Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Ministerio de la Presidencia Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Está Vd. en

Documento BOE-A-2004-13413

Resolucin 2/2004, de 16 de julio, de la Direccin General de Tributos, relativa a la responsabilidad de los contratistas o subcontratistas regulada en el artculo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

TEXTO

I

La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del 18 de diciembre), introduce determinadas novedades en la regulacin de la responsabilidad en el mbito tributario, creando un supuesto, regulado en su artculo 43, apartado 1, letra f), referido a la que eventualmente podr exigirse a "las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecucin de obras o la prestacin de servicios correspondientes a su actividad econmica principal, por las obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a las obras o servicios objeto de la contratacin o subcontratacin".

Lo novedoso del artculo de referencia, unido al hecho de su entrada en vigor el 1 de julio de 2004, hace necesaria la interpretacin de determinados aspectos de aqul, en orden a posibilitar su adecuada aplicacin, garantizando, de un lado, la satisfaccin del inters pblico y, de otro, la seguridad jurdica de los contribuyentes, a la par que el normal desenvolvimiento de la actividad econmica en los sectores especialmente afectados por el precepto.

Por su parte, el apartado 3 de la disposicin transitoria primera de la Ley 58/2003 establece que dicho supuesto de responsabilidad no ser de aplicacin a las obras o prestaciones de servicios contratadas o subcontratadas y cuya ejecucin o prestacin se haya iniciado con anterioridad a la entrada en vigor del citado texto legal.

En relacin con lo anterior, se han planteado a este Centro Directivo diversas cuestiones, que han suscitado controversia en distintos mbitos y sectores econmicos, que resulta conveniente resolver, a cuyo fin esta Direccin General ha considerado oportuno dictar esta Resolucin.

Dichas cuestiones son, bsicamente, de dos rdenes:

De carcter sustantivo, relativo al concepto de actividad econmica principal.

De carcter procedimental, referente a la emisin del certificado especfico que se regula en la norma, y que afecta a la falta de emisin del mismo en plazo por parte de la Administracin Tributaria y al particular tratamiento que ha de darse a las personas o entidades que inicien una actividad econmica, respecto de las cuales es preciso determinar qu ha de entenderse por "encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias" en relacin con el citado certificado.

II

Como antecedentes en la legislacin espaola en la materia objeto de esta Resolucin pueden citarse tanto el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, como el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de julio.

En el primero de ellos, el artculo 42 seala:

"42. Subcontratacin de obras o servicios.

1. Los empresarios que contraten o subcontraten con otros la realizacin de obras o servicios correspondientes a la propia actividad de aqullos debern comprobar que dichos contratistas estn al corriente en el pago de las cuotas de la Seguridad Social (....).

2. (...) No habr responsabilidad por los actos del contratista (....) cuando el propietario de la obra o industria no contrate su realizacin por razn de una actividad empresarial.

(...)."

Por su parte, el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social establece en su artculo 127 lo siguiente:

"127. Supuestos especiales de responsabilidad en orden a las prestaciones.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 42 del Estatuto de los Trabajadores, para las contratas y subcontratas de obras y servicios correspondientes a la propia actividad del empresario contratante, cuando un empresario haya sido declarado responsable, en todo o en parte, del pago de una prestacin, a tenor de lo previsto en el artculo anterior, si la correspondiente obra o industria estuviera contratada, el propietario de sta responder de las obligaciones del empresario si el mismo fuese declarado insolvente (...)."

Tambin ha de citarse como antecedente jurdico en la materia la doctrina sentada por los Tribunales en aplicacin de los preceptos citados y, en particular, sobre el concepto de "propia actividad" utilizado en stos.

En concreto, el Tribunal Supremo (Sala de lo Social) ha tenido ocasin de pronunciarse al respecto, entre otras, en las Sentencias de 18 de enero de 1995 y de 24 de noviembre de 1998, afirmndose en la primera de ellas (fundamento de derecho segundo) que "si se exige que las obras y servicios que se contratan o subcontratan deben corresponder a la propia actividad empresarial del comitente, es porque el legislador est pensando en una limitacin razonable que excluya una interpretacin favorable a cualquier clase de actividad empresarial. En consecuencia, como tambin ha reconocido la doctrina mencionada, la solucin a la problemtica apuntada slo puede venir dada por el examen cuidadoso y especfico de cada supuesto concreto".

En la segunda Sentencia citada ms arriba, en su fundamento de derecho segundo, se contiene la siguiente precisin en relacin con el concepto de propia actividad: "Caben en principio dos interpretaciones de dicho concepto: a) la que entiende que propia actividad es la actividad indispensable, de suerte que integrarn el concepto, adems de las que constituyen el ciclo de produccin de la empresa, todas aquellas que resultan necesarias para la organizacin del trabajo; y b) la que nicamente integra en el concepto las actividades inherentes, de modo que slo las tareas que corresponden al ciclo productivo de la empresa principal se entendern "propia actividad" de ella. En el primer caso, se incluyen como propias las tareas complementarias. En el segundo, estas labores no "nucleares" quedan excluidas del concepto y, en consecuencia de la regulacin del artculo 42 del Estatuto de los Trabajadores".

Al amparo de los antecedentes normativos citados y en consideracin a lo sentado por la jurisprudencia expuesta, es ineludible concluir que el concepto "actividad econmica principal" a que se refiere el artculo 43, apartado 1, letra f), de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ha de ser analizado de manera singular en cada supuesto en el que eventualmente sea de aplicacin el citado precepto, debiendo utilizarse en su definicin los conceptos de actividad propia e indispensable, sin que pueda excluirse a priori, con carcter general, que dentro de dicho concepto de "actividad econmica principal" se incorporen las de carcter complementario a las que integran el ciclo productivo.

Por ltimo, es preciso indicar que, en la determinacin de los presupuestos de hecho que deben concurrir para que dicho precepto sea aplicable, habr de tenerse en cuenta, como complemento de lo anterior en la bsqueda de la concrecin en cada caso del alcance del concepto "actividad econmica principal" a que se ha hecho referencia, el concepto de objeto social, como definidor, a priori, de dicha actividad.

En relacin con el concepto de objeto social es preciso recordar que, como tiene declarado la Direccin General de los Registros y del Notariado, la trascendencia del objeto social justifica la exigencia legal de una precisa determinacin del mbito de actividad en que debe desenvolverse la actuacin del nuevo ente (Resolucin de la DGRN de 25 de julio de 1992), debiendo tenerse en cuenta que la determinacin en el objeto social del gnero incluye todas las especies y, salvo para su expresa exclusin, no es necesaria su enumeracin (Resolucin de la DGRN de 11 de octubre de 1993), pudiendo concluirse que si bien la sociedad no puede realizar legalmente actividades que no aparezcan enumeradas en su objeto social, s puede llevar a cabo, de forma ocasional, actos aislados no incluidos en aqul (Resolucin de la DGRN de 16 de octubre de 1964) En este sentido, es doctrina consolidada que la dedicacin de parte del patrimonio de una sociedad a una actividad distinta de la delimitada en su objeto puede ser calificada como acto complementario o auxiliar y no necesariamente como extralimitacin de ste, en atencin a las circunstancias que concurran en el caso, estimndose que hay que analizar el caso concreto para apreciar si existe o no extralimitacin del objeto social (Resolucin de la DGRN de 22 de julio de 1991).

III

El artculo 43, apartado 1, letra f), de la Ley General Tributaria seala que la responsabilidad que regula "no ser exigible cuando el contratista o subcontratista haya aportado al pagador un certificado especfico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administracin tributaria durante los 12 meses anteriores al pago de cada factura correspondiente a la contratacin o subcontratacin".

Aade el precepto que dicha emisin, o su denegacin, se producir en el plazo de tres das desde su solicitud por el contratista o subcontratista, debiendo facilitar las copias del certificado que le sean proporcionadas. Dicha solicitud, por otra parte, podr realizarse con ocasin de la presentacin de la declaracin del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fsicas o del Impuesto sobre Sociedades a que est obligado, supuesto en el que la emisin o denegacin se producir con arreglo al procedimiento y en los plazos que se determinen reglamentariamente.

Al haber entrado en vigor el precepto, y siendo necesario un desarrollo reglamentario para el supuesto de solicitud con ocasin de la presentacin de las declaraciones sealadas ms arriba, es aconsejable establecer un mecanismo por el cual se protejan la seguridad jurdica y la continuidad en el trfico mercantil, en inters del solicitante y de los destinatarios finales de dicho certificado en aquellos supuestos en los que la Administracin no pueda realizar dicha emisin en el plazo legalmente establecido de tres das.

En tal sentido, el solicitante podr entender provisionalmente emitido el citado certificado a partir del da siguiente al de finalizacin del plazo establecido por la norma, a cuyo efecto tendr derecho a obtener de la Administracin Tributaria una comunicacin acreditativa de tal circunstancia, que habr de expedirse de forma inmediata. La falta de emisin del certificado acreditada por dicho documento tendr eficacia frente al pagador (comitente) y determinar la exoneracin de responsabilidad para el mencionado pagador, que figure en la solicitud de certificado efectuada por el contratista o subcontratista, que alcanzar al importe de los pagos que se realicen durante el periodo de doce meses a contar desde la referida solicitud.

IV

En relacin con las personas o entidades que inicien una actividad econmica, respecto de las cuales no existe una posibilidad efectiva de comprobacin por parte de la Administracin Tributaria de su estado de cumplimiento en lo que se refiere a la obligacin principal definida en la Ley General Tributaria, la emisin del certificado especfico se fundamentar en la comprobacin del cumplimiento de las obligaciones tributarias formales inherentes a su creacin y constitucin.

Madrid, 16 de julio de 2004.-El Director General, Jos Manuel de Bunes Ibarra.

Análisis

  • Rango: Resolucin
  • Fecha de disposición: 16/07/2004
  • Fecha de publicación: 19/07/2004
Referencias anteriores
  • INTERPRETA el art. 43.1.f) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre (Ref. BOE-A-2003-23186).
  • CITA:
    • Ley del Estatuto de los Trabajadores, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo (Ref. BOE-A-1995-7730).
    • Ley General de la Seguridad Social, texto refundido aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio (Ref. BOE-A-1994-14960).
Materias
  • Contrato de obras
  • Contrato de servicios
  • Seguridad Social
  • Sistema tributario

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid