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Documento BOE-A-2003-13812

Ley Orgnica 8/2003, de 9 de julio, para la Reforma Concursal, por la que se modifica la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.

TEXTO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley orgnica.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

I

La reforma concursal exige una modificacin muy profunda de la legislacin vigente, tanto en su aspecto sustantivo como en el procesal, algunas de cuyas medidas han de tener el rango de ley orgnica. Esta Ley Orgnica recoge aquellas disposiciones de la reforma concursal que, por su naturaleza o por afectar a normas vigentes de ese carcter, requieren dicho rango.

La primera de estas disposiciones se refiere a los derechos fundamentales del deudor. Tradicionalmente, la declaracin de insolvencia ha producido efectos sobre la persona del deudor, que incluso podan consistir en el arresto del quebrado. La reforma concursal ha de orientarse, conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, en el sentido de atemperar el rigor de esos efectos, suprimir aquellos de carcter represivo y limitarse a establecer los necesarios desde un punto de vista funcional, en beneficio de la normal tramitacin del procedimiento y en la medida en que sta lo exija, confiriendo al juez la potestad de graduarlos y de adecuarlos a las circunstancias concretas de cada caso; pero es inevitable que en algunos supuestos esos efectos alcancen a derechos fundamentales de la persona del deudor, como son los de libertad, secreto de las comunicaciones, inviolabilidad del domicilio y libre residencia y circulacin por el territorio nacional.

La intervencin de las comunicaciones, la imposicin del deber de residencia y la entrada en el domicilio son medidas que, tanto en los supuestos de suspensin como en los de intervencin del ejercicio de las facultades patrimoniales del concursado, pueden resultar necesarias para la normal tramitacin del procedimiento, pero que siempre ha de adoptar el juez con las debidas garantas y motivando en todo caso la procedencia de la resolucin.

El arresto domiciliario del concursado ha de contemplarse, adems, slo como medida extrema en aquellos casos en que infrinja el deber de residencia, incumpla la prohibicin de ausentarse sin autorizacin judicial o existan motivos fundados para temer que lo haga.

II

El carcter universal del concurso justifica la concentracin en un slo rgano judicial de las materias que se consideran de especial trascendencia para el patrimonio del deudor, lo que lleva a atribuir al juez del concurso jurisdiccin exclusiva y excluyente en materias como todas las ejecuciones y medidas cautelares que puedan adoptarse en relacin con el patrimonio del concursado por cualesquiera rganos jurisdiccionales o administrativos, as como determinados asuntos que, en principio, son de la competencia de los juzgados y tribunales del orden social, pero que por incidir en la situacin patrimonial del concursado y en aras de la unidad del procedimiento no deben resolverse por separado.

Mediante la correspondiente modificacin de la Ley Orgnica del Poder Judicial (nuevo artculo 86 ter), esta atribucin de jurisdiccin exclusiva y excluyente se incorpora ahora expresamente a las competencias de los juzgados de lo mercantil.

La creacin de estos nuevos juzgados especializados dentro del orden jurisdiccional civil, de cuya necesidad incuestionada se ha hecho eco expresamente el Pacto de Estado para la reforma de la Justicia firmado el 28 de mayo de 2001, responde a un doble propsito. Por una parte, dar respuesta a la necesidad que plantea la nueva Ley 22/2003, Concursal, que atribuye al juez del concurso el conocimiento de materias pertenecientes a distintas disciplinas jurdicas y que, hasta el da de hoy, estaban asignadas a diferentes rdenes jurisdiccionales, lo que exige del titular del rgano jurisdiccional y del personal al servicio del mismo una preparacin especializada.

De otro lado, la complejidad de la realidad social y econmica de nuestro tiempo y su repercusin en las diferentes ramas del ordenamiento aconseja avanzar decididamente en el proceso de la especializacin. Con tal finalidad, se encomiendan a los juzgados de lo mercantil otras competencias aadidas a la materia concursal, abriendo con ello un camino de futuro que debe rendir frutos importantes en el proceso de modernizacin de nuestra Justicia. Interesa aadir en este punto dos aclaraciones importantes. La denominacin de estos nuevos juzgados alude a la naturaleza predominante en las materias atribuidas a su conocimiento, no a una identificacin plena con la disciplina o la legislacin mercantil, siendo as que, ni se atribuyen en este momento inicial a los juzgados de lo mercantil todas las materias mercantiles, ni todas las materias sobre las que extienden su competencia son exclusivamente mercantiles. De hecho, el criterio seguido para esta atribucin, dentro del orden jurisdiccional civil, no responde a directrices dogmticas preestablecidas, sino a un contraste pragmtico de las experiencias que han adelantado en nuestra prctica judicial este proceso de especializacin que ahora se generaliza. Se parte as de unas bases iniciales prudentes que habrn de desarrollarse progresivamente en los aos venideros, de acuerdo con la experiencia que se vaya acumulando.

A mayor abundamiento, con la creacin de los juzgados de lo mercantil deben lograrse otros objetivos.

En primer lugar, que la totalidad de las materias que se susciten dentro de su jurisdiccin sean resueltas por titulares con conocimiento especfico y profundo de la materia, lo que ha de facilitar unas resoluciones de calidad en un mbito de indudable complejidad tcnica.

En segundo trmino, ello ha de contribuir a que esas mismas resoluciones se dicten con mayor celeridad, pues ese mejor conocimiento del juez en la materia se traducir en una mayor agilidad en el estudio y resolucin de los litigios. En tercer lugar, se conseguir ms coherencia y unidad en la labor interpretativa de las normas, siendo posible alcanzar criterios ms homogneos, evitndose resoluciones contradictorias en un mbito de indudable vocacin europea, lo que generar una mayor seguridad jurdica. Por ltimo, la creacin de estos juzgados especializados dentro del orden jurisdiccional civil supondr una redistribucin del trabajo que correlativamente favorecer el mejor desarrollo de las previsiones de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil.

Por todo ello, esta especializacin debe tener su implantacin igualmente en la segunda instancia; para ello bastar que una o varias secciones de Audiencias Provinciales, en funcin del volumen de trabajo, asuman en exclusiva el conocimiento de los asuntos propios de esta jurisdiccin mercantil, experiencia que como acaba de sealarse, ya ha sido llevada a la prctica en algunas Audiencias. Esta exclusividad contribuir an ms a la unificacin interpretativa de las normas sometidas a su consideracin.

Tan importantes reformas implican la necesaria modificacin de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcacin y de Planta Judicial. Por un lado, ser necesaria la creacin de algunos nuevos juzgados, especialmente en aquellas capitales de provincia en las que, tanto por ser ncleos en donde los procedimientos concursales son estadsticamente ms frecuentes, como por tener atribuido el conocimiento exclusivo de determinadas pretensiones con exclusividad al resto (sedes del Tribunal Superior de Justicia), resulte as conveniente para el adecuado cumplimiento de la funcin jurisdiccional con respeto a los plazos procesales. Por otro, nada impedir la mera reconversin de juzgados civiles en estos mercantiles de nueva creacin, en aquellas provincias donde, en atencin al volumen de asuntos, no sea necesaria la ampliacin de la planta; sin perjuicio, adems, de que algn juzgado pueda extender su jurisdiccin a otra provincia, dentro de una misma comunidad autnoma, si eso resulta conveniente en funcin del volumen de asuntos.

Del mismo modo y por el mismo principio de eficacia y adecuacin de medios, y en aquellos casos en que condiciones objetivas as lo aconsejen, se podrn establecer juzgados de lo mercantil en poblaciones distintas a la capital de provincia.

Al Consejo General del Poder Judicial corresponder una seleccin y preparacin rigurosa de los jueces que vayan a ocupar este tipo de rganos jurisdiccionales, a cuyo fin se prev un sistema de especializacin preferente en el que se debern superar pruebas tendentes a acreditar un conocimiento especfico de la materia.

III

La presente reforma de la Ley Orgnica del Poder Judicial permite tambin dar efectivo cumplimiento a las previsiones del Reglamento (CE) nmero 40/1994, del Consejo de la Unin Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, cuyo artculo 91 obliga a cada Estado miembro a designar en su territorio un nmero tan limitado como fuese posible de Tribunales nacionales de primera y de segunda instancia, denominados Tribunales de marcas comunitarias, encargados de desempear las funciones que en el citado reglamento se establecen.

La opcin que mayores ventajas presenta y que mejor se ajusta a las indicaciones de la referida normativa es la de designar a los juzgados de lo mercantil y a la seccin correspondiente de la Audiencia Provincial de Alicante como tribunales de marcas comunitarias en Espaa, en primera y segunda instancia, respectivamente, extendiendo su jurisdiccin -a estos exclusivos efectos- a todo el territorio nacional. Es en Alicante precisamente donde tiene su sede la Oficina de armonizacin del mercado interior (OAMI), cuya misin principal es la promocin y administracin de las marcas, dibujos y modelos en el mbito de la Unin Europea, labor en la que comparte con las jurisdicciones de los Estados de la Unin Europea la tarea de decidir acerca de las solicitudes de invalidacin de estos ttulos con posterioridad a su registro. El hecho de que Tribunales y Oficina tengan su sede en la misma ciudad permitir optimizar mejor los recursos, as como garantizar agilidad y rapidez en las comunicaciones entre ambos, adems de insertar la labor de estos nuevos rganos jurisdiccionales en un contexto en el que, desde hace aos, vienen ya trabajando profesionales especializados en esta materia.

Con la reforma tambin se da cumplimiento a las previsiones del Reglamento (CEE) n. 12/2003, del Consejo de la Unin Europea, de 16 de diciembre de 2002, relativo a la aplicacin de las normas sobre competencia previstas en los artculos 81 y 82 del Tratado, para lo que se atribuye a los nuevos juzgados de lo mercantil la competencia para conocer de los litigios en que se apliquen dichos preceptos.

Artculo primero. Efectos del concurso sobre derechos fundamentales del concursado.

1. Desde la admisin a trmite de la solicitud de declaracin de concurso necesario, a instancias del legitimado para instarlo, o desde la declaracin de concurso, de oficio o a instancia de cualquier interesado, y tanto en los casos de suspensin como en los de intervencin de las facultades de administracin y disposicin del deudor sobre su patrimonio, el juez podr acordar en cualquier estado del procedimiento las siguientes medidas:

1. La intervencin de las comunicaciones del deudor, con garanta del secreto de los contenidos que sean ajenos al inters del concurso.

2. El deber de residencia del deudor persona natural en la poblacin de su domicilio. Si el deudor incumpliera este deber o existieran razones fundadas para temer que pudiera incumplirlo, el juez podr adoptar las medidas que considere necesarias, incluido el arresto domiciliario.

3. La entrada en el domicilio del deudor y su registro.

2. Si se tratare del concurso de una persona jurdica, las medidas previstas en el apartado anterior podrn acordarse tambin respecto de todos o alguno de sus administradores o liquidadores, tanto de quienes lo sean en el momento de la solicitud de declaracin de concurso como de los que lo hubieran sido dentro de los dos aos anteriores.

3. La adopcin de cualquiera de las medidas descritas en el apartado 1 de este artculo se acordar previa audiencia del Ministerio Fiscal y mediante decisin judicial motivada, conforme a los siguientes criterios:

a) La idoneidad de la medida en relacin con el estado del procedimiento de concurso;

b) El resultado u objetivo perseguido, que se expondr de manera concreta;

c) La proporcionalidad entre el alcance de cada medida y el resultado u objetivo perseguido;

d) La duracin de la medida, con fijacin del tiempo mximo de vigencia, que no podr exceder del estrictamente necesario para asegurar el resultado u objetivo perseguido, sin perjuicio de que, de persistir los motivos que justificaron la medida, el juez acuerde su prrroga con los mismos requisitos que su adopcin. Durante el tiempo de vigencia de la medida, el juez podr acordar en cualquier momento su atenuacin o cese.

4. La intervencin de las comunicaciones telefnicas deber realizarse conforme a lo previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

5. La autorizacin judicial de entrada y registro en el domicilio del deudor o de las personas a las que se refiere el apartado 2 de este artculo, cuando nieguen su consentimiento, habr de basarse en indicios racionales de existencia de documentos de inters para el procedimiento concursal, no aportados, o en la necesidad de esta medida para la adopcin de cualquier otra procedente.

6. Las decisiones judiciales estimatorias podrn ser recurridas en apelacin por el deudor en el plazo de cinco das, sin efectos suspensivos, ante la Audiencia Provincial. Este recurso tendr tramitacin preferente.

Artculo segundo. Modificaciones de la Ley Orgnica del Poder Judicial.

La Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, queda modificada en los trminos siguientes:

1. El artculo 26 queda redactado de la forma siguiente:

El ejercicio de la potestad jurisdiccional se atribuye a los siguientes juzgados y Tribunales:

Juzgados de Paz.

Juzgados de Primera Instancia e Instruccin, de lo Mercantil, de lo Penal, de lo Contencioso-administrativo, de lo Social, de Menores y de Vigilancia Penitenciaria.

Audiencias Provinciales.

Tribunales Superiores de Justicia.

Audiencia Nacional.

Tribunal Supremo.

2. El apartado 2. del artculo 75 queda redactado de la siguiente forma:

2. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de lo Social de la comunidad autnoma, as como de los recursos de suplicacin y los dems que prev la ley contra las resoluciones de los juzgados de lo mercantil de la comunidad autnoma en materia laboral, y las que resuelvan los incidentes concursales que versen sobre la misma materia.

3. El nmero 1 del artculo 80 quedar redactado de la siguiente manera:

Las Audiencias Provinciales, que tendrn su sede en la capital de la provincia, de la que tomarn su nombre, extendern su jurisdiccin a toda ella, sin perjuicio de lo previsto en el apartado 4 del artculo 82.

4. El apartado 4 del artculo 82 queda redactado de la forma siguiente:

En el orden civil conocern las Audiencias Provinciales de los recursos que establezca la ley contra resoluciones dictadas en primera instancia por los Juzgados de Primera Instancia de la provincia.

Tambin conocern de los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas en primera instancia por los juzgados de lo mercantil, salvo las que se dicten en incidentes concursales que resuelvan cuestiones de materia laboral, debiendo especializarse a tal fin una o varias de sus Secciones, de conformidad con lo previsto en el artculo 98 de la presente Ley Orgnica.

Asimismo, la Seccin o Secciones de la Audiencia Provincial de Alicante que se especialicen al amparo de lo previsto en el prrafo anterior conocern, adems, en segunda instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos recursos a los que se refiere el artculo 101 del Reglamento n. 40/94, del Consejo de la Unin Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y el Reglamento 6/2002, del Consejo de la Unin Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia extendern su jurisdiccin a todo el territorio nacional y a estos solos efectos se denominarn Tribunales de Marca Comunitaria.

5. El captulo V del ttulo IV se denominar De los Juzgados de Primera Instancia e Instruccin, de lo Mercantil, de lo Penal, de lo Contencioso-administrativo, de lo Social, de Vigilancia Penitenciaria y de Menores.

6. Se aade un nuevo artculo 86 bis, con la siguiente redaccin:

1. Con carcter general, en cada provincia, con jurisdiccin en toda ella y sede en su capital, habr uno o varios juzgados de lo mercantil.

2. Tambin podrn establecerse en poblaciones distintas de la capital de provincia cuando, atendidas la poblacin, la existencia de ncleos industriales o mercantiles y la actividad econmica, lo aconsejen, delimitndose en cada caso el mbito de su jurisdiccin.

3. Podrn establecerse juzgados de lo mercantil que extiendan su jurisdiccin a dos o ms provincias de la misma comunidad autnoma, con la salvedad de lo previsto en el apartado 4 de este artculo.

4. Los juzgados de lo mercantil de Alicante tendrn competencia, adems, para conocer, en primera instancia y de forma exclusiva, de todos aquellos litigios que se promuevan al amparo de lo previsto en los Reglamentos nmeros 40/94, del Consejo de la Unin Europea, de 20 de diciembre de 1993, sobre la marca comunitaria, y 6/2002, del Consejo de la Unin Europea, de 12 de diciembre de 2001, sobre los dibujos y modelos comunitarios. En el ejercicio de esta competencia dichos Juzgados extendern su jurisdiccin a todo el territorio nacional, y a estos solos efectos se denominarn Juzgados de Marca Comunitaria.

7. Se aade un nuevo artculo 86 ter, con la siguiente redaccin:

1. Los juzgados de lo mercantil conocern de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los trminos previstos en su Ley reguladora.

En todo caso, la jurisdiccin del juez del concurso ser exclusiva y excluyente en las siguientes materias:

1. Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado con excepcin de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiacin, matrimonio y menores a las que se refiere el ttulo I del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Civil. Con el mismo alcance conocer de la accin a que se refiere el artculo 17.1 de la Ley Concursal.

2. Las acciones sociales que tengan por objeto la extincin, modificacin o suspensin colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, as como la suspensin o extincin de contratos de alta direccin, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerir el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicacin de las normas especficas de la Ley Concursal, debern tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenacin normativa estatutaria y del proceso laboral.

3. Toda ejecucin frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el rgano que la hubiera ordenado.

4. Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, excepto las que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdiccin en el nmero 1.

5. Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relacin con la asistencia jurdica gratuita.

6. Las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los administradores sociales, a los auditores o, en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados al concursado durante el procedimiento.

2. Los juzgados de lo mercantil conocern, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de:

a) Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, as como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas.

b) Las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes, nacional o internacional.

c) Aquellas pretensiones relativas a la aplicacin del Derecho Martimo.

d) Las acciones relativas a condiciones generales de la contratacin en los casos previstos en la legislacin sobre esta materia.

e) Los recursos contra las resoluciones de la Direccin General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificacin del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento.

f) De los procedimientos de aplicacin de los artculos 81 y 82 del Tratado de la Comunidad Europea y de su derecho derivado.

g) Cuantas incidencias o pretensiones se promuevan como consecuencia de la aplicacin de la normativa vigente sobre arbitraje en las materias a las que se refiere este apartado.

8. El apartado 1 del artculo 210 queda redactado de la forma siguiente:

Los Jueces de Primera Instancia y de Instruccin, de lo Mercantil, de lo Penal, de lo Contencioso-administrativo, de Menores y de lo Social se sustituirn entre s en las poblaciones donde existan varios, en la forma que acuerde la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia, a propuesta de la Junta de Jueces.

9. El prrafo segundo del apartado 3 del artculo 211 queda redactado de la forma siguiente:

La sustitucin de los Jueces de lo Penal corresponder, en el caso del artculo 89, a los de Primera Instancia. En los dems casos, los Jueces de lo Penal e, igualmente, los de Primera Instancia e Instruccin sern sustituidos por los Jueces de lo Mercantil, de Menores, de lo Contencioso-administrativo y de lo Social, segn el orden que establezca la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia.

10. Se aade un segundo prrafo al nmero 1 del artculo 236 de la Ley Orgnica del Poder Judicial, que pasa a tener la siguiente redaccin:

1. La publicidad de los edictos se entender cumplida mediante la insercin, segn proceda, en los Boletines Oficiales que sealen las leyes procesales.

Cuando expresamente as se prevea, tal publicidad y comunicaciones podrn sustituirse, en los trminos que reglamentariamente se determinen, por la utilizacin de medios telemticos, informticos o electrnicos.

2. La publicacin en cualquier otro medio se podr acordar a peticin y a costa de la parte que lo solicite.

11. Se aade al artculo 329 un nuevo apartado 4 con la siguiente redaccin:

4. Los concursos para la provisin de los juzgados de lo mercantil se resolvern en favor de quienes, acreditando la especializacin en los asuntos propios de dichos juzgados obtenida mediante la superacin de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafn. En su defecto, se cubrirn con los Magistrados que acrediten haber permanecido ms aos en el orden jurisdiccional civil. A falta de stos, por el orden de antigedad establecido en el apartado primero.

Los que obtuvieran plaza debern participar antes de tomar posesin en su nuevo destino en las actividades especficas de formacin que el Consejo General del Poder Judicial establezca reglamentariamente.

En el caso de que las vacantes hubieran de cubrirse por ascenso, el Consejo General del Poder Judicial establecer igualmente actividades especficas y obligatorias de formacin que debern realizarse antes de la toma de posesin de dichos destinos por aquellos Jueces a quienes corresponda ascender.

12. Se aade al artculo 330 un apartado 5 con la siguiente redaccin:

5. Los concursos para la provisin de plazas de magistrados de las Secciones de las Audiencias Provinciales que conozcan en segunda instancia de los recursos interpuestos contra todo tipo de resoluciones dictadas por los juzgados de lo mercantil se resolvern en favor de quienes, acreditando la especializacin en los asuntos propios de dichos Juzgados, obtenida mediante la superacin de las pruebas selectivas que reglamentariamente determine el Consejo General del Poder Judicial, tengan mejor puesto en su escalafn. En su defecto, se cubrirn con los magistrados que acrediten haber permanecido ms tiempo en el orden jurisdiccional civil. A falta de stos, por los magistrados que acrediten haber permanecido ms tiempo en rganos jurisdiccionales mixtos. En su defecto, por el orden de antigedad establecido en el apartado primero.

13. El apartado 1 de la Disposicin adicional octava queda redactado de la forma siguiente:

La competencia para tramitar y decidir en primera instancia los procesos civiles sobre impugnacin de acuerdos sociales establecidos en el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Annimas; en la Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada; en la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas, as como los que versen sobre la nulidad de registro de cualquiera de las modalidades de la Propiedad Industrial a las que se refiere la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, quedar en todo caso atribuida a los jueces de lo mercantil que resulten competentes.

Disposicin transitoria nica.

Hasta el momento en que entren en funcionamiento los juzgados de lo mercantil, las funciones atribuidas a los mismos en la Ley Concursal sern asumidas por los actuales Juzgados de Primera Instancia o de Primera Instancia e Instruccin, de acuerdo con lo que establezca la Ley de Demarcacin y de Planta Judicial, aplicndose a los mismos lo dispuesto en el apartado 7 del artculo segundo de la presente Ley Orgnica.

Tales funciones podrn ser asignadas por la Sala de Gobierno del respectivo Tribunal Superior de Justicia, con carcter exclusivo, a uno de los Juzgados de Primera Instancia o de Primera Instancia e Instruccin del partido judicial.

Disposicin derogatoria nica.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango, en lo que contradigan o se opongan a lo establecido en la presente Ley Orgnica.

Disposicin final primera. Modificaciones de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcacin y de Planta Judicial.

En el plazo de tres meses a contar desde la entrada en vigor de esta Ley Orgnica, el Gobierno remitir a las Cortes Generales un proyecto de modificacin de la Ley 38/1988, de 28 de diciembre, de Demarcacin y de Planta Judicial, a fin de adecuar sus previsiones a la presente Ley Orgnica.

Disposicin final segunda. Entrada en funcionamiento de los juzgados de lo mercantil.

Los juzgados de lo mercantil entrarn en funcionamiento a partir del da 1 de septiembre de 2004.

Disposicin final tercera. Entrada en vigor.

La presente Ley Orgnica entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado, con excepcin de lo dispuesto en su artculo primero y en su disposicin transitoria, que entrar en vigor el da 1 de septiembre de 2004.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta ley orgnica.

Madrid, 9 de julio de 2003.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno en funciones,

MARIANO RAJOY BREY

Análisis

  • Rango: Ley Orgnica
  • Fecha de disposición: 09/07/2003
  • Fecha de publicación: 10/07/2003
  • Entrada en vigor, con la salvedad indicada, el 11 de julio de 2003.
  • Entrada en funcionamiento de los juzgados el 1 de septiembre de 2004.
Referencias anteriores
  • MODIFICA los arts. 26, 75, 80, 82, 210, 211, 236, 329, 330, rbrica del capitulo V del ttulo IV y disposicin adicional 8 y AADE los arts. 86 bis y 86 ter a la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio (Ref. BOE-A-1985-12666).
  • DE CONFORMIDAD con:
  • CITA Ley 38/1988, de 28 de diciembre (Ref. BOE-A-1988-29622).
Materias
  • Administracin de Justicia
  • Audiencias Provinciales
  • Carrera Judicial
  • Consejo General del Poder Judicial
  • Demarcacin judicial
  • Derechos fundamentales
  • Juzgados de Instruccin
  • Juzgados de lo Contencioso-Administrativo
  • Juzgados de lo Mercantil
  • Juzgados de lo Penal
  • Juzgados de lo Social
  • Juzgados de Menores
  • Juzgados de Primera Instancia
  • Juzgados de Primera Instancia e Instruccin
  • Magistrados
  • Oposiciones y concursos
  • Tribunales de Marca Comunitaria
  • Tribunales Superiores de Justicia

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