAIC solo facilitó información parcial relativa a sus compras de baterías, cuya exactitud, tanto en términos de valor como de cantidad, no pudo ser verificada por la Comisión. Por consiguiente, la Comisión informó al Grupo SAIC de su intención de aplicar los datos disponibles en el sentido del artículo 28 del Reglamento de base e invitó al Grupo SAIC a presentar observaciones. Las observaciones presentadas por el Grupo SAIC no permitieron modificar la evaluación de la Comisión de modo que esta tuvo que recurrir a los datos disponibles.

(525)

A este respecto, la Comisión utilizó la información disponible en el expediente; es decir, información de otro grupo no integrado de productores exportadores que compraron baterías similares y fabricaron modelos de BEV similares. Este fue el único grupo no integrado incluido en la muestra que compró baterías y que mostró importantes ventas nacionales y de exportación de BEV durante el período de investigación. El hecho de que la información relativa al Grupo Geely en cuanto al efecto del control gubernamental sobre la asociación del sector de las baterías eléctricas en los precios de las baterías cobrados a los productores de BEV no se considerara suficiente por sí sola no desvirtúa el uso de la información sobre las compras de baterías del Grupo Geely en términos de precios y el cálculo del beneficio correspondiente como datos pertinentes disponibles en el expediente. En particular, el considerando 811 del Reglamento provisional se refiere a la cuestión diferente de determinar el efecto del control gubernamental sobre los precios de las baterías. La única conclusión de dicho considerando era que, habida cuenta de la menor cuota de mercado y volumen de ventas de baterías del Grupo Geely, no era posible establecer tal control únicamente sobre esta base. Este considerando no se refería a la fiabilidad de los precios de las pilas y baterías del Grupo Geely, y mucho menos a la conclusión de que dichos precios no eran representativos de los precios de las baterías en el mercado interior chino. De hecho, estos precios de las baterías del Grupo Geely eran el valor de referencia más adecuado en el expediente, dado el nivel de integración del grupo y los tipos de baterías en cuestión, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de base. Además, como se menciona en el considerando 860 del Reglamento provisional y para reflejar la situación del Grupo SAIC, la Comisión excluyó del cálculo del beneficio determinadas baterías destinadas a modelos de BEV que no eran similares a las vendidas por el Grupo SAIC.

(526)

Además, se informó al Grupo SAIC, al inicio de la investigación y en el transcurso de los intercambios relativos a la posible aplicación de los datos disponibles, de que, tras la aplicación de los datos disponibles, el resultado de la investigación podría ser menos favorable para la parte que si hubiera cooperado. En cualquier caso, el Grupo SAIC no propuso ninguna fuente alternativa de información a este respecto. Por tanto, se rechazó esta alegación. Sobre la base de lo anterior y de las disposiciones contenidas en los considerandos 700 y 860 de las medidas provisionales, la Comisión consideró que la información relativa al Grupo Geely constituía una sustitución razonable de la información necesaria para formular conclusiones para el Grupo SAIC y había explicado las razones por las que era razonable utilizar la información de otro grupo de productores exportadores en relación con las compras de baterías.

(527)

En sus observaciones tras la publicación del Reglamento provisional, Tesla (Shanghái) alegó que no existía ningún beneficio en relación con el suministro de baterías y sus insumos clave, debido a una situación específica de contratación pública que, por razones de confidencialidad, no podía divulgarse en el Reglamento. Por las razones explicadas en una comunicación específica a este productor exportador, se rechazó la alegación.

(528)

Tras la comunicación definitiva, Tesla Shanghái formuló observaciones sobre la asignación del beneficio para las baterías. Estas observaciones fueron aceptadas parcialmente y se abordaron en una comunicación específica de la empresa.

(529)

Varios productores exportadores que cooperaron formularon alegaciones relacionadas con el importe de la subvención basado en los datos de BMI utilizados por la Comisión, en particular con la opción metodológica y la existencia de errores materiales. A raíz de dichas alegaciones, la Comisión analizó de forma más detallada los datos pertinentes disponibles en BMI, así como la metodología utilizada para determinar la referencia adecuada para cuantificar el importe de la subvención derivado de este programa.

(530)

En particular, la Comisión constató que, según los datos de BMI, durante el período de investigación, la demanda local china de celdas de baterías fue muy inferior a la producción china en el mercado. De hecho, el excedente de China aumentó hasta el 43 % durante el período de investigación. Dicho exceso de oferta china de baterías chinas fue el resultado de las políticas específicas y las intervenciones de las autoridades chinas, tal y como se expone en la sección 3.7.2.1 del Reglamento provisional, que provocaron sobreproducción y la necesidad de exportar a precios bajos para asignar dicha sobreproducción en otros mercados y subsanar así los déficits de dicho insumo. De hecho, un análisis más detallado de los conjuntos de datos disponibles en BMI, a saber, los datos de oferta y demanda de celdas de baterías en distintas zonas geográficas, puso de manifiesto que durante el período de investigación hubo un déficit de aproximadamente el 300 % en Europa y aproximadamente el 200 % en América del Norte (esto es, en aquellos mercados en los que la demanda de celdas de baterías fue muy superior a la oferta nacional real). Este déficit se subsanó con las exportaciones chinas (85) de parte de su excedente de producción, que era incluso mayor que el déficit de todas las zonas geográficas. Sobre la base de un análisis detallado de los datos de BMI relativos la oferta y la demanda en las distintas zonas geográficas, parece que el mercado de Asia-Pacífico (excluyendo los datos chinos) [datos de APAC (excl. China)] es el que tuvo menor déficit, a saber, el 9 %, durante el período de investigación. Por otro lado, los datos de dicho mercado mostraban un excedente del 24 % en 2022 y un déficit del 21 % en 2023. El análisis reflejó además que los precios en las demás regiones donde se registró una presencia significativa de exportaciones chinas eran muy inferiores a los de la región APAC (excl. China). Esto sugiere que cuanto mayor eran el porcentaje y la presencia en los mercados regionales de baterías del excedente de baterías del mercado chino, más bajos eran los precios de los conjuntos de datos correspondientes para dichos mercados en el período de investigación.

(531)

Por tanto, la Comisión consideró apropiado utilizar los datos del mercado de APAC (excl. China) en lugar de datos de todos los mercados, que están distorsionados por las exportaciones chinas subvencionadas. En particular, ante la falta de cooperación de las autoridades chinas y de los productores de baterías chinos y al no disponer de otra información fiable, la Comisión utilizó los precios de BMI en la región APAC (excl. China). La referencia utilizada contenía los precios reales del último trimestre de 2022 habida cuenta del excedente observado dicho año. En cambio, teniendo en cuenta que en 2023 las condiciones de mercado reflejaron un déficit en dicho mercado, durante los tres primeros trimestres de 2023, los precios de referencia de BMI se ajustaron conforme a la diferencia de precios existente entre la región APAC (excl. China) y China en el último trimestre de 2022 con una media del 12 %.

(532)

Además, en el considerando 813 del Reglamento provisional, la Comisión indicó que la referencia utilizada en la fase provisional se calculó sobre una base conservadora debido a que la cotización de los precios se realizó sobre la base del precio «franco fábrica» y, por consiguiente, no incluía los costes de transporte. Esta constatación se confirmó a escala nacional, donde las pruebas registradas muestran que la mayoría de las baterías compradas se fabrican sobre una base franco fábrica. Sin embargo, cuando procedió, la Comisión añadió los costes de envío asumidos por los productores exportadores que compraron baterías sobre la base de unas condiciones de entrega distintas de las de fábrica.

(533)

Tras la nueva comunicación, Tesla Shanghái se mostró en desacuerdo con la fundamentación de los datos de referencia de BMI revisados. En particular, Tesla no estaba de acuerdo con las conclusiones de la Comisión, a saber, que cuanto mayor eran el porcentaje y la presencia en los mercados regionales de baterías del excedente de baterías del mercado chino, más bajos eran los precios de los conjuntos de datos correspondientes para dichos mercados en el período de investigación, alegando que los datos de BMI sobre el precio y la demanda no confirman esta hipótesis.

(534)

Sin embargo, la Comisión reconfirmó su conclusión basada en los datos de DMI. En el período de investigación, el déficit de baterías en Europa y América del Norte se situó entre el 200 y el 300 %, y el precio medio de la batería NMC en dichas regiones se situó entre 130 y 134 USD/kWh. Por otro lado, el déficit de baterías en la región APAC (excl. China) solo fue de alrededor del 9 % y el precio medio fue superior al de Europa y América del Norte. La empresa interpretó erróneamente las razones expuestas por la Comisión al afirmar que «los datos contradicen el hecho de que el diferencial de precios entre los precios regionales y los precios chinos sería menor siempre que existiera un déficit». La determinación de la Comisión de utilizar datos del mercado de APAC (excl. China), en lugar de datos de todos los mercados —que se ven comprometidos por las exportaciones chinas subvencionadas — no se basó en el diferencial de precios entre los precios chinos y los de otras regiones. Además, el diferencial de precios entre el mercado chino y los mercados de la UE o norteamericanos durante todos los períodos disponibles se considera poco fiable, ya que se ha visto considerablemente afectado por déficits sustanciales de suministro de baterías y el consiguiente aumento de la presencia de exportaciones chinas.

(535)

Tesla Shanghái también se mostró en desacuerdo con los ajustes realizados por la Comisión en los precios de la región APAC (excl. China) durante los tres primeros trimestres de 2023 (la Comisión consideró que estos precios ya estaban afectados por las condiciones de mercado, que reflejaban un déficit en dicho mercado durante dicho período). La empresa alegó que debería haberse aplicado un ajuste al alza a los precios de las baterías en China.

(536)

La Comisión se mostró en desacuerdo con esta sugerencia, ya que a lo largo de todo el análisis que llevó a cabo para la presente investigación, había afirmado sistemáticamente que los precios de las baterías chinas se habían subvencionado sustancialmente y, como consecuencia de ello, no podían servir de base fiable para dicho ajuste.

(537)

La Comisión determinó que el precio real de la batería en la región APAC (excl. China) durante el último trimestre de 2022 constituía la referencia más fiable sobre la que se basó el ajuste, dado el excedente observado en esta región en 2022. Por tanto, se rechazaron los argumentos de la empresa.

(538)

El porcentaje de subvención establecido con respecto a esta subvención durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra y para la empresa que recibió el examen individual asciende a:

Suministro de baterías por una remuneración inferior a la adecuada

(539)

Como se explica en el considerando 470 del presente Reglamento, las observaciones presentadas por las autoridades chinas sobre los proveedores de insumos que actúan como «organismos públicos» se referían tanto a los productores de baterías como de LFP. La Comisión abordó estas alegaciones en los considerandos 471 y 472, 480, y 482 a 484, del presente Reglamento.

(540)

Tras la comunicación provisional, el Grupo BYD alegó que el análisis sobre los proveedores de LFP carecía de pruebas objetivas y que ningún documento mostraba que los proveedores de LFP vendieran los productos al Grupo BYD para alcanzar los objetivos políticos. El Grupo BYD volvió a presentar el libro mayor de compras de LFP como prueba de apoyo. El Grupo BYD añadió que la investigación no demostró que las asociaciones ordenaran a sus miembros adoptar sus decisiones económicas en beneficio de la industria de los BEV. Según el Grupo BYD, la Comisión no presentó pruebas de que el Estado tuviera específicamente un «poder conferido» en la asociación. Sobre esta base, el Grupo BYD alegó que, por lo tanto, no existen pruebas consolidadas que permitan concluir que los proveedores de LFP actúan como «organismos públicos» y que sus entregas de bienes entran en el ámbito de los bienes a cambio de una remuneración inferior a la adecuada, por lo que no hay motivos para no aceptar los precios en el país.

(541)

Como se indica en el considerando 864 del Reglamento provisional, el mercado chino se ha considerado distorsionado debido a las políticas nacionales y sectoriales en vigor y medidas conexas, en particular las relativas a las estructuras de precios. Por consiguiente, todas las adquisiciones de LFP realizadas por el Grupo BYD durante el período de investigación se consideran afectadas. Esta evaluación se deriva del entendimiento de que todos los proveedores operan en el mercado nacional de acuerdo con las políticas y otras formas de interferencia de las autoridades chinas, en las mismas condiciones de mercado distorsionadas. Por lo tanto, se consideró que las condiciones de mercado imperantes en China estaban distorsionadas y estaba justificada la aplicación del artículo 6, letra d), inciso ii). Además, la Comisión recuerda que, debido a la falta de cooperación de las autoridades chinas (sección 3.3.1.2 del Reglamento provisional), la Comisión no recibió ninguna información sobre las características del mercado interior chino de insumos y, por tanto, tuvo que recurrir a los datos disponibles. Además, las diferencias de precios entre los proveedores de LFP de BYD no influyen en la evaluación de la Comisión; como ya se reconoció en el considerando 891 del Reglamento provisional, los precios de los LFP suministrados al Grupo BYD siguieron tendencias completamente diferentes a las de los precios de exportación chinos durante el período de investigación (considerando 920 del Reglamento provisional). Así pues, se rechazó la alegación.

(542)

Como ya se ha explicado en la sección 3.7.2.1.1, letra a), punto 3, letra b) y en los considerandos 744 a 757 del Reglamento provisional, la Comisión constató que el suministro de baterías y sus insumos está regulado por las autoridades chinas con el objetivo de reducir los precios en beneficio de la industria de los BEV. En el «Plan de trabajo del MIIT para estabilizar el crecimiento en la industria de los metales no ferrosos» (86), publicado en septiembre de 2023, hay pruebas adicionales de los controles de precios exigidos por las autoridades chinas sobre los insumos de las baterías. De hecho, uno de los principales objetivos es «reforzar el suministro y la estabilidad de los precios de productos clave mediante la creación de una plataforma de acoplamiento de la oferta y la demanda en sentido ascendente y descendente y mediante directrices para el desarrollo de los recursos de metales no ferrosos y para que las empresas dedicadas a la fundición firmen acuerdos de adquisición a largo plazo con usuarios de fases posteriores, así como estabilizar el suministro de productos clave como el cobre, el aluminio y el litio y mejorar el mecanismo de alerta rápida "rojo, amarillo y azul" para el suministro de materias primas a granel, reforzar la orientación sobre expectativas, y evitar grandes fluctuaciones de precios y especulaciones malintencionadas [...] ayudando a las empresas clave a gestionar reservas comerciales, y regular científica y ordenadamente la relación entre la oferta y la demanda del mercado» (87). La cooperación entre los agentes de fases anteriores y posteriores para estabilizar la oferta y la demanda, la supervisión de la oferta y las fluctuaciones del control de precios son instrucciones ya contenidas en planes anteriores, como el Plan de Acción para las Baterías de 2017 y la Comunicación sobre la industria de las baterías (véanse los considerandos 746 a 750 del Reglamento provisional). Esto no solo confirma que las autoridades chinas llevan ejerciendo un control sobre los precios ya desde 2017, sino también que estos esfuerzos se mantienen a lo largo del período de investigación y más allá.

(543)

Además de los planes centrales que confirman los controles de precios ejercidos y ordenados por las autoridades chinas ya explicados en la sección 3.7.2.1.1, apartado 2, y en particular en el considerando 751 del Reglamento provisional, la Comisión encontró pruebas adicionales de que las asociaciones industriales formulan políticas industriales y asumen tareas gubernamentales tales como estabilizar las expectativas de la oferta y la demanda y controlar las fluctuaciones de los precios. Así lo ejemplifican las últimas declaraciones de Ge Honglin, secretario del Partido y presidente de la Asociación China de la Industria de Metales No Ferrosos («CNMIA») (88). Como ya se explicó en el considerando 94 del Reglamento de Ejecución (UE) 2023/1618, la CNMIA es una asociación industrial en la que el PCC interviene en la toma de decisiones operativas. En esta «organización social», al igual que en varias asociaciones industriales, las organizaciones de construcción del partido están integradas en su estructura (89) (como se explica en el considerando 779 del Reglamento provisional). La CNMIA ha «aplicado exhaustivamente las decisiones y las medida implantadas por el Comité Central del PCC y del Consejo de Estado y ha cooperado con los departamentos pertinentes para formular y difundir e interpretar políticas industriales como las “Directrices para el ajuste estructural industrial”, el “Plan de trabajo para estabilizar el crecimiento en la industria de los metales no ferrosos” y los “Métodos de recaudación de ingresos de transferencia de derechos mineros”; [...] en respuesta a las subidas y bajadas de los precios de las variedades de metales estratégicas, como el litio y el silicio, ayudaron a los departamentos gubernamentales a reforzar la comunicación con las empresas de fases anteriores y posteriores y a esforzarse por estabilizar las expectativas del mercado; [...] firmaron acuerdos de cooperación estratégica con más de diez gobiernos locales como Anhui, Jiangxi, Gansu y Guangxi, promoviendo eficazmente la configuración racional de las industrias regionales y el desarrollo coordinado regional, y apoyando firmemente la transformación y modernización de las industrias locales». [la negrita es añadida]

(544)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas indicaron que la afirmación de la CNMIA de que la Comisión se basó en el considerando 543 del presente Reglamento es irrelevante, ya que se refiere a una asociación completamente distinta, y es, en cualquier caso, incoherente con las pruebas registradas. Además, las autoridades chinas argumentaron que la Comisión no respondió a las observaciones sobre los proveedores de materias primas como organismos públicos por su participación en las asociaciones industriales. Las autoridades chinas reiteraron que la participación de estos proveedores en las asociaciones industriales no los convierte en organismos públicos, y que la Comisión no ha explicado cómo controlan la fijación de precios e intervienen en ella estas asociaciones.

(545)

La Comisión recordó que la cita de la CNMIA se utilizó para justificar las conclusiones de la Comisión de que las asociaciones industriales no son organismos independientes ajenos al control del Estado, y era por ende pertinente para la presente investigación. En relación con las alegaciones de las autoridades chinas de que la Comisión no respondió a su observación sobre organismos públicos, la Comisión ya había explicado en el considerando 539 del presente Reglamento que las observaciones formuladas por las autoridades chinas sobre los proveedores de insumos que actuaban como «organismos públicos» correspondían tanto a los productores de baterías como de LFP. La Comisión abordó estas alegaciones en los considerandos 471 y 472, 480 y 482 a 484, del presente Reglamento. Por tanto, las alegaciones se consideraron irrelevantes.

(546)

Tras la comunicación definitiva, el Grupo BYD volvió a formular sus observaciones en las que afirmaba que los análisis de la Comisión carecían de pruebas objetivas para demostrar que las operaciones comerciales de los proveedores de LFP y sus comportamientos en el mercado se habían estructurado y desarrollado para materializar los objetivos políticos de las autoridades chinas, y añadió que el hecho de pertenecer a una asociación industrial o tener una organización del Partido en una empresa no significa que los proveedores de LFP hubieran perdido su capacidad decisoria independiente, sus competencias corporativas y la autoridad financiera general, conferidas todas ellas por las leyes chinas correspondientes. Además, el Grupo BYD subrayó que el hecho de que los precios del LFP suministrado al Grupo BYD siguieran unas tendencias completamente diferentes a las de los precios de exportación resulta irrelevante, ya que los distintos mercados tienen precios distintos. Por último, el Grupo BYD argumentó que el hecho de que los precios del LFP variaran en función del proveedor indicaba que la fijación de precios se realiza en función de la demanda y la oferta del mercado y no afecta a los objetivos políticos de las autoridades chinas.

(547)

La Comisión ya abordó parte de estas observaciones en una comunicación definitiva en los considerandos 541 a 543 del presente Reglamento. En lo que respecta a las alegaciones sobre la independencia de las decisiones de los proveedores de LFP, queda refutada por las pruebas recogidas en el Reglamento provisional (considerandos 779, 786, 787 y 877), mientras que las tendencias de los precios internos del LFP frente a los precios de exportación se ha abordado en los considerandos 905 y 920 del Reglamento provisional, que confirma que los proveedores de LFP no están actuando como operadores del mercado libre en el mercado interno chino y no están tomando decisiones económicamente racionales. Por lo tanto, la Comisión rechazó dichas alegaciones.

(548)

Tras la comunicación provisional, la Comisión encontró pruebas adicionales de que Hunan Yuneng New Energy Materials Co., Ltd. y sus filiales aplican políticas nacionales y actúan como organismos públicos, tal como se explica en la sección 3.7.2.2.1, letra a), del Reglamento provisional. En primer lugar, las recientes declaraciones del Gobierno Popular Municipal de Xiangtan (90) confirman que Hunan Yuneng New Energy Materials se considera no solo que está gestionada como una empresa parcialmente estatal (véase el considerando 881 del Reglamento provisional), sino también como una empresa que impulsa el desarrollo de Xiangtan y, en última instancia, del Estado. En la sección centrada en «la optimización y la integración de las plataformas de empresas de propiedad estatal», el Gobierno de Xiangtan se esfuerza por «integrar el Grupo de Inversiones Industriales y el Grupo Electroquímico para formar el Grupo de Inversiones Industriales Electroquímicas, construir activamente una empresa de primera clase orientada al mercado que posea dos empresas cotizadas y esforzarse por convertirse en el líder en el ámbito de los materiales para baterías de energías alternativas de China. En febrero [de 2023], Hunan Yuneng New Energy Company, en la que el Grupo Electroquímico invirtió y poseía una participación, cotizó con éxito en el mercado empresarial de crecimiento de la Bolsa de Shenzhen» (91). Xiangtan Electrochemical es una empresa municipal de propiedad estatal gestionada por la SASAC de Xiangtan. Además, el desarrollo de Hunan Yuneng y su accionista de propiedad estatal, Xiangtan Electrochemical Group, están vinculados con los objetivos del gobierno de Xiangtan de crear un grupo de empresas con unos ingresos de explotación de 10 000 millones mediante la «aplicación de “una empresa, una política” y centrándose en apoyar a Hunan Yuneng New Energy Battery Materials Co., Ltd. Company, Harbin Electric Wind Energy Co., Ltd. y otras empresas para que alcancen el nivel de 10 000 millones [de ingresos de explotación]» y «apoyar [...] a Xiangtan Electrochemical Group Co., Ltd. y otras empresas líderes de la industria para ampliar las empresas vinculadas y su ámbito de actividad e integrar recursos en fases anteriores y posteriores mediante fusiones, adquisiciones y reorganizaciones» (92).

(549)

En la provincia de Kunming, donde está situada Yunnan Yuneng New Energy Materials Co., Ltd, filial de Hunan Yuneng, el Gobierno municipal de Anning negoció con Yunnan Yuneng la creación de un proyecto de inversión de más de 1 000 millones CNY. Según el gobierno de la ciudad de Anning, la gestión de la ciudad «combina la construcción del partido con el desarrollo industrial, centrándose en promover a los miembros y delegaciones del partido para que cumplan sus responsabilidades y al pleno servicio de las empresas y los proyectos» (93). En particular, el proyecto Yunnan Yuneng New Energy Battery Materials se considera «una clara manifestación de la superación propia de las organizaciones del partido a todos los niveles y de la mayoría de los miembros y delegaciones del partido» (94) [la negrita es añadida]. Los profundos vínculos entre el comité de construcción del partido a escala central y local y las empresas se ven confirmados por las pruebas de que «el Comité de Trabajo del Partido del Parque Industrial de Anning orientó a Yunnan Yuneng en el establecimiento de una sucursal del partido. [...] En mayo [de 2023], la sucursal del partido de la empresa también se incorporó al nuevo comité del partido de la cadena del sector de los materiales para baterías de energías alternativas del parque. A través de intercambios en la plataforma de construcción del partido, llegó a una cooperación en materia de adquisición de peróxido de hidrógeno con Yunnan Yuntian Petrochemical Co., Ltd., una empresa situada en el parque, para resolver el problema anterior de los elevados costes de compra de peróxido de hidrógeno fuera de la provincia» (95). Por lo tanto, la construcción del partido desempeña un papel fundamental en el desarrollo de las empresas y, por tanto, impulsa el desarrollo de las políticas nacionales exigidas por las autoridades chinas. Un ejemplo de ello es el Gobierno de Kunming, que informa de que los comités de construcción del partido en el Parque Industrial de Anning ayudaron a establecer acuerdos de compra entre empresas situadas en el parque, y acuerdos de servicios financieros entre bancos y empresas, «unidos por la “línea roja” de la construcción del partido en el Parque Industrial de Anning» (96). El papel de la construcción del partido en las entidades privadas se ha abordado ampliamente en el considerando 787 del Reglamento provisional y las pruebas anteriores confirman que el PCC ejerce influencia sobre todos los tipos de empresas en China, y que puede utilizar unidades de trabajo de construcción del Partido dentro de las empresas y en los gobiernos locales para ejercer su influencia. Como ya se explicó en el considerando 885 del Reglamento provisional, el desarrollo del Parque Industrial de Anning también tiene por objeto alcanzar los objetivos contenidos en el Plan de Acción de Yunnan. Las conclusiones anteriores confirman, por tanto, que uno de los mayores operadores del mercado de China en lo que respecta a LFP, Hunan Yuneng New Energy Materials, es una empresa estatal cuyo desarrollo está estrechamente vinculado a la consecución de objetivos locales y nacionales (considerando 548), y se suma al conjunto de pruebas de que los proveedores de LFP cumplen y aplican los objetivos políticos de las autoridades chinas y, por tanto, desempeñan funciones gubernamentales.

(550)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas indicaron que las pruebas abordadas más arriba, en los considerandos 548 y 549 del presente Reglamento, no respaldan las conclusiones de la Comisión por los siguientes motivos:

(551)

La Comisión se mostró en desacuerdo con estas alegaciones. La formación del Grupo de Inversiones Industriales Electroquímicas tiene por objeto «construir activamente una empresa de primera clase orientada al mercado que posea dos empresas cotizadas». La Comisión recuerda que el Grupo Electroquímico no solo invirtió en Hunan Yuneng New Energy Materials, sino que esta última también cotizó en la Bolsa de Shenzhen en febrero de 2023, y que el desarrollo de Hunan Yuneng New Energy Materials responde a los objetivos del Gobierno de Xiangtan de crear un grupo de empresas con unos ingresos de explotación de 10 000 millones, mientras que las pruebas registradas relativas a Yunnan Yuneng New Energy Materials Co. vinculan explícitamente los logros de la empresa con los logros de la organización del Partido. Por lo tanto, se rechazaron estas alegaciones.

(552)

En ausencia de otras observaciones y en vista de las conclusiones adicionales de la Comisión, se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 861 a 912 del Reglamento provisional.

(553)

Como se explica en el considerando 496 del presente Reglamento, las observaciones presentadas por las autoridades chinas sobre encomienda y orden se referían tanto a los productores de baterías como a los productores de LFP. La Comisión abordó estas observaciones en el considerando 498 del presente Reglamento.

(554)

Tras la comunicación definitiva, el Grupo BYD argumentó que el hecho de que durante el período de investigación los precios de compra variaran entre los proveedores de LFP contradice las conclusiones de la Comisión sobre la encomienda y la orden, ya que la Comisión debe demostrar que la fijación de precios es una respuesta a los objetivos políticos establecidos por las autoridades chinas.

(555)

La Comisión señaló que las alegaciones sobre el control de los precios ya se habían abordado en los considerandos 541 y 542 del presente Reglamento. Una variación de los precios es irrelevante si dichos precios están por debajo de las condiciones de mercado y dicho nivel es el resultado de la intervención de las autoridades chinas en el mercado. Por lo tanto, se rechazaron estas alegaciones.

(556)

Tras la comunicación provisional, el Grupo BYD alegó que la Comisión calculó dos veces el beneficio para algunas compras interempresariales de baterías. Se aceptó la alegación y se revisó en consecuencia el cálculo.

(557)

Las autoridades chinas alegaron que el uso del precio FOB de exportación de China como referencia externa no garantiza que el valor de referencia resultante esté relacionado con las condiciones de mercado imperantes en el país de suministro, o se refiera a ellas, y que, en consecuencia, sobrestima el precio normal en el mercado interior, dado que la producción mundial de LFP se concentra en China, la cantidad de LFP exportada desde China es limitada y tales exportaciones no son necesariamente para la producción de baterías eléctricas.

(558)

A la luz de las conclusiones de la sección 3.7.2.1 y de los considerandos 846 y 918 del Reglamento provisional, la Comisión estableció que las políticas sectoriales aplicables en China distorsionan los precios de las baterías y LFP en todo el mercado nacional. Como consecuencia, la Comisión estableció que las condiciones existentes en China no pudieron ajustarse sobre la base de los costes, precios y otros factores reales disponibles en ese país a fin de determinar un importe apropiado que refleje las condiciones normales del mercado. Como se recuerda en el considerando 924 del Reglamento provisional, dadas las condiciones dominantes existentes en este tipo específico de litio y la falta de cualquier otro valor de referencia razonable, la Comisión tuvo que recurrir a los precios de exportación chinos al resto del mundo.

(559)

Las observaciones de las autoridades chinas relativas a las referencias externas mencionadas en el considerando 512 del presente Reglamento se referían tanto a los proveedores de baterías como de LFP. La Comisión abordó estas alegaciones en el considerando 513 del presente Reglamento.

(560)

En ausencia de otras observaciones, se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 913 a 929 del Reglamento provisional en relación con el beneficio, la especificidad y el cálculo del importe de la subvención.

(561)

El porcentaje de subvención establecido con respecto a esta subvención durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

Suministro de litio para la producción de baterías a cambio de una remuneración inferior a la adecuada

(562)

En ausencia de observaciones, la Comisión confirmó sus conclusiones sobre la base jurídica, la contribución financiera y el beneficio de este programa, tal como se establece en los considerandos 931 a 940 del Reglamento provisional.

(563)

Tras la comunicación provisional, las autoridades chinas alegaron que los programas de reducción del IRE para las empresas de alta y nueva tecnología y de deducción preferente antes de impuestos de los gastos de investigación y desarrollo no se limitan a un segmento suficientemente discreto de la economía china para que puedan considerarse «específicos» en el sentido del artículo 2.1, letra a), del Acuerdo SMC. A este respecto, se refirió al hecho de que no todos los productores de BEV se beneficiaron de la supuesta reducción fiscal para las empresas de alta y nueva tecnología.

(564)

Las autoridades chinas también alegaron que la Comisión no había establecido la especificidad de manera objetiva sobre la base de pruebas objetivas, ya que la base jurídica en la que se basó para un productor exportador no estaba clara; a saber, la Comisión no indicó si el beneficio se derivaba de una subvención regional en el sentido del artículo 2.2 del Acuerdo SMC y del artículo 4, apartado 3, del Reglamento de base debido a la ubicación de este exportador o del artículo 4, apartado 2, letra a), tal como se menciona en el Reglamento provisional debido a su condición de empresa de alta y nueva tecnología.

(565)

Las autoridades chinas también alegaron que este supuesto programa de subvenciones no era específico, ya que la legislación con arreglo a la cual opera la autoridad otorgante establece criterios o condiciones objetivos que rigen la admisibilidad y el importe de la reducción fiscal, y que la admisibilidad es automática y que los criterios y condiciones de cualificación se cumplen estrictamente. Más concretamente, las autoridades chinas alegaron que el tipo impositivo más bajo está a disposición de todas las empresas que cumplen las condiciones y no favorece a determinadas empresas frente a otras porque las empresas de todos los sectores, que abarcan toda la economía, pueden obtener un certificado de empresa de alta y nueva tecnología.

(566)

En la misma línea, las autoridades chinas alegaron que la Comisión se había basado en la especificidad de iure al analizar la «legislación con arreglo a la cual opera la autoridad otorgante» sin evaluar las condiciones de admisibilidad de la subvención y si la limitación del acceso a la subvención a determinadas empresas es expresa, inequívoca o clara con arreglo al instrumento jurídico pertinente o a las declaraciones de la autoridad otorgante (97). Las autoridades chinas también alegaron que la Comisión se había centrado de manera particular en los productores de BEV que supuestamente se beneficiaban del supuesto trato fiscal preferencial sin investigar «todas las empresas o industrias aptas para recibir esa misma subvención» (98).

(567)

La Comisión discrepó de estas alegaciones, ya que consideraba que los regímenes fiscales descritos en las secciones 3.8.1 a 3.8.2 del Reglamento provisional eran específicos en virtud del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, que establece que «cuando la autoridad otorgante, o la legislación en virtud de la cual actúe la autoridad otorgante, limite explícitamente el acceso a la subvención a determinadas empresas, tal subvención se considerará específica». En efecto, los regímenes de subvención en cuestión tienen su base jurídica en el capítulo IV, «Preferencias fiscales», de la Ley del IRE. Por su nombre y contenido, este capítulo prevé explícitamente un trato preferente específico que «limita explícitamente el acceso a una subvención a determinadas empresas». Más concretamente, como se indica en el considerando 934 del Reglamento provisional, el artículo 93 de las normas de aplicación de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Empresas aclara que «las empresas importantes de alta y nueva tecnología que apoyará el Estado [deberán cumplir determinadas] condiciones», como «1. Conformarse a la definición de las Áreas Clave de Alta y Nueva Tecnología Apoyadas por el Estado». Como se desprende de lo anterior, todas las empresas o industrias no pueden beneficiarse de los mismos tratamientos fiscales preferenciales. En consecuencia, las subvenciones concedidas en virtud de estos regímenes fiscales se consideraron específicas con arreglo al artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base.

(568)

Además, como se menciona en el considerando 942 del Reglamento provisional, algunas empresas se beneficiaron de un tipo reducido del impuesto sobre la renta sobre la base de criterios relacionados con su ubicación física, en particular si una empresa está situada en la región occidental. En tal caso, la Comisión consideró que el régimen fiscal era específico con arreglo al artículo 4, apartado 3, del Reglamento de base, ya que se limitaba a determinadas empresas situadas en una región geográfica determinada. En consecuencia, las subvenciones concedidas en virtud de estos regímenes fiscales se consideraron con arreglo al artículo 4, apartado 3, del Reglamento de base.

(569)

Por lo que se refiere a la referencia a determinadas empresas que no se beneficiaron del tipo reducido del impuesto sobre la renta, la Comisión consideró que debían cumplirse determinadas condiciones para poder optar al certificado de empresa de alta y nueva tecnología. El hecho de que algunos productores de BEV no cumplieran todas las condiciones o no solicitaran el certificado de empresa de alta y nueva tecnología no demuestra que este régimen no sea específico.

(570)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas también alegaron que la Comisión no había abordado el argumento de las autoridades chinas de que la reducción del impuesto sobre la renta para las empresas de alta y nueva tecnología no se limita a un segmento suficientemente discreto de la economía china para que pueda considerarse «específica» en el sentido del artículo 2.1, letra a), del Acuerdo SMC.

(571)

La Comisión destacó que abordó la misma observación sobre la especificidad en los considerandos 567 y 568 del presente Reglamento.

(572)

En ausencia de otras observaciones sobre la especificidad, la Comisión confirmó sus conclusiones de los considerandos 941 a 943 del Reglamento provisional.

(573)

Tras la comunicación definitiva, el Grupo SAIC argumentó que se había notificado indebidamente un porcentaje de subvención para este régimen de subvenciones. Se aceptó la alegación.

(574)

En ausencia de otras observaciones, la Comisión confirmó sus conclusiones sobre el cálculo del importe de la subvención para este programa, tal como se establece en los considerandos 944 y 945 del Reglamento provisional.

(575)

El porcentaje de subvención establecido con respecto a esta subvención durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

Reducción del impuesto sobre la renta de las empresas («IRE») para las empresas de alta y nueva tecnología

(576)

En ausencia de observaciones, la Comisión confirmó sus conclusiones sobre la base jurídica, tal como se establece en el considerando 949 del Reglamento provisional.

(577)

Tras la comunicación provisional, el Grupo SAIC indicó que rechazaba la suposición de la Comisión de que todos los proyectos de investigación y desarrollo y las exenciones fiscales conexas relativas a una de sus entidades solo afectaban al producto investigado. El Grupo SAIC alegó que no se había facilitado información ni explicación alguna sobre la aplicación del artículo 28 y cómo se calculó posteriormente el importe de la subvención con respecto al propio Grupo SAIC.

(578)

El Grupo SAIC alegó que la entidad en cuestión presentó un informe de gastos de I+D y un informe del agente fiscal de la empresa como prueba durante la visita de inspección y que el informe del agente fiscal no mencionaba que los gastos de I+D soportados eran específicos del producto investigado. El Grupo SAIC recordó que la proporción de vehículos ICE en el volumen de negocios de esta entidad debería haberse reflejado en el cálculo del margen de subvención.

(579)

La Comisión no estuvo de acuerdo con la alegación del Grupo SAIC y señaló que la empresa en cuestión solo había facilitado una parte de la información solicitada, aunque fácilmente disponible. Por lo tanto, no facilitó una copia completa del informe del agente fiscal solicitado que contuviera información relativa a los gastos y proyectos de I+D a los que se refería la deducción. Más concretamente, el Grupo SAIC se negó a facilitar la información solicitada, tal como se indica en la lista firmada conjuntamente de documentos que no se facilitaron durante la visita de inspección.

(580)

Asimismo, contrariamente a lo que alega el Grupo SAIC, la Comisión facilitó la explicación necesaria en los documentos específicos de comunicación previa, explicando que, en ausencia de información verificada que indicara que los gastos y proyectos de I+D estaban relacionados con otros productos y no estaban relacionados con el producto investigado, había asignado el beneficio al volumen de negocios de los BEV. Por consiguiente, la Comisión consideró que había proporcionado suficiente información sobre las razones subyacentes sobre por qué y cómo había aplicado los datos disponibles. Se rechaza por lo tanto la alegación y se confirman las conclusiones del considerando 950 del Reglamento provisional.

(581)

En ausencia de observaciones, la Comisión confirmó sus conclusiones en relación con el beneficio tal como se establece en el considerando 951 del Reglamento provisional.

(582)

Tras la comunicación provisional, el Grupo BYD impugnó la conclusión de la Comisión, recogida en el considerando 952 del Reglamento provisional, de que la compensación fiscal por I+D constituye un trato fiscal preferente por el hecho de que la propia legislación limita la aplicación de esta medida únicamente a las empresas que incurran en gastos de I+D en determinadas áreas prioritarias de alta tecnología determinadas por el Estado, como el sector de los BEV. El Grupo BYD alegó que, en el caso de los gastos de I+D en que incurra una empresa cuando lleva a cabo actividades de I+D, se deducirá un 100 % adicional del importe de los gastos de I+D realmente contraídos antes del pago de impuestos, y que todas las personas jurídicas de China pueden beneficiarse de la compensación.

(583)

Tras la comunicación definitiva, el Grupo BYD y las autoridades chinas reiteraron que la reducción del impuesto sobre la renta para los regímenes de deducción preferente antes de impuestos de los gastos de I+D no es específica en el sentido del artículo 2.1, letra b), del Acuerdo SMC, ya que los criterios de elegibilidad para la reducción del impuesto sobre la renta aplicables a las empresas de alta y nueva tecnología se basan en criterios objetivos que son automáticos y se respetan estrictamente, por lo que las limitaciones detalladas en el capítulo IV de la Ley del IRE no son específicas. Ambas partes argumentaron además que, a la luz del artículo 30 de la Ley del IRE, el artículo 95 del Reglamento de Ejecución de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Empresas, así como del artículo 4 de la Comunicación sobre la mejora de la reducción de los gastos de desarrollo de I+D, este programa es aplicable a todos los tipos de industrias manufactureras.

(584)

La Comisión no estuvo de acuerdo con la interpretación que hicieron las autoridades chinas y el Grupo BYD de las leyes y las disposiciones de aplicación, que muestran que el programa está limitado a determinados sectores y empresas apoyados por las autoridades chinas sobre la base de criterios que no parecen objetivos ni neutros, por ejemplo que se conformen a la definición de las «Áreas Clave de Alta y Nueva Tecnología Apoyadas por el Estado». Como ya se indicó en el considerando 941 del Reglamento provisional, esta subvención es específica en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, ya que se aplica únicamente a las empresas que operan en determinadas áreas de alta tecnología, como la industria de los BEV. Además, el artículo 30 de la Ley del Impuesto de Sociedades de China establece que los gastos de I+D en los que incurran las empresas en el ámbito del desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos productos y nuevas técnicas pueden deducirse adicionalmente en el momento del cálculo de la renta imponible, el artículo 95 de las normas de aplicación de la Ley del Impuesto de Sociedades explica en qué consiste la deducción, mientras que el artículo 4 de la Comunicación sobre la mejora de la reducción de los gastos de desarrollo de I+D ofrece un listado de las industrias para las que no es aplicable la deducción antes de impuestos (como la fabricación de tabaco, alojamiento y alimentación y bebidas, comercio mayorista y minorista, servicios inmobiliarios, arrendamiento y servicios comerciales, entretenimiento y otras industrias estipuladas por el Ministerio de Hacienda y Administración Tributaria del Estado). La Comisión recuerda que a) ya analizó las normas de aplicación de la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Empresas para su evaluación de la especificidad en el considerando 934 del Reglamento provisional y en el Reglamento 567 del presente Reglamento; b) las pruebas incluidas en los documentos y artículos específicos presentados por el Grupo BYD no alteran las conclusiones de la Comisión sobre la especificidad y, en realidad, refuerzan el hecho de que este régimen no es aplicable a todas las industrias. En particular, el artículo 30 de la Ley del IRE de China y el artículo 4 de la Comunicación sobre la mejora de la reducción de los gastos de desarrollo de I+D muestran que esta subvención es específica, ya que es aplicable únicamente a un determinado número de industrias, esto es, las que operan en el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevos productos y nuevas técnicas, y no todas las empresas pueden beneficiarse de ella. Por lo tanto, la Comisión considera que esta subvención ha de estar sujeta a derechos compensatorios. Por consiguiente, se desestimó esta alegación.

(585)

En consecuencia, en ausencia de otras observaciones, la Comisión confirmó sus conclusiones sobre la especificidad, tal como se establece en el considerando 952 del Reglamento provisional.

(586)

El porcentaje de subvención del Grupo SAIC en relación con la deducción antes de impuestos de los gastos de investigación y desarrollo se actualizó como consecuencia de la corrección descrita en el considerando 652 del presente Reglamento.

(587)

En ausencia de otras observaciones, la Comisión confirmó sus conclusiones sobre el cálculo del importe de la subvención, tal como se establece en los considerandos 953 y 954 del Reglamento provisional.

Deducción preferente antes de impuestos de los gastos de investigación y desarrollo

(588)

En ausencia de observaciones, la Comisión confirmó sus conclusiones sobre la base jurídica, tal como se establece en los considerandos 956 y 957 del Reglamento provisional.

(589)

Tras la comunicación provisional, las autoridades chinas, el Grupo Geely y el Grupo SAIC alegaron que no había ninguna contribución financiera en términos de ingresos no percibidos porque, de conformidad con el artículo 10, apartado 1, de la Ley del IRE de China, los ingresos procedentes de inversiones de capital abonados a los inversores, como dividendos y primas, deben deducirse al calcular la renta imponible con el fin de evitar la doble imposición. Por consiguiente, la exención fiscal en cuestión no constituye ingresos públicos no percibidos y no existe subvención en el sentido del artículo 1.1 del Acuerdo SMC. Además, las autoridades chinas indicaron que la Comisión no había abordado estos hechos en su análisis. Paralelamente, el Grupo Geely también indicó que el sistema fiscal chino está diseñado para poner fin a la doble imposición y adaptarse a las normas internacionales.

(590)

Aunque la Comisión estuvo de acuerdo en que la eliminación de la doble imposición es una práctica fiscal reconocida internacionalmente, no se aplica por igual en todos los países. Las autoridades chinas no demostraron de qué forma la deducción en cuestión evita específicamente la doble imposición (es decir, al demostrar que los dividendos sujetos a la exención se gravan en otro lugar y que la norma solo recoge situaciones de doble imposición). Asimismo, la Comisión ya concluyó en el considerando 959 del Reglamento provisional que este régimen constituía una subvención en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso ii), y del artículo 3, punto 2, del Reglamento de base, puesto que existe una contribución financiera en forma de ingresos no percibidos por las autoridades chinas equivalente a la reducción fiscal percibida, lo que otorga un beneficio a las empresas afectadas. El beneficio obtenido equivale al ahorro fiscal.

(591)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas reiteraron su alegación de que no había ingresos no percibidos y señaló a su respuesta al cuestionario y al artículo 10, apartado 1, de la Ley del IRE en el que se establecía que «los dividendos y primas abonados a los inversores no pueden deducirse de la renta imponible» y que «la filial ya ha abonado el impuesto sobre la renta de las empresas correspondiente» antes de la distribución de los dividendos. Sobre esta base, las autoridades chinas argumentaron que «a fin de evitar la doble imposición, los ingresos procedentes de los dividendos y las primas no están sujetos al impuesto de sociedades una segunda vez», ya que «los dividendos y las primas se distribuyen por empresas residentes una vez que se ha abonado el impuesto sobre los beneficios».

(592)

Tras realizar un nuevo análisis, la Comisión confirmó su evaluación de que existe una subvención en forma de ingresos no percibidos. A este respecto, ello volvía a hacer referencia al artículo 6, apartado 4, y al artículo 7 de la Ley del IRE. Mientras que el artículo 6, apartado 4, de la Ley del IRE establece que los dividendos, las emisiones de acciones gratuitas u otros retornos de las inversiones de capital forman parte de los ingresos totales de una empresa, el artículo 7 no incluye las ganancias procedentes de los dividendos, las emisiones de acciones gratuitas u otros retornos de las inversiones de capital como parte de la renta no imponible de acuerdo con la Ley del IRE. Por tanto, la evitación de la doble imposición no es automática; es decir, los dividendos forman parte de la renta imponible a menos que sean aplicables las disposiciones del capítulo IV «Incentivos fiscales», en el que se definen los criterios de elegibilidad para dicha exención. Sobre esta base, la Comisión consideró que el artículo 26 de la Ley del IRE da lugar a la existencia de unos ingresos no percibidos para las autoridades chinas y rechazó esta alegación.

(593)

Por consiguiente, la Comisión confirmó la conclusión descrita en el considerando 958 del Reglamento provisional.

(594)

En ausencia de observaciones, la Comisión confirmó sus conclusiones en relación con el beneficio tal como se establece en el considerando 959 del Reglamento provisional.

(595)

Tras la comunicación provisional, las autoridades chinas y el Grupo SAIC alegaron que la Comisión no había demostrado que la supuesta subvención se limitara a determinadas empresas. También alegó que este supuesto programa no era específico, ya que los criterios para poder optar al programa son objetivos y se aplican horizontalmente con respecto a todas las empresas residentes, independientemente de las industrias/productos o las ubicaciones geográficas de que se trate. Las autoridades chinas y el Grupo SAIC reiteraron que la Comisión correlaciona erróneamente los artículos 25 y 26, apartado 2, de la Ley china del impuesto sobre la renta de las empresas, pero, como también se explica en la respuesta al cuestionario de las autoridades chinas, el artículo 26, apartado 2, funciona con independencia del artículo 25. El Grupo SAIC se opuso a las conclusiones mencionadas en el considerando 960 del Reglamento provisional, en las que se afirmaba que la exención de dividendos entre empresas residentes cualificadas era específica de facto y, por lo tanto, el régimen de subvenciones no era específico de iure. También alegó que el artículo 83 del Reglamento de Ejecución de la Ley del Impuesto sobre Sociedades aclara que este programa está abierto a todas las empresas, siempre que estas ganancias sean obtenidas por una empresa residente a través de inversiones directas en otra empresa residente. Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas reiteraron la misma alegación e indicaron que el programa no cumple el requisito de especificidad del artículo 2.1 del Acuerdo SMC sobre la base de que no es necesario que las empresas cumplan el requisito del artículo 25 de la Ley del IRE.

(596)

El Grupo SAIC también alegó que la jurisprudencia de la Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos había confirmado que el programa de exenciones de dividendos entre empresas residentes cualificadas está abierto a todas las empresas e industrias que tienen ganancias de inversión derivadas de la inversión en otras empresas residentes y no se limita expresamente a una lista de sociedades (99).

(597)

La Comisión se mostró en desacuerdo con las alegaciones de las autoridades chinas y el Grupo SAIC y sostuvo que el artículo 26, apartado 2, de la Ley del IRE forma parte del capítulo IV «Preferencias fiscales» que prevé una serie de tratamientos fiscales preferenciales que constituyen exenciones de las normas fiscales generales. Además, tal como se explica en el considerando 957, el artículo 25 de la Ley del IRE, que sirve de introducción al capítulo IV «Políticas fiscales preferenciales», dispone que «el Estado ofrecerá ventajas en el impuesto de sociedades a las empresas dedicadas a industrias o proyectos cuyo desarrollo esté específicamente apoyado y fomentado por el Estado». Asimismo, el artículo 26, apartado 2, especifica que la exención fiscal es aplicable a los ingresos obtenidos de las inversiones de capital entre «empresas residentes subvencionables», lo que parece limitar su ámbito de aplicación únicamente a determinadas empresas residentes. Por lo tanto, la Comisión consideró que esta política fiscal preferencial se limita a determinadas industrias, que son apoyadas y fomentadas específicamente por el Estado, como el sector de los BEV, y que, por lo tanto, es específica en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base. Así lo confirma también la copia en inglés de la declaración del impuesto sobre la renta (formulario A107010, línea 3) presentada por varios Grupos incluidos en la muestra que dice «II) Los dividendos, bonificaciones y otras rentas de la inversión en capital entre empresas residentes cualificadas están exentos del impuesto sobre la renta de las empresas (4+5+6 +7+8)» en la versión china de la declaración fiscal, a este respecto.

(598)

Por lo que respecta a la referencia a la Corte de Comercio Internacional de los Estados Unidos, la Comisión rechazó dicha referencia por considerar que dicha jurisdicción no forma parte del ordenamiento jurídico de la Unión. La Comisión también señaló que, a raíz de dicha publicación, el Departamento de Comercio de los Estados Unidos seguía considerando que el artículo 26, apartado 2, de la Ley de la Renta de las Empresas era específico tanto de iure como de facto (100).

(599)

Así pues, se rechazaron estas alegaciones y se confirmaron las conclusiones expuestas en el considerando 960 del Reglamento provisional.

(600)

El porcentaje de subvención del Grupo SAIC y del Grupo Geely en relación con la exención de dividendos entre empresas residentes cualificadas se actualizó como consecuencia de la corrección descrita en los considerandos 652 y 654 del presente Reglamento, respectivamente.

(601)

En ausencia de otras observaciones, se confirmaron las conclusiones de los considerandos 961 y 962 del Reglamento provisional.

Exención de dividendos entre empresas residentes elegibles

(602)

En ausencia de observaciones relacionadas con este régimen, se confirmaron las conclusiones de los considerandos 963 a 967.

(603)

Tras la comunicación provisional, en una observación general relativa a la deducción de los ingresos por transferencia de tecnología, las autoridades chinas indicaron que la Comisión no les ofreció la oportunidad de presentar información u observaciones sobre este programa durante las fases de investigación y verificación del procedimiento.

(604)

Sin embargo, la Comisión no considera esta deducción como un nuevo régimen de subvenciones. Se trata de una de las deducciones fiscales previstas en la Ley del IRE para las empresas de alta y nueva tecnología. Todas las deducciones fiscales con arreglo a la legislación en materia de IRE formaban parte del proceso de investigación, ya que estaban cubiertas por el anuncio de inicio y el documento de inicio y memorándum.

(605)

En ausencia de observaciones, se confirman las conclusiones de los considerandos 969 a 971 del Reglamento provisional.

(606)

Tras la comunicación provisional, las autoridades chinas alegaron que la Comisión no especificó la base sobre la que consideraba que esta subvención era específica, ya que el artículo 4, apartado 2, letra a), y el artículo 4, apartado 4, letra a), del Reglamento de base establecen criterios de especificidad completamente distintos.

(607)

Las autoridades chinas indicaron además que esta subvención no puede considerarse una subvención a la exportación en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra a), del Reglamento de base y del artículo 3.1, letra a), del Acuerdo SMC, ya que no está supeditada ni vinculada a la exportación de las mercancías investigadas.

(608)

Además, las autoridades chinas alegaron que la Comisión no había aportado pruebas de que la deducción en cuestión se limitara a empresas específicas o a determinadas industrias. Tras la comunicación definitiva, añadieron que este programa no era específico ni de iure ni de facto, ya que pueden acogerse a él las empresas que participen en la transferencia de tecnología en toda la economía china.

(609)

Las autoridades chinas argumentaron que la Comisión no había demostrado que la deducción de ingresos por transferencia de tecnología dependía de los resultados de las exportaciones y que no había abordado las observaciones de las autoridades chinas de que el régimen no está supeditado ni vinculado a la exportación de las mercancías investigadas en primer lugar. Además, las autoridades chinas argumentaron que el artículo 3.1, letra a), del Acuerdo SMC no cubre los servicios, esto es, la tecnología, que no se rigen por el Acuerdo SMC.

(610)

En primer lugar, la Comisión consideró que esta deducción era específica sobre la base del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, ya que esta deducción se limita explícitamente a las empresas que participan en la transferencia de tecnologías.

(611)

Además, la correspondiente Comunicación n.o 212 de 2009 (101) no establece criterios objetivos de admisibilidad claramente establecidos por ley y susceptibles de verificación que sean neutros, de carácter económico y de aplicación horizontal. La Comunicación hace referencia a criterios discrecionales adicionales de admisibilidad, tales como:

(612)

La Comisión también se refirió al artículo 4, apartado 4, letra a), del Reglamento de base y a la especificidad de iure, ya que la Comisión pudo establecer que, en el caso de las empresas en las que la deducción fiscal en cuestión estaba sujeta a medidas compensatorias, el beneficio dependía de la cuantía de las exportaciones de las empresas.

(613)

La Comisión se refirió al considerando 968 del Reglamento provisional, en el que estableció que la compensación fiscal por transferencia de tecnología daba derecho a las empresas a un trato fiscal preferencial por sus actividades de exportación. Ese hecho también se basa en la información compartida por la empresa en cuestión, es decir, «la deducción por transferencia de tecnología es por la tecnología transferida al extranjero», tal y como se indicó en el informe de misión compartido con dicha empresa y no rebatido. Por tanto, se rechazó esta alegación.

(614)

Así pues, se rechazaron estas alegaciones y se confirmaron las conclusiones expuestas en el considerando 972 del Reglamento provisional.

(615)

Tras la comunicación provisional, el Grupo Geely indicó un posible error en el cálculo del porcentaje de subvención en relación con esta deducción. En concreto, la empresa alegó que el beneficio debía calcularse para el período de investigación y no para el ejercicio financiero de 2022.

(616)

Al igual que en el caso de otros regímenes del impuesto sobre la renta, la Comisión se basó, en el cálculo de todos los beneficios fiscales, en la declaración del impuesto sobre la renta de 2022, ya que el beneficio derivado de dichos programas se encontraba dentro del período de investigación y los documentos relativos al año 2022 fueron los últimos a disposición del Grupo Geely hasta el final del proceso de verificación. Por lo tanto, se rechazó la alegación y se confirmaron las conclusiones expuestas en los considerandos 973 a 974 del Reglamento provisional.

Deducción de ingresos por transferencia de tecnología

(617)

En ausencia de observaciones sobre la base jurídica, se confirmaron las conclusiones de los considerandos 976 a 978.

(618)

En ausencia de observaciones sobre las constataciones de esta investigación, se confirmó la conclusión expuesta en el considerando 979.

(619)

Tras la comunicación provisional, las autoridades chinas alegaron que la Comisión no había establecido la existencia de una contribución financiera en el sentido del artículo 1.1, letra a), apartado 1, inciso ii), del Acuerdo SMC, y que no se dejaron de percibir ingresos por el hecho de que como norma general no se aplica el impuesto sobre el consumo a una amplia variedad de productos en China. Esta alegación se reiteró tras la comunicación definitiva, y las autoridades chinas citaron el informe del Órgano de Apelación, «Estados Unidos — EVE», apartado 90, y afirmaron que la base para comparar lo que en otro caso se habría percibido «deben ser las normas fiscales aplicadas por el Miembro en cuestión». Las autoridades chinas explicaron que, en este contexto, dado que de acuerdo con las normas fiscales chinas solamente están sujetos al impuesto sobre el consumo un reducido subconjunto de productos de lujo y contaminantes, y las baterías quedan, por tanto, excluidas, no existe obligación fiscal ni, por ende, exención fiscal.

(620)

La Comisión no estuvo de acuerdo con estas afirmaciones. La alegación de las autoridades chinas de que «como norma general» no se aplica el impuesto sobre el consumo a una amplia variedad de productos era vaga y no estaba justificada. En cambio, como se explica en el considerando 976 del Reglamento provisional, el programa se basa en normas específicas relativas a las baterías y revestimientos. Las autoridades chinas no demostraron que la misma exención fiscal se concediera sobre la base de criterios objetivos y no aportaron ninguna prueba que corroborara sus afirmaciones. En cualquier caso, el hecho de que el impuesto sobre el consumo en China solo incluya los productos de lujo y contaminantes no contradice las conclusiones de la Comisión. Además, la base jurídica de esta exención establece explícitamente la imposición del impuesto sobre el consumo a algunos tipos de baterías, pero no es aplicable a todos los tipos, ya que excluye las baterías primarias de litio y las baterías de iones de litio (considerando 977 del Reglamento provisional). Por tanto, la Comisión consideró que existían numerosas pruebas para demostrar que esta subvención es específica. Por consiguiente, se desestimó esta alegación.

(621)

En ausencia de observaciones sobre las constataciones de esta investigación, se confirmó la conclusión expuesta en el considerando 980.

(622)

Por las mismas razones que las mencionadas en el considerando 619 del presente Reglamento, las autoridades chinas alegaron que no podía haber especificidad en el sentido del artículo 2.1 del Acuerdo SMC. Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas añadieron que, por las razones expuestas en el considerando 619 del presente Reglamento, no puede haber especificidad, y que la Comisión no ha demostrado que esta subvención se conceda únicamente a un grupo suficientemente limitado de empresas o industrias.

(623)

La Comisión consideró que la base jurídica del programa contemplada en la sección 3.8, apartado 6, letra a), muestra que las baterías están sujetas a un impuesto sobre el consumo del 4 %, pero las baterías primarias de litio y las baterías de iones de litio están exentas de la recaudación del impuesto sobre el consumo, por lo que cumplen tanto los criterios establecidos en el artículo 1.1, letra a), apartado 1, inciso ii), como en el artículo 2.1 del Acuerdo SMC. En consecuencia, la Comisión consideró que esta subvención era específica.

(624)

En ausencia de otras observaciones, se confirmó la conclusión del considerando 981.

(625)

Tras la comunicación provisional, el Grupo BYD alegó que la Comisión calculó dos veces el beneficio para algunas compras interempresariales de baterías. Se aceptó la alegación y se corrigió el cálculo en consecuencia.

(626)

El porcentaje de subvención revisado establecido para este régimen específico fue del 1,33 % para el Grupo BYD.

(627)

En ausencia de otras observaciones, se confirmaron las conclusiones de los considerandos 982 a 983.

Exención del impuesto sobre el consumo de baterías

(628)

El examen individual de Tesla (Shanghái) mostró que existe una reducción del IRE para las industrias clave, lo que constituye una subvención en forma de ingresos no percibidos por las autoridades chinas.

(629)

La base jurídica de este programa es el anuncio de la Administración Tributaria Estatal de la Oficina Financiera Municipal de Shanghái de la Comisión de Economía y Tecnologías de la Información de Shanghái (n.o 70 de 2020).

(630)

El anuncio especifica claramente que el tipo reducido del impuesto sobre la renta de las empresas se reserva a empresas industriales clave.

(631)

Tras el examen individual de Tesla (Shanghái), la Comisión constató que Tesla (Shanghái) se consideró una empresa industrial clave durante el período de investigación y disfrutó de un tipo reducido del IRE del 15 %.

(632)

La Comisión consideró que la compensación fiscal en cuestión constituye una subvención en el sentido del artículo 3, punto 1, letra a), inciso ii), y del artículo 3, punto 2, del Reglamento de base, puesto que existe una contribución financiera en forma de ingresos sacrificados por las autoridades chinas que otorga un beneficio a las empresas afectadas. El beneficio obtenido equivale al ahorro fiscal.

(633)

Tesla (Shanghái) alegó que el programa por el que obtuvo un tipo impositivo preferencial del 15 % a Tesla (Shanghái) ya ha concluido y que, por lo tanto, no puede ser objeto de medidas compensatorias. La base jurídica subyacente y la declaración trimestral del impuesto sobre el pago anticipado del primer trimestre de 2023 y del primer trimestre de 2024 se presentaron como pruebas justificativas.

(634)

La Comisión destaca que, si bien la declaración trimestral del impuesto sobre el pago anticipado del primer trimestre de 2024 muestra que la empresa está sujeta a un tipo impositivo del 25 %, las declaraciones fiscales trimestrales no son definitivas y solo se refieren a pagos anticipados. Por lo tanto, esto no prejuzga el hecho de que Tesla (Shanghái) pudiera volver a obtener, en una fase posterior y con carácter retroactivo, el tipo impositivo preferencial del 15 %. De hecho, las pruebas presentadas de la obtención por parte de Tesla (Shanghái) de un tipo impositivo preferencial del 15 % eran de 19 de enero de 2021, pero eran aplicables retroactivamente a Tesla (Shanghái) a partir del 1 de enero de 2020 (102). Por lo tanto, es razonable suponer que Tesla (Shanghái) podría obtener posteriormente el tipo impositivo preferencial del 15 % con aplicación retroactiva. Dada la falta de pruebas concluyentes de que Tesla (Shanghái) no podría acogerse de nuevo al tipo impositivo preferencial, se rechazó la alegación. Además, el tipo impositivo preferencial del 15 % se concedió de conformidad con las disposiciones de la «Comunicación del MIIT y de la Administración Tributaria del Estado sobre las políticas del impuesto sobre sociedades aplicables a las industrias clave de la nueva área de Lingang en la Zona de Libre Comercio Piloto de China (Shanghái)» (103) y de conformidad con los requisitos de las «Medidas administrativas para el reconocimiento de la aptitud de las políticas preferenciales de renta empresarial para las industrias clave en la nueva zona de libre comercio piloto de Lingang de China (Shanghái)» (104). No hay pruebas que demuestren que Tesla (Shanghái) ya no pueda considerarse una industria clave en la zona de Lingang y que, por lo tanto, no sería apta para posteriores rondas de políticas fiscales preferenciales.

(635)

Tras la comunicación definitiva, Tesla Shanghái indicó que el análisis llevado a cabo por la Comisión en el considerando 460 del Documento de Comunicación General carecía de fundamento, ya que el tipo impositivo preferencial del 15 % se concedió de conformidad con las disposiciones de la «Comunicación del MIIT y de la Administración Tributaria del Estado sobre las políticas del impuesto sobre sociedades aplicables a las industrias clave de la nueva área de Lingang en la Zona de Libre Comercio Piloto de China (Shanghái)», que indican que las empresas jurídicas cualificadas estarán sujetas a un tipo impositivo preferencial del 15 % durante un período de cinco años a partir de la fecha de constitución. Dado que Tesla Shanghái se constituyó en 2018, el tipo impositivo preferencial fue aplicable hasta 2023. Teniendo esto en cuenta, la empresa indicó que había pruebas concluyentes de que la empresa no podría acogerse de nuevo al tipo impositivo preferencial en virtud del régimen de reducción de la Ley del IRE.

(636)

La Comisión se mostró en desacuerdo con estas alegaciones y subrayó que la empresa no aportó ninguna prueba que demostrara que no volvería a beneficiarse, en modo alguno, de las políticas fiscales preferenciales. Como se demostró durante la investigación, las distintas empresas incluidas en la muestra se beneficiaron de distintos regímenes fiscales preferenciales, tales como la reducción del impuesto sobre la renta de las empresas («IRE») para las empresas de alta y nueva tecnología en el caso de BYD. Además, la Comisión recordó que en investigaciones previas halló casos de regímenes fiscales similares que se ampliaron (105). Así pues, se rechazó la alegación.

(637)

Además, Tesla Shanghái añadió que, si este régimen se fuese a someter a medidas compensatorias, el cálculo debería basarse en la declaración fiscal durante el período de investigación, en lugar de en las declaraciones fiscales de 2022. Tesla Shanghái destacó que las declaraciones del impuesto sobre el pago anticipado durante el período de investigación correspondientes a los tres primeros trimestres de 2023 se han presentado en pruebas anteriores y, por consiguiente, la Comisión debería utilizar dicha información para calcular el beneficio.

(638)

La Comisión destacó que, tal y como se explica en el considerando 442 del Documento de Comunicación General, la Comisión se basó, en el cálculo de todos los beneficios fiscales, en la declaración del impuesto sobre la renta de 2022, ya que el beneficio derivado de dichos programas se encontraba dentro del período de investigación (que incluye el último trimestre de 2022). Y lo mismo hizo con otros regímenes fiscales. Un enfoque diferente también habría causado discriminación entre los productores exportadores incluidos en la muestra en Tesla Shanghái, a quien se concedió un examen individual, y cuya inspección in situ tuvo lugar meses después de las inspecciones in situ de los productores exportadores incluidos en la muestra. Además, la Comisión recordó que las inspecciones in situ de los productores exportadores incluidos en la muestra tuvieron lugar antes que la inspección de Tesla Shanghái, y, por consiguiente, sus declaraciones tributarias definitivas correspondientes a 2023 todavía no estaban disponibles. Así pues, se rechazó la alegación.

(639)

Esta subvención es específica en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, ya que la propia legislación limita la aplicación de este régimen exclusivamente a determinadas empresas clave que operan en un área determinada por el Estado. Tesla (Shanghái) estaba claramente identificada en la lista de empresas subvencionables.

(640)

Así pues, la legislación en virtud de la cual actúa la autoridad otorgante limita explícitamente el acceso a una subvención a un determinado sector y a una región geográfica.

(641)

El importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias se calculó en términos del beneficio obtenido por los receptores durante el período de investigación. Este beneficio se calculó como la diferencia entre el impuesto total pagadero de conformidad con el tipo impositivo normal y el importe total pagadero con el tipo impositivo reducido.

(642)

El porcentaje de subvención establecido para este régimen específico fue del 0,66 % para Tesla (Shanghái).

Reducción del IRE para industrias clave

(643)

Tras la comunicación provisional, el Grupo SAIC no estuvo de acuerdo con la aplicación del artículo 28 del Reglamento de base a las empresas de I+D que no respondieron al cuestionario, como se menciona en los considerandos 985 a 988 del Reglamento provisional. Alegó que la aplicación de los datos disponibles debería haberse basado en una empresa de I+D del Grupo SAIC. En particular, alegó que la empresa del Grupo SAIC verificada no se había beneficiado de los mismos regímenes de subvenciones que las empresas Geely que la Comisión utilizó como datos disponibles. También alegó que la empresa del Grupo SAIC que facilitó una respuesta al cuestionario informó debidamente del importe de los programas de subvenciones sobre la base de sus cuentas.

(644)

En cuanto al proveedor de insumos que no respondió al cuestionario, el Grupo SAIC también alegó que la Comisión debía seguir un enfoque similar al de las empresas de I+D, tal como se establece en el considerando 989 del Reglamento provisional, es decir, ajustar los importes de la subvención para: i) la financiación preferencial; ii) los programas de subvenciones; y iii) la concesión de derechos de uso del suelo a cambio de una remuneración inferior a la adecuada.

(645)

Como ya se mencionó en el considerando 988 del Reglamento provisional, la Comisión solo pudo verificar parcialmente la información presentada por la empresa vinculada de I+D que respondió al cuestionario. Por lo tanto, la Comisión consideró que esta información no era fiable para servir de base para la aplicación de los datos disponibles con respecto a las demás empresas de I+D. La Comisión decidió basarse en el importe de la subvención establecido para las empresas de I+D verificadas del Grupo Geely como datos razonables disponibles. Por lo tanto, consideró que basarse en la información parcialmente verificada de una sola empresa de I+D del Grupo SAIC sin disponer de información sobre empresas de I+D que no respondieron al cuestionario no sería representativo para determinar el importe de la subvención. El Grupo SAIC no demostró por qué el uso de estos datos sería manifiestamente inadecuado. Por consiguiente, se desestimó esta alegación. Por estos mismos motivos, la Comisión también rechazó la alegación del Grupo SAIC relativa a este proveedor de insumos.

(646)

En ausencia de otras observaciones, la Comisión confirmó las conclusiones que había presentado en los considerandos 985 a 989 del Reglamento provisional.

(647)

El porcentaje de subvención establecido para este régimen específico fue del 0,62 % para el Grupo SAIC.

(648)

En ausencia de nuevos elementos relativos a los programas enumerados en el considerando 990 del Reglamento provisional, y como cuestión de economía administrativa, la Comisión no consideró apropiado llegar a una conclusión sobre la sujeción a medidas compensatorias de estos programas. Esto se entiende sin perjuicio de que la Comisión examine dichas medidas con ocasión de futuras reconsideraciones.

(649)

Tras la comunicación provisional, el Grupo SAIC alegó que la Comisión se había apartado de su práctica establecida al asignar el 100 % de los supuestos regímenes de subvención proporcionados por las sociedades en cartera/financieras y determinadas entidades de venta nacional para calcular el importe total del beneficio.

(650)

El Grupo SAIC declaró que la autoridad investigadora debía llevar a cabo evaluaciones precisas y realistas de la transmisión para garantizar, de conformidad con el artículo 1 del Reglamento de base, que «[p]odrá aplicarse un derecho compensatorio para compensar cualquier subvención concedida directa o indirectamente para la manufactura, producción, exportación o transporte de cualquier producto cuyo despacho a libre práctica en la Unión ocasione un perjuicio». De hecho, cualquier subvención concedida para la manufactura, producción, exportación o transporte de cualquier producto que no haya sido despachado a libre práctica en la UE no puede ser objeto de medidas compensatorias. Así pues, la Comisión estaba obligada a determinar qué parte de una supuesta subvención beneficiaba al producto exportado y qué parte de la supuesta subvención beneficiaba a otros productos, y también a demostrar que el beneficiario de la subvención (cuando es diferente del productor exportador) transfirió el beneficio al productor exportador durante el período de investigación (106). El Grupo SAIC alegó, en particular, que el importe transferido debía limitarse al porcentaje de la participación que finalmente poseía el Grupo SAIC. En consecuencia, el Grupo SAIC alegó que las contribuciones financieras concedidas a:

(651)

Tras la comunicación definitiva, el Grupo SAIC reiteró que el análisis relativo a las empresas en participación y las evaluaciones de las empresas vinculadas deberían volver a evaluarse. Añadió que la Comisión debería determinar en primer lugar qué «información faltaba» y aplicar los datos disponibles conforme al artículo 28 de Reglamento antisubvenciones de base («RASB»). A este respecto, el Grupo SAIC solicitó un examen del nivel de deficiencias empresa por empresa. Seguidamente, la Comisión debería determinar el importe del beneficio transferido.

(652)

La Comisión confirmó su evaluación realizada en la fase provisional. En primer lugar, tal y como se menciona en los considerandos 337 y 338 del Reglamento provisional y como se ilustra en la carta remitida al Grupo SAIC de 15 de febrero de 2024 (107), la Comisión facilitó una evaluación empresa por empresa de la información que faltaba y brindó al Grupo SAIC la oportunidad de aportar la información que faltaba. Sin embargo, el Grupo SAIC se abstuvo de facilitar esa información que faltaba. Además, la Comisión consideró que, en vista la relación existente entre las empresas pertenecientes al Grupo SAIC, no se requería un análisis de la transferencia; en lugar de ello, la Comisión debía utilizar un método de asignación correcto por lo que se refiere a las subvenciones debido a que el dinero es fungible y puede transferirse de una entidad vinculada a otra, independientemente del mercado en el que se realicen las ventas. Por otro lado, en el cálculo del porcentaje de subvención asignado al producto afectado (clave de reparto), la Comisión examinó ya la situación individual de cada empresa del grupo. En lo que respecta a las empresas que prestan servicios financieros pertenecientes al Grupo SAIC, la Comisión tuvo en cuenta las actividades de estas empresas financieras pertenecientes al grupo. En cuanto a las transacciones nacionales, la Comisión tuvo en cuenta el volumen de negocios pertinente correspondiente, que también incluía el volumen de negocios de las empresas que operan exclusivamente en el mercado interior chino. Por tanto, se rechazó esta alegación.

(653)

Tras la comunicación provisional, la Comisión corrigió el volumen de negocios del Grupo SAIC utilizado para la asignación adecuada de las subvenciones constatadas a fin de calcular el importe de la subvención del Grupo. Los detalles se facilitaron a la empresa en la comunicación específica de 20 de agosto de 2024.

(654)

Tras la comunicación definitiva, la Comisión corrigió el volumen de negocios del Grupo SAIC, para lo que incluyó el volumen de negocios generados por otras sucursales pertenecientes a una de las empresas exportadoras. Los detalles se facilitaron a la empresa en la comunicación específica de 9 de septiembre de 2024.

(655)

Tras la comunicación provisional, la Comisión corrigió el valor de las ventas del Grupo Geely a la Unión utilizado para la asignación adecuada de las subvenciones constatadas para calcular el importe de la subvención del grupo. Los detalles se facilitaron en la comunicación específica a la empresa.

(656)

Tras comunicación provisional, el Grupo Geely afirmó que el volumen de negocios de los proveedores, I+D, ventas y empresas financieras debía incluirse en el volumen de negocios total para determinar el importe total del beneficio.

(657)

La Comisión señaló, como se explica en la comunicación provisional, que, como primer paso, el importe calculado de la subvención para cada empresa vinculada se había asignado al producto afectado en función de la categoría de la empresa o de la especificidad de la línea de subvención. Por consiguiente, se aplicó el coeficiente de volumen de negocios de los subensambladores, las empresas de I+D y las empresas de venta. En la segunda fase, el beneficio para el Grupo Geely se expresó en términos de volumen de negocios de BEV de los productores exportadores/nacionales del Grupo Geely, concretamente el volumen de negocios de BEV a clientes no vinculados vendidos a través de entidades vinculadas del Grupo Geely. Por lo tanto, se rechazó esta alegación.

(658)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas y GWM indicaron que el tipo de derecho aplicable a las empresas no incluidas en la muestra que cooperaron se incrementó tras la comunicación provisional, mientras que los tipos de derecho aplicables a las empresas incluidas en la muestra disminuyó.

(659)

Tras la comunicación provisional, la Comisión observó que el cálculo del tipo de derecho medio ponderado aplicable a las empresas que cooperaron no incluidas en la muestra no era correcto porque para determinados regímenes no ponderaba adecuadamente a las empresas que cooperaron incluidas en la muestra. Como consecuencia de ello, la Comisión realizó una corrección técnica que llevó a un incremento del derecho aplicable a las empresas que cooperaron no incluidas en la muestra («otras empresas que cooperaron»).

(660)

Tras la comunicación definitiva, las autoridades chinas solicitaron a la Comisión que divulgara la base fáctica en la que se fundamentó el porcentaje de subvención establecido para las empresas que cooperaron no incluidas en la muestra teniendo en cuenta los datos disponibles, en su caso, para el cálculo del importe de subvención para SAIC.

(661)

De conformidad con el artículo 15, apartado 3, del Reglamento de base, el importe total de subvención para los productores exportadores que cooperaron y que no fueron incluidos en la muestra se calculó a partir del importe total medio ponderado de las subvenciones sometidas a derechos compensatorios establecido para los productores exportadores que cooperaron incluidos en la muestra, con exclusión de los importes desdeñables y de los importes de las subvenciones establecidos en las circunstancias referidas en el artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base. Sin embargo, la Comisión no ignoró los resultados parcialmente basados en los datos disponibles para determinar dichos importes. En realidad, la Comisión considera que los datos disponibles y utilizados en esos casos no afectaban sustancialmente a la información necesaria para determinar de modo razonables el importe de la subvención, de modo que los exportadores a los que no se pidió cooperar en la investigación no se verán perjudicados por este enfoque (108). En particular, la Comisión observó que los instrumentos financieros tales como los bonos de titulización de activos o los bonos en los que se basó para calcular el beneficio derivado de dichos regímenes se utilizaban ampliamente en la industria de los BEV en general y no de forma excepcional. Si los productores exportadores hubieran comunicado dicha información a la Comisión cuando cooperaron plenamente, la Comisión habría tratado la información de un modo similar en lo que respecta al cálculo del margen de subvención.