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Documento BOE-A-2011-15039

Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de Reconocimiento y Proteccin Integral a las Vctimas del Terrorismo.

TEXTO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

PREMBULO

I

Con la presente Ley, la sociedad espaola, a travs de sus legtimos representantes en el Congreso de los Diputados y en el Senado, rinde homenaje a las vctimas del terrorismo y expresa su compromiso permanente con todas las personas que lo han sufrido o que lo pudieran sufrir en el futuro, en cualquiera de sus formas. Esta Ley es, por tanto, un signo de reconocimiento y de respeto, pero tambin de solidaridad debida. El apoyo integral que persigue representa el esfuerzo compartido de reparacin que las vctimas y sus familias merecen, inspirado por los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad.

En efecto, memoria, dignidad, justicia y verdad, son las ideas fuerza que fundamentan el dispositivo normativo recogido en la presente Ley buscando en ltima instancia la reparacin integral de la vctima. De acuerdo con estos cuatro principios fundamentales, el Estado reitera su compromiso de perseguir la derrota definitiva, incondicional y sin contrapartidas del terrorismo en todas sus manifestaciones.

El valor de la memoria como la garanta ltima de que la sociedad espaola y sus instituciones representativas no van a olvidar nunca a los que perdieron la vida, sufrieron heridas fsicas o psicolgicas o vieron sacrificada su libertad como consecuencia del fanatismo terrorista. El Estado salvaguarda as el recuerdo de las vctimas del terrorismo con especial atencin a su significado poltico, que se concreta en la defensa de todo aquello que el terrorismo pretende eliminar para imponer su proyecto totalitario y excluyente. La significacin poltica de las vctimas exige su reconocimiento social y constituye una herramienta esencial para la deslegitimacin tica, social y poltica del terrorismo. El recuerdo es as un acto de justicia y a la vez un instrumento civilizador, de educacin en valores y de erradicacin definitiva, a travs de su deslegitimacin social, del uso de la violencia para imponer ideas polticas.

Las vctimas del terrorismo constituyen asimismo una referencia tica para nuestro sistema democrtico. Simbolizan la defensa de la libertad y del Estado de Derecho frente a la amenaza terrorista. Los poderes pblicos garantizarn que las vctimas sean tratadas con respeto a sus derechos y para asegurar la tutela efectiva de su dignidad. Por ello esta Ley, a travs de su sistema de ayudas, prestaciones y condecoraciones, quiere rendir un especial reconocimiento a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y a las Fuerzas Armadas de Espaa por la eficacia siempre demostrada en la lucha contra la amenaza terrorista y porque, lamentablemente, son las que han aportado el mayor nmero de vctimas mortales y de heridos tanto en los ataques terroristas cometidos en territorio nacional como en los perpetrados por el terrorismo internacional. Este homenaje no sera genuino ni completo si, al mismo tiempo, no se reconoce el papel que han desempeado las familias de los miembros del Cuerpo Nacional de Polica, de la Guardia Civil, del Ejrcito, de la Ertzaintza, Mossos d’Esquadra, o de las policas locales, vctimas todos de atentados terroristas. El esfuerzo, la resistencia, el coraje y la dignidad demostrada en estos difciles aos son, sin duda alguna, un ejemplo de civismo y de compromiso con la democracia, la Constitucin y sus valores.

Asimismo los colectivos representativos de las vctimas del terrorismo en nuestro pas, asociaciones, fundaciones y movimientos cvicos, numerosos y plurales, son sin duda un pilar fundamental en el apoyo a las familias que han sufrido el zarpazo del terror. Son tambin un instrumento de participacin y de canalizacin de sus demandas y pretensiones, de visibilidad y vertebracin, contribuyendo tambin a la deslegitimacin social del terrorismo y a la difusin de los principios de convivencia democrtica en el marco del Estado constitucional y de Derecho. Esta Ley tambin pretende reforzar su estatus y su papel en nuestra sociedad, reconocindoles como interlocutores legtimos y favoreciendo sus iniciativas y programas de apoyo a las vctimas. En este sentido, es incompatible con la participacin democrtica en los distintos mbitos de representacin el apoyo o la justificacin del terrorismo.

El respeto a la justicia como exigencia bsica del Estado de Derecho, de acuerdo con sus normas y garantas. Los poderes pblicos garantizarn en este sentido y en el mbito de sus competencias que no se produzcan situaciones injustas o de desamparo hacia las vctimas. Concretamente, trabajarn para impedir la impunidad de los crmenes terroristas en cualquiera de sus manifestaciones y velarn para que los terroristas cumplan ntegramente sus penas, de acuerdo con lo establecido por la legislacin penal.

Igualmente, los poderes pblicos contribuirn al conocimiento de la verdad, atendiendo a las causas reales de victimizacin y contribuyendo a un relato de lo que sucedi que evite equidistancias morales o polticas, ambigedades o neutralidades valorativas, que recoja con absoluta claridad la existencia de vctimas y terroristas, de quien ha sufrido el dao y de quien lo ha causado y que favorezca un desenlace en el que las vctimas se sientan apoyadas y respetadas, sin que quepa justificacin alguna del terrorismo y de los terroristas. En este sentido, la presente Ley es tambin una manifestacin de la condena ms firme de la sociedad espaola hacia el terrorismo practicado en nuestra historia, incompatible con la democracia, el pluralismo y los valores ms elementales de la civilizacin. Nuestro reconocimiento a sus vctimas mediante esta Ley es la mejor forma de denunciar su sinrazn a lo largo de todos estos aos.

El desarrollo de estos principios en la presente Ley y en los trminos que ella establece debe perseguir la reparacin moral, poltica y jurdica de las vctimas, expresin a su vez de la solidaridad debida con ellas y sus familias, atendiendo al dao sufrido y a su mejor y ms pronta recuperacin.

Porque, cuando el terrorismo golpea a las sociedades democrticas, causa vctimas para destruir al Estado y a sus instituciones, afectando a la convivencia en paz y en libertad,en este sentido, el terrorismo, ms que otros delitos violentos, supone la cosificacin de las personas, a las que pretende privar de su humanidad. Ciudadanos y representantes polticos, miembros de los Cuerpos y Fuerzas de la Seguridad del Estado y de las Fuerzas Armadas, hombres y mujeres, nios y mayores, son utilizados, de forma indiscriminada o selectiva, como medios para fines ideolgicos, religiosos o identitarios imposibles e indeseables; el uso mismo de la violencia para imponer ideas en democracia envenena definitivamente stas y convierte, medios y fines, en un todo incompatible con la libertad, el pluralismo y la democracia.

Esta Ley asume igualmente una idea relativamente novedosa, que impregna todo su articulado y es que las vctimas del terrorismo son, en efecto, vctimas de violaciones de derechos humanos. Esta tesis refuerza sin duda el estatus normativo de la vctima, vinculando sus derechos a los valores constitucionales y universales de las sociedades abiertas y democrticas y sealando correlativamente obligaciones jurdicas vinculantes para el Estado que aseguran la adecuada compensacin de quienes han sufrido el terrorismo.

Este esfuerzo y compromiso colectivo, plasmado en la presente Ley, se concreta en el reconocimiento y en el apoyo integral a las vctimas del terrorismo que supone asimismo un aumento, tambin cualitativo, de las ayudas, prestaciones y honores a los que tienen derecho aqullas.

La Ley se inspira igualmente en el principio de igualdad, estableciendo criterios que garanticen un trato ms equitativo en orden a la compensacin, evitando en todo caso respuestas desiguales ante supuestos similares. Al mismo tiempo, completa la regla general de la territorialidad a los efectos del reconocimiento subjetivo de la condicin de vctima con el principio de la ciudadana. La incorporacin normativa de este principio lleva a proteger tambin a los espaoles que sufran atentados terroristas fuera de Espaa y de la Unin Europea con independencia de que stos vayan dirigidos o no contra intereses espaoles, sean realizados por bandas que operen habitualmente en Espaa o afecten a operaciones de paz y de seguridad en el exterior.

Los principios de respeto, justicia y solidaridad son los que justifican que se haya reunido en un cuerpo normativo la plural legislacin existente con anterioridad y que se vino aprobando desde los orgenes de nuestra democracia para dar respuesta a las necesidades de vctimas y familiares.

Esta Ley integral articulada bajo el principio de constituir un cuerpo legal unitario regula de manera unificada las prestaciones y ayudas econmicas directas y todas aquellas que permitan que la incorporacin a la vida familiar, social o laboral se realice en las mejores y ptimas condiciones posibles. Sin perjuicio de que, en determinados aspectos y una vez formulado el reconocimiento de los derechos, deba acudir para su adecuada ejecucin a su complementacin con otros instrumentos normativos y especialmente en aquellos supuestos en que es necesario contar con las diferentes Administraciones Pblicas que ejercen competencias sobre materias especficas; respecto de quienes fallecieron y sus familiares, quienes sufrieron en su integridad, o en aspectos como los de sanidad, vivienda o empleo.

La dignidad de la sociedad se mide tambin por la dignidad con la que ampara y protege a quienes han sido vctimas de las acciones del terrorismo. Por ello constituye un eje fundamental de la Ley la defensa de la dignidad y el respeto a la memoria de quienes fsica o psicolgicamente, sufrieron los daos directos y a sus familias.

La prohibicin de que en los lugares pblicos se haga ostentacin mediante smbolos, monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltacin o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo o de los terroristas se complementa con otras medidas de respeto que se incorporan en relacin con el tratamiento que los medios de comunicacin hagan de las imgenes de personas y familias.

En esta Ley se han mantenido, actualizndolos, todos aquellos aspectos que han estado presentes en la normativa hasta ahora vigente, a la vez que se han incorporado nuevas medidas que responden a propuestas puestas de manifiesto por los colectivos de representacin y defensa de las vctimas, y a la necesidad de dar respuesta a nuevas manifestaciones transnacionales del terrorismo o a la participacin espaola en operaciones internacionales de paz y seguridad.

Esta concepcin integral de la atencin a las vctimas del terrorismo no sera completa si solo se hubiera proyectado hacia el futuro. Por ello la Ley contempla su aplicacin retroactiva a todos los actos acaecidos a partir de 1 de enero de 1960 y abre su aplicacin retroactiva para quienes en aplicacin de la legislacin anterior hayan podido recibir en concepto de ayudas o indemnizaciones cuantas inferiores a las que la presente Ley establece.

II

El ttulo primero se inicia definiendo el objeto y finalidad de la Ley desde la perspectiva de la proteccin integral de las vctimas de terrorismo, destacando de manera expresa la defensa de la dignidad de las vctimas, incorporando junto a los destinatarios de la misma una nueva figura, la de los amenazados, y, en cuanto al mbito temporal, sealando que su aplicacin se extiende a los sucesos acaecidos desde el 1 de enero de 1960.

El ttulo segundo incorpora las medidas que, por su carcter general e inmediato, han de ponerse en prctica ante la situacin de atentado terrorista. Parte de la necesaria colaboracin y cooperacin de todas las Administraciones Pblicas de manera que los medios de que todas y cada una de ellas disponen, se pongan al servicio de las vctimas y las personas afectadas de manera que reciban y dispongan de atencin personalizada para poder hacer efectivos sus derechos.

El ttulo tercero, dedicado a los derechos y prestaciones, se inicia con la enumeracin y definicin de los distintos destinatarios de esta Ley a la vez que se mantienen las previsiones ya existentes en la normativa anterior sobre su rgimen jurdico, sistema de compatibilidad y tratamiento fiscal. A continuacin se incorporan las reglas relativas a los abonos por causa de fallecimiento, las personas beneficiarias y el orden de prelacin de las mismas. Se regulan, con remisin expresa a los Anexos de la Ley, las prestaciones y ayudas por los daos personales correspondientes. Se contempla la necesaria adecuacin en relacin con las cargas familiares.

Es en este ttulo donde se incorpora alguna de las principales innovaciones de esta Ley.

En primer lugar se ha procedido a unificar en esta Ley las prestaciones que hasta el momento actual venan reguladas de manera diferenciada en las leyes anteriores, a la vez que se ha incrementado su importe. Se mantiene el principio de asuncin por parte del Estado del abono de las indemnizaciones fijadas en sentencia firme en concepto de responsabilidad civil sealando una cuanta especfica para los supuestos de fallecimiento, gran invalidez, invalidez en sus diferentes grados y lesiones no invalidantes, de manera que todas las vctimas tengan garantizado un mismo trato indemnizatorio, evitando con ello posibles diferencias de trato econmico ante situaciones iguales. Todo ello sin perjuicio de que las vctimas conservan el ejercicio de acciones civiles para poder reclamar a los responsables de los delitos las diferencias que se puedan derivar en el supuesto de que las indemnizaciones fijadas pudieran ser superiores a las asumidas por el Estado.

En segundo lugar se ha regulado expresamente el sistema indemnizatorio para los supuestos de ayudas excepcionales por daos sufridos en el extranjero. Regulacin que estaba pendiente de desarrollo y que haba constituido una de las demandas de las diferentes asociaciones de vctimas. Para configurar estas ayudas excepcionales y en atencin a su naturaleza se han tenido en cuenta los criterios generales que son de aplicacin en otros mbitos de la actividad indemnizatoria de la Administracin. As se ha fijado la cuanta del cincuenta por ciento para quienes tengan su residencia habitual en el pas en que se produzcan los daos; y un cuarenta por ciento para quienes no tengan su residencia habitual en el pas en que se produzca la accin terrorista.

A continuacin se han incorporado los diferentes artculos en los que se configuran las diferentes indemnizaciones por daos de carcter material, daos sufridos en viviendas y vehculos, en establecimientos mercantiles e industriales y en sedes de organizaciones y partidos polticos.

Respecto del procedimiento de solicitud y tramitacin de las ayudas e indemnizaciones se mantiene la competencia en el Ministerio del Interior y se adoptan algunas medidas para simplificar la tramitacin y garantizar la participacin y presencia de este Ministerio en otros rganos que puedan intervenir y en particular, siempre que as lo autoricen los interesados, para poder recabar informacin de los Tribunales sobre documentos, informes y otros datos que obren en su poder y que puedan resultar de inters para resolver los expedientes.

En el ttulo cuarto se configura ya de manera integral todo el conjunto de medidas que bajo la denominacin de rgimen de proteccin social tienen como finalidad atender las necesidades de todo tipo que a lo largo de la vida se generan para quienes se han visto afectados por la accin terrorista.

Respecto de las necesidades de atencin sanitaria se incorpora la previsin de formacin especializada de los profesionales sanitarios para abordar la atencin y tratamiento de las vctimas, en los planes nacionales de salud se incorporar un plan de atencin integrada e integral para la atencin de las mismas y el Sistema Nacional de Salud deber prever en el rgimen especfico al que se refieren los apartados anteriores la prestacin de atencin psicolgica, psicopedaggica y, en su caso, psiquitrica, a las personas comprendidas en el mbito de aplicacin de la Ley.

De manera complementaria y adicional se regulan las ayudas para financiar tratamientos mdicos, prtesis e intervenciones quirrgicas y gastos mdicos en las cuantas que puedan no estar cubiertas por los respectivos sistemas de previsin a los que las vctimas estn acogidas.

Para atender las necesidades que se producen como consecuencia de los efectos que las acciones terroristas producen en la vida se garantiza la posibilidad de movilidad geogrfica y funcional, la reordenacin de los tiempos de trabajo y se contempla la obligatoriedad de que los planes de polticas activas de empleo contemplen un apartado dirigido a las vctimas en condiciones adecuadas a sus necesidades fsicas o psquicas.

Estas medidas permitirn a quienes hayan sufrido la accin terrorista no solo poder continuar con sus actividades profesionales sino adquirir nuevas formaciones para incorporarse en condiciones de calidad a la vida laboral.

Se contempla la posibilidad de que por parte del Ministerio del Interior y atendiendo a situaciones de especial necesidad personal o familiar se puedan otorgar ayudas extraordinarias. Si bien la Ley en su conjunto ofrece todo un sistema de garanta de apoyo y ayuda, se ha considerado necesario dotar a la Administracin de un instrumento complementario para poder atender a quienes se puedan encontrar en estas situaciones especiales.

Se incorporan previsiones relativas a la posibilidad de ejercer derecho de preferencia de acceso a vivienda tanto en rgimen de adquisicin como de alquiler para quienes puedan necesitar, como resultado o secuelas de la accin terrorista, cambiar de vivienda o lugar de residencia.

En el mbito educativo se regulan las exenciones de tasas acadmicas, sistemas de becas y apoyo dentro del sistema educativo, junto a la adaptacin de los sistemas de enseanza.

Se completa con la previsin de que a los extranjeros que en Espaa sean vctimas de terrorismo se tenga en cuenta esta condicin para la concesin de nacionalidad por carta de naturaleza.

El captulo sptimo de este ttulo cuarto es reflejo de la importancia que la defensa y proteccin de la dignidad de las personas vctimas de terrorismo tiene para la sociedad en su conjunto. La proteccin de su intimidad, la declaracin de ilicitud de aquella publicidad que pretenda dar un trato despectivo o vejatorio a las vctimas o familiares, la necesidad de que por parte de los medios de comunicacin se evite todo uso desproporcionado o inadecuado de las imgenes personales de las mismas y la realizacin por parte de las Administraciones Pblicas de campaas y actividades de formacin y sensibilizacin de los profesionales de la informacin, darn como resultado que la dignidad de las vctimas sea respetada en todo momento.

El ttulo quinto est destinado en su totalidad a proteger a las vctimas y a sus familias en el mbito procesal. Junto con las ayudas para una asistencia jurdica especializada, se consagra el denominado principio de mnima lesividad en el desarrollo del proceso penal, de manera que no se vean obligadas a mantener contacto directo visual con los imputados o acusados y que eviten las manifestaciones, signos o declaraciones que puedan denigrarlas u ofenderlas, para prevenir una victimizacin secundaria.

En todo caso los Jueces y Tribunales velarn y protegern la dignidad y la seguridad personal de las vctimas en la tramitacin del proceso, evitando la utilizacin de signos e inscripciones que puedan ofenderles o denigrarles.

Dentro de estas medidas se contempla la implementacin y consolidacin de una oficina de apoyo a las vctimas en la Audiencia Nacional y de oficinas especficas para la atencin personalizada atendidas por personal especializado.

La defensa de la dignidad de las personas vctimas de acciones terroristas se complementa en el ttulo sexto con el necesario reconocimiento pblico y social a travs del sistema de condecoraciones y honores pblicos, La Real Orden de Reconocimiento de las vctimas del terrorismo que se otorga, con el grado de Gran Cruz, a ttulo pstumo, a los fallecidos en actos terroristas, y, con el grado de Encomienda, a los heridos y secuestrados en actos terroristas.

Adems se establece que los poderes pblicos impulsarn medidas activas para asegurar, dentro del mximo respeto y dignificacin de las vctimas, y mediante actos, smbolos, monumentos o elementos anlogos, el recuerdo y el reconocimiento de las vctimas del terrorismo y que velarn por destacar la presencia protocolaria y el reconocimiento social de las vctimas del terrorismo en todos los actos institucionales que les afecten.

El contenido del ttulo sptimo responde a la necesidad de proteger la dignidad pblica de las vctimas. El Estado asume esta proteccin y se declara expresamente la prohibicin de exhibir pblicamente monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltacin o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo o de los terroristas. Para ello las Administraciones Pblicas debern adoptar las medidas para impedir o para hacer cesar estas situaciones.

El Ministerio del Interior asume la obligacin de mantener los adecuados cauces de informacin, apoyo y participacin, as como la elaboracin de informes y la presentacin de iniciativas y propuestas normativas que resulten necesarias a la vista de la experiencia y de las necesidades que se vayan poniendo de manifiesto para mantener debidamente actualizadas las necesidades de apoyo y proteccin a las personas vctimas del terrorismo.

La esencial labor desarrollada por las asociaciones y organizaciones de vctimas justifica que, dentro de este ttulo, se dedique un captulo especial al fomento del movimiento asociativo.

Adems de formular una declaracin expresa al reconocimiento pblico y social de su labor se recoge la actividad subvencional destinada a las asociaciones cuyo objeto sea la representacin y defensa de las vctimas.

En cumplimiento de esos principios y de configurar un marco legislativo que d respuesta a la necesidad de proteccin integral para las vctimas del terrorismo no solo se han establecido previsiones hacia el futuro. Por ello la Ley en su disposicin adicional primera aborda la aplicacin retroactiva para quienes a lo largo del tiempo hubieran podido recibir indemnizaciones o compensaciones econmicas inferiores a las contempladas en el anexo I de la norma.

En las disposiciones adicionales se complementan las previsiones sustantivas incorporadas en el texto, con la creacin en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud de una Comisin de Anlisis del tratamiento de las vctimas del terrorismo, la incorporacin dentro del Plan de Empleo del Reino de Espaa de un plan propio para quienes siendo vctimas del terrorismo se encuentren inscritos como demandantes de empleo, la adopcin de medidas sobre el acceso de las vctimas al empleo pblico, y la actualizacin de las indemnizaciones por daos.

Ttulo primero. Disposiciones Generales.

Ttulo segundo. Actuaciones inmediatas tras un atentado terrorista para la proteccin de las vctimas.

Ttulo tercero. De los derechos y prestaciones derivados de actos de terrorismo.

Captulo primero. Disposiciones generales.

Captulo segundo. Abono de daos.

Seccin primera. Daos personales.

Seccin segunda. Daos materiales.

Captulo tercero. Procedimiento y competencia.

Ttulo cuarto. Rgimen de proteccin social.

Captulo primero. Asistencia sanitaria.

Captulo segundo. Derechos laborales y de Seguridad Social.

Captulo tercero. Ayudas extraordinarias a las vctimas del terrorismo.

Captulo cuarto. Actuaciones en materia de vivienda.

Captulo quinto. Ayudas educativas.

Captulo sexto. Derechos especficos de los extranjeros vctimas del terrorismo.

Captulo sptimo. Derechos de los afectados en el tratamiento de las informaciones correspondientes a las vctimas del terrorismo.

Ttulo quinto. Proteccin de las vctimas en los procesos judiciales.

Captulo nico. Principios rectores y derechos procesales de la vctima de terrorismo ante los Tribunales espaoles.

Ttulo sexto. Reconocimientos y condecoraciones.

Ttulo sptimo. Tutela institucional y apoyo a las vctimas del terrorismo.

Captulo primero. Tutela institucional.

Captulo segundo. Fomento del movimiento asociativo y fundacional.

Anexo I. Indemnizaciones por daos fsicos y psicofsicos. Baremos.

Disposiciones adicionales.

Disposicin adicional primera. Aplicacin retroactiva a quienes ya hubieran obtenido ayudas e indemnizaciones.

Disposicin adicional segunda. Comisin de Anlisis del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

Disposicin adicional tercera. Plan de Empleo.

Disposicin adicional cuarta. Medidas de empleo pblico.

Disposicin adicional quinta. Competencias autonmicas.

Disposicin adicional sexta. Carta Europea de Derechos de las Vctimas del Terrorismo.

Disposicin adicional sptima. Actualizacin de las indemnizaciones por daos fsicos y psicofsicos.

Disposicin derogatoria nica.

Disposiciones finales.

Disposicin final primera. Desarrollo reglamentario.

Disposicin final segunda. Consideracin de las asociaciones de vctimas como asociaciones de utilidad pblica.

Disposicin final tercera. Consignacin econmico-presupuestaria de la Ley.

Disposicin final cuarta. Normas supletorias.

Disposicin final quinta. Entrada en vigor.

TTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artculo 1. Objeto.

La presente Ley tiene por objeto el reconocimiento de las vctimas del terrorismo y el establecimiento de un marco de indemnizaciones, ayudas, prestaciones, garantas y condecoraciones con la finalidad de reconocer y atenuar, en la medida de lo posible, las consecuencias de la accin terrorista en las vctimas y en sus familias o en las personas que hayan sufrido daos como consecuencia de la accin terrorista.

Artculo 2. Valores y finalidad.

1. Esta Ley se fundamenta en los valores de memoria, dignidad, justicia y verdad. Memoria, que salvaguarde y mantenga vivo su reconocimiento social y poltico. Dignidad, simbolizando en las vctimas la defensa del Estado democrtico de Derecho frente a la amenaza terrorista. Justicia, para resarcir a las vctimas, evitar situaciones de desamparo y condenar a los terroristas. Verdad, al poner de manifiesto la violacin de los derechos humanos que suponen las acciones terroristas.

2. Para el cumplimiento de estos valores la Ley articula un conjunto integral de medidas que corresponde impulsar e implantar a la Administracin General del Estado y a las Administraciones Pblicas competentes, encaminadas a conseguir los siguientes fines:

a) Reconocer y promover la dignidad y la memoria de las vctimas del terrorismo y asegurar la reparacin efectiva y la justicia con las mismas.

b) Dotar de una proteccin integral a las vctimas del terrorismo.

c) Resarcir a las vctimas, mediante las indemnizaciones y ayudas previstas en la Ley, de los daos personales y materiales sufridos como consecuencia de la accin terrorista.

d) Fortalecer las medidas de atencin a las vctimas del terrorismo, dotando a los poderes pblicos de instrumentos eficaces en el mbito de la proteccin social, los servicios sociales y sanitarios.

e) Reconocer los derechos de las vctimas del terrorismo, exigibles ante las Administraciones Pblicas, y as asegurar un acceso rpido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto.

f) Establecer mecanismos de flexibilizacin y coordinacin en el conjunto de trmites administrativos que son precisos para obtener las indemnizaciones, ayudas y prestaciones previstas en la Ley.

g) Establecer un marco especfico en el tratamiento procesal de las vctimas, especialmente en los procesos en los que sean partes. Promover la colaboracin y participacin de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actan contra el terrorismo.

h) Reconocer y apoyar a las personas objeto de amenazas y coacciones de los grupos terroristas y de su entorno.

Artculo 3. Destinatarios.

La presente Ley ser de aplicacin, a quienes sufran la accin terrorista, definida sta como la llevada a cabo por personas integradas en organizaciones o grupos criminales que tengan por finalidad o por objeto subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pblica.

Ser aplicable igualmente, a las vctimas de los actos dirigidos a alcanzar los fines sealados en el prrafo precedente aun cuando sus responsables no sean personas integradas en dichas organizaciones o grupos criminales.

Artculo 4. Titulares de los derechos y prestaciones.

Se considerar titulares de los derechos y prestaciones regulados en la presente Ley a:

1. Las personas fallecidas o que han sufrido daos fsicos y/o psquicos como consecuencia de la actividad terrorista y que, a los efectos de la Ley, son consideradas como vctimas del terrorismo.

2. Las personas que, en el supuesto de fallecimiento de la vctima al que se refiere el apartado anterior, y en los trminos y con el orden de preferencia establecido en el artculo 17 de esta Ley, puedan ser titulares de las ayudas o de los derechos por razn del parentesco, o la convivencia o relacin de dependencia con la persona fallecida.

3. Las personas que sufran daos materiales, cuando, conforme a este artculo, no tengan la consideracin de vctima de actos de terrorismo o de titular de ayudas, prestaciones o indemnizaciones.

4. Los trminos del reconocimiento de la consideracin de vctima o destinatario de las ayudas, prestaciones, e indemnizaciones sern los que establezca para cada una de las situaciones esta Ley y sus normas reglamentarias de desarrollo.

5. En el supuesto de fallecimiento, sern considerados como vctimas del terrorismo, exclusivamente a efectos honorficos, de respeto, dignidad y defensa pblica de estos valores, el cnyuge del fallecido o persona ligada con l por anloga relacin de afectividad, los padres y los hijos, abuelos y hermanos. Todo ello sin perjuicio de los derechos, prestaciones, indemnizaciones y dems ayudas que les otorga la presente Ley.

6. Los familiares de los fallecidos hasta el segundo grado de consanguinidad, y las personas que, habiendo sido objeto de atentados terroristas, hayan resultado ilesas, a efectos honorficos y de condecoraciones, sin derecho a compensacin econmica alguna.

Artculo 5. De los amenazados.

Las personas que acrediten sufrir situaciones de amenazas o coacciones directas y reiteradas, procedentes de organizaciones terroristas, sern objeto de especial atencin, en el marco de sus competencias, por parte de las Administraciones Pblicas.

Artculo 6. mbito de aplicacin territorial.

1. El rgimen de las ayudas, prestaciones e indemnizaciones se aplicar cuando los hechos se cometan en territorio espaol o bajo jurisdiccin espaola.

2. Asimismo, ser aplicable:

a) A las personas de nacionalidad espaola que sean vctimas en el extranjero de grupos que operen habitualmente en Espaa o de acciones terroristas dirigidas a atentar contra el Estado espaol o los intereses espaoles.

b) A los participantes en operaciones de paz y seguridad que formen parte de los contingentes de Espaa en el exterior y sean objeto de un atentado terrorista.

3. Los espaoles vctimas de acciones terroristas cometidas fuera del territorio nacional, no comprendidos en los apartados precedentes, tendrn derecho a percibir exclusivamente la ayuda fijada en el artculo 22 de esta Ley.

Artculo 7. mbito de aplicacin temporal.

Las disposiciones de la presente Ley sern de aplicacin a los hechos que se hubieran cometido desde el 1 de enero de 1960.

TTULO SEGUNDO
Actuaciones inmediatas tras un atentado terrorista para la proteccin de las vctimas
Artculo 8. Informacin general.

1. Las Administraciones Pblicas competentes establecern protocolos generales de actuacin para situaciones derivadas de un atentado terrorista, con la finalidad de prever las acciones inmediatas a ejecutar y los servicios u organismos llamados a intervenir en estos casos. La Administracin General del Estado establecer los criterios para la elaboracin de los citados protocolos.

2. Para conseguir la mxima eficacia en la ejecucin de los protocolos, las Administraciones Pblicas establecern mecanismos especficos de coordinacin y cooperacin que comprendern la creacin de unidades o puestos de mando integrados por los responsables de los distintos servicios o intervinientes.

3. Corresponde al Ministerio del Interior, a travs de los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autnomas, y de la Direccin General responsable de la asistencia a las vctimas del terrorismo, impulsar y coordinar la elaboracin, ejecucin y difusin de los protocolos.

Artculo 9. Asistencia psicolgica y psiquitrica inmediata.

1. Las personas afectadas por un atentado terrorista recibirn, con carcter inmediato y gratuito, la asistencia psicolgica y psiquitrica necesaria para cubrir sus necesidades de atencin, durante todo el tiempo que precisen de acuerdo con los criterios mdicos y buscando en todo caso su mejor y ms pronta recuperacin.

2. A tales efectos, la Administracin General del Estado podr establecer los oportunos conciertos con otras Administraciones Pblicas o con entidades privadas para articular un sistema inmediato, coordinado y suficientemente organizado capaz de paliar, en el plano individual, los efectos de un atentado terrorista.

Artculo 10. Asistencia sanitaria de urgencia.

1. La asistencia sanitaria de urgencia ser prestada por los rganos y entidades que componen el Sistema Nacional de Salud en las condiciones que establezcan sus normas de funcionamiento.

2. Las autoridades sanitarias y el personal de direccin de los establecimientos sanitarios adoptarn procedimientos especficos dirigidos a localizar e informar a los familiares de las vctimas sobre el estado de stas. El Ministerio del Interior ser el habilitado para recabar de las citadas autoridades y centros sanitarios cuanta informacin precise para la debida prestacin de los servicios de atencin a las vctimas del terrorismo y a sus familiares.

3. La asistencia a la que se refiere este artculo incluir, en el rgimen que reglamentariamente se determine, la asistencia psicolgica y psiquitrica que sea necesaria hasta que se adquiera este derecho de conformidad con lo que se indica en los artculos siguientes.

Artculo 11. Informacin especfica sobre ayudas, indemnizaciones y dems prestaciones.

1. Las Administraciones Pblicas competentes establecern, de forma coordinada, en sus respectivos mbitos y competencias, los mecanismos de informacin que permitan conocer los procedimientos para obtener las ayudas, indemnizaciones y prestaciones que correspondan.

2. Dicha informacin ser personalizada y adaptada a las caractersticas y a las situaciones que padecen las personas afectadas por un atentado terrorista, y estar orientada al reconocimiento del rgimen previsto en esta Ley y al conjunto de prestaciones que se contienen en el Sistema Nacional de Salud.

3. Se articularn los medios necesarios para que las vctimas del terrorismo que, por sus circunstancias personales y sociales, puedan tener una mayor dificultad para acceder ntegramente a la informacin, tengan asegurado el ejercicio efectivo de este derecho. A tal efecto, se garantizar que las personas a las que la presente Ley es de aplicacin, y que se encuentren en una situacin de discapacidad, o desconocimiento del idioma, puedan obtener, de forma inteligible, informacin sobre sus derechos y sobre los recursos existentes para cubrir sus necesidades.

Artculo 12. Gastos de sepelio e inhumacin.

La Administracin General del Estado, en los trminos que reglamentariamente se establezcan, asumir los gastos de traslado, sepelio e inhumacin y/o incineracin de las personas que resulten fallecidas como consecuencia de un atentado terrorista.

Artculo 13. Asistencia consular y diplomtica.

La Administracin General del Estado en el exterior establecer instrumentos de atencin especfica a las vctimas espaolas mediante asistencia consular y diplomtica efectiva en las situaciones de atentado terrorista en el extranjero.

TTULO TERCERO
De los derechos y prestaciones derivados de actos de terrorismo
CAPTULO PRIMERO
Disposiciones generales
Artculo 14. Delimitacin de los derechos y prestaciones.

1. Las personas comprendidas en el artculo 4, apartado primero, tendrn los derechos y las prestaciones establecidas en esta Ley por los daos personales que les hayan causado las acciones terroristas. Si como consecuencia de la actividad delictiva la vctima hubiese fallecido, los titulares sern las personas que se indican en el artculo 4 apartado segundo de la Ley.

2. Las personas comprendidas en el artculo 4, apartados 1 y 2, tendrn, asimismo, derecho a que el Estado les abone la cantidad impuesta a los condenados en concepto de responsabilidad civil en virtud de sentencia firme por terrorismo, en los trminos previstos en esta Ley.

3. Las personas comprendidas en el artculo 4, apartados 1 y 2, tendrn derecho a obtener las prestaciones de los regmenes pblicos de proteccin social con el alcance y rgimen especfico establecidos en la presente Ley.

4. Las personas comprendidas en el artculo 4, apartado 3, tendrn derecho a percibir las indemnizaciones por daos materiales previstas en esta Ley.

5. Las pensiones extraordinarias derivadas de actos terroristas se regirn por las disposiciones especficas del Sistema de la Seguridad Social o del Rgimen de Clases Pasivas del Estado que corresponda.

Artculo 15. Rgimen jurdico de las ayudas.

1. Las ayudas e indemnizaciones establecidas en esta Ley son compatibles con las pensiones, ayudas y compensaciones que pudieran reconocerse en ella o en cualquier otra que pudieran dictar las Comunidades Autnomas.

2. Asimismo, son compatibles con la exigencia de responsabilidad patrimonial al Estado por el normal o anormal funcionamiento de la Administracin, si bien aqullas se imputarn a la indemnizacin que pudiera reconocerse por este concepto, detrayndose de la misma.

Artculo 16. Exenciones tributarias.

Las cantidades percibidas como consecuencia de las indemnizaciones, resarcimientos o ayudas de carcter econmico a que se refiere la presente Ley estarn exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas y de cualquier impuesto personal que pudiera recaer sobre las mismas.

CAPTULO SEGUNDO
Abono de daos
Seccin 1. Daos personales
Artculo 17. Resarcimiento por fallecimiento.

1. En el caso de fallecimiento se abonarn las cantidades dispuestas en el anexo I.

2. Los titulares de este derecho, de conformidad con el artculo 4, apartado 2, sern, por orden de preferencia, las siguientes personas:

a) El cnyuge de la persona fallecida, si no estuvieren legalmente separados, o la persona que hubiere venido conviviendo con ella de forma permanente con anloga relacin de afectividad al menos los dos aos inmediatamente anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieren tenido descendencia en comn, en cuyo caso bastar la mera convivencia; y los hijos de la persona fallecida.

b) En caso de inexistencia de los anteriores, sern destinatarios, por orden sucesivo y excluyente, los padres, los nietos, los hermanos y los abuelos de la persona fallecida.

c) En defecto de los anteriores, los hijos de la persona conviviente y los menores en acogimiento familiar permanente de la persona fallecida, cuando dependieren econmicamente de ella.

3. En el caso de la concurrencia prevista en el apartado a), la ayuda se repartir por mitades, correspondiendo una al cnyuge o conviviente y la otra a los hijos, distribuyndose esta ltima entre ellos por partes iguales.

4. En los supuestos de concurrencia de personas con el mismo parentesco, la cuanta total se repartir entre ellas por partes iguales.

Artculo 18. Resarcimiento por daos personales.

Las vctimas del terrorismo que como consecuencia del delito sufran daos personales tendrn derecho a las indemnizaciones fijadas en las tablas I, II y III del anexo de esta Ley para los distintos grados de incapacidad, lesiones no invalidantes y secuestro.

Artculo 19. Adecuacin en funcin de las cargas familiares.

Las personas a que se refiere el artculo 17, y las vctimas afectadas con un grado de incapacidad permanente, tendrn derecho a que la ayuda que perciban sea incrementada en una cantidad fija de veinte mensualidades del indicador pblico de renta de efectos mltiples (IPREM) que corresponda, en razn de cada uno de los hijos, o menores acogidos que dependiesen econmicamente de la vctima.

Artculo 20. Abono por el Estado de la responsabilidad civil fijada en sentencia. Carcter extraordinario del abono.

1. El Estado asumir con carcter extraordinario el abono de las indemnizaciones correspondientes, impuestas en sentencia firme en concepto de responsabilidad civil, por la comisin de alguno de los delitos comprendidos en el mbito de aplicacin de esta Ley.

2. Las indemnizaciones se extendern nicamente a los daos fsicos o psquicos.

3. La indemnizacin se abonar a las vctimas de terrorismo o a las personas indicadas en el artculo 17 y, en defecto de ellas, a sus herederos o a quien se fije como destinatarios en la resolucin judicial que se adopte.

4. La cantidad total a abonar por el Estado, en concepto de responsabilidad civil fijada en sentencia, no podr exceder de las siguientes cuantas:

– Fallecimiento: 500.000 euros.

– Gran invalidez: 750.000 euros.

– Incapacidad permanente absoluta: 300.000 euros.

– Incapacidad permanente total: 200.000 euros.

– Incapacidad permanente parcial: 125.000 euros.

– Lesiones no invalidantes: 100.000 euros.

5. Cuando las personas a las que se refiere el apartado 3 hubieren percibido la ayuda por daos personales, conforme a lo previsto en el artculo 17 de esta Ley, la cuanta del abono extraordinario por parte del Estado se extender nicamente a la diferencia existente entre la cantidad fijada como responsabilidad civil en sentencia firme, con los lmites del apartado anterior, y la cantidad percibida como ayuda por los daos personales.

6. En el supuesto de que la cuanta de la indemnizacin fijada en sentencia firme sea igual o inferior a la percibida como ayuda por daos personales, la Administracin no desarrollar ninguna actividad.

7. En ningn caso el abono previsto en este artculo supone la asuncin de responsabilidad civil subsidiaria por parte del Estado en los procesos penales.

Artculo 21. Subrogacin del Estado en las acciones de responsabilidad civil.

1. El Estado se subrogar en las acciones que los perceptores de las indemnizaciones y prestaciones recibidas en aplicacin de esta Ley puedan ejercer contra los responsables de los actos de terrorismo hasta el lmite de la indemnizacin satisfecha por el Estado. A estos efectos debern, con carcter previo a la percepcin de las ayudas y prestaciones, transmitir al Estado las acciones civiles correspondientes.

2. Los destinatarios de las indemnizaciones y prestaciones por terrorismo a quienes la sentencia judicial hubiera reconocido derechos de resarcimiento por un importe superior al recibido del Estado en aplicacin de esta Ley, conservarn la accin civil para reclamar la diferencia a los responsables de la accin delictiva causante de los daos.

Artculo 22. Ayudas excepcionales por daos sufridos en el extranjero.

1. Los espaoles vctimas de acciones terroristas cometidas fuera del territorio nacional a los que se refiere el artculo 6.3, tendrn derecho a percibir, exclusivamente una ayuda econmica, en los trminos que a continuacin se establecen:

Si el espaol tiene su residencia habitual en el pas en que se produzca la accin terrorista percibir el 50% de las cantidades fijadas en la tabla I del anexo.

Si el espaol no tuviera su residencia habitual en el pas en que se produzca la accin terrorista percibir el 40% de las cantidades fijadas en la tabla I del anexo.

2. La ayuda econmica tendr carcter subsidiario de las compensaciones que puedan ser reconocidas a la vctima por el Estado donde se haya producido el atentado. Si la indemnizacin a percibir en el exterior fuera inferior a la establecida en Espaa, el Estado espaol abonar la diferencia.

3. En caso de concurrencia de ayudas o compensaciones, el Estado podr abonar inicialmente el importe total calculado conforme al apartado 1 de este artculo, en calidad de pago a cuenta de la liquidacin final correspondiente. En sta se considerarn los ingresos percibidos por la vctima en el extranjero y se sealar, en su caso, la obligacin de reintegro al Estado de la cantidad que proceda.

4. El reconocimiento de esta ayuda no producir efectos en otras legislaciones especficas.

Seccin 2. Daos materiales
Artculo 23. Alcance de la indemnizacin por daos materiales.

1. Los daos materiales causados como consecuencia o con ocasin de los delitos de terrorismo a quienes no fueren responsables de los mismos, sern resarcibles por la Administracin General del Estado en los trminos previstos en el presente artculo y los artculos siguientes.

2. La indemnizacin comprender los daos causados en la vivienda de las personas fsicas, en establecimientos mercantiles, industriales o elementos productivos de las empresas, en las sedes de partidos polticos, sindicatos u organizaciones sociales y los producidos en vehculos.

La Administracin General del Estado podr encargar la reparacin de los inmuebles referidos en el apartado anterior a empresas constructoras, abonando directamente a stas su importe.

Los contratos administrativos a que den lugar las obras de reparacin se tramitarn por el procedimiento de emergencia previsto en la Legislacin de Contratos de las Administraciones Pblicas.

Sin perjuicio de ello, la Administracin General del Estado podr celebrar convenios con otras Administraciones Pblicas, al objeto de que stas asuman la ejecucin de las obras de reparacin, abonando aqulla su importe.

Los damnificados que se hubieran beneficiado de obras de reparacin realizadas por la Administracin General del Estado decaern en su derecho a reclamar al Consorcio de Compensacin de Seguros las indemnizaciones correspondientes a los daos reparados en los bienes asegurados, las cuales sern percibidas por la empresa ejecutora de las obras, o por la Administracin actuante mediante convenio, conforme a las peritaciones oficiales de dicho Consorcio.

3. Los resarcimientos por daos materiales tendrn carcter subsidiario respecto de los reconocidos por las Administraciones Pblicas o derivados de contratos de seguro, reducindose en la cantidad recibida por estos conceptos.

4. No sern resarcibles los daos causados en bienes de titularidad pblica.

Artculo 24. Daos en las viviendas.

1. En las viviendas habituales de las personas fsicas sern indemnizables los daos sufridos en la estructura, instalaciones y mobiliario que resulte necesario reponer para que recuperen las condiciones anteriores de habitabilidad, excluyendo los elementos suntuarios. En las viviendas que no tengan el carcter de residencia habitual, el resarcimiento comprender el cincuenta por ciento de los daos, con el lmite por vivienda que se determine reglamentariamente.

2. La Administracin General del Estado podr contribuir a sufragar los gastos que origine el alojamiento provisional de aquellas personas que, como consecuencia de un atentado terrorista, tengan que abandonar temporalmente su vivienda y mientras se efectan las obras de reparacin. A estos efectos, podr celebrar convenios o acuerdos con otras Administraciones Pblicas o con organizaciones especializadas en el auxilio o asistencia a damnificados en situaciones de siniestro o catstrofe.

Artculo 25. Daos en establecimientos mercantiles o industriales.

1. En el caso de establecimientos mercantiles o industriales, el resarcimiento comprender el valor de las reparaciones necesarias para poner nuevamente en funcionamiento dichos establecimientos, incluyendo el mobiliario y equipo siniestrado, con el lmite de indemnizacin que se fije reglamentariamente.

2. Con independencia de ello, la Administracin General del Estado podr acordar, en supuestos excepcionales y, en particular, cuando como consecuencia del acto terrorista quedare interrumpida la actividad de una empresa, con riesgo de prdida de sus puestos de trabajo, subsidiar la concesin de prstamos destinados a la reanudacin de dicha actividad.

3. El subsidio consistir en el abono a la entidad de crdito prestamista de la diferencia existente entre los pagos de amortizacin de capital e intereses al tipo de inters fijado por la entidad prestamista, y los que corresponderan al tipo de inters subsidiado, que se determinar en las normas de desarrollo.

4. Tambin podr celebrar la Administracin General del Estado convenios con entidades de crdito al objeto de que stas establezcan modalidades de crditos a bajo inters, con la finalidad indicada en el prrafo precedente.

Artculo 26. Daos en sedes de partidos polticos, sindicatos y organizaciones sociales.

1. En el caso de sedes de partidos polticos, sindicatos y organizaciones sociales, el resarcimiento comprender el valor de las reparaciones necesarias para que recuperen sus condiciones anteriores de funcionamiento, incluyendo el mobiliario y el equipo siniestrado.

2. Se entendern comprendidos como daos indemnizables de esta naturaleza, los producidos por actos terroristas en las sedes o lugares de culto pertenecientes a confesiones religiosas inscritas.

Artculo 27. Daos en vehculos.

1. Sern resarcibles los daos causados en vehculos particulares as como los sufridos por los destinados al transporte terrestre de personas o mercancas, salvo los de titularidad pblica. Para que proceda la indemnizacin, ser requisito indispensable disponer en el momento del siniestro de pliza vigente del seguro obligatorio del vehculo. Siempre que de acuerdo con la normativa especfica sea exigible dicho seguro.

2. El resarcimiento comprender el importe de los gastos necesarios para su reparacin. En caso de destruccin del vehculo, o cuando la reparacin resulte superior a su valor venal, la indemnizacin ser equivalente al importe de adquisicin en el mercado de un vehculo de similares caractersticas tcnicas y condiciones de uso al siniestrado, con el lmite mximo que se establezca reglamentariamente.

3. El resarcimiento tendr carcter subsidiario respecto de cualesquiera otros reconocidos por las Administraciones Pblicas o derivados de contratos de seguro, reducindose en cuanta igual al valor de dichos resarcimientos o indemnizaciones, de concurrir stos.

CAPTULO III
Procedimiento y competencia
Artculo 28. Procedimiento para la indemnizacin por daos corporales o materiales.

1. El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la indemnizacin por los daos a que se refiere este Ttulo ser tramitado y resuelto por el Ministerio del Interior.

Las solicitudes de los interesados deben cursarse en el plazo mximo de un ao desde que se produjeron los daos. A efectos de plazos, se computa el dao corporal a fecha de alta o consolidacin de secuelas, conforme acredite el Sistema Nacional de Salud. En los supuestos en que, como consecuencia directa de las lesiones, se produjese el fallecimiento, se abrir un nuevo plazo de igual duracin para solicitar el resarcimiento o, en su caso, la diferencia que procediese entre la cuanta satisfecha por tales lesiones y la que correspondiera por fallecimiento. De igual modo se proceder cuando, como consecuencia directa de las lesiones, se produjese una situacin de mayor gravedad a la que corresponda una cantidad superior.

En los casos de daos psicolgicos, el plazo de un ao empezar a contar desde el momento en el que existiera un diagnstico acreditativo de la causalidad de la secuela.

2. Para la calificacin de las lesiones a efectos indemnizatorios ser preceptivo el dictamen emitido por un equipo de valoracin de incapacidades cuya composicin se determinar reglamentariamente segn el sistema sanitario del solicitante de la indemnizacin. En dichos equipos se integrar, en todo caso, un representante del Ministerio del Interior vinculado con la atencin a las vctimas del terrorismo.

La calificacin de las lesiones permanentes no invalidantes podr efectuarse, en su caso, por la Asesora Mdica adscrita a la Unidad Administrativa instructora de los resarcimientos.

3. La tasacin pericial de los daos materiales se realizar por los servicios competentes del Consorcio de Compensacin de Seguros, al que se reintegrar el importe de los costes incurridos en la tasacin de los bienes no cubiertos por contratos de seguros.

4. Las evaluaciones mdicas de las lesiones y las tasaciones periciales de los daos materiales, cuando resulten determinantes para adoptar la resolucin, suspendern el procedimiento hasta su incorporacin al expediente indemnizatorio.

El Ministerio del Interior podr, en el ejercicio de las competencias derivadas de este artculo, recabar los datos sobre los procedimientos de reconocimiento de pensiones extraordinarias por terrorismo relacionados con los solicitantes, que obrasen en los ficheros del Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Direccin General de Costes de Personal y Pensiones Pblicas.

5. Las resoluciones dictadas en los mencionados procedimientos pondrn fin a la va administrativa y podrn ser recurridas potestativamente en reposicin o impugnadas ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo.

6. El plazo mximo para la resolucin del procedimiento es de 12 meses, entendindose estimada la peticin en caso de haber transcurrido el citado plazo sin haberse dictado resolucin expresa.

Artculo 29. Unificacin de los rganos de instruccin.

1. En el Ministerio del Interior existir un nico rgano administrativo al que corresponder la instruccin de todos los expedientes a que se refieren los artculos anteriores.

2. Los documentos de evaluacin de lesiones que pueda realizar cualquier rgano de la Administracin General del Estado vincularn, en lo que a dicha calificacin se refiere, a cualquier otro que, conforme a esta Ley, venga obligado a efectuar dicha evaluacin para el reconocimiento de una ayuda o prestacin, y dispensan a los interesados de la obligacin de someterse a nuevos reconocimientos mdicos para acreditar dicha evaluacin.

3. El citado rgano operar, adems, como ventanilla nica de cualquier otro procedimiento que pudieran iniciar los interesados ante la Administracin General del Estado asumiendo la remisin al rgano competente de las peticiones deducidas y la relacin con el interesado.

Artculo 30. Relacin con los tribunales.

A los efectos de la tramitacin de los procedimientos descritos en los artculos anteriores y con la finalidad de comprobar las situaciones y circunstancias que son precisas para la instruccin de los mismos y de evitar molestias y trmites a los interesados, el Ministerio del Interior podr recabar directamente de los rganos jurisdiccionales los antecedentes, datos o informes que resulten necesarios para la tramitacin de los expedientes cuando los interesados autoricen tal peticin en el curso de los expedientes en los que son parte.

TTULO CUARTO
Rgimen de proteccin social
CAPTULO PRIMERO
Asistencia sanitaria
Artculo 31. Sensibilizacin y tratamiento especifico de las vctimas del terrorismo.

1. Las Administraciones sanitarias, en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, promovern e impulsarn la actuacin de los profesionales sanitarios para la atencin especfica de las vctimas del terrorismo, y propondrn las medidas que estimen necesarias a fin de optimizar la contribucin del sector sanitario en la atencin a las mismas.

2. En particular, se desarrollarn programas de sensibilizacin y formacin continuada del personal sanitario con el fin de mejorar e impulsar el diagnstico, la asistencia coordinada y la rehabilitacin de las vctimas del terrorismo.

3. En los Planes Nacionales de Salud que procedan, se contemplar un apartado de intervencin integral y coordinada en los supuestos de las vctimas del terrorismo.

4. El Sistema Nacional de Salud deber prever en el rgimen especfico al que se refieren los apartados anteriores la prestacin de atencin psicolgica, psicopedaggica y, en su caso, psiquitrica, a las personas comprendidas en el artculo 4, en sus apartados 1 y 2, sin que de ello se derive automticamente derecho alguno en el mbito de la reparacin o de la compensacin econmica.

Artculo 32. Ayudas para tratamientos mdicos y asistencia sanitaria complementaria a la dispensada por el Sistema Nacional de Salud.

1. Las personas a que se refieren el artculo 4 en sus apartados 1 y 2 podrn recibir ayudas especficas destinadas a financiar tratamientos mdicos, prtesis e intervenciones quirrgicas, siempre que se acreditare la necesidad actual de ellos, que tuviesen vinculacin con el atentado terrorista y que no hubieran sido cubiertos bien por un sistema pblico o privado de aseguramiento, bien por el rgimen pblico de resarcimientos o ayudas a las vctimas de actos terroristas.

2. Sern igualmente resarcibles los gastos por tratamientos mdicos, en la cuanta no cubierta por cualquier sistema de previsin al que estas personas estuvieren acogidas.

3. Estas ayudas son complementarias y adicionales a las que se determinan en la presente Ley.

Sern incompatibles con las que establezca, por los mismos conceptos, el sistema pblico sanitario, y no podrn ser indemnizadas cuando la prestacin en cuestin sea cubierta por aqul.

CAPTULO SEGUNDO
Derechos laborales y de Seguridad Social
Artculo 33. Derechos laborales.

Las vctimas del terrorismo a las que se refiere el artculo 4, apartado 1, tendrn derecho, en los trminos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reordenacin de su tiempo de trabajo y a la movilidad geogrfica.

Artculo 34. De las polticas activas de empleo.

Las Administraciones Pblicas competentes establecern una lnea especfica para incluir a las personas a las que se refiere el artculo 4, en sus apartados 1 y 2, en el marco de las polticas activas de empleo, en condiciones que sean compatibles con su situacin fsica y psquica.

Artculo 35. Derechos de los funcionarios y del personal laboral al servicio de las Administraciones Pblicas.

1. Las personas a las que se refiere el artculo 4, en su apartado 1, que tuviesen la condicin de funcionarios pblicos tendrn derecho a la reduccin o a la reordenacin de su tiempo de trabajo y a la movilidad geogrfica de centro de trabajo, en los trminos que se determinen en su legislacin especfica.

2. En el caso de que se ejercite el derecho a la movilidad geogrfica previsto en el apartado anterior, los cnyuges o personas vinculadas por anloga relacin de afectividad con aqullos, tendrn derecho preferente a ocupar un puesto de trabajo igual o similar al que vengan desempeando, si hubiera plaza vacante en la misma localidad.

3. Estos derechos, en la medida en que resulte compatible con su propio rgimen jurdico, sern aplicables, igualmente y en los trminos que establezca su legislacin especfica, al personal laboral al servicio de las Administraciones Pblicas.

CAPTULO TERCERO
Ayudas extraordinarias a las vctimas del terrorismo
Artculo 36. Ayudas extraordinarias a las vctimas del terrorismo.

Sin perjuicio de los resarcimientos y ayudas de carcter ordinario, el Ministerio del Interior podr conceder ayudas extraordinarias para paliar situaciones de necesidad personal o familiar plena o insuficientemente cubiertas. Estas ayudas son compatibles con las ayudas ordinarias previstas en esta Ley.

CAPTULO CUARTO
Actuaciones en materia de vivienda
Artculo 37. Tratamiento especfico en materia de vivienda pblica.

1. Las Administraciones Pblicas procurarn que las personas incluidas en el artculo 4 de esta Ley tengan una consideracin preferente en la adjudicacin de viviendas de proteccin pblica, especialmente, cuando las secuelas del acto terrorista obliguen al cambio de aqulla en la que vivan.

2. Las Administraciones Pblicas velarn por el establecimiento de un rgimen preferente para que tambin puedan ocupar viviendas de alquiler cuando sean gestionadas mediante sistemas u organizaciones pblicas.

3. Las Administraciones Pblicas establecern ayudas para la adaptacin de las viviendas de aquellas vctimas que lo requieran debido a las secuelas devenidas de actos terroristas.

CAPTULO QUINTO
Ayudas educativas
Artculo 38. Exencin de tasas acadmicas.

Las Administraciones Pblicas competentes y, en su caso, las autoridades educativas adoptarn, en los distintos niveles educativos, las medidas necesarias para asegurar la exencin de todo tipo de tasas acadmicas en los centros oficiales de estudios a las vctimas de actos terroristas definidas en el artculo 4, apartado 1, de la presente Ley, as como a los hijos de aqullos que han sufrido daos fsicos y/o psquicos a consecuencia de la actividad terrorista.

Artculo 39. Concesin de ayudas al estudio.

1. Se concedern ayudas de estudio cuando como consecuencia de un acto terrorista se deriven para el estudiante, para su viudo o viuda, pareja de hecho o hijos del fallecido, o para sus padres, hermanos, tutores o guardadores, daos personales que los incapaciten para el ejercicio de su profesin habitual.

2. Las normas de desarrollo de la presente disposicin determinarn las modalidades de las ayudas, sus cuantas y las condiciones para su percepcin, estableciendo, en todo caso, su incompatibilidad con las percibidas, por el mismo concepto, de otras Administraciones Pblicas.

Artculo 40. Rgimen especfico de asistencia a las vctimas en el sistema educativo.

1. Las Administraciones Pblicas con competencia en materia educativa podrn establecer un sistema de atencin especfica a las vctimas del terrorismo a que se refiere el artculo 4 de esta Ley, en sus apartados 1 y 2, mediante la designacin de tutores u otros sistemas que permitan la atencin individualizada y faciliten la continuacin de los estudios que estaban realizando o que pudiesen realizar.

2. Asimismo, las citadas autoridades, en colaboracin con los directores y responsables de los centros docentes, procurarn, si fuera preciso, adaptar el rgimen docente a sus condiciones fsico-psquicas.

CAPTULO SEXTO
Derechos especficos de los extranjeros vctimas del terrorismo
Artculo 41. Concesin de la nacionalidad.

La condicin de vctima del terrorismo a que se refiere el artculo 4.1 de esta Ley se considerar como circunstancia excepcional a los efectos de la adquisicin de la nacionalidad espaola por carta de naturaleza.

CAPTULO SPTIMO
Derechos de los afectados en el tratamiento de las informaciones correspondientes a las vctimas del terrorismo
Artculo 42. De la proteccin de datos y las limitaciones a la publicidad.

En las actuaciones y procedimientos relacionados con el terrorismo, se proteger la intimidad de las vctimas; en especial sus datos personales, los de sus descendientes y los de cualquier otra persona que est bajo su guarda o custodia.

Artculo 43. Publicidad ilcita.

De acuerdo con lo establecido en la legislacin especfica en la materia, se considerar ilcita la publicidad que utilice la imagen de las vctimas con carcter despreciativo, vejatorio o sensacionalista o con nimo lucrativo.

Artculo 44. Vigilancia y control.

Las instituciones a las que corresponda velar para que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptarn las medidas que procedan para asegurar un tratamiento de las vctimas del terrorismo conforme con los principios y valores constitucionales, sin perjuicio de las posibles actuaciones que puedan adoptar otras entidades.

Artculo 45. Acciones de cesacin y rectificacin.

Las personas reseadas en el artculo 4 de esta Ley estarn legitimadas para ejercitar ante los Tribunales las acciones de cesacin y rectificacin de publicidad ilcita por utilizar en forma vejatoria la imagen de las vctimas del terrorismo, en los trminos que se sealen en la legislacin especfica.

Artculo 46. Principios aplicables a la informacin sobre las vctimas del terrorismo.

1. Los medios de comunicacin fomentarn la proteccin y salvaguarda de la imagen de las vctimas del terrorismo, evitando cualquier utilizacin inadecuada y desproporcionada de ella.

2. La difusin de informaciones relativas a las vctimas del terrorismo tendr en cuenta el respeto a los derechos humanos, la libertad y dignidad de las mismas y de sus familias. En particular, se tendr especial cuidado en el tratamiento grfico de las informaciones.

Artculo 47. Medios de comunicacin.

1. A fin de dar cumplimiento a lo indicado en el artculo anterior, las Administraciones Pblicas promovern acuerdos de autorregulacin dotados de mecanismos de control preventivo y de resolucin extrajudicial de controversias eficaces que contribuyan al cumplimiento de la legislacin publicitaria.

2. Para conseguir la mejor realizacin de los fines indicados en este artculo y en los precedentes, las Administraciones Pblicas competentes podrn promover campaas de sensibilizacin y formacin continuada de los profesionales de la informacin.

TTULO QUINTO
Proteccin de las vctimas en los procesos judiciales
CAPTULO NICO
Principios rectores y derechos de la vctima de terrorismo ante los Tribunales espaoles
Artculo 48. Derecho a la asistencia jurdica gratuita.

1. Las vctimas del terrorismo a que se refiere el artculo 4, en sus apartados 1 y 2, que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, en los trminos establecidos en la Ley1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurdica Gratuita, tienen derecho a la representacin y defensa gratuitas por Abogado y Procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la situacin que provoca la citada condicin. En estos supuestos, una misma direccin letrada asumir la defensa de la vctima.

Este derecho asistir tambin a las personas a que se refiere el artculo 4 en caso de fallecimiento de la vctima.

2. En todo caso, se garantizar la asistencia jurdica gratuita de forma inmediata a todas las vctimas del terrorismo que lo soliciten, sin perjuicio de que si no se les reconoce con posterioridad el citado derecho, debern abonar al Abogado y al Procurador, en su caso, los honorarios devengados por su intervencin.

Artculo 49. Mnima lesividad en la participacin en el proceso.

Los Tribunales velarn por que toda declaracin o intervencin de alguna de las personas previstas en el artculo 4 de la presente Ley, en sus apartados 1 y 2, se realice de forma que les suponga las mnimas incomodidades y perjuicios. En particular, se procurar por todos los medios previstos en las leyes que estas personas en sus actuaciones procesales no tengan relacin directa visual o sonora con los imputados o acusados por la comisin de acciones terroristas.

En todo caso los Jueces y Tribunales velarn y protegern la dignidad y la seguridad personal de las vctimas en la tramitacin del proceso, evitando la utilizacin de signos e inscripciones que puedan ofenderlas o denigrarlas.

Artculo 50. Informacin especializada.

1. Las Administraciones Pblicas con competencia en materia de medios materiales sobre la Justicia, en colaboracin con los rganos de gobierno del Poder Judicial, establecern los mecanismos de informacin personalizada que permitan a las personas sealadas en el artculo 4 de la presente Ley conocer el estado de los procedimientos en los que son parte y, en su caso, de las acciones judiciales que pueden iniciar en defensa de sus derechos.

Especficamente, el Ministerio de Justicia establecer una Oficina de Informacin y Asistencia a las Vctimas del Terrorismo en la Audiencia Nacional.

2. Los citados mecanismos de informacin pueden consistir en la creacin de oficinas especficas, en la presentacin telemtica de informaciones y en cualquier otro que permita obtener la informacin que deseen aminorando la dificultad de obtener la misma.

3. Las personas que presten la citada informacin y atencin debern tener la cualificacin suficiente para evitar la duplicidad de trmites y las personaciones innecesarias ante los correspondientes rganos jurisdiccionales.

Artculo 51. Oficina de Informacin y Asistencia a las Vctimas del Terrorismo.

Entre las funciones de la Oficina de Informacin y Asistencia a las Vctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional se encuentran:

– Facilitar informacin sobre el estado de los procedimientos que afecten a las vctimas del terrorismo.

– Asesorar a las vctimas del terrorismo en todo lo relacionado con los procesos penales y contencioso-administrativos que les afecten.

– Ofrecer acompaamiento personal a los juicios que se celebren en relacin a los actos terroristas de los que traigan causa los afectados.

– Promover la salvaguarda de la seguridad e intimidad de las vctimas en su participacin en los procesos judiciales, para protegerlas de injerencias ilegtimas o actos de intimidacin y represalia y cualquier otro acto de ofensa y denigracin.

– Establecer cauces de informacin a la vctima acerca de todo lo relacionado con la ejecucin penitenciaria, hasta el momento del cumplimiento ntegro de las penas. Particularmente, en los supuestos que supongan concesin de beneficios o excarcelacin de los penados.

TTULO SEXTO
Reconocimientos y condecoraciones
Artculo 52. Condecoraciones.

1. La Real Orden de Reconocimiento Civil a las Vctimas del Terrorismo configura la accin honorfica especfica del Estado con el fin de honrar a las vctimas del terrorismo.

2. Esta accin honorfica se otorga, con el grado de Gran Cruz, a ttulo pstumo, a los fallecidos en actos terroristas, y, con el grado de Encomienda, a los heridos y secuestrados en actos terroristas.

3. El procedimiento para su reconocimiento es el previsto en el artculo 54 de esta Ley.

Artculo 53. Requisitos para la concesin de las condecoraciones.

1. Las vctimas del terrorismo a que se refiere el artculo 4, apartados 1 y 2 de esta Ley podrn solicitar la concesin de las condecoraciones indicadas. Tambin podrn solicitarlas las personas a que se refiere el artculo 5 y aquellas otras que hayan sido objeto de un atentado terrorista del que no se hayan derivado daos, lesiones o secuelas.

Con independencia de lo anterior, el Ministerio de la Presidencia podr, de oficio y previa consulta con los destinatarios, iniciar el expediente de reconocimiento cuando tenga conocimiento de los hechos que pueden provocar su reconocimiento.

2. Las condecoraciones en ningn caso podrn ser concedidas a quienes, en su trayectoria personal o profesional, hayan mostrado comportamientos contrarios a los valores representados en la Constitucin y en la presente Ley y a los Derechos Humanos reconocidos en los tratados internacionales.

Artculo 54. Procedimiento para la concesin de condecoraciones.

1. Corresponder al Ministerio de la Presidencia la tramitacin de los procedimientos de concesin de las condecoraciones. Dichos expedientes podrn ser iniciados a instancia de alguna de las personas a que se refiere el artculo 4 de esta Ley, en sus apartados 1 y 2, a las personas que hubiesen sufrido el delito aunque no estuviesen comprendidas dentro de las indicadas en los apartados anteriores, o bien de oficio, previa consulta con los destinatarios, por el propio Ministerio, cuando tuviese conocimiento de situaciones que pudieran dar lugar al reconocimiento del derecho.

Cuando la propuesta de condecoracin sea la de Gran Cruz, su resolucin se producir mediante Real Decreto aprobado en Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio de la Presidencia.

Cuando la propuesta de concesin lo sea en el grado de Encomienda, la resolucin corresponde al Ministro de la Presidencia y ser dictada en nombre de S.M. El Rey.

2. El plazo para la solicitud o para la iniciacin de oficio ser de cinco aos.

3. El plazo mximo para notificar la resolucin de las solicitudes ser de doce meses desde la fecha de entrada en el registro del rgano competente para su tramitacin. En aquellos procedimientos en los que no recaiga resolucin dentro del plazo sealado, las solicitudes se entendern estimadas.

4. La resolucin estimatoria o desestimatoria pondr fin a la va administrativa, pudiendo interponerse contra ella recurso contencioso-administrativo.

5. La concesin de una condecoracin no comportar por s misma derecho a las indemnizaciones previstas en esta Ley.

Artculo 55. Reconocimiento de la condicin de vctima del terrorismo en la actividad honorfica del Estado.

Con independencia de lo anterior, la condicin de vctima del terrorismo ser especialmente evaluable para la concesin de las condecoraciones y recompensas que pudieran corresponderles conforme a su profesin, ocupacin o lugar de residencia.

Artculo 56. Reconocimiento y memoria de las vctimas del terrorismo.

Los poderes pblicos impulsarn medidas activas para asegurar, dentro del mximo respeto y dignificacin de las vctimas, y mediante actos, smbolos, monumentos o elementos anlogos, el recuerdo y el reconocimiento de las vctimas del terrorismo.

Artculo 57. Centro Nacional para la Memoria de las Vctimas del Terrorismo.

El Gobierno constituir un Centro Nacional para la Memoria de las Vctimas del Terrorismo, que tendr como objetivo preservar y difundir los valores democrticos y ticos que encarnan las vctimas del terrorismo, construir la memoria colectiva de las vctimas y concienciar al conjunto de la poblacin para la defensa de la libertad y de los derechos humanos y contra el terrorismo. El Centro Nacional para la Memoria de la Vctimas del Terrorismo tendr su sede en la Comunidad Autnoma del Pas Vasco.

Artculo 58. Reconocimiento institucional de la presencia de las vctimas.

Se velar por destacar la presencia protocolaria y el reconocimiento social de las vctimas del terrorismo en todos los actos institucionales que les afecten.

Artculo 59. Educacin para la defensa de la libertad, la democracia y la paz.

Las Administraciones educativas al objeto de garantizar el respeto de los derechos humanos y la defensa de la libertad dentro de los principios democrticos de convivencia, impulsarn planes y proyectos de educacin para la libertad, la democracia y la paz, en los que se procurar la presencia del testimonio directo de las vctimas del terrorismo.

Artculo 60. Da de recuerdo y homenaje a las vctimas del terrorismo.

Se declara el da 27 de junio de cada ao, como da de recuerdo y homenaje a las vctimas del terrorismo.

El da 11 de marzo de cada ao se conmemorar el da europeo de las vctimas del terrorismo.

Las instituciones pblicas, en esas fechas, impulsarn actos de reconocimiento a las vctimas del terrorismo con el objeto de mantener su memoria y reivindicar su mensaje tico.

TTULO SPTIMO
Tutela institucional y apoyo a las vctimas del terrorismo
CAPTULO PRIMERO
Tutela institucional
Artculo 61. Defensa del honor y la dignidad de las vctimas.

1. El Estado asume la defensa de la dignidad de las vctimas, estableciendo la prohibicin de exhibir pblicamente monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de exaltacin o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo, de los terroristas o de las organizaciones terroristas.

2. Las Administraciones Pblicas, en el ejercicio de sus competencias, adoptarn las medidas necesarias para dar cumplimiento a esta prohibicin. Todo ello sin perjuicio de las actuaciones que las vctimas y sus familiares puedan llevar a cabo en defensa de su derecho al honor y dignidad.

3. Asimismo prevendrn y evitarn la realizacin de actos efectuados en pblico que entraen descrdito, menosprecio o humillacin de las vctimas o de sus familiares, exaltacin del terrorismo, homenaje o concesin pblica de distinciones a los terroristas.

4. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autnomas velarn por el cumplimiento de la obligacin establecida en los apartados anteriores, por parte de las Corporaciones Locales, a los efectos de su reclamacin de oficio ante los Tribunales de justicia que sean competentes.

Artculo 62. Tutela institucional a las vctimas del terrorismo.

1. El Ministerio del Interior designar un rgano de la Administracin General del Estado que tendr por finalidad ser un instrumento de relacin, ayuda y orientacin a las personas y familiares que sufran la accin del terrorismo.

2. Asimismo, este rgano actuar en la formulacin de propuestas de reformas normativas u organizativas que optimicen el rgimen de asistencia y prestaciones establecido o que pueda establecerse para favorecer su situacin.

Artculo 63. Informes sobre la situacin de las vctimas del terrorismo.

1. El Ministerio del Interior, en el ejercicio de sus funciones de asesoramiento, evaluacin, colaboracin institucional, elaborar informes y realizar estudios, as como propuestas de actuacin en materia de asistencia a las vctimas del terrorismo.

2. Dichos informes sobre la situacin de las vctimas del terrorismo destacarn, asimismo, las necesidades de reforma legal al objeto de garantizar que la aplicacin de las medidas de proteccin adoptadas puedan asegurar el mximo nivel de tutela para las vctimas del terrorismo. Anualmente, el Ministerio del Interior remitir al Parlamento un informe sobre la situacin del colectivo de vctimas del terrorismo y, en su caso, propuestas de actuacin.

3. Para la elaboracin de estos estudios e informes se procurar, en todo caso, la participacin de las Comunidades Autnomas, las entidades locales, los agentes sociales y las asociaciones de vctimas.

CAPTULO SEGUNDO
Fomento del movimiento asociativo y fundacional
Artculo 64. Reconocimiento del papel y la relevancia del movimiento asociativo.

1. Las asociaciones y fundaciones de vctimas del terrorismo contribuyen a fomentar la unin entre las vctimas, la defensa de sus intereses y la mejora de su condicin y promueven la concienciacin social contra el terrorismo y la preservacin de la memoria. Por este motivo, su actuacin goza del reconocimiento social que permite a las Administraciones Pblicas fomentar su creacin y su mantenimiento.

2. Las asociaciones y fundaciones de vctimas del terrorismo son reconocidas por la presente Ley como representantes de las mismas.

Artculo 65. Actividad subvencional.

La Administracin General del Estado deber, en los trminos y condiciones que se determinen en las normas de desarrollo, conceder subvenciones a las asociaciones cuyo objeto sea la representacin y defensa de los intereses de las vctimas del terrorismo. En el establecimiento de este rgimen subvencional se priorizar a aquellas asociaciones que cuenten con mayor nmero de vctimas a cuyo fin se establecer un procedimiento para que, con el consentimiento de los interesados, esta condicin pueda hacerse pblica al rgano competente para conceder las subvenciones, as como la labor asistencial a favor de las vctimas del terrorismo que se realice por parte de las organizaciones.

ANEXO I
Indemnizaciones por daos fsicos y psicofsicos. Baremos

Tabla I. Indemnizaciones por fallecimiento e incapacidades permanentes

Concepto

Euros

Fallecimiento

250.000,00

Gran Invalidez

500.000,00

Incapacidad Permanente Absoluta

180.000,00

Incapacidad Permanente Total

100.000,00

Incapacidad Permanente Parcial

75.000,00

Tabla II. Indemnizaciones por lesiones permanentes no invalidantes

Las indemnizaciones por lesiones permanentes no invalidantes se establecern conforme a lo dispuesto en el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulacin de Vehculos a Motor y con arreglo al baremo resultante de la aplicacin de la legislacin de seguridad social sobre cuantas de las indemnizaciones de las lesiones, mutilaciones y deformaciones definitivas y no invalidantes, causadas por accidente de trabajo o enfermedad profesional.

Tabla III. Indemnizaciones por incapacidad temporal y por secuestro

Concepto

Indemnizaciones

Incapacidad temporal

IPREM/da x 2, hasta el lmite de 18 mensualidades.

Secuestro

IPREM/da x 3, hasta el lmite de lo establecido en este anexo para la Incapacidad Permanente Parcial.

Disposicin adicional primera. Aplicacin retroactiva a quienes ya hubieran obtenido ayudas e indemnizaciones.

Quienes con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley hubieran percibido como resultado total del importe de las ayudas y del pago, en su caso, de las cuantas por responsabilidad civil fijada en sentencia firme, una cuanta inferior a la sealada en el anexo I de esta Ley podrn solicitar en el plazo de un ao, contado a partir de la entrada en vigor del Reglamento de la Ley, el abono de las diferencias que pudieran corresponderles.

Disposicin adicional segunda. Comisin de Anlisis del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.

1. En el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se constituir, en el plazo de un ao desde la entrada en vigor de la presente Ley, una Comisin de Anlisis del tratamiento de las vctimas del terrorismo que apoye tcnicamente y oriente la planificacin de las medidas sanitarias contempladas en esta Ley, evale y proponga las necesarias para la aplicacin del protocolo sanitario y cualesquiera otras medidas que se estimen precisas para que el sector sanitario contribuya a la atencin especializada en este mbito.

2. La Comisin de Tratamiento de las Vctimas del Terrorismo del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud estar compuesta por representantes de las Comunidades Autnomas.

3. La Comisin emitir un informe anual que ser remitido al Pleno del Consejo Interterritorial.

Disposicin adicional tercera. Plan de Empleo.

1. En el marco del Plan de Empleo del Reino de Espaa, se incluir un programa de accin especfico para las personas previstas en el artculo 4, apartado 1 de esta Ley y que consten inscritas como demandantes de empleo.

2. Este programa incluir medidas para favorecer el inicio de una nueva actividad por cuenta propia.

Disposicin adicional cuarta. Medidas de empleo pblico.

Las Administraciones Pblicas adoptarn, en el mbito de sus competencias, medidas conducentes a favorecer el acceso de las vctimas de terrorismo al empleo pblico.

Disposicin adicional quinta. Competencias autonmicas.

Todo lo establecido en la presente Ley, se entender sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autnomas en la materia.

Disposicin adicional sexta. Carta Europea de Derechos de las Vctimas del Terrorismo.

El Gobierno apoyar e impulsar la aprobacin de la Carta Europea de Derechos de las Vctimas del Terrorismo, redactada en colaboracin con todas las asociaciones de vctimas del terrorismo del mbito europeo.

Disposicin adicional sptima. Actualizacin de las indemnizaciones por daos fsicos y psicofsicos.

Las ayudas e indemnizaciones reguladas en esta Ley sern objeto de actualizacin peridica conforme a las previsiones contenidas en las leyes anuales de Presupuestos Generales de Estado.

Disposicin derogatoria nica.

Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o inferior rango se opongan a lo establecido en la presente Ley.

Disposicin final primera. Desarrollo reglamentario.

1. El Gobierno, en el plazo de 6 meses a partir de la entrada en vigor de esta Ley, a propuesta conjunta de los Ministerios de Justicia, Economa y Hacienda, del Interior y de Trabajo e Inmigracin, desarrollar reglamentariamente lo dispuesto en la misma.

2. En el plazo de 1 ao, la Administracin General del Estado establecer los criterios esenciales para la elaboracin de los protocolos de actuacin para situaciones derivadas de un atentado terrorista. Igualmente, en dicho plazo, impulsar y coordinar la elaboracin, ejecucin y difusin de esos protocolos de actuacin por parte del conjunto de Administraciones Pblicas competentes en la materia.

Disposicin final segunda. Consideracin de las asociaciones de vctimas como asociaciones de utilidad pblica.

Se modifica el artculo 32.1.a) de la Ley Orgnica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociacin, que queda redactado en los siguientes trminos:

a) Que sus fines estatutarios tiendan a promover el inters general, en los trminos definidos por el artculo 31.3 de esta Ley, y sean de carcter cvico, educativo, cientfico, cultural, deportivo, sanitario, de promocin de los valores constitucionales, de promocin de los derechos humanos, de vctimas del terrorismo, de asistencia social, de cooperacin para el desarrollo, de promocin de la mujer, de promocin y proteccin de la familia, de proteccin de la infancia, de fomento de la igualdad de oportunidades y de la tolerancia, de defensa del medio ambiente, de fomento de la economa social o de la investigacin, de promocin del voluntariado social, de defensa de consumidores y usuarios, de promocin y atencin a la personas en riesgo de exclusin por razones fsicas, sociales, econmicas o culturales, y cualesquiera otros de similar naturaleza.

Disposicin final tercera. Consignacin econmico-presupuestaria de la Ley.

1. El Gobierno elevar a las Cortes Generales un proyecto de ley de concesin de un crdito extraordinario para financiar los pagos previsibles a partir de la entrada en vigor de la Ley.

2. Las necesidades presupuestarias ordinarias se consignarn en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado.

Disposicin final cuarta. Normas supletorias.

En lo no previsto en esta Ley, ser de aplicacin la legislacin sobre resarcimiento a las vctimas de delitos de terrorismo o bandas armadas, las disposiciones sobre subvenciones y ayudas pblicas y, en su caso, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del procedimiento Administrativo Comn.

Disposicin final quinta. Entrada en vigor.

La presente Ley entrar en vigor el mismo da de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Madrid, 22 de septiembre de 2011.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS LUIS RODRGUEZ ZAPATERO

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 22/09/2011
  • Fecha de publicación: 23/09/2011
  • Entrada en vigor: 23 de septiembre de 2011.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE MODIFICA:
    • el art. 48, por Ley 42/2015, de 5 de octubre (Ref. BOE-A-2015-10727).
    • los arts. 4.6 y 52.2 , por Ley Orgnica 9/2015, de 28 de julio (Ref. BOE-A-2015-8468).
    • los arts. 21, 52.2, 53.1 y 54.1, por Ley 22/2013, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2013-13616).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD aprobando el Reglamento de reconocimiento integral a las vctimas del terrorismo: Real Decreto 671/2013, de 6 de septiembre (Ref. BOE-A-2013-9680).
  • SE MODIFICA:
    • los arts. 3 bis y 28.1 con efectos desde el 23 de septiembre de 2011, por Ley 17/2012, de 27 de diciembre (Ref. BOE-A-2012-15651).
    • los arts. 33 y 34, por Ley 3/2012, de 6 de julio (Ref. BOE-A-2012-9110).
    • los arts. 5, 20, 22, 38, 53, 54, 65 y SE AADEN los arts. 3.bis, 22.bis, 22.ter y una disposicin transitoria, por Ley 2/2012, de 29 de junio (Ref. BOE-A-2012-8745).
Referencias anteriores
  • MODIFICA el art. 32.1 de la Ley Orgnica 1/2002, de 22 de marzo (Ref. BOE-A-2002-5852).
Materias
  • Asistencia sanitaria
  • Asistencia social
  • Asociaciones
  • Ayudas
  • Indemnizaciones
  • Terrorismo

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