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Documento BOE-T-1986-21938

Pleno. Recurso de inconstitucionalidad número 839/1985. Sentencia número 108/1986, de 29 de julio.

TEXTO

EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTO POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE; DOÑA GLORIA BEGUE CANTON, DON ANGEL LATORRE SEGURA, DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE, DON LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON, DON ANTONIO TRUYOL SERRA, DON MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA Y DON LUIS LOPEZ GUERRA, MAGISTRADOS, HA PRONUNCIADO EN NOMBRE DEL REY LA SIGUIENTE SENTENCIA EN EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD NUM. 839/1985, PROMOVIDO POR DON JOSE MARIA RUIZ GALLARDON, COMISIONADO POR 55 DIPUTADOS, CONTRA LA TOTALIDAD DE LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, POR VICIOS DE PROCEDIMIENTO, Y, SUBSIDIARIAMENTE, CONTRA DETERMINADOS PRECEPTOS DE LA MISMA. HAN SIDO PARTE EL GOBIERNO, REPRESENTADO POR EL LETRADO DEL ESTADO, Y EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y EL SENADO, REPRESENTADOS POR LETRADOS DE LAS CORTES GENERALES, Y PONENTE EL MAGISTRADO DON ANGEL LATORRE SEGURA, QUIEN EXPRESA EL PARECER DEL TRIBUNAL.

I. ANTECEDENTES PRIMERO. CON FECHA 26 DE SEPTIEMBRE DE 1985 DON JOSE MARIA RUIZ GALLARDON, COMISIONADO AL EFECTO POR 55 DIPUTADOS DEL CONGRESO, PRESENTO EN EL REGISTRO DE ESTE TRIBUNAL UN ESCRITO MEDIANTE EL QUE INTERPUSO, EN LA REPRESENTACION QUE OSTENTABA, RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD CONTRA LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUICIAL, QUE FUE PUBLICADA EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO> DEL DIA 2 DE JULIO DEL MISMO AÑO. SE PRESENTO ESTE ESCRITO INTEGRANDO LOS REQUISITOS DISPUESTOS EN EL ART. 33 DE LA LEY ORGANICA DE ESTE TRIBUNAL, ACREDITANDO LA CONDICION DE DIPUTADOS DE LOS RECURRENTES Y EL CARACTER DE COMISIONADO DE QUIEN, EN SU NOMBRE, REALIZO SU PRESENTACION.

SEGUNDO. EN EL ESCRITO DE INTERPOSICION DEL RECURSO, TRAS AFIRMAR EL CUMPLIMIENTO DE SUS PRESUPUESTOS Y REQUISITOS PROCESALES, PASAN LOS RECURRENTES A FUNDAMENTAR SUS MOTIVOS DE IMPUGNACION EN LOS TERMINOS QUE A CONTINUACION SE RESUMEN:

A) COMO MOTIVO PRIMERO DEL RECURSO SE ADUCE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART.

112, APARTADOS 1. Y 3. DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL (L.O.P.J., EN ADELANTE) POR VIOLACION DEL ART. 122.3 DE LA CONSTITUCION EN RELACION CON EL ART. 66.2 DE LA MISMA NORMA FUNDAMENTAL.

INICIAN SUS ALEGACIONES AL RESPECTO LOS RECURRENTES FORMULANDO UNAS CONSIDERACIONES GENERALES SOBRE EL TRATAMIENTO CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL Y LAS RELACIONES ENTRE ESTE PODER Y EL LEGISLATIVO, DESTACANDO, EN CUANTO AL PRIMER ASPECTO, LOS CARACTERES DE INDEPENDENCIA, AUTOGOBIERNO, Y REPRESENTATIVIDAD INTERNA QUE DISTINGUEN, DE ACUERDO CON LA CONSTITUCION, AL PODER JUDICIAL. EN CUANTO A LAS RELACIONES DE ESTE PODER CON LAS CAMARAS QUE INTEGRAN LAS CORTES GENERALES SE AFIRMA QUE AQUELLAS RELACIONES ESTAN PLENAMENTE DISEÑADAS EN LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, A PARTIR DE LA SENTENCIA DE 2 DE FEBRERO DE 1981, EN LA QUE SE HABRIA RECONOCIDO LA EXPRESION EN NUESTRA NORMA FUNDAMENTAL (ARTS. 66.2, 97 Y 117) DEL PRINCIPIO DE LA DIVISION DE PODERES. SI ESTO ES ASI EN EL PLANO FUNCIONAL, OTRO TANTO HA DE DECIRSE DESDE EL PUNTO DE VISTA ORGANIZATIVO, AL SER CADA PODER TITULAR DE UN AMBITO NUCLEAR O NUCLEO ESENCIAL DE SU PROPIA FUNCION, SIENDO DE RECORDAR COMO LA SENTENCIA DE ESTE TRIBUNAL DE 28 DE JULIO DE 1981 HABLO, AL RESPECTO, DE UN <REDUCTO INDISPONIBLE O NUCLEO ESENCIAL> DE DETERMINADAS INSTITUCIONES GARANTIZADAS POR LA CONSTITUCION COMO <ELEMENTOS ARQUITECTURALES INDISPENSABLES DEL ORDEN CONSTITUCIONAL>. ESTA GARANTIA HA DE IMPEDIR LAS INVASIONES FUNCIONALES DE UNOS PODERES SOBRE OTROS, SIN QUE, DE MODO ESPECIFICO, PUEDA EL LEGISLADOR ORDINARIO MODIFICAR LA DIVISION CONSTITUCIONAL DE FACULTADES ENTRE LOS PODERES DEL ESTADO.

SE SOSTIENE, A CONTINUACION, QUE LAS FACULTADES DE PROPUESTA O NOMBRAMIENTO QUE LA CONSTITUCION ATRIBUYE A LAS CORTES GENERALES SON DISTINTAS DE LAS FUNCIONES NORMATIVAS DE ESTAS, AUNQUE AQUELLAS PROPUESTAS O NOMBRAMIENTOS DEBAN REGULARSE POR LEY. IMPORTA RECORDAR AL RESPECTO LOS LIMITES CONSTITUCIONALES DE LAS FUNCIONES NORMATIVAS DE LAS CORTES GENERALES, DE ACUERDO CON LA DOCTRINA EXPUESTA EN LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 5 DE AGOSTO DE 1983, PUES EL PODER LEGISLATIVO NO PUEDE CONVERTIRSE EN CONSTITUYENTE MEDIANTE LA REGULACION DE ORGANOS CONSTITUCIONALES CUYA CONFIGURACION QUEDA PREDETERMINADA EN LA PROPIA CONSTITUCION. LAS FACULTADES DE PROPUESTA O NOMBRAMIENTO DE LAS CORTES GENERALES NO SON NUNCA EL RESULTADO DEL EJERCICIO DE SU FUNCION NORMATIVA, AUNQUE SE REGULEN POR LEY. SON FACULTADES EXCEPCIONALES QUE SE INCORPORAN A LA FUNCION NORMATIVA DE AQUELLAS EN VIRTUD DE UN EXPRESO PRECEPTO CONSTITUCIONAL Y QUE, POR LO MISMO, NO PUEDEN CONSIDERARSE INTEGRADAS EN EL ART. 66.2 DE LA CONSTITUCION. ESTAS FACULTADES DE PROPUESTA O NOMBRAMIENTO SON, PUES, EXCEPCIONALES Y HAN DE INTERPRETARSE RESTRICTIVAMENTE, DE TAL MANERA QUE, EN EL PRESENTE CASO, LA AMPLIACION DE LA FACULTAD DE PROPUESTA DE CUATRO VOCALES POR EL CONGRESO Y DE OTROS TANTOS POR EL SENADO PARA INTEGRAR EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (C.G.P.J., EN ADELENTE) SUPONDRIA CONVERTIR AL LEGISLADOR ORDINARIO EN PODER CONSTITUYENTE.

DE OTRA PARTE, SOLO PUEDE HABLARSE DE UN ORGANO COMO CONSTITUCIONAL CUANDO LA PROPIA CONSTITUCION ESTABLECE SU MODO DE INTEGRACION. EN EL CASO DEL C.G.P.J., ESTO SIGNIFICA QUE ES SOLO EN EL ART. 122.3 DE LA CONSTITUCION DONDE HA DE ENCONTRARSE EL METODO DE DESIGNACION DE SUS MIEMBROS, PORQUE EL CONSEJO ES, SEGUN OPINION UNANIME DE LA DOCTRINA Y DE ACUERDO CON EL ART.

59.3 DE LA L.O.T.C., UN ORGANO CONSTITUCIONAL. EL CONSEJO NO ES UN ORGANO DE MERA RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, SINO UN ORGANO CONSTITUCIONAL EN PLENITUD DE SENTIDO, SEGUN SE DESPRENDE DEL TITULO VI DE LA CONSTITUCION. POR ELLO MISMO, RESULTA INADMISIBLE QUE SU CONFIGURACION SE DIFIERA AL LEGISLADOR ORDINARIO, PERMITIENDO QUE LA MISMA VARIE EN CADA LEGISLATURA. ASI, SI LA CONSTITUCION FACULTA SOLO A LAS CAMARAS PARA PROPONER A OCHO MIEMBROS DEL C.G.P.J., ESTA CAPACIDAD DE PROPUESTA NO PODRA EXTENDERSE, SO PENA DE QUE EL LEGISLADOR ORDINARIO SE IMPONGA COMO CONSTITUYENTE.

SOBRE LO DICHO, LA INTERPRETACION DEL LEGISLADOR DE 1985 DEL ART. 122.3 DE LA CONSTITUCION ES, EN ESTE PUNTO, RECHAZABLE, SEGUN PUEDE ARGUMENTARSE ACUDIENDO A LOS DIFERENTES CRITERIOS DE INTERPRETACION APLICABLES AL CASO. DE ACUERDO CON UNA INTERPRETACION LITERAL, LA REMISION QUE HACE A LA LEY EL ART.

122.3 DE LA CONSTITUCION SE REFIRE SOLO A LA REGULACION DE LOS TERMINOS DE LA ELECCION, PERO NO A LA DETERMINACION DEL ORGANO QUE DEBA HACERLA, DEBIENDO LA LEY ORGANICA ORGANIZAR EL PROCESO ELECTORAL, LOS CRITERIOS DE REPRESENTACION Y OTROS EXTREMOS DE PROCEDIMIENTO EXCLUSIVAMENTE. A LA MISMA CONCLUSION LLEVA EL EXAMEN DE LOS ANTECEDENTES DE ELABORACION DEL TEXTO CONSTITUCIONAL EN ESTE PUNTO. LOS TRABAJOS PARLAMENTARIOS, TANTO EN EL SENO DE LA PONENCIA COMO DE LA COMISION CONSTITUCIONAL, PONEN DE MANIFIESTO QUE SIEMPRE, Y PARA TODOS, SE ENTENDIO QUE EL CUPO DE MIEMBROS DEL C.G.P.J. PROCEDENTE DE LA PROPIA CARRERA HABRIA DE SER ELEGIDO POR JUECES Y MAGISTRADOS PARA SU POSTERIOR NOMBRAMIENTO POR EL REY, SIENDO DE DESTACAR EL CONTENIDO DE DIVERSAS INTERVENCIONES REALIZADAS EN LA SESION DEL DIA 8 DE JUNIO DE 1978 EN EL SENO DE LA COMISION CONSTITUCIONAL DEL CONGRESO. A ESTA INTERPRETACION, POR LO DEMAS, SE ATUVIERON LOS ACTOS DEL LEGISLATIVO POSTERIORES A LA CONSTITUCION, SIENDO DE CITAR A ESTE PROPOSITO LA LEY ORGANICA 1/1980, DE 10 DE ENERO, LOS ARTS. 131 Y 135 DEL TEXTO ALTERNATIVO DEL GRUPO SOCIALISTA AL PROYECTO DE LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL DE 1980, Y LOS ARTS. 204 Y 184 DE LOS REGLAMENTOS DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y DEL SENADO, RESPECTIVAMENTE. ASIMISMO, LA INTERPRETACION A LA LUZ DEL DERECHO COMPARADO APUNTA A ESTA CONCLUSION, DEBIENDO TENERSE EN CUENTA, EN ESTE SENTIDO, LO QUE DISPONE EL ART. 104 DE LA CONSTITUCION ITALIANA Y LO QUE SE DIJO, INTERPRETANDO ESTA NORMA Y OTRAS CONEXAS, EN LAS SENTENCIAS DE LA CORTE CONSTITUCIONAL DE DICHO PAIS DE FECHAS 14 DE MAYO DE 1968 Y 18 DE JULIO DE 1983. POR ULTIMO, ES DECISIVA LA INTERPRETACION DE LA NORMA A LA LUZ DE SU ESPIRITU Y FINALIDAD, PORQUE SI LA CONSTITUCION HA DISPUESTO QUE 12 DE LOS VOCALES DEL CONSEJO SE ELIJAN ENTRE JUECES Y MAGISTRADOS DE TODAS LAS CATEGORIAS Y SI SE CONSIDERA QUE ESTOS SON LOS INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL CUYO ORGANO DE GOBIERNO ES EL CONSEJO, LA EXPRESION QUE EMPLEA LA CONSTITUCION LLEVA RAZONABLEMENTE A ENTENDER QUE LA COMPETENCIA PARA LA ELECCION CORRESPONDE AL PROPIO COLECTIVO DE JUECES Y MAGISTRADOS. EN ESTE PUNTO, LA COMPOSICION MIXTA DEL C.G.P.J. SERIA UNA MUESTRA DE LOS CONTROLES HORIZONTALES INTRAORGANOS EN LA COMPOSICION DE UN ORGANO CONSTITUCIONAL. LA PROPIA CONCEPCION PARTICIPATIVA DE LA DEMOCRACIA PRESENTE EN LA NORMA FUNDAMENTAL HACE COHERENTE LA ATRIBUCION POR ESTA AL CONJUNTO DE LOS TITULARES DEL PODER JUDICIAL DE UNA REPRESENTACION EN SU ORGANO DE GOBIERNO, ATRIBUCION QUE HA DE ENTENDERSE EN RELACION CON LA INDEPENDENCIA QUE DISTINGUE A ESTE PODER, A CUYO SERVICIO EXISTE EL CONSEJO GENERAL. EN DEFINITIVA, EL PRINCIPIO DE LA DIVISION DE PODERES Y LOS EQUILIBRIOS Y CONTRAPESOS QUE EL MISMO ENTRAÑA QUEDARIAN LESIONADOS POR TODA DISPOSICION QUE INCIDIERA EN ESTOS, ALTERANDOLOS.

B) COMO MOTIVO SEGUNDO DEL RECURSO SE ALEGA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART.

386 DE LA LEY ORGANICA, EN RELACION CON LA DISPOSICION TRANSITORIA 28.1, SOBRE ANTICIPACION DE LA EDAD DE JUBILACION FORZOSA, POR VIOLACION DE LOS ARTS. 9.3, 33.3, 35 Y 117.2 DE LA CONSTITUCION. LA PRIMERA DE LAS DISPOSICIONES ASI IMPUGNADAS ANTICIPA A LOS SESENTA Y CINCO AÑOS LA EDAD DE JUBILACION FORZOSA DE TODOS LOS JUECES Y MAGISTRADOS, ESTABLECIENDO, POR SU PARTE, LA DISPOSICION TRANSITORIA 28.1 UN REGIMEN ESCALONADO PARA LA ENTRADA EN VIGOR DE AQUEL PRECEPTO. ESTOS PRECEPTOS REDUCEN EN CINCO O SIETE AÑOS EL TIEMPO DE SERVICIO ACTIVO DE LOS MAGISTRADOS, TODA VEZ QUE LA LEY 17/1980, DE 24 DE ABRIL, RESPETABA LAS DOS PRORROGAS PRECEPTIVAS HASTA LOS SETENTA Y DOS AÑOS PARA LOS MAGISTRADOS QUE ASI LO SOLICITARAN. LA MODIFICACION ASI LEGALMENTE INTRODUCIDA VULNERA LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES ANTES RESEÑADOS, SEGUN LA FUNDAMENTACION QUE SIGUE.

LA INAMOVILIDAD ES REQUISITO Y GARANTIA DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y AUNQUE ES CIERTO QUE EL LIMITE DE EDAD ES CAUSA LEGAL DE JUBILACION FORZOSA EN NUESTRO SISTEMA EN EL QUE NO SE CONTEMPLA EL NOMBRAMIENTO VITALICIO NO LO ES MENOS QUE LA TOTAL ARBITRARIEDAD EN EL ESTABLECIMIENTO DE ESA EDAD O SU REDUCCION ES CAPAZ DE AFECTAR A LA INDEPENDENCIA DEL JUEZ, AL MENOSCABAR SU INAMOVILIDAD. ESTA ES GARANTIA SUBSTANCIAL DE LA INDEPENDENCIA, YA QUE SIN ESTABILIDAD EN LA FUNCION NO TENDRIA EL JUEZ SEGURIDAD ALGUNA DE PODERLA EJERCER DE MODO IMPARCIAL Y ASI FUE RECONOCIDA EN NUESTRO DERECHO HISTORICO, SEGUN LOS ANTECEDENTES CONSTITUCIONALES Y LEGISLATIVOS QUE SE CITAN. A ESTOS ANTECEDENTES SE VINCULA NUESTRA CONSTITUCION EN LOS NUMS. 1 Y 2 DE SU ART.

117. DE OTRA PARTE, HAN DE SER TENIDOS EN CUENTA LOS PRINCIPIOS DE SEGURIDAD JURIDICA, IRRETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS RESTRICTIVAS DE DERECHOS INDIVIDUALES E INTERDICCION DE LA ARBITRARIEDAD (ART. 9.3 DE LA NORMA FUNDAMENTAL), SIENDO DE CITA PERTINENTE LA DOCTRINA CONSTITUCIONAL ESTABLECIDA EN LA SENTENCIA DE 20 DE JULIO DE 1981 Y DE 4 DE FEBRERO DE 1983.

TRAS LO ANTERIOR, SE SOSTIENE QUE LA DETERMINACION DE LA EDAD DE JUBILACION EN EL PROCESO DE ELABORACION DE LA LEY ORGANICA CONSTITUYO UNA <SORPRESA> DESARROLLADA EN ETAPAS SUCESIVAS, PUES LA MISMA NO FIGURABA EN LA FORMA QUE AHORA TIENE EN EL ANTEPROYECTO. LA UNICA JUSTIFICACION CONOCIDA DE ESTA DECISION ES LA DE EQUIPARAR A LOS JUECES CON LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION, INVOCANDOSE POR ALGUNO AL RESPECTO LA LEGISLACION COMPARADA, POR MAS QUE ESTE ARGUMENTO NO RESULTA SERIO NI SUFICIENTE, TODA VEZ QUE EL DERECHO EXTRANJERO NI SIQUIERA OFRECE UNA EDAD DE JUBILACION FORZOSA PARA TODOS LOS JUECES. TAMPOCO ES ARGUMENTO LA INVOCADA EXIGENCIA DE AUMENTAR LAS PLANTILLAS DE JUECES Y MAGISTRADOS SI ELLO HA DE HACERSE PRESCINDIENDO DE LA TERCERA PARTE DE LOS QUE ESTAN EN ACTIVO, QUE SON, A SU VEZ, LOS DE MAS LARGA EXPERIENCIA.

A LA VISTA DE LOS DATOS APORTADOS POR LOS RECURRENTES, LA SITUACION DE HECHO QUE PRODUCE EL ART. 386 ES LA DE QUE AQUELLOS JUECES Y MAGISTRADOS QUE ENTRARON AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA CUANDO LA EDAD DE JUBILACION ERAN LOS SETENTA AÑOS, INCLUSO CON POSIBILIDAD DE PRORROGA, VEN AHORA REDUCIDA SU VIDA ACTIVA EN CINCO O EN SIETE AÑOS, VIENDOSE INCLUSO OBLIGADOS A TERMINARLA ANTICIPADAMENTE POR HABER CUMPLIDO LOS SESENTA Y CINCO. SIN PERJUICIO DE OTRAS CONSIDERACIONES, ELLO ATENTA GRAVEMENTE A LA SEGURIDAD JURIDICA (ART. 9.

3 DE LA CONSTITUCION), CONCEBIDA COMO EL <SABER A QUE ATENERSE> O, EN OTRAS PALABRAS, COMO LA CONFIANZA EN QUE EL ESTADO CUMPLA SUS COMPROMISOS, DANDO FIJEZA Y ESTABILIDAD A LAS LEYES, SEGURIDAD JURIDICA QUE PERMITA PROMOVER EL ORDEN JURIDICO, LA JUSTICIA Y LA IGUALDAD. NO SE HAN RESPETADO, POR ELLO, SITUACIONES CONSOLIDADAS QUE HABIAN GENERADO DERECHOS PUBLICOS SUBJETIVOS DERIVADOS DE UNA RELACION JURIDICA CONFIRMADA.

SE HA VIOLADO, ASIMISMO, EL ART. 9.3 DE LA CONSTITUCION AL CONCULCARSE EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS RESTRICTIVAS DE DERECHOS INDIVIDUALES. EL POSIBLE ARGUMENTO DEL IUS VARIANDI NO SERIA AQUI OPONIBLE PORQUE LA RELACION DE SERVICIO DEL JUEZ ESTA SOMETIDA DIRECTAMENTE A LA LEY, AL NO ESTABLECERSE CON LA ADMINISTRACION, SINO DIRECTAMENTE CON EL ESTADO.

AHORA BIEN, LA TUTELA CONSTITUCIONAL DE REFERENCIA LLEVA A PENSAR QUE NO CUALQUIER LEY NI EN CUALESQUIERA CIRCUNSTANCIAS PODRA MODIFICAR LA EDAD DE JUBILACION SI ESTA, COMO AHORA OCURRE, QUEDA ESTABLECIDA COMO GARANTIA ESPECIFICA DE LA INAMOVILIDAD. EN EL CASO DEL JUEZ, A DIFERENCIA DEL FUNCIONARIO, LA CONVENIENCIA DEL INTERES PUBLICO NO DEBE PREVALECER SOBRE LA INAMOVILIDAD, DE TAL MANERA QUE LA DISCRECIONALIDAD DEL LEGISLADOR EN LA FIJACION DE LA EDAD DE RETIRO HA DE LIMITARSE A SUS EFECTOS DE FUTURO PARA QUE PUEDA LLAMARSE GARANTIA EFECTIVA, ES DECIR, A LOS EFECTOS QUE NO ALTEREN LA VIDA PROFESIONAL DE QUIENES ESTEN EN ACTIVO O, CUANDO MENOS, PREVIENDOSE, SI ASI FUERA, QUE LA VOLUNTAD DE LOS AFECTADOS PUEDA INTERVENIR ACEPTANDO LA REDUCCION. LA ARBITRARIEDAD EN LA REDUCCION DE LA EDAD DE JUBILACION SUPRIME LA INDEPENDENCIA, YA QUE EL JUEZ PUEDE SER CESADO CUANDO CONVENGA SIN OTRO LIMITE QUE DAR A LA DECISION LA VESTIDURA DE LEY FORMAL. ASI, NO ES POSIBLE ATISBAR LAS RAZONES DE INTERES PUBLICO QUE HAYAN MOVIDO A SEMEJANTE REDUCCION EN LA EDAD DE RETIRO, Y ESTA CARENCIA DE MOTIVO O FIN CONOCIDO LLEVA A CONCLUIR EN QUE EL PRECEPTO CUYA LEGITIMIDAD SE CONTROVIERTE ENVUELVE UN FACTUM PRINCIPIS, ES DECIR, UNA DECISION DEL PODER SIN JUSTIFICACION CONOCIDA Y CONTRARIA AL PRINCIPIO DE INAMOVILIDAD. NO BASTA CON LA APARIENCIA FORMAL DE LEY CUANDO ESTA NORMA ES, EN SU PROPIO CONTENIDO, SIMPLEMENTE EL VEHICULO DE UN ACTO DEL PODER QUE NEUTRALIZA EN SU EJERCICIO A OTRO PODER. SI SE TRATASE DE UN ACTO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA, LAS CIRCUNSTANCIAS EXPUESTAS DARIAN SOBRADO FUNDAMENTO PARA CONSIDERARLO VICIADO DE DESVIACION DE PODER. EN ESTE CASO, LA GARANTIA CONSTITUCIONAL DE LA ESTABILIDAD DE JUEZ TIENE, SIN EMBARGO, VIGOR BASTANTE PARA IMPEDIR AQUELLA DESVIACION LEGAL, QUE SE HA PRODUCIDO POR CIRCUNSTANCIAS PROPIOS DEL MODERNO ESTADO DEMOCRATIVO EN EL QUE EL PRINCIPIO DE LA DIVISION DE PODERES HA PERDIDO GRAN PARTE DE SU VIRTUALIDAD, PORQUE EL JUEGO DEMOCRATICO DEL PODER SE RESUELVE HOY EN UNA CORRELACION Y DEPENDENCIA INTERNA ENTRE LEGISLATIVO Y EJECUTIVO, MAXIME CUANDO EN LAS CAMARAS HAY SUFICIENTE PREDOMINIO DE UN PARTIDO CON GRAN COHESION Y DISCIPLINA INTERNA, LO QUE DETERMINA QUE LAS LEYES APROBADAS SEAN LAS PREPARADAS Y QUERIDAS POR EL EJECUTIVO.

SE HA VIOLADO, ASIMISMO, EL ART. 33.3 DE LA CONSTITUCION, PUES CABE PREGUNTARSE SI PUEDE EL LEGISLADOR REBAJAR LA EDAD DE JUBILACION PARA UN NUMEROSO COLECTIVO DE JUECES O MAGISTRADOS SIN INDEMNIZAR LA PRIVACION DE DERECHO QUE ELLO SUPONGA O SI DEBIO, POR EL CONTRARIO, SOMETERSE A LOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES QUE EL ARTICULO 33.3 EXIGE PARA LA PRIVACION DE DERECHOS. EN TODO CASO, LA MEDIDA CONTENIDA EN EL ART. 386 DE LA LEY ORGANICA SUPONE UNA RADICAL MODIFICACION DE LAS CONDICIONES DE EMPLEO PARA UN NUMEROSO COLECTIVO DE JUECES Y MAGISTRADOS, QUE POSEIAN UN STATUS PRECISO, DE INDISCUTIBLE CONTENIDO PATRIMONIAL, QUE DEBE SER GARANTIZADO POR EL ORDENAMIENTO JURIDICO. EN CUALQUIER SITUACION SINALAGMATICA, LA CLAUSULA RELATIVA AL PLAZO HA DE SER CUMPLIDA POR LAS PARTES, CON INDEPENDENCIA DE QUE EL ORIGEN DE DICHA RELACION BILATERAL ESTE EN UN CONTRATO, EN UN ACTO CONDICION O EN UNA SITUACION ESTATUTARIA. EL PRINCIPIO DE QUE ESTAS ULTIMAS SITUACIONES CEDEN ANTE UN CAMBIO DE LA LEY NO PUEDE LLEVARNOS A LA ACEPTACION DEL PODER OMNIMONO DEL PARLAMENTO, PORQUE UNA CONCEPCION DE LA SOBERANIA QUE NO ENCUENTRA SUS LIMITES EN LOS DERECHOS DE LOS PARTICULARES LLEVA A LA NEGACION DEL ESTADO DE DERECHO. POR LO DEMAS, EL ADELANTO EN EL TERMINO FIJADO PARA LA RELACION DE SERVICIO EQUIVALE A UN DESPIDO ANTICIPADO QUE, OBVIAMENTE, POSTULAR EL DERECHO A UNA INDEMNIZACION. EN RESUMEN, Y TENIENDO EN CUENTA LO DISPUESTO EN EL ART.

33.3 DE LA CONSTITUCION LA ALTERNATIVA ES BIEN SIMPLE: SI LA LEY ORGANICA PROHIBE CUALQUIER TIPO DE COMPENSACIONES ES INSCONSTITUCIONAL Y SI, POR RAZONES DE INTERES PUBLICO, SE JUSTIFICA COMO EXPROPIACION LEGAL HABRA QUE ARTICULAR UN SISTEMA INDEMNIZATORIO.

SE HA VULNERADO, TAMBIEN, LO DISPUESTO EN EL ART. 35 DE LA CONSTITUCION, DEBIENDO CITARSE AL RESPECTO LA DOCTRINA ESTABLECIDA EN LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 2 DE JULIO DE 1981 RESPECTO DE LA DEBIDA COMPENSACION DEL SACRIFICIO PERSONAL QUE SUPONE LA JUBILACION FORZOSA, LO QUE ARGUMENTA A FAVOR DE LO QUE SE ACABA DE EXPONER EN ORDEN A COMO EL ANTICIPO DE LA EDAD DE JUBILACION ENTRAÑA UNA PRIVACION DE DERECHO QUE REQUIERE SER INDEMNIZADA. TRASLADANDO A ESTE PROBLEMA LO DECLARADO EN LA REFERIDA SENTENCIA, HA DE DESTACARSE QUE LA DISPOSICION IMPUGNADA INFRINGE LA PRESUNCION LEGAL DE APTITUD PARA EL TRABAJO CONSAGRADA POR LA LEGISLACION ANTERIOR Y HA DE DECIRSE, TAMBIEN, QUE, YA QUE UNA PARTE DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION PUBLICA EN GENERAL (A LA QUE PERTENECE LA ADMINISTRACION JUDICIAL) ESTA EN REGIMEN DE DERECHO LABORAL, SE LLEGARIA A LA CONCLUSION DE QUE EL ADELANTO DE LA JUBILACION AFECTARIA SOLO A LOS FUNCIONARIOS EN REGIMEN ADMINISTRATIVO, CON INFRACCION DEL PRINCIPIO DE IGUALDAD. POR ULTIMO, SI SE TIENE EN CUENTA QUE LOS DIVERSOS CUERPOS Y ESCALAS DE FUNCIONARIOS REALIZAN ACTIVIDADES DIFERENTES, NO PUEDE SINO RECORDARSE LO DICHO ENTONCES POR EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL RESPECTO DE LAS CONDICIONES PERSONALES QUE, EN CADA CASO, PUEDEN RAZONABLEMENTE PRESUMIRSE DISMINUIDAS A UNA EDAD DETERMINADA, SIN QUE ESA PRESUNCION PUEDA HACERSE, SIN EMBARGO, CON CARACTER GENERAL.

C) COMO TERCER MOTIVO DEL RECURSO, SE AFIRMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA DE LA LEY ORGANICA POR VIOLACION DEL ART. 122.2 DE LA CONSTITUCION EN RELACION CON EL ARTICULO 117 DE LA MISMA NORMA FUNDAMENTAL Y EN EL CONTEXTO DE LA REGULACION CONTENIDA EN EL TITULO VI DE ESTA, TODA VEZ QUE LA DISPOSICION IMPUGNADA ATRIBUYE AL GOBIERNO LA POTESTAD REGLAMENTARIA PARA EL DESARROLLO DE LA LEY ORGANICA SIN RECONOCER LA POTESTAD QUE EN ESTE PUNTO CORRESPONDE AL C.G.P.J. ESTA ATRIBUCION AL GOBIERNO DE POTESTAD REGLAMENTARIA RESULTA INCONSTITUCIONAL POR DIFERENTES RAZONES. EN PRIMER LUGAR, PORQUE LA POTESTAD DEL GOBIERNO PARA ADOPTAR REGLAMENTOS ESTA LIMITADA POR LA CONSTITUCION EN RAZON DE SU CONTENIDO, AL MARGEN DE QUE ELLA MISMA NO PUEDA EJERCERSE SI NO ES SOBRE LA BASE DE UNA LEY. EN EFECTO, LA POTESTAD REGLAMENTARIA ATRIBUIDA AL GOBIERNO POR LA CONSTITUCION DEBERA EJERCERSE DENTRO DEL AMBITO OBJETIVO PROPIO DE LA ACTUACION DEL GOBIERNO, SIN QUE PUEDA CONCEBIRSE UNA ATRIBUCION LEGAL DE POTESTAD REGLAMENTARIA AL EJECUTIVO PARA REGULAR MATERIAS QUE, POR SU NATURALEZA, ESCAPAN DEL AMBITO OBJETIVO DE LA COMPETENCIA DE DICHO PODER. ESTE LIMITE OBJETIVO O COMPETENCIAL ES AQUI EL INFRINGIDO, DEPARANDOSE ASI UNA VIOLACION DEL ART. 97 DE LA CONSTITUCION EN IGUALES TERMINOS QUE SI SE HUBIERE ATRIBUIDO AL GOBIERNO LA POTESTAD REGLAMENTARIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, DE LAS CAMARAS LEGISLATIVAS O DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. JUNTO A ELLO, HA DE DECIRSE QUE EL EJERCICIO POR EL GOBIERNO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA JUDICIAL SUPONE UN DESBORDAMIENTO DE LOS LIMITES DE DICHA POTESTAD. EL REGLAMENTO NO PUEDE REGULAR LO QUE ESTA RESERVADO A LA LEY NI TAMPOCO PUEDE AFECTAR PORQUE EL ART. 97 NO CONTIENE UNA ATRIBUCION EXCLUSIVA DE POTESTAD REGLAMENTARIA A LA ESTRUCTURA INSTITUCIONAL O TERRITORIAL DEL ESTADO. ALLI DONDE LA CONSTITUCION CONFIGURA UN AMBITO DE AUTONOMIA, INDEPENDENCIA, AUTOGOBIERNO O SEPARACION ESTA SIMULTANEAMENTE DOTANDO A DICHO AMBITO DE UN PODER NORMATIVO REGLAMENTARIO EN LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS, PROCEDIMENTALES Y ESTATUTARIOS, ENTRE OTROS. ELLO OCURRE ASI EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, EN LAS CAMARAS PARLAMENTARIAS Y EN EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y ASI DEBIERA SER TAMBIEN CON EL PODER JUDICIAL. POR NO HABERLO RECONOCIDO ASI, LA DISPOSICION IMPUGNADA VIOLA LA CONFIGURACION CONSTITUCIONAL DEL PODER JUDICIAL, YA QUE NO SOLO SE IMPIDE LA PLENA REALIZACION DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL SINO QUE SE INVADE UN AMBITO AJENO AL GOBIERNO, SEGUN SE SOSTUVO EN EL ESCRITO MEDIANTE EL CUAL EL PROPIO CONSEJO GENERAL PLANTEO CONFLICTO DE ATRIBUCIONES FRENTE AL CONGRESO, ESCRITO CUYOS ARGUMENTOS, EN ESTE PUNTO, SE REPRODUCEN Y ASUMEN. NO HAY, EN DEFINITIVA, AUTOGOBIERNO, NI TERRITORIAL NI INSTITUCIONAL, SI LOS ORGANOS CORRESPONDIENTES NO ESTAN DOTADOS DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS MINIMOS, ENTRE LOS QUE HA DE CONTARSE LA POTESTAD REGLAMENTARIA, POTESTAD IMPLICITA EN ESTE CASO PORQUE EN ELLA CONCURREN LAS EXIGENCIAS DE QUE LA MISMA NO ESTA EXPRESAMENTE EXCLUIDA, NI CONCULCA EL SISTEMA CONSTITUCIONAL Y DE QUE, NO INTERFIRIENDO EL JUEGO DE COMPETENCIAS DE OTROS PODERES, RESULTA NECESARIA Y CONVENIENTE PARA QUE EL C.G.P.J. CUMPLA ADECUADAMENTE LAS FUNCIONES QUE LA CONSTITUCION LE ASIGNA, ENTRAÑANDO SU NEGACION LA IMPOSIBILIDAD DE COMPLETAR Y AFIANZAR EL SISTEMA CONSTITUCIONAL.

D) COMO CUARTO MOTIVO DEL RECURSO, SE AFIRMA LA EXISTENCIA DE UNA INCONSTITUCIONALIDAD DETERMINADA POR GRAVES DEFECTOS EN LA TRAMITACION DE LA LEY ORGANICA, CON VIOLACION DE LO DISPUESTO EN EL ARTICULO 9.1 DE LA CONSTITUCION EN RELACION CON EL ART. 88 DE LA MISMA. ESTOS VICIOS SE REFIEREN A DOS CUESTIONES, A LA FALTA DE INFORME PRECEPTIVO POR EL C.G.P.J., EN PRIMER LUGAR, DEL PROYECTO DE LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL Y, EN SEGUNDO LUGAR, AL HECHO DE QUE EL PROYECTO FUESE REMITIDO AL CONGRESO POR EL GOBIERNO SIN EXPOSICION DE MOTIVOS NI MEMORIA EXPLICATIVA. EN CUANTO AL PRIMER PUNTO, HA DE RECORDARSE LO DISPUESTO EN EL ART. 3.5 DE LA LEY ORGANICA 1/1980, DE 10 DE ENERO, DE ACUERDO CON EL CUAL EL CONSEJO POSEE FACULTADES DE INFORME RESPECTO DE LOS PROYECTOS DE LEY QUE AFECTEN A LA CONSTITUCION, ORGANIZACION, FUNCIONAMIENTO Y GOBIERNO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES O ESTATUTO JURIDICO DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS. PUES BIEN, EL C.G.P.J. NO INFORMO EL PROYECTO DE LEY ORGANICA SINO EL ANTEPROYECTO ELABORADO POR EL GOBIERNO E, INCLUSO, EN LA SESION DEL 23 DE DICIEMBRE DE 1983 DEL PLENO DEL CONSEJO, EN LA QUE SE PRESENTO EL ANTEPROYECTO, SE FORMULO PROMESA FORMAL DE QUE, SI EL MISMO FUESE OBJETO DE MODIFICACIONES SUBSTANCIALES, SERIA DE NUEVO ENVIADO A INFORME DEL MISMO CONSEJO, NO SATISFACIENDOSE ESTE COMPROMISO PESE A HABERSE MODIFICADO DICHO ANTEPROYECTO EN MATERIA DE DESIGNACION DE VOCALES DEL CONSEJO DE PROCEDENCIA JUDICIAL, ASI COMO EN LO RELATIVO A LA EDAD DE JUBILACION Y AL REGIMEN DEL CENTRO DE ESTUDIOS JUDICIALES. ELLO MOTIVO QUE, POR INICITIVA PROPIA, EL C.G.P.J. EMITIRA INFORME SOBRE LAS CUESTIONES QUE NO SE CONTENIAN EN EL ANTEPROYECTO, INFORME RECHAZADO POR LA COMUNICACION DEL PRESIDENTE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS DE 23 DE OCTUBRE DE 1984. AL HABERSE TRAMITADO EL PROYECTO ANTE LAS CAMARAS SIN EL INFORME PRECEPTIVO QUE SE CONSIDERA, SE HA INFRINGIDO EL ART. 3.5 DE LA LEY 1/1980, ASI COMO LO DISPUESTO EN EL ART. 88 DE LA CONSTITUCION, YA QUE ESTE INFORME ES UN ANTECEDENTE NECESARIO PARA QUE PUEDA EL CONGRESO PRONUNCIARSE SOBRE EL TEXTO REMITIDO POR EL GOBIERNO.

POR LO QUE SE REFIERE A LA NO REMISION AL CONGRESO POR EL GOBIERNO DE EXPOSICION DE MOTIVOS Y DE LA MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO HA DE SEÑALARSE QUE EL PROPIO CONGRESO DE LOS DIPUTADOS RECONOCIO QUE TALES DOCUMENTOS TUVIERON ENTRADA EL DIA 8 DE OCTUBRE DE 1984, LO QUE MOTIVO LA REDUCCION DEL PLAZO PARA FORMULAR ENMIENDAS, CON NOTORIA Y FLAGRANTE VIOLACION DEL PROCEDIMIENTO PARLAMENTARIO, ASI COMO DE LO DISPUESTO EN EL ART. 88 DE LA CONSTITUCION , EN EL QUE SE EXIGE QUE LOS PROYECTOS DE LEY SE ACOMPAÑEN DE UNA EXPOSICION DE MOTIVOS PARA SU REMISION AL PARLAMENTO.

SE TERMINO SUPLICANDO SE TUVIERA POR INTERPUESTO RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD EN LOS TERMINOS EXPUESTOS, DECLARANDOSE INCONSTITUCIONAL LA TOTALIDAD DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL POR LOS VICIOS DE PROCEDIMIENTO DENUNCIADOS Y, SUBSIDIARIAMENTE, QUE TAL DECLARACION SE HICIERA RESPECTO DE LOS ARTS. 112 (APARTADOS 1 Y 3), 386 (EN RELACION CON LA DISPOSICION TRANSITORIA 28.1) Y DE LA DISPOSICION ADICIONAL 1.2.

MEDIANTE OTROSI SE SOLICITO DEL TRIBUNAL SUSPENDIERA LA APLICACION DE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS, ALEGANDO LOS IRREPARABLES DAÑOS QUE SE PRODUCIRIAN PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES Y ORGANOS CONSTITUCIONALES EN EL CASO DE QUE, ESTIMANDOSE EL RECURSO, AQUELLAS DISPOSICIONES FUESEN ANULADAS. TERCERO. MEDIANTE PROVIDENCIA DE 2 DE OCTUBRE DE 1985, LA SECCION CUARTA DEL PLENO ACORDO ADMITIR A TRAMITE EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD, DAR TRASLADO DE LA DEMANDA Y DOCUMENTOS PRESENTADOS AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, AL SENADO Y AL GOBIERNO A EFECTOS DE LO DISPUESTO EN EL ART. 34 DE LA L.O.T.C., RECABAR DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y DEL MINISTERIO DE JUSTICIA LOS RESPECTIVOS EXPEDIENTES DE ELABORACION DEL PROYECTO DE LA LEY IMPUGNADA Y NO HABER LUGAR, POR ULTIMO, A LA SUSPENSION SOLICITADA EN LA DEMANDA, TODA VEZ QUE LA MISMA NO APARECIA FUNDADA EN PRECEPTO LEGAL ALGUNO.

CUARTO. MEDIANTE ESCRITO QUE TUVO ENTRADA EN EL REGISTRO DE ESTE TRIBUNAL EL DIA 26 DE OCTUBRE PRESENTO ALEGACIONES EN NOMBRE DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS EL LETRADO DE LAS CORTES GENERALES EN LOS TERMINOS QUE, RESUMIDAMENTE, SIGUEN:

A) NO PUEDE, EN PRIMER LUGAR, ACEPTARSE QUE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL QUEDA MENOSCABADA SI SU ORGANO DE GOBIERNO SE CONSTITUYE POR MIEMBROS DESIGNADOS POR OTROS PODERES DEL ESTADO. LA INDEPENDENCIA QUE LA CONSTITUCION PROCLAMA ES LA DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS (ART. 117.1), QUE SON PROPIAMENTE LOS INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL, PERO LA NORMA FUNDAMENTAL EN NINGUN MOMENTO DICE QUE EL C.G.P.J. TENGA QUE SER INDEPENDIENTE, SIN QUE, POR LO DEMAS, SEA ESTE ORGANO DE CARACTER JUDICIAL, PUES NO EJERCE POSTESTADES JURISDICCIONALES. POR ELLO, AUNQUE LA ELECCION DE TODOS LOS MIEMBROS DEL CONSEJO POR LAS CAMARA ACERCA A ESTE ORGANISMO A UNA INSTANCIA PROPIAMENTE POLITICA Y DISMINUYE SU INDEPENDENCIA, NO POR ELLO ES INCONSTITUCIONAL, PUES NO QUEDA AFECTADA LA INDEPENDENCIA QUE LA CONSTITUCION GARANTIZA, QUE ES LA DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS EN EL EJERCICIO DE SU FUNCION JURISDICCIONAL. LA INDEPENDENCIA JUDICIAL, EN DEFINITIVA, SE RELACIONA CON LO QUE ES LA FUNCION JURISDICCIONAL Y CON EL ESTATUTO BASICO DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS, PERO NO ALCANZA A LO QUE ES SU GOBIERNO COTIDIANO, ESTO ES, A SU ADMINISTRACION, DIRECCION Y ORGANIZACION ADMINISTRATIVA. INCLUSO, AL RECLAMAR UNA INDEPENDENCIA ABSOLUTA EN ESTAS MATERIAS PODRIA SUPONER UNA QUIEBRA DE LOS PRINCIPIOS DEL ESTADO DEMOCRATICO, QUE QUIEREN QUE EL PARLAMENTO PUEDA SUPERVISAR Y FISCALIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS DISTINTOS SERVICIOS ADMINISTRATIVOS. POR CONSIGUIENTE, LA INDEPENDENCIA DE CIERTOS ORGANOS NO ESTA TANTO EN FUNCION DEL ORIGEN DE SU NOMBRAMIENTO COMO DEL ESTATUTO O REGULACION QUE PRESIDA ESA MATERIA.

LOS RECURRENTES AFIRMAN QUE LA GARANTIA DE LA INDEPENDENCIA ESTA EN EL AUTOGOBIERNO JUDICIAL, PERO LA TESIS ES CONSTITUCIONALMENTE INCORRECTA. COMO SE HACE PATENTE MEDIANTE UN EXAMEN DE LAS REGULACIONES SOBRE ESTE PUNTO QUE OFRECE EL DERECHO COMPARADO, LOS LLAMADOS ORGANOS DE <AUTOGOBIERNO> NO SON UN FACTOR ESENCIAL, NI SIQUIERA PRINCIPAL, PARA LA GARANTIA DE AQUELLA INDEPENDENCIA, PUES EN LA MAYOR PARTE DE LOS PAISES CONSTITUCIONALES ESTE ORGANO DE GOBIERNO ESTA ASUMIDO O ES DESIGNADO POR INSTANCIAS PROPIAMENTE POLITICAS.

SE ADUCE TAMBIEN QUE LA CONSTITUCION HA CONFERIDO UN CARACTER REPRESENTATIVO INTERNO AL C.G.P.J., IGNORADO POR LA LEY IMPUGNADA. TAL CONFIGURACION <REPRESENTATIVA> NO EXISTE, SIN EMBARGO. EL CONSEJO SE DEFINE POR EL ART.

122.2 COMO <EL ORGANO DE GOBIERNO> DEL PODER JUDICIAL, POR LO QUE CONSTITUYE UNA PETICION DE PRINCIPIO LA AFIRMACION DE ESA PROPIEDAD REPRESENTATIVA. Y AUN SI SE ADMITIERA HIPOTETICAMENTE LA MISMA, HABRIA DE RECORDARSE QUE LA REPRESENTACION ES UN CONCEPTO UN TANTO ELASTICO EN EL CAMPO DEL DERECHO CONSTITUCIONAL, EN EL QUE NO SE DEFINE POR LOS PRECISOS ELEMENTOS QUE LE SON PROPIOS EN EL DERECHO PRIVADO. POR ELLO, AUNQUE LA REPRESENTACION SE ASOCIA MUCHAS VECES A LA ELECCION POR PARTE DE LOS REPRESENTADOS, ESTA NO ES NECESARIA PARA ENTENDER EXISTENTE AQUELLA, EXISTIENDO REPRESENTACION SIN ELECCION (ART. 56.1 DE LA C.E.) Y ELECCION SIN REPRESENTACION (ART. 159 DE LA C.E.).

B) LA TESIS DE LOS RECURRENTES, SEGUN LA CUAL CADA PODER DEL ESTADO HA DE CONSIDERARSE COMO TITULAR DE UN AMBITO NUCLEAR DE FUNCIONES INDISPONIBLE PARA EL LEGISLADOR, ES PLENAMENTE COMPARTIBLE, AUNQUE IRRELEVANTE EN ESTE CASO, PORQUE EL ART. 112 DE LA LEY ORGANICA 6/1985 PARA NADA AFECTA A LA FUNCION DEL PODER JUDICIAL, CIÑENDOSE A REGULAR EL PROCEDIMIENTO DE ELECCION POR LAS CAMARAS DEL CONSEJO GENERAL. NO EXISTE, POR ELLO, LA VULNERACION QUE ADUCEN LOS RECURRENTES.

ADOPTANDO EL CITADO ART. 112 NO SE HAN SITUADO LAS CAMARAS EN LA POSICION DEL CONSTITUYENTE SINO QUE SE HAN LIMITADO A DESARROLLAR LA PREVISION DEL ART.

122.3 DE LA CONSTITUCION, CUANDO DICE QUE DOCE DE LOS MIEMBROS DEL C.G.P.J.

SERAN ELEGIDOS ENTRE JUECES Y MAGISTRADOS EN LOS TERMINOS QUE ESTABLEZCA LA LEY ORGANICA. NO PUEDE, EN PARTICULAR, ACEPTARSE LA TESIS DEL RECURSO SEGUN LA CUAL LAS FACULTADES DE PROPUESTA Y NOMBRAMIENTO DE LAS CORTES SON SOLO LAS EXPRESAMENTE RECONOCIDAS EN LA CONSTITUCION. LAS CORTES GENERALES SON TITULARES DE LA POTESTAD LEGISLATIVA DEL ESTADO Y, COMO SE DIJO EN LA SENTENCIA DE 5 DE AGOSTO DE 1983, PUEDEN REGULAR EN PRINCIPIO CUALQUIER MATERIA SIN NECESIDAD DE POSEER UN TITULO ESPECIFICO PARA ELLO, LO QUE SUPONE QUE HABRA ORGANOS NO PREVISTOS EN LA CONSTITUCION CUYA REGULACION, Y EL CONSIGUIENTE REGIMEN DE NOMBRAMIENTO DE SUS TITULARES, HABRA DE ESTABLECERSE POR LEY, DE LA MISMA MANERA QUE POR LEY HABRAN DE REGULARSE LOS ASPECTOS DE LOS ORGANOS CONSTITUCIONALES QUE NO ESTEN DISCIPLINADOS EN LA CONSTITUCION.

EN CUANTO AL PRIMER ASPECTO, PUEDE CITARSE EL ART. 7.1 DE LA LEY 4/1980, DE 10 DE ENERO; EL ART. 5 DE LA LEY 15/1980, DE 22 DE ABRIL; EL ARTICULO 30 DE LA LEY ORGANICA 2/1982, DE 12 DE MAYO, Y EL ART. 9 DE LA LEY ORGANICA 5/1985, DE 19 DE JUNIO.

ES CIERTO, DE OTRA PARTE, QUE LA LEY REGULADORA DE CADA INSTITUCION HA DE RESPETAR LAS CARACTERISTICAS INMANENTES A LA MISMA, PERO EL REPETIDO ART. 112 LO UNICO QUE HACE ES UTILIZAR EL MARGEN DE DISCRECIONALIDAD QUE CONFIERE AL LEGISLADOR EL ART. 122.3 DE LA CONSTITUCION, DEBIENDO HACERSE NOTAR QUE EXISTEN MUCHOS RASGOS Y ELEMENTOS, INCLUSO IMPORTANTES, DE LOS ORGANOS CONSTITUCIONALES QUE QUEDA DEFERIDOS AL LEGISLADOR ORDINARIO, POR LO QUE EL CONCRETO PERFIL DE CADA INSTITUCION PODRA VARIAR EN FUNCION DE LAS LEYES QUE SE SUCEDAN EN EL TIEMPO, SEGUN PUEDE DESPRENDERSE DE LOS DISPUESTO EN LOS ARTS. 68, 107 Y 136.4 DE LA CONSTITUCION, ENTRE OTROS.

UNA COSA ES LA CRITICA QUE DESDE UN PUNTO DE VISTA DE OPORTUNIDAD POLITICA PUDIERA FORMULARSE FRENTE A LA REGULACION LEGISLATIVA DE UN DETERMINADO ORGANO Y OTRA BIEN DISTINTA EL EXAMEN DE SU CORRECCION CONSTITUCIONAL, EN EL QUE HABRA DE TENERSE EN CUENTA EL MARGEN DE APRECIACION QUE, SOBRE ESTE EXTREMO, CONFIERE LA CONSTITUCION AL LEGISLADOR. ESTE MARGEN DE APRECIACION VIENE DADO POR LO DISPUESTO EN EL ART. 122.3 DE LA NORMA FUNDAMENTAL CUYA INTERPRETACION REALIZAN LOS RECURRENTES PARA CONCLUIR EN LA ILEGITIMIDAD DE LA DISPOSICION IMPUGNADA, DEBIENDO AHORA ANALIZARSE LA CORRECCION DE DICHA TESIS, SEGUN LOS MISMOS CRITERIOS DE INTERPRETACION UTILIZADOS EN LA DEMANDA.

EN CUANTO AL CRITERIO DE INTERPRETACION LITERAL, CONSIDERAN LOS RECURRENTES QUE LA REMISION A LEY ORGANICA HA DE ENTENDERSE COMO UNA SIMPLE REFERENCIA AL PROCESO ELECTORAL Y A EFECTOS DE PERMITIR LA REPRESENTACION DE LAS DIVERSAS CATEGORIAS DE JUECES Y MAGISTRADOS. AUNQUE ELLO FUERA ASI, NO ES MENOS CIERTO QUE UNO DE LOS ELEMENTOS DEL PROCESO ELECTORAL ES EL ELECTORADO O SUJETOS INVESTIDOS DE LA CAPACIDAD DE ELEGIR Y ES LOGICO QUE, ANTE EL SILENCIO CONSTITUCIONAL, ESTE PUNTO SEA REGULADO POR LA LEY ORGANICA. EL GENUINO SENTIDO DEL TERMINO <ENTRE> QUE EMPLEA EL ART. 122 DE LA CONSTITUCION ALUDE A QUE EL NOMBRAMIENTO O ELECCION DEBE RECAER EN JUECES Y MAGISTRADOS, ENTRE LOS QUE SE DEBE SELECCIONAR A LOS VOCALES DEL C.G.P.J. ES EVIDENTE, EN CUANTO A LA INTERPRETACION BASADA EN LOS ANTECEDENTES DEL TEXTO CONSTITUCIONAL, QUE EL ENTENDIMIENTO QUE MUESTRAN LOS RECURRENTES DEL SENTIDO DEL ART. 122.3 DE LA CONSTITUCION FUE DEFENDIDO EN EL CURSO DE LOS DEBATES PARLAMENTARIOS. PERO NO LO ES MENOS QUE OTRAS VICISITUDES DE SU PROCESO DE ELABORACION TUVIERON UN SIGNIFICADO DIFERENTE. HA DE RECORDARSE, ASI, QUE EN EL ANTEPROYECTO DE 5 DE ENERO DE 1978 SI SE PREVEIA EL NOMBRAMIENTO DE 12 DE LOS 20 VOCALES <EN PROPUESTA Y REPRESENTACION DE LAS DISTINTAS CATEGORIAS> (ART. 112.3). PERO AL TEXTO ORIGINARIO SE ACOMPAÑARON VOTOS PARTICULARES EN UNO DE LOS CUALES, SUSCRITO POR EL PARTIDO ENTONCES MAYORITARIO, SE PROPONIA SUSTITUIR EL NOMBRAMIENTO POR LOS JUECES MEDIANTE LA REMISION A LO QUE DISPUSIERA LA LEY ORGANICA Y QUE, ACEPTADA POR LA PONENCIA NOMBRADA POR EL CONGRESO, SEMEJANTE TESIS SE INCORPORO AL TEXTO EN ELABORACION QUE, EN ESTE ASPECTO, NO SE ALTERARIA YA A LO LARGO DEL ITER PARLAMENTARIO. INCLUSO EN EL SENADO SE PRESENTARON ENMIENDAS QUE POSTULARON LA VUELTA A LA FORMULA PRIMITIVA Y QUE FUERON RECHAZADAS. POR LO DEMAS, HA DE TENERSE EN CUENTA QUE LOS DEBATES PARLAMENTARIOS NO SON EL ELEMENTO HERMENEUTICO PRINCIPAL. NO SOLO NO LOS MENCIONA DIRECTAMENTE EL ART. 3.1 DEL CODIGO CIVIL, SINO QUE ESTE OTORGA PRIORIDAD AL ESPIRITU Y FINALIDAD DE LAS NORMAS QUE, UNA VEZ APROBADAS Y PUBLICADAS, COBRAN VIDA PROPIA Y SE OBJETIVAN. EN DEFINITIVA, LO QUE REVELA LA MENS LEGIS DEL ART. 122.3 FACTOR INTERPRETATIVO PRIORITARIO SOBRE LA MENS LEGISLATORIS RECHAZA UNA VINCULACION A UNA FORMA CONCRETA, EXIGIENDO SOLO LA DE LA LIBERTAD DEL LEGISLADOR ORGANICO AL RESPECTO. TAMPOCO LOS ACTOS DEL LEGISLATIVO POSTERIORES A LA CONSTITUCION ARGUMENTAN EN FAVOR DE LO SOSTENIDO POR LOS ACTORES. ADOPTANDO LA LEY ORGANICA 6/1985, LAS CORTES HAN UTILIZADO SU PODER DISCRECIONAL PARA DEROGAR Y SUSTITUIR EL PROCEDIMIENTO ANTERIOR Y HA DE OBSERVARSE QUE LO UNICO QUE HICIERON LOS REGLAMENTOS DE LAS CAMARAS DE 1982 FUE ACOMODARSE A LA CONCRETA FORMULA DISPUESTA EN LA LEY ORGANICA 1/1980. EN ORDEN AL ALEGATO BASADO EN CONSIDERACIONES DE DERECHO COMPARADO DEBE OBSERVARSE QUE LA REGULACION Y LA INTERPRETACION DE LAS INSTITUCIONES EN UN ESTADO NO PARECE QUE TENGA QUE ACOMODARSE NECESARIAMENTE A LO DISPUESTO EN OTROS PAISES, SINO QUE HA DE ATENDER, PREFERENTEMENTE, A SUS PROPIOS PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES. POR LO DEMAS, LOS EJEMPLOS CITADOS SON CASOS MUY AISLADOS, PUES LA MAYOR PARTE DE LOS ESTADOS CONSTITUCIONALES NO CONOCEN LOS LLAMADOS ORGANOS DE <AUTOGOBIERNO JUDICIAL>.

POR ULTIMO, EN CUANTO A LA INTERPRETACION QUE TOMA EN CUENTA EL ESPIRITU Y

FINALIDAD DE LA NORMA, LOS RECURRENTES HACEN SUYA LA ARGUMENTACION EMPLEADA POR EL C.G.P.J., EN EL CONFLICTO CONSTITUCIONAL PLANTEADO FRENTE AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, ADUCIENDO, ASI, QUE SERIA INCOHERENTE QUE SE DEJASE IMPREJUZGADA LA COMPETENCIA PARA LA ELECCION DEL GRUPO DE VOCALES MAS IMPORTANTE CUANDO LA PROPIA CONSTITUCION ESTABLECE CLARAMENTE EL CUERPO ELECTORAL DEL MAS REDUCIDO DE ELLOS. ESTA INTERPRETACION NO RESULTA SEGURA, YA QUE LO QUE PARECE PRETENDER LA CONSTITUCION ES GARANTIZAR UN CUPO MINIMO QUE HABRA DE ELEGIRSE POR LOS REPRESENTANTES POPULARES, DEJANDO EL RESTO SIN PREDETERMINAR Y QUEDANDO ASI A LA DISCRECION DEL LEGISLADOR EL MODO DE DESIGNACION DE LOS DEMAS VOCALES. A MAYOR ABUNDAMIENTO, HA DE TENERSE EN CUENTA QUE SI SE ADMITE, COMO LOS RECURRENTES HACEN, QUE LOS JUECES Y MAGISTRADOS PUEDEN INTEGRAR LA FIGURA DE LOS JURISTAS DE RECONOCIDA COMPETENCIA Y SER ELEGIDOS ENTRE LOS OCHO VOCALES DIRECTAMENTE RESERVADOS A LAS CAMARAS, NO SE COMPRENDE QUE PARA ESTAS SE DISCUTA ESTE MISMO DOBLE PAPEL. EN DEFINITIVA, AUNQUE EL NUEVO SISTEMA DE ELECCION PUEDA DISMINUIR EL GRADO DE INDEPENDENCIA O DE AUTONOMIA DE QUE ANTES DISFRUTABA EL C.G.P.J., NO POR ELLO SE VE EMPAÑADA LA INDEPENDENCIA DE LOS JUECES Y TRIBUNALES EN EL EJERCICIO DE SU POTESTAD JURISDICCIONAL, POR LO QUE SE SUPLICA LA DESESTIMACION DEL RECURSO.

QUINTO. CON FECHA 6 DE NOVIEMBRE QUEDO REGISTRADO EN EL TRIBUNAL EL ESCRITO DE ALEGACIONES QUE, EN REPRESENTACION DEL SENADO, FORMULO EL LETRADO DE LAS CORTES GENERALES:

A) EL ART. 112 DE LA LEY ORGANICA ES PLENAMENTE CONSTITUCIONAL Y SE AJUSTA A LO DISPUESTO EN EL ART. 122 DE LA CONSTITUCION PORQUE, EN ESTE PUNTO, LA CONSTITUCION HA OPTADO POR UNA FORMULA FLEXIBLE, QUE NO PREDETERMINA EN MODO ALGUNO EL ELECTOR DE LOS DOCE MIEMBROS DEL C.G.P.J., QUE DEBEN SELECCIONARSE ENTRE JUECES Y MAGISTRADOS DE TODAS LAS CATEGORIAS JUDICIALES CUYA FIJACION QUEDA DEFERIDA A LOS TERMINOS DE LA PROPIALEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL. DERIVA DE LO ANTERIOR QUE EXISTEN OTRAS POSIBILIDADES DE REGULACION NORMATIVA, IGUALMENTE VALIDAS, ENTRE LAS QUE FIGURA LA DEFENDIDA POR LOS RECURRENTES, OPCIONES TODAS ELLAS POSIBLES, MAS NO NECESARIAS. ASI, EN VIRTUD DE ESTE SISTEMA CONSTITUCIONALMENTE ABIERTO, LA LEY ORGANICA 1/1980 PUDO ATRIBUIR LA COMPETENCIA ELECTORAL ACTIVA A LOS PROPIOS JUECES Y MAGISTRADOS Y DEL MISMO MODO, APLICANDO EL PRINCIPIO DE IGUALDAD DE RANGO, OTRA LEY ORGANICA HA ALTERADO EL ESQUEMA ANTERIOR, ATRIBUYENDO LA FACULTAD DE PROPUESTA A LAS CAMARAS QUE INTEGRAN LAS CORTES GENERALES. POR LO DEMAS, LA POSIBILIDAD CONSTITUCIONAL DE ESTAS DIFERENTES OPCIONES FUE RECONOCIDA DE MODO EXPRESO POR EL PROPIO GRUPO PARLAMENTARIO AL QUE LOS RECURRENTES PERTENECEN A LO LARGO DE LOS DEBATES PARLAMENTARIOS EN TORNO A LA ACTUAL LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL.

DICEN LOS RECURRENTES QUE LOS ORGANOS CONSTITUCIONALES SE HALLAN ABSOLUTAMENTE CONFIGURADOS EN LA CONSTITUCION Y ESTA AFIRMACION ES TAN CIERTA QUE PUEDE SOSTENERSE QUE EL CARACTER DE ORGANO CONSTITUCIONAL DEL C.G.P.J. HA SIDO SALVAGUARDADO POR LA LEY ORGANICA MEDIANTE UNA REGULACION QUE NO DESVIRTUA EN ABSOLUTO LA IMAGEN SOCIAL QUE DE DICHO ORGANO PUEDA TENERSE EN EL MOMENTO PRESENTE. AHORA BIEN, NO OBSTANTE REGULAR DE MODO COSI EXHAUSTIVO LA CONSTITUCION ESTE ORGANO, NO PUEDE SOSTENERSE QUE UN ORDEN CONSTITUCIONAL QUEDE ESTABLECIDO, NI NORMATIVA NI POLITICAMENTE, CON LA APROBACION DE LA CONSTITUCION, QUE ES PARTE DE UN SISTEMA MAS AMPLIO Y AL QUE, POR LO TANTO, NO AGOTA. ELLO ES ASI RESPECTO DE OTROS ORGANOS CONSTITUCIONALES, A PROPOSITO DE LOS CUALES LA CONSTITUCION REMITE AL LEGISLADOR LA LABOR DE REGULAR DETERMINADOS ASPECTOS (ARTS. 57.3 Y 5, 68.1 Y 98.1, ENTRE OTROS), PORQUE LA NORMA FUNDAMENTAL NO AGOTA TODOS Y CADA UNO DE LOS ASPECTOS DE ESTOS ORGANOS CONSTITUCIONALES, LO QUE NO SIGNIFICA EN MODO ALGUNO QUE LOS MISMOS QUEDEN EN SITUACION IRRECONOCIBLE NI QUE HAYA DE HACERSE UNA INTERPRETACION EXTENSIVA PARA SOLVENTAR POSIBLES <LAGUNAS CONSTITUCIONALES>, MAXIME CUANDO ES EL PROPIO ART. 122.3 DE LA CONSTITUCION EL QUE REMITE A UNA LEY ORGANICA LA CONCRETA DELIMITACION DE LA CONFIGURACION DEL ORGANO.

EN LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE 28 DE JULIO DE 1985 SE DIJO QUE SE ENTIENDE DAÑADO EL AMBITO DE UN ORGANO CONSTITUCIONAL CUANDO LA INSTITUCION ES LIMITADA DE TAL MODO QUE SE LA PRIVA PRACTICAMENTE DE SUS POSIBILIDADES DE EXISTENCIA REAL COMO TAL Y NADA DE ESTO HA SUCEDIDO CON LA CONFIGURACION LEGISLATIVA DADA AHORA POR LA LEY ORGANICA AL C.G.P.J. LOS RECURRENTES CONFUNDEN LOS CARACTERES PROPIOS DEL PODER JUDICIAL CON LOS DE SU CONSEJO GENERAL, PERO HA DE DECIRSE QUE LA INDEPENDENCIA DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS, SU INAMOVILIDAD Y SU EXCLUSIVO SOMETIMIENTO A LA LEY NO HAN QUEDADO VULNERADOS SINO, ANTES BIEN, REFORZADOS NORMATIVAMENTE. EL C.G.P.J.

RESPECTO DEL QUE TAMBIEN SON INDEPENDIENTES JUECES Y MAGISTRADOS NO TIENE FUNCION JURISDICCIONAL, DE TAL MANERA QUE LO QUE HABRA QUE CONTRASTAR CUANDO SE CONTROVIERTA LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 112 DE LA LEY ORGANICA ES SI ESTE HA DESCONOCIDO LA COMPETENCIA ESENCIAL QUE SE ATRIBUYE AL ORGANO CONSTITUCIONAL, MAS NO SI SE LE HAN OTORGADO GARANTIAS QUE SOLO CORRESPONDEN A QUIENES INTEGRAN EL PODER JUDICIAL. POR ELLO, EL JUICIO SOBRE LA INDEPENDENCIA DEL C.G.P.J. VERSA NECESARIAMENTE SOBRE SUS COMPETENCIAS Y NO SOBRE LA CUESTION DE SU COMPOSICION. Y AUN ENTRANDO EN LAS AFIRMACIONES DE LOS RECURRENTES SEGUN LAS CUALES EL SISTEMA ELECTIVO PLASMADO EN LA LEY ORGANICA ATENTA CONTRA LA INDEPENDENCIA DEL CONSEJO GENERAL HA DE DECIRSE QUE SE TRATA DE UN ASERTO INDEMOSTRADO Y DESMENTIDO POR EL ORDENAMIENTO JURIDICO-POSITIVO. ASI, CUALQUIERA QUE FUESE EL ELECTOR DE LOS VOCALES DEL CONSEJO, ESTOS ACTUAN CON INDEPENDENCIA ABSOLUTA Y SIN ESTAR LIGADOS A MANDATO IMPERATIVO ALGUNO, DEBIENDO IGUALMENTE DESTACARSE QUE LA PROPIA LEY ORGANICA 6/1985 HA ADOPTADO TODA UNA SERIE DE MEDIDAS DE GARANTIA QUE TIENDEN A ASEGURAR LA INDEPENDENCIA DE DICHOS VOCALES (ARTS. 111, 112.2 Y112.4).

CONTRA LO QUE EN EL RECURSO SE DICE, NO ES EL CONSEJO GENERAL EL ORGANO DE REPRESENTACION DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS, SINO EL ORGANO DE GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL (ART. 122.2 DE LA C.E.). QUIEN OSTENTA LA REPRESENTACION DEL PODER JUDICIAL ES EL PRESIDENTE DEL TRIBUNAL SUPREMO (ART. 105 DE LA LEY ORGANICA), REPRESENTACION ESTA DE CARACTER FORMAL DISTINTA A LA POLITICA O SUBSTANTIVA QUE LOS RECURRENTES QUIEREN ASIGNAR AL C.G.P.J. SIN EMBARGO, NO HAY NADA, NI EN LA CONSTITUCION NI EN LA PRESENTE LEY ORGANICA, QUE PERMITA AFIRMAR QUE EL CONSEJO GENERAL SEA, EN ESTE SEGUNDO SENTIDO, UN ORGANO <REPRESENTATIVO>. EL PRINCIPIO ES MAS BIEN EL CONTRARIO: SUS VOCALES NO SOLO NO ESTAN SUJETOS A MANDATO IMPERATIVO SINO QUE NO REPRESENTAN EN MODO ALGUNO AL ORGANO QUE LOS ELIGIO, DE IGUAL MANERA QUE LOS MAGISTRADOS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL NO <REPRESENTAN> AL ORGANO DE CUYA ELECCION TRAEN CAUSA.

DE OTRA PARTE, NO ES ACEPTABLE EL ALEGATO DE HABERSE CONCULCADO EL ART. 66.2 DE LA CONSTITUCION AL ATRIBUIRSE LAS CAMARAS, MEDIANTE LEY ORGANICA, COMPETENCIAS QUE NO ESTARIAN EN LA CONSTITUCION. LO QUE LAS CORTES GENERALES HAN HECHO AL APROBAR LA LEY ORGANICA Y, DENTRO DE ELLA, EL CONTROVERTIDO ART.

112 ES, SIMPLEMENTE, DAR CUMPLIMIENTO AL MANDATO CONSTITUCIONAL QUE FIGURA EN EL ART. 122 DE LA CONSTITUCION, NO EXISTIENDO, PUES, EXTRALIMITACION ALGUNA, SINO EJECUCION DE LO QUE LA PROPIA NORMA FUNDAMENTAL ORDENABA: REGULAR LEGISLATIVAMENTE EL PODER JUDICIAL Y SU CONSEJO GENERAL.

B) EN SEGUNDO LUGAR, LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA DE LA LEY ORGANICA ES PLENAMENTE CONSTITUCIONAL Y SE AJUSTA EN TODO A LOS ARTS. 122 Y 97 DE LA CONSTITUCION. ES INCIERTO QUE ESTA LEY ORGANICA NO ATRIBUYA POTESTAD REGLAMENTARIA AL CONSEJO GENERAL, SI SE TIENE EN CUENTA LO DISPUESTO EN SU ART. 110 EN DONDE SE PREVE QUE EL MISMO PUEDA DICTAR REGLAMENTOS SOBRE SU PERSONAL, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO EN EL MARCO DE LA LEGISLACION SOBRE LA FUNCION PUBLICA. ES INADMISIBLE LA INTERPRETACION EXPUESTA EN EL RECURSO EN TORNOA LOS RESPECTIVOS AMBITOS DE LAS POTESTADES REGLAMENTARIAS DEL GOBIERNO Y DEL C.G.P.J. NO HAY NORMA CONSTITUCIONAL NI COSTUMBRE DE ESTE CARACTER QUE ATRIBUYA POTESTAD REGLAMENTARIA A ESTE ULTIMO ORGANO, POR MAS QUE EL ART. 110 DE LA LEY ORGANICA, EN MODO ANALOGO A COMO SE HA HECHO RESPECTO DE OTROS ORGANOS CONSTITUCIONALES, ATRIBUYA AL CONSEJO GENERAL LA FACULTAD DE ADOPTAR REGLAMENTOS PARA COMPLETAR SU AMBITO DE AUTONOMIA E INDEPENDENCIA FUNCIONAL.

ESTE AMBITO QUEDA ASI PERFECTAMENTE SALVAGUARDADO Y NO SE VE ATACADO POR LA DISPOSICION ADICIONAL 1.2, EN LA QUE LO UNICO QUE SE CONSAGRA ES LA POTESTAD DE DICTAR REGLAMENTOS EJECUTIVOS O DE DESARROLLO DE LAS LEYES QUE CORRESPONDE AL GOBIERNO EN VIRTUD DEL ART. 97 DE LA CONSTITUCION. EL ARGUMENTO DE LOS LLAMADOS PODERES INHERENTES O IMPLICITOS NO ES, EN ESTE PUNTO, ACEPTABLE, PUES, SIN PERJUICIO DE OTRAS CONSIDERACIONES, ESTA TEORIA TIENE SU ESPACIO PROPIO EN EL TERRENO DE LA ORDENACION DE COMPETENCIAS TERRITORIALES Y RESULTA DIFICILMENTE CONCEBIBLE EN LA ACTUACION DE LOS PODERES RIGUROSAMENTE SUJETOS AL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, COMO EL EJECUTIVO Y EL JUDICIAL. POR ULTIMO, HA DE TENERSE EN CUENTA LA CUESTION DE LAS GARANTIAS DE LOS DESTINATARIOS DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA CONTROVERTIDA PUES, A DIFERENCIA DE LO QUE OCURRE EN EL CASO DE LOS REGLAMENTOS GUBERNAMENTALES, NO PUEDE IGNORARSE QUE LOS QUE AHORA SE PRETENDE PUEDA DICTAR EL C.G.P.J. HABRIAN, EVENTUALMENTE, DE SER ENJUICIADOS POR AQUELLOS A QUIENES EL MISMO CONSEJO GENERAL TIENE LA FACULTAD LEGAL DE DESIGNAR Y NOMBRAR.

POR LO ANTERIOR, SE SUPLICO DEL TRIBUNAL DICTARA SENTENCIA DESESTIMANDO EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD Y DECLARANDO LA VALIDEZ DE LAS DISPOSICIONES IMPUGNADAS.

SEXTO. MEDIANTE ESCRITO REGISTRADO EN EL TRIBUNAL EL DIA 6 DE NOVIEMBRE EL LETRADO DEL ESTADO, EN LA REPRESENTACION QUE OSTENTA, PRESENTO SUS ALEGACIONES, QUE PUEDEN RESUMIRSE COMO SIGUE:

A) EN CUANTO AL PRIMERO DE LOS MOTIVOS DEL RECURSO, HA DE COMENZARSE POR ADVERTIR QUE LOS JUECES Y MAGISTRADOS, EN CUANTO INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL, SON INDEPENDIENTES TANTO FRENTE A LOS DEMAS PODERES DEL ESTADO COMO FRENTE A OTROS CENTROS DE DECISION DEL PROPIO PODER JUDICIAL. NO SOLO EL CONSEJO GENERAL GARANTIZA ESTA INDEPENDENCIA, PORQUE TAMBIEN LAS CORTES Y EL GOBIERNO, EN EL EJERCICIO DE SUS COMPETENCIAS RESPECTIVAS, DEBEN SATISFACER LA MISMA, AUNQUE SI HA DE AFIRMARSE QUE LA TESIS DEL RECURSO, SEGUN LA CUAL NO PODRA YA HABLARSE DE INDEPENDENCIA CUANDO LOS INTEGRANTES DEL CONSEJO GENERAL SE DESIGNEN POR OTRO PODER DEL ESTADO, ENTRAÑA SOLO UN JUICIO ESTIMATIVO DE CARACTER POLITICO. DESDE EL PUNTO DE VISTA JURIDICO, TAL PROPOSICION NO SERIA APLICABLE A LOS DEMAS PODERES DEL ESTADO, PORQUE ES CLARO QUE SU INTEGRACION DEPENDE, EN DIFERENTES CASOS, DE LA INTERVENCION DE OTROS Y ES PRECISAMENTE ESTA INTERVENCION LA QUE SE HA SUBRAYADO COMO EXPRESION MODERNA DE LA DOCTRINA SOBRE EL <CONTROL> Y <CONTRAPESO RECIPROCO ENTRE LOS PODERES DEL ESTADO>.

EL TITULAR Y ACREEDOR A LA INDEPENDECIA JUDICIAL ES EL JUEZ Y ESTA INDEPENDENCIA NO PUEDE RELACIONARSE CON EL RASGO DE <AUTOGOBIERNO>, SEGUN EN LA DEMANDA SE PRETENDE, CUANDO LA CONDICION DE MIEMBRO DEL CONSEJO HACE CESAR LEGALMENTE LA DE JUEZ (ART. 117.2 DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL).

CUESTION DISTINTA ES QUE, POR RAZONES DE PREPARACION TECNICA, UN BUEN NUMERO DE PUESTOS DEL CONSEJO SE RESERVEN A MIEMBROS DE LA CARRERA JUDICIAL, SIN QUE ELLO IMPLIQUE <AUTOGOBIERNO> EN EL SENTIDO EN EL QUE LA EXPRESION SE UTILIZA EN EL RECURSO. EN CUANTO A LA NOTA DE LA REPRESENTATIVIDAD, TAMBIEN PREDICADA DEL CONSEJO GENERAL, NO ES ACEPTABLE LA RELACION QUE QUIERE HACERSE DERIVAR EN TERMINOS DE ELECTORES Y ELEGIDOS A PARTIR DE LA SOLA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL EN ORDEN A QUE UNA MAYORIA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SEAN PERSONAS QUE OSTENTEN LA CONDICION DE JUEZ O DE MAGISTRADO. ESTA EXIGENCIA NO RESPONDE SINO A JUSTIFICADAS RAZONES DE IDONEIDAD Y NO PREJUZGA, POR SI, LA CONDICION DE QUIENES SEAN LOS QUE HAYAN DE DESIGNARLOS.

ES DISCUTIBLE EL EMPLEO QUE EN LA DEMANDA SE HACE DE LA NOCION DE GARANTIA INSTITUCIONAL PARA SOSTENER LAS PROPIAS TESIS, TODA VEZ QUE ESTE CONCEPTO ENTRAÑA SOLO UNA GARANTIA RELATIVA, SUJETA, EN CUANTO TAL, A AMPLIAS ALTERNATIVAS EN LA ACCION DEL LEGISLADOR Y EN VIRTUD DE LA IMAGEN SOCIAL QUE DE LA INSTITUCION SE TENGA. EN TALES TERMINOS, ESTA NOCION NO ES VALIDA PARA DETERMINAR EL AMBITO DE ATRIBUCIONES DE UN DETERMINADO ORGANO CONSTITUCIONAL. POR LO DEMAS, LA PREGUNTA QUE SE HACE EN LA DEMANDA ACERCA DE SI SERIA RECONOCIBLE UN ORGANO QUE <REPRESENTA> A JUECES Y MAGISTRADOS Y QUE NO HA SIDO ELEGIDO POR ESTOS ES DE FORMULACION INCORRECTA, PUESTO QUE NECESITA INTRODUCIR LA CONCLUSION QUE PRETENDE EXTRAER EN EL PROPIO ENUNCIADO DE LA PREGUNTA. TAMPOCO ES RELEVANTE AQUI LA DISTINCION, Y LAS CONSECUENCIAS QUE DE ELLA SE EXTRAEN EN EL RECURSO, ENTRE ORGANOS CONSTITUCIONALES Y ORGANOS DE RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, PRETENDIENDOSE SOSTENER, EN CUANTO A LOS PRIMEROS, UNA REGULACION EXHAUSTIVA EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL Y LA CONSIGUIENTE IMPOSIBILIDAD DE INTERVENCION COMPLEMENTARIA POR EL LEGISLADOR.

LA TESIS ES INEXACTA PORQUE EXISTEN ORGANOS CONSTITUCIONALES (LAS CAMARAS DE LAS CORTES GENERALES, EL GOBIERNO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL Y EL MISMO PODER JUDICIAL), QUE NO ENCUENTRAN UNA EXCLUSIVA REGULACION CONSTITUCIONAL NI PODRAN FUNCIONAR CON ELLA COMO UNICA NORMA Y EN ESTE PUNTO ES DEL TODO ARTIFICIOSO FUNDAMENTAR EL RECURSO EN UNA SUPUESTA INVASION DE LA POSICION DEL CONSTITUYENTE POR EFECTO DE LA ACCION INTERPRETATIVA LLEVADA A CABO POR LA LEY ORGANICA.

FRENTE A LO QUE EN LA DEMANDA SE DICE, LA EXPRESION EMPLEADA POR EL ART.

122.3 DE LA CONSTITUCION AL REFERIRSE A LOS <TERMINOS QUE ESTABLEZCA LA LEY ORGANICA> SUPONE ENCOMENDAR A LA LEY ORGANICA LA DETERMINACION DEL ORGANO Y TERMINOS DE LA ELECCION, PORQUE LA CONSTITUCION REMITE SIN RESERVAS A LA LEY ORGANICA SIN QUE, EN PRINCIPIO, PUEDAN VERSE EN ESTE PUNTO RESTRICCIONES CUANDO LAS MISMAS NO APARECEN LITERALMENTE EN EL PRECEPTO. ESTO ES ASI TANTO DESDE EL PUNTO DE VISTA LOGICO COMO DESDE EL SISTEMATICO, DEBIENDO RECONOCERSE QUE LA CONSTITUCION NO HA QUERIDO EXTENDER AQUI SU PROPIA REGULACION AL LIMITE MAXIMO POSIBLE, SINO CONFIAR A LA LEY ORGANICA LA TAREA DE INTEGRARLA EN ESTE PUNTO. NO ES, ASI, CORRECTO SOSTENER QUE A LA LEY A LA QUE ASI REMITE LA CONSTITUCION LE CUMPLA SOLO LA REGULACION DEL <PROCESO ELECTORAL>, LIMITE QUE QUIERE EXTRAERSE DE LA RELACION DE REPRESENTACION DEFENDIDA Y QUE, SIN EMBARGO, NO ESTA ESTABLECIDA EN LA CONSTITUCION. POR ELLO, EL OBJETO DE LA LEY LLAMADA POR LA CONSTITUCION ES EL DE ASEGURAR EL EFECTO DE DESIGNAR A LOS DOCE VOCALES A LOS QUE EL PRECEPTO SE REFIERE, PARA LO CUAL SERA NECESARIO NO SOLO DISCIPLINAR EL PROCESO ELECTORAL EN SENTIDO ESTRICTO, SINO TAMBIEN DETERMINAR EL ORGANO AL QUE CORRESPONDE LA ELECCION MISMA.

EN EL ANTEPROYECTO DE CONSTITUCION, EL ART. 112.3 SI ALUDIA A LA <REPRESENTACION> DE LAS DISTINTAS CATEGORIAS JUDICIALES EN EL C.G.P.J., PERO ESTE PRECEPTO FUE MODIFICADO EN TERMINOS QUE DEJABAN CLARA LA SUPRESION DE LA RELACION DE REPRESENTACION. CUALQUIERA QUE HUBIERA SIDO ENTONCES LA OPINION DE LOS CONSTITUYENTES Y EN ESTE PUNTO LOS DEBATES PARLAMENTARIOS SON POCO REVELADORES NO PODRIA, EN TODO CASO, ENTENDERSE QUE EL TEXTO DE LA CONSTITUCION QUEDA VINCULADO PARA EL FUTURO POR UNA OPINION MAS O MENOS CLARA DE QUIENES LA HICIERON, Y ELLO NO SOLO PORQUE TODO TEXTO NORMATIVO SE INDEPENDIZA DE LA INTERPRETACION DE SUS AUTORES, SINO TAMBIEN PORQUE LA OPINION DE QUE LA ELECCION DE UNA PARTE DE LOS MIEMBROS DEL C.G.P.J. DEBIA PROCEDER DE LOS PROPIOS JUECES Y MAGISTRADOS, ERA PERFECTAMENTE COMPATIBLE CON EL HECHO DE QUE LA CONSTITUCION PUDIERA PERMITIR OTRAS OPCIONES. ASI, NO ES ACEPTABLE IDENTIFICAR UNA ALTERNATIVA CONCEBIDA POR LOS CONSTITUYENTES COMO UNICA Y EXCLUYENTE DE OTRAS CLARAMENTE RECONDUCIBLES A SU TEXTO.

LA ALUSION QUE EN LA DEMANDA SE HACE A COMO LOS ACTOS POSTERIORES DEL LEGISLADOR CONFIRMAN LA TESIS EN ELLA EXPUESTA VIENE A CONTRADECIR LA PROPIA ARGUMENTACION ANTERIOR EN ORDEN A LA IMPOSIBILIDAD DE QUE LA LEY <INTERPRETE> LA CONSTITUCION Y PARECE QUERER APLICAR AL TEXTO CONSTITUCIONAL UN CRITERIO INTERPRETATIVO PROPIO DE LOS CONTRATOS, LO QUE ES DESACERTADO PORQUE, EN TANTO QUE EL CONTRATO PRESUPONE UNA VOLUNTAD UNICA DE LAS PARTES, LA CONSTITUCION BUSCA, MAS BIEN, DISEÑAR UN MARCO DENTRO DEL QUE SON ADMISIBLES HIPOTESIS DIVERSAS. TAMPOCO ES ACEPTABLE EL PRETENDIDO ARGUMENTO DE DERECHO COMPARADO QUE, SI HUBIERA DE SER TOMADO EN CONSIDERACION, RESULTARIA DESFAVORABLE A LA DEMANDA POR LA MISMA DIVERSIDAD EXISTENTE EN ESTE PUNTO Y POR SER LA DESIGNACION DE LOS MAGISTRADOS, GENERALMENTE, COMPETENCIA DE OTROS PODERES DEL ESTADO DISTINTOS DEL JUDICIAL. TAMPOCO, EN DEFINITIVA, PUEDEN ACEPTARSE LAS CONSIDERACIONES HECHAS EN EL RECURSO AL BUSCAR LO QUE EN EL SE LLAMA EL ESPIRITU Y FINALIDAD DE LA NORMA. ASI, NO SE ENTIENDE POR QUE HAYA DE EXISTIR UNA CORRESPONDENCIA ENTRE ELEGIDOS Y ELECTORES, EN EL SENTIDO DEFENDIDO EN LA DEMANDA, NI POR QUE DEL HECHO DE QUE LOS DOS GRUPOS DE CUATRO VOCALES CADA UNO QUE TIENEN EXPRESAMENTE SEÑALADAS LAS CAMARAS LEGISLATIVAS COMO ORGANOS PARA SU DESIGNACION, HAYA DE SEGUIRSE LA EXCLUSION DE QUE LA DESIGNACION DE LOS DOCE RESTANTES NO PUEDA HACERSE POR EL MISMO PROCEDIMIENTO. YA SE HA DICHO QUE LA REMISION A LA LEY ORGANICA COMPORTA AQUI, EN PRINCIPIO, LA PLENA LIBERTAD DEL LEGISLADOR, POR MAS QUE, FRENTE A HIPOTETICAS SOLUCIONES ABSURDAS, NO DEJARIAN DE EXISTIR MECANISMOS CORRECTORES. EN DEFINITIVA, LAS CORTES GENERALES, QUE REPRESENTAN AL PUEBLO ESPAÑOL (ART. 66.1 DE LA C.E.), SON, EN EL RESPETO DE LA CONSTITUCION, DEPOSITARIAS Y RESPONSABLES DE TODA ULTERIOR DISTRIBUCION DEL PODER Y NO CABE DUDA DE QUE LA EXTENSION DE LA DESIGNACION DE LOS DOCE VOCALES REMITIDA A LEY ORGANICA POR LAS CAMARAS LEGISLATIVAS NO PUEDE PUGNAR CON EL TEXTO CONSTITUCIONAL, QUE YA ASUMIA ESTA FORMULA PARA UN IMPORTANTE NUMERO DE VOCALES.

B) EN CUANTO AL MOTIVO SEGUNDO DEL RECURSO, EN EL QUE SE FUNDAMENTA LA IMPUGNACION DEL ART. 386 DE LA LEY ORGANICA, HA DE COMENZARSE CUESTIONANDO LA PRETENDIDA NETA DIFERENCIACION QUE LOS RECURRENTES AFIRMAN ENTRE JUECES Y FUNCIONARIOS, TODA VEZ QUE, SIENDO INDISCUTIBLES LA DIVERSIDAD FUNCIONAL, DESDE EL PUNTO DE VISTA ESTATUTARIO Y DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS DERECHOS PATRIMONIALES POTENCIALMENTE AFECTADOS POR UNA LEY, EL TRATAMIENTO NO HA DE SER FORZOSAMENTE DIVERSO. LO QUE HA DE EXAMINARSE ES, PUES, SOLO LA INCIDENCIA QUE SOBRE LA SITUACION ESTATUTARIA Y PATRIMONIAL DE JUECES Y MAGISTRADOS COMPORTA UNA REDUCCION EN LA EDAD DE JUBILACION Y, DE OTRA PARTE, EL POSIBLE EFECTO DE ESTA EN LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL.

EN CUANTO A LA PRIMERA DE ESTAS CUESTIONES, Y EN ORDEN AL INVOCADO PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD (ART. 9.3 DE LA C.E.), HA DE RECORDARSE, AL MARGEN DE QUE YA LA DISPOSICION TRANSITORIA 28 ARTICULA UNOS CRITERIOS QUE ATEMPERAN EL RIGOR DEL PRECEPTO, LA JURISPRUDENCIA DE ESTE TRIBUNAL EN ORDEN A LOS <DERECHOS ADQUIRIDOS>. NO EXISTEN, EN TODO CASO, TALES DERECHOS EN LOS FUNCIONARIOS FRENTE A LA LEY, COMO SE DERIVA DEL CARACTER ESTATUTARIO DE SU RELACION, CARACTER ADMITIDO EN LA SENTENCIA DE ESTE TRIBUNAL 57/1982, DE 27 DE JULIO. TAMPOCO, DE OTRA PARTE, ACREDITA LA DEMANDA LA DENUNCIADA VIOLACION DEL PRINCIPIO DE INTERDICCION DE LA ARBITRARIEDAD DEL PODER LEGISLATIVO, PORQUE EL QUE LOS RECURRENTES NO COMPARTAN LOS MOTIVOS DEL LEGISLADOR NO JUSTIFICA FORMULAR UNA TAN GRAVE ACUSACION. PODRIA DECIRSE QUE LA EDAD NO ES, EN SI, UN DATO REVELADOR DE LA CAPACIDAD DE LAS PERSONAS Y QUE, POR ELLO, LA FIJACION DE UNA EDAD GENERAL DE JUBILACION PUEDA RESULTAR, PARA MUCHOS, UN TOPE ARTIFICIAL Y, SI SE QUIERE, ARBITRARIO, POR GENERAL, PARA MUCHAS PERSONAS. AHORA BIEN, YA QUE ESTA VALORACION HA DE SER NECESARIAMENTE GENERAL, ESTA ARTIFICIOSIDAD O ARBITRARIEDAD EN SU FIJACION ES PRACTICAMENTE INEVITABLE, PERO ELLO NO JUSTIFICA LA ACUSACION DE UNA SUPUESTA INTENTIO OBLIQUA DEL LEGISLADOR, QUE NO PASA DE SER, EN EL RECURSO, SINO UNA PURA SOSPECHA.

SE DICE EN LA DEMANDA QUE SE HA PRODUCIDO UN SACRIFICIO DE DERECHOS NO COMPENSADO, CON LA SIGUIENTE VIOLACION DEL ART. 33.3 DE LA CONSTITUCION, ALEGATO ESTE QUE VIENE A SUSCITAR, ASI, LA CUESTION DE LOS <DERECHO ADQUIRIDOS> DE LOS FUNCIONARIOS. LA DOCTRINA DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS, SIN EMBARGO, A LA LUZ DE UN EXAMEN HISTORICO, DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL, NO PERMITE AFIRMAR QUE LA EDAD DE JUBILACION CONSTITUYE UN DERECHO PARA EL FUNCIONARIO, SIENDO CLARO QUE SU DETERMINACION ES PLENAMENTE DISPONIBLE POR LA LEY, DEBIENDO ASI CONCLUIRSE EN LA INEXISTENCIA AQUI DE UN DERECHO PREVIO, LO QUE RESUELVE SIMULTANEAMENTE LA CUESTION DE LOS ARTS. 9.3 Y 33.3 DE LA CONSTITUCION.

TAMPOCO ES ACEPTABLE LO INVOCADO EN ORDEN AL DERECHO AL TRABAJO (ART. 35.1 DE LA C.E.). LA CONFORMACION SOCIAL Y TRADICIONAL QUE HA DETERMINADO LA ACTUAL RELACION ESTATUTARIA FUNCIONARIAL LLEVA A ENTENDER QUE ES PLENAMENTE ADMISIBLE LA JUBILACION FORZOSA DE LOS FUNCIONARIOS PUBLICOS, IMPUESTA EX LEGE , SIN QUE EXISTA VIOLACION DEL NUCLEO ESENCIAL DEL DERECHO. TAL CONFORMACION SOCIAL Y JURIDICA DETERMINA QUE EL DERECHO AL TRABAJO DE LOS FUNCIONARIOS SEA RECONOCIBLE PESE A LA EXISTENCIA DE LA JUBILACION FORZOSA.

POR LO MISMO, ES AQUI INAPLICABLE LA DOCTRINA DE LA SENTENCIA 22/1981, DE 2 DE JULIO, QUE SE REFIERE A LA POSIBILIDAD DE QUE EXISTA VALIDAMENTE UNA EDAD DE JUBILACION FORZOSA (QUE LOS RECURRENTES ADMITEN) EN EL SECTOR PRIVADO Y EN LA QUE LA UNICA COMPENSACION QUE SE PREVE ES PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA EDAD DE JUBILACION, NO PARA SU ADELANTO. POR LO DEMAS, NO SE PRODUCE AQUI UN QUEBRANTO ECONOMICO DEL DERECHO ADQUIRIDO DE LOS FUNCIONARIOS AL SUELDO, CONCERNIENDO SOLO EL POSIBLE PERJUICIO AL SISTEMA DE PENSIONES, CUESTION QUE QUEDA AL MARGEN DEL PRESENTE RECURSO.

INVOCAN TAMBIEN LOS RECURRENTES LA REGLA CONSTITUCIONAL QUE PROCLAMA LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL, NORMA ESTA QUE TIENE UN CARACTER NEGATIVO, POR CUANTO EXCLUYE LA SEPARACION DEL JUEZ POR ALGUNA CAUSA NO PREVISTA EN LA LEY O SIN LAS GARANTIAS EN ELLA DISPUESTAS. DEL PRECEPTO, SIN EMBARGO, PUEDE EXTRAERSE UNA SIGNIFICACION POSITIVA, ESTO ES, LA DE QUE LOS JUECES Y MAGISTRADOS PUEDEN SER SEPARADOS, SUSPENDIDOS, TRASLADADOS O JUBILADOS POR LAS CAUSAS PREVISTAS EN LAS LEYES Y CON LAS GARANTIAS QUE ESTAS ESTABLEZCAN.

ASI PUES, EL SIGNIFICADO LITERAL Y LOGICO DE LA DISPOSICION CONSTITUCIONAL ES TANTO EL DE HABILITAR AL LEGISLADOR PARA ESTABLECER REGULACIONES GENERALES COMO EL DE EXCLUIR TODA INTERVENCION ESPONTANEA DEL EJECUTIVO. PUES BIEN, AL MENCIONARSE ENTRE LAS POSIBILIDADES EXPRESAS DE LA LEY LA REGULACION DE LA JUBILACION, NO SOLO ESTA ESTABLECIENDO LA CONSTITUCION UNA NORMA DE COMPETENCIA ENTRE ORGANOS CONSTITUCIONALES SINO QUE ESTA TAMBIEN DELIMITANDO LA JUBILACION. LA DEMANDA EN LA QUE SE ACEPTA COMO PROPIO DEL DERECHO ESPAÑOL EL SISTEMA DE LA JUBILACION JUSTIFICA LA IMPUGNACION EN EL HECHO DE NO HABERSE OTORGADO INTERVENCION ALGUNA EN LA REDUCCION DE LA EDAD DE JUBILACION A LOS JUECES Y MAGISTRADOS, PERO ESTE ARGUMENTO SOLO TENDRA SENTIDO EN EL MARCO DE UN SISTEMA DE NOMBRAMIENTOS VITALICIOS, EN EL CUAL EL MANDATO DEL JUEZ SOLO SE EXTINGUIRIA POR FALLECIMIENTO O POR RENUNCIA VOLUNTARIA. POR ELLO, EL REPROCHE DE <ARBITRARIEDAD> EN LA DETERMINACION LEGAL DE LA EDAD DE JUBILACION QUEDA REDUCIDO A UNA PURA ALEGACION QUE NO SE INTENTA JUSTIFICAR, SIENDO CLARO QUE RESULTA DIFICIL APRECIAR UNA ACCION ARBITRARIA DE LA LEY CUANDO ESTA ES GENERAL. SI LA ESTABILIDAD DEL JUEZ SIGNIFICARA LA IMPOSIBILIDAD DE ALTERAR LA EDAD DE JUBILACION, LA HABILITACION CONSTITUCIONAL (ART. 117.2) CARECERIA DE TODA POSIBILIDAD Y QUEDARIA LA EDAD DE JUBILACION PERMANENTEMENTE CONGELADA EN LA QUE FIJABA UNA LEY PRECONSTITUCIONAL, QUE ALCANZARIA, PARADOJICAMENTE, RANGO CONSTITUCIONAL.

CIERTAMENTE, LA LEY ORGANICA PUDO HABER ARTICULADO UN SISTEMA TRANSITORIO DISTINTO AL REGULADO EN LA DISPOSICION TRANSITORIA 28, DISPONIENDO QUE LA JUBILACION TUVIERA LUGAR CON ARREGLO A LA NORMA VIGENTE AL TIEMPO EN QUE CADA AFECTADO HUBIERA INGRESADO EN LA CARRERA JUDICIAL. SIN EMBARGO, TAMPOCO ESTO ES ALGO QUE VENGA EXIGIDO POR LA CONSTITUCION, SUPONIENDO ESTA HIPOTETICA SOLUCION NO UNA EXCLUSION DE LA RETROACTIVIDAD SINO, MAS BIEN, UNA FORMA COMPLEJA DE ULTRAACTIVIDAD DE LAS NORMAS DEROGADAS QUE, SOBRE NO TENER PRECEDENTE HISTORICO RECONOCIDO, NO VIENE EXIGIDA POR EL ART. 9.3 DE LA CONSTITUCION, EN EL QUE NO SE GARANTIZA LA ULTRAACTIVIDAD DE LAS NORMAS DEROGADAS, SINO TAN SOLO LA EXCLUSION DE LA ACCION RETROACTIVA DE LAS DISPOSICIONES SANCIONADORAS NO FAVORABLES O RESTRICTIVAS DE DERECHOS INDIVIDUALES.

C) EN ORDEN A LA IMPUGNACION DE LA DISPOSICION ADICIONAL 1.2 DE LA C.G.P.J.

POR LA SUPUESTA CONCULCACION DE LO DISPUESTO EN EL ART. 122.2 EN RELACION CON EL ART. 117 DE LA CONSTITUCION LOS RECURRENTES SOSTIENEN QUE LA POTESTAD REGLAMENTARIA DEL GOBIERNO (ART. 197 DE LA C.E.) SE HALLA LIMITADA POR REQUERIRSE EN SU EJERCICIO UNA PREVISION LEGAL CONCRETA, EN PRIMER LUGAR, Y EN VIRTUD DE LA PROPIA LOCALIZACION SISTEMATICA DEL ART. 97, DE LA QUE SE SEGUIRIA QUE EL GOBIERNO NO ES EL UNICO ORGANO TITULAR DE POTESTAD REGLAMENTARIA. EN CUANTO A LA PRIMERA CONSIDERACION, HA DE DECIRSE QUE LA POTESTAD REGLAMENTARIA DE LA ADMINISTRACION ESTA CONTENIDA EN UNA NORMA DE CARACTER GENERAL, COMO ES EL PRECEPTO CONSTITUCIONAL CITADO, RAZON POR LA CUAL DICHA POTESTAD PUEDE EJERCERSE SIN OTRO LIMITE QUE EL DE AJUSTARSE A LA CONSTITUCION Y A LAS LEYES, DEBIENDO TENERSE EN CUENTA A ESTOS EFECTOS LO DICHO EN LA SENTENCIA DE ESTE TRIBUNAL 71/1982, DE 30 DE NOVIEMBRE, Y ELLO CON INDEPENDENCIA DE QUE RESULTA DIFICIL CONCILIAR LA TESIS EN ESTE PUNTO DE LA DEMANDA CON LA PRETENSION DE HACER SURGIR LA FACULTAD REGLAMENTARIA DEL C.G.P.J. DE UNA <COMPETENCIA IMPLICITA>. EN CUANTO A LA SEGUNDA LINEA ARGUMENTAL, HA DE ADVERTIRSE TAMBIEN SU INCORRECCION, PORQUE LA ORDENACION SISTEMATICA DE LAS COMPETENCIAS SE CORRESPONDE EN EL ARTICULADO DE NUESTRA CONSTITUCION CON LA ORDENACION DE LOS ORGANOS QUE LAS DETENTAN, DE MODO QUE LA TESIS DE LA DEMANDA RESULTA EN ESTE PUNTO INCOHERENTE. SE DICE TAMBIEN POR LOS RECURRENTES QUE EL GOBIERNO NO PUEDE REGULAR MEDIANTE REGLAMENTO MATERIAS QUE <POR SU NATURALEZA> ESCAPAN DE SU AMBITO OBJETIVO, POR MAS QUE NO SE DESARROLLE ESTA TESIS NI SE OFREZCA CRITERIO ALGUNO PARA DETERMINAR CONSTITUCIONALMENTE EN QUE CONSISTA TAL <NATURALEZA>. NO VALE LA REFERENCIA A LA POTESTAD REGLAMENTARIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PORQUE LA POTESTAD REGLAMENTARIA SOLO ESTA RESERVADA CONSTITUCIONALMENTE AL GOBIERNO DENTRO, NATURALMENTE, DEL AMBITO DE LA ORGANIZACION DEL ESTADO, DE TAL MANERA QUE LA POTESTAD LEGISLATIVA Y REGLAMENTARIA DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS CONCIERNE A UNA DISTRIBUCION VERTICAL DEL PODER DISTINTA DE LA HORIZONTAL (DIVISION DE PODERES) DE QUE AQUI SE TRATA.

SENTADO QUE LA COMPETENCIA REGLAMENTARIA CORRESPONDE AL EJECUTIVO, CABE LA PREGUNTA DE SI ESTA ATRIBUCION COMPORTA LA NOTA DE LA EXCLUSIVIDAD EN GRACIA A UNA CORRESPONDENCIA GENERAL ENTRE LAS FUNCIONES Y LOS PODERES DEL ESTADO.

LA POSIBLE RESPUESTA NEGATIVA QUE PARTIERA DE LA ADVERTENCIA DE QUE CIERTOS ORGANOS CONSTITUCIONALES OSTENTEN POTESTADES LLAMADAS REGLAMENTARIAS NO PUEDE SOSTENERSE, PORQUE NINGUNO DE ESOS CASOS (CAMARAS LEGISLATIVAS, TRIBUNAL CONSTITUCIONAL O CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL) SUPONE UNA EXCEPCION A LA EXCLUSIVA COMPETENCIA DEL EJECUTIVO PARA DICTAR REGLAMENTOS <JURIDICOS> EN SU SENTIDO TRADICIONAL DE ORDENACIONES AD EXTRA , AL MARGEN DE QUE LAS LEYES PUEDAN CONTEMPLAR LA POSIBILIDAD DE POTESTADES REGLAMENTARIAS INTERNAS DE DISTINTA RESIDENCIACION ORGANICA A LA PREVISTA EN EL ART. 97 DE LA CONSTITUCION. TALES REGLAMENTOS INTERNOS HALLAN SU RAZON EN LA PRESERVACION DE LA INDEPENDENCIA DEL ORGANO Y PARA EL CASO DE C.G.P.J. LA MISMA QUEDA GARANTIZADA CON LA EXCLUSION DEL EJECUTIVO DE TODA INTROMISION EN SU REGIMEN INTERNO DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO. PUES BIEN, NI SIQUIERA EN LA NORMATIVA ANTERIOR A LA VIGENTE L.O.P.J. (ART. 5. DE LA LEY ORGANICA 1/1980, DE 10 DE ENERO) EXISTIA UN CLARO RECONOCIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS REGLAMENTARIAS QUE RECLAMA LA DEMANDA EN FAVOR DEL CONSEJO GENERAL, COMPETENCIAS QUE, DE OTRA PARTE, TAMPOCO PUEDEN SOSTENERSE SOBRE LA BASE DE LA TEORIA DE LOS PODERES IMPLICITOS. SEMEJANTE DOCTRINA NO POSEE OPERATIVIDAD RECONOCIBLE FUERA DEL ESPACIO PROPIO DE LAS COMPETENCIAS TERRITORIALES Y LA PROPIA REGLA DEL EQUILIBRIO EN LA DIVISION DE PODERES DEL ESTADO SE VERIA GRAVEMENTE COMPROMETIDA CASO DE SU APLICACION. LA PROPIA CONSTITUCION, AL REMITIR A LOS ESTATUTOS LA FUNCION DE ASUMIR COMPETENCIAS, ESTA RECONOCIENDO UNA FLEXIBILIDAD EN EL CAMPO DE LAS COMPETENCIAS, TERRITORIALES QUE CONTRASTA CON LA RIGIDEZ EN LA DISTRIBUCION HORIZONTAL DEL PODER QUE REVELA SU PROPIA ORDENACION SISTEMATICA. POR LO DEMAS, NO EXISTE EN LA DEMANDA LA MAS MINIMA CONCRECION EN ORDEN A CUAL FUESE EL TIPO DE REGLAMENTO RECLAMADO PARA EL C.G.P.J. DISTINTO A LOS DE <PERSONAL>, <ORGANIZACION> Y <FUNCIONAMIENTO> ALUDIDOS EN EL ART. 110 DE LA LEY ORGANICA QUE SI SE ATRIBUYEN A DICHO CONSEJO. EN ESTE PUNTO, TODA LA ARGUMENTACION SE DESENVUELVE EN ESQUEMAS GENERALES AFIRMATIVOS DE UNA PURA POSIBILIDAD TEORICA, COMO ES LA DE LA POSIBLE APLICACION DE LA TEORIA DE LOS PODERES IMPLICITOS, SILENCIANDOSE TODA JUSTIFICACION CONCRETA DE LO PEDIDO.

D) EN LO RELATIVO A LOS DEFECTOS PROCEDIMENTALES EN QUE SE HABRIA INCURRIDO EN LA TRAMITACION DE LA LEY ORGANICA Y QUE EN LA DEMANDA SE DENUNCIAN HA DE DECIRSE, EN PRIMER LUGAR, QUE EL INFORME DEL CONSEJO GENERAL NO SE INSERTA EN LA FASE LEGISLATIVA DE LA TRAMITACION DEL PROYECTO, AL NO EXISTIR TERMINOS REGLAMENTARIOS HABILES PARA PODERLO CONFIGURAR COMO UN TRAMITE DENTRO DE LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA PROPIAMENTE DICHA, DE MODO QUE LA DISTINCION ENTRE ANTEPROYECTOS Y PROYECTOS PIERDE RELIEVE A LOS EFECTOS DEL ARTICULO 3. DE LA LEY ORGANICA DEL PODER JUDICIAL, EN CUANTO QUE TANTO UNOS COMO OTROS REFLEJAN UN TEXTO APROBADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS, SIN PERJUICIO DE QUE EL PROPIO C.G.P.J. DIO POR BUENA ESTA IDENTIFICACION EN LA INTRODUCCION DE SU INFORME, PUES HA DE ENTENDERSE QUE LA CITADA LEY ORGANICA, PESE A LA TERMINOLOGIA EMPLEADA, SE REFERIA A LOS ANTEPROYECTOS, AL SER LOS PROYECTOS, PROPIAMENTE, DOCUMENTOS QUE SIRVEN DE BASE A LA TRAMITACION PARLAMENTARIA.

RESPECTO DE LA SEGUNDA DE LAS CUESTIONES ADUCIDAS, LA OBJECION DE LA DEMANDA ES ALGO CONFUSA, AUNQUE PARECE CENTRARSE EN QUE NO SE INCORPORARON NI LA EXPOSICION DE MOTIVOS NI LA MEMORIA EXPLICATIVA A LA DOCUMENTACION QUE ACOMPAÑO LA REMISION DEL PROYECTO AL CONGRESO, SIN QUE, DE OTRA PARTE, SE PUBLICARA EN EL <BOLETIN OFICIAL> DE ESTA CAMARA DICHA EXPOSICION DE MOTIVOS.

QUEDA FUERA DE TODA DUDA QUE AMBOS DOCUMENTOS FUERON ELABORADOS DEBIDAMENTE Y REMITIDOS AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, SIN QUE SE HAYA PRODUCIDO OTRA COSA DISTINTA A UN SIMPLE RETRASO EN LA MATERIALIDAD DE LA IMPRESION DE LOS MISMOS, COSA OBVIAMENTE MUY DISTINTA A LA AUSENCIA DE DOCUMENTOS O A SU FALTA DE REMISION.

POR LO EXPUESTO, SE SUPLICO SE DICTARA SENTENCIA DESESTIMANDO INTEGRAMENTE EL RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD.

SEPTIMO. POR PROVIDENCIA DE LA SECCION CUARTA DEL PLENO DE FECHA 15 DE ENERO DE 1986 SE ACORDO TENER POR RECIBIDA LA DOCUMENTACION REMITIDA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA Y POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y DAR VISTA DE LA MISMA A LAS PARTES PARA QUE ALEGARAN, EN EL PLAZO COMUN DE DIEZ DIAS, LO QUE ESTIMAREN OPORTUNO. MEDIANTE ESCRITOS QUE TUVIERON ENTRADA EN EL TRIBUNAL LOS DIAS 31 DE ENERO Y 1 DE FEBRERO, RESPECTIVAMENTE, DE 1986, EL LETRADO DEL ESTADO Y EL DE LAS CORTES GENERALES EN REPRESENTACION DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS RATIFICARON SUS ANTERIORES ALEGACIONES.

OCTAVO. MEDIANTE PROVIDENCIA DE LA SECCION CUARTA DEL PLENO DE 12 DE FEBRERO SE DISPUSO QUEDASEN CONCLUSOS LOS AUTOS Y PENDIENTES DE DELIBERACION Y VOTACION DE LA SENTENCIA PARA CUANDO CORRESPONDA.

NOVENO. MEDIANTE ESCRITO QUE TUVO ENTRADA EN EL TRIBUNAL EL DIA 5 DE MARZO DE 1986 DON JOSE MARIA RUIZ GALLARDON, COMO COMISIONADO POR LOS RECURRENTES EN EL PRESENTE PROCESO, PROPUSO, INVOCANDO LO DISPUESTO EN EL ART. 80 DE LA LOTC, EN RELACION CON LA CAUSA NOVENA DEL ART. 19 DE LA L.O.P.J. Y CON LA CAUSA OCTAVA DEL ART. 189 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL, LA RECUSACION DE LOS EXCELENTISIMOS SEÑORES MAGISTRADOS DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS Y DON EUGENIO DIAZ EIMIL, SUPLICANDO DEL TRIBUNAL RESOLVIERA LA PRETENSION EJERCIDA, APARTANDO DEL CONOCIMIENTO DEL RECURSO EN EL QUE SE COMPARECE A LOS MENCIONADOS MAGISTRADOS.

DECIMO. MEDIANTE AUTO DE 20 DE MARZO, EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ACORDO NO PROCEDER LA TRAMITACION DEL ESCRITO DE RECUSACION PRESENTADO POR EL SEÑOR RUIZ GALLARDON Y EL ARCHIVO DEL MISMO POR HABERSE PRODUCIDO, EN FECHA ANTERIOR A LA PETICION DE RECUSACION, LA ABSTENCION DE LOS SEÑORES MAGISTRADOS OBJETO DE LA MISMA, HABIENDO RESULTADO DICHOS SEÑORES MAGISTRADOS APARTADOS DEFINITIVAMENTE DEL CONOCIMIENTO DEL ASUNTO POR EFECTO DEL ARTICULO 222.1 DE LA L.O.P.J.

UNDECIMO. POR PROVIDENCIA DE 24 DE JULIO ULTIMO, SE ACORDO SEÑALAR EL DIA 29 DEL MISMO MES PARA DELIBERACION Y VOTACION DE LA PRESENTE SENTENCIA.

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS PRIMERO. LOS RECURRENTES IMPUGNAN LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (L.O.P.J.), POR CUATRO MOTIVOS, TRES DE LOS CUALES SE REFIEREN A PRECEPTOS CONCRETOS (ART. 112, APARTADOS 1 Y 3; ART. 386, EN RELACION CON LA DISPOSICION TRANSITORIA 28-1; Y DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA); Y UN CUARTO, QUE AFECTA A TODA LA LEY, Y SE BASA EN LA SUPUESTA EXISTENCIA DE GRAVES DEFECTOS EN SU TRAMITACION QUE ACARREARIAN SU INVALIDEZ.

EN CUANTO ESTE ULTIMO MOTIVO SE REFIERE A LA LEY EN SU CONJUNTO Y SU ESTIMACION HARIA SUPERFLUO EL EXAMEN DE LOS TRES ANTERIORES, CONVIENE ANALIZARLO PREVIAMENTE A LOS OTROS MOTIVOS ALEGADOS EN EL RECURSO.

SEGUNDO. LOS PRETENDIDOS DEFECTOS EN LA TRAMITACION DE LA L.O.P.J. Y QUE, A JUICIO DE LOS RECURRENTES, PROVOCARIAN SU INCONSTITUCIONALIDAD POR VULNERACION DE LOS ARTS. 9-1 Y 88 DE LA CONSTITUCION, SERIAN DOS: UNO, LA FALTA DE INFORME PRECEPTIVO DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL (EN ADELANTE, EL CONSEJO) AL PROYECTO DE LA L.O.P.J.: Y OTRO, EL HECHO DE QUE ESTE PROYECTO FUESE REMITIDO AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR EL GOBIERNO SIN LA CORRESPONDIENTE EXPOSICION DE MOTIVOS NI MEMORIA EXPLICATIVA. AMBOS SUPUESTOS DE INVALIDEZ DE LA L.O.P.J. SON EXPUESTOS MUY BREVEMENTE EN EL ESCRITO DE INTERPOSICION DEL RECURSO EN QUE SE ANUNCIABA QUE ESA EXPOSICION SE AMPLIARIA CUANDO ESTE TRIBUNAL PUSIESE DE MANIFIESTO EL EXPEDIENTE GUBERNATIVO DE ELABORACION DEL PROYECTO; PERO ESA AMPLIACION NO SE HA PRODUCIDO. LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURRENTES SON ASI TAN ESQUEMATICOS QUE NO PERMITEN SU DISCUSION DETALLADA, POR LO QUE HABRA QUE LIMITARSE A UNAS BREVES CONSIDERACIONES. HAY QUE ADVERTIR, DE ENTRADA, RESPECTO A LOS DOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES INVOCADOS, QUE LA REFERENCIA AL ART. 9-1 NO PARECE TENER MAS QUE UN ALCANCE RETORICO, PUES EL HECHO DE QUE TODOS LOS CIUDADANOS Y LOS PODERES PUBLICOS ESTEN SUJETOS A LA CONSTITUCION Y AL RESTO DEL ORDENAMIENTO JURIDICO NO SUPONE QUE CUALQUIER TIPO DE INFRACCION DE CUALQUIER PARCELA DE ESTE ULTIMO ACARREE LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO EN QUE SE HAYA PRODUCIDO TAL INFRACCION. LA POSIBLE RELEVANCIA DEL OTRO ART. (EL 88) SERA EXAMINADA A CONTINUACION EN RELACION CON LOS DEFECTOS FORMALES DENUNCIADOS.

TERCERO. ESTOS SON, COMO SE HA DICHO, DOS. RESPECTO AL PRIMERO, LOS RECURRENTES ALEGAN QUE, SEGUN EL ART. 3-5 DE LA LEY ORGANICA 1/1980, DE 10 DE ENERO, DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL, ENTONCES VIGENTES, EL

CONSEJO DISPONIA DE FACULTADES DE INFORME RESPECTO DE LOS PROYECTOS DE LEY QUE AFECTASEN A LA CONSTITUCION, ORGANIZACION, FUNCIONAMIENTO Y GOBIERNO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES O AL ESTATUTO JURIDICO DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS.

SIN EMBARGO, EN EL CASO DE LA L.O.P.J., EL PRECEPTIVO INFORME NO RECAYO SOBRE EL PROYECTO ENVIADO AL CONGRESO SINO SOBRE EL ANTEPROYECTO, QUE FUE OBJETO DE VARIAS MODIFICACIONES AL CONVERTIRSE EN PROYECTO, LO QUE, APARTE DE SER CONTRARIO AL CITADO ART. 3-5 DE LA LEY ORGANICA 1/1980, VULNERARIA TAMBIEN EL ART. 88 DE LA CONSTITUCION, EN CUANTO ESTE DISPONE QUE <LOS PROYECTOS DE LEY SERAN APROBADOS EN CONSEJO DE MINISTROS, QUE LOS SOMETERA AL CONGRESO, ACOMPAÑADOS DE UNA EXPOSICION DE MOTIVOS Y DE LOS ANTECEDENTES NECESARIOS PARA PRONUNCIARSE SOBRE ELLOS>. ENTRE ESTOS ANTECEDENTES DEBIA HABERSE CONTADO EL INFORME DEL CONSEJO, POR LO QUE SU AUSENCIA, SEGUN LOS RECURRENTES, INFRINGE DICHO ART. 88, Y PROVOCA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY. PRESCINDIENDO DE ALGUNAS CUESTIONES QUE PLANTEABA EL REFERIDO ART. 3-5 DE LA LEY ORGANICA 1/1980, COMO SON SI REALMENTE SE REFERIA AL PROYECTO DE LEY EN SENTIDO ESTRICTO O AL ANTEPROYECTO, SEGUN PRECISA EN LA ACTUALIDAD EL ART. 107 DE LA L.O.P.J., O SI EL INFORME EN CUESTION TENIA CARACTER FACULTATIVO O PRECEPTIVO, BASTA CON SEÑALAR QUE EL DEFECTO DENUNCIADO SE HABRIA PRODUCIDO, EN TODO CASO, EN EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO PREVIO AL ENVIO DEL PROYECTO AL CONGRESO Y NO EN EL PROCEDIMIENTO LEGISLATIVO, ES DECIR, EN EL RELATIVO A LA ELABORACION DE LA LEY, QUE SE DESENVUELVE EN LAS CORTES GENERALES, POR LO QUE MAL PUEDE SOSTENERSE QUE EL CITADO DEFECTO PUEDE PROVOCAR LA INVALIDEZ DE ESTE ULTIMO PROCEDIMIENTO Y DE LA LEY EN QUE DESEMBOCA. TAMBIEN ESTA FUERA DE LUGAR LA INVOCACION A ESTE PROPOSITO DEL ART. 88 DE LA CONSTITUCION, ANTES TRANSCRITO. LA AUSENCIA DE UN DETERMINADO ANTECEDENTE SOLO TENDRA TRASCENDENCIA SI SE HUBIERE PRIVADO A LAS CAMARAS DE UN ELEMENTO DE JUICIO NECESARIO PARA SU DECISION, PERO, EN ESTE CASO, EL DEFECTO, QUE TUVO QUE SER CONOCIDO DE INMEDIATO, HUBIESE DEBIDO SER DENUNCIADO ANTE LAS MISMAS CAMARAS Y LOS RECURRENTES NO ALEGAN EN NINGUN MOMENTO QUE ESTO OCURRIESE. NO HABIENDOSE PRODUCIDO ESA DENUNCIA, ES FORZOSO CONCLUIR QUE LAS CAMARAS NO ESTIMARON QUE EL INFORME ERA UN ELEMENTO DE JUICIO NECESARIO PARA SU DECISION, SIN QUE ESTE TRIBUNAL PUEDA INTERFERIRSE EN LA VALORACION DE LA RELEVANCIA QUE UN ELEMENTO DE JUICIO TUVO PARA LOS PARLAMENTARIOS.

CUARTO. EN CUANTO AL SEGUNDO DEFECTO SEÑALADO POR LOS RECURRENTES Y QUE CONSISTIRIA EN LA FALTA DE REMISION AL CONGRESO POR EL GOBIERNO DE LA EXPOSICION DE MOTIVOS Y DE LA MEMORIA EXPLICATIVA DEL PROYECTO DE L.O.P.J., DEBE INDICARSE QUE NO DENUNCIAN LOS RECURRENTES PROPIAMENTE LA FALTA DE TAL REMISION, SINO QUE ESTA SE HICIESE, A SU JUICIO, TARDIAMENTE, LO QUE HABRIA PROVOCADO UNA REDUCCION DEL PLAZO PARA PRESENTAR ENMIENDAS. ELLO VULNERARIA, DE NUEVO, LO DISPUESTO EN EL ART. 88 DE LA CONSTITUCION. PERO SOBRE ESTE PUNTO BASTA CON REPETIR LO DICHO ANTERIORMENTE. EL DEFECTO INDICADO SOLO TENDRIA RELEVANCIA SI HUBIESE MENOSCABADO LOS DERECHOS DE DIPUTADOS O GRUPOS PARLAMENTARIOS DEL CONGRESO, Y SIENDO LOS HECHOS, EN EL CASO DE SER CIERTOS, PLENAMENTE CONOCIDOS POR ELLOS SIN QUE MEDIASE PROTESTA POR SU PARTE HAY QUE ENTENDER QUE LOS AFECTADOS NO CONSIDERARON QUE EXISTIESE LESION A SUS DERECHOS, Y QUE, SI DEFECTO HUBO, FUE CONVALIDADO POR LA MISMA CAMARA, POR LO QUE ESTE TRIBUNAL NO PUEDE ENTRAR A EXAMINAR SU EXISTENCIA O RELEVANCIA.

QUINTO. RECHAZADA LA IMPUGNACION DE LA L.O.P.J. EN SU TOTALIDAD, PROCEDE EXAMINAR AHORA LOS MOTIVOS QUE SE REFIEREN A PRECEPTOS CONCRETOS, COMENZANDO POR EL QUE AFECTA AL ART. 112, APARTADOS 1 Y 3, QUE DICE LO SIGUIENTE:

<1. LOS VOCALES DEL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL SERAN PROPUESTOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y POR EL SENADO.> 3. ADEMAS, CADA UNA DE LAS CAMARAS PROPONDRA, IGUALMENTE POR MAYORIA DE TRES QUINTOS DE SUS MIEMBROS, OTROS SEIS VOCALES ELEGIDOS ENTRE JUECES Y MAGISTRADOS DE TODAS LAS CATEGORIAS JUDICIALES QUE SE HALLEN EN SERVICIO ACTIVO.

ENTIENDEN LOS RECURRENTES QUE ESTOS PRECEPTOS, AL ASIGNAR A LAS CAMARAS LA FACULTAD DE PROPONER LA TOTALIDAD DE LOS VEINTE VOCALES DEL CONSEJO, VULNERAN EL ART. 122.3 EN RELACION CON EL 66.2 DE LA CONSTITUCION. POR EL PRIMERO DE ESTOS PRECEPTOS SE DISPONE, EN LO QUE AQUI INTERESA, QUE DE LOS VEINTE MIEMBROS DEL CONSEJO SERAN NOMBRADOS POR EL REY <DOCE, ENTRE JUECES Y MAGISTRADOS DE TODAS LAS CATEGORIAS JUDICIALES EN LOS TERMINOS QUE ESTABLEZCA LA LEY ORGANICA; CUATRO A PROPUESTA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS Y CUATRO A PROPUESTA DEL SENADO, ELEGIDOS EN AMBOS CASOS POR MAYORIA DE TRES QUINTOS DE SUS MIEMBROS ENTRE ABOGADOS Y OTROS JURISTAS, TODOS ELLOS DE RECONOCIDA COMPETENCIA Y CON MAS DE QUINCE AÑOS DE EJERCICIO EN SU PROFESION>. EL OTRO PRECEPTO CONSTITUCIONAL INVOCADO POR LOS RECURRENTES, EL 66.2, AFIRMA QUE <LAS CORTES GENERALES EJERCEN LA POTESTAD LEGISLATIVA DEL ESTADO, APRUEBAN SUS PRESUPUESTOS, CONTROLAN LA ACCION DEL GOBIERNO Y TIENEN LAS DEMAS COMPETENCIAS QUE LES ATRIBUYA LA CONSTITUCION>. PARA LOS RECURRENTE, SI BIEN ES CIERTO QUE EL ART. 122.3 DE LA NORMA SUPREMA NO DICE EXPRESAMENTE QUE LOS DOCE VOCALES DEL CONSEJO HAN DE SER ELEGIDOS <POR> LOS JUECES Y MAGISTRADOS Y NO SOLO <ENTRE> ELLOS, TAL IMPERATIVO SE DESPRENDE DE LA INTERPRETACION SISTEMATICA, HISTORICA Y TELEOLOGICA DEL PRECEPTO. LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ART. 122.1 Y 3 DE LA L.O.P.J. RESULTA, SEGUN LOS RECURRENTES, DE QUE ESTOS PRECEPTOS ATRIBUYEN A LAS CORTES GENERALES LA FACULTAD DE PROPONER A TODOS LOS VOCALES DEL CONSEJO CUANDO, DE ESTOS, DOCE DEBIERAN SER PROPUESTOS POR LOS JUECES Y MAGISTRADOS Y SOLO OCHO POR LAS CAMARAS.

SEXTO. PARA DESARROLLAR SU TESIS, LOS RECURRENTES SE REFIEREN EN PRIMER TERMINO A LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL QUE, SEGUN ELLOS, COMPORTA EL AUTOGOBIERNO JUDICIAL Y LA REPRESENTATIVIDAD INTERNA. RESPECTO AL PRIMERO DE ESTOS PRINCIPIOS, EL DE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL, NO HAY DUDA DE QUE CONSTITUYE UNA PIEZA ESENCIAL DE NUESTRO ORDENAMIENTO COMO DEL DE TODO ESTADO DE DERECHO, Y LA MISMA CONSTITUCION LO PONE GRAFICAMENTE DE RELIEVE AL HABLAR EXPRESAMENTE DEL <PODER> JUDICIAL, MIENTRAS QUE TAL CALIFICATIVO NO APARECE AL TRATAR DE LOS DEMAS PODERES TRADICIONALES DEL ESTADO, COMO SON EL LEGISLATIVO Y EL EJECUTIVO. EL PODER JUDICIAL CONSISTE EN LA POTESTAD DE EJERCER LA JURISDICCION, Y SU INDEPENDENCIA SE PREDICA DE TODOS Y CADA UNO DE LOS JUECES EN CUANTO EJERCEN TAL FUNCION, QUIENES PRECISAMENTE INTEGRAN EL PODER JUDICIAL O SON MIEMBROS DE EL PORQUE SON LOS ENCARGADOS DE EJERCERLA.

ASI RESULTA CLARAMENTE DEL ART. 117.1 DE LA CONSTITUCION, CON QUE SE ABRE EL TITULO VI DE LA MISMA DEDICADO AL <PODER JUDICIAL>:

<LA JUSTICIA EMANA DEL PUEBLO Y SE ADMINISTRA EN NOMBRE DEL REY POR JUECES Y MAGISTRADOS INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL, INDEPENDIENTES, INAMOVIBLES, RESPONSABLES Y SOMETIDOS UNICAMENTE AL IMPERIO DE LA LEY.> NATURALMENTE, LA INDEPENDENCIA JUDICIAL (ES DECIR, LA DE CADA JUEZ O TRIBUNAL EN EL EJERCICIO DE SU JURISDICCION) DEBE SER RESPETADA TANTO EN EL INTERIOR DE LA ORGANIZACION JUDICIAL (ART. 2 DE LA L.O.P.J.) COMO POR <TODOS> (ART. 13 DE LA MISMA LEY). LA MISMA CONSTITUCION PREVE DIVERSAS GARANTIAS PARA ASEGURAR ESA INDEPENDENCIA. EN PRIMER TERMINO, LA INAMOVILIDAD, QUE ES SU GARANTIA ESENCIAL (ART. 117.2); PERO TAMBIEN LA RESERVA DE LEY ORGANICA PARA DETERMINAR LA CONSTITUCION, FUNCIONAMIENTO Y GOBIERNO DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES, ASI COMO EL ESTATUTO JURIDICO DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS (ART.

122.1), Y SU REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES (ART. 127.2). NO ES NECESARIO NI POSIBLE ENTRAR AQUI EN UN EXAMEN DETALLADO DE LA ESPECIAL SITUACION DEL PODER JUDICIAL Y DE SUS INTEGRANTES EN LA CONSTITUCION, AUNQUE CONVIENE SEÑALAR QUE ESA INDEPENDENCIA TIENE COMO CONTRAPESO LA RESPONSABILIDAD Y EL ESTRICTO ACANTONAMIENTO DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS EN SU FUNCION JURISDICCIONAL Y LAS DEMAS QUE EXPRESAMENTE LES SEAN ATRIBUIDAS POR LEY EN DEFENSA DE CUALQUIER DERECHO (ART. 117.4), DISPOSICION ESTA ULTIMA QUE TIENDE A GARANTIZAR LA SEPARACION DE PODERES.

SEPTIMO. LA CONCEPCION EXPUESTA DE LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL ES COMPARTIDA, EN SUS LINEAS GENERALES, POR TODOS LOS PAISES DE NUESTRA AREA JURIDICO-POLITICA. PERO ALGUNOS DE ESOS PAISES HAN INCORPORADO A SUS CONSTITUCIONES GARANTIAS ESPECIFICAS A FIN DE QUE ESA INDEPENDENCIA NO SE VEA PERTURBADA POR MEDIOS MAS INDIRECTOS O SUTILES. TAL FUE EL CASO DE ITALIA EN SU CONSTITUCION DE 1948, O DE PORTUGAL EN LA SUYA DE 1976, Y SIGUIENDO EN PARTE SU EJEMPLO, EL DE ESPAÑA EN SU VIGENTE CONSTITUCION. ESTA ULTIMA, EN SU ART. 122.2, PREVE LA EXISTENCIA DE UN <CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL> COMO ORGANO DE GOBIERNO DEL MISMO QUE SERA REGULADO POR LEY ORGANICA, LA CUAL <ESTABLECERA SU ESTATUTO Y EL REGIMEN DE INCOMPATIBILIDADES DE SUS MIEMBROS Y SUS FUNCIONES, EN PARTICULAR EN MATERIA DE NOMBRAMIENTOS, ASCENSOS, INSPECCION Y REGIMEN DISCIPLINARIO>. ASI, LAS FUNCIONES QUE OBLIGADAMENTE HA DE ASUMIR EL CONSEJO SON AQUELLAS QUE MAS PUEDEN SERVIR AL GOBIERNO PARA INTENTAR INFLUIR SOBRE LOS TRIBUNALES: DE UN LADO, EL POSIBLE FAVORECIMIENTO DE ALGUNOS JUECES POR MEDIO DE NOMBRAMIENTOS Y ASCENSOS; DE OTRA PARTE, LAS EVENTUALES MOLESTIAS Y PERJUICIOS QUE PODRIAN SUFRIR CON LA INSPECCION Y LA IMPOSICION DE SANCIONES. LA FINALIDAD DEL CONSEJO ES, PUES, PRIVAR AL GOBIERNO DE ESAS FUNCIONES Y TRANSFERIRLAS A UN ORGANO AUTONOMO Y SEPARADO.

ES, DESDE LUEGO, UNA SOLUCION POSIBLE EN UN ESTADO DE DERECHO, AUNQUE, CONVIENE RECORDARLO FRENTE A CIERTAS AFIRMACIONES DE LOS RECURRENTES, NO ES SU CONSECUENCIA NECESARIA NI SE ENCUENTRA, AL MENOS CON RELEVANCIA CONSTITUCIONAL, EN LA MAYORIA DE LOS ORDENAMIENTOS JURIDICOS ACTUALES.

OCTAVO. LAS CONSIDERACIONES ANTERIORES PERMITEN ENTRAR EN LO QUE ES REALMENTE EN ESTE PUNTO EL MEOLLO DE LAS ALEGACIONES DE LOS RECURRENTES, Y QUE CONSISTE EN SOSTENER QUE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL Y LA EXISTENCIA CONSTITUCIONAL DEL CONSEJO COMPORTAN EL RECONOCIMIENTO POR LA CONSTITUCION DE UNA AUTONOMIA DE LA JUDICATURA, ENTENDIDA COMO CONJUNTO DE TODOS LOS MAGISTRADOS Y JUECES DE CARRERA, Y, EN CONSECUENCIA, LA FACULTAD DE AUTOGOBIERNO DE ESE CONJUNTO DE MAGISTRADOS Y JUECES CUYO ORGANO SERIA PRECISAMENTE EL CONSEJO. PERO NI TAL AUTONOMIA Y FACULTAD DE AUTOGOBIERNO SE RECONOCEN EN LA CONSTITUCION NI SE DERIVAN LOGICAMENTE DE LA EXISTENCIA, COMPOSICION Y FUNCIONES DEL CONSEJO. PARA LLEGAR A LA PRIMERA CONCLUSION BASTA LA SIMPLE LECTURA DEL TEXTO CONSTITUCIONAL, EN EL QUE, COMO SE HA DICHO, LO QUE SE CONSAGRA ES LA INDEPENDENCIA DE CADA JUEZ A LA HORA DE IMPARTIR JUSTICIA, SIN QUE LA CALIDAD DE <INTEGRANTES O MIEMBROS> DEL PODER JUDICIAL QUE SE LES ATRIBUYE EN PRECEPTOS YA CITADOS TENGA OTRO ALCANCE QUE EL DE SEÑALAR QUE SOLO LOS JUECES, INDIVIDUALMENTE O AGRUPADOS EN ORGANOS COLEGIADOS, PUEDEN EJERCER JURISDICCION <JUZGANDO Y HACIENDO EJECUTAR LO JUZGADO>. TAMPOCO SE IMPONE LA EXISTENCIA DE UN AUTOGOBIERNO DE LOS JUECES DE UNA DEDUCCION LOGICA DE LA REGULACION CONSTITUCIONAL DEL CONSEJO. COMO SE HA DICHO, LO UNICO QUE RESULTA DE ESA REGULACION ES QUE SE HA QUERIDO CREAR UN ORGANO AUTONOMO QUE DESEMPEÑE DETERMINADAS FUNCIONES, CUYA ASUNCION POR EL GOBIERNO PODRIA ENTURBIAR LA IMAGEN DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL, PERO SIN QUE DE ELLO SE DERIVE QUE ESE ORGANO SEA EXPRESION DEL AUTOGOBIERNO DE LOS JUECES. LA CONSTITUCION OBLIGA, CIERTAMENTE, A QUE DOCE DE SUS VOCALES SEAN ELEGIDOS <ENTRE> JUECES Y MAGISTRADOS DE TODAS LAS CATEGORIAS, MAS ESTA CONDICION TIENE COMO PRINCIPAL FINALIDAD QUE UN NUMERO MAYORITARIO DE VOCALES DEL CONSEJO TENGAN CRITERIO PROPIO POR EXPERIENCIA DIRECTA SOBRE LOS PROBLEMAS QUE LOS TITULARES DE LOS ORGANOS JUDICIALES AFRONTAN EN SU QUEHACER DIARIO, DE LA MISMA FORMA QUE, AL ASIGNAR LOS RESTANTES OCHO PUESTOS A ABOGADOS Y OTROS JURISTAS DE RECONOCIDA COMPETENCIA CON MAS DE QUINCE AÑOS DE EJERCICIO EN SU PROFESION, SE BUSCA QUE APORTEN SU EXPERIENCIA PERSONAS CONOCEDORAS DEL FUNCIONAMIENTO DE LA JUSTICIA DESDE OTROS PUNTOS DE VISTA DISTINTOS DEL DE QUIENES LA ADMINISTRAN.

NOVENO. TAMPOCO CABE ADMITIR EL CARACTER REPRESENTATIVO QUE LOS RECURRENTES ATRIBUYEN AL CONSEJO Y SOBRE EL CUAL YA TUVO OCASION DE PRONUNCIARSE ESTE TRIBUNAL EN SU SENTENCIA NUMERO 47/1986, DE 17 DE ABRIL, POR LO QUE AQUI ES SUFICIENTE RECORDAR QUE ESE CARACTER NI SE RECONOCE EN EL TEXTO CONSTITUCIONAL, NI SE DESPRENDE DE FORMA NECESARIA DE LA NATURALEZA DEL CONSEJO, AL NO SER ESTE, COMO SE HA DICHO, ORGANO DE UNA SUPUESTA AUTOORGANIZACION DE LOS JUECES.

DECIMO. SE HA SEÑALADO ANTES QUE LA VERDADERA GARANTIA DE QUE EL CONSEJO CUMPLA EL PAPEL QUE LE HA SIDO ASIGNADO POR LA CONSTITUCION EN DEFENSA DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL NO CONSISTE EN QUE SEA EL ORGANO DE AUTOGOBIERNO DE LOS JUECES SINO EN QUE OCUPE UNA POSICION AUTONOMA Y NO SUBORDINADA A LOS DEMAS PODERES PUBLICOS. LOS RECURRENTES ENTIENDEN QUE NADA SE GANARIA INDEPENDIZANDO DEL GOBIERNO LAS FUNCIONES QUE ASUME EL CONSEJO SI ESTAS TERMINASEN DESEMPEÑANDOSE POR PERSONAS LIGADAS A OTRO PODER, CONCRETAMENTE AL LEGISLATIVO. POR ESTA VIA, ATACAN LA ATRIBUCION DE LA PROPUESTA DE <TODOS> LOS CONSEJEROS A LAS CORTES GENERALES, DE FORMA QUE LA L.O.P.J. ROMPERIA EN ESTE PUNTO INCLUSO LA <PARIDAD DE RANGO> QUE DEBEN TENER LOS DISTINTOS ORGANOS CONSTITUCIONALES, AL SUBORDINAR, AL MENOS EN CIERTO MODO, EL ORGANO DE GOBIERNO DEL PODER JUDICIAL AL PARLAMENTO. SIN ENTRAR EN CONSIDERACIONES SOBRE EL LUGAR QUE OCUPAN LAS CORTES EN UN SISTEMA PARLAMENTARIO Y SIN NEGAR QUE EL SISTEMA ELEGIDO POR LA L.O.P.J. OFREZCA SUS RIESGOS, COMO SE VERA MAS ADELANTE, DEBE ADVERTIRSE QUE ESOS RIESGOS NO SON CONSECUENCIA OBLIGADA DEL SISTEMA. EN EFECTO, PARA QUE LA ARGUMENTACION DE LOS RECURRENTES TUVIESE UN PESO DECISIVO SERIA NECESARIO QUE LA PROPUESTA POR LAS CAMARAS DE LOS VEINTE VOCALES DEL CONSEJO CONVIRTIESE A ESTOS EN DELEGADOS O COMISIONADOS DEL CONGRESO Y DEL SENADO, CON TODA LA CARGA POLITICA QUE ESTA SITUACION COMPORTARIA. PERO, EN ULTIMO TERMINO, LA POSICION DE LOS INTEGRANTES DE UN ORGANO NO TIENE POR QUE DEPENDER DE MANERA INELUDIBLE DE QUIENES SEAN LOS ENCARGADOS DE SU DESIGNACION SINO QUE DERIVA DE LA SITUACION QUE LES OTORGUE EL ORDENAMIENTO JURIDICO. EN EL CASO DEL CONSEJO, TODOS SUS VOCALES, INCLUIDOS LOS QUE FORZOSAMENTE HAN DE SER PROPUESTOS POR LAS CAMARAS Y LOS QUE LO SEAN POR CUALQUIER OTRO MECANISMO, NO ESTAN VINCULADOS AL ORGANO PROPONENTE, COMO LO DEMUESTRA LA PROHIBICION DEL MANDATO IMPERATIVO (ART.

119.2 DE LA L.O.P.J.) Y LA FIJACION DE UN PLAZO DETERMINADO DE MANDATO (CINCO AÑOS), QUE NO COINCIDE CON EL DE LAS CAMARAS Y DURANTE LOS CUALES NO PUEDEN SER REMOVIDOS MAS QUE EN LOS CASOS TAXATIVAMENTE DETERMINADOS EN LA LEY ORGANICA (ART. 119.2 CITADA).

UNDECIMO. LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS APARTADOS PRIMERO Y TERCERO DEL ART. 112 DE LA L.O.P.J. ES DENUNCIADA POR LOS RECURRENTES DESDE OTRO PUNTO DE VISTA, EN CUANTO EN ELLOS NO SE RESPETARIA EL AMBITO DE COMPETENCIAS DEL PODER JUDICIAL. ALGUNOS DE LOS ARGUMENTOS DE LOS RECURRENTES EN APOYO DE ESTA TESIS NO REQUIEREN LARGO COMENTARIO. ASI, QUE UNA AUTORIZADA OPINION DOCTRINAL ENTIENDA QUE LOS ORGANOS CONSTITUCIONALES, ENTRE LOS QUE SE INCLUYE AL CONSEJO, DEBAN VENIR REGULADOS EN SUS ELEMENTOS ESENCIALES, ENTRE LOS QUE SE INCLUIRIA LA FORMA DE DESIGNACION DE SUS COMPONENTES, POR LA PROPIA CONSTITUCION, NO IMPLICA QUE DEL TEXTO CONSTITUCIONAL DEBAN DEDUCIRSE FORZOSAMENTE TODOS ESOS ELEMENTOS, CUANDO BASTA SU SIMPLE LECTURA PARA COMPROBAR QUE NO REGULA ALGUNOS DE ELLOS. PODRA DECIRSE, EN ESTE CASO, QUE LA CONSTITUCION ADOLECE DE UN FALLO TECNICO, O QUE LA DOCTRINA CITADA NO ES APLICABLE EN ESE SUPUESTO, O DARSE CUALQUIER OTRA EXPLICACION; PERO LO QUE NO CABE ES INTEGRAR UN TEXTO CONSTITUCIONAL CON UNA OPINION DOCTRINAL, POR RESPETABLE QUE ESTA SEA, HACIENDO DECIR A AQUEL LO QUE EVIDENTEMENTE NO DICE; NI SEMEJANTE DOCTRINA HA SIDO NUNCA EXPRESADA POR ESTE TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, A PESAR DE LAS CITAS QUE DE SU JURISPRUDENCIA HACEN LOS RECURRENTES. LO QUE LA CONSTITUCION DICE, RESPECTO A LA PROPUESTA DE LOS DOCE VOCALES NO ATRIBUIDA A LAS CAMARAS, ES QUE SE LLEVARA A CABO <EN LOS TERMINOS QUE ESTABLEZCA LA LEY ORGANICA> (ART. 122.3). DESDE EL PUNTO DE VISTA QUE AHORA SE EXAMINA, NO ES POSIBLE SOSTENER, COMO HACEN LOS RECURRENTES, QUE EL PODER LEGISLATIVO, AL CUMPLIR EL MANDATO CONSTITUCIONAL, ACTUE COMO PODER CONSTITUYENTE AL REGULAR UN ORGANO CONSTITUCIONAL CUYA CONFIGURACION ESTA PREDETERMINADA POR LA CONSTITUCION, PRECISAMENTE PORQUE NO EXISTE TAL PREDETERMINACION.

DUODECIMO. UNA CUESTION DISTINTA ES LA QUE PROMUEVEN LOS RECURRENTES AL AFIRMAR QUE EL ART. 112.1 Y 3 DE LA L.O.P.J. VIOLA LOS SUPUESTOS LIMITES QUE LA CONSTITUCION ASIGNA A LAS CORTES GENERALES EN MATERIA DE PROPUESTAS O NOMBRAMIENTOS. PARA LOS RECURRENTES ESA VIOLACION RESULTA DEL ART. 66.2 DE LA CONSTITUCION, INTERPRETADO EN EL SENTIDO DE QUE A LAS CORTES GENERALES COMPETE FUNDAMENTALMENTE LA FUNCION NORMATIVA, LA APROBACION DEL PRESUPUESTO Y EL CONTROL DEL GOBIERNO, DE FORMA QUE OTRAS FACULTADES SON EXCEPCIONALES Y, DE ACUERDO CON EL TENOR LITERAL DEL ARTICULO CITADO (<LAS DEMAS COMPETENCIAS QUE LES ATRIBUYE LA CONSTITUCION>), SOLO PUEDEN SERLES OTORGADAS CUANDO EXPRESAMENTE LES VENGAN RECONOCIDAS POR LA CONSTITUCION. DADO QUE ESTA SOLO CONCEDE A LAS CAMARAS LA FACULTAD DE PROPONER A OCHO DE LOS VOCALES DEL CONSEJO, LOS RECURRENTES SOSTIENEN QUE LAS CAMARAS NO PUEDEN PROPONER MAS QUE A ESOS OCHO, DE FORMA QUE EXTENDER ESA FACULTAD A LOS OTROS DOCE VOCALES SUPONDRIA UNA EXTRALIMITACION DE LAS COMPETENCIAS DE LAS CORTES Y SERIA INCONSTITUCIONAL POR VULNERAR EL ART. 62.2 DE LA CONSTITUCION. EN REALIDAD, ESTE ARGUMENTO SE DESDOBLA EN DOS. UNO ES GENERAL: LAS CORTES NO TIENEN MAS COMPETENCIA QUE LAS CONTENIDAS EXPRESAMENTE EN EL ART.

66.2 DE LA CONSTITUCION Y, POR REMISION, EN OTROS PRECEPTOS DE LA MISMA; EL OTRO ARGUMENTO ES PARTICULAR, EN CUANTO SE REFIERE CONCRETAMENTE A LA PROPUESTA DE LOS VOCALES DEL CONSEJO: EL NUMERO DE OCHO VOCALES QUE CITA EL ART. 122.3 DE LA NORMA SUPREMA REPRESENTA UN TOPE QUE LAS CORTES NO PUEDEN TRASPASAR.

RESPECTO AL ARGUMENTO GENERAL, ES LO CIERTO QUE PARTE DE UNA INTERPRETACION DEL ART. 66.2 NO CONCORDANTE CON LA PRACTICA LEGISLATIVA, PUES LAS CORTES NO HAN TENIDO REPAROS EN ATRIBUIRSE POR LEY LA FACULTAD DE NOMBRAR O PROPONER EL NOMBRAMIENTO DE COMPONENTES DE DIVERSOS ORGANOS, COMO ES EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE RTVE (LEY 4/1980, DE 10 DE ENERO), EL TRIBUNAL DE CUENTAS (L.O. 2/1982, DE 12 DE MAYO), O LA JUNTA ELECTORAL CENTRAL (L.O. 5/1985, DE 19 DE JUNIO), SIN QUE NADIE HAYA PUESTO EN TELA DE JUICIO POR INCONSTITUCIONALES ESAS LEYES. ELLO ES DEBIDO A QUE LA RECTA INTERPRETACION DEL ULTIMO INCISO DEL ART. 66.2 DE LA NORMA SUPREMA NO ES QUE LAS CORTES SOLO PUEDAN TENER LAS FUNCIONES EXPRESAMENTE CONTENIDAS EN LA CONSTITUCION, SINO QUE ESTA LES ASIGNA ALGUNAS QUE FORZOSAMENTE HAN DE CUMPLIR Y QUE LA LEY NO PUEDE ATRIBUIR A NINGUN OTRO ORGANO, SIN QUE ELLO SUPONGA QUE, POR LEY, NO PUEDA RECONOCERSELES OTRAS, QUE NO ESTEN ESPECIFICAMENTE MENCIONADAS EN LA CONSTITUCION. EL SEGUNDO ARGUMENTO CONSISTE EN ENTENDER QUE, EN ESTE CASO CONCRETO Y CON INDEPENDENCIA DE LO QUE OCURRA CON CARACTER GENERAL, EL ART.

122.3 DE LA CONSTITUCION FIJA EL NUMERO EXACTO DE VOCALES QUE PUEDEN PROPONER LAS CORTES, DE FORMA QUE EL RESTO DE VOCALES DEL CONSEJO NO PUEDE SER NOMBRADO POR ELLAS, SINO QUE HABRA DE SERLO POR OTRO PROCEDIMIENTO. EL RAZONAMIENTO DE LOS RECURRENTES SE COMPLETA AFIRMANDO QUE ESE OTRO PROCEDIMIENTO TIENE QUE SER EL DEL NOMBRAMIENTO POR LOS JUECES Y MAGISTRADOS, PUES CUALQUIER OTRO CONDUCIRIA AL ABSURDO, COMO SERIA ADMITIR QUE FUESEN NOMBRADOS POR EL GOBIERNO O LOS PARTIDOS POLITICOS O LOS COLEGIOS DE ABOGADOS O LAS ASOCIACIONES DE USUARIOS O CONSUMIDORES. TAMBIEN AQUI CONVIENE DISTINGUIR ENTRE LOS DOS ELEMENTOS DEL RAZONAMIENTO DE LOS RECURRENTES.

EMPEZANDO POR EL ULTIMO, DEBE SEÑALARSE QUE NO ES CONVINCENTE EL ARGUMENTO DE REDUCCION AL ABSURDO, PUES PARA LA ELECCION DE LOS DOCE VOCALES DEL CONSEJO CUYA PROPUESTA NO CORRESPONDE FORZOSAMENTE A LAS CORTES, CABE PENSAR EN PROCEDIMIENTOS QUE NO SEAN NI SU ATRIBUCION A LAS CAMARIAS, NI A LOS JUECES Y MAGISTRADOS, Y QUE NO SERIAN INCONSTITUCIONALES EN CUANTO NO RESULTASEN ARBITRARIOS O CONTRADICTORIOS CON LA NATURALEZA DEL CONSEJO. NO ES NECESARIO AHORA PRONUNCIARSE SOBRE HIPOTESIS, PERO LA INTERVENCION EN LA PROPUESTA DE ESOS VOCALES DE OTROS INSTITUCIONES DISTINTAS DE LAS CITADAS NO PUEDE, SIN MAS, DESCARTARSE COMO ABSURDA. SIN EMBARGO, AUN RECHAZADO ESTE ARGUMENTO, QUEDA EN PIE EL PRIMERO DE LOS RAZONAMIENTOS ADUCIDOS POR LOS RECURRENTES, SEGUN EL CUAL EL NUMERO DE OCHO VOCALES A PROPONER POR LAS CAMARAS REPRESENTARIA UN LIMITE INFRANQUEABLE A SU FACULTAD DE PROPUESTA, DE ACUERDO CON EL TANTAS VECES CITADO ART. 122.3 DE LA CONSTITUCION, Y ELLO CON INDEPENDENCIA DE A QUIEN O A QUIENES PUDIERA RECONOCERSE LA FACULTAD DE PROPONER LOS OTROS DOCE.

TA CUESTION PLANTEA INNEGABLES DIFICULTADES. SI SE ACUDE, EN PRIMER TERMINO, AL TEXTO MISMO DEL ARTICULO DEBATIDO, RESULTA QUE SU EXAMEN NO OFRECE APOYO SUFICIENTE PARA UNA RESPUESTA CATEGORICA AL PROBLEMA PLANTEADO, PUES AUNQUE ES CIERTO QUE NO ESTABLECE EXPLICITAMENTE LIMITACION ALGUNA, TAMBIEN LO ES QUE EXISTEN RAZONES PARA SOSTENER QUE ESA LIMITACION ESTA IMPLICITA EN LA FORMULA EMPLEADA QUE, DE OTRO MODO, SERIA DE UNA INUTIL COMPLICACION. EN EFECTO, SI LO QUE SE PRETENDIO ASEGURAR FUE UNICAMENTE QUE LAS CAMARAS INCLUYESEN EN SUS PROPUESTAS UN NUMERO DETERMINADOS DE JUECES Y MAGISTRADOS, HUBIESE BASTADO CON INDICARLO ASI, SIN ACUDIR A UNA COMPLEJA REDACCION EN LA QUE, DE UNA PARTE, SE ESTABLECE LA EXIGENCIA DE QUE DOCE DE LOS VEINTE MIEMBROS DEL CONSEJO SEAN JUECES O MAGISTRADOS Y, DE LA OTRA, EN PROPOSICION DISTINTA, SE ATRIBUYE A LAS CAMARAS LA FACULTAD DE PROPONER OTROS OCHO MIEMBROS QUE NO POSEAN NECESARIAMENTE TAL CALIDAD.

DECIMOTERCERO. TAMPOCO LOS ANTECEDENTES DE LA ELABORACION DEL TEXTO ARROJAN LUZ SUFICIENTE PARA RESOLVER EL PROBLEMA DE MANERA QUE NO DEJE LUGAR A DUDAS.

COMO HA DICHO ESTE TRIBUNAL, LOS DEBATES PARLAMENTARIOS <SON UN IMPORTANTE ELEMENTO DE INTERPRETACION AUNQUE NO LA DETERMINEN> (SENTENCIA NUM. 5/1981, DE 13 DE FEBRERO). NO ES NECESARIO, SIN EMBARGO, EXTENDERSE AQUI EN EL PROBLEMA DE CUAL ES EL VALOR DE LOS ANTECEDENTES PARLAMENTARIOS EN LA INTERPRETACION DE UN TEXTO CONSTITUCIONAL, PORQUE EN EL PRESENTE CASO, EL ANALISIS DE ESOS ANTECEDENTES NO CONDUCE FORZOSAMENTE A LA CONCLUSION A QUE LLEGAN LOS RECURRENTES. EN EFECTO, EL ANTEPROYECTO DE CONSTITUCION DECIA DE MODO EXPLICITO QUE <DOCE DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO SERAN NOMBRADOS A PROPUESTA Y EN REPRESENTACION DE LAS DISTINTAS CATEGORIAS DE LAS CARRERAS JUDICIALES>. LA PONENCIA, POR MAYORIA DE LOS REPRESENTANTES DE LOS GRUPOS DE UNION DE CENTRO DEMOCRATICO Y ALIANZA POPULAR Y SOBRE LA BASE DEL TEXTO CONTENIDO EN UN VOTO PARTICULAR DE LA UNION DE CENTRO DEMOCRATICO Y DE OTRAS ENMIENDAS, DIO UNA NUEVA REDACCION AL TEXTO ESTABLECIENDO QUE, DE QUINCE VOCALES QUE ENTONCES SE PREVEIAN PARA EL CONSEJO, DIEZ SERIAN PROPUESTOS <ENTRE JUECES Y MAGISTRADOS EN LOS TERMINOS QUE ESTABLEZCA LA LEY ORGANICA>, Y LOS OTROS CINCO POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS. EN EL DEBATE EN LA COMISION SE FORMULO POR EL REPRESENTANTE DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA UNA ENMIENDA IN VOCE , EN LA QUE SE PROPONIA AUMENTAR A VEINTE EL NUMERO DE VOCALES, DOCE ENTRE JUECES O MAGISTRADOS DE TODAS LAS CATEGORIAS Y OCHO POR EL PARLAMENTO, ENMIENDA QUE FUE ACEPTADA. CIERTAMENTE, EL REPRESENTANTE DEL GRUPO SOCIALISTA DIJO EN SU INTERVENCION QUE CON SU ENMIENDA IBA A <ABRIRSE EL COLEGIO ELECTORAL, ESTA ES AL MENOS LA INTERPRETACION DE LOS SOCIALISTAS, A TODOS LOS MIEMBROS, JUECES Y MAGISTRADOS>; PERO EN EL DEBATE QUE SIGUIO A LA PROPUESTA, A LA QUE SE ADHIRIERON OTROS GRUPOS PARLAMENTARIOS, NO CONSTA QUE EL CONSENTIMIENTO DE LA COMISION RECAYESE SOBRE LA <INTERPRETACION> DADA POR EL PORTAVOZ DEL GRUPO SOCIALISTA AL NUEVO TEXTO, SINO SOBRE LA AMPLIACION DEL NUMERO DE VOCALES A VEINTE Y SU EXTENSION A TODAS LAS CATEGORIAS JUDICIALES. TANTO ES ASI, QUE, EN EL SENADO, EL TEXTO APROBADO POR LA COMISION (Y SIN DEBATE POR EL PLENO DEL CONGRESO) FUE OBJETO DE UNA ENMIENDA (LA NUM. 71 DE PROGRESISTAS Y SOCIALISTAS INDEPENDIENTES) EN QUE SE PROPONIA LA ATRIBUCION EXPRESA DE LA PROPUESTA DE LOS DOCE VOCALES A LOS JUECES Y MAGISTRADOS <MEDIANTE ELECCION DE TODOS LOS MIEMBROS DE LA CARRERA JUDICIAL>, ENMIENDA QUE NO FUE ACOGIDA. VERDAD ES QUE DEL TONO DE LOS DEBATES CONSTITUCIONALES E INCLUSO DE LOS QUE TUVIERON LUGAR CON MOTIVO DE OTRAS PROYECTOS DE LEY Y DE LA INSISTENCIA EN TALES DEBATES EN QUE LOS JUECES Y MAGISTRADOS ELEGIBLES LO SEAN <DE TODAS LAS CATEGORIAS DE LA CARRERA JUDICIAL>, SEGUN EL TEXTO FINALMENTE ACEPTADO, PARECE DEDUCIRSE LA EXISTENCIA DE UN CONSENSO IMPLICITO SOBRE LA NECESIDAD DE QUE LOS DOCE VOCALES PROCEDENTES DE LA CARRERA JUDICIAL EXPRESASEN NO SOLO DIFERENTES NIVELES DE EXPERIENCIA POR SU FUNCION Y SU EDAD, SINO LAS DISTINTAS CORRIENTES DE PENSAMIENTO EXISTENTES EN AQUELLA, PERO ESE CONSENSO NO PARECE EXTENDERSE HASTA LA DETERMINACION DEL PROCEDIMIENTO ADECUADO PARA ALCANZAR TAL RESULTADO, DE FORMA QUE NO SE CONSTITUCIONALIZO UNA FORMULA CONCRETA, SINO QUE LOS CONSTITUYENTES SE LIMITARON A REMITIRLA A UNA FUTURA LEY ORGANICA.

UN RESULTADO EN CIERTO MODO ANALOGO ES EL QUE SE ALCANZA AL INTENTAR LA INTERPRETACION DE LA NORMA CONTENIDA EN EL ART. 122.3 SEGUN SU ESPIRITU Y FINALIDAD. EL FIN PERSEGUIDO ES, DE UNA PARTE, EL DE ASEGURAR LA PRESENCIA EN EL CONSEJO DE LAS PRINCIPALES ACTITUDES Y CORRIENTES DE OPINION EXISTENTES EN EL CONJUNTO DE JUECES Y MAGISTRADOS EN CUANTO TALES, ES DECIR, CON INDEPENDENCIA DE CUALES SEAN SUS PREFERENCIAS POLITICAS COMO CIUDADANOS Y, DE LA OTRA, EQUILIBRAR ESTA PRESENCIA CON LA DE OTROS JURISTAS QUE, A JUICIO DE AMBAS CAMARAS, PUEDAN EXPRESAR LA PROYECCION EN EL MUNDO DEL DERECHO DE OTRAS CORRIENTES DE PENSAMIENTO EXISTENTES EN LA SOCIEDAD. LA FINALIDAD DE LA NORMA SERIA ASI, CABRIA AFIRMAR DE MANERA RESUMIDA, LA DE ASEGURAR QUE LA COMPOSICION DEL CONSEJO REFLEJE EL PLURALISMO EXISTENTE EN EL SENO DE LA SOCIEDAD Y, MUY EN ESPECIAL, EN EL SENO DEL PODER JUDICIAL. QUE ESTA FINALIDAD SE ALCANZA MAS FACILMENTE ATRIBUYENDO A LOS PROPIOS JUECES Y MAGISTRADOS LA FACULTAD DE ELEGIR A DOCE DE LOS MIEMBROS DEL C.G.P.J. ES COSA QUE OFRECE POCA DUDA; PERO NI CABE IGNORAR EL RIESGO, TAMBIEN EXPRESADO POR ALGUNOS MIEMBROS DE LAS CORTES QUE APROBARON LA CONSTITUCION, DE QUE EL PROCEDIMIENTO ELECTORAL TRASPASE AL SENO DE LA CARRERA JUDICIAL LAS DIVISIONES IDEOLOGICAS EXISTENTES EN LA SOCIEDAD (CON LO QUE EL EFECTO CONSEGUIDO SERIA DISTINTO DEL PERSEGUIDO) NI, SOBRE TODO, PUEDE AFIRMARSE QUE TAL FINALIDAD SE VEA ABSOLUTAMENTE NEGADA AL ADOPTARSE OTRO PROCEDIMIENTO Y, EN ESPECIAL, EL DE ATRIBUIR TAMBIEN A LAS CORTES LA FACULTAD DE PROPUESTA DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO PROCEDENTES DEL CUERPO DE JUECES Y MAGISTRADOS, MAXIME CUANDO LA LEY ADOPTA CIERTAS CAUTELAS, COMO ES LA DE EXIGIR UNA MAYORIA CALIFICADA DE TRES QUINTOS EN CADA CAMARA (ART. 112.3 L.O.P.J.).

CIERTAMENTE, SE CORRE EL RIESGO DE FRUSTRAR LA FINALIDAD SEÑALADA DE LA NORMA CONSTITUCIONAL SI LAS CAMARAS, A LA HORA DE EFECTUAR SUS PROPUESTAS, OLVIDAN EL OBJETIVO PERSEGUIDO Y, ACTUANDO CON CRITERIOS ADMISIBLES EN OTROS TERRENOS, PERO NO EN ESTE, ATIENDAN SOLO A LA DIVISION DE FUERZAS EXISTENTE EN SU PROPIO SENO Y DISTRIBUYEN LOS PUESTOS A CUBRIR ENTRE LOS DISTINTOS PARTIDOS, EN PROPORCION A LA FUERZA PARLAMENTARIA DE ESTOS. LA LOGICA DEL ESTADO DE PARTIDOS EMPUJA A ACTUACIONES DE ESTE GENERO, PERO ESA MISMA LOGICA OBLIGA A MANTENER AL MARGEN DE LA LUCHA DE PARTIDOS CIERTOS AMBITOS DE PODER Y ENTRE ELLOS, Y SEÑALADAMENTE, EL PODER JUDICIAL.

LA EXISTENCIA Y AUN LA PROBABILIDAD DE ESE RIESGO, CREADO POR UN PRECEPTO QUE HACE POSIBLE, AUNQUE NO NECESARIA, UNA ACTUACION CONTRARIA AL ESPIRITU DE LA NORMA CONSTITUCIONAL, PARECE ACONSEJAR SU SUSTITUCION, PERO NO ES FUNDAMENTO BASTANTE PARA DECLARAR SU INVALIDEZ, YA QUE ES DOCTRINA CONSTANTE DE ESTE TRIBUNAL QUE LA VALIDEZ DE LA LEY HA DE SER PRESERVADA CUANDO SU TEXTO NO IMPIDE UNA INTERPRETACION ADECUADA A LA CONSTITUCION. OCURRIENDO ASI EN EL PRESENTE CASO, PUES EL PRECEPTO IMPUGNADO ES SUSCEPTIBLE DE UNA INTERPRETACION CONFORME A LA CONSTITUCION Y NO IMPONE NECESARIAMENTE ACTUACIONES CONTRARIAS A ELLA, PROCEDE DECLARAR QUE ESE PRECEPTO NO ES CONTRARIO A LA CONSTITUCION.

DECIMOCUARTO. EL SEGUNDO MOTIVO ESPECIFICO DE INCONSTITUCIONALIDAD DENUNCIADO POR LOS RECURRENTES SE REFIERE AL ART. 386 DE LA L.O.P.J. EN RELACION CON LA DISPOSICION TRANSITORIA 28.1 DE LA MISMA. EL PRIMERO FIJA EN SESENTA Y CINCO AÑOS LA EDAD DE JUBILACION FORZOSA DE TODOS LOS JUECES Y MAGISTRADOS, Y EL SEGUNDO ESTABLECE UN REGIMEN ESCALONADO PARA LA ENTRADA EN VIGOR DE AQUEL PRECEPTO. SEGUN LOS RECURRENTES, LA REDUCCION DE LA EDAD DE JUBILACION (ANTES FIJADA EN LOS SETENTA AÑOS CON DOS PRORROGAS PRECEPTIVAS HASTA LOS SETENTA Y DOS) CON EFECTO PARA QUIENES SE HALLAN EN ACTIVO Y <SIN OTORGAR INTERVENCION ALGUNA EN ELLO A SU VOLUNTAD> VULNERARIA LOS ARTS. 9.3, 33.3, 35 Y 117.2 DE LA CONSTITUCION. ESTAS SUPUESTAS VULNERACIONES DE PRECEPTOS CONSTITUCIONALES PUEDEN ARTICULARSE EN TRES GRUPOS: UNO CONSISTIRIA EN LA PRETENDIDA LESION POR LAS DISPOSICIONES IMPUGNADAS DEL PRINCIPIO DE INAMOVILIDAD JUDICIAL CONSAGRADO EN EL ART. 117.2 DE LA CONSTITUCION; UN SEGUNDO GRUPO COMPRENDERIA LAS ALEGADAS VIOLACIONES DE LOS PRINCIPIOS INSTITUIDOS EN EL ART. 9.3 DE LA NORMA FUNDAMENTAL (IRRETROACTIVIDAD DE LAS DISPOSICIONES SANCIONADORAS O RESTRICTIVAS DE DERECHOS INDIVIDUALES, SEGURIDAD JURIDICA, INTERDICCION DE LA ARBITRARIEDAD DE LOS PODERES PUBLICOS), Y, POR ULTIMO, LAS DISPOSICIONES IMPUGNADAS SERIAN CONTRARIAS A LOS ARTS. 33.3 Y 35 DE LA CONSTITUCION. POR ESTE ORDEN SE EXAMINAN A CONTINUACION LAS CUESTIONES PLANTEADAS.

DECIMOQUINTO. EN CUANTO A LA PRIMERA DE ESTAS CUESTIONES, ES DECIR, LA SUPUESTA VULNERACION DEL PRINCIPIO DE INAMOVILIDAD JUDICIAL Y, EN CONCRETO, DEL ART. 117.2 DE LA CONSTITUCION, DEBE SEÑALARSE QUE NO SE ADVIERTE EN QUE PUEDE CONSISTIR LA VIOLACION DEL ART. 117.2 CITADO QUE, EN LO QUE AQUI IMPORTA, ESTABLECE QUE LOS JUECES Y MAGISTRADOS NO PODRAN SER JUBILADOS SINO POR ALGUNA DE LAS CAUSAS Y CON LAS GARANTIAS PREVISTAS EN LA LEY. ENTRE ESAS CAUSAS DE JUBILACION SE COMPRENDE LA FIJACION DE UN LIMITE DE EDAD, Y ESTA HA SIDO ESTABLECIDA POR LA LEY, DE FORMA QUE LA GARANTIA CONSTITUCIONAL CONSAGRADA EN ELART. 117.2 HA SIDO CUMPLIDA, PORQUE EL PRECEPTO LO QUE EVITA ES QUE LA JUBILACION PUEDA SER REGULADA REGLAMENTARIAMENTE O CONCEDIDA SEGUN LOS CASOS INDIVIDUALES. LA GARANTIA DE LA INAMOVILIDAD VIENE DADA NO SOLO EN CUANTO SE ESTABLECE UNA RESERVA DE LEY ORGANICA (ART. 122.1), SINO EN CUANTO ESA LEY HA DE REGULAR LAS CAUSAS DE LA JUBILACION Y, EN EL CASO QUE AQUI INTERESA, LA EDAD, CON CARACTER ABSTRACTO Y GENERAL. PRECISAMENTE ESTE CARACTER HACE QUE EL ART. 386 DE LA L.O.P.J. NO PUEDA CONSIDERARSE COMO UNA MEDIDA QUE AFECTE A LA INAMOVILIDAD JUDICIAL, QUE SOLO SE VERIA COARTADA SI LA LEY AUTORIZASE A JUBILAR A LOS JUECES SEGUN CRITERIOS DISCRECIONALES (CONCEDIENDO PRORROGAS NO PRECEPTIVAS, POR EJEMPLO), LO QUE EVIDENTEMENTE NO OCURRE.

DECIMOSEXTO. EL SEGUNDO GRUPO DE LAS ALEGADAS VULNERACIONES DE LA CONSTITUCION INCIDIRIA, SEGUN LOS RECURRENTES, EN EL ART. 9.3 DE LA NORMA SUPREMA, EN CUANTO LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS SERIAN CONTRARIOS A LOS PRINCIPIOS DE IRRETROACTIVIDAD, INTERDICCION DE LA ARBITRARIEDAD Y SEGURIDAD JUDIDICA.

ANTES DE EXAMINAR ESAS ALEGACIONES CONVIENE PRECISAL CUAL ES LA SITUACION ADMINISTRATIVA DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS DE CARRERA EN NUESTRO SISTEMA JURIDICO. NO ES NECESARIO PARA ELLO DISCURRIR EN QUE MEDIDA DEBEN SER CONSIDERADOS COMO FUNCIONARIOS PUBLICOS O LAS NOTAS DIFERENCIALES EXISTENTES ENTRE QUIENES LO SON DE LA ADMINISTRACION DEL ESTADO Y LOS QUE INTEGRAN LA CARRERA JUDICIAL. LO QUE INTERESA AQUI DESTACAR ES QUE, EN TODO CASO, SU SITUACION DEBE CALIFICARSE COMO ESTATUTARIA Y EN FORMA QUE LOS DERECHOS Y DEBERES QUE COMPONEN EL <STATUS> DE LOS JUECES DEBE SER FIJADO POR LEY Y, MAS CONCRETAMENTE, POR LEY ORGANICA (ART. 122.1 DE LA CONSTITUCION). ELLO SUPONE QUE DICHO <STATUS> NI PUEDE SER REGULADO POR LA ADMINISTRACION, EN VIA REGLAMENTARIA, COMO SE VERA MAS ADELANTE, NI DEPENDE DE LA VOLUNTAD DEL INTERESADO. MERECE DESTACARSE, INCLUSO, QUE LA SITUACION ESTATUTARIA DE LOS JUECES ES MAS RIGUROSA QUE LA DE LOS FUNCIONARIOS DE LA ADMINISTRACION CIVIL DEL ESTADO, A LOS QUE SE RECONOCE EL DERECHO A LA SINDICACION (ART. 103.3 DE LA CONSTITUCION), CON LOS EFECTOS QUE ELLO PUEDE ACARREAR, DERECHO QUE SE NIEGA EXPRESAMENTE A LOS MIEMBROS DE LA MAGISTRATURA (ART. 127.1 DE LA CONSTITUCION). EL QUE EL ESTATUTO DE LOS JUECES ESTE FIJADO POR LA LEY SIGNIFICA QUE LA LEY DEFINE LOS ELEMENTOS QUE LO COMPONEN, Y QUE PUEDE MODIFICARLOS DENTRO, NATURALMENTE, DEL MARCO DE LA CONSTITUCION. ESTA NO SURGE, CIERTAMENTE, EN UNA SITUACION DE VACIO JURIDICO, SINO EN UNA SOCIEDAD JURIDICAMENTE ORGANIZADA, POR LO QUE HAY QUE ENTENDER QUE LAS REFERENCIAS QUE EN ELLA SE HACEN A POSICIONES JURIDICAS RESULTANTES DE ESA ORGANIZACION OBLIGAN AL LEGISLADOR A RESPETAR ESOS ELEMENTOS FUNDAMENTALES, AUNQUE, NATURALMENTE, NO SUS CONTENIDOS CONCRETOS. LA EXISTENCIA DE UNA CARRERA JUDICIAL O DE UN DERECHO A LA JUBILACION DE SUS INTEGRANTES, POR EJEMPLO, SON ELEMENTOS QUE NO ESTAN EN LA DISPONIBILIDAD DEL LEGISLADOR, QUE SI PUEDE, EN CAMBIO, MODIFICAR SUS CONDICIONES Y, ENTRE ELLAS, EL MOMENTO EN QUE HA DE PRODUCIRSE LA JUBILACION. DE TODO ELLO RESULTA QUE QUIEN ACCEDE A LA FUNCION PUBLICA COMO JUEZ NO ES TITULAR DE UN DERECHO SUBJETIVO A SER JUBILADO A LA EDAD ESTABLECIDA PARA ELLO EN EL MOMENTO DE SU ACCESO, SINO DE UNA EXPECTATIVA A SER A TAL EDAD, LO QUE ACARREA EVIDENTES CONSECUENCIAS A LAS CUALES SE ALUDE A CONTINUACION.

DECIMOSEPTIMO. EN EFECTO, SENTADO LO ANTERIOR, CAEN POR SU BASE LA MAYOR PARTE DE LAS ALEGACIONES DE LOS RECURRENTES. LA PRIMERA DE ELLAS, COMO SE HA ADVERTIDO, CONSISTE EN AFIRMAR QUE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS VULNERAN EL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS RESTRICTIVAS DE DERECHOS INDIVIDUALES (ART. 9.3 DE LA CONSTITUCION). PERO DADO QUE NO SE PUEDEN LIMITAR DERECHOS QUE NO EXISTEN, LA INAPLICABILIDAD DEL PRINCIPIO A ESTE CASO ES EVIDENTE. HAY QUE ADVERTIR POR OTRO LADO, QUE SEGUN LA DOCTRINA DE ESTE TRIBUNAL, LA INVOCACION DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD NO PUEDE PRESENTARSE COMO UNA DEFENSA DE UNA INADMISIBLE PETRIFICACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO (STC 27/1981, DE 20 DE JULIO; STC 6/1983, DE 4 DE FEBRERO, ENTRE OTRAS). DE AQUI LA PRUDENCIA QUE ESA DOCTRINA HA MOSTRADO EN LA APLICACION DEL REFERIDO PRINCIPIO, SEÑALANDO QUE SOLO PUEDE AFIRMARSE QUE UNA NORMA ES RETROACTIVA, A LOS EFECTOS DEL ART. 9.3 DE LA CONSTITUCION, CUANDO INCIDE SOBRE <RELACIONES CONSAGRADAS> Y AFECTA <A SITUACIONES AGOTADAS> (SENTENCIA 27/1981 CIT.); Y UNA RECIENTE SENTENCIA (NUM. 42/1986, DE 10 DE ABRIL), AFIRMA QUE <LO QUE SE PROHIBE EN EL ART. 9.3 ES LA RETROACTIVIDAD, ENTENDIDA COMO INCIDENCIA DE LA NUEVA LEY EN LOS EFECTOS JURIDICOS YA PRODUCIDOS DE SITUACIONES ANTERIORES, DE SUERTE QUE LA INCIDENCIA EN LOS DERECHOS, EN CUANTO A SU PROYECCION HACIA EL FUTURO, NO PERTENECE AL CAMPO ESTRICTO DE LA IRRETROACTIVIDAD>. PUES BIEN, INCLUSO ADMITIENDO POR VIA DE HIPOTESIS LA EXISTENCIA DE UN DERECHO SUBJETIVO A LA EDAD DE JUBILACION, ESTA DOCTRINA CONDUCE A RECHAZAR LA SUPUESTA VULNERACION DEL PRINCIPIO DE IRRETROACTIVIDAD; PUES LAS DISPOSICIONES IMPUGNADAS PARA NADA ALTERAN SITUACIONES YA AGOTADAS O PERFECTAS, SINO QUE SE LIMITAN A ESTABLECER PARA EL FUTURO LA CONSECUENCIA JURIDICA (LA JUBILACION) DE UN SUPUESTO GENERICO (CUMPLIR DETERMINADAS EDADES) QUE AUN NO HA TENIDO LUGAR RESPECTO A LOS SUJETOS AFECTADOS.

DECIMOCTAVO. LOS RECURRENTES TACHAN TAMBIEN DE ARBITRARIA LA MODIFICACION DE LA EDAD DE JUBILACION, POR LO QUE LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS SERIAN INCONSTITUCIONALES SEGUN EL CITADO ART. 9.3 DE LA NORMA SUPREMA. PERO LA CALIFICACION DE <ARBITRARIA> DADA A UNA LEY A LOS EFECTOS DEL ART. 9.3 EXIGE TAMBIEN UNA CIERTA PRUDENCIA. LA LEY ES LA <EXPRESION DE LA VOLUNTAD POPULAR>, COMO DICE EL PREAMBULO DE LA CONSTITUCION Y COMO ES DOGMA BASICO DE TODO SISTEMA DEMOCRATICO. CIERTAMENTE, EN UN REGIMEN CONSTITUCIONAL, TAMBIEN EL PODER LEGISLATIVO ESTA SUJETO A LA CONSTITUCION, Y ES MISION DE ESTE TRIBUNAL VELAR POR QUE SE MANTENGA ESA SITUACION, QUE NO ES MAS QUE OTRA FORMA DE SUMISION A LA VOLUNTAD POPULAR, EXPRESADA ESTA VEZ COMO PODER CONSTITUYENTE. ESE CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES DEBE EJERCERSE, SIN EMBARGO, DE FORMA QUE NO IMPONGA CONSTRICCIONES INDEBIDAS AL PODER LEGISLATIVO Y RESPETE SUS OPCIONES POLITICAS. EL CUIDADO QUE ESTE TRIBUNAL HA DE TENER PARA MANTENERSE DENTRO DE LOS LIMITES DE ESE CONTROL HA DE EXTREMARSE CUANDO SE TRATA DE APLICAR PRECEPTOS GENERALES E INDETERMINADOS, COMO ES EL DE LA INTERDICCION DE LA ARBITRARIEDAD, SEGUN HAN ADVERTIDO YA ALGUNAS DE SUS SENTENCIAS (STC 27/1981, DE 20 DE JULIO, Y 66/1985, DE 23 DE MAYO). ASI, AL EXAMINAR UN PRECEPTO LEGAL IMPUGNADO DESDE ESE PUNTO DE VISTA EL ANALISIS SE HA DE CENTRAR EN VERIFICAR SI TAL PRECEPTO ESTABLECE UNA DISCRIMINACION, PUES LA DISCRIMINACION ENTRAÑA SIEMPRE UNA ARBITRARIEDAD, O BIEN, SI AUN NO ESTABLECIENDOLA, CARECE DE TODA EXPLICACION RACIONAL, LO QUE TAMBIEN EVIDENTEMENTE SUPONDRIA UNA ARBITRARIEDAD, SIN QUE SEA PERTINENTE UN ANALISIS A FONDO DE TODAS LAS MOTIVACIONES POSIBLES DE LA NORMA Y DE TODAS SUS EVENTUALES CONSECUENCIAS.

VOLVIENDO A LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS, BASTA CON SEÑALAR QUE NO PUEDE APRECIARSE DISCRIMINACION DADO EL CARACTER GENERAL DE LA MEDIDA ADOPTADA YA QUE NORMAS ANALOGAS SE HAN ESTABLECIDO PARA TODOS LOS FUNCIONARIOS QUE NO TENIAN SEÑALADA UNA EDAD DE JUBILACION IGUAL O INFERIOR A LOS 65 AÑOS. ESTE CARACTER GENERAL OFRECE UNA EXPLICACION SUFICIENTE DE LA MISMA, A LO QUE HAY QUE AÑADIR EL HECHO DE QUE LA EDAD ESTABLECIDA COMO MAXIMA SE ENCUENTRA DENTRO DE LA BANDA DE EDADES RECONOCIDA EN LOS DEMAS PAISES DE CONDICIONES SOCIO-JURIDICAS ANALOGAS A LAS NUESTRAS Y CONCUERDA CON LA TENDENCIA ACTUAL EN MUCHOS ESTADOS A REBAJAR LA EDAD DE JUBILACION. EN ESAS CIRCUNSTANCIAS NO CABE TACHAR DE ARBITRARIA LA NORMA IMPUGNADA.

DECIMONOVENO. EL ULTIMO REPROCHE QUE EN ESTE GRUPO DE SUPUESTAS VULNERACIONES DE LA CONSTITUCION POR LA LEY IMPUGNADA FORMULAN LOS RECURRENTES CONSISTE EN AFIRMAR QUE LA REBAJA DE LA EDAD DE JUBILACION <ATENTA GRAVEMENTE A LA SEGURIDAD JURIDICA>, CONCEBIDA COMUNMENTE COMO <EL SABER A QUE ATENERSE> O, DICHO EN OTROS TERMINOS, <CUMPLIR SUS COMPROMISOS>.

ES DECIR, LA SEGURIDAD JURIDICA QUE INVOCAN LOS RECURRENTES SE ENTIENDE COMO LA EXIGENCIA DE QUE EL LEGISLADOR RESPETE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS O, EN GENERAL, LAS SITUACIONES JURIDICAS SUBJETIVAS QUE SE HABRIAN CREADO A FAVOR DE LOS JUECES ACTUALMENTE EN ACTIVO Y QUE SE VERIAN AFECTADOS POR EL ADELANTAMIENTO DE LA JUBILACION. TAMBIEN AQUI BASTARIA CON REMITIR A LO DICHO ANTERIORMENTE SOBRE LA SITUACION ESTATUTARIA DE LOS JUECES. PERO ES QUE, ADEMAS, ESTE TRIBUNAL HA TENIDO OCASION DE PRONUNCIARSE SOBRE EL TEMA PARA SEÑALAR QUE LA TEORIA (CALIFICADA DE <HUIDIZA>) DE LOS DERECHOS ADQUIRIDOS NO ESTA ACOGIDA DELIBERADAMENTE EN LA CONSTITUCION Y QUE, EN TODO CASO, <NO CONCIERNE AL LEGISLADOR NI AL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL CUANDO PROCEDE A LA FUNCION DE DEFENSOR DEL ORDENAMIENTO, COMO INTERPRETE DE LA CONSTITUCION> (STC 27/1981, DE 20 DE JULIO). ESTA DOCTRINA, CONGRUENTE CON LA SOSTENIDA AL TRATAR DE LA IRRETROACTIVIDAD Y DE LA INTERDICCION DE LA ARBITRARIEDAD Y QUE SE JUSTIFICA POR EL RESPETO QUE MERECE EL CAMPO DE ACCION DEL LEGISLADOR Y LAS POSIBILIDADES DE REFORMA DEL ORDENAMIENTO PROPIOS DE UN ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO (ART. 1.1 DE LA CONSTITUCION), HACE QUE, AUN EN LA HIPOTESIS DE LA EXISTENCIA DE DERECHOS SUBJETIVOS (Y CON MAS RAZON SIN DUDA TRATANDOSE DE EXPECTATIVAS) RESPECTO A LA JUBILACION, NO PODRIA INVOCARSE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA PARA HACERLOS VALER FRENTE AL LEGISLADOR ANTE ESTE TRIBUNAL.

VIGESIMO. LOS RECURRENTES CONCLUYEN LA FUNDAMENTACION DE ESTE MOTIVO DE IMPUGNACION ALEGANDO QUE LOS PRECEPTOS ATACADOS CONCULCAN LO DISPUESTO EN LOS ARTS. 33.3 Y 35 DE LA CONSTITUCION. EL PRIMERO DISPONE QUE <NADIE PODRA SER PRIVADO DE SUS BIENES Y DERECHOS SINO POR CAUSA JUSTIFICADA DE UTILIDAD PUBLICA, O INTERES SOCIAL, MEDIANTE LA CORRESPONDIENTE INDEMNIZACION Y DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LAS LEYES>. NO DEFINE LA CONSTITUCION QUE DEBA ENTENDERSE EXACTAMENTE POR EXPROPIACION DE <BIENES Y DERECHOS>, PERO DADO QUE EL PRECEPTO SE REMITE A <LO DISPUESTO POR LAS LEYES>, PARECE QUE HAY QUE REFERIRSE A LA LEGISLACION VIGENTE, QUE ACOGE UN CONCEPTO AMPLIO RESPECTO AL POSIBLE OBJETO DE LA EXPROPIACION. PUES BIEN, DE ACUERDO CON ESA LEGISLACION FALTA EN EL ARTICULO 386 DE LA L.O.P.J. UN ELEMENTO INDISPENSABLE PARA QUE PUEDA CALIFICARSE LA REDUCCION DE LA JUBILACION DE MEDIDA EXPROPIATORIA, CUAL ES QUE SOLO SON EXPROPIABLES Y, POR TANTO INDEMNIZABLES LA PRIVACION DE BIENES Y DERECHOS O INCLUSO INTERESES PATRIMONIALES LEGITIMOS AUN NO GARANTIZADOS COMO DERECHOS SUBJETIVOS (POR EJEMPLO, LAS SITUACIONES EN PRECARIO); PERO EN NINGUN CASO LO SON LAS EXPECTATIVAS. MAS AUN, LA DOCTRINA JURIDICA Y LA JURISPRUDENCIA CONSIDERAN, CASI UNANIMEMENTE, QUE SOLO SON INDEMNIZABLES LAS PRIVACIONES DE DERECHOS CIERTOS, EFECTIVOS Y ACTUALES, PERO NO EVENTUALES O FUTUROS. EN LA MEDIDA EN QUE, COMO SE HA DICHO REITERADAS VECES, NO EXISTE UN DERECHO ADQUIRIDO A QUE SE MANTENGA UNA DETERMINADA EDAD DE JUBILACION, DEBE CONCLUIRSE QUE DE LO QUE SE HA PRIVADO A JUECES Y MAGISTRADOS ES DE UNA EXPECTATIVA, PERO NO DE UN DERECHO ACTUAL CONSOLIDADO, CON LA CONSECUENCIA DE QUE ESA PRIVACION NO ES EXPROPIATORIA.

VIGESIMO PRIMERO. TAMPOCO VULNERAN LOS PRECEPTOS IMPUGNADOS EL ART. 35.1 DE LA CONSTITUCION, QUE RECONOCE A TODOS LOS ESPAÑOLES EL <DERECHO AL TRABAJO>.

ESTE DERECHO NO SUPONE EL DE CONTINUAR EN EL EJERCICIO DE UNA FUNCION PUBLICA HASTA UNA DETERMINADA EDAD, NI MENOS AUN, SI CABE, EL DE HACERLO INDEFINIDAMENTE. LA APLICACION DE ESA NORMA CONSTITUCIONAL AL AMBITO DE LA FUNCION PUBLICA, QUE TIENE UNA REGULACION ESPECIFICA EN DICHOS ARTICULOS DE LA NORMA FUNDAMENTAL Y, ESPECIALMENTE, EN LO QUE SE REFIERE A LOS JUECES Y MAGISTRADOS, EN LOS ARTS. 117.1 Y 2 Y 122 DE LA CONSTITUCION (EN LOS QUE EXPRESAMENTE SE CITA LA JUBILACION COMO MOTIVO DEL CESE EN LA FUNCION, SEGUN SE HA DICHO REPETIDAS VECES) NO PUEDE HACERSE DE FORMA AUTOMATICA. POR ELLO, NO ES PERTINENTE LA CITA DE LA SENTENCIA DE ESTE TRIBUNAL NUMERO 22/1981, DE 1981, DE 2 DE JULIO, PORQUE LAS RELACIONES LABORALES A QUE SE REFIERE Y LAS QUE SE RIGEN POR UN SISTEMA ESTATUTARIO SON RELACIONES JURIDICAS DESIGUALES A LAS QUE NO SE IMPONE LA APLICACION DEL MISMO TRATAMIENTO.

VIGESIMO SEGUNDO. UNA ULTIMA OBSERVACION SUSCITA LA DISPOSICION TRANSITORIA 28.1 DE LA L.O.P.J., TAMBIEN IMPUGNADA. ESTABLECE ESTA DISPOSICION UN ESCALONAMIENTO DE EDADES PARA APLICAR EN FORMA GRADUAL LA NUEVA EDAD MAXIMA DE JUBILACION Y, EN ESTE SENTIDO, SU CONSTITUCIONALIDAD VIENE CONFIRMADA POR TODOS LOS RAZONAMIENTOS ANTERIORES. SU FINALIDAD EVIDENTE ES LA DE PALIAR LOS EFECTOS NEGATIVOS QUE EL ADELANTO DE LA EDAD DE JUBILACION PUEDA PRODUCIR EN CUANTO ORIGINE UNA FRUSTRACION DE LAS EXPECTATIVAS EXISTENTES Y, EN MUCHOS CASOS, PERJUICIOS ECONOMICOS. ES POSIBLE, INCLUSO, QUE ESTA FINALIDAD NO QUEDE SUFICIENTEMENTE ASEGURADA Y QUE ESOS EFECTOS NEGATIVOS, DE NO SER CORREGIDOS, PUEDAN MERECER ALGUN GENERO DE COMPENSACION. PERO ESTA CUESTION QUEDA, EN TODO CASO, FUERA DEL AMBITO DEL PRESENTE RECURSO.

VIGESIMO TERCERO. EL TERCERO Y ULTIMO MOTIVO ESPECIFICO DE IMPUGNACION ALEGADO POR LOS RECURRENTES SE DIRIGE CONTRA LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA DE LA L.O.P.J. POR SUPUESTA VIOLACION DEL ART.

122.2 DE LA CONSTITUCION, EN RELACION CON EL ART. 117 DE LA MISMA Y CON EL CONTEXTO DE LA REGULACION CONTENIDA EN EL TITULO SEXTO DE LA NORMA SUPREMA. LOS RECURRENTES, EN EL DESARROLLO DE ESTE MOTIVO, DENUNCIAN TAMBIEN LA TRANSGRESION DEL ART. 97 DE LA CONSTITUCION. EL PRECEPTO RECURRIDO ES, CONCRETAMENTE, EL APARTADO SEGUNDO DE LA CITADA DISPOSICION ADICIONAL, QUE DICE:

<ASIMISMO Y EN IDENTICO PLAZO (UN AÑO), EL GOBIERNO APROBARA LOS REGLAMENTOS QUE EXIJA EL DESARROLLO DE LA PRESENTE LEY ORGANICA.> LOS RECURRENTES SOSTIENEN QUE LA ATRIBUCION AL GOBIERNO DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA PARA EL DESARROLLO DE LA L.O.P.J. REBASA LOS LIMITES QUE, EN SU OPINION, ASIGNA EL ART. 97 DE LA CONSTITUCION A LA POTESTAD REGLAMENTARIA DEL GOBIERNO, Y QUE TAL POTESTAD CORRESPONDE AL CONSEJO EN VIRTUD DE LOS PODERES IMPLICITOS QUE ENTRAÑAN LAS FUNCIONES QUE LE ATRIBUYE LA NORMA SUPREMA. ANTES DE ENTRAR EN EL EXAMEN DE LAS ALEGACIONES DE LOS RECURRENTES CONVIENE HACER ALGUNAS PRECISIONES SOBRE LO QUE PARECE SER, EN ESTE ASPECTO, EL VERDADERO OBJETO DE SU IMPUGNACION. NO SE REFIERE ESTA A LA POTESTAD REGLAMENTARIA RELATIVA A TODAS LAS MATERIAS CONTENIDAS EN LA L.O.P.J., SINO A LO QUE LOS MISMOS RECURRENTES CALIFICAN REPETIDAMENTE DE <POTESTAD REGLAMENTARIA JUDICIAL>, ES DECIR, A LA QUE PUEDE INCIDIR EN EL ESTATUTO DE LOS JUECES, PUES SOLO RESPECTO A ELLA CABE PENSAR QUE PUEDA AFECTAR A LA INDEPENDENCIA DEL PODER JUDICIAL O A LAS FACULTADES DEL CONSEJO. DEBE SEÑALARSE, TAMBIEN, QUE LA PROPIA L.O.P.J. RECONOCE AL CONSEJO UN AMBITO DE POTESTAD REGLAMENTARIA, EN SU ARTICULO 100 (NO IMPUGNADO), SEGUN EL CUAL:

<EL CONSEJO GENERAL DEL PODER JUDICIAL PODRA DICTAR REGLAMENTOS SOBRE SU PERSONAL, ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO EN EL MARCO DE LA LEGISLACION SOBRE LA FUNCION PUBLICA. ESTOS REGLAMENTOS, QUE DEBERAN SER APROBADOS POR EL PLENO DEL CONSEJO GENERAL POR MAYORIA DE TRES QUINTOS DE SUS MIEMBROS, SE PUBLICARAN EN EL "BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO'', AUTORIZADOS POR SU PRESIDENTE.> ES DECIR, LA LEY ATRIBUYE AL CONSEJO LA POTESTAD DE DICTAR REGALMENTOS <AD INTRA> U ORGANIZATIVOS, DE FORMA QUE LO QUE PRETENDEN LOS RECURRENTES ES QUE EL CONSEJO OSTENTE, ADEMAS, LA FACULTAD DE DICTAR REGLAMENTOS NO REFERENTES A SU ORGANIZACION O FUNCIONAMIENTO SINO QUE AFECTEN AL STATUS DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS.

VIGESIMO CUARTO. EN APOYO DE SU TESIS LOS RECURRENTES ACUDEN A UNA DOBLE LINEA DE RAZONAMIENTO: DE UNA PARTE, EL ACTUAL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL HABRIA PROCEDIDO A UNA DISTRIBUCION HORIZONTAL DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA, REPARTIENDOLA ENTRE LOS ENTES TERRITORIALES U ORGANOS CONSTITUCIONALES DOTADOS DE FACULTADES DE AUTOGOBIERNO; POR OTRO LADO, EL CONSEJO OSTENTARIA LA POTESTAD REGLAMENTARIA <JUDICIAL> EN VIRTUD DE LOS PODERES IMPLICITOS QUE DERIVARIAN DE LAS FUNCIONES QUE EXPRESAMENTE LE ASIGNA LA CONSTITUCION. LA PRIMERA LINEA DE RAZONAMIENTO ARRANCA DE UNA INTERPRETACION DEL ART. 97 DE LA NORMA SUPREMA, QUE, SEGUN LOS RECURRENTES, CONFIERE AL GOBIERNO LA POTESTAD REGLAMENTARIA UNICAMENTE DENTRO DE UNOS DETERMINADOS LIMITES OBJETIVOS ENTRE LOS QUE SE COMPRENDE FUNDAMENTALMENTE <LAS RELACIONES ESTATUTARIAS DE SUJECION DENTRO DE LA MISMA ADMINISTRACION, LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS O LOS DESARROLLOS PROCEDIMENTALES Y AQUELLAS MATERIAS QUE, POR SU CAMBIANTE NATURALEZA O POR LA NECESIDAD DE UN AJUSTE PERIODICO A LA CAMBIANTE REALIDAD, NO PUEDEN SER CONGELADOS EN UN RANGO LEGAL DE MAS DIFICIL MODIFICACION Y ADAPTACION>. ESTA LIMITACION DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA DEL GOBIERNO LA ENCUADRAN LOS RECURRENTES DENTRO DE UNA CONCEPCION GENERAL DE LA DISTRIBUCION DE DICHA POTESTAD, QUE NO SERIA EXCLUSIVA DEL GOBIERNO, SINO QUE EN EL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL ACTUAL CORRESPONDERIA A TODA ORGANIZACION PUBLICA DOTADA DE AUTONOMIA, INDEPENDENCIA O AUTOGOBIERNO. EN APOYO DE ESTA OPINION, DICEN LOS RECURRENTES QUE LA POTESTAD REGLAMENTARIA LA TIENEN HOY LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, LAS CAMARAS, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, Y TAMBIEN ES OBLIGADO QUE LA TENGA EL CONSEJO. PERO ESTA CONCEPCION DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN EL ACTUAL ORDENAMIENTO CONSTITUCIONAL NO ES ACEPTABLE. ES CIERTO QUE LA OSTENTAN LOS ORGANOS DE GOBIERNO DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, MAS ELLO ES CONSECUENCIA DE LA AUTONOMIA POLITICA DE QUE ESTAS GOZAN, QUE SUPONE EL RECONOCIMIENTO DE UNA POTESTAD LEGISLATIVA EN EL AMBITO DE SUS COMPETENCIAS Y, EN GENERAL, DE AMPLIAS FACULTADES DE AUTOGOBIERNO, UNO DE CUYOS INSTRUMENTOS ES LA POSIBILIDAD DE EJERCER LA POTESTAD REGLAMENTARIA, TAMBIEN, NATURALMENTE, EN AMBITO DE SUS COMPETENCIAS. NO ES LA MISMA, SIN EMBARGO, LA SITUACION DE LOS ORGANOS CONSTITUCIONALES CITADOS POR LOS RECURRENTES. LAS CAMARAS QUE COMPONEN LAS CORTES GENERALES (Y TAMBIEN LAS ASAMBLEAS LEGISLATIVAS DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN CUANTO SE LA RECONOCEN LOS CORRESPONDIENTES ESTATUTOS) TIENEN LA POTESTAD DE ESTABLECER SUS NORMAS DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO, PERO APARTE DE QUE ESTAS NORMAS OPERAN <AD INTRA>, Y SIN ENTRAR EN LOS PROBLEMAS QUE PLANTEA SU NATURALEZA JURIDICA, ESTA GENERALMENTE ADMITIDO QUE LA CALIFICACION DE <REGLAMENTOS> QUE SE LES DA EN ESPAÑA Y OTROS PAISES NO SUPONE UNA PARIFICACION CON LOS REGLAMENTOS DICTADOS POR EL GOBIERNO, COMO LO MUESTRA QUE SON NORMAS NO SOMETIDAS AL CONTROL DE LOS TRIBUNALES ORDINARIOS, Y SI, EN CAMBIO, AL DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (ART. 27.2, D Y F DE LA LOTC). EN CUANTO AL MISMO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, SU COMPETENCIA PARA DICTAR REGLAMENTOS NO DIFIERE, EN SUBSTANCIA, DE LA QUE EL ART. 110 DE LA L.O.P.J. ATRIBUYE AL CONSEJO (ART. 2.2 DE LA LOTC). NO HAY, POR TANTO, RAZONES SUFICIENTES PARA ADMITIR LA LIMITACION OBJETIVA DE LA POTESTAD REGLAMENTARIA SOSTENIDA POR LOS RECURRENTES. ANTES BIEN, DEBE ENTENDERSE QUE ESA POTESTAD REGLAMENTARIA SE EXTIENDE, COMO DICE EL ART. 97 DE LA CONSTITUCION, A TODO LO QUE AUTORICEN ESTA Y LAS LEYES, SIN QUE INTERESE AHORA EXAMINAR SI EL EJERCICIO DE DICHA POTESTAD REQUIERE LA EXISTENCIA DE UNA NORMA ESPECIFICA DE HABILITACION, PUES EN EL PRESENTE CASO ESA NORMA EXISTE Y ES PRECISAMENTE LA DISPOSICION IMPUGNADA.

VIGESIMO QUINTO. LA SEGUNDA LINEA ARGUMENTAL SEGUIDA POR LOS RECURRENTES PARA DEFENDER SU OPINION DE QUE LA POTESTAD REGLAMENTARIA, EN LO QUE SE REFIERE A LOS JUECES, CORRESPONDE AL CONSEJO SE BASA EN LA DOCTRINA DE LOS PODERES IMPLICITOS. APARTE DE QUE ESTA DOCTRINA HA NACIDO Y SE APLICA ESPECIALMENTE EN EL AMBITO DE LA DISTRIBUCION TERRITORIAL DE COMPETENCIAS, EN NUESTRO CASO ENTRE EL ESTADO Y LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, Y ES MUY DUDOSA SU EXTENSION AL CAMPO DE LAS RELACIONES ENTRE ORGANOS CONSTITUCIONALES, COMO YA ADVIRTIO LA SENTENCIA DE ESTE TRIBUNAL NUM. 66/1985, DE 23 DE MAYO, LO CIERTO ES QUE A LO UNICO QUE CONDUCIRIA EN EL PRESENTE SUPUESTO ES AL RECONOCIMIENTO DE LA NECESIDAD DE QUE EL CONSEJO TENGA LA FACULTAD DE DICTAR SUS PROPIAS NORMAS DE ORGANIZACION Y FUNCIONAMIENTO. DADO QUE ESTA FACULTAD LE ESTA EXPRESAMENTE RECONOCIDA, COMO YA SE HA DICHO, POR EL ART. 110 DE LA L.O.P.J. RESULTA SUPERFLUO ACUDIR, PARA JUSTIFICARLA, A LA TEORIA DE LOS PODERES IMPLICITOS.

VIGESIMO SEXTO. LO EXPUESTO HASTA AHORA NO AGOTA, SIN EMBARGO, LA CUESTION PLANTEADA, PORQUE, AL MARGEN DE QUE EL ART. 97 DE LA CONSTITUCION NO IMPONGA A LA POTESTAD REGLAMENTARIA DEL GOBIERNO LOS LIMITES QUE PRETENDEN LOS RECURRENTES Y DE QUE NO PUEDE ATRIBUIRSE AL CONSEJO EL PODER IMPLICITO DE DICTAR REGLAMENTOS APLICABLES FUERA DE SU AMBITO, DEBE EXAMINARSE SI EXISTEN OTRAS RAZONES PARA RESTRINGIR Y, EN CASO AFIRMATIVO, EN QUE MEDIDA, LA POTESTAD REGLAMENTARIA EN LO QUE AFECTA A LA SITUACION, DERECHOS Y DEBERES DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS. LA CUESTION SURGE PORQUE, AUN SIENDO CIERTO QUE ESTE TRIBUNAL HA DECLARADO QUE LA RESERVA DE LEY ORGANICA NO EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE DESARROLLOS REGLAMENTARIOS (STC NUM. 77/1985, DE 27 DE JUNIO), EN EL CASO DE LA RESERVA ESPECIFICA DEL ESTATUTO DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS PREVISTO EN EL ARTICULO 122.1 DE LA CONSTITUCION SE DA UNA CARACTERISTICA PECULIAR, CUAL ES LA INDEPENDENCIA QUE A LOS JUECES Y MAGISTRADOS, COMO INTEGRANTES DEL PODER JUDICIAL, ES DECIR, COMO TITULARES DE LA POTESTAD JURISDICCIONAL, LES RECONOCE LA MISMA CONSTITUCION. ESA INDEPENDENCIA SUPONE QUE LOS JUECES NO PUEDEN ESTAR SOMETIDOS, EN PRINCIPIO, A NORMAS DE RANGO INFERIOR A LA LEY Y, MUY ESPECIALMENTE, A LOS REGLAMENTOS QUE PUEDAN DICTAR EL GOBIERNO (ART. 117.1 DE LA CONSTITUCION). Y ELLO NO SOLO EN EL EJERCICIO DE LA POTESTAD JURISDICCIONAL, SINO TAMBIEN EN SU PROPIO <STATUS>, PUES LO CONTRARIO SUPONDRIA LA POSIBILIDAD DE INFLUIR EN SU SITUACION PERSONAL CON LOS RIESGOS QUE ELLO ACARREA RESPECTO A LA MISMA FUNCION JURISDICCIONAL. YA, EN ESE SENTIDO, LA VIEJA LEY PROVISIONAL DE ORGANIZACION DEL PODER JUDICIAL DE 1870 DISPONIA, EN SU ART. 6, QUE LAS <DISPOSICIONES REGLAMENTARIAS QUE EL PODER EJECUTIVO ADOPTE, EN USO DE SUS ATRIBUCIONES, NUNCA ALCANZARAN A DEROGAR NI A MODIFICAR LA ORGANIZACION DE LOS JUZGADOS Y TRIBUNALES, NI LAS CONDICIONES QUE PARA EL INGRESO Y ASCENSO EN LA CARRERA JUDICIAL SEÑALEN LAS LEYES>. ESE PRINCIPIO HA DE CONSIDERARSE REFORZADO POR NUESTRA VIGENTE CONSTITUCION. EL <STATUS> DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS, ES DECIR, EL CONJUNTO DE DERECHOS Y DEBERES DE LOS QUE SON TITULARES COMO TALES JUECES Y MAGISTRADOS, HA DE VENIR DETERMINADO POR LEY Y MAS PRECISAMENTE POR LEY ORGANICA (ART. 122.1 DE LA CONSTITUCION).

ELLO NO SUPONE NECESARIAMENTE QUE NO QUEPA EN TERMINOS ABSOLUTOS NINGUN TIPO DE REGULACION INFRALEGAL QUE AFECTE A ESE <STATUS>. EXIGENCIAS DE CARACTER PRACTICO PUEDEN IMPONER QUE REGULACIONES DE CARACTER SECUNDARIO Y AUXILIAR PUEDAN SER DISPUESTAS POR VIA REGLAMENTARIA. PERO EN EL BIEN ENTENDIDO QUE TAL TIPO DE DISPOSICIONES NO PUEDEN INCIDIR EN EL CONJUNTO DE DERECHOS Y DEBERES QUE CONFIGURAN EL ESTATUTO DE LOS JUECES Y SI SOLO REGULAR, COMO SE HA DICHO, CONDICIONES ACCESORIAS PARA SU EJERCICIO. EL TIPO DE REGLAMENTO QUE CONTENGA ESAS CONDICIONES PODRA ENTRAR EN EL AMBITO DE AQUELLOS CUYA APROBACION ES FACULTAD DEL CONSEJO SEGUN EL CITADO ARTICULO 110 DE LA L.O.P.J., QUE DEBE SER INTERPRETADO EN FORMA AMPLIA, POR CONSTITUIR UNA GARANTIA DE LAS FUNCIONES QUE LA MISMA LEY ASIGNA AL CONSEJO PARA PROTECCION DE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL. TAMBIEN ES POSIBLE, EN CIERTOS CASOS, QUE LA POTESTAD REGLAMENTARIA CORRESPONDA AL GOBIERNO, AUNQUE SIEMPRE DENTRO DE LOS LIMITES INDICADOS.

NO ES POSIBLE NI NECESARIO SEÑALAR <A PRIORI> EN QUE CASOS CORRESPONDERA AL CONSEJO O AL GOBIERNO ESA POTESTAD. BASTA RECORDAR QUE EN CASO DE USO INDEBIDO DE LA MISMA EXISTEN CAUCES LEGALES PARA RESOLVER LAS DISCREPANCIAS QUE SURJAN.

VIGESIMO SEPTIMO. TODO LO EXPUESTO CONDUCE A UN FALLO DESESTIMATORIO DEL PRESENTE RECURSO, AUNQUE CON UNA MATIZACION. RESPECTO AL ULTIMO DE LOS MOTIVOS EXAMINADOS, EL REFERENTE A LA POTESTAD REGLAMENTARIA DEL GOBIERNO, LOS RECURRENTES SOLICITAN LA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA DE LA L.O.P.J. EN CUANTO ATRIBUYE AL GOBIERNO LA FACULTAD DE APROBAR LOS REGLAMENTOS QUE EXIJA EL DESARROLLO DE ESA LEY. EN CUANTO TAL DISPOSICION SE REFIERE GENERICAMENTE A TODO EL TEXTO LEGAL NO CABE FORMULAR ESA DECLARACION; MAS EN CUANTO NO EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE DESARROLLAR POR VIA REGLAMENTARIA LOS PRECEPTOS RELATIVOS AL ESTATUTO DE LOS JUECES Y MAGISTRADOS, DEBE ENTENDERSE QUE, EN ESE ASPECTO, EL GOBIERNO SOLO ESTA HABILITADO PARA DICTAR REGLAMENTOS QUE NO INNOVEN LOS DERECHOS Y DEBERES QUE CONFIGURAN EL CITADO ESTATUTO Y QUE NO CORRESPONDA DICTAR AL CONSEJO EN VIRTUD DEL ART. 110 DE LA L.O.P.J.

FALLO EN ATENCION A TODO LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,HA DECIDIDO:

UNO. DECLARAR QUE LA DISPOSICION ADICIONAL PRIMERA DE LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL, NO ES CONTRARIA A LA CONSTITUCION INTERPRETADA EN LA FORMA EXPUESTA EN EL FUNDAMENTO JURIDICO VIGESIMO SEPTIMO DE LA PRESENTE SENTENCIA.

DOS. DESESTIMAR EL RECURSO EN TODO LO DEMAS.

PUBLIQUESE EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO>.

DADA EN MADRID A 29 DE JULIO DE 1986. FIRMADO: FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE.

GLORIA BEGUE CANTON. ANGEL LATORRE SEGURA. FRANCISCO RUBIO LLORENTE. LUIS DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEON. ANTONIO TRUYOL SERRA. MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER. JESUS LEGUINA VILLA. LUIS LOPEZ-GUERRA. RUBRICADO.

Análisis

  • Rango: Sentencia
  • Fecha de disposición: 29/07/1986
  • Fecha de publicación: 13/08/1986
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • CORRECCIÓN de errores en suplemento al BOE núm. 253, de 22 de octubre de 1986 (Ref. BOE-T-1986-28082).
Referencias anteriores
  • DICTADA en la CUESTIÓN 839/1985 (Ref. BOE-A-1985-21391).
  • DECLARA la constitucionalidad de la disposición adicional 1 de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, interpretada según el f.j 27 (Ref. BOE-A-1985-12666).
Materias
  • Abogados
  • Administración de Justicia
  • Audiencia Nacional
  • Audiencias Provinciales
  • Audiencias Territoriales
  • Carrera Fiscal
  • Carrera Judicial
  • Centro de Estudios Judiciales
  • Conflictos Jurisdiccionales
  • Consejo General del Poder Judicial
  • Cuerpo de Agentes de la Administración de Justicia
  • Cuerpo de Auxiliares de la Administración de Justicia
  • Cuerpo de Magistrados de Trabajo
  • Cuerpo de Oficiales de la Administración de Justicia
  • Cuerpo de Secretarios de Juzgados de Paz
  • Cuerpo de Secretarios de Magistraturas de Trabajo
  • Cuerpo de Secretarios Judiciales
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  • Enjuiciamiento Civil
  • Enjuiciamiento Criminal
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  • Funcionarios de la Administración de Justicia
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