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Documento BOE-A-2011-8847

Ley 11/2011, de 20 de mayo, de reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje y de regulacin del arbitraje institucional en la Administracin General del Estado.

TEXTO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PREMBULO

I

La vigente Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, ha supuesto un avance cualitativo de entidad en la regulacin de esta institucin, estableciendo un nuevo marco para el arbitraje interno e internacional que toma como referencia la Ley Modelo de la UNCITRAL, sobre el arbitraje comercial, aprobada el 21 de junio de 1985.

Sin nimo de exhaustividad, los logros de esta Ley pasan por la formulacin unitaria del arbitraje, el reconocimiento del arbitraje internacional, el aumento de la disponibilidad arbitral, sus reglas sobre notificaciones, comunicaciones y plazos, el apoyo judicial al arbitraje o su antiformalismo.

Sin embargo, dentro del impulso de modernizacin de la Administracin de Justicia, que tambin incluye la aprobacin de una futura Ley de mediacin en asuntos civiles y mercantiles, se trata ahora de modificar algn aspecto de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, que en la prctica se ha mostrado mejorable y que contribuya al fomento de los medios alternativos de solucin de conflictos y, en especial, del arbitraje, al que las sentencias del Tribunal Constitucional 43/1988 y 62/1991 ya reconocieron la consideracin de equivalente jurisdiccional.

II

Con este propsito de impulsar el arbitraje, la presente Ley comienza por llevar a cabo una reasignacin de las funciones judiciales en relacin con el arbitraje, tanto las funciones de apoyo, como el conocimiento de la accin de anulacin del laudo y el exequtur de laudos extranjeros, que permita dar ms uniformidad al sistema mediante una elevacin de determinadas funciones. Se trata, en concreto, de las relativas al nombramiento y remocin judicial de rbitros, el conocimiento de la accin de anulacin del laudo y la competencia para conocer el exequtur de los laudos extranjeros, que ahora se atribuyen a las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, mantenindose en los Tribunales de Primera Instancia la competencia de ejecucin. Estos cambios han llevado a dar una nueva redaccin al artculo 8 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, as como a modificar la Ley de Enjuiciamiento Civil de 3 de febrero de 1881.

La Ley tambin aclara, mediante la inclusin de dos nuevos preceptos en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, las dudas existentes en relacin con el arbitraje estatutario en las sociedades de capital. Con la modificacin se reconoce la arbitrabilidad de los conflictos que en ellas se planteen, y en lnea con la seguridad y trasparencia que gua la reforma con carcter general, se exige una mayora legal reforzada para introducir en los estatutos sociales una clusula de sumisin a arbitraje. Junto a ello tambin se establece que el sometimiento a arbitraje, de la impugnacin de acuerdos societarios, requiere la administracin y designacin de los rbitros por una institucin arbitral.

Otras modificaciones de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje, buscan incrementar tanto la seguridad jurdica como la eficacia de estos procedimientos a la vista de la experiencia de estos ltimos aos. Con ello se pretende mejorar las condiciones para que definitivamente se asienten en Espaa arbitrajes internacionales, sin desdear que al tratarse de una regulacin unitaria, tambin se favorecern los arbitrajes internos. De la misma forma se procede a reforzar el papel de las instituciones arbitrales, as como a una mejor estructuracin del nombramiento de los rbitros, abriendo el abanico de profesionales, con conocimientos jurdicos que pueden intervenir en el mismo, cuando se trata de un arbitraje de derecho. Pero, tambin, previendo, de forma expresa, que es posible la intervencin de otro tipo de profesionales, no necesariamente pertenecientes a dicho campo del conocimiento, pues la experiencia internacional plenamente asentada aconsejaba dicha reforma, y ello sin olvidar que de esa manera se produce un mayor acoplamiento a la libre competencia que reclaman las instituciones de la Unin Europea. Tambin se concretan las incompatibilidades, en relacin con la intervencin en una mediacin, y se regula la necesidad de asegurar las responsabilidades.

En cuanto a la sustanciacin del procedimiento arbitral, se articula un nuevo sistema respecto al idioma del arbitraje, con el que se incrementan las garantas del procedimiento, al reconocerse la posibilidad de utilizar la lengua propia por las partes, por los testigos y peritos, y por cualesquiera terceras personas que intervengan en el procedimiento arbitral. Respecto del laudo, las modificaciones se han centrado en el plazo y forma del laudo. As, se modula una solucin, a favor del arbitraje, para los casos en que el laudo se dicta fuera de plazo, sin perjuicio de la responsabilidad de los rbitros. Tambin se precisan sus formalidades y se exige siempre la motivacin de los laudos. Adems, se establece un remedio especfico para poder rectificar la extralimitacin parcial del laudo cuando se haya resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisin o sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.

La anulacin y revisin del laudo tambin es objeto de reforma. La accin de anulacin recibe una modificacin relevante: a partir de ahora se procede a una mejor articulacin del procedimiento. Por otro lado, tras la reforma, se elimina la distincin entre laudo definitivo y firme, estableciendo que el laudo produce los efectos de cosa juzgada, aunque se ejerciten contra l las acciones de anulacin o revisin, lo que supone que puede ser ejecutado forzosamente si no concurre cumplimiento voluntario.

III

Es de resear la importancia de la disposicin adicional nica de esta Ley, en la que se regula un cauce procedimental de carcter ordinario e institucional para resolver los conflictos internos entre la Administracin General del Estado y sus Entes instrumentales, superando los actuales mecanismos de facto, ajenos al rigor jurdico y a la objetividad que son imprescindibles en una organizacin que, por imperativo constitucional, ha de estar regida por el Derecho y actuar al servicio de los intereses generales bajo la direccin del Gobierno. La indudable naturaleza jurdico pblica de las relaciones de organizacin en el seno de la Administracin hacen imprescindible un procedimiento ordinario de resolucin de conflictos como el que ahora se configura, ms all de soluciones meramente parciales como pueden ser las ofrecidas por una determinada lnea jurisprudencial que ha venido negando a los organismos autnomos legitimacin para impugnar los actos de la Administracin matriz; lnea que hoy encuentra una confirmacin legal en el artculo 20.c) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccin Contencioso-Administrativa.

Se entiende que esos conflictos deben ser resueltos por el Gobierno por lo que al efecto se crea una Comisin Delegada cuya presidencia se otorga al Ministro de la Presidencia, en su funcin coordinadora de la Administracin General del Estado, siendo miembros natos el Ministro de Economa y Hacienda y el Ministro de Justicia. Asimismo, la secretara se encarga al Ministerio de Justicia en atencin a sus funciones y a la adscripcin de los Servicios Jurdicos del Estado.

IV

Adicionalmente se modifica el artculo 722 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, en el sentido de permitir solicitar medidas cautelares a quien acredite ser parte en un convenio arbitral con anterioridad a las actuaciones arbitrales, posibilitando con ello una mayor compatibilidad entre lo que se establece en materia de arbitraje y en dicha norma.

Por ltimo, ligada a la reforma de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje se encuentra la reforma del artculo 52.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal. La nueva redaccin se adapta a las soluciones comunitarias en la materia y elimina la incoherencia existente hasta la fecha entre los dos apartados del artculo 52. Se pretende con ella mantener la vigencia del convenio arbitral siempre que se proyecte sobre meras acciones civiles que, pese a que pudieran llegar a tener trascendencia patrimonial sobre el deudor concursal, podran haberse planteado con independencia de la declaracin del concurso. Es el caso, entre otras, de las acciones relativas a la existencia, validez o cuanta de un crdito, las destinadas al cobro de deudas a favor del deudor, las acciones reivindicatorias de propiedad sobre bienes de un tercero en posesin del deudor concursal y los litigios relativos a planes de reorganizacin concluidos entre el deudor y sus acreedores antes de la declaracin de apertura. No obstante lo anterior, se faculta al rgano jurisdiccional competente, para suspender de efectos los pactos o convenios arbitrales previamente suscritos, si entendiese que los mismos pueden suponer un perjuicio para la tramitacin del concurso.

Artculo nico. Modificacin de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.

Uno. Los apartados 1, 4, 5 y 6 del artculo 8 pasan a tener la siguiente redaccin:

1. Para el nombramiento y remocin judicial de rbitros ser competente la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autnoma donde tenga lugar el arbitraje; de no estar ste an determinado, la que corresponda al domicilio o residencia habitual de cualquiera de los demandados; si ninguno de ellos tuviere domicilio o residencia habitual en Espaa, la del domicilio o residencia habitual del actor, y si ste tampoco los tuviere en Espaa, la de su eleccin.

4. Para la ejecucin forzosa de laudos o resoluciones arbitrales ser competente el Juzgado de Primera Instancia del lugar en que se haya dictado de acuerdo con lo previsto en el apartado 2 del artculo 545 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

5. Para conocer de la accin de anulacin del laudo ser competente la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autnoma donde aqul se hubiere dictado.

6. Para el reconocimiento de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros ser competente la Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autnoma del domicilio o lugar de residencia de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o del domicilio o lugar de residencia de la persona a quien se refieren los efectos de aquellos, determinndose subsidiariamente la competencia territorial por el lugar de ejecucin o donde aquellos laudos o resoluciones arbitrales deban producir sus efectos.

Para la ejecucin de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros ser competente el Juzgado de Primera Instancia con arreglo a los mismos criterios.

Dos. El apartado 1 del artculo 11 queda redactado de la siguiente forma:

1. El convenio arbitral obliga a las partes a cumplir lo estipulado e impide a los tribunales conocer de las controversias sometidas a arbitraje, siempre que la parte a quien interese lo invoque mediante declinatoria.

El plazo para la proposicin de la declinatoria ser dentro de los diez primeros das del plazo para contestar a la demanda en las pretensiones que se tramiten por el procedimiento del juicio ordinario, o en los diez primeros das posteriores a la citacin para vista, para las que se tramiten por el procedimiento del juicio verbal.

Tres. Se introducen dos nuevos artculos 11 bis y 11 ter con la siguiente redaccin:

Artculo 11 bis. Arbitraje estatutario.

1. Las sociedades de capital podrn someter a arbitraje los conflictos que en ellas se planteen.

2. La introduccin en los estatutos sociales de una clusula de sumisin a arbitraje requerir el voto favorable de, al menos, dos tercios de los votos correspondientes a las acciones o a las participaciones en que se divida el capital social.

3. Los estatutos sociales podrn establecer que la impugnacin de los acuerdos sociales por los socios o administradores quede sometida a la decisin de uno o varios rbitros, encomendndose la administracin del arbitraje y la designacin de los rbitros a una institucin arbitral.

Artculo 11 ter. Anulacin por laudo de acuerdos societarios inscribibles.

1. El laudo que declare la nulidad de un acuerdo inscribible habr de inscribirse en el Registro Mercantil. El “Boletn Oficial del Registro Mercantil” publicar un extracto.

2. En el caso de que el acuerdo impugnado estuviese inscrito en el Registro Mercantil, el laudo determinar, adems, la cancelacin de su inscripcin, as como la de los asientos posteriores que resulten contradictorios con ella.

Cuatro. Se modifica la letra a) del apartado 1 y se aade un nuevo apartado 3, ambos en el artculo 14, que quedan redactados de la siguiente forma:

a) Corporaciones de Derecho pblico y Entidades pblicas que puedan desempear funciones arbitrales, segn sus normas reguladoras.

3. Las instituciones arbitrales velarn por el cumplimiento de las condiciones de capacidad de los rbitros y por la transparencia en su designacin, as como su independencia.

Cinco. Se da nueva redaccin a los apartados 1 y 7 del artculo 15 que quedan redactados como sigue:

1. Salvo acuerdo en contrario de las partes, en los arbitrajes que no deban decidirse en equidad, cuando el arbitraje se haya de resolver por rbitro nico se requerir la condicin de jurista al rbitro que acte como tal.

Cuando el arbitraje se haya de resolver por tres o ms rbitros, se requerir que al menos uno de ellos tenga la condicin de jurista.

7. Contra las resoluciones definitivas que decidan sobre las cuestiones atribuidas en este artculo al tribunal competente no cabr recurso alguno.

Seis. Se aade un nuevo apartado 4 al artculo 17 con la siguiente redaccin:

4. Salvo acuerdo en contrario de las partes, el rbitro no podr haber intervenido como mediador en el mismo conflicto entre stas.

Siete. Se aade un segundo prrafo nuevo al apartado 1 del artculo 21 con la siguiente redaccin:

Se exigir a los rbitros o a las instituciones arbitrales en su nombre la contratacin de un seguro de responsabilidad civil o garanta equivalente, en la cuanta que reglamentariamente se establezca. Se exceptan de la contratacin de este seguro o garanta equivalente a las Entidades pblicas y a los sistemas arbitrales integrados o dependientes de las Administraciones pblicas.

Ocho. Se modifica el apartado 1 del artculo 28 quedando redactado en los siguientes trminos:

1. Las partes podrn acordar libremente el idioma o los idiomas del arbitraje. A falta de acuerdo, y cuando de las circunstancias del caso no permitan delimitar la cuestin, el arbitraje se tramitar en cualquiera de las lenguas oficiales en el lugar donde se desarrollen las actuaciones. La parte que alegue desconocimiento del idioma tendr derecho a audiencia, contradiccin y defensa en la lengua que utilice, sin que esta alegacin pueda suponer la paralizacin del proceso.

Salvo que en el acuerdo de las partes se haya previsto otra cosa, el idioma o los idiomas establecidos se utilizarn en los escritos de las partes, en las audiencias, en los laudos y en las decisiones o comunicaciones de los rbitros, sin perjuicio de lo sealado en el prrafo primero.

En todo caso, los testigos, peritos y terceras personas que intervengan en el procedimiento arbitral, tanto en actuaciones orales como escritas, podrn utilizar su lengua propia. En las actuaciones orales se podr habilitar como intrprete a cualquier persona conocedora de la lengua empleada, previo juramento o promesa de aquella.

Nueve. Los apartados 2, 3 y 4 del artculo 37 pasan a tener la siguiente redaccin:

2. Salvo acuerdo en contrario de las partes, los rbitros debern decidir la controversia dentro de los seis meses siguientes a la fecha de presentacin de la contestacin a que se refiere el artculo 29 o de expiracin del plazo para presentarla. Salvo acuerdo en contrario de las partes, este plazo podr ser prorrogado por los rbitros, por un plazo no superior a dos meses, mediante decisin motivada. Salvo acuerdo en contrario de las partes, la expiracin del plazo sin que se haya dictado laudo definitivo no afectar a la eficacia del convenio arbitral ni a la validez del laudo dictado, sin perjuicio de la responsabilidad en que hayan podido incurrir los rbitros.

3. Todo laudo deber constar por escrito y ser firmado por los rbitros, quienes podrn dejar constancia de su voto a favor o en contra. Cuando haya ms de un rbitro, bastarn las firmas de la mayora de los miembros del colegio arbitral o slo la de su presidente, siempre que se manifiesten las razones de la falta de una o ms firmas.

A los efectos de lo dispuesto en el prrafo anterior, se entender que el laudo consta por escrito cuando de su contenido y firmas quede constancia y sean accesibles para su ulterior consulta en soporte electrnico, ptico o de otro tipo.

4. El laudo deber ser siempre motivado, a menos que se trate de un laudo pronunciado en los trminos convenidos por las partes conforme al artculo anterior.

Diez. La rbrica y los apartados 1, 2 y 4 del artculo 39 pasan a tener la siguiente redaccin:

Artculo 39. Correccin, aclaracin, complemento y extralimitacin del laudo.

1. Dentro de los diez das siguientes a la notificacin del laudo, salvo que las partes hayan acordado otro plazo, cualquiera de ellas podr, con notificacin a la otra, solicitar a los rbitros:

a) La correccin de cualquier error de clculo, de copia, tipogrfico o de naturaleza similar.

b) La aclaracin de un punto o de una parte concreta del laudo.

c) El complemento del laudo respecto de peticiones formuladas y no resueltas en l.

d) La rectificacin de la extralimitacin parcial del laudo, cuando se haya resuelto sobre cuestiones no sometidas a su decisin o sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje.

2. Previa audiencia de las dems partes, los rbitros resolvern sobre las solicitudes de correccin de errores y de aclaracin en el plazo de diez das, y sobre la solicitud de complemento y la rectificacin de la extralimitacin, en el plazo de veinte das.

4. Lo dispuesto en el artculo 37 se aplicar a las resoluciones arbitrales sobre correccin, aclaracin, complemento y extralimitacin del laudo.

Once. Se modifica el apartado 1 del artculo 42, cuya redaccin pasa a ser la siguiente:

1. La accin de anulacin se sustanciar por los cauces del juicio verbal, sin perjuicio de las siguientes especialidades:

a) La demanda deber presentarse conforme a lo establecido en el artculo 399 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil, acompaada de los documentos justificativos de su pretensin, del convenio arbitral y del laudo, y, en su caso, contendr la proposicin de los medios de prueba cuya prctica interese el actor.

b) El Secretario Judicial dar traslado de la demanda al demandado, para que conteste en el plazo de veinte das. En la contestacin, acompaada de los documentos justificativos de su oposicin, deber proponer todos los medios de prueba de que intente valerse. De este escrito, y de los documentos que lo acompaan, se dar traslado al actor para que pueda presentar documentos adicionales o proponer la prctica de prueba.

c) Contestada la demanda o transcurrido el correspondiente plazo, el Secretario Judicial citar a la vista, si as lo solicitan las partes en sus escritos de demanda y contestacin. Si en sus escritos no hubieren solicitado la celebracin de vista, o cuando la nica prueba propuesta sea la de documentos, y stos ya se hubieran aportado al proceso sin resultar impugnados, o en el caso de los informes periciales no sea necesaria la ratificacin, el Tribunal dictar sentencia, sin ms trmite.

Doce. El artculo 43 pasa a tener la siguiente redaccin:

Artculo 43. Cosa juzgada y revisin de laudos.

El laudo produce efectos de cosa juzgada y frente a l slo cabr ejercitar la accin de anulacin y, en su caso, solicitar la revisin conforme a lo establecido en la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil para las sentencias firmes.

Disposicin adicional nica. Controversias jurdicas en la Administracin General del Estado y sus organismos pblicos.

1. Las controversias jurdicas relevantes que se susciten entre la Administracin General del Estado y cualquiera de los organismos pblicos regulados en el ttulo III y la disposicin adicional novena de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de organizacin y funcionamiento de la Administracin General del Estado, o las Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social u otras entidades de Derecho pblico reguladas por su legislacin especfica que se determinen reglamentariamente, o entre dos o ms de estos Entes, se resolvern por el procedimiento previsto en este precepto, sin que pueda acudirse a la va administrativa ni jurisdiccional para resolver estas controversias.

Este procedimiento ser, asimismo, aplicable a las controversias jurdicas que se susciten entre las sociedades mercantiles estatales y las fundaciones del sector pblico estatal con su Ministerio de tutela, la Direccin General de Patrimonio o los organismos o entidades pblicas que ostenten la totalidad del capital social o dotacin de aquellas, salvo que se establezcan mecanismos internos de resolucin de controversias.

2. A los efectos de esta disposicin, se entendern por controversias jurdicas relevantes aquellas que, con independencia de su cuanta generen o puedan generar un elevado nmero de reclamaciones, que tengan una cuanta econmica de al menos 300.000 euros o que, a juicio de una de las partes, sea de esencial relevancia para el inters pblico.

3. Planteada una controversia, las partes enfrentadas la pondrn, de forma inmediata, en conocimiento de la Comisin Delegada del Gobierno para la Resolucin de Controversias Administrativas. Dicha Comisin estar presidida por el Ministro de la Presidencia y tendrn la consideracin de vocales natos el Ministro de Economa y Hacienda y el Ministro de Justicia, correspondiendo tambin a ste designar dentro de su mbito al rgano que ejerza la secretara de la Comisin. Se integrarn en la Comisin el Ministro o Ministros de los Departamentos afectados por la controversia, en los trminos que se determine reglamentariamente.

4. Dicha Comisin Delegada recabar los informes tcnicos y jurdicos que estime necesarios para el mejor conocimiento de la cuestin debatida. Por la secretara de dicha Comisin se elaborarn las propuestas de decisin oportunas.

5. La Comisin Delegada del Gobierno para la Resolucin de Controversias Administrativas dictar resolucin estableciendo de forma vinculante para las partes las medidas que cada una de ellas deber adoptar para solucionar el conflicto o controversia planteados. La resolucin de la Comisin Delegada no ser recurrible ante los Tribunales de Justicia por las partes en conflicto.

6. Este procedimiento de resolucin de controversias no se aplicar:

a) A cuestiones de naturaleza penal, pero s a las relativas al ejercicio de las acciones civiles derivadas de delitos o faltas.

b) A cuestiones de responsabilidad contable que sean competencia del Tribunal de Cuentas, sujetas a la legislacin especfica reguladora de ste.

c) A conflictos de atribuciones entre distintos rganos de una misma Administracin pblica, que se regularn por sus disposiciones especficas.

d) A las cuestiones derivadas de las actuaciones de control efectuadas por la Intervencin General de la Administracin del Estado, reguladas con carcter especfico en la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y dems normas de desarrollo de las mismas.

Disposicin final primera. Modificacin de la Ley de Enjuiciamiento Civil aprobada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881.

El artculo 955 pasa a tener la siguiente redaccin:

Artculo 955.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados y otras normas internacionales, la competencia para conocer de las solicitudes de reconocimiento y ejecucin de sentencias y dems resoluciones judiciales extranjeras, as como de acuerdos de mediacin extranjeros, corresponde a los Juzgados de Primera Instancia del domicilio o lugar de residencia de la parte frente a la que se solicita el reconocimiento o ejecucin, o del domicilio o lugar de residencia de la persona a quien se refieren los efectos de aqullas; subsidiariamente la competencia territorial se determinar por el lugar de ejecucin o donde aquellas sentencias y resoluciones deban producir sus efectos.

Con arreglo a los mismos criterios sealados en el prrafo anterior, corresponder a los Juzgados de lo Mercantil conocer de las solicitudes de reconocimiento y ejecucin de sentencias y dems resoluciones judiciales extranjeras que versen sobre materias de su competencia.

La competencia para el reconocimiento de los laudos o resoluciones arbitrales extranjeros, corresponde, con arreglo a los criterios que se establecen en el prrafo primero de este artculo, a las Salas de lo Civil y de lo Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, sin que quepa ulterior recurso contra su decisin. La competencia para la ejecucin de laudos o resoluciones arbitrales extranjeros corresponde a los Juzgados de Primera Instancia, con arreglo a los mismos criterios.

Disposicin final segunda. Modificacin de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.

Se modifica el primer prrafo del artculo 722 que pasa a tener la siguiente redaccin:

Podr pedir al Tribunal medidas cautelares quien acredite ser parte de convenio arbitral con anterioridad a las actuaciones arbitrales. Tambin podr pedirlas quien acredite ser parte de un proceso arbitral pendiente en Espaa; o, en su caso, haber pedido la formalizacin judicial a que se refiere el artculo 15 de la Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje; o en el supuesto de un arbitraje institucional, haber presentado la debida solicitud o encargo a la institucin correspondiente segn su Reglamento.

Disposicin final tercera. Modificacin de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

Uno. Se modifica el nmero 4. del artculo 8:

4. Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado excepto las que se adopten en los procesos que quedan excluidos de su jurisdiccin en el prrafo 1. de este precepto y, en su caso, de acuerdo con lo dispuesto en el artculo 52, las adoptadas por los rbitros en las actuaciones arbitrales, sin perjuicio de la competencia del juez para acordar la suspensin de las mismas, o solicitar su levantamiento, cuando considere que puedan suponer un perjuicio para la tramitacin del concurso.

Dos. El apartado 1 del artculo 52 pasa a tener la siguiente redaccin:

1. La declaracin de concurso, por s sola, no afecta a los pactos de mediacin ni a los convenios arbitrales suscritos por el concursado. Cuando el rgano jurisdiccional entendiera que dichos pactos o convenios pudieran suponer un perjuicio para la tramitacin del concurso podr acordar la suspensin de sus efectos, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales.

Disposicin final cuarta. Ttulo competencial.

Esta Ley se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de legislacin mercantil, procesal y civil, establecida en el artculo 149.1.6. y 8. de la Constitucin.

Disposicin final quinta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrar en vigor a los veinte das de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 20 de mayo de 2011.

JUAN CARLOS R

El Presidente del Gobierno

JOS LUIS RODRGUEZ ZAPATERO

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 20/05/2011
  • Fecha de publicación: 21/05/2011
Referencias anteriores
  • MODIFICA:
    • arts. 8, 11, 14, 15, 17, 21, 28, 37, 39, 42, 43 y AADE los arts. 11.bis y 11.ter a la Ley 60/2003, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-23646).
    • arts. 8 y 52 de la Ley 22/2003, de 9 de julio (Ref. BOE-A-2003-13813).
    • el art. 722 de la Ley 1/2000, de 7 de enero (Ref. BOE-A-2000-323).
    • art. 955 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, aprobada por Real Decreto de 3 de febrero de 1881 (GAZETA) (Ref. BOE-A-1881-813).
Materias
  • Administracin General del Estado
  • Arbitraje
  • Arbitraje Internacional
  • Enjuiciamiento Civil
  • Juzgados de Primera Instancia
  • Procedimiento concursal
  • Registro Mercantil
  • Sentencias
  • Tribunales Superiores de Justicia

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