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Documento BOE-A-1985-4816

Ley 4/1985, de 21 de marzo, de Extradicin Pasiva.

TEXTO

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley:

PREMBULO

El rgimen de la extradicin pasiva, especialmente en cuanto al procedimiento que ha de seguirse para su concesin, ha venido regulado por Ley de 26 de diciembre de 1958.

En el relativamente escaso tiempo de su vigencia, tal rgimen ha evidenciado su inadecuacin, tanto en su aspecto interno como internacional.

En el primero, la Constitucin espaola extrema las garantas y formalidades a seguir para el respeto de derecho tan fundamental como la libertad de las personas, que por su propia esencia, en todo caso, queda bajo el control de la Autoridad judicial, y, lgicamente, tambin cuando el reclamado de extradicin ha de ser privado de aqulla como medida precautoria que garantice la entrega al pas reclamante, si tal extradicin fuera acordada.

Por otra parte, la ratificacin por Espaa de varios Convenios europeos sobre la materia –Represin del Terrorismo, en 9 de mayo de 1980; el de Asistencia Judicial en Materia Penal, en 14 de julio de 1982, y, especialmente, el de Extradicin, de 21 de abril de 1982– hace indispensable una revisin a fondo de nuestra Ley interna para suprimir obsoletos criterios y recoger aquellos otros que la tcnica internacional ha perfeccionado a travs del tiempo hasta ser aceptados por la generalidad de los pases.

La presente Ley mantiene el mismo sistema y principio cardinal de la anterior, en cuanto que la extradicin, como acto de soberana en relacin con otros Estados, es funcin del Poder Ejecutivo, bajo el imperio de la Constitucin y de la Ley, sin perjuicio de su aspecto tcnico penal y procesal que han de resolver los Tribunales en cada caso con la intervencin del Ministerio Fiscal.

Por lo dems, las novedades ms sustanciales que la Ley contiene son las siguientes:

Primera.–En materia tan fundamental como la prisin preventiva se sigue ntegramente el criterio constitucional de dar intervencin al Juez desde un principio, suprimiendo, en consecuencia, el rgimen antiguo que permita la detencin sin intervencin judicial, hasta la resolucin del expediente en va gubernativa. Su duracin se acomoda al criterio de los nuevos Convenios europeos, no slo por unificar criterios sobre la materia, sino porque, al propio tiempo, se suprimen plazos intermedios que podan inducir, y con frecuencia han inducido, a confusin.

El plazo de prisin preventiva para casos de urgencia se fija en cuarenta das, tiempo ya consagrado en reciente prctica judicial y que se estima suficiente para que el Estado reclamante curse la demanda de extradicin, habida cuenta que sta debe formularse en base a la misma sentencia condenatoria o auto de prisin que justifica aquella medida provisional.

A este plazo sigue otro de cuarenta das, a partir de la presentacin formal de la demanda, lo que supone un total mximo de ochenta das, que, unido al tiempo que exija la tramitacin en fase puramente judicial, no debe sobrepasar, en ningn caso, por respeto al principio de presuncin de inocencia y al derecho fundamental a la libertad que a toda persona alcanza los lmites mximos sealados en nuestro derecho para la prisin provisional.

Tampoco contiene esta Ley previsiones que puedan limitar el arbitrio judicial o contradecir el rgimen general instaurado por Ley orgnica 7/1983, de 23 de abril, sobre esta materia en desarrollo de preceptos constitucionales.

Segunda.–En cuanto a los hechos que puedan dar lugar a la extradicin, se sigue el sistema de identidad normativa o doble incriminacin junto al de apertura en los tipos. Basta, pues que la infraccin est tipificada en la legislacin de ambos pases, sin que, en consecuencia, deba estar incluida en la lista cerrada; sistema ste olvidado en la actualidad, aunque contine imperando en viejos Convenios bilaterales del pasado siglo.

Novedad importante en esta materia es la fijacin de un lmite mnimo a la gravedad del hecho, determinada por la pena aplicable –un ao– o aplicada en sentencia condenatoria –cuatro meses–. Se sigue as la orientacin marcada por el Convenio europeo; ya que ste comprende, adems de las penas, las medidas de seguridad privativas de libertad de la misma duracin.

Tercera.–Como excepciones a la extradicin, se mantiene la de los nacionales y los supuestos que sean de la competencia de nuestros Tribunales, uno y otros por razn de soberana, lo que no implica impunidad, ya que, en ambos supuestos, se invitar al pas reclamante a que remita las actuaciones seguidas para que los presuntos culpables puedan ser juzgados en Espaa.

Por lo dems, se mantienen tambin otras excepciones, delitos militares, de prensa, privados con algunas limitaciones, etc. Pero se silencian otros casos como faltas o contravenciones administrativas, cuya cita era innecesaria.

En todo caso y por la misma razn de no existir Tratado vinculante, se declara siempre potestativa la concesin de la extradicin, artculo segundo, con la que Espaa, a la vista de las circunstancias concurrentes, podr decidir con libertad cada demanda de extradicin.

Cuarta.–Se establece la facultad del Gobierno de no proceder a la extradicin, an habindola considerado procedente el Tribunal en base al principio de reciprocidad, soberana, seguridad, orden pblico y dems intereses de Espaa. Con ello se siguen los sistemas francs e italiano en los que la decisin favorable a la extradicin no es obligatoria, si bien se precisan los criterios de esta ltima decisin del Gobierno tal y como establece la legislacin suiza.

Ello es lgico, y en ningn caso implicar incumplimiento de resoluciones judiciales, habida cuenta del distinto campo y finalidad en que actan y persiguen los Tribunales y el Gobierno tcnico y sobre todo tutelar del derecho a la libertad los primeros y, polticos esencialmente el segundo. Otra cosa sera que, denegada la extradicin por el Tribunal, pudiera el Gobierno decretar la entrega.

Quinta.–Se mantienen las dos fases del procedimiento extradicional, incluso los trmites para casos de urgencia, debidamente acomodados a las facultades judiciales para acordar la prisin preventiva. No obstante, y en atencin a precedentes que as lo aconsejan, se admite el recurso de splica contra los autos del propio Tribunal, que, con el de reforma ya admitido en la Ley hasta ahora vigente, permiten posibles correcciones, antes vedadas en esta segunda parte del procedimiento judicial, que pudieran resultar aconsejables ante circunstancias concretas puestas de manifiesto por los propios interesados o el Ministerio Fiscal.

Sexta.–Otras adaptaciones afectan especialmente a la extradicin en trnsito que, por circunstancias no muy comprensibles, ha sido objeto de reserva por parte de Espaa al ratificar el Convenio Europeo de Extradicin, y que, en consecuencia, slo se conceder a los pases que lo han ratificado, en las mismas condiciones que la extradicin ordinaria, marginando as el procedimiento ms racional, gil y aconsejable que admite el propio Convenio. No parece que deban concederse a los dems pases beneficios o ventajas que por esta reserva se niegan a los que han ratificado el Convenio europeo y, en rgimen de reciprocidad, al propio Estado espaol. Unicamente se admite el supuesto excepcional.

Sptima.–Quiz tambin, como novedad digna de mencin, debe citarse el procedimiento consignado para la ampliacin de extradicin como complemento indispensable del principio de especialidad, que permitir otorgar autorizacin para proceder por hechos anteriores y distintos a los que motivaron la entrega. Se recoge as el criterio del Convenio europeo, el seguido con otros pases y, en definitiva, el que resulta aconsejable para evitar situaciones anteriores de impunidad por delitos, incluso ms graves y rechazables en el concierto social, que el que motiv la extradicin concedida.

Octava.–Por lo dems, se ha suprimido la autorizacin que la anterior Ley conceda al Gobierno para convenir reciprocidad en materia de extradicin, por estimar que tal autorizacin podra vulnerar el artculo 94 de la Constitucin, que, para los supuestos que contempla en su apartado c), requiere previa autorizacin de las Cortes Generales, autorizacin que debe entenderse para cada Convenio, cuyo contenido ha de someterse previamente al Parlamento. Lo que no excluye la aplicacin del principio de reciprocidad en cada caso concreto, segn el artculo 1., autorizado por el artculo 13, 3, de la misma Constitucin, incluso existiendo tantos Tratados como Leyes de Extradicin.

Novena.–Tambin se han suprimido las referencias al grado de participacin (autores, cmplices y encubridores) o al de ejecucin del delito (intentado, frustrado y consumado), por anticuadas e innecesarias. El Convenio europeo tampoco las recoge. Bastar, en consecuencia, que al reclamado le corresponda una de las penas que pueden motivar la extradicin para que, con o sin aquellas indicaciones, pueda acordarse su entrega.

Por ltimo, se trata de una Ley que, si bien se inspira en el Convenio europeo, tal vez el ms perfecto, no supone necesariamente una ejecucin, cumplimiento o desarrollo del mismo ni de ningn otro. De no existir Convenio o no habindolo ratificado Espaa, la Ley seguira siendo necesaria. As, pues, no se considera preceptiva la consulta al Consejo de Estado que prev el artculo 21.2, de su Ley orgnica reguladora.

Artculo primero.

Las condiciones, los procedimientos y los efectos de la extradicin pasiva se regirn por la presente Ley, excepto en lo expresamente previsto en los Tratados en los que Espaa sea parte.

En todo caso, la extradicin slo se conceder atendiendo al principio de reciprocidad. El Gobierno podr exigir una garanta de reciprocidad al Estado requirente.

Artculo segundo.

Se podr conceder la extradicin por aquellos hechos para los que las Leyes espaolas y las de la parte requirente sealen una pena o medida de seguridad cuya duracin no sea inferior a un ao de privacin de libertad en su grado mximo o a una pena ms grave o cuando la reclamacin tuviere por objeto el cumplimiento de condena a una pena o medida de seguridad no inferior a cuatro meses de privacin de libertad por hechos tambin tipificados en la legislacin espaola.

Cuando la solicitud se refiera a varios hechos y slo concurran en algunos de ellos los requisitos del prrafo anterior sobre duracin de las penas o medidas de seguridad, el acuerdo de extradicin podr extenderse tambin a los que tengan sealada penalidad inferior.

Si la solicitud de extradicin se basa en sentencia dictada en rebelda del reclamado, en la que ste haya sido condenado a pena que, con arreglo a la legislacin espaola, no puede ser impuesta a quien no haya estado presente en el juicio oral, se conceder la extradicin condicionndola a que la representacin diplomtica en Espaa del pas requirente, en el plazo que se le exija, ofrezca garantas suficientes de que el reclamado ser sometido a nuevo juicio en el que deber estar presente y debidamente defendido.

Artculo tercero.

1. No se conceder la extradicin de espaoles, ni de los extranjeros por delitos de que corresponda conocer a los Tribunales espaoles, segn el Ordenamiento nacional. La cualidad de nacional ser apreciada por el Tribunal competente para conocer de la extradicin en el momento de la decisin sobre la misma, con arreglo a los preceptos correspondientes del Ordenamiento jurdico espaol, y siempre que no fuera adquirida con el fraudulento propsito de hacer imposible la extradicin.

2. Cuando proceda denegar la extradicin por el motivo previsto en el apartado anterior, si el Estado en que se hayan ejecutado los hechos as lo pidiere el Gobierno espaol dar cuenta del hecho que motiv la demanda al Ministerio Fiscal a fin de que se proceda judicialmente, en su caso, contra el reclamado. Si as se acordare, solicitar del Estado requirente que remita las actuaciones practicadas o copia de las mismas, para continuar el procedimiento penal en Espaa.

3. Cuando el delito se hubiere cometido fuera del territorio del pas que solicite la extradicin, sta podr ser denegada si la legislacin espaola no autorizare la persecucin de un delito del mismo gnero cometido fuera de Espaa.

Artculo cuarto.

No se conceder la extradicin en los casos siguientes:

1. Cuando se trate de delitos de carcter poltico, no considerndose como tales los actos de terrorismo; los crmenes contra la Humanidad previstos por el Convenio para la prevencin y penalizacin del crimen de genocidio adoptado por la Asamblea General de las Naciones Unidas, ni el atentado contra la vida de un Jefe de Estado o de un miembro de su familia.

2. Cuando se trate de delitos militares tipificados por la legislacin espaola y sin perjuicio de lo establecido al respecto en los Convenios internacionales suscritos y ratificados por Espaa; de los cometidos a travs de los medios de comunicacin social en el ejercicio de la libertad de expresin, y de los que slo son perseguibles a instancia de parte, con excepcin de los delitos de violacin, estupro, rapto y abusos deshonestos.

3. Cuando la persona reclamada deba ser juzgada por un Tribunal de excepcin.

4. Cuando se haya extinguido la responsabilidad criminal, conforme a la legislacin espaola o la del Estado requirente.

5. Cuando la persona reclamada haya sido juzgada o lo est siendo en Espaa por los mismos hechos que sirvan de base a la solicitud de extradicin. Podr, no obstante, accederse a sta cuando se hubiere decidido no entablar persecucin o poner fin al procedimiento pendiente por los referidos hechos y no haya tenido lugar por sobreseimiento libre o cualquier otra resolucin que deba producir el efecto de cosa juzgada.

6. Cuando el Estado requirente no diera la garanta de que la persona reclamada de extradicin no ser ejecutada o que no ser sometida a penas que atenten a su integridad corporal o a tratos inhumanos o degradantes.

7. Cuando el Estado requirente no hubiera dado las garantas exigidas en el prrafo 3. del artculo segundo.

8. Cuando a la persona reclamada le hubiere sido reconocida la condicin de asilado. El no reconocimiento de la condicin de asilado, cualquiera que sea su causa, no impedir la denegacin de la extradicin por cualquiera de las causas previstas en esta Ley.

Artculo quinto.

Asimismo podr denegarse la extradicin:

1. Si se tuvieran razones fundadas para creer que la solicitud de extradicin, motivada por un delito de naturaleza comn, se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona por consideraciones de raza, religin, nacionalidad u opiniones polticas, o que la situacin de dicha persona corre el riesgo de verse agravada por tales consideraciones.

2. Cuando la persona reclamada sea menor de dieciocho aos en el momento de la demanda de extradicin y teniendo residencia habitual en Espaa, se considere que la extradicin puede impedir su reinsercin social, sin perjuicio de adoptar, de acuerdo con las autoridades del Estado requirente, las medidas ms apropiadas.

Artculo sexto.

Si la resolucin firme del Tribunal denegare la extradicin, dicha resolucin, ser definitiva y no podr concederse aqulla.

La resolucin del Tribunal declarando procedente la extradicin no ser vinculante para el Gobierno, que podr denegarla en el ejercicio de la soberana nacional, atendiendo al principio de reciprocidad o a razones de seguridad, orden pblico o dems intereses esenciales para Espaa.

Contra lo acordado por el Gobierno no cabr recurso alguno.

Artculo sptimo.

1. La solicitud de extradicin se formular por va diplomtica, o directamente por escrito del Ministro de Justicia de la parte requirente al Ministro de Justicia espaol, debiendo acompaarse:

a) La sentencia condenatoria o el auto de procesamiento y prisin o resolucin anloga segn la legislacin del pas requirente con expresin sumaria de los hechos y lugar y fecha en que fueron realizados.

b) Cuantos datos sean conocidos sobre la identidad, nacionalidad y residencia del sujeto reclamado y, a ser posible, su fotografa y huellas dactilares.

c) Copia de los textos legales con expresin de la pena aplicable.

d) Si el hecho estuviere castigado con alguna de las penas a que se refiere el nmero 6. del artculo 4., el Estado requirente dar seguridades, suficientes a juicio del Gobierno espaol, de que tales penas no sern ejecutadas.

2. Los referidos documentos, originales o en copia autntica, se acompaarn de una traduccin oficial al espaol.

Artculo octavo.

1. En caso de urgencia podr ser interesada la detencin como medida preventiva, si bien deber hacerse constar expresamente en la solicitud que sta responde a una sentencia condenatoria o mandamiento de detencin firmes con expresin de la fecha y hechos que lo motiven, tiempo y lugar de la comisin de stos y filiacin de la persona cuya detencin se interesa, con ofrecimiento de presentar seguidamente demanda de extradicin.

2. La solicitud de detencin preventiva se remitir por va postal, telegrfica o cualquier otro medio que deje constancia escrita, bien por va diplomtica, bien directamente al Ministerio de Justicia, bien por conducto de la Organizacin Internacional de Polica Criminal, y si en ella constaren todas las circunstancias necesarias, se proceder a la detencin del reclamado, ponindolo a disposicin del Juzgado Central de Instruccin de guardia en plazo no superior a veinticuatro horas para que, si lo estima procedente, decrete la prisin provisional, que dejar sin efecto si transcurridos cuarenta das el pas requirente no hubiere presentado en forma la solicitud de extradicin.

3. El Juez podr, en cualquier momento y en atencin a las circunstancias del caso, acordar la libertad del detenido, adoptando alguna o algunas de las medidas siguientes para evitar su fuga: vigilancia a domicilio, orden de no ausentarse de un lugar determinado sin la autorizacin del Juez, orden de presentarse peridicamente ante la autoridad designada por el Juez, retirada de pasaporte y prestacin de una fianza. El incumplimiento de estas medidas dar lugar a la prisin provisional dentro del plazo establecido en el apartado anterior.

La puesta en libertad, con o sin medidas alternativas de la prisin provisional, no ser obstculo para una nueva detencin ni para la extradicin, si la solicitud de sta llegara despus de la expiracin del plazo mencionado en el apartado anterior.

4. En todo caso, se informar al pas reclamante de las resoluciones adoptadas, especialmente y con la urgencia posible, de la detencin y del plazo dentro del cual deber presentarse la demanda de extradicin.

Artculo noveno.

1. Cuando la solicitud se hubiera formulado por va diplomtica, el Ministerio de Asuntos Exteriores remitir al de Justicia la solicitud de extradicin con expresin de la fecha en que se hubiere recibido.

2. El Ministerio de Justicia, atendidas las circunstancias de la solicitud y cuando el reclamado no estuviera ya detenido preventivamente, podr interesar del Ministerio del Interior que proceda a la detencin de la persona reclamada y la ponga a disposicin del Juzgado Central de Instruccin de guardia, y remitir a este Juez informacin bastante acerca de la demanda de extradicin.

Puesto a disposicin judicial el reclamado y a la vista de la informacin recibida, el Juez podr acordar la prisin provisional del detenido.

3. El Ministerio de Justicia, en un plazo mximo de ocho das, computados desde el siguiente al de la recepcin de la solicitud, o en su caso, de los justificantes, aclaraciones o traducciones por l reclamados, elevar al Gobierno propuesta motivada sobre si ha lugar o no a continuar en va judicial del procedimiento de extradicin en base a los artculos 2. a 5. de esta Ley.

4. El Gobierno adoptar su decisin dentro del plazo de quince das, contados desde la elevacin de la propuesta por el Ministerio de Justicia. Transcurrido este plazo sin que el Gobierno haya adoptado resolucin, el Ministerio de Justicia lo har en su nombre, dentro de los tres das siguientes a la expiracin del mismo, sin perjuicio de lo establecido en el apartado 5 de este artculo.

5. Cuando el acuerdo fuere denegatorio se pondr en conocimiento del Estado requirente. Si el reclamado estuviere en prisin, se notificar al Juez que la hubiere decretado para que acuerde su libertad.

Artculo diez.

Cuando el procedimiento se inicie, por peticin urgente de detencin preventiva, conforme al artculo 8., uno y dos, la prisin preventiva se dejar sin efecto si transcurridos cuarenta das el Estado requirente no hubiere presentado en forma la solicitud de extradicin por va diplomtica ante el Ministerio de Asuntos Exteriores o directamente ante el Ministerio de Justicia espaoles. Si se hubiese presentado dentro de dicho plazo de cuarenta das, ste se ampliar a cuarenta das ms, para dar tiempo a que el Ministerio de Justicia y el Gobierno espaoles puedan cumplir lo establecido en el artculo anterior, nmeros tres y cuatro.

Si el procedimiento se inicia por la recepcin de la solicitud de extradicin por va diplomtica ante el Ministerio de Asuntos Exteriores o directamente ante el Ministerio de Justicia espaoles, el Juez central de Instruccin competente dejar sin efecto la prisin provisional del reclamado que hubiese decretado, si no recibe dentro del plazo de cuarenta das el acuerdo gubernativo de continuacin de la va judicial del procedimiento de extradicin.

El lmite mximo de la prisin provisional del reclamado y los derechos que corresponden al detenido por causa de extradicin se regirn en lo no previsto por esta Ley, por los preceptos correspondientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Artculo once.

Si el Gobierno acordare la continuacin del procedimiento en va judicial remitir el expediente al Juzgado Central de Instruccin, y si el reclamado no estuviere en prisin, el Ministerio de Justicia oficiar tambin al Ministerio del Interior para que se practique la detencin, se redacte el oportuno atestado y en el plazo de veinticuatro horas siguientes se ponga al detenido, con los documentos, efectos o dinero que le hubieren sido ocupados, a disposicin de la misma autoridad judicial.

Artculo doce.

1. Acordada la continuacin del procedimiento en va judicial, el Juez, a cuya disposicin estuviere el reclamado, ordenar la inmediata comparecencia de ste, quien deber hacerlo asistido de Abogado y, en su caso, de intrprete. Se citar siempre al Ministerio Fiscal.

2. Identificado el detenido, el Juez le invitar a que manifieste, con expresin de sus razones, si consiente en la extradicin o intenta oponerse a ella; si consintiera y no se suscitaran obstculos legales que a ello se opongan, el Juez podr acceder, desde luego, a la demanda de extradicin. En otro caso adoptar la resolucin que proceda, bien ordenando la libertad del detenido o bien elevando su detencin a prisin, si antes no hubiera decretado sta, con o sin fianza u otras medidas previstas en el apartado 3 del artculo 8., a resultas del procedimiento subsiguiente, a cuyo fin acordar elevar lo actuado a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

3. Las resoluciones anteriores adoptarn la forma de auto, que se dictar dentro de las veinticuatro horas siguientes a la comparecencia y del que se dar traslado inmediato al Ministerio de Justicia. Contra este auto slo proceder el recurso de reforma por los trmites de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

4. El Juez, de oficio, a instancia del Fiscal o del reclamado, podr acordar que se complete la informacin aportada con los datos necesarios referentes a la identidad del reclamado y a los supuestos de hecho y de derecho justificativos de la solicitud de extradicin, pudiendo sealar un plazo que en ningn caso exceder de treinta das. Las resoluciones del Juez, en esta materia, sern recurribles conforme a lo establecido en el apartado anterior.

Artculo trece.

1. Recibido el expediente, el Tribunal lo pondr de manifiesto en Secretara al Fiscal y al Abogado defensor por plazo sucesivo de tres das, y podr reclamar, a peticin de cualquiera de ambos o de oficio, los antecedentes que juzgue convenientes en relacin con el artculo siguiente, sin que contra la resolucin del Tribunal sobre este extremo quepa recurso alguno.

2. Si el reclamado de extradicin no tuviera defensor se le nombrar de oficio antes de ponerle de manifiesto el expediente.

Artculo catorce.

1. Dentro de los quince das siguientes al perodo de instruccin, se sealar la vista que tendr lugar con intervencin del Fiscal, del reclamado de extradicin asistido, si fuera necesario, de intrprete, y del Abogado defensor. En la vista podr intervenir, y a tal efecto ser citado el representante del Estado requirente cuando as lo hubiere solicitado y el Tribunal lo acuerde atendido el principio de reciprocidad, a cuyo fin reclamar, en su caso, la garanta necesaria a travs del Ministerio de Justicia.

2. El reclamado prestar declaracin durante la vista, pero solamente se admitir y practicar la prueba que verse sobre extremos relacionados con las condiciones exigidas por el Tratado aplicable o por esta Ley.

Artculo quince.

1. El Tribunal, resolver, por auto motivado, en el plazo improrrogable de los tres das siguientes a la vista, sobre la procedencia de la extradicin, y, al propio tiempo, sobre si ha lugar a la entrega al Estado requirente de los valores, objetos o dinero que hubiesen sido ocupados al reclamado.

2. Contra este auto slo cabr recurso de splica, que deber ser resuelto por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y sin que pueda ser designado ponente ninguno de los Magistrados que dictaren el auto suplicado.

Artculo diecisis.

Si la extradicin hubiere sido solicitada por varios Estados, bien por el mismo hecho o por hechos diferentes, se decidir sobre aqulla por el Gobierno y en su caso la entrega del reclamado, teniendo en cuenta todas las circunstancias concurrentes y, especialmente, la existencia o no de Tratado, la gravedad relativa y lugar de la comisin del delito, fechas de las respectivas solicitudes, nacionalidad de la persona reclamada y posibilidad de una ulterior extradicin a otro Estado.

Artculo diecisiete.

Cuando sea firme la resolucin denegatoria de la extradicin, el Tribunal, sin dilacin, librar testimonio de la misma al Ministerio de Justicia, que a su vez lo comunicar al de Asuntos Exteriores para su notificacin a la representacin diplomtica del pas que formul la demanda de extradicin.

Asimismo, el Tribunal ordenar la inmediata puesta en libertad de la persona requerida de extradicin.

Artculo dieciocho.

1. Si el Tribunal dictare auto declarando procedente la extradicin, librar sin dilacin testimonio del mismo al Ministerio de Justicia. El Gobierno decidir la entrega de la persona reclamada o denegara la extradicin de conformidad con lo dispuesto en el prrafo segundo del artculo 6..

Asimismo, el Tribunal notificar las indicaciones que, de oficio o a instancia del representante diplomtico, estime pertinente formular para la entrega de la persona reclamada, as como del tiempo en que sta fue privada de libertad a fines de extradicin, que quedar condicionada a que se compute como perodo de cumplimiento de condena.

2. Acordada la entrega de la persona requerida de extradicin, el Ministerio de Justicia lo comunicar al de Asuntos Exteriores para su notificacin a la representacin diplomtica del pas que formul la demanda de extradicin. Dicho acuerdo ser comunicado asimismo a la persona requerida de extradicin.

3. Si el Gobierno denegare la extradicin de conformidad con el prrafo segundo del artculo 6., el Ministerio de Justicia lo comunicar al Tribunal para que acuerde la puesta en libertad de la persona reclamada, sin perjuicio de su posible expulsin de Espaa, de conformidad con la legislacin de extranjeros. Igualmente, lo comunicar al de Asuntos Exteriores para su notificacin a la representacin diplomtica que formul la demanda de extradicin.

Artculo diecinueve.

1. La entrega de la persona cuya extradicin haya sido acordada se realizar por agente de la autoridad espaola, previa notificacin del lugar y fecha fijados, observndose la legislacin nacional vigente en este orden. Con aqulla, se entregarn a las autoridades o agentes del Estado requirente acreditados a tal fin los documentos, efectos y dinero que deban ser igualmente puestos a su disposicin. Si la entrega del individuo reclamado no puede efectuarse, se proceder a la de dichos documentos, efectos y dinero, quedando a salvo, en todo caso, los derechos que pudieran corresponder sobre los mismos a otros interesados. El lugar y fecha fijados para la entrega sern comunicados asimismo al Tribunal que entendi de la solicitud.

2. Si la persona reclamada se encontrara sometida a procedimiento o condena por los Tribunales espaoles o sancionada por cualquier otra clase de organismos o autoridades nacionales, la entrega podr aplazarse hasta que deje extinguidas sus responsabilidades en Espaa o efectuarse temporal o definitivamente en las condiciones que se fijen de acuerdo con el Estado requirente.

3. Si la persona reclamada no hubiera sido recibida en la fecha y lugar fijados podr ser puesta en libertad transcurridos quince das a contar de dicha fecha y necesariamente a los treinta, y se podr denegar su extradicin por el mismo hecho si de nuevo se solicitara.

Artculo veinte.

1. La extradicin en trnsito se otorgar previo el cumplimiento de los requisitos y con las mismas condiciones que para la extradicin exige la presente Ley.

2. Excepcionalmente, por razones de urgencia, y cuando se utilizare la va area y no estuviera previsto aterrizaje en territorio espaol, el Gobierno podr autorizar el trnsito previa recepcin de una solicitud con el contenido a que se refiere el nmero 1 del artculo 8. y que producir los efectos previstos en el citado artculo en caso de aterrizaje fortuito.

Artculo veintiuno.

1. Para que la persona que haya sido entregada pueda ser juzgada, sentenciada o sometida a cualquier restriccin de su libertad personal, por hechos anteriores y distintos a los que hubieran motivado su extradicin, ser preciso autorizacin ampliatoria de la extradicin concedida, a cuyo fin se presentar otra solicitud acompaada de los documentos previstos en el artculo sptimo y testimonio judicial de la declaracin de la persona entregada, que se tramitar como nueva demanda de extradicin. Iguales requisitos ser necesario cumplir para conceder la reextradicin de la persona entregada a un tercer Estado.

2. No ser necesaria esta autorizacin cuando la persona entregada, habiendo tenido la posibilidad de abandonar el territorio del Estado al que se entreg, permanezca en l ms de cuarenta y cinco das o regrese al mismo despus de abandonarlo.

Artculo veintids.

Los gastos ocasionados por la extradicin en territorio nacional sern, en rgimen de reciprocidad, a cargo del Gobierno espaol. Los causados por extradicin en trnsito sern de cuenta del Estado requirente.

DISPOSICIN DEROGATORIA

Queda derogada la Ley de Extradicin de 26 de diciembre de 1958.

DISPOSICIN TRANSITORIA

Las disposiciones de naturaleza procesal contenidas en esta Ley slo sern aplicables a las extradiciones que se soliciten a partir de su entrada en vigor.

Las de naturaleza sustantiva solo tendrn efecto retroactivo en cuanto favorezcan al reclamado, el cual, en todo taso, ser odo para que manifieste lo que le resulta ms ventajoso, atendidas sus personales circunstancias.

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Palacio de la Zarzuela, Madrid, a 21 de marzo de 1985.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZLEZ MRQUEZ

Análisis

  • Rango: Ley
  • Fecha de disposición: 21/03/1985
  • Fecha de publicación: 26/03/1985
  • Entrada en vigor: 15 de abril de 1985.
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • SE MODIFICA los arts. 12.3, 13, 14.1, 17 y 18.1, con efectos de 4 de mayo de 2010, por Ley 13/2009, de 3 de noviembre (Ref. BOE-A-2009-17493).
  • CORRECCIN de errores en BOE nm. 90 de 15 de abril de 1985 (Ref. BOE-A-1985-5904).
Referencias anteriores
  • DEROGA la Ley de 26 de diciembre de 1958 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1958-19546).
  • CITA:
    • Convenio de 20 de abril de 1959 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1982-23564).
    • Convenio de 13 de diciembre de 1957 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1982-13611).
    • Convenio Europeo de 27 de enero de 1977 (Ref. BOE-A-1980-21629).
    • Ley de Enjuiciamiento Criminal aprobada por Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 (Gazeta) (Ref. BOE-A-1882-6036).
Materias
  • Enjuiciamiento Criminal
  • Extradicin

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