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Documento BOE-A-2003-15411

Ley 27/2003, de 31 de julio, reguladora de la Orden de proteccin de las vctimas de la violencia domstica.

TEXTO

JUAN CARLOS I REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.

EXPOSICIN DE MOTIVOS
I

La violencia ejercida en el entorno familiar y, en particular, la violencia de gnero constituye un grave problema de nuestra sociedad que exige una respuesta global y coordinada por parte de todos los poderes pblicos.

La situacin que originan estas formas de violencia trasciende el mbito meramente domstico para convertirse en una lacra que afecta e involucra a toda la ciudadana.

Resulta imprescindible por ello arbitrar nuevos y ms eficaces instrumentos jurdicos, bien articulados tcnicamente, que atajen desde el inicio cualquier conducta que en el futuro pueda degenerar en hechos an ms graves. Es necesaria, en suma, una accin integral y coordinada que ane tanto las medidas cautelares penales sobre el agresor, esto es, aquellas orientadas a impedir la realizacin de nuevos actos violentos, como las medidas protectoras de ndole civil y social que eviten el desamparo de las vctimas de la violencia domstica y den respuesta a su situacin de especial vulnerabilidad.

Con este propsito, el pasado 22 de octubre de 2002 el Pleno del Congreso de los Diputados acord crear en el seno de la Comisin de Poltica Social y Empleo una subcomisin con el fin de "... formular medidas legislativas que den una respuesta integral frente a la violencia de gnero...". Entre las conclusiones ms relevantes de esta subcomisin, destaca precisamente la propuesta, respaldada por el Ministerio de Justicia, de creacin y regulacin de un nuevo instrumento denominado orden de proteccin a las vctimas de la violencia domstica.

Esta iniciativa responde a una inquietud que se ha venido manifestando en diversos documentos e informes de expertos, tanto nacionales (Consejo General del Poder Judicial, Instituto de la Mujer, Fiscala General del Estado, etc.), como de organismos supranacionales (ONU, Consejo de Europa, instituciones de la UE). Dicha inquietud fue formulada por las Cortes Generales como "...

la necesidad de una respuesta integral, la coordinacin como prioridad absoluta..." en el reciente informe de la ponencia constituida en el seno de la Comisin Mixta de Derechos de la Mujer, que han hecho suyo los Plenos del Congreso de los Diputados y del Senado. Con esta ley se viene a dar cumplimiento a este mandato unnime de las Cortes Generales.

II

La orden de proteccin a las vctimas de la violencia domstica unifica los distintos instrumentos de amparo y tutela a las vctimas de estos delitos y faltas. Pretende que a travs de un rpido y sencillo procedimiento judicial, sustanciado ante el juzgado de instruccin, pueda obtener la vctima un estatuto integral de proteccin que concentre de forma coordinada una accin cautelar de naturaleza civil y penal. Esto es, una misma resolucin judicial que incorpore conjuntamente tanto las medidas restrictivas de la libertad de movimientos del agresor para impedir su nueva aproximacin a la vctima, como las orientadas a proporcionar seguridad, estabilidad y proteccin jurdica a la persona agredida y a su familia, sin necesidad de esperar a la formalizacin del correspondiente proceso matrimonial civil. La orden judicial de proteccin supondr, a su vez, que las distintas Administraciones pblicas, estatal, autonmica y local, activen inmediatamente los instrumentos de proteccin social establecidos en sus respectivos sistemas jurdicos. En ello consiste, precisamente, su elemento ms innovador.

Con el fin de hacer efectivas las medidas incorporadas a la orden de proteccin, se ha diseado un procedimiento especialmente sencillo, accesible a todas las vctimas de la violencia domstica, de modo que tanto stas como sus representantes legales o las personas de su entorno familiar ms inmediato puedan solicitarla sin formalismos tcnicos o costes aadidos. Asimismo, la nueva orden de proteccin se ha de poder obtener de forma rpida, ya que no habr una proteccin real a la vctima si aqulla no es activada con la mxima celeridad. Para ello, continuando en la lnea inaugurada por la Ley 38/2002, de 24 de octubre, por la que se regula el procedimiento de enjuiciamiento rpido de determinados delitos y faltas, la presente regulacin se decanta por atribuir la competencia para adoptar la orden de proteccin al Juez de Instruccin en funciones de guardia. La decisin judicial deber sustanciarse de manera menos perturbadora en el seno del proceso penal en curso, sea cual fuere su naturaleza y caractersticas. A estos efectos se posibilita que la audiencia judicial del presunto agresor coincida con la comparecencia prevista en el artculo 504 bis 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, cuando sta fuere procedente por la gravedad de los hechos o las circunstancias concurrentes, con audiencia prevista en el artculo 798 si se tratase causas tramitadas con arreglo al procedimiento de enjuiciamiento rpido, o con el acto del juicio de faltas, en su caso.

Finalmente, la nueva ley da carta de naturaleza al Registro Central para la proteccin de las vctimas de la violencia domstica, al que tendrn acceso inmediato todas las rdenes de proteccin dictadas por cualquier juzgado o tribunal y en el que se anotarn, adems, los hechos relevantes a efectos de proteccin a las vctimas de estos delitos y faltas.

Artculo primero.

Se modifica el artculo 13 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que queda redactado en los siguientes trminos:

Se consideran como primeras diligencias la de consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer, la de recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobacin y a la identificacin del delincuente, la de detener, en su caso, a los presuntos responsables del delito, y la de proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus familiares o a otras personas, pudiendo acordarse a tal efecto las medidas cautelares a las que se refiere el artculo 544 bis o la orden de proteccin prevista en el artculo 544 ter de esta ley.

Artculo segundo.

Se aade un nuevo artculo 544 ter en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, redactado en los siguientes trminos:

1. El juez de instruccin dictar orden de proteccin para las vctimas de violencia domstica en los casos en que, existiendo indicios fundados de la comisin de un delito o falta contra la vida, integridad fsica o moral, libertad sexual, libertad o seguridad de alguna de las personas mencionadas en el artculo 153 del Cdigo Penal resulte una situacin objetiva de riesgo para la vctima que requiera la adopcin de alguna de las medidas de proteccin reguladas en este artculo.

2. La orden de proteccin ser acordada por el juez de oficio o a instancia de la vctima o persona que tenga con ella alguna de las relaciones indicadas en el apartado anterior, o del Ministerio Fiscal.

Sin perjuicio del deber general de denuncia previsto en el artculo 262 de esta ley, las entidades u organismos asistenciales, pblicos o privados, que tuvieran conocimiento de alguno de los hechos mencionados en el apartado anterior debern ponerlos inmediatamente en conocimiento del juez de guardia o del Ministerio Fiscal con el fin de que se pueda incoar o instar el procedimiento para la adopcin de la orden de proteccin.

3. La orden de proteccin podr solicitarse directamente ante la autoridad judicial o el Ministerio Fiscal, o bien ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, las oficinas de atencin a la vctima o los servicios sociales o instituciones asistenciales dependientes de las Administraciones pblicas.

Dicha solicitud habr de ser remitida de forma inmediata al juez competente. En caso de suscitarse dudas acerca de la competencia territorial del juez, deber iniciar y resolver el procedimiento para la adopcin de la orden de proteccin el juez ante el que se haya solicitado sta, sin perjuicio de remitir con posterioridad las actuaciones a aquel que resulte competente.

Los servicios sociales y las instituciones referidas anteriormente facilitarn a las vctimas de la violencia domstica a las que hubieran de prestar asistencia la solicitud de la orden de proteccin, poniendo a su disposicin con esta finalidad informacin, formularios y, en su caso, canales de comunicacin telemticos con la Administracin de Justicia y el Ministerio Fiscal.

4. Recibida la solicitud de orden de proteccin, el juez de guardia, en los supuestos mencionados en el apartado 1 de este artculo, convocar a una audiencia urgente a la vctima o su representante legal, al solicitante y al agresor, asistido, en su caso, de abogado. Asimismo ser convocado el Ministerio Fiscal.

Esta audiencia se podr sustanciar simultneamente con la prevista en el artculo 504 bis 2 cuando su convocatoria fuera procedente, con la audiencia regulada en el artculo 798 en aquellas causas que se tramiten conforme al procedimiento previsto en el ttulo III del libro IV de esta ley o, en su caso, con el acto del juicio de faltas. Cuando excepcionalmente no fuese posible celebrar la audiencia durante el servicio de guardia, el juez ante el que hubiera sido formulada la solicitud la convocar en el plazo ms breve posible. En cualquier caso la audiencia habr de celebrarse en un plazo mximo de 72 horas desde la presentacin de la solicitud.

Durante la audiencia, el juez de guardia adoptar las medidas oportunas para evitar la confrontacin entre el agresor y la vctima, sus hijos y los restantes miembros de la familia. A estos efectos dispondr que su declaracin en esta audiencia se realice por separado.

Celebrada la audiencia, el juez de guardia resolver mediante auto lo que proceda sobre la solicitud de la orden de proteccin, as como sobre el contenido y vigencia de las medidas que incorpore.

Sin perjuicio de ello, el juez de instruccin podr adoptar en cualquier momento de la tramitacin de la causa las medidas previstas en el artculo 544 bis.

5. La orden de proteccin confiere a la vctima de los hechos mencionados en el apartado 1 un estatuto integral de proteccin que comprender las medidas cautelares de orden civil y penal contempladas en este artculo y aquellas otras medidas de asistencia y proteccin social establecidas en el ordenamiento jurdico.

La orden de proteccin podr hacerse valer ante cualquier autoridad y Administracin pblica.

6. Las medidas cautelares de carcter penal podrn consistir en cualesquiera de las previstas en la legislacin procesal criminal. Sus requisitos, contenido y vigencia sern los establecidos con carcter general en esta ley. Se adoptarn por el juez de instruccin atendiendo a la necesidad de proteccin integral e inmediata de la vctima.

7. Las medidas de naturaleza civil debern ser solicitadas por la vctima o su representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal, cuando existan hijos menores o incapaces, siempre que no hubieran sido previamente acordadas por un rgano del orden jurisdiccional civil, y sin perjuicio de las medidas previstas en el artculo 158 del Cdigo Civil. Estas medidas podrn consistir en la atribucin del uso y disfrute de la vivienda familiar, determinar el rgimen de custodia, visitas, comunicacin y estancia con los hijos, el rgimen de prestacin de alimentos, as como cualquier disposicin que se considere oportuna a fin de apartar al menor de un peligro o de evitarle perjuicios.

Las medidas de carcter civil contenidas en la orden de proteccin tendrn una vigencia temporal de 30 das. Si dentro de este plazo fuese incoado a instancia de la vctima o de su representante legal un proceso de familia ante la jurisdiccin civil las medidas adoptadas permanecern en vigor durante los treinta das siguientes a la presentacin de la demanda. En este trmino las medidas debern ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el juez de primera instancia que resulte competente.

8. La orden de proteccin ser notificada a las partes, y comunicada por el juez inmediatamente, mediante testimonio ntegro, a la vctima y a las Administraciones pblicas competentes para la adopcin de medidas de proteccin, sean stas de seguridad o de asistencia social, jurdica, sanitaria, psicolgica o de cualquier otra ndole. A estos efectos se establecer reglamentariamente un sistema integrado de coordinacin administrativa que garantice la agilidad de estas comunicaciones.

9. La orden de proteccin implicar el deber de informar permanentemente a la vctima sobre la situacin procesal del imputado as como sobre el alcance y vigencia de las medidas cautelares adoptadas. En particular, la vctima ser informada en todo momento de la situacin penitenciaria del agresor. A estos efectos se dar cuenta de la orden de proteccin a la Administracin penitenciaria.

10. La orden de proteccin ser inscrita en el Registro Central para la Proteccin de las Vctimas de la Violencia Domstica.

11. En aquellos casos en que durante la tramitacin de un procedimiento penal en curso surja una situacin de riesgo para alguna de las personas vinculadas con el imputado por alguna de las relaciones indicadas en el apartado 1 de este artculo, el Juez o Tribunal que conozca de la causa podr acordar la orden de proteccin de la vctima con arreglo a lo establecido en los apartados anteriores.

Disposicin adicional primera.

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Justicia, odo el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Proteccin de Datos, dictar las disposiciones reglamentarias oportunas relativas a la organizacin del Registro Central para la Proteccin de las Vctimas de la Violencia Domstica, as como al rgimen de inscripcin y cancelacin de sus asientos y el acceso a la informacin contenida en el mismo, asegurando en todo caso su confidencialidad.

Disposicin adicional segunda.

El seguimiento de la implantacin de esta ley se llevar a cabo por una comisin integrada por representantes del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscala General del Estado, de las profesiones jurdicas y de los Ministerios de Justicia, Interior y Trabajo y Asuntos Sociales, as como por una representacin de las comunidades autnomas y de las entidades locales.

Corresponder a esta comisin la elaboracin de protocolos de alcance general para la implantacin de la orden de proteccin regulada en esta ley, as como la adopcin de instrumentos adecuados de coordinacin que aseguren la efectividad de las medidas de proteccin y de seguridad adoptadas por los jueces y tribunales y las Administraciones pblicas competentes.

Disposicin final nica.

La presente ley entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Por tanto, Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley.

Palma de Mallorca, 31 de julio de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS MARA AZNAR LPEZ

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 31/07/2003
  • Fecha de publicación: 01/08/2003
  • Entrada en vigor: 2 de agosto de 2003.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • CORRECCIN de errores en BOE nm. 126, de 25 de mayo de 2004 (Ref. BOE-A-2004-9703).
  • SE DICTA DE CONFORMIDAD con la disposicin adicional 1, regulando el Registro central: Real Decreto 355/2004, de 5 de marzo (Ref. BOE-A-2004-5401).
Referencias anteriores
  • MODIFICA el art. 13 y AADE el art. 544 ter a la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1882-6036).
Materias
  • Administracin de Justicia
  • Enjuiciamiento Criminal
  • Malos tratos
  • Medidas cautelares
  • Organizacin de la Administracin del Estado
  • Registros administrativos
  • Violencia de gnero

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