Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

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El 21 de diciembre de 2017, la Comisión Europea («la Comisión») inició una investigación antisubvenciones relativa a las importaciones en la Unión de bicicletas eléctricas originarias de la República Popular China («China» o «el país afectado»). El inicio del procedimiento se basó en el artículo 10 del Reglamento (UE) 2016/1037 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre la defensa contra las importaciones subvencionadas originarias de países no miembros de la Unión Europea («el Reglamento de base»), La Comisión publicó un anuncio de inicio en el Diario Oficial de la Unión Europea («el anuncio de inicio») (2).

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La Comisión inició la investigación a raíz de una denuncia presentada el 8 de noviembre de 2017 por la Asociación Europea de Fabricantes de Bicicletas («EBMA» o «el denunciante»), en nombre de los productores de la Unión que representan más del 25 % de la producción total de bicicletas eléctricas de la Unión. En la denuncia se presentaban pruebas de subvención y del consiguiente perjuicio, que eran suficientes para justificar el inicio de la investigación.

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Antes de iniciar la investigación antisubvención, la Comisión notificó al Gobierno de China («las autoridades chinas») (3) que había recibido una denuncia debidamente documentada, e invitó a las autoridades chinas a celebrar consultas de conformidad con el artículo 10, apartado 7, del Reglamento de base. Las autoridades chinas aceptaron la oferta de consultas, que se celebraron el 18 de diciembre de 2017. En ellas se tomó buena nota de los comentarios realizados por las autoridades chinas. No obstante, no se pudo alcanzar una solución de mutuo acuerdo.

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El 18 de julio de 2018, la Comisión estableció un derecho antidumping provisional sobre las importaciones de dicho producto originarias de China (4) («el Reglamento antidumping») tras una investigación que se había iniciado mediante un anuncio publicado el 20 de octubre de 2017 (5) («la investigación antidumping paralela»).

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Los análisis del perjuicio, la causalidad y el interés de la Unión realizados en la presente investigación antisubvención y en la investigación antidumping paralela son mutatis mutandis idénticos, dado que la definición de la industria de la Unión, los productores de la Unión representativos y el período de investigación son los mismos en ambas investigaciones. Todos los elementos pertinentes relativos a estos aspectos se han tenido asimismo en cuenta en la presente investigación.

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Las autoridades chinas, además de la Cámara de Comercio China para la Importación y Exportación de Maquinaria y Productos Electrónicos («la CCCME») y el Colectivo de Importadores Europeos de Bicicletas Eléctricas («el Colectivo»), representantes ambos de distintas partes interesadas, presentaron sus observaciones tras el inicio del procedimiento.

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Estas partes afirmaron que los motivos por los cuales la Comisión otorgó tratamiento confidencial a la identidad de algunas partes interesadas que apoyaban la denuncia eran tanto insuficientes como infundados. Añadieron que algunos productores de la Unión importan bicicletas eléctricas completas de China y, por consiguiente, en vista del artículo 9, apartado 1, del Reglamento de base, podrían quedar excluidos de la categoría de miembros de la industria de la Unión. Señalaron que el tratamiento confidencial de la identidad de algunas partes interesadas impide a los productores exportadores examinar adecuadamente la situación del caso. Igualmente, argumentaron que la denuncia no incluía la lista de todos los productores conocidos del producto similar de la Unión ni el volumen y el valor de la producción que representan dichos productores.

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La Comisión rechazó esta alegación. Recordó que el artículo 9, apartado 1, del Reglamento de base no impide considerar que algunos productores de la Unión forman parte de la industria de la Unión por el mero hecho de que importen el producto de que se trate. Además, la Comisión se mostró satisfecha con el nivel de apoyo expresado por la industria de la Unión para el inicio del caso en cuestión. La denuncia incluía asimismo una lista de los productores conocidos de la Unión (6), así como su volumen total de producción (7). Por lo tanto, las partes interesadas habían tenido la oportunidad de evaluar la lista de productores conocidos del producto similar de la Unión.

(9)

Esta información permitió a las autoridades chinas, a la CCCME y al Colectivo detectar que dos empresas incluidas en la lista como productores de la Unión también importan bicicletas eléctricas desde el país afectado. Por consiguiente, es evidente que estas partes interesadas pudieron ejercer plenamente su derecho de defensa al respecto.

(10)

Por tanto, se rechazaron las alegaciones.

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La CCCME argumentó también que la denuncia carecía de pruebas suficientes para dar lugar al inicio de una investigación. Dio cuatro motivos para fundamentarlo.

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En primer lugar, los datos relativos a las importaciones, basados en las estadísticas chinas de exportación obtenidas de las aduanas chinas, junto con los ajustes realizados para filtrar y eliminar el producto objeto de la presente investigación, no deberían conservar el carácter confidencial y la Comisión debería examinar debidamente las fuentes.

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En segundo lugar, determinada información incluida en la denuncia, por ejemplo, el presunto exceso de capacidad en el sector correspondiente en China, es engañosa, ya que no se refiere solamente al sector de las bicicletas eléctricas, sino a las bicicletas eléctricas junto con el resto de bicicletas. Del mismo modo, el valor del mercado de las bicicletas eléctricas de la Unión se habría sobrestimado, dado que incluye todos los vehículos eléctricos ligeros, no solo las bicicletas eléctricas.

(14)

En tercer lugar, si bien la denuncia se centra en alegaciones de subvención del mercado chino de bicicletas eléctricas, en ningún momento examina las subvenciones existentes en Europa.

(15)

En cuarto lugar, según la CCCME, en la denuncia se formularon varias alegaciones injustificadas perjudiciales para la industria de bicicletas eléctricas de China, pues se afirma que son los productores de la Unión quienes impulsan la innovación en este sector y que los productores chinos se limitan a reproducir la situación de la tecnología de las bicicletas eléctricas desarrollada por la Unión.

(16)

La Comisión llevó a cabo un examen de la denuncia de conformidad con el artículo 10 del Reglamento de base y llegó a la conclusión de que se cumplían los requisitos para iniciar una investigación, es decir, que la idoneidad y exactitud de las pruebas presentadas por el denunciante eran suficientes. De conformidad con el artículo 10, apartado 2, del Reglamento de base, la denuncia deberá contener la información que razonablemente tenga a su alcance el denunciante sobre los factores en ella indicados. Sobre la base de las pruebas aportadas, la Comisión consideró que se cumplía ese requisito. A este respecto, ninguno de los aspectos planteados por la CCCME fue concluyente para que la Comisión iniciara la investigación de las presuntas subvenciones perjudiciales.

(17)

En primer lugar, por lo que se refiere a los datos de las importaciones chinas, la Comisión remite a la sección 3.2 del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/671 («el Reglamento de registro») (8) y a la sección 4.3.1 del presente Reglamento, donde ese argumento se trata de manera suficiente.

(18)

En segundo lugar, en relación con el exceso de capacidad de China, ciertamente procede examinar el exceso de capacidad para las bicicletas eléctricas junto con el resto de bicicletas, ya que la capacidad de producción de bicicletas puede transformarse en producción de bicicletas eléctricas con poco coste o esfuerzo (véase el considerando 634) y existen pruebas de que las empresas que fabrican ambos productos así lo hacen habitualmente.

(19)

Por último, los elementos relativos a la innovación y la reproducción o las subvenciones en la UE no influyeron en la evaluación de la Comisión que era subyacente al inicio de este caso, pues son factores que no figuran entre los analizados a estos efectos.

(20)

La Comisión concluyó, por lo tanto, que en la denuncia se presentaban pruebas suficientes de subvención y del consiguiente perjuicio importante que se consideraron suficientes para justificar el inicio de la investigación.

(21)

El 31 de enero de 2018, el denunciante presentó una solicitud de registro de las importaciones de bicicletas eléctricas originarias de China, con arreglo al artículo 24, apartado 5, del Reglamento de base. El 3 de mayo de 2018, la Comisión publicó el Reglamento de registro por el que se sometían a registro las importaciones de bicicletas eléctricas originarias de China a partir del 4 de mayo de 2018.

(22)

En respuesta a la solicitud de registro, las partes interesadas presentaron observaciones a las que se dio respuesta en el Reglamento de registro. La Comisión confirmó que los denunciantes presentaron pruebas suficientes que justificaban la necesidad de registrar las importaciones. En particular, las importaciones y las cuotas de mercado de China habían experimentado un aumento notable. Por tanto, se rechazaron esas observaciones.

(23)

La investigación sobre las subvenciones y el perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de octubre de 2016 y el 30 de septiembre de 2017 («el período de investigación» o «el PI»). El análisis de las tendencias pertinentes para la evaluación del perjuicio abarcó el período comprendido entre el 1 de enero de 2014 y el 30 de septiembre de 2017 («el período considerado»).

(24)

En el anuncio de inicio, la Comisión invitó a las partes interesadas a ponerse en contacto con ella para participar en la investigación. Además, la Comisión informó específicamente del inicio de la investigación, e invitó a participar en ella, al denunciante, a otros productores conocidos de la Unión, a los productores exportadores conocidos y a las autoridades chinas, a los importadores, proveedores y usuarios conocidos, a los operadores comerciales y a las asociaciones notoriamente afectadas.

(25)

Se dio a las partes interesadas la oportunidad de formular observaciones sobre el inicio de la investigación y de solicitar una audiencia con la Comisión o con el Consejero Auditor en los procedimientos comerciales.

(26)

En el anuncio de inicio, la Comisión indicó que podría realizar un muestreo de las partes interesadas con arreglo al artículo 27 del Reglamento de base.

(27)

En su anuncio de inicio, la Comisión declaró que había seleccionado provisionalmente una muestra de productores de la Unión. La Comisión seleccionó la muestra sobre la base de los mayores volúmenes representativos de ventas del producto similar en el período de investigación, velando al mismo tiempo por una cobertura de tipos de productos y una cobertura geográfica adecuadas.

(28)

Dicha muestra estaba formada por cuatro productores de la Unión. Los productores de la Unión incluidos en la muestra representaban el 60 % del volumen de producción total y el 58 % de las ventas totales de la industria de la Unión. La Comisión invitó a las partes interesadas a que formularan observaciones sobre la muestra provisional.

(29)

En vista de lo anterior, la Comisión confirmó que la muestra era representativa de la industria de la Unión.

(30)

Para decidir si era necesario el muestreo y, en caso afirmativo, seleccionar una muestra, la Comisión pidió a los importadores no vinculados que facilitaran la información especificada en el anuncio de inicio.

(31)

Veintiún importadores no vinculados facilitaron la información solicitada y accedieron a formar parte de la muestra. Con arreglo al artículo 27, apartado 1, del Reglamento de base, la Comisión seleccionó una muestra de cinco importadores no vinculados, basándose en el mayor volumen de las importaciones en la Unión. De conformidad con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento de base, se consultó a todos los importadores conocidos afectados acerca de la selección de la muestra.

(32)

En vista de lo anterior, la Comisión llegó a la conclusión de que la muestra era representativa de los importadores que cooperaron.

(33)

Para decidir si el muestreo era necesario y, en tal caso, seleccionar una muestra, la Comisión pidió a todos los productores exportadores de China que proporcionaran la información especificada en el anuncio de inicio. Además, la Comisión pidió a las autoridades chinas que identificaran a otros productores exportadores, en su caso, que pudieran estar interesados en participar en la investigación, o que se pusieran en contacto con ellos.

(34)

Setenta y ocho productores exportadores o grupos de productores exportadores del país afectado facilitaron la información solicitada y aceptaron formar parte de la muestra. De conformidad con el artículo 27, apartado 1, letra b), del Reglamento de base, la Comisión seleccionó la muestra siguiente de cinco grupos de productores exportadores sobre la base del volumen exportado a la Unión del producto afectado contemplado en el considerando 60 del presente Reglamento, teniendo también en consideración el nivel de las inversiones relacionadas con el producto afectado durante el período de investigación y la distribución geográfica. Se considera que este es el mayor volumen representativo de exportaciones que la Unión podría investigar razonablemente en el tiempo disponible:

(35)

Los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra («los productores exportadores incluidos en la muestra») representaban el 43 % de las importaciones del producto afectado a la Unión.

(36)

De conformidad con el artículo 27, apartado 2, del Reglamento de base, se consultó a todos los productores exportadores afectados conocidos y a las autoridades chinas acerca de la selección de la muestra. Se recibieron observaciones sobre la muestra propuesta del denunciante y de tres productores exportadores, uno incluido en la muestra y dos no incluidos.

(37)

El denunciante señaló que Tianjin y Jiangsu son las provincias con mayor producción de bicicletas eléctricas. A este respecto, alegó que en la muestra propuesta estaban representadas insuficientemente las empresas con sede en Tianjin y propuso añadir otro productor exportador.

(38)

La Comisión señaló que dos empresas de la muestra de productores exportadores o grupos de productores exportadores tenían su sede en Tianjin. Por lo tanto, consideró que las empresas con sede en el municipio de Tianjin estaban suficientemente representadas.

(39)

Uno de los productores exportadores que cooperaron, que no estaba incluido en la muestra, solicitó su inclusión en ella. Su solicitud se basaba en tres elementos. En primer lugar, la empresa exportaba a la Unión a través de un operador comercial vinculado. En segundo lugar, la empresa importaba gran cantidad de insumos. En tercer lugar, la inclusión de la empresa daría lugar a una mayor cobertura geográfica de la muestra.

(40)

La Comisión no consideró que los dos primeros elementos fueran criterios para la selección de la muestra que, de conformidad con el artículo 27, apartado 1, debe basarse en el mayor porcentaje representativo del volumen de exportaciones del producto objeto de investigación que pueda investigarse en el tiempo disponible. Además, entre las empresas que se dieron a conocer durante el ejercicio de muestreo hay varias que venden en la Unión a través de un operador comercial vinculado y que también exportan insumos. La Comisión ya consideró suficiente la cobertura geográfica alcanzada con la muestra propuesta, que abarca tres de las regiones más importantes para la producción de bicicletas eléctricas, por lo que se rechazó la solicitud.

(41)

Uno de los productores exportadores, que estaba incluido en la muestra, solicitó su exclusión. Su solicitud se basaba en tres elementos. En primer lugar, la empresa exportaba un volumen menor que los otros cuatro grupos incluidos en la muestra. En segundo lugar, recalculó a la baja el nivel de las inversiones, con la aclaración de que el importe examinado por la Comisión incluía las inversiones en otros productos. En tercer lugar, estaba presente en una zona geográfica ya cubierta por otras empresas incluidas en la muestra.

(42)

La Comisión no solo basó la selección en el volumen de exportación a la Unión Europea, sino que también tuvo en cuenta los indicios de la presunta subvención, con arreglo a la información disponible sobre las últimas cuentas anuales disponibles de las empresas que cooperaron y la cobertura geográfica durante el período de investigación. Teniendo en cuenta todos estos factores, se consideró que el productor exportador en cuestión ya estaba representado por la muestra seleccionada.

(43)

Todo ello hizo que la Comisión decidiera mantener la muestra propuesta como definitiva.

(44)

Dos productores exportadores no incluidos en la muestra solicitaron oficialmente un examen individual de conformidad con el artículo 27, apartado 3, del Reglamento de base presentando una respuesta al cuestionario antisubvenciones destinado a los productores exportadores. Uno de ellos es un grupo de dos empresas vinculadas, mientras que el otro no tiene empresas vinculadas implicadas en el producto investigado. Sin embargo, el examen de esas solicitudes adicionales, sumado al de los cinco grupos de empresas incluidos en la muestra, resultaría excesivamente gravoso y no puede llevarse a cabo razonablemente en el tiempo disponible para esta investigación. Además, la Comisión tomó nota de que la investigación se lleva a cabo en paralelo a la investigación antidumping relativa al mismo producto afectado y también coincide con otras investigaciones llevadas a cabo por la Comisión en el mismo período. Por lo tanto, la Comisión decidió no conceder ninguna solicitud de examen individual e informó de ello a las empresas afectadas.

(45)

Un productor exportador, Wettsen Corporation, reiteró que su situación debería haberse examinado individualmente y que podrían haberse calculado un importe de la subvención y un margen del perjuicio de manera individual. Esta empresa alegó que sería injusto y poco razonable que la subvención y el margen de perjuicio que se le apliquen se basen en datos de las empresas incluidas en la muestra.

(46)

La Comisión rechazó estos comentarios, al considerar que la muestra seleccionada ya es representativa, como se indica en el considerando 35, porque está formada por cinco grupos de productores con once entidades jurídicas diferentes. Por lo tanto, la muestra es conforme con el artículo 27, apartado 1, letra b), del Reglamento de base y la Comisión confirmó que, con el plazo disponible para la investigación, no podría haber realizado el análisis de otra empresa. La Comisión observó que, en todo caso, el productor exportador que cooperó puede solicitar una reconsideración urgente de conformidad con el artículo 20 del Reglamento de base.

(47)

Se envió a las autoridades chinas un cuestionario en el que se incluyeron cuestionarios específicos para China Development Bank (CDB), China Export Import Bank (EXIM Bank), Bank of China (BOC), Agricultural Bank of China (ABC), China Construction Bank (CCB), Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) y China Export & Credit Insurance Corporation (Sinosure). En la denuncia se hacía mención expresa a esos bancos y entidades (entre otras cosas, por las conclusiones formuladas por la Comisión en investigaciones anteriores) como organismos públicos u organismos que han recibido encomienda u orden de conceder subvenciones a las industrias fomentadas, como los productores de bicicletas eléctricas.

(48)

Además, se pidió a las autoridades chinas que transmitieran el cuestionario específico para instituciones financieras a cualquier otra institución que concediera préstamos o créditos a la exportación a los productores exportadores incluidos en la muestra o a sus compradores (en el contexto de créditos a compradores exportadores) identificados por los propios productores exportadores incluidos en la muestra. La Comisión solicitó a los productores exportadores que facilitaran a las autoridades chinas la lista correspondiente de entidades financieras. También pidió a las autoridades chinas que recopilaran las respuestas de esas instituciones financieras y se las transmitieran directamente.

(49)

Además, el cuestionario para las autoridades chinas contenía cuestionarios específicos para los productores de insumos (es decir, baterías, motores y otras piezas de bicicletas, montadas o no) que fueran empresas en su totalidad o en parte propiedad del Estado («EPE») o empresas privadas que operan bajo la dirección del Gobierno. A este respecto, también se pidió a las autoridades chinas que transmitieran los cuestionarios específicos para los productores de insumos a cualquier otro productor que suministrara insumos a los productores exportadores incluidos en la muestra, identificados por estos. La Comisión solicitó a los productores exportadores que facilitaran a las autoridades chinas la lista correspondiente de entidades. Asimismo, pidió a las autoridades chinas que recopilaran las respuestas de esas empresas y se las transmitieran directamente.

(50)

Un proveedor de insumos, Bafang Electric (Suzhou) Co., Ltd. (Bafang), se manifestó por iniciativa propia y pidió que se le enviara un cuestionario para productores de insumos. Esta empresa suministraba insumos a tres de los cinco productores exportadores incluidos en la muestra. Por lo tanto, la Comisión remitió a Bafang el cuestionario específico para productores de insumos.

(51)

También se enviaron cuestionarios a los cinco grupos de productores exportadores incluidos en la muestra, a los productores de la Unión incluidos en la muestra y a importadores no vinculados.

(52)

Las autoridades chinas enviaron a la Comisión las respuestas a los cuestionarios. Entre ellas figuraban las respuestas al cuestionario específico de EXIM Bank, ABC, BOC, ICBC y Sinosure. La Comisión recibió además respuestas de los cinco grupos de productores exportadores incluidos en la muestra, del proveedor chino de insumos mencionado en el considerando 50 y de los productores de la Unión incluidos en la muestra, así como de los importadores no vinculados incluidos en la muestra.

(53)

La Comisión recabó y verificó toda la información que consideró necesaria para determinar la subvención, el perjuicio resultante y el interés de la Unión.

(54)

Se llevó a cabo una inspección en las instalaciones del Ministerio de Comercio de China, en la que también participaron funcionarios de otros ministerios afectados («inspección in situ a las autoridades chinas»). También estuvieron presentes en esa inspección representantes de las siguientes instituciones financieras:

(55)

Además se realizaron inspecciones con arreglo al artículo 26 del Reglamento de base en las instalaciones de las empresas siguientes:

(56)

La Comisión informó a todas las empresas mencionadas de los resultados de las inspecciones in situ.

(57)

Dadas la complejidad de la investigación y la cantidad de partes interesadas, la Comisión decidió no imponer medidas provisionales en el presente caso. El 24 de septiembre de 2018, la Comisión informó a todas las partes interesadas de que no se impondrían derechos compensatorios provisionales a las importaciones en la Unión de bicicletas eléctricas originarias de China y de que continuaría la investigación.

(58)

La Comisión siguió recabando y verificando toda la información que consideró necesaria para sus conclusiones definitivas.

(59)

El 31 de octubre de 2018, la Comisión comunicó a todas las partes interesadas los hechos y las consideraciones esenciales en función de los cuales tenía previsto imponer un derecho antisubvenciones definitivo a las importaciones en la Unión de bicicletas eléctricas e invitó a todas las partes a enviar sus observaciones en el plazo de veinticinco días. Mediante estas comunicaciones, la Comisión también informó a las partes interesadas de los resultados de sus inspecciones, incluidos los casos en los que tuvo que utilizar los datos disponibles.

(60)

El producto afectado son los velocípedos con pedaleo asistido, dotados de un motor eléctrico auxiliar, originarios de China, clasificados actualmente en los códigos NC 8711 60 10 y ex 8711 60 90 (código TARIC 8711609010) («el producto afectado» o «bicicletas eléctricas»).

(61)

Esta definición abarca diversos tipos de bicicletas eléctricas.

(62)

La investigación puso de manifiesto que los siguientes productos tienen las mismas características físicas básicas y los mismos usos finales básicos:

(63)

Se considera, por lo tanto, que son productos similares a efectos del artículo 2, letra c), del Reglamento de base.

(64)

En sus observaciones tras el inicio de la investigación, las autoridades chinas y la CCCME rebatieron la intención de la Comisión de considerar todas las bicicletas eléctricas un único producto. En particular, argumentaron que las bicicletas eléctricas rápidas (bicicletas eléctricas que alcanzan una velocidad superior a 25 km/h y hasta 45 km/h) debían excluirse del ámbito de la investigación. Alegaron que, mientras que el motor de las bicicletas eléctricas normales tiene una potencia máxima (9) de 250 W, el de las bicicletas eléctricas rápidas puede tener una potencia superior, habitualmente entre 350 y 500 W.

(65)

Ambas partes interesadas afirmaron que las bicicletas eléctricas rápidas variaban considerablemente en sus características y usos previstos, así como en el precio. Desde el punto de vista del consumidor, no son intercambiables con el resto de las bicicletas eléctricas incluidas en el ámbito de la presente investigación.

(66)

Según las autoridades chinas y la CCCME, hay varias razones por las que las bicicletas eléctricas rápidas son distintas del resto de bicicletas eléctricas. En primer lugar, las materias primas y los componentes son diferentes. Por ejemplo, el motor de las bicicletas eléctricas rápidas tiene mayor potencia nominal y los materiales para las bicicletas eléctricas son más resistentes y de mejor calidad.

(67)

En segundo lugar, los costes y los precios difieren significativamente. Dado que los requisitos de calidad y resistencia son más estrictos para las piezas utilizadas en la fabricación de bicicletas eléctricas rápidas, los costes de producción de esas bicicletas son superiores a los de las bicicletas eléctricas normales, lo que a su vez genera un precio de venta final superior.

(68)

En tercer lugar, los códigos NC son diferentes. Desde el 1 de enero de 2017, las bicicletas eléctricas normales están clasificadas en el código NC 8711 60 10 y las bicicletas eléctricas rápidas, en el código NC 8711 60 90. Antes de 2017, las bicicletas eléctricas normales estaban clasificadas en el código NC (ex) 8711 90 10 y las bicicletas eléctricas rápidas en el código NC (ex) 8711 90 90.

(69)

En cuarto lugar, las bicicletas eléctricas rápidas se consideran vehículos de motor (vehículos de la categoría L1e-B), por lo que los conductores han de tener licencia y llevar casco. Las bicicletas eléctricas normales no tienen ese tipo de requisitos, que limitan en gran medida la adquisición y utilización de bicicletas eléctricas rápidas.

(70)

En quinto lugar, los tipos de consumidores de bicicletas eléctricas rápidas son diferentes. Los compradores de bicicletas eléctricas normales suelen ser oficinistas o personas mayores que aprecian la asistencia de propulsión adicional, mientras que los compradores de bicicletas eléctricas rápidas son en su mayor parte jóvenes que las utilizan para actividades más intensas o deportivas.

(71)

El denunciante alegó que todas las bicicletas eléctricas compartían características fundamentales comunes. En particular, ambos tipos son velocípedos diseñados para pedalear, equipados con un motor eléctrico auxiliar de pedaleo asistido. Además, todas las bicicletas eléctricas están sujetas a los mismos procedimientos de ensayo según la norma europea EN 15194. Sobre esta base, el denunciante concluyó que constituían un único producto a efectos de la presente investigación.

(72)

El denunciante también señaló que la velocidad de desconexión de la asistencia del motor auxiliar podía cambiarse con facilidad de 25 km/h a 45 km/h y viceversa, al depender principalmente de la programación del software y no de una diferencia física real.

(73)

Durante la investigación, un importador alegó que las bicicletas eléctricas incluidas en la categoría L1e-A debían quedar excluidas de la definición del producto de la investigación. La categoría L1e-A abarca bicicletas eléctricas con apoyo de un motor auxiliar de hasta 25 km/h, pero con una potencia de motor de hasta 1 kW. Supuestamente, en la Unión no se producen bicicletas de la categoría L1e-A y estas no se mencionan explícitamente en la denuncia. El importador alegó, además, que las bicicletas eléctricas de la categoría L1e-A no pueden haber causado perjuicio a la industria de la Unión, ya que la primera bicicleta eléctrica de esa categoría se vendió en el mercado de la Unión más de ocho semanas después de que el denunciante presentara la denuncia.

(74)

La Comisión tomó en cuenta todos esos comentarios. Observó que la definición del producto de la denuncia abarcaba, de hecho, todos los velocípedos con pedaleo asistido con un motor eléctrico auxiliar. La definición del producto de la denuncia no incluía ninguna limitación relativa a la clasificación de los vehículos. Por lo tanto, la Comisión llegó a la conclusión de que las bicicletas eléctricas de categoría L1e-A estaban cubiertas por la denuncia. En la página web del importador mencionado en el considerando 73 también se observaba claramente que las bicicletas eléctricas L1e-A tienen todas las ventajas de una bicicleta eléctrica normal, pero con más potencia.

(75)

Por lo que se refiere a las bicicletas eléctricas rápidas, se alega que tienen un coste de producción y un precio de venta significativamente superiores. Esta circunstancia, de por sí, no es motivo para excluir un producto de la definición, ya que la definición del producto suele abarcar bienes vendidos a precios diferentes. Sin embargo, es un factor que debe tenerse en cuenta en la comparación de precios y el cálculo del margen de perjuicio.

(76)

Por lo que respecta a las diferencias en la utilización y la percepción de los consumidores, se afirma que las bicicletas eléctricas normales se venden predominantemente a personas de edad avanzada y usuarios con fines recreativos, además de oficinistas, mientras que las bicicletas eléctricas rápidas se suelen usar para actividades más intensas, como el desplazamiento entre el domicilio y el lugar de trabajo. No obstante, dada la probabilidad de que los oficinistas utilicen la bicicleta eléctrica normal para trasladarse entre el domicilio y el lugar de trabajo, este uso es muy similar al de la bicicleta eléctrica rápida. Así, la Comisión llegó a la conclusión de que el uso previsto y la percepción de los consumidores coinciden en gran medida, por lo que no se justifica la exclusión del producto.

(77)

Por lo que se refiere a ambas solicitudes de exclusión, la Comisión concluyó que las bicicletas eléctricas rápidas y las bicicletas de categoría L1e-A tienen las mismas características físicas que otras bicicletas eléctricas, por lo que entran dentro de la definición del producto. La Comisión reconoció que, si bien hay distintos tipos de productos en la categoría general del producto afectado, esto no puede justificar, por sí solo, la exclusión de la definición del producto. Las diferencias en la clasificación aduanera dentro de la misma categoría general del producto afectado tampoco son un criterio que justifique, por sí solo, la exclusión. De hecho, es muy habitual en las investigaciones antidumping y antisubvenciones que el producto afectado abarque varios códigos aduaneros. Por último, los requisitos relacionados con el uso después de la venta del producto afectado o el producto similar no influyen en las características físicas básicas que definen ese producto a efectos de las investigaciones antisubvenciones. En la misma línea, la definición del producto no depende de las categorías de consumidores que opten por un tipo de producto u otro. Por tanto, se rechazaron las alegaciones.

(78)

Un importador alegó que los triciclos eléctricos deberían excluirse de la definición del producto de la investigación. Afirmó que no estaba claro si la investigación abarcaba realmente todos los tipos de velocípedos (como bicicletas, triciclos y cuatriciclos) o exclusivamente bicicletas, puesto que el título del anuncio de inicio indicaba que el procedimiento antisubvenciones se refería a la importación de bicicletas eléctricas.

(79)

Sin embargo, la Comisión señaló que la definición del producto investigado no se establecía en el título del anuncio de inicio, sino en su sección «2. Producto investigado». De esa sección y la siguiente se deduce que el producto investigado abarca los velocípedos. El término «velocípedos» no se limita a las bicicletas con dos ruedas, sino que incluye además los triciclos y los cuatriciclos. Dado que las bicicletas son, con diferencia, el tipo más habitual de velocípedo, en el título se mencionaron las bicicletas, sin excluir del ámbito de la investigación otros tipos de velocípedos. Por lo tanto, se rechazó esta alegación.

(80)

El importador alegó, además, que la investigación se centraba específicamente en las bicicletas. La Comisión se mostró en desacuerdo con esa alegación. Había recopilado información sobre todos los tipos de velocípedos eléctricos. Los productores y productores exportadores de la Unión estaban obligados a indicar el número de ruedas para todos los productos que fabricaban y vendían en el mercado de la Unión. Por lo tanto, es evidente que los triciclos se identificaron e investigaron por separado durante la investigación. Dado que las bicicletas son indiscutiblemente el tipo más común de velocípedos, no es de extrañar que se utilice el término general de bicicleta eléctrica para referirse a todos los tipos de velocípedos eléctricos, tanto en la investigación como en el mercado, lo que no significa que los demás tipos de velocípedos no se tuvieran en cuenta en la investigación.

(81)

Por lo tanto, la Comisión concluyó que las bicicletas eléctricas rápidas, las bicicletas eléctricas de categoría L1e-A y los triciclos eléctricos tienen las mismas características físicas y propiedades básicas, así como los mismos usos finales, que otros tipos de velocípedos eléctricos y, por tanto, no pueden excluirse de la definición del producto investigado.

(82)

Tras la comunicación, tres productores exportadores chinos, un importador y la CCCME reiteraron su alegación de que deberían excluirse las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido con un motor auxiliar de hasta 45 km/h («bicicletas eléctricas rápidas»).

(83)

Esas partes alegaron que las bicicletas eléctricas rápidas tienen características y usos previstos significativamente diferentes, no están sujetas a los mismos requisitos reglamentarios, tienen precios y los costes muy diferentes y, desde el punto de vista de los consumidores, no son intercambiables con las demás bicicletas eléctricas de pedaleo asistido con motor auxiliar de hasta 25 km/h afectadas por la presente investigación.

(84)

La CCCME alegó que la Comisión había omitido señalar que la alteración del software que controla la velocidad de desconexión por parte del consumidor mencionada por el denunciante era ilegal y añadió que tal perspectiva no podía asimilarse a una posibilidad probable.

(85)

El denunciante estuvo de acuerdo en que es ilegal que los consumidores aumenten la velocidad de desconexión del motor auxiliar de pedaleo asistido modificando el software. Sin embargo, recordó que su alegación no se refería a esa posibilidad, sino a las modificaciones realizadas por los operadores económicos (importadores, comerciales) antes de introducir las bicicletas eléctricas en el mercado de la Unión. De hecho, cuando las modificaciones de la programación del software consistan en reducir la velocidad de desconexión del motor auxiliar de pedaleo asistido, serán legales desde la perspectiva de la homologación de tipo del producto. El denunciante añadió que las modificaciones de la programación del software crean un riesgo evidente de elusión de las medidas antisubvenciones.

(86)

La Comisión señaló que el considerando 72 no hace referencia únicamente a la modificación del software por los consumidores, sino a la programación del software en general. Además, ese mismo considerando se refiere claramente tanto a la posibilidad de aumentar como de reducir la velocidad de desconexión. La CCCME señala que sería ilegal que el consumidor aumentara la velocidad de desconexión del motor auxiliar de pedaleo asistido, pero no cuestiona otros cambios en la programación del software como, por ejemplo, la reducción de la velocidad de desconexión por los operadores económicos mencionada en el considerando 85. Por tanto, se rechazó el argumento.

(87)

La CCCME alegó que la afirmación del denunciante de que todas las bicicletas eléctricas están sujetas a los mismos ensayos de conformidad con la norma EN 15194 era inexacta. La CCCME indicó que la norma EN 15194 somete a todas las bicicletas eléctricas a los mismos procedimientos de ensayo. Sin embargo, la norma no tiene relevancia para las diferencias de velocidad que exigen requisitos distintos y hacen que las bicicletas eléctricas rápidas no sean intercambiables con otros tipos de bicicletas eléctricas. La CCCME alegó además que las bicicletas eléctricas rápidas, al contrario que las bicicletas eléctricas normales, no se incluyen en el ámbito de aplicación de la norma EN 15194.

(88)

La CCCME afirmó que las bicicletas eléctricas rápidas están consideradas como ciclomotores destinados a ser utilizados en vías públicas por el Reglamento (UE) n.o 168/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo (10), que excluye las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido con un motor auxiliar de hasta 25 km/h. Otras normas aplicadas a las bicicletas eléctricas rápidas se refieren a los impuestos, las licencias y los seguros, las placas de matrícula, los cascos adecuados para ciclomotores y las verificaciones del cumplimiento de las normas de seguridad.

(89)

La CCCME alegó que el razonamiento que figura en el considerando 77 de que todas las bicicletas eléctricas comparten las mismas características físicas no supera el argumento de que existen equipos y requisitos reglamentarios diferentes para las bicicletas eléctricas rápidas. Afirmó que, debido a esos requisitos diferentes, las bicicletas eléctricas rápidas no son intercambiables con otras bicicletas eléctricas y que los consumidores apoyan ese punto de vista. Para fundamentar esta alegación, la CCCME mencionó la oposición de la Federación Europea de Ciclistas a la propuesta de la Comisión de solicitar un seguro de responsabilidad civil para todas las bicicletas eléctricas, no solo para las rápidas.

(90)

El denunciante alegó que todas las bicicletas eléctricas compartían las mismas características físicas. En particular, afirmó que todas las bicicletas eléctricas están constituidas por las mismas piezas y componentes, y que no hay piezas que se utilicen exclusivamente para las bicicletas eléctricas rápidas. Esto incluye los motores fabricados por los principales productores de motores que pueden utilizarse para propulsar todos los tipos de bicicletas eléctricas con la programación de software adecuada. La diferencia entre las bicicletas eléctricas rápidas y las demás bicicletas eléctricas no puede determinarse de manera fiable por su aspecto físico.

(91)

Según el denunciante, la percepción de los consumidores no es un factor determinante para establecer la definición del producto en los procedimientos de defensa comercial; alegó que las bicicletas eléctricas de pedaleo asistido con motor auxiliar de todos los niveles están disponibles en las diferentes categorías de uso (por ejemplo, desplazamientos al trabajo, trekking, carreras y montaña) y se comercializan a todos los grupos de clientes, independientemente de su edad y sexo. Por tanto, la percepción de los consumidores y el uso no justifican excluir las bicicletas eléctricas rápidas de la definición del producto.

(92)

El denunciante alegó que el criterio de la homologación de tipo y, de manera más general, la clasificación con arreglo al Reglamento (UE) n.o 168/2013 no son adecuados para la definición del producto en el presente caso. Argumentó que no todas las bicicletas eléctricas rápidas están sujetas a la homologación de tipo; solo lo están las destinadas a su utilización en vías públicas. Esto excluiría, por ejemplo, las bicicletas eléctricas de montaña utilizadas exclusivamente para competición o las de montaña todoterreno, que tampoco estarían sujetas a otros requisitos relacionados con la homologación de tipo (placa de matrícula, casco y seguro).

(93)

Además, el denunciante alegó que las bicicletas eléctricas que no están sujetas a homologación de tipo en virtud del Reglamento (UE) n.o 168/2013 sí deben cumplir los requisitos de seguridad para el mismo producto concreto con arreglo a la Directiva sobre máquinas de la Unión. El denunciante añadió que la norma aplicable que establece requisitos específicos es la misma para todas las bicicletas eléctricas, a saber, la norma armonizada EN 15194, por lo que reiteró la alegación indicada en el considerando 71.

(94)

La Comisión observó que su propuesta de ampliar la obligación de seguro de responsabilidad civil a todas las bicicletas eléctricas, utilizada por la CCCME para justificar la presunta diferencia en la percepción del consumidor, también mostraba que las diferencias en los requisitos reglamentarios estaban evolucionando y no proporcionaban una base adecuada y estable para excluir las bicicletas eléctricas rápidas de la definición del producto. La Comisión llegó a la conclusión de que la índole de la información suplementaria presentada no bastaba para modificar sus conclusiones en cuanto a la definición del producto, a saber, que las bicicletas eléctricas tienen las mismas características físicas y propiedades básicas, y que la percepción de los consumidores y los usos se solapan considerablemente. Por tanto, se desestimaron los argumentos de la CCCME.

(95)

En ausencia de más observaciones con respecto a la definición del producto, la Comisión confirmó las conclusiones que figuran en los considerandos 74 a 81.

(96)

Antes de analizar la presunta subvención en forma de subvenciones o regímenes de subvenciones específicos (secciones 3.5 y siguientes del presente Reglamento), la Comisión evaluó los planes, proyectos y otros documentos gubernamentales que guardaban relación con dos o más subvenciones o regímenes de subvenciones. Constató que todas las subvenciones o regímenes de subvenciones evaluados forman parte de la aplicación de una planificación central de las autoridades chinas por las razones siguientes.

(97)

El decimotercer plan quinquenal de desarrollo económico y social nacional de China («el decimotercer plan quinquenal»), que abarca el período 2016-2020, destaca la visión estratégica de las autoridades chinas para la mejora y promoción de las industrias clave, como la de las bicicletas eléctricas.

(98)

En él se recalca el cometido de la innovación tecnológica para el desarrollo económico de China y se prolonga la vigencia de los principios de un desarrollo «ecológico». A tenor de su capítulo 5, una de las principales líneas del desarrollo es fomentar la actualización de la estructura industrial tradicional, como ya hacía el duodécimo plan. Esta idea se precisa más en el capítulo 22, donde se explica la estrategia para modernizar la industria tradicional china promoviendo su conversión tecnológica. A este respecto, se afirma en el decimotercer plan quinquenal que se prestará apoyo a las empresas para «mejorar globalmente en ámbitos como la tecnología de los productos, el equipamiento industrial, la protección ambiental y la eficiencia energética».

(99)

En particular, la parte V (capítulos 22 a 24) tiene por objeto desarrollar un sistema industrial moderno optimizado a fin de transformar a China en un «centro neurálgico de la fabricación» de aquí a 2025. Para que las industrias emergentes impulsen la economía, el plan «alienta» el desarrollo de vehículos propulsados con energías alternativas, promueve su uso y fomenta el desarrollo de vehículos completamente eléctricos. Más concretamente, el capítulo 23 sobre el desarrollo de las industrias estratégicas emergentes indica que las autoridades chinas «apoyarán el desarrollo de tecnologías de la información de nueva generación, de vehículos propulsados con energías alternativas, […] de tecnologías ecológicas y con bajas emisiones de carbono, […]». Además, las autoridades chinas «fomentarán la innovación y aplicación industrial en ámbitos emergentes de vanguardia como […] sistemas de almacenamiento de energía y de energía distribuida de alta eficiencia, […] protección del medio ambiente, […]».

(100)

El decimotercer plan quinquenal clasifica los «vehículos propulsados con energías alternativas» entre las seis «industrias estratégicas» para China y «se esforzará por garantizar que el valor añadido de las industrias estratégicas emergentes alcance el 15 % del PIB de China». En particular, en su capítulo 23, las autoridades chinas se comprometen a lo siguiente:

(101)

El plan de desarrollo de la industria ligera (2016-2020), elaborado por las autoridades chinas para aplicar el decimotercer plan quinquenal y el plan «Made in China 2025», también clasifica las bicicletas y las baterías como industrias clave.

(102)

La industria de la bicicleta y de la bicicleta eléctrica requiere una «ingeniería de reforma tecnológica» mediante «la industrialización de bicicletas de materiales nuevos, y la transformación técnica de la línea de producción de bicicletas eléctricas y sus piezas cruciales que sea inteligente, respetuosa con el medio ambiente y eficiente». En particular, recomienda «promover la industria de las bicicletas para desarrollarlas con menor peso, más diversificadas, ajustadas la moda e inteligentes. Agilizar la I+D y la aplicación de materiales ligeros de alta resistencia, transmisión, sistemas de tracción, energías alternativas, tecnología de sensores inteligentes y tecnologías de la internet de las cosas. Centrarse en el desarrollo de bicicletas diversificadas adaptadas a fines de moda y usos informales, de ejercicio y deporte, todoterreno de larga distancia y plegables de alto rendimiento, así como de bicicletas eléctricas que cumplan las normas y bicicletas eléctricas inteligentes con baterías de iones de litio».

(103)

El plan de desarrollo de la industria ligera también enumera algunas medidas concretas para promover las industrias clave, como las de las bicicletas eléctricas y las baterías, que se describen en los tres considerandos siguientes.

(104)

El primer conjunto de medidas se refiere a la reforma para aumentar el acceso al mercado, principalmente simplificando los trámites administrativos (es decir, cancelar las aprobaciones innecesarias, y reducir y normalizar las comisiones y el proceso de aprobación). Además, las autoridades chinas enumeran los ámbitos industriales y las empresas donde la inversión está prohibida o limitada (es decir, los catálogos de inversión, véase el considerando 126).

(105)

El segundo conjunto de medidas se refiere al aumento del apoyo a la política fiscal financiera:

(106)

El tercer conjunto de medidas se refiere al aumento del apoyo a la política financiera, en particular:

(107)

Los planes de desarrollo de la industria ligera también se formulan a nivel local. Es el caso del plan municipal de desarrollo textil y de la industria ligera de Tianjin para el duodécimo plan quinquenal (2011-2015), en el que se promovió la creación de cuatro bases de industria ligera de nivel nacional en la provincia: «La ciudad de Tianjin construirá una base nacional de producción y exportación de bicicletas. Tomando como núcleo el parque industrial China Bicycle Kindgom en el distrito de Wuqing y el parque industrial de bicicletas y bicicletas eléctricas en el distrito de Binhai, desarrollaremos de forma intensiva las industrias de fabricación de bicicletas y bicicletas eléctricas, piezas de recambio, etc.».

(108)

Del mismo modo, el decimotercer plan quinquenal de Tianjin para el desarrollo económico de la industria establece objetivos de apoyo claros para las industrias de las bicicletas y las bicicletas eléctricas, incluidas las piezas de recambio, tales como:

(109)

Más concretamente, el decimotercer plan quinquenal para la industria de las bicicletas y las bicicletas eléctricas («el decimotercer plan sobre bicicletas»), publicado por la Asociación China de Bicicletas (ACB), menciona las bicicletas entre las industrias emergentes: «se ha elevado al nivel de estrategia nacional a las industrias emergentes», tales como las energías alternativas, los nuevos materiales, internet, la conservación de la energía y la protección del medio ambiente, y la tecnología de la información, por lo que se han transformado en una tendencia inevitable para que las industrias tradicionales entren en la comunidad de las gamas media y alta. La industria de las bicicletas disfrutará sin duda de nuevas oportunidades históricas para el desarrollo, especialmente después de que, en la quinta sesión plenaria, se planteara «promover el desarrollo del tráfico y el transporte con bajas emisiones de carbono y fomentar el desplazamiento ecológico en bicicleta».

(110)

El decimotercer plan sobre bicicletas establece objetivos medibles que las autoridades chinas deben alcanzar de aquí a 2020 en la industria de las bicicletas: «los ingresos procedentes de las principales empresas de escala superior de toda la industria alcanzarán una tasa media de crecimiento anual del 6 %, y superarán los 200 000 millones CNY de aquí a 2020. La exportación de bicicletas y piezas de recambio se mantendrá estable y la exportación de bicicletas eléctricas se incrementará en gran medida. La integración de la industria se verá reforzada y la contribución de las empresas líderes al volumen de producción superará el 50 %. La industria fomentará, construirá conjuntamente y mejorará entre 3 y 5 agrupaciones industriales y regiones características. La proporción de bicicletas de gama media y de gama alta y de bicicletas eléctricas con batería de litio aumentará anualmente».

(111)

Además, el decimotercer plan sobre bicicletas prevé que «se fabricarán entre una y dos marcas internacionales famosas». Aparte de los premios que ya han recibido productores de bicicletas eléctricas (por ejemplo, de marca china famosa, marcha comercial conocida china, sistema de fomento de marca de la industria ligera, marca privilegiada de la industria ligera y reconocimiento a la empresa que ha demostrado fomento de marca de la industria), el plan prevé mejorar también el «sistema de fomento de marca» y realizar la «cuantificación y evaluación del valor de la marca».

(112)

Asimismo, una de las tareas principales enumeradas en el decimotercer plan sobre bicicletas es «seguir fomentando el desarrollo de bicicletas diversas, de marca y de gama alta en la industria, e incrementar progresivamente la proporción de personas que viajan en bicicleta y la proporción de bicicletas de gama media y alta; fabricar bicicletas ligeras, con batería de litio y bicicletas eléctricas inteligentes, y mejorar constantemente la cuota de mercado de las bicicletas con batería de litio y el porcentaje de exportación de bicicletas eléctricas».

(113)

Además, el decimotercer plan sobre bicicletas indica como objetivo principal la mejora «del porcentaje de exportación y de los derechos de establecimiento de precios de las marcas independientes de bicicletas eléctricas».

(114)

En el catálogo de proyectos de inversión sujetos a verificación y aprobación, las autoridades chinas señalan una mayor prioridad para los vehículos propulsados con energías alternativas, como las bicicletas eléctricas: «La capacidad de producción que aumente el número de vehículos propulsados por combustibles tradicionales se controlará estrictamente de manera que, en principio, ya no se verificarán ni aprobarán para la fabricación nuevos fabricantes de esos vehículos. Se hará lo posible por orientar activamente el desarrollo saludable y ordenado de vehículos propulsados por energías alternativas».

(115)

Las autoridades chinas añaden de forma asimétrica los ciclomotores propulsados por combustibles a la lista de «productos obsoletos» del catálogo para orientar la restructuración de la industria (versión de 2011, enmienda de 2013).

(116)

No obstante, las autoridades chinas no limitan sus esfuerzos a las bicicletas eléctricas; también abarcan sus piezas, a saber, motores, unidades de control y baterías.

(117)

El decimotercer plan sobre bicicletas establece explícitamente el vínculo entre el desarrollo de bicicletas eléctricas y de sus piezas, y recomienda «incrementar continuamente el uso de aleación de aluminio, aleación de magnesio, aleación de titanio y otras aleaciones ligeras, fibra de carbono y otros compuestos en las bicicletas acabadas y sus piezas. Mejorar la capacidad de fabricar bicicletas completas de forma independiente gracias al incremento de la calidad y el nivel de las piezas. Proseguir la mejora del rendimiento integral de cuatro componentes eléctricos principales, a saber, el controlador, la batería, el motor y el cargador, con miras a lograr un sistema eléctrico eficiente, que ahorre energía, seguro y fiable para bicicletas eléctricas».

(118)

Además, el decimotercer plan sobre bicicletas establece que durante el quinquenio «se lograrán adelantos en las siguientes tecnologías clave:

(119)

El vínculo entre el desarrollo de bicicletas eléctricas y sus piezas ya se estableció en el duodécimo plan quinquenal para la industria de las bicicletas y las bicicletas eléctricas. El documento hace numerosas referencias a la integración de las «cadenas de producción» y a la necesidad de «acelerar la investigación y el desarrollo de la tecnología clave común de la industria».

(120)

Más concretamente, el duodécimo plan incluye, entre otros, los siguientes objetivos principales para el desarrollo de la industria durante el quinquenio:

(121)

El duodécimo plan sobre bicicletas también enumera las innovaciones tecnológicas clave que se deberían lograr durante el quinquenio. Entre ellas figuran las siguientes:

(122)

Un indicio adicional de que el desarrollo de componentes para el suministro está subordinado al desarrollo de la industria de transformación de bicicletas eléctricas puede observarse en el anuncio de la Oficina General del Gobierno Municipal de Suzhou por el que se distribuyen las medidas administrativas sobre el fondo especial para la mejora industrial y económica municipal (SU FU BAN 2014-137) y el anuncio relacionado sobre la aplicación para el año 2016 del programa del fondo especial económico municipal de Suzhou. En particular, el artículo A3.1 de este último incluye lo siguiente entre las condiciones para obtener una subvención: «Los productos tienen características como un gran potencial de mercado y una gran fuerza motriz, y deben suplir una carencia en la cadena industrial».

(123)

El decimotercer plan quinquenal se refiere explícitamente al apoyo de las autoridades chinas para el desarrollo de «almacenamiento de energía de alta eficiencia», en su capítulo 23 (véase también el considerando 97).

(124)

El plan de desarrollo de la industria ligera (2016-2020) menciona asimismo el sector de las baterías entre las «industrias clave». Además de las medidas de política general descritas en los considerandos 96 a 107, el plan recomienda la aplicación de las «Especificaciones de la industria de baterías de plomo».

(125)

El plan municipal de desarrollo textil y de la industria ligera de Tianjin para el decimotercer plan quinquenal (2016-2020) establece un vínculo entre el apoyo a la producción de bicicletas eléctricas y a sus piezas: «Fomentaremos la aplicación de nuevos materiales, incluidos los materiales compuestos, la aleación ligera y el acero de baja aleación, en la producción de bicicletas y bicicletas eléctricas. Propulsaremos la aplicación de técnicas de control por microordenador, baterías que funcionan con nuevas energías y máquinas eléctricas eficientes con baterías eléctricas».

(126)

Las piezas de bicicletas, y en concreto las baterías y los metales ligeros para los cuadros, figuran en la lista de «industrias fomentadas» del catálogo de orientación para las industrias de inversión extranjera (revisado en 2017). En particular, la lista incluye:

(127)

Del mismo modo, el catálogo de industrias prioritarias para la inversión extranjera en China central y occidental fomenta la inversión extranjera en la industria relacionada con las piezas de bicicletas eléctricas, que incluye: i) la producción de materiales y productos de aleación de aluminio, ii) la producción de servomotores y dispositivos de conducción, iii) la I+D y la fabricación de equipos especiales para la producción de baterías de litio y otros productos de litio, iv) el desarrollo y la fabricación de materiales ligeros como los de gran resistencia.

(128)

Las baterías de litio forman parte de la lista de «industrias fomentadas» en el catálogo de orientación para la restructuración de la industria (enmienda de 2013) (versión de 2011) (publicado por la Orden n.o 9 de la Comisión Nacional de Desarrollo y Reforma).

(129)

Los documentos siguientes también clasifican el sector de la bicicletas eléctricas como sector estratégico, prioritario o fomentado:

(130)

En conclusión, según la información disponible, las industrias de las bicicletas eléctricas y sus piezas (es decir, batería, motor, unidades de control y componentes de metal ligero) se consideran industrias clave/estratégicas, cuyo desarrollo promueven activamente las autoridades chinas como objetivo para las políticas.

(131)

En primer lugar, las autoridades chinas indicaron que no habían podido consultar el decimotercer plan quinquenal para la industria de las bicicletas y las bicicletas eléctricas y que, por lo tanto, no estaban en condiciones de presentar observaciones al respecto.

(132)

Las autoridades chinas también indicaron en su respuesta al cuestionario que la ACB no es más que una asociación industrial, organizada de forma voluntaria por productores de bicicletas, bicicletas eléctricas y sus piezas de recambio. Las autoridades chinas alegaron además que la ACB no es un departamento gubernamental.

(133)

La ACB alegó que es un organismo independiente no sujeto al control de las autoridades chinas. En apoyo de su alegación hizo referencia al «plan global de separación de las cámaras de comercio y los órganos administrativos» publicado por la Oficina General del Comité Central del Partido Comunista de China y la Oficina General del Consejo de Estado.

(134)

La ACB alegó también que el decimotercer plan quinquenal sobre bicicletas era confidencial.

(135)

Tras la comunicación, el Grupo Giant alegó que una de sus empresas vinculadas solamente fabricaba el producto similar, pero no exportaba bicicletas eléctricas a la Unión. Por lo tanto, las posibles subvenciones que esta reciba no pueden considerarse automáticamente subvenciones concedidas a un producto que se despacha a libre práctica en la Unión y que ocasionen un perjuicio a la industria de la Unión. Los posibles beneficios de una subvención concedida tampoco se transfieren a la empresa vinculada que exporta el producto afectado a la Unión. Por tanto, el Grupo Giant alegó que las posibles subvenciones recibidas por la empresa que fabrica el producto similar no benefician a las exportaciones y, por tanto, deben excluirse del cálculo del importe de la subvención otorgada a la empresa exportadora.

(136)

La Comisión consideró que las autoridades chinas deberían haber podido consultar el decimotercer plan sobre bicicletas y que no deben considerarse limitadas por los siguientes hechos:

(137)

Por último, la ACB no aportó ninguna prueba sobre el carácter confidencial del decimotercer plan sobre bicicletas.

(138)

La Comisión recopiló una serie de elementos por los que llegó a la conclusión de que la ACB tenía fuertes vínculos con las autoridades chinas, en especial durante 2016, cuando se aprobó el plan sobre bicicletas:

(139)

Sobre la base de lo anteriormente expuesto, la Comisión rechazó las alegaciones relativas a la existencia y la confidencialidad del decimotercer plan sobre bicicletas y sobre la independencia de la ACB.

(140)

Por lo que respecta a la alegación del Grupo Giant, la Comisión consideró que las diferentes entidades jurídicas que fabrican y venden bicicletas eléctricas forman parte del mismo grupo. El Grupo Giant no negó este extremo. Por lo tanto, el papel específico del beneficiario (que exportara directamente o no el producto afectado durante el período de investigación) fue considerado irrelevante, siempre que estuviera vinculado al productor exportador y que recibiera beneficios relacionados con el producto investigado. El Grupo Giant no negó que se hubieran recibido efectivamente esos beneficios. La Comisión considera que los beneficios recibidos por las entidades jurídicas de un mismo grupo que participen en la producción y la venta de bicicletas eléctricas se acumulan al nivel del grupo y se prorratean, cuando procede. Por ello, hubo que rechazar esta alegación.

(141)

La Comisión pidió a las autoridades chinas que transmitieran cuestionarios específicos a seis bancos de propiedad estatal mencionados en la denuncia, así como a cualquier otra institución que proporcione préstamos o créditos a la exportación a los productores exportadores incluidos en la muestra.

(142)

Las autoridades chinas alegaron que se habían puesto en contacto con las citadas instituciones financieras. No obstante, solo respondieron al cuestionario cuatro bancos de propiedad estatal mencionados específicamente por el denunciante.

(143)

Las autoridades chinas afirmaron no estar facultadas para pedir información a los bancos de propiedad estatal que no respondieron al cuestionario, ya que operan con independencia de ellas. Las autoridades chinas también consideraron que la Comisión les había impuesto una carga injustificada y que carecían de directrices suficientes sobre la manera de presentar la información solicitada y de preparar las versiones no confidenciales de las respuestas.

(144)

La Comisión discrepó de este parecer. En primer lugar, las autoridades chinas pueden acceder a la información solicitada a las entidades de propiedad estatal cuando son el accionista principal o más importante de dichas entidades. Efectivamente, de conformidad con la Ley de la República Popular China sobre los activos estatales de las empresas (14), las agencias de supervisión y administración de activos de propiedad pública establecidas por la Comisión de supervisión y administración de activos públicos del Consejo de Estado y los gobiernos locales del pueblo tienen el cometido y las responsabilidades del aportador de capital de una empresa con inversión pública, en nombre del Gobierno. Por lo tanto, dichas agencias están facultadas para percibir el rendimiento de los activos, participar en la toma de decisiones fundamentales y seleccionar el personal que gestiona las empresas con inversión del Estado. Además, de conformidad con el artículo 17 de la mencionada Ley sobre los activos estatales de las empresas, las empresas con inversión del Estado tienen que aceptar la administración y la supervisión por los gobiernos y por los departamentos y las agencias gubernamentales competentes, así como la supervisión pública, y han de rendir cuentas a los aportadores de capital.

(145)

Las autoridades chinas tienen también las atribuciones necesarias para establecer un diálogo con las instituciones financieras, aunque no sean de propiedad estatal, puesto que estas están sujetas a la jurisdicción de la Comisión de Regulación Bancaria de China (CBRC). Por ejemplo, de conformidad con los artículos 33 y 36 de la Ley de supervisión bancaria (15), la CBRC está facultada para exigir a todas las instituciones financieras con sede en China que presenten información, por ejemplo, estados financieros, informes estadísticos e información relativa a las operaciones empresariales y la gestión. La CBRC puede asimismo ordenar a las instituciones financieras que hagan pública determinada información. En este sentido, la Comisión no comprendía por qué las autoridades chinas no podían pedir a estas instituciones financieras que respondieran al cuestionario específico elaborado por la Comisión a efectos de la presente investigación. No se pedía a las autoridades chinas que recopilaran, analizaran y presentaran la información solicitada. Solo se les pedía que ayudaran a la Comisión a obtener la información necesaria de las entidades financieras.

(146)

Además, si bien los bancos de propiedad estatal que cooperaron dieron algunas explicaciones generales sobre el funcionamiento de sus sistemas de aprobación de créditos y de gestión del riesgo, ninguno dio información específica sobre préstamos concedidos a los productores exportadores incluidos en la muestra, alegando que estaban obligados por requisitos legales y reglamentarios y por cláusulas contractuales en cuanto a la confidencialidad de la información sobre dichos productores exportadores incluidos en la muestra.

(147)

Por tanto, la Comisión consideró que no había impuesto una carga injustificada a las autoridades chinas. Desde el primer momento, la Comisión limitó su investigación a las instituciones financieras que habían concedido préstamos a los productores exportadores incluidos en la muestra. La Comisión también consideró que el cuestionario contenía directrices suficientes sobre la manera de presentar la información solicitada y de preparar las versiones no confidenciales de las respuestas. Las autoridades chinas tampoco especificaron qué instrucciones específicas incluidas en el cuestionario presuntamente no resultaban comprensibles. En aras de la claridad, la Comisión se limitó a solicitar la ayuda de las autoridades chinas para obtener la información necesaria de las entidades financieras y, sin embargo, estas autoridades no cooperaron. Así, consideró que las solicitudes a las autoridades chinas eran razonables y que las directrices eran suficientes.

(148)

Además, la Comisión pidió a los bancos que cooperaron que se pusieran en contacto con los productores exportadores incluidos en la muestra a fin de solicitarles permiso para otorgar acceso a la información sobre cada empresa de la cual dispusieran los bancos. Sin embargo, a pesar de la petición expresa de la Comisión, no lo hicieron ni las autoridades chinas ni ninguno de los bancos que cooperaron.

(149)

La Comisión también había pedido a los productores exportadores incluidos en la muestra que autorizaran el acceso a información sobre cada empresa de la cual dispusieran todos los bancos, públicos y privados, que les hubieran otorgado préstamos. Aunque los productores exportadores incluidos en la muestra dieron su consentimiento para proporcionar acceso a los datos que los bancos poseían sobre ellos, los bancos se negaron a facilitar información detallada, alegando que era confidencial y tenían prohibida su divulgación.

(150)

La Comisión solo recibió información sobre la estructura corporativa y la propiedad de los cuatro bancos de propiedad estatal mencionados en el considerando 52, pero no la información relativa a los préstamos otorgados a los productores exportadores incluidos en la muestra. Tampoco recibió información de ninguna de las demás instituciones financieras que habían otorgado préstamos a los productores exportadores incluidos en la muestra. Uno de esos bancos, EXIM, se negó a proporcionar sus estatutos, alegando que se trataba de información confidencial, por lo que solo aportó información parcial sobre su gobernanza empresarial.

(151)

La Comisión tampoco recibió información específica sobre la evaluación de los riesgos, el proceso interno de aprobación de créditos ni la evaluación de la solvencia crediticia de los préstamos concedidos a los productores exportadores incluidos en la muestra, como se explica en los considerandos 146 a 150. Sin embargo, esa información era necesaria para determinar si se habían concedido préstamos a tipos de interés preferenciales a los productores exportadores incluidos en la muestra. Como estos documentos suelen ser internos de los bancos en cuestión, no pueden incluirse en las respuestas al cuestionario de los productores exportadores incluidos en la muestra.

(152)

La Comisión, al no disponer de información relativa a la mayoría de los bancos de propiedad estatal que concedieron préstamos a los productores exportadores incluidos en la muestra, ni información de cada empresa relativa a los préstamos concedidos por los bancos que cooperaron, consideró que no había recibido información crucial para este aspecto de la investigación.

(153)

Por lo tanto, dada la falta de cooperación, la Comisión informó a las autoridades chinas de que, con arreglo al artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base, tal vez tuviera que recurrir a los datos disponibles al examinar la existencia y el alcance de las presuntas subvenciones concedidas a través de préstamos preferenciales, y les concedió un plazo para que formularan observaciones.

(154)

Las autoridades chinas no presentaron ninguna observación relativa a la aplicación del artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base.

(155)

Así pues, la Comisión tuvo que basarse parcialmente en los datos disponibles al estudiar la existencia y el alcance de las presuntas subvenciones concedidas mediante préstamos preferenciales.

(156)

La Comisión solicitó a las autoridades chinas que transmitieran un cuestionario específico a Sinosure. Sinosure facilitó una respuesta al cuestionario.

(157)

Sin embargo, solo respondió a parte del cuestionario específico relativo al seguro de crédito a la exportación otorgado a los productores exportadores incluidos en la muestra. Tampoco presentó la documentación justificativa solicitada sobre su gobernanza empresarial, como el informe anual o los estatutos, alegando que se trataba de información confidencial.

(158)

Además, Sinosure no dio información específica sobre el seguro de crédito a la exportación otorgado a la industria de las bicicletas eléctricas, sobre el nivel de las primas ni cifras detalladas sobre la rentabilidad de su actividad de seguro de crédito a la exportación.

(159)

A falta de esos datos, la Comisión consideró que no había recibido información crucial para este aspecto de la investigación.

(160)

Como se indica en el considerando 144, la Comisión considera que las autoridades chinas pueden acceder a la información solicitada a las entidades de propiedad estatal cuando son el accionista principal o más importante de dichas entidades. Esto también se aplica a Sinosure, que es una entidad de propiedad íntegramente estatal. Por lo tanto, la Comisión informó a las autoridades chinas de que, con arreglo al artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base, tal vez tuviera que recurrir a los datos disponibles al examinar la existencia y el alcance de las presuntas subvenciones concedidas a través de seguros de crédito a la exportación y les concedió un plazo para que formularan observaciones.

(161)

Las autoridades chinas no presentaron ninguna observación relativa a la aplicación del artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base.

(162)

Por lo tanto, la Comisión tuvo que basarse en parte en los datos disponibles para extraer conclusiones sobre el seguro de crédito a la exportación.

(163)

La Comisión solicitó a las autoridades chinas que enviaran un cuestionario, proporcionado por ella, a los proveedores nacionales de piezas (es decir, motores, baterías y unidades de control) de los productores exportadores incluidos en la muestra. Con ese fin, la Comisión pidió también a todos los productores exportadores incluidos en la muestra que facilitaran a las autoridades chinas una lista de sus proveedores nacionales.

(164)

Aunque los productores exportadores incluidos en la muestra comunicaron a las autoridades chinas la lista de sus proveedores nacionales, estas se negaron a enviar un cuestionario a dichos proveedores. Las autoridades chinas alegaron que ello supondría una carga innecesaria para ellos. Alegaron también que, puesto que estas empresas actúan con independencia de las autoridades chinas, su intervención no habría dado ningún resultado.

(165)

La Comisión discrepó de este parecer. En primer lugar, consideró que la carga de enviar un cuestionario ya preparado a una lista de contactos facilitada no es significativa, sobre todo teniendo en cuenta que se sugería la posibilidad de utilizar correo electrónico. En segundo lugar, la Comisión consideró que las autoridades habrían convencido a más empresas no investigadas directamente para que cooperaran a fin de analizar la situación del mercado en China. De hecho, en opinión de la Comisión, una petición a las empresas para cooperar en la investigación emitida por las autoridades chinas habría sido más eficaz que si esas mismas empresas hubieran recibido una carta de la Comisión. En cualquier caso, la Comisión consideró que toda información que puedan facilitar los proveedores de la industria de las bicicletas eléctricas es esencial para determinar si dicha industria ha recibido insumos por una remuneración inferior a la adecuada. La Comisión considera, por lo tanto, que debería recogerse información al respecto y que las autoridades chinas son las más indicadas para hacerlo o, por lo menos, para facilitar el proceso conforme a lo solicitado por la Comisión. También redundaría en interés de la industria de las bicicletas eléctricas en China refutar las alegaciones de la denuncia de que, en efecto, se suministran insumos por una remuneración inferior a la adecuada. Por lo tanto, se desestimaron los argumentos de las autoridades chinas a este respecto.

(166)

Asimismo, las autoridades chinas se negaron a proporcionar una lista completa de los proveedores nacionales de insumos e informar sobre la estructura de su propiedad, alegando que se trataba de información confidencial. A este respecto, la Comisión señala que el Reglamento de base establece formas de proteger la información confidencial. Además, las autoridades chinas no indicaron cuáles de los proveedores conocidos eran entidades de propiedad estatal y cuáles de propiedad privada. Las autoridades chinas explicaron que no estaban facultadas para pedir esa información a las empresas que no respondieron al cuestionario, ya que operaban con independencia de ellas. Sin embargo, la Comisión considera que las autoridades chinas pueden acceder a la información solicitada a las entidades de propiedad estatal cuando son el accionista principal o más importante de dichas entidades. Y cuando las empresas solicitan una licencia de actividad o su renovación, deben proporcionar información sobre sus accionistas a la Administración de Industria y Comercio. En este contexto, las autoridades chinas tendrían acceso a la información sobre los accionistas. A ello se suma que las autoridades chinas no proporcionaron información sobre la fijación de precios.

(167)

Solo un productor de motores eléctricos y proveedor de baterías, Bafang, que había suministrado insumos a los productores exportadores incluidos en la muestra se dio a conocer y solicitó que se le enviara un cuestionario específico destinado a los proveedores. Este proveedor también presentó una respuesta al cuestionario. Ningún otro proveedor de insumos se dio a conocer.

(168)

En resumen, la Comisión consideró que carecía de información importante sobre tres aspectos: en primer lugar, información sobre la propiedad y la estructura de gobernanza de los proveedores de insumos. Sin esa información, la Comisión no podía determinar si esos productores son organismos públicos. En segundo lugar, información empresarial sobre los proveedores de insumos, por ejemplo, sobre la fijación de precios de los insumos suministrados a los exportadores incluidos en la muestra. En tercer lugar, información relativa a la estructura del mercado. Ahora bien, la información que debería haber sido facilitada por los proveedores nacionales de insumos es necesaria para determinar si dichos insumos se suministraron por una remuneración inferior a la adecuada a los productores exportadores incluidos en la muestra. Además, solo los proveedores pueden presentar esa información, así que no puede obtenerse de las respuestas a los cuestionarios presentadas por los productores exportadores incluidos en la muestra. La información relativa a la estructura del mercado también era esencial y las autoridades chinas eran las más adecuadas para facilitarla o, al menos, para ayudar a la Comisión a obtenerla de los proveedores de insumos.

(169)

Así, la Comisión consideró que no había recibido información crucial para este aspecto de la investigación.

(170)

Por lo tanto, la Comisión informó a las autoridades chinas de que, con arreglo al artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base, tal vez tuviera que recurrir a los datos disponibles al examinar la existencia y el alcance de las presuntas subvenciones concedidas mediante el suministro de insumos por una remuneración inferior a la adecuada y les concedió un plazo para que formularan observaciones. Las autoridades chinas no formularon ninguna observación.

(171)

Giant alegó que la Comisión ha interpretado incorrectamente el artículo 28 del Reglamento de base. Alegó que el artículo 28 se refiere a la falta de cooperación de las partes interesadas y que los proveedores de motores y baterías no son partes interesadas. También afirmó que no hay ninguna alegación de falta de cooperación de Giant y que proporcionó toda la información relativa a sus compras de motores y baterías. Además, alegó que la Comisión debería haberse puesto en contacto directamente con los proveedores en lugar de depender de que las autoridades chinas llevaran a cabo las tareas de la autoridad encargada de la investigación, es decir, enviar cuestionarios a los proveedores de insumos.

(172)

A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que no se discute que Giant haya cooperado plenamente con la investigación y que proporcionara toda la información solicitada. Sin embargo, como se indica en los considerandos 163 a 167 y se resume en el considerando 168, cabe recordar que las autoridades chinas no cooperaron en la medida de sus capacidades, por lo que la Comisión carecía de información importante sobre varios aspectos de esta parte de la investigación, a saber, sobre la estructura de propiedad y gobernanza de los proveedores de insumos; sobre la estructura y el comportamiento del mercado, dado que las autoridades chinas no proporcionaron una respuesta adecuada al cuestionario; e información específica facilitada por los proveedores de insumos, puesto que las autoridades chinas no remitieron el cuestionario pertinente a la lista de contactos de los proveedores de insumos. En lo que respecta a la distribución del cuestionario, se hace referencia a los considerandos 164 y 165, en los que se ha tratado ya la cuestión. En cualquier caso, dado que las autoridades chinas deberían ser consideradas sin duda como parte interesada en este procedimiento, se consideró que la Comisión no había malinterpretado el artículo 28 del Reglamento de base al indicar que las autoridades chinas cooperaron parcialmente y al utilizar los datos disponibles en aquellos aspectos sobre los cuales, como consecuencia de esa cooperación parcial, la Comisión carecía de información importante que debían facilitar directamente las autoridades chinas y los proveedores de insumos tras recibir el cuestionario de estas. Por ello, hubo que rechazar esta alegación.

(173)

Como consecuencia, la Comisión tuvo que basarse también en los hechos disponibles para extraer conclusiones sobre el suministro de motores eléctricos y baterías por una remuneración inferior a la adecuada, de conformidad con el artículo 28, apartado 1.

(174)

Sobre la base de la información contenida en la denuncia, en el anuncio de inicio y en las respuestas al cuestionario de la Comisión, se investigó la presunta subvención estudiando las siguientes subvenciones por parte de las autoridades chinas:

(175)

Según la información facilitada por los cinco productores exportadores incluidos en la muestra, dieciocho instituciones financieras ubicadas en territorio chino les habían concedido préstamos, líneas de crédito o «aceptaciones bancarias». De ellas, once eran bancos de propiedad estatal (16). Las siete instituciones financieras restantes eran de propiedad privada o bien resultó imposible obtener información sobre su propiedad, dada la falta de cooperación descrita en los considerandos 141 a 155. Solo cuatro bancos de propiedad estatal cumplimentaron el cuestionario específico para los bancos (u otras entidades financieras), pese a la petición formulada a las autoridades chinas de que se pusieran en contacto con todas las entidades financieras pertinentes que habían concedido préstamos a los productores exportadores incluidos en la muestra a fin de enviarles los cuestionarios correspondientes.

(176)

La Comisión comprobó si los bancos de propiedad estatal actuaban como organismos públicos en el sentido del artículo 3 y del artículo 2, letra b), del Reglamento de base. A este respecto, el criterio aplicable para determinar si una empresa de propiedad estatal es un organismo público es el siguiente (17): «Lo que importa es si una entidad está facultada para ejercer funciones gubernamentales y no cómo ha obtenido esa facultad. Un gobierno en sentido estricto puede otorgar facultades a las entidades de muy diversas maneras. En consecuencia, diferentes tipos de pruebas pueden ser pertinentes para demostrar que se han conferido esas facultades a una entidad determinada. Las pruebas de que una entidad ejerce, de hecho, funciones gubernamentales pueden constituir una prueba de que posee o se le han otorgado facultades gubernamentales, en particular cuando esas pruebas indican la existencia de una práctica sostenida y sistemática. De ello se desprende, a nuestro juicio, que las pruebas de que un gobierno ejerce un control significativo sobre una entidad y sobre su comportamiento pueden constituir, en determinadas circunstancias, prueba de que la entidad en cuestión posee facultades gubernamentales y actúa en ejercicio de dichas facultades para llevar a cabo funciones gubernamentales. Subrayamos, no obstante, que aparte de una delegación expresa de facultades en un instrumento jurídico, no es probable que la existencia de meros vínculos formales entre una entidad y el gobierno en sentido estricto sea suficiente para establecer la requerida existencia de posesión de facultades gubernamentales. Así, por ejemplo, el mero hecho de que un gobierno sea el accionista mayoritario de una entidad no demuestra que ejerza un control significativo sobre su comportamiento, y menos aún que el gobierno le haya conferido facultades gubernamentales. No obstante, en algunos casos, cuando las pruebas demuestran que hay múltiples indicios formales del control ejercido por el gobierno, y también hay pruebas de que ese control se ejerce de manera significativa, esas pruebas pueden permitir deducir que la entidad en cuestión ejerce facultades gubernamentales». En el caso presente, la conclusión de que los bancos de propiedad estatal tienen autoridad para ejercer facultades gubernamentales se basa en indicios formales del control ejercido por el gobierno y en la prueba de que se ha ejercido de modo significativo.

(177)

La Comisión solicitó información acerca de la propiedad estatal, así como indicios formales de control gubernamental en los bancos de propiedad estatal. También analizó si el control se había ejercido de modo significativo. A tal efecto, la Comisión tuvo que basarse parcialmente en los datos disponibles, ya que las autoridades chinas y los bancos de propiedad estatal se negaron a presentar datos sobre el proceso decisorio que había conducido a los préstamos preferenciales.

(178)

Para el análisis la Comisión examinó, en primer lugar, la información de los tres bancos de propiedad estatal que habían cumplimentado el cuestionario específico y se mostraron dispuestos a celebrar una reunión con el personal de la Comisión..

(179)

Los siguientes cuatro bancos de propiedad estatal cumplimentaron el cuestionario: EXIM, ABC, ICBC y BOC. Como se explica en el considerando 150, EXIM no presentó sus estatutos completos, alegando que se trataba de información confidencial. Asimismo, la Comisión no pudo verificar la información presentada, ya que todos estos bancos solo aceptaron reunirse con los funcionarios de la Comisión en las dependencias de las autoridades chinas y no permitieron una inspección in situ en sus propios locales.

(180)

Basándose en la información recibida en la respuesta al cuestionario y durante la inspección in situ, de las autoridades chinas, la Comisión estableció que estas ostentaban, directa o indirectamente, más del 50 % de las acciones de cada una de estas instituciones financieras.

(181)

Sobre los indicios de control gubernamental de los cuatro bancos de propiedad estatal que cooperaron, la Comisión los calificó a todos de «instituciones financieras clave de propiedad estatal». En particular, en la comunicación «Reglamento provisional relativo a las juntas de supervisores de las instituciones financieras clave de propiedad estatal» se establece lo siguiente:«Las instituciones financieras clave de propiedad estatal mencionadas en el presente Reglamento se refieren a entidades de crédito oficial, bancos comerciales, empresas de gestión de activos financieros, sociedades de valores, empresas de seguros, etc., de propiedad estatal (»instituciones financieras de propiedad estatal«), en cuya junta de supervisores está representado el Consejo de Estado».

(182)

El Consejo de Estado nombra a la junta de supervisores de las instituciones financieras clave de propiedad estatal de conformidad con el Reglamento provisional relativo a las juntas de supervisores de las instituciones financieras clave de propiedad estatal. Sobre la base de los artículos 3 y 5 de ese Reglamento provisional, la Comisión determinó que los miembros de la junta de supervisores son nombrados por el Consejo de Estado, al cual rinden cuentas, lo que ilustra el control institucional del Estado sobre las actividades de negocio de los bancos de propiedad estatal que cooperaron. Además de estos indicios de aplicación general, con respecto a los tres bancos de propiedad estatal la Comisión apreció lo siguiente:

(183)

El banco EXIM se formó y funciona a tenor de la «Notificación de la creación del Banco de Importación y Exportación de China» del Consejo de Estado y de sus propios estatutos. Según sus estatutos (18), el Estado nombra directamente a los directores del EXIM. El Consejo de Estado nombra la junta de supervisores de conformidad con el Reglamento provisional relativo a las juntas de supervisores de las instituciones financieras clave de propiedad estatal (Decreto del Consejo de Estado n.o 282) y demás leyes y reglamentos; la junta de supervisores rinde cuentas al Consejo de Estado.

(184)

Los estatutos también mencionan que el comité del Partido del EXIM desempeña un cometido central y eminentemente político para que el EXIM aplique las políticas del Estado y vele por el mayor desarrollo del Partido. La dirección del Partido está implicada en todos los aspectos de la gobernanza corporativa.

(185)

Los estatutos también contemplan que el EXIM está dedicado a potenciar el desarrollo del comercio exterior y la cooperación económica, la inversión transfronteriza, la iniciativa «One Belt, One Road» (Un cinturón, una ruta), la cooperación internacional y la fabricación de equipos. Su ámbito de actividad son los préstamos a corto, medio y largo plazo, que se aprueben y estén en línea con las políticas estatales de comercio exterior y de «internacionalización», como las de crédito a la exportación y a la importación, préstamos a la ingeniería contratados en el extranjero, préstamos a la inversión en el exterior, préstamos para ayuda al exterior del Gobierno de China y préstamos a las ventas de exportación.

(186)

Según el artículo 137 de los estatutos del banco ABC, las autoridades chinas, como principal accionista (79,62 %), están facultadas para designar a la totalidad de los directores del consejo de administración. Esto mismo se aplica a la junta de supervisores, según el artículo 204 de los estatutos.

(187)

Además, de conformidad con los estatutos del ABC, el consejo de administración establece la estrategia del banco, decide su presupuesto, toma decisiones de inversión, nombra al presidente y al secretario de la junta del banco, y establece y supervisa el sistema de gestión de riesgo del banco. Esta lista no exhaustiva de responsabilidades ilustra el control institucional que ejerce el Estado sobre la actividad cotidiana del ABC.

(188)

La Comisión también constató que las instituciones financieras de propiedad estatal, como ABC, ICBC y BOC, habían modificado sus estatutos en 2017, aumentando el cometido del Partido Comunista de China (PCCh) en sus niveles más altos de toma de decisiones.

(189)

Los nuevos estatutos estipulan que:

(190)

Según el artículo 125 de los estatutos del banco BOC, las autoridades chinas, como principal accionista (64,63 %), están facultadas para designar a los directores tanto ejecutivos como no ejecutivos del banco, que constituyen el consejo de administración.

(191)

Además, de conformidad con esos estatutos, el consejo de administración, entre otras cosas, decide los principios estratégicos de la institución financiera, los planes empresariales y los principales planes de inversión, nombra o destituye a los altos directivos como el presidente y el secretario del consejo, el vicepresidente y demás altos cargos. El consejo también decide sobre la aplicación de resoluciones de la junta de accionistas, y aprueba las políticas de gobernanza corporativa. Esta lista no exhaustiva de responsabilidades ilustra el control institucional que ejerce el Estado sobre la actividad cotidiana del BOC.

(192)

Además, las nuevas estipulaciones relativas al cometido del PCCh, mencionadas en el considerando 189, se aplican igualmente al BOC:

(193)

Según el artículo 115 de los estatutos del banco ICBC, las autoridades chinas, como principal accionista (69,31 %), están facultadas para designar a los directores tanto ejecutivos como no ejecutivos del banco, que constituyen el consejo de administración.

(194)

Además, de conformidad con esos estatutos, el consejo de administración, entre otras cosas, decide el plan empresarial, las propuestas de inversión y las estrategias de desarrollo del banco, nombra o destituye a los altos directivos como el presidente y el secretario del consejo, el vicepresidente y demás altos cargos. El consejo también decide sobre la aplicación de resoluciones de la junta de accionistas y elabora los sistemas básicos de gestión. Esta lista no exhaustiva de responsabilidades ilustra el control institucional del Estado sobre la actividad cotidiana del ICBC.

(195)

La Comisión pidió asimismo información sobre si las autoridades chinas ejercen un control significativo sobre el funcionamiento de los cuatro bancos de propiedad estatal que cooperaron en lo relativo a las políticas de préstamo y la evaluación del riesgo al conceder préstamos a la industria de las bicicletas eléctricas. A este respecto, se tuvieron en cuenta los siguientes documentos normativos:

(196)

Tras haber estudiado estos documentos normativos, la Comisión concluyó que las instituciones financieras chinas operan en un entorno jurídico general que las conduce a alinearse con los objetivos de política industrial de las autoridades chinas al tomar decisiones financieras, por los motivos que se indican a continuación.

(197)

Por lo que respecta al EXIM, su mandato de función pública está establecido en la «Notificación de la creación del Banco de Importación y Exportación de China» y en sus propios estatutos.

(198)

A nivel general, el artículo 34 de la Ley bancaria, que se aplica a todas las instituciones financieras que operan en China, dispone que «la banca comercial deberá desarrollar su negocio de préstamo con arreglo a las necesidades del desarrollo económico y social nacional y de acuerdo con las orientaciones de las políticas industriales del Estado». A pesar de que el artículo 4 de la Ley bancaria establece que «la banca comercial realizará sus operaciones empresariales sin interferencias de ninguna unidad o persona. La banca comercial asumirá con independencia la responsabilidad civil con la totalidad de su propiedad como persona jurídica», de la investigación se desprendió que dicho artículo se aplica subordinado al artículo 34 de la Ley bancaria, es decir, que cuando el Estado establece una política pública, los bancos la aplican y siguen las instrucciones estatales.

(199)

Además, el artículo 15 de las Normas generales sobre préstamos establece que: «con arreglo a la política del Estado, los departamentos pertinentes podrán subvencionar los intereses sobre los préstamos, con la intención de promover el crecimiento de determinadas industrias y el desarrollo económico de determinadas zonas».

(200)

La información pública disponible confirma que las citadas disposiciones se aplican en la práctica. Por ejemplo, el informe anual de 2016 del ICBC afirma, entre otras cosas, que «el banco ejecutó activamente las políticas nacionales, prosiguió el apoyo de la reforma estructural del lado de la oferta, […] El Banco siguió reforzando los programas gubernamentales clave e importantes proyectos de construcción y se cumplió de manera proactiva las estrategias nacionales de desarrollo sobre las “cuatro regiones” (regiones occidentales, regiones nororientales, regiones orientales y regiones centrales) y los “tres cinturones de apoyo” (la iniciativa “Belt and Road”, el desarrollo coordinado de la región Pekín-Tianjin-Hebei y el desarrollo de la Zona Económica del río Yangtze)» (19).

(201)

Concluyó asimismo la Comisión que la Comisión de Regulación Bancaria de China (CBRC) tiene una amplia autoridad de aprobación de todos los aspectos de gestión del conjunto de las instituciones financieras establecidas en China (incluidas las de propiedad privada y las de propiedad extranjera), tales como (20):

(202)

Sobre esta base, la Comisión concluyó que las autoridades chinas han creado un marco normativo que deben cumplir los gestores y supervisores por ellas designados, que también deben rendirles cuentas. Por tanto, las autoridades chinas se basan en el marco normativo para ejercer control de forma significativa sobre el funcionamiento de los bancos de propiedad estatal que cooperaron cuando estos conceden préstamos a la industria de las bicicletas eléctricas.

(203)

La Comisión también buscó pruebas concretas del ejercicio del control de modo significativo estudiando préstamos concretos. Durante la investigación, los bancos de propiedad estatal que cooperaron sostuvieron que, en la práctica, habían utilizado políticas y modelos apropiados de evaluación del riesgo crediticio antes de conceder los préstamos en cuestión.

(204)

Sin embargo, no dieron ejemplos concretos sobre los productores exportadores incluidos en la muestra. Como también se explica en los considerandos 144 a 155, los cuatro bancos de propiedad estatal que cooperaron, alegando razones reglamentarias y contractuales, se negaron a facilitar información sobre los productores exportadores incluidos en la muestra, incluidas las evaluaciones específicas del riesgo crediticio, pese a que la Comisión les presentó el consentimiento escrito de dichos productores exportadores en el que renunciaban a sus derechos de confidencialidad.

(205)

A falta de pruebas tangibles de evaluaciones de la solvencia crediticia realizadas por los bancos, la Comisión examinó el conjunto del entorno jurídico descrito en los considerandos 195 a 202, junto con el comportamiento de los cuatro bancos de propiedad estatal que cooperaron en lo relativo a los préstamos que concedieron a los productores exportadores incluidos en la muestra. Este comportamiento parecía contrastar con su postura oficial, expresada durante la inspección in situ a las autoridades chinas, ya que en la práctica no facilitaban pruebas de que actuaran partiendo de una exhaustiva evaluación del riesgo con base en el mercado.

(206)

Las inspecciones in situ pusieron de manifiesto que, con la excepción de un productor exportador que no tenía ningún préstamo bancario pendiente durante el período de investigación, se concedieron préstamos a los cuatro grupos restantes de productores exportadores incluidos en la muestra a tipos de interés cercanos a los de referencia del Banco Popular de China (PBOC) o a los tipos de referencia interbancarios, independientemente de la situación financiera y del riesgo crediticio de la empresa. Es decir, los préstamos se concedieron por debajo de los tipos de mercado si se comparan con el tipo correspondiente al perfil de riesgo de los cuatro productores exportadores incluidos en la muestra. Además, un productor exportador incluido en la muestra había obtenido préstamos nuevos en condiciones similares a los que vencían en la misma fecha de amortización de los préstamos anteriores. Así, las disposiciones funcionaban, de hecho, como un sistema de préstamos renovables. Además, tres de los cinco productores exportadores incluidos en la muestra se beneficiaron de aceptaciones bancarias a una tasa estándar del 0,05 %, independientemente de la situación financiera y del riesgo crediticio de la empresa.

(207)

Por todo ello, la Comisión concluyó que las autoridades chinas habían ejercido un control significativo sobre el funcionamiento de los bancos de propiedad estatal que cooperaron en lo relativo a sus políticas de préstamo y la evaluación del riesgo acerca de la industria de las bicicletas eléctricas.

(208)

La Comisión consideró que las cuatro instituciones financieras de propiedad estatal que cooperaron aplican el marco jurídico expuesto ejerciendo funciones gubernamentales con respecto al sector de las bicicletas eléctricas, por lo que actúan como organismos públicos en el sentido del artículo 2, letra b), del Reglamento de base, leído en relación con el artículo 3, apartado 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base y de conformidad con la jurisprudencia correspondiente de la OMC.

(209)

Tal como se indica en la sección 3.3, ninguno de los demás bancos de propiedad estatal que concedieron préstamos a los productores exportadores incluidos en la muestra respondió al cuestionario específico. Por ello, en línea con las conclusiones expuestas en los considerandos 141 a 155 153, la Comisión decidió utilizar los datos disponibles para determinar si esos bancos pueden considerarse organismos públicos.

(210)

En la investigación antisubvenciones relativa a las importaciones de determinados productos planos laminados en caliente de hierro, de acero sin alear o de los demás aceros aleados originarios de la República Popular China (21), la Comisión determinó que los siguientes bancos que habían concedido préstamos, líneas de crédito o aceptaciones bancarias a los cinco grupos de productores exportadores incluidos en la muestra investigados eran de propiedad total o parcial del Estado, directamente o a través de personas jurídicas: China Merchants Bank, Shangai Pudong Development Bank, Bank of Ningbo, Everbright Bank, Bank of Communications, China Construction Bank, Bohai Bank y Citic Bank. Dado que no se ha facilitado información que indique lo contrario, la Comisión mantuvo la misma conclusión en la presente investigación.

(211)

La Comisión también determinó que eran de propiedad y estaban bajo el control de las autoridades chinas, en ausencia de información en contrario de las entidades financieras en cuestión, basándose en indicios formales, por las mismas razones expuestas en la sección 3.5.1.1. En particular, en ausencia de información que indique lo contrario, se emplea la hipótesis de que los gestores y los supervisores del banco de propiedad estatal que no cooperó son nombrados por las autoridades chinas, a las que rinden cuentas, al igual que los bancos de propiedad estatal que cooperaron.

(212)

En lo que respecta al control efectivo de manera significativa, y a falta de cualquier otra información, la Comisión consideró que las conclusiones relativas a las cuatro instituciones financieras que cooperaron también son representativas para la institución financiera de propiedad estatal que no cooperó. El marco normativo analizado en la sección 3.5.1.1 se les aplica de manera idéntica. Por lo tanto, a falta de indicación en contrario y sobre la base de los datos disponibles, la falta de pruebas tangibles de evaluaciones de la solvencia crediticia también es aplicable a los cuatro bancos de propiedad estatal que cooperaron.

(213)

Además, la Comisión observó que la mayoría de los contratos de préstamos otorgados a los productores exportadores incluidos en la muestra tenían condiciones similares y que los tipos de interés convenidos también eran similares y coincidían parcialmente con los ofrecidos por los cuatro bancos de propiedad estatal que cooperaron.

(214)

Por consiguiente, la Comisión consideró que las conclusiones relativas a los bancos de propiedad estatal que cooperaron constituían los datos disponibles en el sentido del artículo 28 del Reglamento de base para evaluar a los demás bancos de titularidad pública, dadas estas similitudes de las condiciones del préstamo y los tipos de interés, así como la representatividad de las tres instituciones financieras inspeccionadas.

(215)

Sobre esa base, la Comisión llegó a la conclusión de que los demás bancos de propiedad estatal que concedieron préstamos a alguno de los productores exportadores incluidos en la muestra también son poderes públicos en el sentido del artículo 2, letra b), y del artículo 3 del Reglamento de base.

(216)

A la luz de estas consideraciones, la Comisión llegó a la conclusión de que las instituciones financieras chinas de propiedad estatal que concedieron préstamos a los grupos de productores exportadores que cooperaron incluidos en la muestra son organismos públicos en el sentido del artículo 2, letra b), y del artículo 3 del Reglamento de base.

(217)

Además, aunque no se considerara organismos públicos a las instituciones financieras de propiedad estatal, sí que podría considerarse que habían recibido encomienda u orden de las autoridades chinas para llevar a cabo funciones que suelen ser propias del Gobierno, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base por las mismas razones expuestas en los considerandos 218 a 222. Así, su comportamiento sería atribuido a las autoridades chinas en cualquier caso, como se explica en la sección 3.5.1.

(218)

Se consideró que las siguientes instituciones financieras eran de propiedad privada, según información pública disponible: Mizuho Bank (y Mizuho Corporate Bank), Bank of Tokyo Mitsubishi UF y Minsheng Bank. En relación con las siguientes instituciones financieras, la Comisión no pudo verificar si eran de propiedad estatal o privada, ya que no cooperaron y no disponía de información pública suficiente: Zhejiang Jinhua Chengtai Rural Commerce Bank, Zhejiang Yongkang Rural Commerce Bank y Pufa Bankwere. Siguiendo un enfoque prudente, la Comisión analizó estas últimas como si fueran instituciones financieras de propiedad privada y en adelante hace referencia a ellas como «instituciones financieras de propiedad privada». La Comisión analizó si estas instituciones habían recibido encomienda u orden de las autoridades chinas de conceder subvenciones al sector de las bicicletas eléctricas en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base.

(219)

Según el informe del Órgano de Apelación de la OMC «Estados Unidos, Investigación en materia de derechos compensatorios sobre los semiconductores para memorias dinámicas de acceso aleatorio (DRAM) procedentes de Corea» (22), un gobierno «encomienda» cuando otorga responsabilidad a una entidad privada y «ordena» cuando ejerce su autoridad sobre una entidad privada. En ambos casos, el gobierno recurre a una entidad privada para que, en su nombre, efectúe la contribución financiera y «en la mayoría de los casos cabría esperar que la encomienda o la orden impartida a una entidad privada entrañara alguna forma de amenaza o estímulo» (23). Al mismo tiempo, el artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iv), del Reglamento de base no permite a los miembros imponer medidas compensatorias a productos «cuando el gobierno solo ejerce sus competencias reguladoras generales» (24) o cuando la intervención gubernamental «puede tener o no un resultado particular simplemente sobre la base de circunstancias de hecho y del ejercicio de la libertad de elección por los agentes en dicho mercado» (25). Al contrario, encomendar y ordenar implican por parte del gobierno «una función más activa que los meros actos de aliento» (26).

(220)

El marco normativo relativo a la industria de las bicicletas eléctricas que se ha mencionado en los considerandos 195 a 202 se aplica a todas las instituciones financieras de China, sean o no de propiedad privada. Para ilustrarlo, la Ley bancaria y las diversas órdenes de la CBRC van dirigidas a todos los bancos de financiación china y con capital extranjero gestionados por la CBRC.

(221)

Además, la investigación puso de manifiesto que la mayoría de los contratos de préstamo de los productores exportadores incluidos en la muestra tenían condiciones similares y que los tipos de interés ofrecidos por las instituciones financieras privadas eran similares en la mayoría de los casos y coincidían parcialmente con los ofrecidos por las instituciones financieras de propiedad pública.

(222)

A falta de información en otro sentido procedente de las instituciones financieras privadas, la Comisión llegó a la conclusión de que, por lo que respecta a la industria de las bicicletas eléctricas, todas las instituciones financieras que operan en China bajo supervisión de la CRBC (también las privadas) habían recibido encomienda u orden del Estado, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iv), primer guion, del Reglamento de base, de alinearse con las políticas gubernamentales y conceder préstamos a tipos preferenciales a la industria de las bicicletas eléctricas.

(223)

Tras la comunicación, varias partes interesadas rebatieron la opinión de que los bancos privados hubieran recibido «encomienda» u «orden» de las autoridades chinas.

(224)

En primer lugar, una de las partes alegó que, pese al artículo 34 de la Ley bancaria de China mencionada en el considerando 198, la ley no obliga a los bancos a atenerse a los objetivos de política industrial de las autoridades chinas. Se alegó que el artículo 34 es una declaración general sin consecuencias prácticas y que las políticas industriales estatales desempeñan meramente una función de orientación, no de decisión. La misma parte también se refirió al artículo 41 de la Ley bancaria para respaldar su argumento de que las autoridades chinas no pueden obligar a los bancos privados a que adopten medidas concretas. Además, rechazó que la afirmación «los tipos de interés ofrecidos por las instituciones financieras privadas eran similares en la mayoría de los casos y coincidían parcialmente con los ofrecidos por las instituciones financieras de propiedad pública», mencionada en el considerando 221, fuera un indicador válido de encomienda u orden. En suma, la parte alegó que las pruebas disponibles no bastan para demostrar la encomienda o la orden.

(225)

En segundo lugar, esta parte alegó que la autoridad de aprobación por la CBRC del nombramiento del personal directivo y de las acciones administrativas que se explica en el considerando 200 no genera ninguna acción afirmativa o explícita de delegación o de mando.

(226)

En tercer lugar, la misma parte alegó que el mero hecho de que las partes privadas actúen de manera que no sea comercialmente razonable no basta para demostrar la existencia de una encomienda u orden.

(227)

En cuarto lugar, varias partes interesadas alegaron que la Comisión no había realizado una evaluación individual de cada entidad financiera y que la encomienda u orden no pueden demostrarse sin llevar a cabo una verificación en las instituciones financieras en cuestión.

(228)

Por último, una parte alegó que la Comisión había mezclado los conceptos de «encomienda» y de «orden».

(229)

Por lo que respecta a las alegaciones primera, segunda y tercera, la Comisión desearía recordar que no recibió cooperación alguna de las instituciones financieras ni de las autoridades chinas y, por lo tanto, no se le han facilitado pruebas ni información que contradigan las conclusiones alcanzadas en los considerandos 175 a 222. De hecho, se ha de examinar la Ley bancaria de China teniendo en cuenta todas las pruebas disponibles, lo que indica que esas declaraciones son algo más que meros actos de aliento. Por lo que respecta a la cuarta alegación, debido a la falta de cooperación, no se pudo evaluar individualmente a ninguna de las instituciones financieras. Es más, la información de acceso público de los bancos chinos contradice las alegaciones de que no hay pruebas de encomienda u orden y de que las autoridades chinas no pueden obligar a los bancos privados a adoptar un curso de acción determinado. En efecto, los bancos privados reciben la orden de las autoridades chinas de lograr los objetivos de política pública encaminados a apoyar determinados sectores fomentados mediante préstamos preferenciales. Además, a falta de información que indique lo contrario, como se indica en el considerando 221, la Comisión determinó que los bancos privados aplicaban condiciones y tipos de interés similares a los bancos públicos. Esto es un indicio de que los bancos privados seguían la política de préstamos públicos consagrada en la Ley bancaria y las diversas órdenes de la CBRC. Por último, la alegación de que la Comisión había mezclado los conceptos de encomienda y orden no estaba fundamentada ni se explicaba en más detalle. Sin embargo, la Comisión señaló que las normas de «encomienda» y de «orden» no se excluyen mutuamente, ya que en ambos casos el Gobierno recurre a una entidad privada para que, en su nombre, efectúe una contribución financiera. Por tanto, fue preciso rechazar estas alegaciones.

(230)

Como se demuestra en los considerandos 195 a 202, varios documentos normativos específicamente destinados a empresas del sector de las bicicletas eléctricas ordenan a las instituciones financieras que concedan préstamos a tipos preferenciales a la industria de las bicicletas eléctricas. Sobre la base de esos documentos, queda demostrado que dichas instituciones solo ofrecen préstamos preferenciales a un número limitado de industrias o empresas que cumplen las políticas pertinentes de las autoridades chinas.

(231)

La Comisión concluyó, por lo tanto, que las subvenciones en forma de préstamos preferenciales no están disponibles de forma general, sino que son específicas en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base. Además, ninguna de las partes interesadas presentó pruebas que indicaran que el préstamo preferencial se hubiera basado en criterios o condiciones objetivos, en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base.

(232)

Tras la comunicación, varias partes interesadas alegaron que los préstamos preferenciales no son específicos de la industria de las bicicletas eléctricas y no deberían considerarse sujetos a medidas compensatorias. Alegaron que la Comisión debería haber demostrado la especificidad a partir de pruebas positivas. Una de estas partes alegó además que el decimotercer plan quinquenal menciona, de hecho, una amplia gama de industrias distintas de las bicicletas eléctricas y no establece ni ordena subvenciones directas, sino que se limita a alentar el desarrollo de las industrias que en él se mencionan. Esta parte alegó también que no puede extraerse la conclusión de que los bancos estén obligados a conceder préstamos a tipos preferenciales.

(233)

La Comisión desea recordar que, como se indica en el considerando 220, el marco normativo relativo a la industria de las bicicletas eléctricas se aplica, en primer lugar, a todas las instituciones financieras de China y dispone, entre otras cosas, que «la banca comercial deberá desarrollar su negocio de préstamo con arreglo a las necesidades del desarrollo económico y social nacional y de acuerdo con las orientaciones de las políticas industriales del Estado». En segundo lugar, como se establece en los considerandos 96 a 139, no solo en el decimotercer plan quinquenal sino también en otros planes gubernamentales, se establecen políticas públicas específicas para apoyar la industria de las bicicletas eléctricas. Además, debido a la falta de cooperación de las autoridades chinas y de las entidades financieras, esta es la única información disponible que permitió a la Comisión extraer conclusiones de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de base. Ninguna de las partes interesadas presentó tampoco pruebas en apoyo de estas alegaciones. Por último, la Comisión señaló que el decimotercer plan quinquenal, examinado en su contexto adecuado, no se puede considerar un mero acto de aliento y sus objetivos de apoyo público no son la mayoría de las industrias de China, sino que se limitan específicamente a ciertas industrias. Por tanto, se rechazaron las alegaciones.

(234)

Para calcular el importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias, la Comisión evaluó el beneficio obtenido por los destinatarios durante el período de investigación. De conformidad con el artículo 6, letra b), del Reglamento de base, el beneficio obtenido por el beneficiario será la diferencia entre la cantidad que paga la empresa en concepto de intereses por el préstamo preferencial y la que pagaría por un préstamo comercial comparable que pudiera obtener en el mercado.

(235)

A este respecto, la Comisión constató varias particularidades del mercado chino de las bicicletas eléctricas. Como se expone en las secciones 3.5.1 a 3.5.3, los préstamos concedidos por las instituciones financieras chinas reflejan una intervención sustancial del gobierno, y no los tipos que suelen encontrarse en un mercado operativo.

(236)

Los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra difieren en cuanto a su situación financiera general. Cada uno de ellos se benefició durante el período de investigación de tipos de préstamos que diferían en cuanto a sus plazos de vencimiento, garantías, avales y otras condiciones. Por estas dos razones, cada productor exportador tenía un tipo de interés medio distinto, según los préstamos que hubiera recibido.

(237)

Para reflejar estas particularidades, la Comisión evaluó individualmente la situación financiera de cada uno de los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra. A este respecto, la Comisión siguió la metodología de cálculo de préstamos preferenciales establecida en la investigación antisubvenciones sobre productos planos de acero laminados en caliente originarios de China (27) que se explica en los siguientes considerandos. Con esa base, la Comisión calculó individualmente el beneficio de las prácticas crediticias preferenciales correspondiente a cada uno de los grupos de productores exportadores incluidos en la muestra, y asignó tal beneficio al producto afectado.

(238)

En la investigación antisubvenciones sobre productos planos de acero laminados en caliente originarios de China (28), la Comisión ya había determinado que las calificaciones crediticias nacionales concedidas a empresas chinas no eran fiables, según un estudio publicado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) (29), que mostraba discrepancias entre las calificaciones crediticias internacionales y las chinas, conclusión que se confirmó con las conclusiones de la presente investigación relativa a los productores exportadores incluidos en la muestra. Según el FMI, más del 90 % de las obligaciones chinas están calificadas de AA a AAA por las agencias locales, lo que no es comparable a otros mercados, como los de la UE o los EE. UU., Por ejemplo, menos del 2 % de las empresas tienen esas calificaciones máximas en este último. Así pues, las agencias de calificación crediticia chinas se inclinan marcadamente hacia la parte alta de la escala de calificación. Sus escalas de calificación son muy amplias y tienden a agrupar obligaciones con riesgos de impago significativamente distintos en una amplia categoría de calificación (30).

(239)

Además, algunas agencias de calificación extranjeras, como Standard and Poor's y Moody's, tienden a aplicar un incremento a la calificación crediticia de referencia del emisor partiendo de una estimación de la importancia estratégica de la empresa para el Gobierno chino y de la fortaleza de cualquier aval implícito al calificar las obligaciones chinas emitidas en el exterior (31). Por ejemplo, otra agencia de calificación internacional, Fitch, indica claramente, cuando corresponde, que dichos avales constituyen un elemento fundamental al establecer su calificación crediticia de empresas chinas (32).

(240)

Durante la investigación, la Comisión encontró más información que completa este análisis. En primer lugar, determinó que el Estado puede influir en el mercado de la calificación crediticia porque las agencias de calificación crediticia son, al menos en parte, de propiedad estatal. Según dos estudios publicados en 2016, había unas doce las agencias de calificación crediticia activas en el mercado chino, la mayoría de ellas de propiedad estatal. Un 60 % de las obligaciones de empresa calificadas en China lo han sido por una agencia de calificación de propiedad estatal (33).

(241)

Las autoridades chinas confirmaron que durante el período de investigación había doce agencias de calificación crediticia activas en el mercado de obligaciones de China, diez de ellas nacionales. Las otras dos eran agencias en participación chino-extranjera.

(242)

En segundo lugar, no se entra libremente al mercado chino de la calificación crediticia. Se trata, básicamente, de un mercado cerrado, ya que las agencias de calificación tienen que ser aprobadas por la Comisión Reguladora de Valores de China (CSRC) o por el Banco Popular de China (PBOC) antes de empezar a operar (34). Durante el período de investigación, las agencias extranjeras no tenían autorización para operar en el mercado de calificación crediticia nacional de China, pues este figuraba en la categoría «restringida» del Repertorio de industrias para la inversión extranjera, y las agencias de calificación crediticia extranjeras tenían prohibido emitir calificaciones sobre obligaciones nacionales. A mediados de 2017, el Banco Popular de China anunció que se autorizaría a las agencias de calificación crediticia extranjeras a emitir calificaciones crediticias sobre una parte del mercado de obligaciones nacional, bajo determinadas condiciones, pero esta medida todavía no era aplicable durante el período de investigación (35). No obstante, entre tanto, algunas agencias extranjeras se establecieron en participación con agencias locales que emiten calificaciones crediticias sobre emisiones de obligaciones nacionales. Con todo, estas calificaciones siguen las escalas de calificación chinas, por lo que no son comparables con las internacionales, como ya se ha expuesto.

(243)

Además, en la investigación se observó que, cuando los productores exportadores incluidos en la muestra tenían una calificación crediticia, esta había sido otorgada por el banco que les había concedido préstamos, no por una agencia de calificación crediticia.

(244)

Vista la situación descrita en los considerandos 238 a 243, la Comisión llegó a la conclusión de que las calificaciones crediticias chinas no ofrecen una estimación fiable del riesgo crediticio del activo subyacente.

(245)

A efectos de la presente investigación, el Grupo Giant de China está integrado por un productor exportador y tres empresas proveedoras de insumos. Además, una empresa vinculada de China producía bicicletas eléctricas, pero no exportaba el producto afectado al mercado de la Unión. Las demás empresas del grupo no se tuvieron en cuenta en la presente investigación, ya que no participan en la producción y venta de bicicletas eléctricas. La sede del grupo está ubicada en Taiwán y no hay ninguna sociedad de cartera en China que ejerza el control sobre todas las empresas que operan en ese país.

(246)

El Grupo Giant también presentó su situación financiera como rentable en general, según sus propios estados financieros. El productor exportador del Grupo Giant fue rentable durante el período de investigación, pero incurrió en pérdidas en 2014. Otras dos empresas del grupo investigadas también incurrieron en pérdidas durante el período de investigación. Los demás indicadores financieros, como el cociente deuda/activos o el de cobertura de intereses, no indicaban problemas estructurales significativos por lo que se refiere a la capacidad de reembolso de la deuda de la empresa. El Grupo Giant tenía préstamos denominados en CNY, USD, EUR y JPY otorgados por instituciones financieras chinas. También obtenía los fondos que necesitaba de tres bancos mediante aceptaciones bancarias.

(247)

Las calificaciones crediticias presentadas a la Comisión por el productor exportador del Grupo Giant no fueron otorgadas por agencias de calificación crediticia reconocidas, sino por instituciones financieras chinas de propiedad estatal. Estas calificaciones eran de entre AA+ y BBB+ durante el período de investigación. Vistas las distorsiones generales de las calificaciones crediticias chinas mencionadas en los considerandos 238 a 243 y al no presentarse calificaciones otorgadas por agencias de calificación crediticia, la Comisión llegó a la conclusión de que estas calificaciones no eran fiables.

(248)

Como se expone en la sección 3.5.1, las instituciones financieras acreedoras chinas no presentaron ninguna evaluación de la solvencia. Por lo tanto, a fin de determinar el beneficio, la Comisión tuvo que evaluar si los tipos de interés de los préstamos concedidos al Grupo Giant se ajustan a los del mercado.

(249)

En ausencia de calificaciones crediticias fiables y coherentes para el Grupo Giant, y por la situación de rentabilidad que se explica en el considerando 246, la Comisión consideró que la situación financiera general del grupo corresponde a una calificación BB, que es la más alta que ya no puede calificarse como «de grado de inversión». La categoría «de grado de inversión» significa que la agencia de calificación crediticia considera que la probabilidad de que las obligaciones emitidas por la empresa satisfagan las exigencias de pago es suficiente como para que los bancos puedan invertir en ellas. Por lo tanto, se utilizaron obligaciones de empresa con calificación BB emitidas en las denominaciones pertinentes durante el período de investigación para establecer una referencia apropiada.

(250)

A continuación, la prima previsible para las obligaciones emitidas por empresas con esta calificación (BB) se aplicó al tipo de interés estándar del Banco Popular de China con objeto de determinar el tipo de interés del mercado.

(251)

Esa prima de recargo se estableció calculando el diferencial relativo entre los índices de las obligaciones de empresa con la calificación AA y con la calificación BB (EE. UU.) sobre la base de los datos de Bloomberg para los segmentos industriales. El diferencial relativo así calculado se sumó a los tipos de interés de referencia publicados por el Banco Popular de China en la fecha en que se concedió el préstamo (36) y por la misma duración que este. Esto se hizo individualmente para cada préstamo concedido a la empresa.

(252)

Con respecto a los préstamos concedidos en China en divisas extranjeras, se observa la misma situación de distorsiones del mercado y ausencia de calificaciones crediticias válidas, ya que estos préstamos los otorgan las mismas instituciones financieras chinas. Por lo tanto, como en el caso anterior, se utilizaron obligaciones de empresa con calificación BB emitidas en las denominaciones pertinentes durante el período de investigación para establecer una referencia apropiada.

(253)

Tras la comunicación, el Grupo Giant rebatió que se aplicara la calificación BB como referencia para la situación financiera general del grupo. Alegó que la Comisión no había indicado, antes de la comunicación, que fuera a aplicar el requisito de que solo constituyeran pruebas aceptables las calificaciones crediticias emitidas por agencias de calificación crediticia independientes y especializadas, como Standard & Poor's, Moody's o Fitch, y nunca solicitó que se le facilitaran pruebas de ese tipo. Giant alegó también que la referencia elegida debería reflejar las condiciones de mercado prevalecientes en China y argumentó que una referencia más adecuada debía basarse en Taiwán o Hong Kong. Además alegó que la Comisión no explicó suficientemente por qué Giant no podía calificarse como de grado de inversión a pesar de sus indicadores financieros positivos y señaló que, como grupo mundial cuya empresa matriz cotiza en la bolsa de Taiwán, la información sobre la solvencia crediticia del grupo está a disposición del público.

(254)

Como se explica en los considerandos 238 a 244, la investigación demostró que las calificaciones crediticias chinas no ofrecen una estimación fiable del riesgo crediticio del activo subyacente. La empresa tampoco pudo facilitar calificaciones crediticias coherentes y fiables durante la investigación. Se recuerda que, debido a la falta de cooperación de las instituciones financieras, la Comisión no pudo verificar la fiabilidad de los procedimientos de calificación crediticia aplicados, entre otros con respecto al productor exportador en cuestión. Así, consideró apropiado utilizar la referencia BB como se explica en los considerandos 245 a 252. Por lo tanto, se rechazó esta alegación. A este respecto, también cabe recordar que el cuestionario enviado a los productores exportadores incluía efectivamente la obligación de facilitar sus calificaciones crediticias y pedía a las empresas que proporcionaran información completa dentro del plazo establecido, que se indicaba claramente. Sin embargo, no se facilitó más información sobre la solvencia de la empresa que la ya analizada por la Comisión. Por consiguiente, se desestimó la alegación de que la Comisión nunca había solicitado esta información.

(255)

La alegación de que la Comisión debería haber elegido una referencia basada en Taiwán o Hong Kong parece basarse en que se eligió a los Estados Unidos como referencia para los tipos de interés. Esto no es correcto. Como se explica en detalle en el considerando 251, fue el diferencial relativo, no el tipo de interés, el que se calculó entre los índices de las obligaciones de empresa con la calificación AA y con la calificación BB de los Estados Unidos sobre la base de los datos de Bloomberg para los segmentos industriales. Asimismo, como se explica en el considerando 293, este diferencial relativo es neutral en cuanto al país. Por lo tanto, se rechazó esta alegación.

(256)

A efectos de la presente investigación, el Grupo Jinhua Vision está integrado por dos productores exportadores, uno de los cuales cesó en sus actividades durante el período de investigación, y una empresa que suministraba insumos a dichos productores exportadores. Las demás empresas del grupo no se tuvieron en cuenta en la presente investigación, ya que no participan en la producción y venta de bicicletas eléctricas. La sede del Grupo está ubicada en Jinhua (China).

(257)

Los dos productores exportadores del Grupo Jinhua Vision notificaron situaciones de rentabilidad distintas. Durante el período de investigación, Jinhua Vision Co., Ltd. fue rentable, en general, mientras que Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd. presentó pérdidas en 2017 y puso fin a sus actividades en 2018. Además, otros indicadores financieros, como el cociente deuda/activos, no indicaban problemas estructurales significativos por lo que se refiere a la capacidad de reembolso de la deuda de estas empresas. Los dos productores exportadores del Grupo Jinhua Vision tenían préstamos denominados en CNY concedidos por instituciones financieras chinas.

(258)

La Comisión observó que Jinhua Vision Co., Ltd. ha obtenido sendas calificaciones crediticias A de las dos instituciones financieras que le han concedido préstamos (una de ellas de propiedad estatal). Además, Yongkang Hulong Electric Vehicle Co., Ltd. ha obtenido la calificación crediticia BBB+ de una de las instituciones financieras de propiedad estatal que conceden préstamos a Jinua Vision Co., Ltd. y la calificación A de otra institución financiera. Vistas las distorsiones generales de las calificaciones crediticias chinas mencionadas en los considerandos 238 a 243 y la situación específica de rentabilidad mencionada en el considerando 257, la Comisión llegó a la conclusión de que estas calificaciones no eran fiables.

(259)

Por consiguiente, la Comisión consideró que la situación financiera general del grupo justificaba la aplicación de la referencia general por la que se concede el nivel más elevado «de grado especulativo» a las obligaciones, como se explica en los considerandos 248 a 252. Por lo tanto, se utilizaron obligaciones de empresa con calificación BB emitidas en las denominaciones pertinentes durante el período de investigación para establecer una referencia apropiada.

(260)

Tras la comunicación, el Grupo Jinhua Vision y también la CCCME (esta en un nivel general) rebatieron la aplicación de la calificación BB como referencia para la situación financiera de la empresa. El grupo alegó que no era razonable utilizar obligaciones de empresa de calificación BB para determinar una referencia apropiada sin analizar debidamente la situación financiera de la empresa.

(261)

El productor exportador afectado no aportó más pruebas que justificasen una calificación crediticia diferente. Así, se desestimó esta alegación por los motivos ya expuestos en los considerandos 254 y 255.

(262)

A efectos de la presente investigación, el Grupo Yadea de China estaba integrado por dos productores (a saber, Yadea Group Co., Ltd. y Tianjin Yadea Co., Ltd.), un operador comercial exportador (a saber, Wuxi Yadea Export-Import Co., Ltd.) y dos empresas que suministran insumos a uno de los productores (a saber, Jiangsu Yadea Technology Development Co., Ltd y Wuxi Xingwei Vehicle Fittings Co., Ltd). Las demás empresas del grupo no se tuvieron en cuenta en la presente investigación, ya que no participan en la producción y venta de bicicletas eléctricas. La sede del Grupo está ubicada en Wuxi (China).

(263)

Los dos productores del Grupo Yadea presentaron su situación financiera como rentable en general, según sus propios estados financieros. Sin embargo, en lo relativo al beneficio de explotación, Yadea Group Co., Ltd. presentó una rentabilidad negativa en 2017. Los beneficios globales obedecen únicamente a las rentas de la inversión en capital a largo plazo en 2017.

(264)

Aunque se le solicitó, el Grupo Yadea no aportó información alguna sobre la calificación crediticia.

(265)

Si bien ninguna de las empresas del Grupo Yadea que producen el producto afectado tenía préstamos durante el período de investigación, el grupo obtenía los fondos necesarios de cuatro bancos de propiedad privada y estatal mediante aceptaciones bancarias.

(266)

Vistas las distorsiones generales de las calificaciones crediticias chinas mencionadas en los considerandos 238 a 243 y la situación específica de rentabilidad mencionada en el considerando 263, la Comisión consideró que la situación financiera general del grupo justificaba la aplicación de la referencia general por la que se concede el nivel más elevado «de grado especulativo» a las obligaciones, como se explica en los considerandos 248 a 252. Por lo tanto, se utilizaron obligaciones de empresa con calificación BB emitidas en las denominaciones pertinentes durante el período de investigación para establecer una referencia apropiada.

(267)

A efectos de la presente investigación, el Grupo Rununion está integrado por un productor exportador, a saber, Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd., y una empresa que cedía el terreno en régimen de arrendamiento financiero al productor exportador, a saber, Suzhou Kaihua Electric Appliance Plastic Factory. Las demás empresas del grupo no se tuvieron en cuenta en la presente investigación, ya que no participan en la producción y venta de bicicletas eléctricas. Todas las empresas del grupo están ubicadas en China.

(268)

Aunque el productor exportador parecía gozar de buena situación financiera, ya que fue rentable en 2016 y 2017, la situación de su empresa vinculada era diferente, es decir, presentó pérdidas en 2016. Las pérdidas acumuladas de esta empresa superaban en más de 20 veces su capital desembolsado.

(269)

Durante el período de investigación, el productor exportador obtenía los fondos necesarios de dos bancos de propiedad estatal mediante aceptaciones bancarias. Estas aceptaciones bancarias constituían más del 25 % de su balance. La empresa vinculada de arrendamiento financiero de los terrenos, Suzhou Kaihua Electric Appliance Plastic Factory, obtenía los fondos necesarios mediante un préstamo de una empresa vinculada.

(270)

Aparte de eso, los demás indicadores financieros, como el cociente deuda/activos o el de cobertura de intereses, no indicaban problemas estructurales significativos por lo que se refiere a la capacidad de reembolso de la deuda de las empresas.

(271)

La Comisión observó que Suzhou Rununion Motivity Co., Ltd había recibido la calificación crediticia BBB+ de una institución financiera de propiedad estatal china, mientras que Suzhou Kaihua Electric Appliance Plastic Factory no facilitó su calificación crediticia. Vistas las distorsiones generales de las calificaciones crediticias chinas mencionadas en los considerandos 238 a 243 y la situación específica de rentabilidad mencionada en los considerandos 268 a 270, la Comisión llegó a la conclusión de que esta calificación no era fiable.

(272)

Por consiguiente, la Comisión consideró que la situación financiera general del grupo justificaba la aplicación de la referencia general por la que se concede el nivel más elevado «de grado especulativo» a las obligaciones, como se explica en los considerandos 236 a 240. Por lo tanto, se utilizaron obligaciones de empresa con calificación BB emitidas en las denominaciones pertinentes durante el período de investigación para establecer una referencia apropiada.

(273)

Tras la comunicación, el Grupo Rununion rebatió que se aplicara la calificación BB como referencia para la situación financiera de la empresa. Alegó que no era razonable utilizar obligaciones de empresa de calificación BB para determinar una referencia apropiada sin analizar debidamente la situación financiera de la empresa.

(274)

El productor exportador afectado no aportó más pruebas que justificasen una calificación crediticia diferente. Así, se desestimó esta alegación por los motivos ya expuestos en los considerandos 254 y 255.

(275)

A efectos de la presente investigación, el Grupo Bodo está integrado por un productor exportador, a saber, Bodo Vehicle Group Co., Ltd. (Bodo), y una empresa (Tianjin Xinbao Vehicle Industry Co., Ltd o Xinbao) que actuó como avalista para varios préstamos. Las demás empresas del grupo no se tuvieron en cuenta en la presente investigación, ya que no participan en la producción y venta de bicicletas eléctricas. Todas las empresas del grupo están ubicadas en China.

(276)

Aunque ambas empresas parecían ser financieramente viables durante el período considerado, Xinbao incurrió en pérdidas en 2017.

(277)

Durante el período de investigación, el productor exportador obtenía los fondos necesarios de una institución financiera privada china mediante un arrendamiento financiero y de dos bancos de propiedad estatal mediante préstamos y aceptaciones bancarias.

(278)

Los préstamos contratados por Bodo con un banco de propiedad estatal chino estaban avalados por una empresa que tenía una calificación crediticia más baja y la garantía real utilizada pertenecía a otra empresa vinculada, lo que arrojaba dudas sobre la adecuación de dicho aval.

(279)

Una de las instituciones financieras de propiedad estatal había otorgado a Bodo la calificación crediticia de AA, mientras que la calificación crediticia de Xinbao se deterioró de A a BBB+ durante el período de investigación. Vistas las distorsiones generales de las calificaciones crediticias chinas mencionadas en los considerandos 238 a 243 y la situación específica de rentabilidad mencionada en los considerandos 276 a 278, la Comisión llegó a la conclusión de que esta calificación no era fiable.

(280)

Vistas las distorsiones generales de las calificaciones crediticias chinas mencionadas en los considerandos 238 a 243 y la situación específica de rentabilidad mencionada en los considerandos 276 a 278, la Comisión consideró que la situación financiera general del grupo justificaba la aplicación de la referencia general por la que se concede el nivel más elevado «de grado especulativo» a las obligaciones, como se explica en los considerandos 217 a 221. Por lo tanto, se utilizaron obligaciones de empresa con calificación BB emitidas en las denominaciones pertinentes durante el período de investigación para establecer una referencia apropiada.

(281)

Tras la comunicación, el Grupo Bodo rebatió que se aplicara la calificación BB como referencia para la situación financiera de la empresa. Alegó que no era razonable utilizar obligaciones de empresa de calificación BB para determinar una referencia apropiada sin analizar debidamente la situación financiera de la empresa.

(282)

El productor exportador afectado no aportó más pruebas que justificasen una calificación crediticia diferente. Así, se desestimó esta alegación por los motivos ya expuestos en los considerandos 254 y 255.

(283)

Como se ha mencionado en el considerando 234, de conformidad con el artículo 6, letra b), del Reglamento de base, el beneficio obtenido por el beneficiario será la diferencia entre la cantidad que paga la empresa en concepto de intereses por el préstamo preferencial y la que pagaría por un préstamo comercial comparable que pudiera obtener en el mercado.

(284)

Para los préstamos y arrendamientos financieros denominados en CNY, el valor de referencia externo para un préstamo comercial comparable se determinó utilizando los tipos de interés aplicables establecidos por el Banco Popular de China, ajustados con el recargo apropiado (a fin de reflejar la calificación BB). El recargo se estableció aplicando un diferencial relativo medio entre los bonos emitidos por empresas con la calificación A y BB en los Estados Unidos, sobre la base de los datos de Bloomberg para los segmentos industriales. Se aplicó un diferencial específico para cada período (tres meses, seis meses, un año, etc.) y se sumó a los tipos de interés de referencia. Esto se hizo individualmente para cada préstamo concedido al productor exportador en cuestión.

(285)

Tras la comunicación, dos partes interesadas alegaron que la institución financiera china que proporciona servicios de arrendamiento financiero a una empresa incluida en la muestra es de propiedad privada y no puede considerarse un organismo público en el sentido del artículo 2, letra b), del Reglamento de base. También se alegó que el arrendamiento financiero no es un préstamo, puesto que no implica pedir prestado, reembolsar el principal y pagar los intereses, puesto que consiste únicamente en un arrendamiento. Además, se alegó que la comunicación del pago mensual y el cálculo del beneficio era insuficiente.

(286)

A este respecto, se hace referencia a los considerandos 218 a 229, en los que se llega a la conclusión de que todas las instituciones financieras que operan en China bajo supervisión de la CRBC (también las privadas) han recibido encomienda u orden del Estado, en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iv), primer guion, del Reglamento de base, de alinearse con las políticas gubernamentales y conceder préstamos a tipos preferenciales a la industria de las bicicletas eléctricas.

(287)

Por lo que respecta a la calificación de ese tipo de transacción financiera, cabe señalar que la empresa afectada incluida en la muestra contabilizó parte de los costes de la transacción como gastos por intereses y que el Centro de Referencia de Crédito del Banco Popular de China (CRCP) la contabiliza también como préstamo.

(288)

En lo que respecta a la comunicación, la Comisión consideró que había dado explicaciones detalladas sobre la metodología aplicada para calcular el pago mensual y también había aportado todas las fórmulas utilizadas para calcular el beneficio recibido.

(289)

Para los préstamos denominados en USD, el valor de referencia externo para un préstamo comercial comparable se determinó utilizando los tipos de interés LIBOR USD mensuales específicos aplicables a tres meses o seis meses, ajustados con el recargo apropiado (a fin de reflejar la calificación BB). El recargo se estableció aplicando un diferencial relativo medio entre los bonos emitidos por empresas con la calificación A y BB en los Estados Unidos, sobre la base de los datos de Bloomberg para los segmentos industriales. Se aplicó un diferencial específico para cada período (tres meses, seis meses, un año, etc.) y se sumó a los tipos de interés de referencia. Esto se hizo individualmente para cada préstamo concedido al productor exportador en cuestión.

(290)

Para los préstamos denominados en EUR, el valor de referencia externo para un préstamo comercial comparable se determinó utilizando el tipo de interés medio durante el período de investigación del índice ICE BofAML Euro High Yield. El índice consta de valores que tienen una calificación inferior a la de grado de inversión (basada en la media de Moody's, S&P y Fitch).

(291)

Para los préstamos denominados en JPY, no se encontraron datos acerca de bonos emitidos por empresas con calificación BB en el mercado japonés para los segmentos industriales. Dado que Japón tiene un nivel de desarrollo económico similar a los Estados Unidos, la Comisión consideró que la media de los tipos LIBOR USD era el valor sustitutivo más adecuado.

(292)

Tras la comunicación, la CCCME y tres de las cinco empresas incluidas en la muestra rebatieron la metodología de la Comisión de utilizar el diferencial relativo entre las obligaciones de empresa con la calificación AA y con la calificación BB de los Estados Unidos para calcular los beneficios por los préstamos preferenciales. Todos alegaron que la Comisión tenía que haber utilizado un diferencial absoluto, y no relativo, entre las obligaciones con la calificación AA y con la calificación BB de los Estados Unidos. Dieron para ello las siguientes razones principales:

(293)

Estos argumentos ya se presentaron en el caso HRF (37) y también en el caso de los neumáticos (38). Como puede verse en los considerandos 175 a 187 del caso HRF, la Comisión rechazó estos argumentos por las siguientes razones:

(294)

Por esas razones, que son igualmente válidas para la presente investigación, la Comisión mantuvo su posición de que el método de diferencial relativo es más adecuado para reflejar la prima de riesgo que aplicaría una entidad financiera a los productores exportadores chinos en un mercado no distorsionado, en particular dado que el tipo de interés básico en China y en los Estados Unidos ha evolucionado de manera distinta.

(295)

Además, el Grupo Giant alegó que la media de los tipos LIBOR en USD no deben utilizarse en lugar de los préstamos denominados en JPY y que debería haberse utilizado una calificación crediticia que ya existía de hecho para los préstamos denominados en JPY.

(296)

La Comisión ya explicó en el considerando 291 las razones por las que consideraba que la media de los tipos LIBOR en USD era el sustituto más adecuado para los préstamos denominados en JPY. Tampoco se presentó ninguna prueba de transacciones similares en el mercado japonés. Por tanto, se rechaza esta alegación.

(297)

La investigación puso de manifiesto que las instituciones financieras chinas también concedían líneas de crédito vinculadas a la concesión de préstamos aislados a cada uno de los productores exportadores incluidos en la muestra. Se trataba de acuerdos marco, en virtud de los cuales el banco permitía a los productores exportadores incluidos en la muestra retirar fondos hasta una determinada cuantía máxima en forma de diversos instrumentos de deuda (créditos, letras de cambio documentarias, financiación comercial, etc.). En circunstancias de mercado normales, estas líneas de crédito estarían sujetas a una comisión denominada de «gestión» o de «compromiso» para compensar los costes y riesgos del banco por abrirlas, y también a comisiones anuales de renovación de su validez. En cambio, la Comisión constató que algunos de los productores exportadores incluidos en la muestra habían dispuesto de líneas de crédito de forma gratuita.

(298)

De conformidad con el artículo 6, letra d), inciso ii), del Reglamento de base, se considera que este beneficio en favor de los beneficiarios es la diferencia entre la cantidad que paga el productor exportador en cuestión por el suministro de líneas de crédito por las instituciones financieras chinas y la que pagaría por una línea de crédito comercial comparable que pudiera obtener en el mercado, en calidad de referencia.

(299)

La referencia apropiada para la tasa de gestión se fijó en un 1,5 %, en función de los datos públicos disponibles (39) para la apertura de líneas de crédito similares. Para las líneas de crédito existentes antes del principio del período de investigación y renovadas durante dicho período, se utilizó una tasa de renovación del 1,25 % como valor de referencia, según la misma fuente. El importe de la tasa de gestión o renovación se suele pagar cada año. Como consecuencia, dicha tasa no se prorrateó en función de la duración de la línea de crédito.

(300)

El nivel de las tasas utilizadas como valor de referencia se aplicó de forma prorrateada al importe de cada línea de crédito en cuestión para obtener el importe de la subvención (previa deducción de las tasas efectivamente abonadas).

(301)

Tras la comunicación, un productor exportador rebatió la evaluación de la Comisión de que los acuerdos de línea de crédito le confieren beneficios. Dio para ello las siguientes razones principales:

(302)

La Comisión no está de acuerdo con los argumentos presentados por las razones que se exponen a continuación:

(303)

Por las razones expuestas, se rechazaron todas las alegaciones formuladas a este respecto.

(304)

Las aceptaciones bancarias son un producto financiero destinado a desarrollar un mercado monetario nacional más activo ampliando las facilidades de crédito. Se basan en la presunta solidez del sector bancario chino, por la cual los bancos que participan en acuerdos de aceptación bancaria formulan una promesa incondicional de que abonarán un determinado importe en una fecha específica. Como consecuencia, las aceptaciones bancarias son una forma de crédito por la cual los bancos asumen cuentas por pagar de los compradores a los proveedores y transfieren una cantidad acordada a estos últimos en una fecha convenida. En esa misma fecha, a más tardar, el comprador habrá transferido dicha cantidad al banco. La fecha de pago al banco puede corresponder al plazo de pago acordado con el proveedor o a una fecha posterior. La investigación puso de manifiesto que la fecha de reembolso al banco era, en muchos casos, posterior a la fecha de pago al proveedor. En ciertos casos, se observó que la demora en el pago era de 4 a 6 meses tras la fecha de vencimiento de la factura. Así, además de servir de garantía bancaria, este producto financiero en ciertos casos también otorga al comprador un plazo de pago más largo, en forma de préstamo de facto.

(305)

La investigación constató que, por lo general, las aceptaciones bancarias se emiten en el marco de un acuerdo de aceptación bancaria que especifica la identidad del banco, de los proveedores y del comprador, detalla las obligaciones del banco y del comprador y especifica el valor por proveedor, el plazo y la garantía aportada. Las aceptaciones bancarias se suelen expedir mensualmente sobre una base mensual.

(306)

En lo que respecta a los bancos, las aceptaciones bancarias por pagar se contabilizan como pasivo en el balance del titular y como activo en el balance de los productores exportadores incluidos en la muestra. Además, aunque algunas aceptaciones bancarias estaban cubiertas por una línea de crédito, se observó que la legislación china no lo exige.

(307)

El proveedor de mercancías, en su calidad de portador de la aceptación bancaria, tiene la posibilidad de pedir al banco emisor que descuente la aceptación bancaria antes de la fecha de vencimiento de la factura original o de esperar hasta la fecha de vencimiento y recibir el pago en su totalidad, o bien de utilizar la aceptación bancaria como medio de pago de sus deudas respecto a otras partes.

(308)

En espera de un acuerdo entre el comprador y el vendedor, las aceptaciones bancarias pueden mencionarse como medio de pago estándar en contratos de compra junto con otros medios, como transferencias o giros postales.

(309)

Un productor exportador incluido en la muestra formuló observaciones durante la investigación e indicó que las aceptaciones bancarias no pueden considerarse préstamos, ya que para estos es necesario pedir prestado, reembolsar el principal y pagar los intereses, mientras que las aceptaciones bancarias suponen una promesa de reembolso. Asimismo, alegó que las aceptaciones bancarias son un método de pago que no implica la transferencia directa de fondos. Sobre el mismo tema, otro productor exportador reiteró que no había transferencia de fondos y alegó que, en sus registros contables, no contabilizaba las aceptaciones bancarias como pasivo del banco, sino como pasivo de los proveedores en la partida de pagarés. Este productor exportador también afirmó que, en su caso particular, el dinero transferido a al proveedor tenía que depositarse antes de la fecha de vencimiento de la aceptación bancaria y que el banco retiraría el dinero de su cuenta en la fecha de vencimiento de la aceptación bancaria para el posterior pago a los proveedores, según lo acordado con el proveedor. Además, indicó que no obtendría ningún beneficio si se descontara la aceptación bancaria antes de la fecha de vencimiento y que no sabía si se había descontado efectivamente.

(310)

A este respecto, cabe señalar que el Centro de Referencia de Crédito del Banco Popular de China (CRCP) contabiliza las aceptaciones bancarias como elementos del pasivo de los bancos, en el mismo nivel que los préstamos, las cartas de crédito o la financiación comercial. También cabe señalar que el CRCP depende de entidades financieras que conceden diversos tipos de préstamos y que estas, por tanto, han contabilizado las aceptaciones bancarias como pasivo en sus balances. Por otra parte, los contratos de aceptación bancaria reunidos durante la investigación establecen que, en caso de que el comprador no abone el pago íntegro en la fecha de expiración de las aceptaciones bancarias, el banco dará al importe pendiente el mismo trato que a un préstamo en mora.

(311)

Además, la Comisión consideró que las aceptaciones bancarias recibidas por el comprador consisten en una transferencia de fondos, ya que se utilizan como medio de pago al mismo nivel que un giro postal, es decir, una vez que la aceptación bancaria se entrega al proveedor, se considera que la factura correspondiente ha sido abonada por la empresa. Otra prueba de ello es que normalmente, en el momento de transmitir la aceptación bancaria al proveedor, el comprador, por una parte, reduce sus cuentas por pagar al proveedor y, por otra parte, aumenta sus efectos por pagar en el pasivo correspondiente a bancos por el mismo importe. En este contexto, también se consideró irrelevante que ese pasivo se contabilice como pagarés a los proveedores y no a los bancos en los registros contables de la empresa. En cualquier caso, las cuentas auditadas no presentaron ese pasivo como cuentas por pagar a los proveedores, sino más bien como pagarés sin especificar la identidad del acreedor.

(312)

En lo que respecta a los flujos de dinero, la Comisión consideró que las observaciones presentadas por el productor exportador afectado eran contradictorias en la medida en que este alegó, por una parte, que tuvo que transferir su dinero antes de la fecha de vencimiento de la aceptación bancaria para garantizar el pago al proveedor con cargo a su cuenta y, por otra parte, que no tenía conocimiento de si las notas se descontaban y, por lo tanto, del momento en que se realizaba el pago efectivamente. Esta parte tampoco aportó pruebas de las propias transferencias de fondos al banco previstas. Por todo ello, fue necesario desestimar esas alegaciones.

(313)

Otro productor exportador reiteró que no había recibido ningún beneficio del sistema de aceptación bancaria, ya que, en su caso, no se efectuó ningún pago tras la fecha de vencimiento de las facturas ni de la aceptación bancaria. Acerca del mismo tema, varias partes interesadas alegaron que las aceptaciones bancarias no deben considerarse préstamos porque no conceden períodos de pago más largos a sus beneficiarios y que el modo en que la legislación nacional clasifica un instrumento determinado no es determinante para su clasificación con arreglo a la normativa de la OMC.

(314)

A este respecto y en el caso de este productor exportador, pese a que la investigación confirmó que todos los pagos se efectuaron dentro de las fechas de vencimiento de las facturas o aceptaciones bancarias, cabe recordar que el sistema de aceptación bancaria brindó un servicio a todos los productores exportadores (a una tarifa preferente que aportó un beneficio sujeto a medidas compensatorias, como se describe en los considerandos 323 a 342) por el cual el pasivo debido a los proveedores se consideró pagado y se transfirió al pasivo de los bancos, que prometieron pagar a los proveedores en la fecha de vencimiento de las aceptaciones bancarias. Por lo que respecta a las condiciones de pago, las pruebas de que dispone la Comisión muestran que, para varios productores exportadores, el uso de aceptaciones bancarias prorrogó efectivamente el plazo de pago de las facturas correspondientes sin que se aplicaran intereses para estos préstamos de hecho. Por lo tanto, aunque las aceptaciones bancarias presuntamente no pueden estar destinadas a ampliar los plazos de pago, las pruebas disponibles demostraron lo contrario. En cualquier caso, la Comisión consideró que en las aceptaciones bancarias no se pagan intereses, con lo que se amplía el plazo de pago del vendedor, lo que supone otro indicio de que el sector bancario chino está distorsionado y concede préstamos preferenciales a determinadas industrias clave. Por ello, hubo que rechazar estas alegaciones.

(315)

Otra parte interesada alegó que, de la base para el cálculo del beneficio, debería restarse el importe de los depósitos que efectuó como avales para las aceptaciones bancarias.

(316)

A este respecto, procede señalar, en primer lugar, que es una práctica habitual de los bancos exigir avales a sus clientes al conceder líneas de crédito o préstamos. También se hace referencia al considerando 323, donde se indica que los prestatarios en Canadá tienen que contar con una línea de crédito a fin de obtener aceptaciones bancarias. Así, los tipos aplicados en el mercado canadiense tienen en consideración la existencia de tales avales. Cabe señalar asimismo que los bancos no utilizan los avales para pagar las deudas pendientes a los proveedores, sino como método para garantizar que el productor exportador asumirá su responsabilidad financiera respecto al banco. La investigación también puso de manifiesto que los bancos chinos no exigen sistemáticamente dichos avales y que estos pueden adoptar diversas formas, como pago de anticipos o depósitos a plazo que devengan intereses. Además, la Comisión observó que la tasa abonada por las aceptaciones bancarias se calcula sobre la base del valor nominal de estas, no se resta el importe de los depósitos efectuados como avales. Por ello, hubo que rechazar esta alegación.

(317)

Otra parte interesada alegó que no debería haberse calculado ningún beneficio en concepto de tasa de aceptación bancaria como aval para el servicio financiero prestado por los bancos chinos, pues los bancos no necesitan financiar los pagarés en el momento de su expedición ni de su vencimiento, porque tales pagos son financiados por el productor exportador en cuestión, salvo que se declare insolvente. Como consecuencia, los bancos no asumen ningún riesgo financiero al actuar como meros intermediarios. La misma parte alegó también que las condiciones del contrato prevén garantías financieras suficientes para los bancos.

(318)

A este respecto, se hace referencia al considerando 310, donde se confirma que las instituciones financieras reconocen las aceptaciones bancarias como préstamos, y al considerando 304, donde se establece que los bancos que participan en acuerdos de aceptación bancaria formulan una promesa incondicional de que abonarán un determinado importe en una fecha concreta. Además, teniendo en cuenta la posibilidad de descontar las aceptaciones bancarias, los bancos deben asegurarse de la existencia de fondos suficientes entre las fechas de emisión y vencimiento de la aceptación bancaria. Al respecto, cabe señalar que los contratos habituales de líneas de crédito aplicables en China establecen que pueden emplearse para diferentes tipos de préstamos, entre ellos las aceptaciones bancarias, lo que confirma la necesidad de que el banco disponga de fondos suficientes. Tras analizar las condiciones de los contratos entre las instituciones financieras y los productores exportadores, se consideró que estos son inadecuados en vista de la participación, las obligaciones incondicionales y el riesgo financiero que asumen las instituciones financieras al participar en acuerdos de aceptación bancaria. En consecuencia, se tuvo que desestimar esta alegación.

(319)

En lo relativo a la especificidad, se consideró que, como ya se mencionó en el considerando 106 y se prevé en el plan de desarrollo de la industria ligera, según el cual las autoridades chinas prevén «una política financiera que apoya el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas, sigue explorando los canales financieros de las pequeñas y medianas empresas, perfecciona el sistema de garantía crediticia de las pequeñas y medianas empresas», las aceptaciones bancarias son otra forma de apoyo preferente a las industrias fomentadas, como el sector de las bicicletas eléctricas. Además, esta forma de ayuda no tiene en cuenta la situación financiera de los productores exportadores incluidos en la muestra, ya que todos los bancos aplican una tasa fija que, según la información del expediente, es menor que la referencia internacional disponible e incluso que la prima aplicada a empresas con una baja calificación crediticia, como los productores exportadores incluidos en la muestra (véase el considerando 324).

(320)

Tras la comunicación, varias partes interesadas reiteraron la alegación formulada previamente de que el sistema de notas de aceptación bancaria es una herramienta de financiación a disposición general no limitada a la industria de las bicicletas eléctricas. Varias partes interesadas alegaron también que la Comisión debía justificar su determinación de la especificidad fundamentada en pruebas positivas.

(321)

En este sentido, se hace referencia a los considerandos 195 a 202 y, más concretamente, al considerando 319 que aportan pruebas positivas sobre la especificidad de dicha política preferencial y según los cuales ese instrumento financiero no está a disposición general en tales condiciones y, por tanto, es específico para un número limitado de industrias, tales como la de las bicicletas eléctricas. Por consiguiente, hubo que rechazar estas alegaciones.

(322)

Para calcular el importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias, la Comisión evaluó el beneficio obtenido por los destinatarios durante el período de investigación.

(323)

Según la información disponible, en la Unión Europea no existe ningún sistema de aceptaciones bancarias como el descrito en los considerandos 304 a 308. Sin embargo, sobre la base de la información pública disponible, esa modalidad de crédito sí existe en Canadá, donde las empresas prestatarias utilizan aceptaciones bancarias para atender sus necesidades de financiación a corto plazo. Las aceptaciones bancarias son utilizadas en Canadá normalmente por empresas que no disfrutan de la calificación crediticia más elevada. A fin de obtener dichas aceptaciones bancarias, los prestatarios necesitan contar con una línea de crédito a la que cargarlas.

(324)

A fin de ofrecer esa garantía, los bancos suelen cobrar una tasa de aceptación bancaria establecida al nivel de la tasa ofrecida en dólar canadiense (Canadian Dollar Offered Rate, CDOR) y una tasa de «sellado» que puede ir de unos pocos puntos básicos hasta superar los 100 puntos básicos, en función de la solvencia crediticia de los prestatarios (40).

(325)

En circunstancias normales de mercado, en general las aceptaciones bancarias estarán sujetas a una tasa denominada de aceptación bancaria y formarán parte de una línea de crédito, ya que son un pasivo directo e incondicional del banco que las acepta. En el caso de los productores exportadores chinos incluidos en la muestra, la tasa de aceptación bancaria se había fijado en un porcentaje a tanto alzado del 0,05 % del importe de la aceptación, con independencia de la solvencia crediticia de cada productor exportador incluido en la muestra y, de existir, las líneas de crédito se facilitaban gratuitamente.

(326)

Tras la comunicación, un productor exportador alegó que la Comisión había contabilizado dos veces algunas entradas de ajuste y había incluido entradas no relacionadas con la expedición de notas de aceptación bancaria al calcular el importe de la subvención. No obstante, los cálculos se basaron en la información facilitada por la empresa y verificados por la Comisión, y no resultó posible verificar los presuntos errores. Por tanto, se rechazó esta alegación.

(327)

Varias partes interesadas alegaron que las aceptaciones bancarias no deben considerarse préstamos porque no conceden períodos de pago más largos a sus beneficiarios y que el modo en que la legislación nacional de un miembro clasifica un instrumento determinado no es determinante para su clasificación con arreglo a la normativa de la OMC.

(328)

Varias partes interesadas alegaron que las aceptaciones bancarias disponible en China y en Canadá son instrumentos distintos. En China se utilizan como método de pago, mientras que en Canadá son utilizadas por las sociedades prestatarias para satisfacer sus necesidades de financiación a corto plazo.

(329)

La Comisión no está de acuerdo con esta afirmación y considera que las aceptaciones bancarias constituyen una solución a las necesidades de financiación a corto plazo en ambos países. En efecto, mediante el uso de aceptaciones bancarias, las empresas transforman sus cuentas por pagar a proveedores en cuentas por pagar a bancos. Además, la investigación puso de manifiesto que, en el caso de varios productores exportadores, las aceptaciones bancarias prorrogaron los plazos de pago de las facturas vinculadas, por lo que mejoraron la situación de tesorería a corto plazo de los productores exportadores incluidos en la muestra. Por otra parte, como se describe en la página 1 del documento de análisis del Banco de Canadá (41), existen otras semejanzas entre las aceptaciones bancarias chinas y canadienses, pues ambas establecen que deberían ser «una orden directa e incondicional de una empresa prestataria (cliente) de contabilizar el importe correspondiente con cargo a su línea de crédito establecida (denominada» servicio de aceptación bancaria«) en un banco canadiense. Una vez contabilizado el cargo, el banco destinatario (o prestamista) garantiza el principal y los intereses sellando el documento, con lo que asume plena responsabilidad por el pago en la fecha de vencimiento en caso de mora de la empresa prestataria inicial». En vista de las semejanzas entre ambos mercados, fue preciso desestimar esta alegación.

(330)

Otra parte interesada alegó además que, contrariamente al sistema chino, los bancos canadienses deben aportar los fondos en la fecha de expedición de la aceptación bancaria. Así, alegó que la comisión de garantía cubre más obligaciones, costes y riesgos para los bancos que en el sistema chino.

(331)

A este respecto, cabe señalar que la aportación de fondos es irrelevante, ya que el sistema chino también establece que el banco debe aportar los fondos en caso de que el titular de la nota de aceptación bancaria desee descontarla y disponer de los fondos. La transferencia de la responsabilidad y la posible transferencia de fondos al titular de la aceptación bancaria explican asimismo que los bancos contabilicen las aceptaciones bancarias como préstamos. Por lo que respecta a las obligaciones y los riesgos, la Comisión consideró que son equivalentes porque los bancos necesitan tener los fondos disponibles desde la fecha de emisión, pues tienen el compromiso incondicional de pagar la aceptación bancaria en la fecha de vencimiento en caso de incumplimiento del acreedor.

(332)

Un productor exportador alegó que, según el documento de análisis del Banco de Canadá, las líneas de crédito no son un requisito jurídico para las aceptaciones bancarias en el mercado canadiense. Al respecto, en primer lugar cabe señalar que el documento de análisis del Banco de Canadá no contiene dicha afirmación. Por el contrario, se refiere en varias ocasiones (42) a la existencia de una línea de crédito establecida. Sobre esta base, se rechazó esa alegación.

(333)

De conformidad con el artículo 6, letra c), del Reglamento de base, se considera que este beneficio en favor de los destinatarios es la diferencia entre la cantidad que paga la empresa en concepto de suministro de aceptaciones bancarias por las instituciones financieras chinas y la que pagaría por una aceptación bancaria comparable que pudiera obtener en el mercado de Canadá, tomado como referencia.

(334)

A fin de calcular el beneficio, la Comisión comparó la tasa de aceptación bancaria abonada por el productor exportador incluido en la muestra en cuestión con el tipo CDOR, que es el índice de referencia de Canadá reconocido para aceptaciones bancarias con un plazo de vencimiento de un año o menos, ajustado con el recargo apropiado para tener en cuenta la solvencia crediticia de los compradores (tasa de sellado). Al no contar con información sobre el nivel de la tasa de sellado, se utilizó el mismo recargo que para los préstamos denominados en CNY (véase el considerando 284). Además, por analogía con la situación en Canadá y de conformidad con el artículo 6, letra d), inciso ii), también se calculó un beneficio para la línea de crédito que debería haberse abierto, basado en la referencia mencionada en el considerando 299, utilizando como base para el cálculo el importe más elevado del pasivo en concepto de aceptaciones bancarias de cada banco en un momento determinado del período de investigación.

(335)

De conformidad con el artículo 6, letra b), del Reglamento de base, en el caso de las aceptaciones bancarias que prorrogan el plazo de pago de las deudas a los proveedores, también se calculó un beneficio en forma un préstamo sin intereses a corto plazo otorgado de facto a los productores exportadores incluidos en la muestra en cuestión. Para calcular este beneficio, la Comisión utilizó la metodología ya descrita en el considerando 284 para los préstamos denominados en CNY.

(336)

Tras la comunicación, una parte interesada alegó que, por error, la Comisión había contabilizado dos veces los beneficios al sumar los conceptos «documento de aceptación - comisión de contratación de línea de crédito» y «documento de aceptación - interés preferencial», que deberían haberse pagado respecto al préstamo de facto, al beneficio calculado para la comisión de aceptación bancaria.

(337)

A este respecto, cabe señalar que las pruebas disponibles relativas a este productor exportador en concreto muestran que las aceptaciones bancarias amplían los plazos de pago de las facturas a que se refieren. Como consecuencia, se consideraron un préstamo de facto. Por ello, y como se explica en el considerando 335, se calculó un beneficio en forma de préstamo a corto plazo de facto sin intereses. Además, como se explica en el considerando 334, por analogía con la situación del mercado canadiense y con independencia de la existencia de un préstamo de facto, se calculó asimismo un beneficio en concepto de la línea de crédito que debería haberse contratado. Por ello, hubo que rechazar esta alegación.

(338)

Otra parte interesada alegó que calcular el beneficio de una línea de crédito y sumarlo a la comisión de garantía equivale a un doble cómputo porque la comisión de garantía debería considerarse suficiente para cubrir el coste financiero y los riesgos relativos a la expedición de la aceptación bancaria. También alegó que, en el caso de un acuerdo de línea de crédito por escrito, carece de fundamento considerar que un banco cobraría una tasa para ofrecer dicha línea de crédito. Alegó además que la referencia para la comisión de garantía y la tasa de la línea de crédito deberían proceder de la misma fuente.

(339)

A este respecto, se hace referencia al considerando 323, donde se establece que los prestatarios necesitan tener una línea de crédito en la que contabilizar los cargos. Además, como se menciona en el considerando 318, cabe recordar que los contratos de línea de crédito de varios productores exportadores incluidos en la muestra establecen que se puede utilizar para varios tipos de préstamos, entre ellos las aceptaciones bancarias. Por otra parte, el documento de análisis del Banco de Canadá establece que «las comisiones de contratación y de agencia también son aplicables a las líneas de crédito principales y basadas en aceptaciones bancarias». En analogía con la situación en el mercado canadiense, se consideró razonable integrar una comisión de contratación de línea de crédito en el cálculo del beneficio. Por lo que respecta a la fuente de la referencia, véase la sección 3.3.1 y el hecho de que la Comisión tuvo que basarse en parte en los datos disponibles al analizar la existencia y el alcance de las presuntas subvenciones concedidas mediante préstamos preferenciales. En cualquier caso, se consideró que la información utilizada es razonable y refleja las condiciones normales del mercado.

(340)

Una parte interesada alegó que la Comisión no había demostrado las «condiciones menos favorables» de otros bancos comerciales chinos ni había justificado por qué sería apropiado usar una referencia de otro país, y que no hacía los ajustes necesarios para garantizar la comparabilidad.

(341)

En este sentido, se recuerda que, como se explica en la sección 3.3.1, las autoridades chinas solo cooperaron parcialmente en lo relativo a los préstamos preferenciales y que la Comisión tuvo que basarse en parte en los datos disponibles al analizar la existencia y el alcance de las presuntas subvenciones concedidas mediante préstamos preferenciales. En vista de esa cooperación parcial, la Comisión carecía de información crucial pertinente y tuvo que basar sus conclusiones en los datos disponibles. Así, la Comisión constató que el mercado financiero chino está distorsionado, ya que las entidades financieras propiedad del Estado y privadas reciben una encomienda u orden del Estado para seguir las políticas gubernamentales y conceder préstamos a tipos de interés preferenciales a la industria de las bicicletas eléctricas, como se concluye en los considerandos 217 y 222. En consecuencia, hubo que rechazar esta alegación.

(342)

Una parte interesada también alegó que el CDOR no es una referencia adecuada, habida cuenta de su situación financiera. A este respecto, se hace referencia a las evaluaciones de la calificación crediticia efectuadas para los productores exportadores incluidos en la muestra en la sección 3.5.4.1. Sobre la base de estas evaluaciones, se consideró que todos los productores exportadores incluidos en la muestra deben tener una calificación crediticia BB. Por ello, hubo que rechazar esta alegación.

(343)

Una parte interesada presentó documentos adicionales no verificados y alegó que el beneficio se había calculado erróneamente sobre la base de que determinados acuerdos deberían haberse considerado renovaciones, en lugar de acuerdos separados. También afirmó que, de haberse aplicado una comisión administrativa, habría sido abonada antes del período de investigación. Además, esta parte alegó que la Comisión no tuvo en cuenta la versión más reciente del documento (que incluía una columna corregida).

(344)

En lo que respecta a la primera alegación, la prueba verificada disponible no confirma que ese acuerdo fuera una renovación. Además, el documento presentado después de la comunicación en apoyo de esta alegación no pudo verificarse y fue necesario desestimarlo. Acerca de la segunda alegación, los acuerdos de línea de crédito iniciados antes del período de investigación abarcaban parte de dicho período, por lo cual el beneficio de su expedición se aplicó al Grupo Giant en el período. Por tanto, la Comisión no pudo aceptar la alegación. Por lo que respecta a la tercera alegación, cabe señalar que esta columna concreta no era pertinente para el cálculo del beneficio y la corrección no tuvo repercusión alguna.

(345)

La investigación puso de manifiesto que todos los productores exportadores incluidos en la muestra se beneficiaron de préstamos preferenciales durante el período de investigación. En vista de la existencia de una contribución financiera, de un beneficio para los productores exportadores y de la especificidad, tales préstamos, líneas de crédito y aceptaciones bancarias deben considerarse subvenciones sujetas a medidas compensatorias.

(346)

El importe de la subvención establecido con respecto a estos préstamos preferenciales durante el período de investigación para los grupos de empresas incluidos en la muestra asciende a:

Cuadro 1.

Préstamos preferenciales

(347)

El denunciante alegó que Sinosure proporcionaba seguros de crédito a la exportación en condiciones preferenciales a los productores del producto afectado.

(348)

Comunicación sobre la aplicación de la estrategia de promoción del comercio a través de la ciencia y la tecnología utilizando el seguro de crédito a la exportación, Shang Ji Fa [2004] n.o 368, emitida conjuntamente por el Ministerio de Comercio y Sinosure.

(349)

Comunicación sobre la publicación del Catálogo de 2006 de productos chinos de alta tecnología para la exportación; Guo Ke Fa Ji Zi [2006] n.o 16.

(350)

Tres de los cinco grupos de productores exportadores incluidos en la muestra tenían contratos de seguro de exportación pendientes con Sinosure durante el período de investigación.

(351)

Como se indica en el considerando 157, Sinosure respondió a parte del cuestionario específico relativo al seguro de crédito a la exportación otorgado a los productores exportadores incluidos en la muestra. Sin embargo, como se expone en los considerandos 156 a 162, Sinosure no facilitó la documentación justificativa requerida sobre su gobernanza corporativa, como el informe anual o los estatutos.

(352)

Durante la inspección in situ a las autoridades chinas, Sinosure estuvo presente y confirmó que es de propiedad íntegramente estatal.

(353)

Sinosure no dio información específica sobre el seguro de crédito a la exportación otorgado a la industria de las bicicletas eléctricas, sobre el nivel de las primas ni cifras detalladas sobre la rentabilidad de su actividad de seguro de crédito a la exportación. Por tanto, la Comisión tuvo que completar la información proporcionada con los datos disponibles.

(354)

De acuerdo con su respuesta al cuestionario, Sinosure es una empresa de seguros de propiedad estatal establecida y apoyada por el Estado para potenciar el desarrollo del comercio exterior y la cooperación económica de China. La empresa es de propiedad estatal al 100 %. Tiene un consejo de administración y una junta de supervisores. El Gobierno está facultado para nombrar y destituir a los altos directivos de la empresa. Partiendo de la respuesta al cuestionario y de la información facilitada durante la inspección in situ, la Comisión llegó a la conclusión de que existen indicios formales de control gubernamental sobre Sinosure.

(355)

Sobre esta base, la Comisión llegó a la conclusión de que las autoridades chinas han creado un marco normativo que deben cumplir los gestores y supervisores por ellas designados, que también deben rendirles cuentas. Por tanto, las autoridades chinas se basan en el marco normativo para ejercer control de forma significativa sobre el funcionamiento de Sinosure.

(356)

La Comisión también buscó pruebas concretas del ejercicio del control de modo significativo estudiando contratos de seguro concretos. Durante la inspección, Sinosure sostuvo que, en la práctica, sus primas estaban orientadas al mercado y se basaban en principios de evaluación del riesgo. Sin embargo, no dio ejemplos concretos relativos a la industria de las bicicletas eléctricas ni a los productores exportadores incluidos en la muestra.

(357)

Debido a la única información parcial facilitada por Sinosure, la Comisión tampoco pudo determinar ningún comportamiento específico en relación con el seguro proporcionado a los productores exportadores incluidos en la muestra que le hubiera permitido decidir si Sinosure actuaba con arreglo a los principios de mercado.

(358)

A este respecto, la Comisión no pudo valorar si las primas que aplicaba Sinosure eran suficientes para cubrir el coste de las reclamaciones y sus gastos generales.

(359)

Además, la Comisión constató que algunos de los productores exportadores se beneficiaron de una devolución parcial o total de las primas de seguro de crédito a la exportación abonadas a Sinosure.

(360)

Por ello, la Comisión consideró que Sinosure aplica el marco jurídico expuesto ejerciendo funciones gubernamentales con respecto al sector de las bicicletas eléctricas, por lo que actúa como organismo público en el sentido del artículo 2, letra b), del Reglamento de base, leído en relación con el artículo 3, apartado 1, letra a), inciso i), del Reglamento de base. Además, debido a su cooperación parcial, Sinosure no pudo demostrar que actúe en condiciones normales de mercado y que no beneficie a los productores exportadores incluidos en la muestra; en concreto, que proporcione el seguro a primas que no sean inferiores a la tarifa mínima necesaria para cubrir sus costes operativos. A falta de otros datos, la Comisión llegó a la conclusión de que el valor de referencia externo explicado en el considerando 362 también sería la mejor estimación sobre la cuantía suficiente de la prima en condiciones de mercado.

(361)

La Comisión también determinó que las subvenciones concedidas en el programa de seguros de exportación son específicas, ya que no pueden obtenerse sin exportar y, por tanto, están supeditadas a la exportación en el sentido del artículo 4, apartado 4, letra a), del Reglamento de base.

(362)

El importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias se calcula en términos del beneficio obtenido por los receptores, cuya existencia se haya constatado durante el período de investigación. De conformidad con el artículo 6, letra c), del Reglamento de base, el beneficio conferido a la empresa beneficiaria se considera igual a la diferencia entre el importe de la prima que paga la empresa por el seguro a corto plazo proporcionado por Sinosure y el importe de la prima que abonaría por un seguro de crédito a la exportación comparable que pudiera obtener en el mercado.

(363)

Dado que Sinosure representa alrededor del 90 % del mercado nacional chino de seguros de exportación, la Comisión no pudo encontrar una prima de seguro nacional basada en el mercado. En consonancia con la práctica anterior, la Comisión utilizó el valor de referencia externa más apropiado sobre el cual disponía de información, a saber, los tipos de prima aplicados por Export-Import Bank (Ex-Im Bank) de los Estados Unidos a las instituciones no financieras en sus exportaciones a países de la OCDE (43).

(364)

Las devoluciones de las primas de seguro a la exportación concedidas durante el período de investigación fueron tratadas como subvención. Puesto que no había pruebas de que los productores exportadores hubieran incurrido en costes adicionales que necesitaran un ajuste, el beneficio se calculó como el importe total de la devolución recibida durante el período de investigación.

(365)

Yadea solicitó aclaraciones sobre el cálculo del beneficio y alegó que este debería calcularse sobre la base de la capital efectivamente compensado, en caso de pérdida, si fuera inferior al capital asegurado. Yadea también solicitó aclaraciones sobre si la Comisión había aplicado una «relación de inmunidad» al cálculo.

(366)

A este respecto, debe señalarse que el beneficio se calculó según la metodología establecida en el considerando 362. En lo que respecta al beneficio, la Comisión consideró que debería calcularse respecto al capital asegurado, que es también la base para el cálculo de la prima pagada por Yadea notificada en su respuesta al cuestionario. Además, cabe señalar que no se aplicó ninguna relación de inmunidad. Por ello, hubo que rechazar esta alegación.

(367)

El importe de la subvención establecido con respecto a este régimen durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

Cuadro 2.

Financiación y seguros preferenciales: seguro de crédito a la exportación

(368)

El denunciante alegó que la industria de las bicicletas eléctricas recibió insumos (es decir, baterías, motores y otras piezas de bicicletas, montados o no) por una remuneración inferior a la adecuada.

(369)

Durante la investigación, la Comisión verificó la información sobre la adquisición interna de piezas de bicicletas eléctricas (baterías y motores) por los productores exportadores incluidos en la muestra. En paralelo, analizó el comportamiento de los precios del único proveedor nacional de esas piezas que cooperó, Bafang, poniendo de manifiesto que esta empresa tuvo acceso a las piezas a precios más bajos en el mercado interno que para la exportación.

(370)

Como se ha explicado con más detalle en los considerandos 163 a 173, las autoridades chinas no cooperaron en relación con los proveedores de insumos en el mercado interno chino y se negaron a dar explicaciones ni información fundamental sobre el mercado interno de baterías y motores. Por tanto, la Comisión tuvo que basar sus conclusiones en los datos disponibles, de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de base.

(371)

La investigación puso de manifiesto que algunos de los proveedores de piezas a los productores exportadores incluidos en la muestra son empresas de propiedad estatal o miembros de la Asociación China de Bicicletas (ACB). En calidad de miembros de la ACB, las empresas tienen ciertas obligaciones en relación con la aplicación de la política de las autoridades chinas en la industria de las bicicletas eléctricas. La Comisión, por tanto, analizó las políticas conocidas de las autoridades chinas relativas a los motores y las baterías y, en particular, si de ellas y de otra información disponible podía deducirse que encomendaban a los proveedores de motores o baterías que vendieran en condiciones más ventajosas a los fabricantes nacionales de bicicletas eléctricas. Por último, la Comisión analizó si, como resultado, los proveedores chinos de motores y baterías recibieron beneficios de las autoridades chinas.

(372)

Como se ha indicado en el considerando 164, las autoridades chinas no remitieron el cuestionario específico destinado a los proveedores de piezas de bicicletas eléctricas a los proveedores conocidos de China, pese a que se les solicitó que lo hicieran. Afirmaron no estar facultadas para pedir información a los proveedores de piezas de bicicletas eléctricas, ya que operan con independencia de ellas.

(373)

Las autoridades chinas tampoco facilitaron la lista de proveedores chinos de piezas de bicicletas eléctricas sujetos a investigación, ni su estructura de propiedad, alegando que se trataba de información confidencial. A ello se suma que no proporcionaron información detallada sobre las características del mercado interno chino de insumos para bicicletas eléctricas, por ejemplo: la proporción de empresas de propiedad estatal (EPE) en la producción y el consumo nacionales, el tamaño del mercado interno, las políticas de precios del Estado o de las empresas de propiedad estatal, los precios reales de los insumos en el mercado interno, las restricciones a la exportación o la importación o las estadísticas pertinentes.

(374)

Como se menciona en el considerando 50, solo un proveedor de piezas de bicicletas (Bafang) que había proporcionado insumos a los productores exportadores incluidos en la muestra presentó información sobre sus actividades y cooperó así, por propia iniciativa, en la presente investigación.

(375)

Dado que la Comisión no recibió información de las autoridades chinas, en particular sobre la estructura del mercado interno, sobre los mecanismos de fijación de precios y los precios, y sobre la participación de las empresas, consideró que no había recibido información crucial pertinente para la investigación.

(376)

El proveedor que cooperó es uno de los principales fabricantes chinos de motores destinados a la industria de las bicicletas eléctricas. El mismo proveedor también vendió motores y pilas a la industria de las bicicletas eléctricas. La investigación puso de manifiesto que la empresa exportó modelos equivalentes de motores y baterías a distintos precios en función del mercado y que vendió siempre los motores a precios sustancialmente más bajos en el mercado interno que para la exportación.

(377)

Tal como se ha mencionado en la sección 3.2, la Comisión notificó a las autoridades chinas que, al no haber recibido respuestas al cuestionario de los proveedores de insumos ni información de las autoridades chinas al respecto, tal vez tuviera que basar sus conclusiones en los datos disponibles, de conformidad con el artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base, acerca de la información relativa a los proveedores de motores, baterías, unidades de control y otras piezas de bicicletas eléctricas.

(378)

La Comisión dio a las autoridades chinas la oportunidad de formular observaciones. Sin embargo, las autoridades chinas no presentaron observaciones ni más información o prueba al respecto.

(379)

Como se detalla en el considerando 404, cabe señalar en primer lugar que el mercado interno chino de motores está dominado en gran medida por proveedores nacionales chinos, que poseen más del 90 % de la cuota de mercado.

(380)

Ante la falta de información de las autoridades chinas sobre el número y la estructura de propiedad de los proveedores nacionales de motores para bicicletas eléctricas, la Comisión analizó en primer lugar la situación de los proveedores notificados por los cinco grupos de productores exportadores incluidos en la muestra.

(381)

Sobre esta base, la Comisión identificó a diez proveedores chinos.

(382)

Entre esos diez proveedores de motores a los productores exportadores incluidos en la muestra, tres eran miembros de la Asociación China de Bicicletas (ACB), siendo Bafang uno de ellos, y otro era una empresa de propiedad estatal. La empresa de propiedad estatal y los miembros de la ACB suministraron el 41 % de los productos a los productores exportadores incluidos en la muestra y registraron el 66 % del valor durante el período de investigación. La Comisión pudo verificar la propiedad privada solamente de tres de los demás proveedores (que totalizaban el 46 % del volumen de compras y el 29 % del valor de las compras), pero no encontró información sobre los otros tres proveedores (que totalizaban el 13 % del volumen y el 5 % del valor). Como se indicó en los considerandos 133, 134 y 136 a 139, durante el período considerado, la ACB estaba bajo la dirección del Consejo de Estado. El artículo 3 de sus estatutos también establece que deberá atenerse, entre otras cosas, a las políticas nacionales. Además, los estatutos de la ACB imponen ciertas obligaciones a sus miembros, como se indica en el artículo 11, que establece que los miembros deberán cumplir «las disposiciones legales y reglamentarias nacionales de la industria de las bicicletas», «atenerse a las normas y los reglamentos de la Asociación y aplicar las resoluciones de la Asociación».

(383)

Sobre esta base, la Comisión consideró que los miembros de la ACB están sujetos a obligaciones estrictas para con su asociación, que está sometida a la orientación y la supervisión institucionales de la Comisión de supervisión y administración de activos públicos del Consejo de Estado. Como consecuencia, los miembros de la ACB, entre ellos los proveedores de piezas, se consideran operadores clave subordinados de la industria de las bicicletas a los que las autoridades chinas han encomendado la aplicación de las políticas nacionales a fin de cumplir los objetivos más generales relacionados con la producción de bicicletas eléctricas. Por tanto, la Comisión investigó más a fondo estas políticas.

(384)

Varias partes alegaron que la ACB es una asociación sin ánimo de lucro cuyos miembros son empresas, dependencias de investigación y asociaciones locales de la industria de las bicicletas que se habían incorporado voluntariamente. Estas partes también alegaron que la mayoría de los miembros de la ACB son empresas privadas.

(385)

A este respecto, la Comisión se remite a los considerandos 166 y 170 donde se establece que, debido a la negativa de las autoridades chinas a facilitar información sobre la estructura de propiedad de los proveedores nacionales de insumos, la Comisión tuvo que basarse en los datos disponibles. La información de que dispuso la Comisión mostraba que varios miembros de la ACB también eran empresas de propiedad estatal.

(386)

Las autoridades chinas alegaron que la Comisión no había demostrado que la ACB fuera un organismo público.

(387)

A este respecto, la Comisión se refirió al considerando 138 y confirmó su conclusión de que la ACB opera bajo la orientación política y la supervisión «del Consejo de Estado, el Ministerio de Asuntos Civiles y la dependencia institucional competente de la sociedad». Esto sucedía también en el año 2016, cuando se aprobó el decimotercer plan sobre bicicletas.

(388)

Las autoridades chinas alegaron también que solo un tercio de los proveedores nacionales que suministran motores a los productores exportadores de bicicletas eléctricas incluidos en la muestra son empresas públicas o miembros de la ACB. Además, señalaron que, con arreglo a la jurisprudencia existente, la propiedad estatal no es suficiente para demostrar la existencia de encomienda y orden.

(389)

En primer lugar, la Comisión señaló que las autoridades chinas no rebatieron la conclusión de que una parte importante de los proveedores nacionales que suministran motores a los productores exportadores incluidos en la muestra son empresas públicas y/o miembros de la ACB. En ausencia de cooperación, aunque la propiedad estatal o la pertenencia a ACB no son una condición suficiente para demostrar la existencia de encomienda u orden, sí son elementos importantes al respecto. La Comisión ya demostró en el considerando 138 que esas entidades siguen las políticas y los objetivos gubernamentales, y también estableció, como se muestra en los considerandos 390 a 412, que los proveedores nacionales de motores para la industria de las bicicletas eléctricas reciben encomienda y orden de las autoridades chinas. Con este argumento, se rechazaron las alegaciones.

(390)

La Comisión localizó varias fuentes jurídicas que apuntaban a un apoyo público a la industria de los motores, debido a la posición que ocupaban estos en la cadena de suministro de la industria de las bicicletas eléctricas.

(391)

Entre esos documentos figuran el duodécimo plan quinquenal para la industria de las bicicletas y las bicicletas eléctricas, el decimotercer plan sobre bicicletas, el plan de desarrollo de la industria ligera (2016-2020), el anuncio de la Oficina General del Gobierno Municipal de Suzhou por el que se distribuyen las medidas administrativas sobre el fondo especial para la mejora industrial y económica municipal (SU FU BAN 2014-137) y el anuncio relacionado sobre la aplicación para el año 2016 del programa del fondo especial económico municipal de Suzhou, y el plan municipal de desarrollo textil y de la industria ligera de Tianjin para el decimotercer plan quinquenal (2016-2020). Todos ellos se han analizado en la sección 3.1.

(392)

Los documentos destacan la necesidad de mejorar la calidad y el rendimiento de los insumos esenciales para los productores de bicicletas eléctricas en las que se instalen los motores, y de completar la cadena de suministro de la industria de las bicicletas de forma que se pueda establecer en China una cadena de producción autónoma e integrada verticalmente.

(393)

Estos documentos también describen los diversos regímenes de ayuda a los productores de bicicletas eléctricas y sus proveedores, como las subvenciones en forma de financiación preferencial y desgravaciones o exenciones fiscales, como se ha descrito en los considerandos 105 y 106.

(394)

En primer lugar cabe recordar que, habida cuenta de la falta parcial de cooperación de las autoridades chinas, no se recibieron respuestas al cuestionario de los proveedores de insumos, excepto de Bafang, por lo que la Comisión no tenía información esencial acerca del mercado nacional de proveedores de motores. Como consecuencia, la Comisión tuvo que basarse en los datos disponibles, de conformidad con el artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base, para extraer sus conclusiones sobre la encomienda. La información a disposición de la Comisión constaba de la recabada de los productores exportadores incluidos en la muestra en relación con sus proveedores nacionales de motores, la información pública disponible relativa a la ACB y a sus miembros, la información obtenida del único proveedor de insumos que cooperó y un informe específico de la industria sobre los motores en China proporcionado por el denunciante.

(395)

En lo que respecta a los proveedores de los productores exportadores incluidos en la muestra, la Comisión indicó en el considerando 382 que los miembros de la ACB que les suministraban motores registraron el 41 % de la cantidad nacional suministrada a dichos productores exportadores y hasta el 66 % del valor nacional de adquisición durante el período de investigación. Además, en los considerandos 382 y 383, la Comisión llegó a la conclusión de que los miembros de la ACB, entre ellos los proveedores de piezas, son operadores clave subordinados a los que se ha encomendado la aplicación de las políticas nacionales a fin de cumplir los objetivos más generales relacionados con la producción de bicicletas eléctricas. Sobre la base de lo anterior, y a falta de cualquier otra información, esta situación se consideró representativa del mercado interno chino de motores.

(396)

Más concretamente, en lo que respecta al único proveedor de motores que cooperó, la investigación puso de manifiesto que había exportado modelos similares a precios diferentes en función del mercado y que vendió siempre los motores a precios más favorables en el mercado interno que en el mercado de exportación. Los precios nacionales eran más de un 33 % menores que los precios de exportación, en promedio. Esta diferencia alcanzaba el 67 % para algunos modelos.

(397)

La investigación también determinó que los mismos modelos tenían asociados iguales costes, independientemente del destino. Por consiguiente, las diferencias de precio entre los modelos exportados y los vendidos en el mercado interno no podía explicarse por diferencias en los costes. Bafang alegó que estas diferencias de precio se debieron a que los costes de las ventas en el mercado de exportación eran superiores. Sin embargo, la investigación puso de manifiesto que solo una pequeña parte de la diferencia de precio obedecía a costes de venta superiores. Bafang no alegó que tales diferencias se explicaran por condiciones de mercado distintas, y esta hipótesis tampoco quedó confirmada por los hechos determinados en la presente investigación. Bien al contrario, en su calidad de miembro de la ACB, Bafang está subordinado a esta asociación cuyo decimotercer plan sobre bicicletas tiene por objeto mejorar el rendimiento de las exportaciones de los productores exportadores de bicicletas eléctricas, como se ha mencionado en los considerandos 112 y 113. Así, con el fin de contribuir al rendimiento de las exportaciones de esta industria, ha recibido encomienda u orden de vender los insumos a precios más baratos en el mercado interno, de modo que los productores exportadores de bicicletas eléctricas puedan ofrecer sus productos a precios significativamente menores que sus competidores en los mercados de exportación, que han de abastecerse de motores a precios no subvencionados.

(398)

Varias partes alegaron que la decisión de Bafang de cobrar precios más altos en los mercados de exportación que en el mercado nacional no debería considerarse irracional. En primer lugar, podría estar relacionada con los costes de los servicios postventa. En segundo lugar, podría depender de los distintos niveles de competencia en ambos mercados. En tercer lugar, podría depender de la mayor demanda interna y el mayor reconocimiento de la marca Bafang.

(399)

En relación con el primer punto, se hace referencia al considerando 397, donde ya se ha tratado esta alegación con arreglo a la información verificada en los locales del proveedor. Sobre los puntos segundo y tercero, debe señalarse, en primer lugar, que la citada alegación no estaba respaldada por elementos nuevos. En todo caso, habida cuenta de la falta de cooperación parcial de las autoridades chinas, como se indica en los considerandos 163 a 169, la Comisión carecía de información crucial relativa a los diferentes niveles de competencia de los mercados nacionales y de exportación, así como a la situación de los distintos proveedores de motores en el mercado interior. Sobre esta base, la Comisión tuvo que basar sus conclusiones en la información disponible, es decir, en la única respuesta al cuestionario recibida de proveedores de insumos. No hay pruebas que demuestren la existencia de un nivel competitivo diferente de los mercados interno y de exportación que provoque diferencias en los niveles de precios entre ambos. Tampoco hay pruebas sobre el reconocimiento de la marca Bafang y sus efectos sobre las diferencias de precios. De haberlos, el reconocimiento de la marca podría influir también en los precios del mercado interior, ya que podría justificar un precio más elevado que los competidores. Por ello, hubo que rechazar esta alegación.

(400)

Además, habida cuenta de la considerable diferencia de precios entre los motores vendidos en el mercado interno y los vendidos para la exportación, sería una decisión económica racional centrarse de preferencia en la venta de motores en los mercados de exportación, dada la posibilidad de lograr una rentabilidad muy superior. La rentabilidad podría ser aún mayor si la empresa redujera los precios de exportación de los motores respecto a los cobrados durante el período de investigación, a fin de ganar cuota de mercado en terceros países, porque la rentabilidad lograda en el mercado de exportación sería mucho mayor aún que la obtenida en el mercado interno. Esto, en combinación con el aumento del volumen de ventas de exportación, haría que la rentabilidad absoluta superara incluso los niveles actuales. Pese a todo, la investigación mostró que la actividad principal de Bafang durante el período de investigación se redujo al mercado nacional. Según la alegación de Bafang, el que sus ventas nacionales durante el período de investigación alcanzaran un beneficio razonable demostraba que no estaba vendiendo a precios más bajos en el mercado nacional y que su comportamiento en relación con el establecimiento de precios no era irracional.

(401)

Si bien no se discute que las ventas nacionales de Bafang fueran rentables, la información del expediente muestra que los precios en el mercado interno eran considerablemente inferiores a los precios de exportación. La observación formulada por la Comisión en el considerando 400 no consistía en que fuera una decisión racional obtener beneficios, sino incrementar las ventas en los mercados de exportación a fin de aumentar los beneficios gracias a la diferencia significativa de precios explicada en el considerando 396, o bien subir los precios en el mercado interno al menos hasta el nivel de las exportaciones a fin de maximizar los beneficios globales.

(402)

Giant alegó también que, según el informe del grupo especial CE — Medidas compensatorias sobre chips DRAM (44), actuar «de manera que no sea comercialmente razonable no basta para demostrar la existencia de una encomienda u orden».

(403)

Al respecto, cabe señalar que, como se establece en los considerandos 394 a 397 y 404, la conclusión sobre la existencia de encomienda u orden no se basa en la diferencia de precios observada para Bafang. Ese elemento se consideró un efecto, más que una base para la encomienda o la orden. Sobre esta base, se rechazó la alegación.

(404)

Además, la Comisión se basó en un informe específico dedicado a la industria los motores para bicicletas eléctricas en China, «2018-2023 China E-bike motor industry Market Demand and Investment Consulting Report» (Informe de consultoría sobre la demanda de mercado y la inversión en la industria de motores para bicicletas eléctricas en China, 2018-2013), elaborado por YuboZhiye Market Consulting (45). Según la reseña que figura en el sitio web, el informe se basa en datos facilitados por los investigadores de YuboZhiye de conformidad con institutos nacionales de estadística, bases de datos de supervisión del mercado, asociaciones de la industria (sector académico), departamentos de estadísticas de importación y exportación, institutos de investigación y otras instituciones. El informe, que es público, muestra que la importación de motores para bicicletas no alcanzó el 10 % de las ventas nacionales en 2017. Por consiguiente, la Comisión consideró sin lugar a dudas que los participantes en el mercado nacional establecían los precios, sin verse influidos por los precios de importación, que más bien seguían las tendencias. Esto se ve confirmado por el análisis de los precios de importación de motores comprados por los productores exportadores incluidos en la muestra que, para modelos comparables, se ajustan en gran medida a los precios cobrados por los proveedores nacionales de motores, Bafang entre ellos. Más concretamente, la diferencia de precios para el modelo principal (combinación de ubicación y potencia) importado y comprado en el mercado interior durante el período de investigación por los productores exportadores incluidos en la muestra, fue inferior al 3 %.

(405)

Tras la comunicación, Bafang alegó que la afirmación de que los participantes en el mercado nacional establecen los precios y no se ven influidos por los precios de importación no está respaldada por pruebas. También alegó que la constatación de que los precios internos están al mismo nivel que los precios de importación solo refleja una remuneración adecuada.

(406)

A este respecto, cabe recordar que, debido a la falta de cooperación parcial de las autoridades chinas, mencionada en los considerandos 163 a 173, la Comisión no dispuso de información crucial sobre la estructura del mercado interno de los motores ni sobre el mecanismo de fijación de precios. Por tanto, la Comisión tuvo que basarse en los datos disponibles y consideró que la información facilitada en el informe específico sobre la industria de los motores mencionado en el considerando 404 era razonable. Además, teniendo en cuenta que las importaciones de motores solo representaban el 10 % del consumo de los motores eléctricos en China en 2017, es poco probable que los exportadores de otros países pudieran influir, al menos en medida apreciable, en los precios nacionales. En cualquier caso, Bafang no aportó ninguna prueba para respaldar esta alegación. Por consiguiente, la Comisión rechazó esa alegación.

(407)

Por consiguiente, el hecho de que el precio de los motores en el mercado interno chino sea destacadamente menor que el de exportación apunta a una situación de encomienda y orden de los poderes públicos a los suministradores nacionales de motores para que vendan motores a precios bajos a la industria de las bicicletas eléctricas y al comportamiento irracional de los proveedores nacionales de motores, a falta de información en contrario por las autoridades chinas.

(408)

Además, el informe contiene pruebas de que la industria de las bicicletas eléctricas está subvencionada y de que estas subvenciones se conceden con miras al beneficio global de la industria de las bicicletas eléctricas, incluidos los proveedores de motores. Esta conclusión se fundamenta en el extracto siguiente:

(409)

La Comisión se remitió al plan de desarrollo de la industria ligera (2016-2020) para determinar la índole de esas «políticas de apoyo». En particular, hizo referencia a los tres grupos de medidas de apoyo descritos en los considerandos 101 a 106.

(410)

El informe contiene más información pertinente por la que se demuestra que la industria china de motores recibe apoyo como componente de la cadena de suministro de bicicletas eléctricas:

(411)

En definitiva, el informe confirma que las industrias de las bicicletas eléctricas y los motores están interrelacionadas y que el desarrollo de la segunda es un factor clave para el desarrollo de la primera. También confirma que las autoridades chinas ofrecen subvenciones para los motores con el objetivo de mejorar la competitividad de toda la cadena de la industria, incluida la industria de las bicicletas eléctricas.

(412)

Sobre la base de lo anterior, la Comisión llegó a la conclusión de que las autoridades chinas encomiendan u ordenan a los productores chinos de motores que suministren estos insumos a los productores nacionales de bicicletas eléctricas por una remuneración inferior a la adecuada.

(413)

Tras la comunicación, Giant afirmó que, según el Órgano de Apelación de la OMC en Estados Unidos, Investigación de derechos compensatorios sobre DRAM, las «meras declaraciones de políticas» no pueden «constituir encomienda u orden a los fines del artículo 1.1, letra a), párrafo 1, inciso iv,» del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas (SCM) (46). Además, la «encomienda y orden, mediante el otorgamiento de responsabilidad o el ejercicio de autoridad sobre un órgano privado, implican una función más activa que los meros actos de aliento» (47). El Órgano de Apelación llegó a la conclusión de que cabría esperar que «la encomienda o la orden impartida a una entidad privada» entrañara «alguna forma de amenaza o estímulo». (48) Además, Giant hizo referencia al Grupo especial de la OMC en los Estados Unidos — Limitaciones de las exportaciones, que señaló que tanto el acto de encomendar como el de ordenar conllevan necesariamente los tres elementos siguientes: i) una acción explícita y afirmativa de delegación o de mandato; ii) dirigida a una parte en particular, y iii) cuyo objeto consiste en una tarea o un objetivo específicos (49). La mera supervisión o el ejercicio de atribuciones reguladoras generales, por tanto, son insuficientes para declarar la existencia de encomienda u orden (50).

(414)

A este respecto, procede señalar que la conclusión de la Comisión no se basa únicamente en una mera declaración de política como se menciona en la sección 3.1. También se basa en la función de la ACB que, como asociación formada no solo por productores de bicicletas, sino también por fabricantes de motores, está supervisada y orientada por la más alta autoridad china, es decir, el Consejo de Estado. Además, se recuerda que los miembros de la ACB están obligados a aplicar las resoluciones de dicha asociación, por lo que se consideran subordinados. A este respecto, se recuerda que la ACB publicó el decimotercer plan sobre bicicletas, que tiene por objeto mejorar el rendimiento de las exportaciones de los productores exportadores de bicicletas eléctricas, como se ha mencionado en los considerandos 112 y 113. Estas consideraciones se fundamentan también en numerosos extractos del informe específico sobre la industria de los motores indicados en los considerandos 408 a 410, en los que se muestra que la ayuda al sector de los motores es básica para su posición en la cadena de suministro de las bicicletas eléctricas. Por ello, hubo que rechazar esta alegación.

(415)

Giant consideró también que la Comisión había invertido la carga de la prueba en el considerando 407, relativo a la falta de cooperación parcial de las autoridades chinas respecto a las conclusiones formuladas. Giant subrayó que la carga de la prueba recae sobre la Comisión y que esta no ha demostrado que el suministro de baterías y motores para bicicletas eléctricas sea una práctica que incumbe normalmente al Gobierno.

(416)

A este respecto, la Comisión consideró que los elementos de prueba existentes, resumidos en el considerando 414, que se basan en los datos disponibles, son suficientes para demostrar la encomienda y la orden. También se recuerda que las autoridades chinas no plantearon ningún comentario ni facilitaron más información tras haber sido informadas de que la Comisión tenía la intención de aplicar los datos disponibles con respecto al suministro de insumos por una remuneración inferior a la adecuada. Sobre esta base, la Comisión considera que no ha invertido la carga de la prueba. En consecuencia, hubo que rechazar esta alegación.

(417)

En primer lugar, la Comisión desearía recordar que, debido a la falta de cooperación parcial de las autoridades chinas, tuvo que extraer sus conclusiones sobre la base de los datos disponibles, procedentes del informe específico de la industria presentado por el denunciante y de la información facilitada por el único proveedor de motores que cooperó respondiendo al cuestionario de la Comisión.

(418)

Como se describe en el considerando 410, el informe contiene varias pruebas de que la industria de los motores eléctricos recibió incentivos «mediante la devolución de impuestos», «el uso de la tierra, la financiación de capital y la oferta de mano de obra».

(419)

Esta circunstancia también se confirmó por las conclusiones relacionadas con Bafang. De hecho, la investigación reveló que esta empresa recibió varios tipos de subvenciones, a saber, derechos de uso de la tierra por una remuneración inferior a la adecuada, tipos impositivos reducidos y varios subsidios.

(420)

Varias partes formularon observaciones en referencia al artículo 14, letra d), del Acuerdo SCM de la OMC, así como al artículo 6, letra d), del Reglamento de base, relativas a la adecuación de la remuneración que se determinará en relación con las condiciones reinantes en el mercado para el bien o servicio de que se trate en el país de suministro o de compra. Es decir, que la referencia utilizada debería referirse a las condiciones imperantes en el mercado chino; o determinarse sobre la base de las condiciones reinantes en el mercado de otro país o en el mercado mundial que estén a disposición del beneficiario.

(421)

La Comisión constató que las condiciones imperantes en el mercado de China estaban distorsionadas en vista de las políticas nacionales y sectoriales aplicadas por los operadores económicos. Además, debido a la falta de cooperación parcial de las autoridades chinas, la Comisión carecía de información crucial sobre la situación del mercado de los motores en China y sobre los posibles ajustes que debían efectuarse. Por lo que respecta a las condiciones reinantes en el mercado de otro país o en el mercado mundial, esta información no estaba disponible en un nivel de detalle que permitiera una comparación significativa. Como consecuencia, la Comisión tuvo que basarse en la información disponible. Sobre esta base, la Comisión concluyó que las condiciones reinantes en el mercado chino no justificaban ajustes y, por tanto, calculó la referencia utilizando la metodología descrita en el considerando 432.

(422)

Varias partes alegaron que la Comisión debería haber utilizado en su lugar los precios de importación de motores notificados por los productores incluidos en la muestra que cooperaron, como referencia no distorsionada.

(423)

A este respecto, en vista de la cuota de mercado de los proveedores nacionales de motores y de que estos establecen los precios en el mercado chino, como se expone en el considerando 404, no se consideró adecuado utilizar los precios de importación como referencia porque su nivel también se veía afectado por las mismas distorsiones presentes en el mercado nacional. Por ello, hubo que rechazar esta alegación.

(424)

Giant y las autoridades chinas alegaron que el enfoque de la Comisión vulnera el artículo 1.1, letra b), el artículo 10 y el artículo 32.1 del Acuerdo SCM de la OMC, ya que la Comisión no puede eludir su obligación de concluir que los fabricantes reciben encomienda u orden. A este respecto, Giant alegó que la Comisión debe: 1) analizar si se han otorgado subvenciones a los fabricantes; 2) analizar si los motores y las baterías fueron adquiridos en condiciones de plena competencia; 3) calcular qué parte de las subvenciones se ha repercutido.

(425)

En este sentido, se considera que la conclusión de la Comisión se basa en motivos suficientemente detallados que se resumen en el considerando 414. En lo que se refiere a las observaciones de Giant, la Comisión consideró que, habida cuenta de la falta de cooperación de las autoridades chinas y de que solo un proveedor cooperó por propia iniciativa, carecía de información crucial. No obstante, sobre la base de la información disponible y del análisis efectuado por la Comisión, se consideró que se cumplían las condiciones para llegar a una conclusión sobre la encomienda y la orden. En cuanto a la repercusión, dado que el análisis de la Comisión no se centró en ese aspecto, la alegación se consideró irrelevante. Por ello, hubo que rechazar estas alegaciones.

(426)

Como se demuestra en los considerandos 390 a 412, varios documentos jurídicos específicamente destinados a las empresas del sector de las bicicletas eléctricas ordenan a los proveedores de insumos que suministren motores por una remuneración inferior a la adecuada a la industria de las bicicletas eléctricas. Sobre la base de esos documentos, queda demostrado que dichos proveedores solo suministran motores a un número limitado de industrias o empresas que cumplen las políticas pertinentes de las autoridades chinas.

(427)

La Comisión concluyó, por lo tanto, que las subvenciones en forma de suministro de motores por una remuneración inferior a la adecuada no están disponibles de forma general, sino que son específicas en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base. Además, ninguna de las partes interesadas presentó pruebas que indicaran que este tipo de subvenciones se hubiera basado en criterios o condiciones objetivos, en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base.

(428)

Todos los productores exportadores incluidos en la muestra adquirieron motores en el mercado nacional, principalmente a empresas no vinculadas, pero también importaron ciertas cantidades. Se adquirieron cantidades insignificantes a empresas vinculadas. Algunos de los productores tenían a Bafang como principal proveedor, con una cuota que superaba el 50 % del volumen de compra.

(429)

Como se explica en el considerando 396, Bafang, en calidad de operador subordinado que había recibido la encomienda de aplicar la política nacional, vendió motores a precios significativamente más baratos en el mercado interno que para la exportación. Como consecuencia, los productores exportadores chinos se beneficiaron de la venta de motores por una remuneración inferior a la adecuada.

(430)

Varias partes alegaron que, con arreglo al artículo 2, letras a) y b), del Reglamento de base, los poderes públicos son los únicos con competencia para otorgar una subvención. Puesto que Bafang es una empresa privada, no se puede considerar que forma parte de los poderes públicos, en el sentido de la artículo 2, letra b), por lo que no puede otorgar subvenciones.

(431)

Al respecto, se consideró que esta observación no era pertinente en vista de la conclusión expuesta en el considerando 412, es decir, que los proveedores de motores que suministran a los productores de bicicletas eléctricas reciben encomienda y orden de las autoridades chinas para suministrar esos insumos por una remuneración inferior a la adecuada.

(432)

El beneficio obtenido por las empresas incluidas en la muestra se calculó comparando los precios que Bafang cobró por los motores en el mercado nacional y en el de exportación durante el período de investigación. Esta comparación se hizo teniendo en cuenta una combinación de la ubicación del motor (en el buje o central) y la potencia (en kW). Los porcentajes calculados se aplicaron a los precios pagados por los productores exportadores incluidos en la muestra por los motores adquiridos a proveedores nacionales. No se realizaron ajustes.

(433)

El Grupo Giant alegó que no existe ningún vínculo entre los motores adquiridos localmente y las bicicletas eléctricas que exportó a la UE.

(434)

A este respecto, se considera que el beneficio definido en los considerandos 428 a 429 constituye una ventaja para los productores exportadores de bicicletas eléctricas que adquieren motores nacionales por una remuneración inferior a la adecuada y no se refiere a modelos específicos de bicicletas eléctricas vendidas. Por tanto, se concluyó que el Grupo Giant recibió un beneficio al comprar motores nacionales a precios distorsionados debido a la encomienda u orden de las autoridades chinas descritas en los considerandos 394 a 412. Por ello, hubo que rechazar esta alegación.

(435)

En cuanto a las ventas nacionales, Bafang alegó que la lista de transacciones utilizada para calcular el precio medio de los motores vendidos en el mercado nacional incluía ventas a una empresa vinculada. Además, Bafang aclaró que esas ventas estaban destinadas a la exportación, ya que su empresa vinculada actuaba como comerciante nacional responsable de las ventas de exportación. Por lo tanto, Bafang solicitó a la Comisión que excluyera esas ventas del cálculo de los precios medios de venta en el mercado nacional.

(436)

La Comisión aceptó esta alegación y excluyó esas ventas del cálculo del precio medio de venta nacional, porque se mostró satisfecha con las pruebas presentadas por Bafang de que tales ventas debían considerarse efectivamente «ventas de exportación» a través de su comerciante vinculado. En cualquier caso, en el expediente no hay pruebas que indiquen si estas ventas al operador comercial vinculado se efectuaron «en condiciones de plena competencia» o no, como se explica en los considerandos 437 a 441. Como consecuencia, se modificaron los cálculos para tener en cuenta únicamente las ventas nacionales a clientes independientes.

(437)

En lo relativo al precio medio de las ventas de exportación, Bafang alegó, acerca de esas ventas mencionadas en los considerandos 435 y 436, que los precios de los motores exportados a través de su comerciante nacional vinculado debían ajustarse debidamente a fin de eliminar los gastos de venta, generales y administrativos y los beneficios de este último.

(438)

En este contexto, no se pudo averiguar si las transacciones entre Bafang y su empresa vinculada se realizaron «en condiciones de plena competencia» o si las ventas de exportación a clientes no vinculados de esta empresa vinculada debían ajustarse por un importe razonable en concepto de beneficios y gastos de venta, generales y administrativos. En todo caso, la referencia para medir el precio de las ventas de exportación debería basarse en el precio de exportación pagado realmente por el comprador independiente, ya que este se considera un precio de mercado sin distorsiones provocadas por el mercado nacional, independientemente de los niveles de beneficios y gastos de venta, generales y administrativos del operador comercial de Bafang. Por ello, con el fin de garantizar una comparación adecuada de las ventas nacionales y de exportación en la misma fase comercial y para garantizar la coherencia con el ajuste del precio de las ventas nacionales explicado en los considerandos 435 y 436, la Comisión decidió excluir estas ventas indirectas de exportación mediante el comerciante nacional vinculado y modificó el cálculo del precio medio de exportación en consecuencia. Como resultado, la comparación entre los precios nacionales y de exportación se realizó teniendo en cuenta únicamente las ventas directas de Bafang a clientes independientes tanto en el mercado interno como en el de exportación. El nivel de representatividad de las ventas pertinentes ajustado de este modo seguía siendo significativo e incluía casi el 70 % de las ventas de exportación. Estas conclusiones también se incluyeron de nuevo en una comunicación final adicional a todas las partes interesadas.

(439)

Tras esta segunda comunicación, Bafang alegó que no debían excluirse las ventas de exportación de su empresa vinculada a clientes no vinculados y además que las operaciones de venta correspondientes debían ajustarse debidamente a la baja restando los gastos de venta, generales y administrativos y el beneficio. Bafang alegó también que la Comisión podría haber solicitado esta información durante la investigación a fin de determinar si las ventas a clientes vinculados se efectuaron «en condiciones de plena competencia».

(440)

A este respecto, cabe recordar que la comparación de los precios se hizo con la única finalidad de establecer una referencia para los motores vendidos por una remuneración inferior a la adecuada. Tras las observaciones de Bafang sobre la comunicación, se consideró apropiado excluir las transacciones de exportación efectuadas mediante el operador comercial vinculado, como alegó Bafang, dado que tales transacciones incluían los gastos de venta, generales y administrativos y el beneficio, y no pudo determinarse que los precios de venta correspondientes fueran fiables.

(441)

Además, debe aclararse que la existencia de gastos de venta, generales y administrativos y de beneficios a nivel del operador comercial solo se dio a conocer a los servicios de la Comisión después de inspección in situ y que Bafang no planteó esta cuestión al facilitar información sobre su rentabilidad en los dos mercados ni al identificar elementos que podrían justificar una diferencia entre los precios nacionales y de exportación (véase el considerando 397). Por último, hay que señalar que Bafang no justificó su alegación con pruebas, ya que no presentó más información sobre el nivel de gastos de venta, generales y administrativos ni sobre los beneficios en sus observaciones a la comunicación inicial ni a la segunda. En todo caso, como se explica en el considerando 437, la referencia correcta para las ventas de exportación solo podía basarse en el precio real para el cliente final, con independencia de las ventas intermedias y de los niveles correspondientes de gastos de venta, generales y administrativos y beneficios de los operadores comerciales, al ser estos irrelevantes para determinar el precio de mercado adecuado a fin de calcular el beneficio de la subvención. Por consiguiente, la Comisión rechazó esas alegaciones.

(442)

El importe de la subvención determinado con respecto a este régimen durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

Cuadro 3.

Suministro de motores por una remuneración inferior a la adecuada

(443)

Ante la falta de información de las autoridades chinas sobre el número y la estructura de propiedad de los proveedores nacionales de baterías para bicicletas eléctricas, la Comisión tuvo que recurrir los datos disponibles, con arreglo al artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base. A este respecto, analizó un informe específico sobre la industria china de baterías de litio para bicicletas eléctricas presentado por el denunciante, así como la situación de los proveedores de baterías de los cinco productores exportadores incluidos en la muestra.

(444)

En paralelo, la Comisión localizó veintitrés proveedores de baterías chinos, al menos tres de los cuales eran miembros de la ACB y uno, como mínimo, era en parte propiedad del Estado. Estos proveedores suministraron el 33 % de las baterías y registraron el 31 % del valor de las adquisiciones durante el período de investigación. Como se indica en los considerandos 133 a 139, durante el período considerado, la ACB estaba bajo la dirección del Consejo de Estado. Además, como se menciona en el considerando 382, la ACB impone determinadas obligaciones a sus miembros en relación con la ejecución de la política nacional.

(445)

Sobre esta base, la Comisión consideró que los miembros de la ACB están sujetos a obligaciones estrictas para con su asociación, que está sometida a la orientación y la supervisión institucionales de la Comisión de supervisión y administración de activos públicos del Consejo de Estado. Como consecuencia, los miembros de la ACB, entre ellos los proveedores de baterías, se consideran operadores clave subordinados de la industria de las bicicletas a los que se ha encomendado la aplicación de las políticas nacionales a fin de cumplir los objetivos más generales relacionados con la producción de bicicletas eléctricas. Por lo tanto, también en el caso de las baterías, la Comisión investigó estas políticas con mayor detalle.

(446)

Como sucede con los motores, varias partes alegaron que la ACB es una asociación sin ánimo de lucro cuyos miembros son empresas, dependencias de investigación y asociaciones locales de la industria de las bicicletas que se habían incorporado voluntariamente. Estas partes también alegaron que la mayoría de los miembros de la ACB son empresas privadas.

(447)

A este respecto, la Comisión se remite a los considerandos 166 y 168 donde se establece que, debido a la negativa de las autoridades chinas a facilitar información sobre la estructura de propiedad de los proveedores nacionales de insumos, tuvo que basarse en los datos disponibles. Estos mostraban que varios miembros de la ACB son también empresas estatales.

(448)

Las autoridades chinas alegaron que la Comisión no había demostrado que la ACB fuera un organismo público.

(449)

A este respecto, se hace referencia al considerando 138 y se confirma la conclusión de que la ACB opera bajo la orientación y la supervisión «del Consejo de Estado, el Ministerio de Asuntos Civiles y la dependencia institucional competente de la sociedad». Esto sucedía también en el año 2016, cuando se aprobó el decimotercer plan sobre bicicletas.

(450)

Además, las autoridades chinas señalaron que, con arreglo a la jurisprudencia existente, la propiedad estatal no es suficiente para demostrar la existencia de encomienda y orden.

(451)

La propiedad estatal no es condición suficiente para demostrar la existencia de encomienda u orden, pero sí es un elemento importante al respecto. Además, cabe señalar que, de conformidad con lo dispuesto en los considerandos 452 a 484, el análisis de la Comisión se basa en otros factores que justifican el argumento de que los proveedores nacionales de baterías para la industria de las bicicletas eléctricas reciben encomienda y orden de las autoridades chinas. Por ello, hubo que rechazar estas observaciones.

(452)

La Comisión localizó varias fuentes jurídicas que apuntaban a un apoyo público a la industria de las baterías, debido a la posición que ocupaban estas en la cadena de suministro de la industria de las bicicletas eléctricas.

(453)

El primer documento es el plan de desarrollo de la industria ligera (2016-2020), elaborado por las autoridades chinas para aplicar el decimotercer plan quinquenal y el plan «Made in China 2025». Dicho plan de desarrollo clasifica las baterías como «industrias clave». En relación con las baterías, el plan recomienda «promover la industria de las baterías para impulsar el desarrollo hacia una dirección ecológica, segura, de alto rendimiento y de larga duración. Agilizar la I+D y la industrialización de materiales para electrodos de uso en baterías de ion-litio de alto rendimiento, diafragmas de baterías, electrolitos, aditivos novedosos y tecnología avanzada de integración de sistemas, tecnología de nuevas baterías de plomo, como baterías con bobina y baterías de plomo-carbón, y baterías de plomo de nueva generación, como bipolares y de placas de rejilla sin plomo, y materiales clave […]. Centrarse en el desarrollo de nuevos tipos de baterías primarias, nuevos tipos de baterías de plomo, baterías eléctricas para vehículos propulsados por energías alternativas y pilas de combustible. Acelerar la velocidad de transformación y mejora de los equipos técnicos del sector del plomo de conformidad con el documento sobre condiciones normalizadas para la industria de las baterías de ácido y plomo (versión de 2015). Impulsar activamente la construcción de sistemas de reciclado de baterías de plomo».

(454)

El plan determina también medidas concretas que es preciso fomentar en cada una de estas industrias clave. Esas medidas se describen en los considerandos 101 a 106 e incluyen, entre otras, los préstamos preferenciales, el apoyo al seguro de crédito a la exportación y el apoyo a la política fiscal.

(455)

El segundo documento es la estrategia «Made in China 2025». Se trata de una estrategia nacional centrada en diez sectores básicos que reciben un apoyo y una atención especiales en el período de aquí a 2025. El apoyo se concede mediante préstamos no comerciales de bancos de propiedad estatal, así como mediante la exención del cumplimiento de normas y reglamentos específicos, entre otros privilegios. El sector de las baterías en China forma parte de los ámbitos que reciben apoyo de la estrategia nacional, lo que se observa por la inclusión del siguiente extracto:

(456)

El tercer documento es el decimotercer plan quinquenal para la industria de las bicicletas y las bicicletas eléctricas, donde se enumeran los objetivos, las prioridades y los mecanismos de apoyo principales para la industria de las bicicletas y las bicicletas eléctricas y para las principales industrias que la componen, como la industria de las baterías:

(457)

El cuarto documento es el duodécimo plan quinquenal para la industria de las baterías, adoptado en 2015 y, por lo tanto, aplicable desde el inicio del período de investigación:

(458)

El quinto documento es el decimotercer plan quinquenal para la industria de las baterías, adoptado por la Chemical and Physical Power Industry Association de China el 18 de enero de 2016:

(459)

Además de las fuentes jurídicas mencionadas, la Comisión se basó en un informe sobre la industria china de baterías de litio para bicicletas eléctricas (Yubo Zhiye Business Consulting). Ese informe («Análisis detallado de la industria de baterías de iones de litio para bicicletas eléctricas en 2018-2023 e informe de orientación sobre el decimotercer plan quinquenal de desarrollo» (51)), disponible en el sitio web de la empresa (www.chinabgao.com), confirma que la industria está muy subvencionada y que esas subvenciones se otorgan con miras a beneficiar a la industria de las bicicletas eléctricas en general:

(460)

En resumen, estos documentos demuestran el apoyo del Gobierno a la industria de las baterías y también describen las medidas de apoyo disponibles de las que ha podido beneficiarse en los últimos años (financiación en condiciones preferenciales, desgravaciones o exenciones fiscales y seguro de crédito a la exportación). Además, resaltan la necesidad de continuar integrando la industria de las baterías con la de las bicicletas eléctricas impulsando la cooperación y las alianzas, y reconocen la existencia de una política de subvenciones a las baterías para bicicletas eléctricas con objeto de fomentar la popularización y la exportación de esas bicicletas.

(461)

Sobre esta base, la Comisión concluyó que la industria de las baterías es un sector protegido que puede beneficiarse de diversas subvenciones, y que su desarrollo está estrechamente vinculado con el de la industria de las bicicletas eléctricas.

(462)

Habida cuenta de la falta de cooperación parcial de las autoridades chinas, no se recibieron respuestas al cuestionario de los proveedores de insumos, por lo que la Comisión no tenía información esencial acerca del mercado nacional de proveedores de baterías. Como consecuencia, la Comisión tuvo que basarse en los datos disponibles, de conformidad con el artículo 28, apartado 1, del Reglamento de base, para extraer sus conclusiones sobre la encomienda. La información a disposición de la Comisión constaba de los planes gubernamentales descritos en la sección 3.1, la recabada de los productores exportadores incluidos en la muestra en relación con sus proveedores nacionales de baterías, la información pública disponible relativa a la ACB y a sus miembros, y la información obtenida del único proveedor de insumos que cooperó, Bafang.

(463)

La Comisión constató varias fuentes jurídicas que apuntaban a que las autoridades chinas habían adoptado medidas para reducir el coste de las baterías a fin de conferir un beneficio a la industria transformadora de productores de bicicletas eléctricas.

(464)

El primer documento es el decimotercer plan sobre bicicletas, donde se indica que se lograrán avances en seis tecnologías clave. Una de ellas es la mejora integral del rendimiento de las baterías de plomo y las baterías de iones de litio. El plan también establece tres objetivos cuantificables:

(465)

El segundo documento es el decimotercer plan quinquenal para la industria de las baterías, en el que se establecen varios vínculos con la industria transformadora y, en particular, con las bicicletas eléctricas, como se describe en el considerando 458. Además, se establece un vínculo entre las subvenciones en la industria de las baterías y en la industria de las bicicletas eléctricas: «Se recomienda poner en marcha una política de subvenciones a bicicletas eléctricas con baterías de iones de litio para popularizar su uso» (capítulo V, sección V).

(466)

El tercer documento es el informe específico de la industria sobre las baterías descrito en el considerando 459, en el que se aclara que «las futuras aplicaciones clave para las baterías de iones de litio se centrarán en herramientas eléctricas, bicicletas eléctricas ligeras, vehículos propulsados por energías alternativas y sistemas de almacenamiento de energía» (capítulo V, sección II). Esto facilita que la Comisión entienda que la industria china de bicicletas eléctricas se está desplazando hacia las baterías de litio. Este extremo también fue confirmado por las respuestas de los productores exportadores incluidos en la muestra al cuestionario.

(467)

El cuarto documento se titula «Opiniones sobre la aplicación de la mayor promoción del desarrollo de la industria de las bicicletas en nuestra ciudad», publicado por la comisión municipal de economía y tecnología de la información de Tianjin. Con arreglo a lo dispuesto en el decimotercer plan sobre bicicletas, estas opiniones recomendaron el uso de baterías nacionales en la producción de bicicletas eléctricas y la reducción de su coste: «Nos basaremos en empresas nacionales líderes de I+D sobre baterías de litio y materiales, y de fabricación, como Lishen, BAK y Gateway, para mejorar la I+D de baterías de litio de alto rendimiento, bajo coste, seguras y fiables para bicicletas eléctricas y las tecnologías de apoyo vinculadas».

(468)

Por todo lo mencionado, es evidente que la política formulada por las autoridades chinas establece un vínculo entre el desarrollo de la industria de baterías de iones de litio y la industria de las bicicletas eléctricas. Esa política también prevé que la industria de las baterías reduzca sus costes y precios, mediante subvenciones, a fin de fomentar el desarrollo de la industria de las bicicletas eléctricas. Esto muestra claramente que, mediante estas políticas, las autoridades chinas encomiendan y ordenan a los productores de baterías que las vendan a precio reducido en beneficio de la industria de las bicicletas eléctricas.

(469)

En lo que respecta a los proveedores de baterías de los productores exportadores incluidos en la muestra, la Comisión indicó en el considerando 444 que los miembros de la ACB que les suministraban baterías registraron el 33 % de la cantidad nacional suministrada a dichos productores exportadores y el 31 % del valor nacional de adquisición durante el período de investigación. Además, en el considerando 383, la Comisión llegó a la conclusión de que los miembros de la ACB, entre ellos los proveedores de piezas, son operadores clave subordinados a los que se ha encomendado la aplicación de las políticas nacionales a fin de cumplir los objetivos más generales relacionados con la producción de bicicletas eléctricas. Sobre la base de lo anterior, y a falta de cualquier otra información, esta situación se consideró representativa del mercado interno chino de baterías.

(470)

Concretamente, debido a la falta de cooperación por parte de los proveedores fabricantes de baterías, la Comisión tuvo que basarse en la información recabada de Bafang, que vendía baterías en el mercado nacional y para la exportación. Así, la investigación puso de manifiesto que había vendido modelos equivalentes de baterías a precios mucho más favorables (reducidos) en el mercado interior que para la exportación. La diferencia fue de entre el 30 % y el 50 % durante el período de investigación.

(471)

Varias partes alegaron que las ventas de baterías de Bafang no podía utilizarse como referencia, por las siguientes razones. En primer lugar, Bafang no es un productor de baterías. En segundo lugar, parte de las baterías exportadas y vendidas por Bafang en el mercado interior son importadas. También alegaron que la comparación de los precios de Bafang no podía utilizarse como referencia para las baterías, ya que el volumen de baterías vendidas por Bafang fue muy bajo durante el período de investigación.

(472)

A este respecto, se recuerda en primer lugar que, en vista de la cooperación parcial de las autoridades chinas a que se hace referencia en la sección 3.3.3 y de la falta de cooperación de los fabricantes de baterías, la Comisión tuvo que basar sus conclusiones en los datos disponibles de conformidad con el artículo 28 del Reglamento de base. Así, se consideró que los datos disponibles, es decir, los datos pertinentes acerca de Bafang, eran apropiados y razonables. En segundo lugar, habida cuenta de la política nacional y de lo dispuesto en el plan sobre bicicletas elaborado por la ACB, que tiene por objeto mejorar el rendimiento en materia de precios de las baterías de litio y el rendimiento de las exportaciones de los productores exportadores de bicicletas eléctricas, como se menciona en los considerandos 112, 113 y 464, se consideró que carecía de importancia la fuente de suministro, es decir, si las baterías fueron producidas internamente, compradas en el mercado nacional o incluso importadas. Lo que importa a efectos de la investigación es la diferencia, para los fabricantes del producto investigado, entre el precio subvencionado abonado realmente por las baterías y un precio representativo de mercado que se habría pagado sin subvenciones. Por todo ello, fue necesario desestimar esas alegaciones.

(473)

Estos modelos eran equivalentes, ya que se identificaron con el mismo código interno de referencia del producto y tenían la misma capacidad medida en mAh. No obstante, fue imposible justificar la diferencia considerable de precios entre el mercado nacional y el de exportación para modelos equivalentes. Como sucedía con los motores, el expediente no contenía información que explicara que los diferentes niveles de precios se debieran a condiciones especiales de los distintos mercados donde se vendieron las baterías. Esa hipótesis re vio refutada en especialmente por la información recopilada durante la investigación, es decir, que Bafang, en su calidad de miembro de la ACB, está subordinado a esta asociación y que el decimotercer plan sobre bicicletas, que afecta directamente a la ACB, tiene por objeto mejorar el rendimiento de las exportaciones de los productores exportadores de bicicletas eléctricas, como se ha mencionado en los considerandos 112 y 113. Así, con el fin de contribuir al rendimiento de las exportaciones de la industria de las bicicletas eléctricas, Bafang ha recibido encomienda u orden de vender los insumos a precios más baratos en el mercado interno, de modo que los productores exportadores chinos de bicicletas eléctricas puedan reducir sus costes y ofrecer sus productos a precios significativamente menores que sus competidores en los mercados de exportación, que han de abastecerse de baterías a precios no subvencionados. De esa manera, los proveedores de baterías siguen el comportamiento irracional de venderlas a un precio más bajo en el mercado nacional, en lugar de buscar la maximización de los beneficios vendiendo los mismos modelos de baterías en los mercados de exportación a precios considerablemente más altos, lo que les rendiría beneficios mucho mayores. Así, con el fin de contribuir al rendimiento de las exportaciones de la industria, ha recibido encomienda de vender los insumos a precios más baratos en el mercado interno, de modo que los productores exportadores de bicicletas eléctricas puedan ofrecer sus productos a precios significativamente menores que sus competidores en los mercados de exportación, que han de abastecerse de baterías a precios no subvencionados.

(474)

El Grupo Yadea y Bafang alegaron que los modelos vendidos en el mercado nacional y los exportados no son los mismos, y que proceden de diferentes proveedores. Por lo tanto, Bafang sugirió que la comparación debería efectuarse únicamente entre exactamente los mismos modelos de baterías suministrados por un proveedor, que exporte sus productos y los venda en el mercado nacional. Bafang comentó también que limitar la comparación a las baterías vendidas por el proveedor indicado seguiría dando como resultado una diferencia significativa entre los precios nacionales y los de exportación, aunque apreciablemente menor que si se comparan los modelos de todos los demás proveedores.

(475)

A este respecto, cabe señalar que la comparación se realizó para productos que tienen el mismo número de referencia interno para Bafang. Como consecuencia, se consideró que estos modelos eran similares, sobre todo teniendo en cuenta que tienen la misma capacidad. Se consideró irrelevante que una comparación basada en modelos procedentes de exactamente la misma fuente también diera como resultado diferencias de precios significativas. Así pues, se rechazaron estas alegaciones.

(476)

Sobre la base de lo anterior, la Comisión llegó a la conclusión de que las autoridades chinas encomiendan u ordenan a los productores chinos de baterías que suministren estos insumos a los productores nacionales de bicicletas eléctricas por una remuneración inferior a la adecuada.

(477)

Tras la comunicación, Giant afirmó que, según el Órgano de Apelación de la OMC en Estados Unidos, Investigación de derechos compensatorios sobre DRAM, las «meras declaraciones de políticas» no pueden «constituir encomienda u orden a los fines del artículo 1.1, letra a), párrafo 1, inciso iv,» del Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas (SCM) (52). Además, la «encomienda y orden, mediante el otorgamiento de responsabilidad o el ejercicio de autoridad sobre un órgano privado, implican una función más activa que los meros actos de aliento» (53). El Órgano de Apelación llegó a la conclusión de que cabría esperar que «la encomienda o la orden impartida a una entidad privada» entrañara «alguna forma de amenaza o estímulo». (54) Además, Giant hizo referencia al Grupo especial de la OMC en los Estados Unidos — Limitaciones de las exportaciones, que señaló que tanto el acto de encomendar como el de ordenar conllevan necesariamente los tres elementos siguientes: i) una acción explícita y afirmativa de delegación o de mandato; ii) dirigida a una parte en particular, y iii) cuyo objeto consiste en una tarea o un objetivo específicos (55). La mera supervisión o el ejercicio de atribuciones reguladoras generales, por tanto, son insuficientes para declarar la existencia de encomienda u orden (56).

(478)

A este respecto, procede señalar que la conclusión de la Comisión no se basa únicamente en una mera declaración de política como se menciona en la sección 3.1. También se basa en la función de la ACB que, como asociación formada no solo por productores de bicicletas, sino también por fabricantes de baterías, está supervisada y orientada por la más alta autoridad china, es decir, el Consejo de Estado. Además, se recuerda que los miembros de la ACB están obligados a aplicar las resoluciones de dicha asociación, por lo que se consideran subordinados. A este respecto, se recuerda que la ACB publicó el decimotercer plan sobre bicicletas, que tiene por objeto mejorar el rendimiento de las exportaciones de los productores exportadores de bicicletas eléctricas, como se ha mencionado en los considerandos 112 y 113. Estas consideraciones se fundamentan también en numerosos extractos del informe específico sobre la industria de las baterías indicados en el considerando 459 y, más en general, de distintas fuentes indicadas en los considerandos 464 a 467, en los que se muestra que la ayuda al sector de las baterías es básica para su posición en la cadena de suministro de las bicicletas eléctricas. Por ello, hubo que rechazar esta alegación.

(479)

Giant consideró también que la Comisión había invertido la carga de la prueba en relación con la falta de cooperación parcial de las autoridades chinas respecto a las conclusiones formuladas. Giant subrayó que la carga de la prueba recae sobre la Comisión y que esta no ha demostrado que el suministro de baterías para bicicletas eléctricas sea una práctica que incumbe normalmente al Gobierno.

(480)

Al igual que en el considerando 415, se considera que para las baterías los elementos de prueba existentes, basadas en los datos disponibles, son suficientes para demostrar la encomienda y la orden. También se recuerda que las autoridades chinas no plantearon ningún comentario ni facilitaron más información tras haber sido informadas de que la Comisión tenía la intención de aplicar los datos disponibles con respecto al suministro de insumos por una remuneración inferior a la adecuada. Sobre esta base, la Comisión consideró que no invirtió la carga de la prueba. En consecuencia, hubo que rechazar esta alegación.

(481)

En primer lugar, la Comisión recuerda que, debido a la falta de cooperación parcial de las autoridades chinas, tuvo que extraer sus conclusiones sobre la base de los datos disponibles, a saber, las políticas gubernamentales descritas en la sección 3.7.3.2 y el informe específico de la industria presentado por el denunciante, y de la información facilitada por el único proveedor de baterías que cooperó respondiendo al cuestionario de la Comisión.

(482)

La Comisión señaló en los considerandos 453 y 454 que el sector de las baterías se clasifica en el plan de desarrollo de la industria ligera como una «industria clave» y dicho plan determina una serie de medidas políticas en forma de ayudas administrativas, de mercado, financieras y fiscales disponibles para dichas industrias clave.

(483)

Además, como se describe en el considerando 459, el informe específico de la industria de las baterías contiene pruebas de que esta industria fue objeto de «políticas preferenciales».

(484)

Sobre la base de lo anterior, la Comisión concluyó que los fabricantes de baterías recibieron subvenciones en diversas formas.

(485)

Varias partes formularon observaciones en referencia al artículo 14, letra d), del Acuerdo SCM de la OMC, así como al artículo 6, letra d), del Reglamento de base, relativas a la adecuación de la remuneración que se determinará en relación con las condiciones reinantes en el mercado para el bien o servicio de que se trate en el país de suministro o de compra. Es decir, que la referencia utilizada debería referirse a las condiciones imperantes en el mercado chino, o determinarse sobre la base de las condiciones reinantes en el mercado de otro país o en el mercado mundial que estén a disposición del beneficiario.

(486)

La Comisión constató que las condiciones imperantes en el mercado de China estaban distorsionadas en vista de las políticas nacionales y sectoriales aplicadas por los operadores económicos. Además, debido a la falta de cooperación parcial de las autoridades chinas, la Comisión carecía de información crucial sobre la situación del mercado de las baterías en China y sobre los posibles ajustes que debían efectuarse. Por lo que respecta a las condiciones reinantes en el mercado de otro país o en el mercado mundial, esta información no estaba disponible en un nivel de detalle que permitiera una comparación significativa. Como consecuencia, la Comisión tuvo que basarse en la información disponible. Sobre esta base, la Comisión concluyó que las condiciones reinantes en el mercado chino no justificaban ajustes y, por tanto, calculó la referencia utilizando la metodología descrita en el considerando 495.

(487)

Giant y las autoridades chinas alegaron que el enfoque de la Comisión vulnera el artículo 1.1, letra b), el artículo 10 y el artículo 32.1 del Acuerdo SCM de la OMC, ya que la Comisión no puede eludir su obligación de concluir que los fabricantes reciben encomienda u orden. Por eso, Giant alegó que la Comisión debe: 1) analizar si se han otorgado subvenciones a los fabricantes; 2) analizar si las baterías fueron adquiridas en condiciones de plena competencia; 3) calcular qué parte de las subvenciones se ha repercutido.

(488)

En este sentido, se considera que la conclusión de la Comisión se basa en motivos suficientemente detallados, En lo que se refiere a las observaciones de Giant, la Comisión consideró que, habida cuenta de la falta de cooperación de las autoridades chinas y de que solo un proveedor cooperó por propia iniciativa, carecía de información crucial. No obstante, sobre la base de la información disponible y del análisis efectuado por la Comisión, se consideró que se cumplían las condiciones para llegar a una conclusión sobre la encomienda y la orden. En cuanto a repercusión, dado que el análisis de la Comisión abarcó la encomienda y la orden de los proveedores de baterías que suministran a los productores de bicicletas eléctricas por una remuneración inferior a la adecuada y no las subvenciones recibidas por los proveedores de baterías, esta alegación se consideró irrelevante y, por consiguiente, se rechazó.

(489)

Como se demuestra en los considerandos 452 a 474, varios documentos jurídicos específicamente destinados a las empresas del sector de las bicicletas eléctricas ordenan a los proveedores de insumos que suministren baterías por una remuneración inferior a la adecuada a la industria de las bicicletas eléctricas. Sobre la base de esos documentos, queda demostrado que dichos proveedores solo suministran baterías a un número limitado de industrias o empresas que cumplen las políticas pertinentes de las autoridades chinas.

(490)

La Comisión concluyó, por lo tanto, que las subvenciones en forma de suministro de baterías por una remuneración inferior a la adecuada no están disponibles de forma general, sino que son específicas en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base. Además, ninguna de las partes interesadas presentó pruebas que indicaran que este tipo de subvenciones se hubiera basado en criterios o condiciones objetivos, en el sentido del artículo 4, apartado 2, letra b), del Reglamento de base.

(491)

Todos los productores exportadores incluidos en la muestra adquirieron baterías en el mercado nacional a empresas no vinculadas, pero también importaron ciertas cantidades.

(492)

En vista de la falta de cooperación parcial de las autoridades chinas, ningún proveedor fabricante de baterías facilitó información a la Comisión respondiendo al cuestionario específico destinado a los proveedores de insumos de China. Como consecuencia, la Comisión tuvo que basarse en los datos disponibles con arreglo al artículo 28 del Reglamento de base, a fin de determinar el nivel de beneficio para los productores exportadores incluidos en la muestra que adquirieron baterías en el mercado nacional. Los datos disponibles estaban compuestos por la información recopilada del único proveedor de baterías que cooperó en la investigación. Como se explica en el considerando 470, Bafang, en calidad de operador subordinado que había recibido la encomienda de aplicar la política nacional, vendió baterías a precios significativamente menores en el mercado interno que para la exportación. Como consecuencia, los productores exportadores chinos se beneficiaron de la venta de baterías por una remuneración inferior a la adecuada.

(493)

Varias partes alegaron que, con arreglo al artículo 2, letras a) y b), del Reglamento de base, los poderes públicos son los únicos con competencia para otorgar una subvención. Puesto que Bafang es una empresa privada, no se puede considerar que forma parte de los poderes públicos, en el sentido de la artículo 2, letra b), por lo que no puede otorgar subvenciones.

(494)

Al respecto, se consideró que esta observación no era pertinente en vista de la conclusión expuesta en el considerando 476, es decir, que los proveedores de baterías que suministran a los productores de bicicletas eléctricas reciben encomienda y orden de las autoridades chinas para suministrar esos insumos por una remuneración inferior a la adecuada.

(495)

El beneficio obtenido por las empresas incluidas en la muestra se calculó comparando los precios que Bafang cobró en el mercado nacional y en el de exportación a clientes no vinculados durante el período de investigación. Se efectuó un ajuste para tener en cuenta las diferencias de los costes de transporte y los gravámenes a la importación. Esta comparación se realizó para las ventas de modelos idénticos, observándose una diferencia de precios de entre el 30 % y el 50 % durante el período de investigación. El porcentaje calculado se aplicó a los precios pagados por los productores exportadores incluidos en la muestra por las baterías adquiridas a proveedores nacionales chinos.

(496)

Giant alegó que no existe ningún vínculo entre las baterías adquiridas localmente y las bicicletas eléctricas exportadas a la UE.

(497)

A este respecto, se considera que el beneficio definido en los considerandos 491 a 494 constituye una ventaja para los productores exportadores de bicicletas eléctricas que adquieren baterías nacionales por una remuneración inferior a la adecuada y no se refiere a modelos específicos de bicicletas eléctricas vendidas. Por tanto, se concluyó que el Grupo Giant recibió un beneficio al comprar motores nacionales a precios distorsionados debido a la encomienda u orden de las autoridades chinas descritas en los considerandos 462 a 476. Por ello, hubo que rechazar esta alegación.

(498)

Por lo que respecta a los ajustes, Bafang alegó que los costes de transporte relacionados con las bicicletas eléctricas no podían ser una referencia adecuada para el transporte de baterías y solicitó a la Comisión que facilitara más detalles sobre los cálculos realizados.

(499)

A raíz de tales observaciones, la Comisión presentó a la parte afectada una comunicación final adicional con más información. En todo caso, se consideró que la información solicitada era de carácter confidencial y que no podían revelarse cifras sobre empresas específicas. La Comisión también observó que esta alegación no estaba respaldada por ninguna prueba. No se recibieron más observaciones al respecto.

(500)

Otras partes interesadas alegaron que los datos de Bafang no eran una referencia adecuada en su caso, ya que no habían adquirido baterías de Bafang.

(501)

A este respecto, cabe señalar que, en vista de la cooperación parcial de las autoridades chinas y a falta de cooperación de ningún otro proveedor de baterías, la Comisión tuvo que basarse en los datos disponibles, es decir, la información facilitada por Bafang, que la Comisión pudo verificar. Por ello, hubo que rechazar esta alegación.

(502)

El importe de la subvención determinado con respecto a este régimen durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

Cuadro 4.

Suministro de baterías por una remuneración inferior a la adecuada

(503)

En China, todo el suelo es de propiedad estatal o colectiva (de los pueblos o municipios) antes de que pueda conferirse su titularidad legal o usufructo a empresas o a particulares. Las parcelas de terreno de zonas urbanas son propiedad del Estado, mientras que las de zonas rurales son propiedad de los pueblos o municipios que se encuentran en ellas.

(504)

Sin embargo, según el Derecho constitucional de China y la ley del suelo, tanto las empresas como los particulares pueden adquirir «derechos de uso del suelo». En el caso de los terrenos industriales, el arrendamiento suele ser de cincuenta años, renovables por otros cincuenta.

(505)

Según las autoridades chinas, desde el 31 de agosto de 2006, de conformidad con el artículo 5 de la comunicación del Consejo de Estado relativa al refuerzo del uso de la tierra (GF[2006] n.o 31), el Estado solo puede conceder la titularidad de terrenos industriales a empresas industriales mediante licitación o un proceso similar de oferta pública, en el cual el precio final del acuerdo no puede ser inferior al precio mínimo de la oferta. Las autoridades chinas consideran que en China existe un mercado libre de compraventa de terrenos, y que el precio que paga una empresa industrial por el título de arrendamiento del terreno refleja el precio del mercado.

(506)

La provisión de derechos de uso del suelo en China entra en el ámbito de aplicación de la Ley de gestión del suelo de la República Popular China. Además, las siguientes disposiciones forman parte también de la base jurídica:

(507)

De conformidad con el artículo 10 de las «Disposiciones sobre la asignación de derechos de uso de terrenos de construcción de propiedad estatal mediante licitación, subasta y oferta de precios», las autoridades locales establecen los precios de los terrenos siguiendo un sistema de evaluación de los terrenos urbanos, que solo se actualiza cada tres años, y siguiendo la política industrial del Gobierno.

(508)

En investigaciones anteriores (57), la Comisión consideró que los precios pagados por los derechos de uso del suelo en China no eran representativos del precio de mercado determinado por la libre oferta y demanda del mercado, al considerarse que el sistema de subasta era poco claro, opaco y no funcionaba en la práctica, y constatarse que las autoridades fijaban arbitrariamente los precios. Como se menciona en el considerando anterior, las autoridades fijan los precios con arreglo al sistema de supervisión del suelo urbano, según el cual, al fijar el precio de terrenos industriales, se debe tener en cuenta, entre otros criterios, la política industrial, es decir, la concesión, por ejemplo, de acceso a terrenos industriales en condiciones preferenciales a empresas que pertenecen a determinadas industrias.

(509)

La investigación actual no ha puesto de manifiesto ningún cambio significativo al respecto. Por ejemplo, la Comisión observó que ninguno de los productores exportadores incluidos en la muestra había superado una licitación o un proceso similar de oferta pública por ninguno de los derechos de uso del suelo que había adquirido, ni siquiera los más recientes. Los derechos de uso del suelo de los productores exportadores incluidos en la muestra fueron asignados por las autoridades locales a precios negociados.

(510)

Además del sistema de supervisión del suelo urbano, existe también un sistema dinámico de supervisión de los precios del suelo. En la reconsideración por expiración sobre paneles solares originarios de la República Popular China (58), la Comisión había constatado que los precios según el sistema dinámico son superiores a los precios mínimos de referencia fijados por el sistema de supervisión del suelo urbano y utilizados por los gobiernos locales, que solo se actualizan cada tres años, mientras que los precios del sistema de supervisión dinámico se actualizan cada tres meses. No obstante, en la investigación en curso, al igual que en la reconsideración por expiración mencionada, no hubo ningún indicio de que los precios del suelo se basaran en los precios del sistema de supervisión dinámico. De hecho, las autoridades chinas habían confirmado durante la inspección relativa a los paneles solares que el sistema de supervisión dinámico de los precios del suelo urbano supervisa las fluctuaciones de los niveles de precio del suelo en determinadas zonas (es decir, en ciento cinco ciudades) de China y está diseñado para evaluar la evolución de los precios del suelo. Sin embargo, los precios de salida de licitaciones y subastas se basaban en las referencias fijadas por el sistema de evaluación de suelo. Además, en el presente caso, los grupos de empresas incluidos en la muestra recibieron sus parcelas de terrenos mediante una asignación directa. Por lo tanto, la existencia de este último sistema no era pertinente, pues no se aplicaba a los productores exportadores incluidos en la muestra.

(511)

La Comisión constató que uno de los productores exportadores incluidos en la muestra recibió reembolsos de las autoridades locales en compensación por los precios que había abonado por parte de sus derechos de uso del suelo y que otro productor exportador incluido en la muestra no pagó el importe total en concepto de derechos de uso del suelo.

(512)

Las conclusiones de esta investigación muestran que la situación en relación con el suministro y la adquisición de suelo en China no es transparente, y que los precios eran fijados de manera arbitraria por las autoridades.

(513)

Tras la comunicación, varias partes alegaron que esta conclusión se basaba principalmente en las constataciones de investigaciones anteriores y que la Comisión no mostró pruebas de que la situación fuera la misma en la presente investigación. La Comisión señala que sí encontró pruebas, como se expone en los considerandos 509 a 511, que respaldan su conclusión de que las constataciones de investigaciones anteriores seguían siendo válidas. Además, no se aportaron pruebas nuevas que demostraran lo contrario. Por ello, hubo que rechazar estas alegaciones. Por ello, la concesión de derechos de uso del suelo por parte de las autoridades chinas debe considerarse una subvención a tenor del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso iii), y del artículo 3, apartado 2, del Reglamento de base, en forma de provisión de bienes que confiere un beneficio a las empresas receptoras. Como se explica en los considerandos 507 a 510, no existe un mercado operativo del suelo en China y el recurso a una referencia externa (véanse los considerandos 517 a 527) demuestra que el importe abonado por los productores exportadores incluidos en la muestra a cambio de los derechos de uso del suelo está muy por debajo del tipo normal del mercado. En lo relativo al acceso preferencial a terrenos industriales por parte de empresas que pertenecen a determinados sectores, las autoridades locales, al fijar los precios, tienen que tener en cuenta la política industrial del Gobierno, como se ha expuesto en el considerando 508. En esa política industrial, como se describe en el considerando 101, la industria de las bicicletas eléctricas se clasifica como clave para la industria ligera china (59). Además, la Decisión n.o 40 del Consejo de Estado obliga a las autoridades públicas a velar por ofrecer terrenos a las industrias fomentadas. El artículo 18 de la Decisión n.o 40 establece claramente que las industrias consideradas «restringidas» no tendrán acceso a los derechos de uso del suelo. De ello se deduce que la subvención es específica en el sentido del artículo 4, apartado 2, letras a) y c), del Reglamento de base, ya que el suministro preferencial de un terreno está limitado a las empresas de determinados sectores y que las prácticas gubernamentales al respecto no son claras ni transparentes.

(514)

Tras la comunicación, varias partes alegaron que la Comisión no había fundamentado su determinación de la especificidad mediante pruebas positivas que demostraran que la industria de las bicicletas eléctricas se cuenta entre las que obtienen derechos de uso del suelo a tipos preferenciales.

(515)

A este respecto, se hace referencia al considerando 129 y a la Decisión n.o 40 en particular, según la cual deberían aplicarse políticas preferenciales sobre el suelo a los proyectos fomentados. Como se describe en el considerando 100, la industria de las bicicletas eléctricas es una industria clave. También está sujeta al decimotercer plan sobre bicicletas publicado por la ACB que, a su vez, está sometida a la dirección y supervisión del Consejo de Estado. Por consiguiente, la Comisión consideró que la industria de las bicicletas eléctricas era una de las que obtenían derechos de uso del suelo a tipos preferenciales. Confirmaban este aspecto también las constataciones de la investigación indicadas en los considerandos 507 a 511. Además, la industria de las bicicletas ya estaba clasificada como industria fomentada desde el undécimo plan quinquenal sobre bicicletas, en el que se apoyaba el crecimiento del volumen de producción de bicicletas y de bicicletas eléctricas. También aparecieron referencias para la mejora y el fortalecimiento de la industria de las bicicletas eléctricas en un artículo publicado al respecto por la Asociación China de Bicicletas, en el que se resumían los objetivos de desarrollo establecidos en virtud del undécimo plan quinquenal sobre bicicletas (60). Por ello, hubo que rechazar esta alegación.

(516)

Por consiguiente, se considera que esta subvención está sujeta a medidas compensatorias.

(517)

Como en investigaciones previas (61), y de conformidad con el artículo 6, letra d), inciso ii), del Reglamento de base, se utilizaron como referencia externa los precios del terreno del territorio aduanero diferenciado de Taiwán, Penghu, Kinmen y Matsu («el Taipéi chino») (62). En particular, la Comisión recopiló del sitio web oficial creado por el Ministerio del Interior de Taiwán (http://lvr.land.moi.gov.tw/login.action) información sobre los precios de terrenos industriales para los principales parques industriales de seis ciudades situadas en la costa oeste de la isla, a saber, Taipéi, Nuevo Taipéi, Taoyuan, Taichung, Tainan y Kaohsiung. La información que figura en la base de datos del Ministerio del Interior se refiere a precios reales de transacciones, no a ofertas para terrenos industriales.

(518)

Tras la comunicación, una parte comentó que la Comisión no había seleccionado una referencia externa adecuada para los precios del suelo, ya que no realizó un análisis específico de los datos pertinentes para las ubicaciones de cada uno de los productores exportadores incluidos en la muestra. La Comisión rechazó el comentario y observó que, como se describe en el considerando 517, había basado su selección en los seis distritos donde están ubicados la mayoría de los parques industriales de Taiwán. Dado que todos los productores exportadores incluidos en la muestra están ubicados en zonas industriales de China, se ha tenido en cuenta el factor de la ubicación. Por ello, hubo que rechazar esta alegación.

(519)

El beneficio obtenido por los receptores se calcula teniendo en cuenta la diferencia entre el importe realmente abonado por cada uno de los productores exportadores incluidos en la muestra por los derechos de uso del suelo (es decir, el precio realmente pagado tal como figura en el contrato, tras deducir, cuando proceda, el importe de los reembolsos o subvenciones de las autoridades locales) y el importe que hubiera debido abonarse normalmente sobre la base del valor de referencia del Taipéi chino.

(520)

La Comisión considera el Taipéi chino una referencia externa adecuada por las siguientes razones:

(521)

Es más, la Comisión consideró que esta referencia era una fuente fiable de datos, accesible para todas las partes interesadas.

(522)

Tras la comunicación, varias partes alegaron que el Taipéi chino no era una referencia externa adecuada. Alegaron que las similitudes y los vínculos entre China y el Taipéi chino descritos en el considerando 520 solo reflejan la situación de los últimos años, no del año en que se adquirieron los derechos de uso del suelo.

(523)

A este respecto, cabe señalar que la referencia calculada se había ajustado para reflejar los cambios a lo largo del tiempo teniendo en cuenta la evolución del PIB y de la inflación, como se describe en el considerando 527. Por consiguiente, ya se había tenido en cuenta que algunos derechos de uso del suelo se habían adquirido mucho antes.

(524)

Una parte interesada alegó que Tailandia sería más adecuada que el Taipéi chino, debido a la mejor comparabilidad del desarrollo económico y a la densidad de población. Además, alegó que Tailandia tiene un alto grado de infraestructura industrial. Tras examinar la alegación, la Comisión consideró que la elección del Taipéi chino como referencia externa adecuada se basó en el examen de varios factores mencionados en el considerando 520 que justificaban su elección como referencia válida. Por ello, hubo que rechazar esta alegación.

(525)

Además, otra parte alegó que la metodología utilizada por la Comisión para determinar una referencia no nacional para los precios de uso del suelo era errónea y sugirió que se utilizara la India en lugar del Taipéi chino por los motivos siguientes:

(526)

La alegación de esta parte no tuvo en cuenta un elemento crucial en su análisis, es decir, el nivel de desarrollo económico de estas provincias. Según fuentes públicas, el nivel del PIB per cápita de estas provincias indias es muy inferior al de las ciudades y provincias donde tienen su sede los productores exportadores. De hecho, el PIB per cápita de Maharastra (63), que es el más elevado de las tres provincias citadas, solo fue de 2 500 USD en 2017-2018, mientras que el nivel más bajo constatado en el caso de los productores exportadores chinos ascendió a 7 932 USD en Jinhua en 2012 (64). La investigación también puso de manifiesto que el PIB per cápita en Kunshan (65), ciudad que figuraba en primer lugar de todos los condados chinos, superaba en 2016 (66) los 20 000 USD. Teniendo en cuenta lo anterior y los factores indicados en el considerando 520, fue preciso desestimar esta alegación.

(527)

La Comisión calculó el precio medio ponderado del suelo sobre la base de las transacciones de venta de terrenos en las seis ciudades que figuran en el considerando 517. Solo se dispone de estos datos a partir de agosto de 2013. De resultas de ello, para el período que empezó en 2013, la Comisión utilizó los precios reales del Ministerio del Interior de Taiwán. En cuanto a los derechos de uso del suelo adquiridos antes de esa fecha, se calcularon los precios históricos a partir de la evolución del PIB y de la inflación en Taiwán, como se había hecho en investigaciones anteriores. En particular, la Comisión corrigió la media ponderada del precio del suelo por metro cuadrado fijado en Taiwán según la tasa de inflación y el PIB a precios corrientes en USD correspondientes a Taiwán en 2015, publicados por el FMI.

(528)

Tras la comunicación, varias partes alegaron que el método utilizado por la Comisión para calcular los precios históricos del suelo no reflejaba el tipo normal del mercado. Alegaron que la Comisión no se basó en ninguna prueba de que la evolución de los precios del suelo siguiera una tendencia similar a la del PIB y de la inflación. No obstante, esta alegación no se vio respaldada por pruebas. En consecuencia, hubo que rechazarla.

(529)

Dos partes interesadas alegaron también que no obtenían ningún beneficio de los derechos de uso del suelo, porque: i) el alquiler se reflejaba en el coste de producción de las empresas; ii) el alquiler pagado a la empresa vinculada se establecía según las condiciones del mercado o en condiciones equitativas, y iii) en todo caso, la empresa vinculada no había repercutido los posibles beneficios. Uno de los productores exportadores alegó, además, que su empresa vinculada había adquirido sus derechos de uso del suelo tras un proceso de licitación pública. También alegó que, en todo caso, el alquiler pagado a su empresa vinculada en concepto de esos derechos debía deducirse del cálculo del beneficio.

(530)

En cuanto a la forma de establecer el alquiler pagado a la empresa vinculada, ninguno de los productores exportadores afectados presentó pruebas justificativas sobre las condiciones imperantes en el mercado. Lo mismo sucede con el procedimiento de licitación en el que presuntamente participó la empresa vinculada para adquirir los derechos de uso del suelo, es decir, no se presentó ninguna prueba en apoyo de esta alegación. Por consiguiente, hubo que rechazar estas alegaciones.

(531)

En lo que atañe al cálculo del beneficio, se recuerda que se había observado que los derechos de uso del suelo en China, como se expone en los considerandos 507 y siguientes, se otorgaban por una remuneración inferior a la adecuada a la industria de las bicicletas eléctricas. Además, estas partes no aportaron prueba alguna sobre las condiciones de mercado imperantes en China. Por último, el beneficio se calcula a nivel de grupo y las transacciones entre empresas tienen un efecto neutro para el cálculo global. Por tanto, se rechazaron estas alegaciones..

(532)

De conformidad con el artículo 7, apartado 3, del Reglamento de base, el importe de la subvención se asignó al período de investigación tomando la duración normal de los derechos de uso del suelo en el caso de terrenos para uso industrial, a saber, cincuenta años. Después se asignó este importe con arreglo al volumen de negocios de cada empresa durante el período de investigación, ya que la subvención no depende de la cuantía de las exportaciones y no fue concedida por referencia a las cantidades fabricadas, producidas, exportadas o transportadas.

(533)

El importe de la subvención determinado con respecto a este régimen durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

Cuadro 5.

Concesión de derechos de uso del suelo por una remuneración inferior a la adecuada

(534)

Con arreglo a la Ley del impuesto sobre sociedades (LIS) de la República Popular China, a las empresas de alta y nueva tecnología a las que el Estado presta apoyo clave se les somete a un tipo impositivo reducido del 15 %, en lugar del tipo normal del 25 %.

(535)

La base jurídica de este programa la constituyen el artículo 28 de la LIS de la República Popular China y el artículo 93 de sus normas de aplicación, así como:

(536)

Las empresas que pueden beneficiarse de la reducción fiscal forman parte de determinados ámbitos clave de alta tecnología y de nuevas tecnologías con apoyo estatal, y de las prioridades actuales en ámbitos de alta tecnología con apoyo estatal, como se recoge en las Directrices de los ámbitos fundamentales de desarrollo prioritarios de las industrias de alta tecnología.

(537)

Además, para ser admisibles, las empresas deben cumplir los siguientes criterios:

(538)

Las empresas que se benefician de esta medida tienen que presentar su declaración del impuesto sobre sociedades con los correspondientes anexos. El importe real del beneficio se consigna en la declaración de impuestos.

(539)

La Comisión consideró que la compensación de impuestos en cuestión constituye una subvención en el sentido del artículo 3, apartado 1, letra a), inciso ii), y del artículo 3, apartado 2, del Reglamento de base, puesto que existe una contribución financiera en forma de ingresos no percibidos por las autoridades chinas que confiere un beneficio a las empresas afectadas. El beneficio obtenido equivale al ahorro fiscal. Esta subvención es específica a tenor del artículo 4, apartado 2, letra a), del Reglamento de base, ya que la propia legislación limita la aplicación de este régimen exclusivamente a las empresas que operan en ciertas áreas prioritarias de alta tecnología que el Estado determina.

(540)

Tras la comunicación, una parte alegó que las deducciones en relación con el impuesto sobre sociedades para las empresas de alta tecnología y de tecnologías nuevas establecidas en el artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades no es una subvención específica. Alegó también que la Comisión no demostró que la obtención del certificado empresas de alta tecnología y de tecnologías nuevas esté limitado a determinadas empresas. A este respecto, se hace referencia a los considerandos 536 a 539, donde se enumeran los criterios de admisibilidad, es decir, está limitado a las empresas de alta tecnología y de tecnologías nuevas a las que el Estado necesite dar apoyo clave, lo que confirma la especificidad de la subvención. Por ello, hubo que rechazar esta alegación. En ausencia de nuevas pruebas, la Comisión mantuvo su postura.

(541)

El importe de la subvención sujeta a medidas compensatorias se calculó en términos del beneficio obtenido por los receptores durante el período de investigación. Este beneficio se calculó como la diferencia entre el importe del impuesto total pagadero de conformidad con el tipo impositivo normal y de conformidad con el tipo impositivo reducido.

(542)

El importe de la subvención determinado con respecto a este régimen durante el período de investigación para los productores exportadores incluidos en la muestra asciende a:

Cuadro 6.

Exenciones a tenor de la Ley del impuesto sobre sociedades (LIS) para las empresas de altas y nuevas tecnologías

(543)

Esta compensación de impuestos permite a las empresas beneficiarse de un trato fiscal preferente por sus actividades de I+D en determinados ámbitos de alta tecnología declarados prioritarios por el Estado, a partir de determinados umbrales de gasto en I+D.