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Documento BOE-A-1995-26714

Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y asistencia a las vctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual.

TEXTO

JUAN CARLOS I
REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

EXPOSICION DE MOTIVOS
I

La vctima del delito ha padecido un cierto abandono desde que el sistema penal sustituy la venganza privada por una intervencin pblica e institucional, ecunime y desapasionada, para resolver los conflictos generados por la infraccin de la ley penal. Pero, desde una perspectiva ms global, la pretensin punitiva del Estado debe acercarse al problema social y comunitario en que el delito consiste para prevenirlo y recuperar al infractor, desde luego, pero adems, para reparar en lo posible el dao padecido por la vctima. En muchas ocasiones, el abandono social de la vctima a su suerte tras el delito, su etiquetamiento, la falta de apoyo psicolgico, la misma intervencin en el proceso, las presiones a que se ve sometida, la necesidad de revivir el delito a travs del juicio oral, los riesgos que genera su participacin en el mismo, etc., producen efectos tan dolorosos para la vctima como los que directamente se derivan del delito.

En esta lnea, desde hace ya bastantes aos la ciencia penal pone su atencin en la persona de la vctima, reclamando una intervencin positiva del Estado dirigida a restaurar la situacin en que se encontraba antes de padecer el delito o al menos a paliar los efectos que el delito ha producido sobre ella.

En el caso de los delitos violentos, las vctimas sufren, adems, las consecuencias de una alteracin grave e imprevista de su vida habitual, evaluable en trminos econmicos. En el supuesto de que la vctima haya sufrido lesiones corporales graves, la prdida de ingresos y la necesidad de afrontar gastos extraordinarios acentan los perjuicios del propio hecho delictivo. Si se ha producido la muerte, las personas dependientes del fallecido se ven abocadas a situaciones de dificultad econmica, a menudo severa. Estas consecuencias econmicas del delito golpean con especial dureza a las capas sociales ms desfavorecidas y a las personas con mayores dificultades para insertarse plenamente en el tejido laboral y social.

II

La preocupacin por la situacin de las vctimas de los delitos registra ya importantes manifestaciones normativas tanto en Convenios y Recomendaciones de organismos internacionales como en la legislacin comparada.

Debe destacarse el Convenio nmero 116, del Consejo de Europa, de 24 de noviembre de 1983, sobre la indemnizacin a las vctimas de delitos violentos. Su entrada en vigor se produjo en 1988 y aunque no firmado an por Espaa, constituye un referente jurdico de primer orden en el tratamiento de esta materia, al lado de la Recomendacin del Comit de Ministros del Consejo de Europa a los Estados miembros, de 28 de junio de 1985, sobre la posicin de la vctima en el marco del derecho penal y del proceso penal.

En el mbito de la legislacin comparada, aunque inicindose en primer lugar en el rea anglosajona, se ha ido extendiendo la proteccin a las vctimas por los pases de nuestro entorno geogrfico, a raz de la aprobacin del citado Convenio del Consejo de Europa.

Por otra parte, en el mbito interno, el fenmeno de la victimizacin ha encontrado eco en los programas de partidos polticos y en iniciativas parlamentarias desde hace una dcada.

III

La Ley regula, por una parte, las ayudas de contenido econmico a las vctimas de delitos violentos y, por otra parte, la asistencia a las vctimas de todo tipo de delitos.

El concepto legal de ayudas pblicas contemplado en esta Ley debe distinguirse de figuras afines y, sealadamente, de la indemnizacin. No cabe admitir que la prestacin econmica que el Estado asume sea una indemnizacin ya que ste no puede asumir sustitutoriamente las indemnizaciones debidas por el culpable del delito ni, desde otra perspectiva, es razonable incluir el dao moral provocado por el delito. La Ley, por el contrario, se construye sobre el concepto de ayudas pblicas -plenamente recogido en nuestro Ordenamiento- referido directamente al principio de solidaridad en que se inspira.

La presente Ley contempla los delitos violentos y dolosos cometidos en Espaa. El concepto de dolo excluye de entrada los delitos de imprudencia cuya admisin hara inviable econmicamente esta iniciativa legislativa. Por otra parte, tanto el Convenio del Consejo de Europa como el grueso de la legislacin comparada aluden nicamente a los delitos intencionales, es decir, dolosos.

Los delitos susceptibles de generar ayudas pblicas sern aquellos cuyo resultado sea la muerte, lesiones corporales graves o daos graves en la salud fsica o mental. Por lo que respecta a la gravedad de las lesiones o los daos en la salud, la Ley se remite a efectos de su valoracin a la legislacin de la Seguridad Social.

De esta forma se opta por acotar aquellos delitos violentos con resultado de mxima gravedad con el propsito de avanzar de forma rigurosa aunque selectiva, cubriendo inicialmente los daos de carcter ms grave pero afianzando la conviccin social de que esta funcin debe ser paulatinamente ejercida por el Estado.

El concepto de beneficiario se ha construido atendiendo a considerar como vctimas tanto a quien sufre directamente las lesiones corporales o daos en su salud como a las personas que dependieran del fallecido en los supuestos con resultado de muerte.

La cuantificacin de las ayudas es un aspecto central del sistema. Se parte de la fijacin de cuantas mximas correspondientes a cada una de las clases de incapacidad contempladas por la legislacin de la Seguridad Social. Sobre estos importes mximos la ayuda a percibir se establecer aplicando coeficientes correctores en atencin a la situacin econmica de la vctima, al nmero de personas que dependieran econmicamente de ella y al grado de afectacin o menoscabo sufrido. Igual criterio se sigue en el supuesto de muerte: fijacin de una cuanta mxima de ayuda y aplicacin sobre ella de coeficientes correctores.

La ayuda econmica se declara incompatible con la percepcin de las indemizaciones de los perjuicios y daos causados por el delito que se establezcan mediante sentencia judicial. El crculo se cierra declarando la subrogacin del Estado en los derechos que asistan a la vctima contra el autor del delito y hasta el total importe de la ayuda concedida.

La gestin de este sistema de ayudas se confa al Ministerio de Economa y Hacienda, con objeto de no crear una nueva estructura administrativa.

La revisin en va administrativa de las resoluciones de dicho Departamento se encomienda a una Comisin Nacional de Ayuda y Asistencia a las Vctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, creada al amparo de las previsiones del artculo 107.2 de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. Se considera que un procedimiento de impugnacin ante una Comisin integrada por representantes de distintos Departamentos y, eventualmente, por representantes de organizaciones o sectores sociales especialmente vinculados a este tema permitir una actuacin ms ajustada que la va clsica del recurso administrativo ante el rgano superior jerrquico.

La concesin de la ayuda se condiciona, como regla general, a que se haya producido la resolucin judicial firme que ponga fin al proceso penal. Los plazos con los que trabaja la Justicia penal hacen que esta solucin sea insatisfactoria en aquellos casos en los que la precaria situacin de la vctima reclame una ayuda econmica desde el momento en que se ha cometido el delito. La Ley contempla la concesin de ayudas provisionales, atendiendo a la precaria situacin de la vctima del delito.

Un punto particularmente sensible es el de la confluencia de este nuevo sistema de ayudas con el rgimen de resarcimientos vigente para las vctimas de bandas armadas y elementos terroristas.

Elementales razones de prudencia financiera impiden en estos momentos establecer un sistema de ayudas a las vctimas de los delitos violentos equiparable al de las vctimas de bandas armadas y elementos terroristas, tanto en la cuanta de las ayudas como en la cobertura de los daos materiales. Por otra parte, una confluencia de regmenes que supusiera minorar las cuantas percibidas por las vctimas de delitos terroristas sera sin duda inaceptable para la actual sensibilidad poltica y social.

Se ha optado por una solucin intermedia basada en dos elementos. Por una parte, se deslegaliza por completo el rgimen de resarcimientos por daos a las vctimas de bandas armadas y elementos terroristas. Por otra parte, se prev la confluencia de ambos regmenes en sus aspectos procedimentales en el momento en que se apruebe el Reglamento de desarrollo de la presente Ley.

En cuanto a la asistencia a las vctimas, se contempla en la Ley como concepto diferenciado de las estrictas ayudas econmicas a las vctimas de delitos violentos.

Con ello pretende generalizar la atencin psicolgica y social a las vctimas de delitos de todo tipo, a travs de la red de Oficinas de asistencia a las vctimas, que canalizarn sus primeras necesidades atendiendo a las ms perentorias que se produzcan como consecuencia del delito, generalizando las experiencias surgidas ya en varios puntos de la geografa espaola con resultado muy positivo.

CAPITULO I
Ayudas pblicas
Artculo 1. Objeto.

1. Se establece un sistema de ayudas pblicas en beneficio de las vctimas directas e indirectas de los delitos dolosos y violentos, cometidos en Espaa, con el resultado de muerte, o de lesiones corporales graves, o de daos graves en la salud fsica o mental.

2. Se beneficiarn asimismo de las ayudas contempladas por esta Ley las vctimas de los delitos contra la libertad sexual aun cuando stos se perpetraran sin violencia.

Artculo 2. Beneficiarios.

1. Podrn acceder a estas ayudas quienes, en el momento de perpetrarse el delito, sean espaoles o nacionales de algn otro Estado miembro de la Unin Europea o quienes, no sindolo, residan habitualmente en Espaa o sean nacionales de otro Estado que reconozca ayudas anlogas a los espaoles en su territorio.

En el caso de fallecimiento, lo previsto en el prrafo anterior ser exigible respecto de los beneficiarios a ttulo de vctimas indirectas, con independencia de la nacionalidad o residencia habitual del fallecido.

2. Podrn acceder a estas ayudas, a ttulo de vctimas directas, las personas que sufran lesiones corporales graves o daos graves en su salud fsica o mental como consecuencia directa del delito.

3. Son beneficiarios a ttulo de vctimas indirectas, en el caso de muerte, y con referencia siempre a la fecha de sta, las personas que renan las condiciones que se indican a continuacin:

a) El cnyuge del fallecido, si no estuviera separado legalmente, o la persona que hubiera venido conviviendo con el fallecido de forma permanente con anloga relacin de afectividad a la de cnyuge, con independencia de su orientacin sexual, durante, al menos, los dos aos anteriores al momento del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en comn, en cuyo caso bastar la mera convivencia.

b) Los hijos del fallecido, siempre que dependieran econmicamente de l, con independencia de su filiacin y edad, o de su condicin de pstumos.

c) Los hijos que, no sindolo del fallecido, lo fueran de las personas contempladas en el prrafo a) anterior, siempre que dependieran econmicamente de aqul.

d) En defecto de las personas contempladas por los prrafos a), b) y c) anteriores, sern beneficiarios los padres de la persona fallecida si dependieran econmicamente de ella.

4. De concurrir varios beneficiarios a ttulo de vctimas indirectas, la distribucin de la cantidad a que ascienda la ayuda se efectuar de la siguiente forma:

a) La cantidad se dividir en dos mitades. Corresponder una al cnyuge o a la persona que hubiera venido conviviendo con el fallecido en los trminos del prrafo a) del apartado anterior. Corresponder la otra mitad a los hijos contemplados por los prrafos b) y c) del apartado anterior, y se distribuir entre todos ellos por partes iguales.

b) De resultar beneficiarios los padres del fallecido, la cantidad a que ascienda la ayuda se repartir entre ellos por partes iguales.

5. Sern tambin beneficiarios a ttulo de vctimas indirectas los padres del menor que fallezca a consecuencia directa del delito.

Artculo 3. Supuestos especiales de denegacin o limitacin.

1. Se podr denegar la ayuda pblica o reducir su importe cuando su concesin total o parcial fuera contraria a la equidad o al orden pblico atendidas las siguientes circunstancias declaradas por sentencia:

a) El comportamiento del beneficiario si hubiera contribuido, directa o indirectamente, a la comisin del delito, o al agravamiento de sus perjuicios.

b) Las relaciones del beneficiario con el autor del delito, o su pertenencia a una organizacin dedicada a las acciones delictivas violentas.

2. Si el fallecido a consecuencia del delito estuviera incurso en alguna de las causas de denegacin o limitacin de las ayudas contempladas en el apartado anterior, podrn acceder a las mismas los beneficiarios a ttulo de vctimas indirectas, si quedaran en situacin de desamparo econmico.

Artculo 4. Concepto de lesiones y daos.

1. A los efectos de la presente Ley, son lesiones graves aquellas que menoscaben la integridad corporal o la salud fsica o mental y que incapaciten con carcter temporal o permanente a la persona que las hubiera sufrido.

No se considerar incapacidad permanente aquella que no suponga un grado de minusvala de, al menos, el 33 por 100.

2. Las lesiones corporales o los daos a la salud fsica o mental habrn de tener entidad suficiente como para que, conforme a la legislacin de la Seguridad Social, tuviera lugar una declaracin de invalidez permanente en cualquiera de sus grados o una situacin de incapacidad temporal superior a seis meses.

3. Reglamentariamente se determinarn el procedimiento y el rgano competente para la calificacin de las lesiones o daos a la salud.

Artculo 5. Incompatibilidades.

1. La percepcin de las ayudas reguladas en la presente Ley no ser compatible con la percepcin de las indemnizaciones por daos y perjuicios causados por el delito, que se establezcan mediante sentencia.

No obstante lo establecido en el prrafo anterior, proceder el eventual abono de toda o parte de la ayuda regulada en la presente Ley y normas de desarrollo cuando el culpable del delito haya sido declarado en situacin de insolvencia parcial, sin que en ningn caso pueda percibirse por ambos conceptos importe mayor del fijado en la resolucin judicial.

2. Asimismo, las ayudas contempladas en esta Ley sern incompatibles con las indemnizaciones o ayudas econmicas a que el beneficiario de las mismas tuviera derecho a travs de un sistema de seguro privado, as como, en el supuesto de incapacidad temporal de la vctima, con el subsidio que pudiera corresponder por tal incapacidad en un rgimen pblico de Seguridad Social.

No obstante lo establecido en el prrafo anterior, procedera el eventual abono de la ayuda regulada en la presente Ley y normas de desarrollo, al beneficiario de un seguro privado cuando el importe de la indemnizacin a percibir en virtud del mismo fuera inferior a la fijada en la sentencia sin que la diferencia a pagar pueda superar el baremo fijado.

3. En los supuestos de lesiones o daos determinantes de la incapacidad permanente o muerte de la vctima, la percepcin de las ayudas ser compatible con la de cualquier pensin pblica que el beneficiario tuviera derecho a percibir.

4. Las ayudas por incapacidad permanente sern compatibles con las de incapacidad temporal.

Artculo 6. Criterios para determinar el importe de las ayudas.

1. El importe de las ayudas no podr superar en ningn caso la indemnizacin fijada en la sentencia. Tal importe se determinar mediante la aplicacin de las siguientes reglas, en cuanto no supere la cuanta citada:

a) De producirse situacin de incapacidad temporal, la cantidad a percibir ser la equivalente al duplo del salario mnimo interprofesional diario vigente, durante el tiempo en que el afectado se encuentre en tal situacin despus de transcurridos los seis primeros meses.

b) De producirse lesiones invalidantes, la cantidad a percibir como mximo se referir al salario mnimo interprofesional mensual vigente en la fecha en que se consoliden las lesiones o daos a la salud y depender del grado de incapacitacin de acuerdo con la siguiente escala:

Incapacidad permanente parcial: cuarenta mensualidades.

Incapacidad permanente total: sesenta mensualidades.

Incapacidad permanente absoluta: noventa mensualidades.

Gran invalidez: ciento treinta mensualidades.

c) En los casos de muerte, la ayuda mxima a percibir ser de ciento veinte mensualidades del salario mnimo interprofesional vigente en la fecha en que se produzca el fallecimiento.

2. El importe de la ayuda se establecer mediante la aplicacin de coeficientes correctores sobre las cuantas mximas previstas en el apartado anterior, en la forma que reglamentariamente se determine y en atencin a:

a) La situacin econmica de la vctima y del beneficiario.

b) El nmero de personas que dependieran econmicamente de la vctima y del beneficiario.

c) El grado de afectacin o menoscabo que sufriera la vctima dentro de los lmites de aquella situacin que le correspondiera de entre las previstas por el artculo 6.1.b) de esta Ley.

3. En el supuesto contemplado por el artculo 2.5 de esta Ley, la ayuda consistir nicamente en el resarcimiento de los gastos funerarios que hubieran satisfecho efectivamente los padres o tutores del menor fallecido, en la cuanta mxima que reglamentariamente se determine.

4. En los supuestos de delitos contra la libertad sexual que causaren a la vctima daos en su salud mental, el importe de la ayuda sufragar los gastos del tratamiento teraputico libremente elegido por ella, en la cuanta mxima que reglamentariamente se determine.

Ser procedente la concesin de esta ayuda aun cuando las lesiones o daos sufridos por la vctima no sean determinantes de incapacidad temporal.

En cualquier caso, la ayuda prevista por este apartado ser compatible con la que correspondiera a la vctima si las lesiones o daos sufridos produjeran incapacidad temporal o lesiones invalidantes.

Artculo 7. Prescripcin de la accin.

1. La accin para solicitar las ayudas prescribe por el transcurso del plazo de un ao, contado desde la fecha en que se produjo el hecho delictivo. El plazo de prescripcin quedar suspendido desde que se inicie el proceso penal por dichos hechos, volviendo a correr una vez recaiga resolucin judicial firme que ponga fin provisional o definitivamente al proceso y le haya sido notificada personalmente a la vctima.

2. En los supuestos en que a consecuencia directa de las lesiones corporales o daos en la salud se produjese el fallecimiento, se abrir un nuevo plazo de igual duracin para solicitar la ayuda o, en su caso, la diferencia que procediese entre la cuanta satisfecha por tales lesiones o daos y la que corresponda por el fallecimiento; lo mismo se observar cuando, como consecuencia directa de las lesiones o daos, se produjese una situacin de mayor gravedad a la que corresponda una cantidad superior.

Reglamentariamente se determinar el procedimiento para comprobar el nexo causal en los supuestos contemplados por este apartado.

Artculo 8. Competencias.

1. Las solicitudes de ayuda presentadas al amparo de la presente Ley sern tramitadas y resueltas por el Ministerio de Economa y Hacienda.

2. Sus resoluciones y actos de trmite que determinen la imposibilidad de continuar el procedimiento o produzcan indefensin, podrn ser impugnadas por los interesados ante la Comisin Nacional de Ayuda y Asistencia a las Vctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, creada por el artculo 11 de esta Ley.

Este procedimiento de impugnacin tendr carcter sustitutivo del recurso ordinario, en los trminos del artculo 107.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn.

Artculo 9. Procedimiento.

1. Las solicitudes de las ayudas, dirigidas al Ministerio de Economa y Hacienda, se podrn presentar por el interesado o por su representante en cualquiera de las formas previstas por el artculo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, y contendrn los extremos a que se refiere el artculo 70.1 de dicha Ley.

2. Las solicitudes de ayuda que se formulen debern contener adems, los siguientes datos:

a) Acreditacin documental del fallecimiento, en su caso, y de la condicin de beneficiario a ttulo de vctima indirecta.

b) Descripcin de las circunstancias en que se hubiera cometido el hecho que presente caracteres de delito doloso violento, con indicacin de la fecha y el lugar de su comisin.

c) Acreditacin de que los hechos fueron denunciados ante la autoridad pblica.

d) Declaracin sobre las indemnizaciones y ayudas percibidas por el interesado o de los medios de que dispone para obtener cualquier tipo de indemnizacin o ayuda por dichos hechos.

e) Copia de la resolucin judicial firme que ponga fin al proceso penal, ya sea sentencia, auto de rebelda o que declare el archivo por fallecimiento del culpable, o declare el sobreseimiento provisional de la causa o el sobreseimiento libre por darse los supuestos previstos por los artculos 641.2. 637.3. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respectivamente.

3. El Ministerio de Economa y Hacienda podr solicitar a las autoridades policiales, al Ministerio Fiscal o a los Juzgados o Tribunales la informacin que necesite para resolver sobre las solicitudes de ayuda. Podr proceder, u ordenar que se proceda, a cualquier clase de investigacin pertinente a sus propios fines.

4. El Ministerio de Economa y Hacienda podr tambin recabar de cualquier persona fsica o jurdica, entidad o Administracin pblica, la aportacin de informes sobre la situacin profesional, financiera, social o fiscal del autor del hecho delictivo y de la vctima, siempre que tal informacin resulte necesaria para la tramitacin y resolucin de los expedientes de concesin de ayudas, o el ejercicio de las acciones de subrogacin o repeticin. Podr igualmente ordenar las investigaciones periciales precisas con vistas a la determinacin de la duracin y gravedad de las lesiones o daos a la salud producidas a la vctima. La informacin as obtenida no podr ser utilizada para otros fines que los de la instruccin del expediente de solicitud de ayuda, quedando prohibida su divulgacin.

A fin de que el rgano concedente de la ayuda constate con carcter previo el cumplimiento de las obligaciones fiscales a que se refiere el apartado anterior, aqul solicitar al rgano competente de la Agencia Estatal de Administracin Tributaria informacin sobre ello en relacin con los beneficiarios de la correspondiente ayuda.

5. La resolucin ser adoptada tras or las alegaciones del interesado en trmite de audiencia y conocer el informe del Servicio Jurdico del Estado, que intervendr siempre en la tramitacin de los expedientes.

Artculo 10. Concesin de ayudas provisionales.

1. Podrn concederse ayudas provisionales con anterioridad a que recaiga resolucin judicial firme que ponga fin al proceso penal, siempre que quede acreditada la precaria situacin econmica en que hubiese quedado la vctima o sus beneficiarios.

Reglamentariamente se determinarn los criterios en virtud de los cuales se considerar precaria la situacin econmica de la vctima del delito, a los efectos de poder acceder a la concesin de ayudas provisionales.

2. Podr solicitarse la ayuda provisional una vez que la vctima haya denunciado los hechos ante las autoridades competentes o cuando se siga de oficio proceso penal por los mismos.

3. La solicitud de ayuda provisional deber contener, adems de los extremos a que se refiere el artculo 70.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, los siguientes datos:

a) La calificacin de las lesiones o daos a la salud, realizada por el rgano y mediante el procedimiento que se determine reglamentariamente.

b) Acreditacin documental del fallecimiento en su caso y de la condicin de beneficiario a ttulo de vctima indirecta.

c) Informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios razonables para suponer que el fallecimiento, las lesiones o los daos se han producido por un hecho con caracteres de delito violento y doloso.

4. La ayuda provisional no podr ser superior al 80 por 100 del importe mximo de ayuda establecido por esta Ley para los supuestos de muerte, lesiones corporales graves o daos graves en la salud, segn corresponda.

Su cuanta se establecer mediante la aplicacin de los coeficientes correctores a los que se refiere el artculo 6.2.

5. La ayuda provisional podr ser satisfecha de una sola vez o mediante abonos peridicos, que se suspendern de producirse alguno de los supuestos previstos por el artculo 14 de esta Ley.

Artculo 11. Comisin Nacional de Ayuda y Asistencia a las Vctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual.

1. Se crea la Comisin Nacional de Ayuda y Asistencia a las Vctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual, que ser competente para resolver los procedimientos de impugnacin de las resoluciones del Ministerio de Economa y Hacienda en materia de las ayudas reguladas por esta Ley.

La Comisin Nacional no estar sometida a instrucciones jerrquicas y resolver los procedimientos de impugnacin de las resoluciones del Ministerio de Economa y Hacienda, as como los recursos extraordinarios de revisin contra sus propios acuerdos con respeto a los principios, garantas y plazos que las leyes reconocen a los ciudadanos y a los interesados en todo procedimiento administrativo.

2. El Gobierno, a propuesta de los Ministros de Justicia e Interior y de Economa y Hacienda, establecer la composicin y el rgimen de funcionamiento de la Comisin Nacional. Estar presidida por un Magistrado del Tribunal Supremo, nombrado a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, e integrada por representantes de la Administracin General del Estado y, en su caso, de las organizaciones vinculadas a la asistencia y defensa de las vctimas. En cualquier caso, corresponder una de sus vocalas a un representante del Ministerio Fiscal, nombrado a propuesta del Fiscal General del Estado.

3. Los acuerdos de la Comisin Nacional, al resolver los procedimientos de impugnacin previstos por la presente Ley, pondrn fin a la va administrativa.

Artculo 12. Procedimiento de impugnacin.

1. Los interesados podrn impugnar las resoluciones del Ministerio de Economa y Hacienda en materia de las ayudas reguladas por esta Ley ante la Comisin Nacional en el plazo de un mes desde su notificacin personal a los interesados.

Transcurrido dicho plazo sin haberse impugnado la resolucin, sta ser firme a todos los efectos, sin perjuicio, en su caso, de la procedencia del recurso extraordinario de revisin ante el Ministerio de Economa y Hacienda.

2. La impugnacin podr fundarse en cualquiera de los motivos de nulidad o anulabilidad previstos en los artculos 62 y 63 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn. Los vicios y defectos que hagan anulable el acto no podrn ser alegados por los causantes de los mismos.

3. La impugnacin podr formularse ante el Ministerio de Economa y Hacienda o ante la Comisin Nacional.

De formularse ante el Ministerio de Economa y Hacienda, ste deber remitirla a la Comisin Nacional en el plazo de diez das, con su informe y una copia completa y ordenada del expediente.

4. Transcurridos tres meses desde la formulacin de la impugnacin sin que se adopte acuerdo por la Comisin Nacional, se podr entender desestimada la impugnacin, salvo en el supuesto previsto por el artculo 43.3.b) de la Ley de Rgimen Jurdico de las Administraciones Pblicas y del Procedimiento Administrativo Comn, y quedar expedita la va del recurso contencioso-administrativo.

Artculo 13. Accin de subrogacin del Estado.

El Estado se subrogar de pleno derecho, hasta el total importe de la ayuda provisional o definitiva satisfecha a la vctima o beneficiarios en los derechos que asistan a los mismos contra el obligado civilmente por el hecho delictivo. La repeticin del importe de la ayuda contra el obligado civilmente por el hecho delictivo se realizar, en su caso, mediante el procedimiento administrativo de apremio previsto en el Reglamento General de Recaudacin.

El Estado podr mostrarse parte en el proceso penal o civil que se siga, sin perjuicio de la accin civil que ejercite el Ministerio Fiscal.

Artculo 14. Accin de repeticin del Estado.

El Estado podr exigir el reembolso total o parcial de la ayuda concedida, por el procedimiento previsto en el Reglamento General de Recaudacin, en los siguientes casos:

a) Cuando por resolucin judicial firme se declare la inexistencia de delito a que se refiere la presente Ley.

b) Cuando con posterioridad a su abono, la vctima o sus beneficiarios obtuvieran por cualquier concepto la reparacin total o parcial del perjuicio sufrido en los tres aos siguientes a la concesin de la ayuda, en los trminos establecidos en el artculo 5 de esta Ley.

c) Cuando la ayuda se hubiera obtenido en base a la aportacin de datos falsos o deliberadamente incompletos o a travs de cualquier otra forma fraudulenta, as como la omisin deliberada de circunstancias que determinaran la denegacin o reduccin de la ayuda solicitada.

d) Cuando la indemnizacin reconocida en la sentencia sea inferior a la ayuda provisional.

CAPITULO II
Asistencia a las vctimas
Artculo 15. Deberes de informacin.

1. Los Jueces y Magistrados, miembros de la Carrera Fiscal, autoridades y funcionarios pblicos que intervengan por razn de su cargo en la investigacin de hechos que presenten caracteres de delitos dolosos violentos y contra la libertad sexual, informarn a las presuntas vctimas sobre la posibilidad y procedimiento para solicitar las ayudas reguladas en esta Ley.

2. Las autoridades policiales encargadas de la investigacin de hechos que presenten caracteres de delito recogern en los atestados que instruyan todos los datos precisos de identificacin de las vctimas y de las lesiones que se les aprecien. Asimismo, tienen la obligacin de informar a la vctima sobre el curso de sus investigaciones, salvo que con ello se ponga en peligro su resultado.

3. En todas las fases del procedimiento de investigacin el interrogatorio de la vctima deber hacerse con respeto a su situacin personal, a sus derechos y a su dignidad.

4. La vctima de un hecho que presente caracteres de delito, en el mismo momento de realizar la denuncia o, en todo caso, en su primera comparecencia ante el rgano competente, deber ser informada en trminos claros de las posibilidades de obtener en el proceso penal la restitucin y reparacin del dao sufrido y de las posibilidades de lograr el beneficio de la justicia gratuita. Igualmente, deber ser informada de la fecha y lugar de celebracin del juicio correspondiente y le ser notificada personalmente la resolucin que recaiga, aunque no sea parte en el proceso.

5. El Ministerio Fiscal cuidar de proteger a la vctima de toda publicidad no deseada que revele datos sobre su vida privada o su dignidad, pudiendo solicitar la celebracin del proceso penal a puerta cerrada, de conformidad con lo previsto por la legislacin procesal.

Artculo 16. Oficinas de asistencia a las vctimas.

1. El Ministerio de Justicia e Interior proceder, de conformidad con las previsiones presupuestarias, a la implantacin de Oficinas de asistencia a las vctimas en todas aquellas sedes de Juzgados y Tribunales o en todas aquellas Fiscalas en las que las necesidades lo exijan.

2. En relacin con las actividades desarrolladas por estas Oficinas, el Ministerio de Justicia e Interior podr establecer convenios para la encomienda de gestin con las Comunidades Autnomas y con las Corporaciones locales.

Disposicin adicional primera.

El Gobierno, a propuesta de los Ministros de Justicia e Interior y de Economa y Hacienda, podr revisar las cuantas contempladas en la presente Ley.

Disposicin adicional segunda.

1. La percepcin de las ayudas contempladas en esta Ley no ser compatible en ningn caso con los resarcimientos por daos a las vctimas de bandas armadas y elementos terroristas.

2. Con el fin de homogeneizar paulatinamente el rgimen jurdico de las vctimas de los delitos, se habilita al Gobierno para modificar el rgimen de resarcimientos por daos a las vctimas de bandas armadas y elementos terroristas, contemplado por el artculo 64 de la Ley 33/1987, con las modificaciones introducidas en dicho precepto por la disposicin adicional decimosexta de la Ley 4/1990, y por la disposicin adicional decimonovena de la Ley 31/1991, todo ello sin perjuicio de las especialidades propias de este ltimo sistema.

3. El Reglamento que se dicte para el desarrollo y aplicacin de la presente Ley contemplar que la tramitacin, resolucin e impugnacin de los expedientes de resarcimientos por daos a vctimas de bandas armadas y elementos terroristas se sustanciarn por los rganos contemplados por esta Ley.

Disposicin adicional tercera.

Quedan excluidos del mbito de aplicacin de la presente Ley los daos y perjuicios contemplados por la Ley 52/1984, de 26 de diciembre, de proteccin de medios de transporte por carretera que se hallen en territorio espaol realizando viajes de carcter internacional, cuya indemnizacin se resolver mediante la aplicacin de su legislacin especial.

Disposicin transitoria nica.

El Gobierno depositar el instrumento de ratificacin del Convenio 116 del Consejo de Europa de 1983 en el plazo de seis meses, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.

Disposicin final primera.

El Gobierno, a propuesta de los Ministros de Justicia e Interior y de Economa y Hacienda, aprobar en el plazo mximo de seis meses las disposiciones necesarias para el desarrollo y ejecucin de esta Ley.

Disposicin final segunda.

La presente Ley entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 11 de diciembre de 1995.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 11/12/1995
  • Fecha de publicación: 12/12/1995
  • Entrada en vigor: 13 de diciembre de 1995.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE MODIFICA:
    • los arts. 2.1, 6.1 y 2, 7, 10.1, por Ley 6/2018, de 3 de julio (Ref. BOE-A-2018-9268).
    • el art. 9.4, por Ley 36/2014, de 26 de diciembre (Ref. BOE-A-2014-13612).
    • el art. 14, por Ley 22/2013, de 23 de diciembre (Ref. BOE-A-2013-13616).
    • con efectos desde el 1 de enero de 2011, el art. 2.3.b), por Ley 39/2010, de 22 de diciembre (Ref. BOE-A-2010-19703).
    • el art. 15.4, con efectos de 4 de mayo de 2010, por Ley 13/2009, de 3 de noviembre (Ref. BOE-A-2009-17493).
    • el art. 11.2, por Ley 38/1998, de 27 de noviembre (Ref. BOE-A-1998-27393).
  • SE DESARROLLA, por Real Decreto 738/1997, de 23 de mayo (Ref. BOE-A-1997-11304).
  • SE DEROGA los nms. 2 y 3 de la disposicin adicional 2, por Ley 13/1996, de 30 de diciembre (Ref. BOE-A-1996-29117).
Referencias anteriores
Materias
  • Administracin de Justicia
  • Administracin Local
  • Ayudas
  • Cdigo Penal
  • Comisin Nacional de Ayuda y Asistencia a las Victimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual
  • Comunidades Autnomas
  • Delitos contra el orden pblico
  • Delitos contra la libertad sexual
  • Enjuiciamiento Criminal
  • Incompatibilidades
  • Ministerio de Economa y Hacienda
  • Ministerio de Justicia e Interior
  • Terrorismo

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