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Documento BOE-A-1998-14062

Ley Orgnica 2/1998, de 15 de junio, por la que se modifican el Cdigo Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

TEXTO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgnica.

EXPOSICIN DE MOTIVOS

I

La denominada violencia callejera se ha constituido en uno de los fenmenos ms relevantes para la convivencia ciudadana a lo largo de los ltimos aos. Los medios de comunicacin y los ms diversos foros de reflexin y debate poltico y social han dejado constancia de la gravedad de esta nueva forma de terrorismo, dada su extraordinaria capacidad para alterar la paz social. Por otro lado, ese impacto social se ha visto acentuado por la sensacin, ampliamente extendida, de la impunidad con la que han venido actuando sus responsables, en quienes concurra muchas veces la condicin de ser jvenes en proceso de formacin.

La respuesta de las instituciones democrticas a este fenmeno ha de ser necesariamente multidireccional, serena y ajustada. Slo de este modo resultar ampliamente compartida, compatible con el escrupuloso respeto de las libertades pblicas y, en definitiva, eficaz para preservar la pacfica convivencia de los ciudadanos. Consecuentemente, esa respuesta debe contemplar el impulso de la educacin en los valores democrticos, el fomento de las medidas que faciliten la insercin en el tejido socioeconmico y laboral de los jvenes y la perfeccin de los sistemas de prevencin e investigacin de los cuerpos de polica. Pero tampoco debe descuidarse la necesidad de completar y ajustar las normas reguladoras de la actuacin del sistema punitivo.

Las presentes medidas legislativas atienden justamente a este ltimo aspecto. No debe imputrseles, por tanto, desdn u olvido de medidas de otra ndole. Tampoco tienen pretensin de exhaustividad en el propio plano normativo. Son, simplemente, el resultado de una reflexin atenta a la experiencia prctica y elaborada con la mirada puesta en el objetivo de lograr el ms amplio consenso posible.

II

De este modo, los partidos polticos democrticos presentes en el Pacto de Madrid han alcanzado un amplio acuerdo para llevar a cabo reformas concretas del Cdigo Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que proporcionen a los Jueces y Magistrados instrumentos ms claros y efectivos para defender los derechos y libertades de los ciudadanos frente a las agresiones derivadas de la violencia callejera, claramente reprobables en una sociedad democrtica, y a las que, sin embargo, no resultan aplicables las previsiones legales relativas a los delitos de terrorismo que contiene el nuevo Cdigo Penal (seccin segunda del captulo V del Ttulo XXII de su Libro II).

Estas reformas constituyen una posicin comn de los partidos polticos democrticos presentes en el Pacto de Madrid, con el propsito de lograr una ms efectiva garanta de los derechos y libertades de los ciudadanos, amenazados por aquellas conductas de violencia e intimidacin callejera.

III

El Cdigo Penal vigente, aprobado por Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre, es una obra reciente cuyos presupuestos no deben ser ahora modificados. No se efecta, por ello, ninguna derogacin, ni cambio alguno de las soluciones normativas propuestas en l. El objeto de la presente reforma se limita, as, a complementar las regulaciones ya vigentes, haciendo ms clara y efectiva la defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos, en los casos en que se ven amenazados por la actuacin de los grupos violentos o las personas de su entorno.

De este modo, la reforma del Cdigo Penal que se viene a introducir consta de las siguientes cuatro innovaciones:

a) La incorporacin, como nuevo apartado 4 del artculo 514, de un precepto que sancione especficamente la celebracin de actos que impidan o perturben gravemente el desarrollo de una reunin o manifestacin lcita (actos de los que son paradigma las denominadas contra-manifestaciones).

La necesidad de esta previsin legal parece evidente, ya que, aunque la Constitucin reconoce y ampara los derechos de reunin y manifestacin (cuya regulacin se contiene en la Ley Orgnica 9/1993, de 15 de julio), es notorio que existen an casos en los que los ciudadanos no pueden reunirse ni manifestarse libremente, ya que el ejercicio de estos derechos cvicos se condiciona, restringe o anula, segn los casos, por las amenazas, coacciones o actos de violencia que individuos intolerantes efectan contra ellos.

En garanta de estos derechos democrticos se ha definido este nuevo delito, que es una plasmacin especfica de las coacciones lesivas de derechos fundamentales sancionadas en el segundo prrafo del artculo 172 del Cdigo Penal vigente (respecto del que es tipo especial), y con el que se recupera, aunque de forma ms matizada y flexible, una regulacin que se incorpor a nuestro Cdigo Penal, por vez primera, con la Ley Orgnica 4/1980, de 21 de mayo, de reforma del Cdigo en materia de delitos relativos a las libertades de expresin, reunin y asociacin.

b) La introduccin, como nuevo apartado 5 del ar tculo 514, de un precepto especfico que tipifique la convocatoria y la celebracin de reuniones o manifestaciones previamente suspendidas o prohibidas, siempre que en ellas concurran finalidades que coincidan con las que son propias de las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas.

Este precepto concreta, para el caso de las reuniones y manifestaciones ms peligrosas, el delito de desobediencia genrica del artculo 556 del Cdigo vigente, si bien con las importantes precisiones que a continuacin se expresan. El propsito del legislador es, en efecto, limitar la sancin penal, de conformidad con los principios de fragmentariedad y ltima ratio propios de este ordenamiento, a las conductas ms graves. Por ello se limita la sancin penal, en primer lugar, a los actos de convocatoria o celebracin de reuniones o manifestaciones previamente suspendidas o prohibidas, que son aquellas en las que, segn explicita la Ley Orgnica reguladora del derecho de reunin, existen razones fundadas de que pueden producirse alteraciones del orden pblico, con peligro para personas o bienes. Y, en segundo lugar, el tipo se limita, an dentro de stas, a aquellas especficas reuniones o manifestaciones en las que concurran las finalidades propias y caractersticas de las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas, segn resulta de las expresiones con las que se delimita ese nimo tendencial tpico (subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pblica). Estas expresiones, en efecto, describen muy precisamente, tanto en el Cdigo Penal de 1995 (as se emplean de manera directa en los artculos 571 y 577 y, por referencia, en los artculos 574 y 575), como en la literatura cientfica y la jurisprudencia espaola, el nimo tendencial propio y caracterstico de la delincuencia terrorista, ya que subversin del orden constitucional significa (gramaticalmente, pero tambin por interpretaciones histricas, contextuales e incluso de Derecho comparado) la destruccin violenta del Estado democrtico y de sus instituciones, en tanto que alterar gravemente la paz pblica supone una situacin cualitativamente distinta (por su especfica gravedad) de la alteracin del orden pblico sancionada penalmente, de tal manera que se pongan en cuestin los propios fundamentos de la convivencia democrtica.

c) La ampliacin del mbito de personas protegidas frente a las amenazas terroristas en el artculo 170 del Cdigo Penal vigente, que pasa a convertirse en el apartado primero de este artculo. En su texto vigente, este precepto establece una punicin especfica para las amenazas que se dirigen a atemorizar a los habitantes de una poblacin, grupo tnico, o a un amplio grupo de personas, y tuvieran la gravedad suficiente para ello. Se encuadran aqu, especficamente, las amenazas terroristas dirigidas a colectivos.

Se pretende con la reforma detallar los mbitos ms significativos de proteccin de este precepto, especificando que es objeto de esta tutela cualquier agrupacin, colectivo o conjunto de personas a los que se amenace genricamente, con la gravedad necesaria para conseguirlo, y con indeterminacin de la persona concreta en que pudiera actualizarse el contenido de la amenaza.

d) La creacin de un segundo apartado en el artcu lo 170, en el que se sanciona el reclamo pblico de acciones violentas por parte de bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas, y con el que se pretende cubrir un mbito de impunidad detectado entre las amenazas (que no se aplican a las genricas o de sujeto pasivo indeterminado) y la apologa (que, en la concepcin del Cdigo Penal de 1995, slo se castiga como forma de provocacin a un delito especfico), de inexcusable atencin.

En efecto, una de las finalidades prioritarias de los violentos es la atemorizacin de la sociedad, para lo cual reiteran actos de desrdenes pblicos, violencia callejera, intimidaciones y amenazas. Frente a la gran mayora de estos actos, el Cdigo Penal otorga a la sociedad proteccin suficiente, lo que no puede decirse respecto de algunos comportamientos genricos de intimidacin que se llevan a cabo mediante el anuncio o reclamo de actuacin de grupos terroristas, intimidaciones que se sitan tcnicamente entre la amenaza y la apologa, sin corresponderse estrictamente con ninguna de estas figuras delictivas.

IV

El contenido de la presente Ley incluye tambin dos reformas especficas de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dirigidas a intensificar la aplicabilidad de los juicios rpidos en el orden penal, aunque en mbitos ya previstos por la Ley. De este modo, se dispone la modificacin de los apartados segundo y tercero del artculo 790.1 de aquella Ley, para imponer trmites abreviados en casos en los que, hasta ahora, slo eran facultativos. Se subraya as la decidida voluntad del legislador de agilizar los procesos penales, en el convencimiento de que una Justicia ms rpida se adeca mejor a sus fines constitucionales y atiende ms cumplidamente los intereses sociales.

Artculo primero.

Se aade un nuevo apartado 4 al artculo 514 del Cdigo Penal, en los siguientes trminos:

4. Los que impidieren el legtimo ejercicio de las libertades de reunin o manifestacin, o perturbaren gravemente el desarrollo de una reunin o manifestacin lcita sern castigados con la pena de prisin de dos a tres aos o multa de doce a veinticuatro meses si los hechos se realizaren con violencia, y con la pena de arresto de siete a veinticuatro fines de semana o multa de seis a doce meses si se cometieren mediante vas de hecho o cualquier otro procedimiento ilegtimo.

Artculo segundo.

Se aade un nuevo apartado 5 al artculo 514 del Cdigo Penal, en los siguientes trminos:

5. Los promotores o directores de cualquier reunin o manifestacin que convocaren, celebraren o intentaren celebrar de nuevo una reunin o manifestacin que hubiese sido previamente suspendida o prohibida, y siempre que con ello pretendieran subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pblica, sern castigados con las penas de prisin de seis meses a un ao y multa de seis a doce meses, sin perjuicio de la pena que pudiera corresponder, en su caso, conforme a los apartados precedentes.

Artculo tercero.

Se modifica el artculo 170 del Cdigo Penal que queda redactado en los siguientes trminos:

1. Si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atemorizar a los habitantes de una poblacin, grupo tnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de personas, y tuvieran la gravedad necesaria para conseguirlo, se impondrn respectivamente las penas superiores en grado a las previstas en el artculo anterior.

2. Sern castigados con la pena de arresto de siete a dieciocho fines de semana, o multa de seis a doce meses, los que, con la misma finalidad y gravedad, reclamen pblicamente la comisin de acciones violentas por parte de bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas.

Artculo cuarto.

Se modifica el prrafo segundo de artculo 790.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que queda redactado en los siguientes trminos:

No obstante, tan pronto como el Juez de Instruccin considere que existen elementos suficientes para formular la acusacin por haberse practicado, en su caso, las diligencias a que se refiere el apartado 3 del artculo 789, el traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal y partes acusadoras se efectuar de forma inmediata, incluso en el propio servicio de guardia del Juzgado de Instruccin.

Artculo quinto.

Se modifica el prrafo tercero del artculo 790.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que queda redactado en los siguientes trminos:

Efectuado el traslado a que se refiere el prrafo anterior, el Ministerio Fiscal, en atencin a las circunstancias de flagrancia o evidencia de los hechos, alarma social producida, detencin del imputado o aseguramiento de su puesta a disposicin judicial, presentar en el acto su escrito de acusacin y solicitud de inmediata apertura del juicio oral, con simultnea citacin para su celebracin.

Disposicin adicional nica.

Los artculos 4 y 5 de la presente Ley tienen carcter de ley ordinaria.

Disposicin final nica.

La presente Ley entrar en vigor al da siguiente de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley Orgnica.

Madrid, 15 de junio de 1998.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

JOS MARA AZNAR LPEZ

Análisis

  • Rango: Ley Orgnica
  • Fecha de disposición: 15/06/1998
  • Fecha de publicación: 16/06/1998
  • Entrada en vigor: 17 de junio de 1998.
Referencias anteriores
  • MODIFICA:
    • el art. 170 y AADE los apartados 4 y 5 al art. 514 de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre (Ref. BOE-A-1995-25444).
    • los parrafos 2 y 3 del art. 790.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1882-6036).
  • CITA:
Materias
  • Cdigo Penal
  • Delitos relativos al ejercicio de los Derechos Fundamentales y Libertades Pblicas
  • Enjuiciamiento Criminal
  • Juicio Penal Abreviado
  • Manifestaciones
  • Reuniones
  • Terrorismo

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