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El Consejo de Ministros en su reunión de fecha 28 de noviembre de 2003, a propuesta del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de Economía, ha adoptado un Acuerdo por el que se aprueba el documento de estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012.
Considerando necesaria la publicidad del mencionado Acuerdo, dispongo su inserción en el «Boletín Oficial del Estado» como anexo a la presente Orden.
Madrid, 18 de diciembre de 2003.
DE RATO Y FIGAREDO
La Estrategia de ahorro y eficiencia energética 2004-2012 ha sido elaborada en virtud de la resolución aprobada por el Congreso de los Diputados en el Debate del Estado de la Nación en julio del 2002 y del Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, que en su reunión de 17 de octubre de 2002, encomendó a la Secretaría de Estado de Energía, Desarrollo Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa, la realización de la Estrategia, asumiendo la Dirección General de Política Energética y Minas y el IDAE el compromiso de desarrollarla.
Para ello, se abrió un proceso de amplia participación, mediante la constitución de Grupos sectoriales —formados por los diferentes departamentos ministeriales con competencias sectoriales— y mediante la consulta a diferentes organismos públicos, Comunidades Autónomas, Ayuntamientos —a través de la Federación Española de Municipios y Provincias—, colectivos sociales y asociaciones privadas, contándose asimismo con el asesoramiento de consultoras técnicas especializadas.
En el marco de dicho proceso, el IDAE realizó una evaluación del potencial de mejora de la eficiencia energética y de las medidas que debían desarrollarse para alcanzarlo. Una vez realizada dicha evaluación, la Estrategia ha sido debatida con los colectivos públicos y privados, al objeto de alcanzar el mayor consenso y compromiso posible en su puesta en marcha. Especialmente relevantes han sido las aportaciones de las Comunidades Autónomas, municipios y colectivos receptores de las medidas propuestas.
El día 24 de octubre el Consejo de Administración de la Comisión Nacional de Energía aprobó su informe preceptivo. Con carácter general, la Comisión valora positivamente el Documento por su oportunidad, por sus objetivos, tanto directos como indirectos, por las medidas que incorpora y por el proceso participativo seguido en la elaboración del mismo.
Asimismo, la Estrategia fue informada por la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos en su reunión de 6 de noviembre de 2003.
La elaboración de una Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España es un eslabón más que se añade a una larga serie de actuaciones legislativas, reguladoras y normativas encaminadas todas ellas a la mejora del sistema energético español.
Todas las aproximaciones sobre la energía coinciden en dar importancia prioritaria al incremento general de la eficiencia en el uso de la misma. Sin duda, este es uno de los objetivos en el diseño de políticas energéticas que tengan como horizonte el desarrollo sostenible del modelo, el cual pasa necesariamente por la mejora de la competitividad, la garantía de abastecimiento con la adecuada seguridad y calidad y la protección del medio ambiente.
Los estudios llevados a cabo en diferentes países, con elevado nivel de desarrollo, ponen de manifiesto que el potencial técnico disponible es suficiente para cubrir todas las necesidades y aspiraciones de la sociedad con mucho menos gasto de energía. Hay muchos ejemplos de aplicaciones de la eficiencia o técnicas de ahorro que son poco costosas y se amortizan con mucha rapidez.
Por otro lado también es cierto que mucha de la tecnología disponible no se utiliza en toda su capacidad para la mejora de la eficiencia, debido principalmente a una mala gestión y a la falta de formación técnica profesional. El reconocimiento de carencias pondría mayor énfasis en el aprovechamiento más eficiente de la tecnología disponible.
Uno de los efectos de la crisis de la energía de la década de los 70 fue el colocar a la energía en el núcleo de la política económica. De esa forma, una vez asumido que la energía es un factor que condiciona el crecimiento económico, en los últimos 30 años la política económica ha tenido en cuenta un conjunto de elementos de planificación energética, entre ellos, el análisis de la estructura de suministro, las estrategias de diversificación y la prospectiva de la evolución de la demanda y del mercado. Todo ello ha conducido a las denominadas planificaciones energéticas.
Por su carácter estratégico, la planificación energética, se apoya en consideraciones socioeconómicas, geopolíticas, tecnológicas y medioambientales. Ese análisis pormenorizado y crítico ha tenido la virtud de identificar, además de objetivos comunes en cantidad, calidad y precio, elementos o factores troncales, que permitieran introducir elementos de racionalidad y de amortiguación, denominados políticas de eficiencia energética.
La madurez de esta nueva visión se alcanzó con la Ley 82/1980, de 30 de noviembre, de Conservación de la energía, verdadero hito y piedra angular, durante más de dos décadas, señalando el camino y construyendo todo un tejido jurídico y normativo que ha permitido desarrollar una legislación armonizada con la del Mercado Único de la Unión Europea, que culmina con la promulgación de la Ley 54/1997 (Ley del Sector Eléctrico).
Este marco legislativo defiende los elementos básicos de la política energética española:
Propiciar el crecimiento económico, de manera que el suministro de energía no sea en ningún caso un cuello de botella, es decir, una limitación, para seguir escalando posiciones en convergencia real con los países más prósperos.
Garantizar la seguridad del suministro en condiciones adecuadas y asumibles de calidad y precio a toda la población, a pesar de la muy elevada dependencia exterior, y
Compatibilizar el uso de la energía con una protección efectiva del medio ambiente, de manera que se cumplan las exigencias de un desarrollo sostenible a largo plazo.
La Ley del Sector Eléctrico introdujo una profunda reforma en el funcionamiento del sistema eléctrico español, declarando la libertad de contratación y estableciendo, como base económica del mismo, el mercado organizado de electricidad. Los principios de liberalización, que subyacen en la reforma del sector y en el modelo de funcionamiento, favorecen el establecimiento de mercados competitivos y, consecuentemente, arropan al desarrollo del ahorro y la eficiencia energética.
El fomento de la eficiencia y el ahorro energético pasa indudablemente por la potenciación de los mercados energéticos haciéndolos lo más transparentes posible. En el nuevo marco regulatorio, en el que prevalecen los principios de libertad de instalación y de contratación, el Gobierno ha adoptado en nuestro país una serie de medidas muy positivas para potenciar la eficiencia energética.
promoción del cambio tecnológico, incentivando la utilización de fuentes de energía renovables y también de elevada eficiencia (Plan de fomento de las energías renovables, 1999),
la propia Planificación energética aprobada en octubre de 2002 por el Parlamento representa un paso notable al impulsar las centrales de generación de ciclo combinado de gas para producir electricidad, infraestructuras que cuentan con mayores niveles de eficiencia energética y medioambiental que las centrales térmicas convencionales,
liberalización plena del suministro de gas y electricidad,
promoción mediante incentivos económicos del ahorro y la eficiencia, tanto desde el lado de la generación como desde la demanda,
potenciación de la penetración de los biocombustibles en el sector transporte, como alternativa al incremento de la fiscalidad,
y consecución del objetivo de liberalización total del suministro eléctrico y gasista, lo que contribuye a llevar la señal de precio al consumidor, por lo que éste podrá realizar una buena gestión de su demanda.
La profundidad que ha impreso esta forma de actuar, en la que se introduce una visión más global y racional de la estructura, de los elementos de transformación y del establecimiento de objetivos energéticos, ha permitido su imbricación en otras políticas económicas más generales como las de competitividad, medioambiental, empleo, tecnológicas, etc. Incluso puede decirse que esta forma de análisis y evaluación estructurada en la búsqueda de objetivos de eficiencia y optimización en el uso de la energía, constituye la base de la nueva cultura económica.
No obstante, avanzar en la reducción de la intensidad energética es un objetivo prioritario para cualquier economía, siempre que su consecución no afecte negativamente al volumen de actividad.
Todos los efectos que se derivan de una política ordenada de reducción de la intensidad energética son positivos:
los procesos productivos han de ser más eficientes, con las consiguientes ventajas desde el punto de vista de la competitividad,
las emisiones contaminantes se reducen, con las correspondientes ventajas medioambientales,
la factura energética se reduce, lo que implica una mejora de la balanza de pagos.
En este sentido, resulta necesario y oportuno en estos momentos definir esta Estrategia de ahorro y eficiencia energética y, especialmente, por tres motivos fundamentales:
La elevada dependencia energética exterior. España importa el 75 por ciento de la energía primaria que utiliza frente al 50 por ciento de media en la Unión Europea, cifra considerada ya elevada por las instituciones comunitarias. Además, esa dependencia va en aumento, con las implicaciones no sólo económicas y comerciales que ello supone, sino también con unos efectos medioambientales significativos al tratarse, en su mayoría, de productos fósiles con un elevado nivel de emisiones de efecto invernadero.
La economía española viene evolucionando durante los últimos años a tasas de crecimiento anual superiores a la media europea, lo que está permitiendo un avance significativo en convergencia real. No obstante, esta evolución también se ha visto acompañada por crecimientos de la demanda energética importantes, con tasas de incremento anual superiores algunos años a las de la economía.
De ahí que el indicador de Intensidad Energética (relación entre el consumo de energía y Producto Interior Bruto) muestre tendencias de ligero crecimiento durante los últimos años, hecho que puede estar justificado dado el actual estadio de desarrollo económico español y no representa mayor consumo por unidad de Producto Interior Bruto que en otros países.
La ejecución de la Estrategia de ahorro y eficiencia energética promoverá una reducción significativa de emisiones de contaminantes atmosféricos, en concordancia con las Directivas europeas y orientaciones internacionales.
Para una economía como la española, caracterizada por el elevado potencial de crecimiento y la elevada dependencia de las importaciones de energía, las ventajas de la reducción de la intensidad energética se multiplican.
Las variaciones marginales del consumo de energía en España, que son debidas tanto a la evolución de la actividad económica como a las modificaciones de la intensidad energética, implican variaciones equivalentes en las importaciones de petróleo.
La preocupación sobre la correlación entre consumo de energía y crecimiento económico se manifiesta en el seguimiento de la evolución de la intensidad energética que, como se ha señalado, muestra la relación entre consumos de energía y Producto Interior Bruto. Calculada la intensidad a paridad de poder de compra, es decir corregido el indicador por el poder adquisitivo medio de la Unión Europea, el indicador español se sitúa todavía por debajo de la media europea, aunque con una clara tendencia convergente.
En la Estrategia española de ahorro y eficiencia energética se ha previsto una mejora sostenida de la intensidad energética durante los próximos años. Pero lo realmente importante no son las cifras absolutas de mejora, sino el porcentaje de mejora de la eficiencia que en la práctica se puede conseguir. Para ello hay que tener en cuenta el ritmo de desarrollo y difusión de las tecnologías a aplicar, la captación del capital necesario para financiar su implantación, el tiempo para realizar esa inversión y, finalmente, la superación de las dificultades que existan de tipo económico, institucional y humano.
La Estrategia se define para un intervalo temporal 2004-2012. Desde el punto de vista metodológico, en el presente Documento se ha partido del contexto económico, energético y medioambiental actual, y se han utilizado las previsiones de consumos de energía del Escenario Base, que han servido también de marco de referencia para la elaboración del documento de Planificación de los sectores de electricidad y gas (con la salvedad de que en esta estrategia el período de análisis se ve ampliado hasta el año 2012). Las mejoras derivadas de las medidas previstas en la Estrategia dan lugar al denominado Escenario de eficiencia, diseñado de tal forma que recoge la evolución esperada de los consumos de energía, una vez llevadas a cabo las medidas propuestas en cada uno de los sectores analizados.
La Estrategia de ahorro y eficiencia energética se estructura sobre la base del análisis energético de cada uno de los principales sectores y/o categorías de consumo, mediante aproximaciones metodológicas encaminadas a evaluar en cada uno de ellos el potencial de mejora de la eficiencia energética existente, tanto tecnológico como derivado de la modificación de pautas de consumo.
En consecuencia, el Consejo de Ministros a propuesta del Vicepresidente Primero y Ministro de Economía acuerda:
Aprobar la «Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012», en cumplimiento de la resolución acordada por el Congreso de los Diputados en el Debate sobre el Estado de la Nación de julio de 2002.
Remitir al Congreso de los Diputados el documento de «Estrategia de ahorro y eficiencia energética en España 2004-2012».
Los Departamentos Ministeriales implicados en esta Estrategia deberán financiar su participación en el ejercicio 2004, con los créditos que les sean asignados en el Presupuesto que se apruebe para dicho año. Para el resto de los ejercicios, las dotaciones de la Estrategia habrán de proponerse por cada Departamento en el marco del correspondiente Escenario presupuestario, de conformidad con lo previsto en el artículo 12 de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, General de Estabilidad Presupuestaria. Por lo que se refiere a la participación en el Programa de las Comunidades Autónomas y Entes Locales, tendrá carácter potestativo.
Dada la vinculación existente entre la Estrategia española de ahorro y eficiencia energética y la Estrategia española para el cumplimiento del Protocolo de Kioto, tan pronto como sea aprobada esta última se procederá a la revisión de la primera para incluir en ella los objetivos que, en materia de ahorro y eficiencia energética, se señalen junto con las medias propuestas para alcanzarlos.
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