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Documento BOE-A-2026-24439

Real Decreto 1032/2026, de 20 de noviembre, por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos.

Publicado en:
«BOE» núm. 290, de 21 de noviembre de 2026, páginas 158186 a 158217 (32 págs.)
Sección:
I. Disposiciones generales
Departamento:
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes
Referencia:
BOE-A-2026-24439

TEXTO ORIGINAL

I

Los centros de datos constituyen infraestructuras necesarias para la digitalización de la economía y la prestación de los servicios digitales que emplean las administraciones públicas, el tejido económico e industrial y el conjunto de la ciudadanía. Así lo reconoce la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024, aprobada por el Consejo de Ministros el 14 de mayo de 2024, que sitúa a España como referente para el desarrollo de estos centros por su ubicación geográfica, su clima y su liderazgo en energías renovables y en conectividad.

En coherencia con este diagnóstico, en los últimos años se ha constatado un incremento sustancial del interés por desplegar centros de datos en España, lo que abre una oportunidad para el avance de la digitalización del país y para la contribución a la soberanía digital europea, si bien requiere ordenación para priorizar los proyectos que maximicen las oportunidades económicas y sociales, contribuyan a dichos objetivos de resiliencia y soberanía digital, y sean compatibles con los objetivos de sostenibilidad energética y medioambiental establecidos.

Como muestra de este crecimiento, solo desde la aprobación del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía, el gestor de la red de transporte ha concedido a este tipo de instalaciones más de 6 GW de capacidad de acceso, mientras que en el ámbito de la distribución de energía eléctrica, desde 2020, se han otorgado en torno a otros 8,8 GW de capacidad de acceso a estas infraestructuras según información de las principales distribuidoras. A las cifras anteriores deben sumarse tanto las solicitudes de permisos de acceso y conexión correspondientes a centros de datos que han sido denegadas por los gestores de redes por falta de capacidad, como el fuerte interés por la capacidad de acceso por parte de este tipo de instalaciones identificado durante la tramitación de la Planificación de la Red de Transporte 2025-2030, unas cifras agregadas que, de atenderse, obligarían a dedicar buena parte de los esfuerzos económicos previstos en dicha planificación a los refuerzos de red necesarios para atender a estas infraestructuras. Esta demanda compite, además, por una capacidad de red ya limitada con la de los proyectos industriales vinculados a la descarbonización y a la creación de nuevas capacidades industriales.

Con estas cifras, los permisos ya concedidos –un total de más de 15GW– superan las estimaciones más ambiciosas de despliegue para los próximos años: la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 prevé 2,5 GW de potencia de computación en 2030, equivalentes a entre 3,5 y 4 GW de demanda eléctrica, y las previsiones del propio sector y de los analistas independientes se sitúan en rangos similares o incluso inferiores.

Resulta, por tanto, pertinente articular una ordenación específica del despliegue de estos proyectos para facilitar su contribución a los objetivos de resiliencia y soberanía digital reflejados en la Estrategia en consonancia con los objetivos de sostenibilidad energética así como con el marco de protección ambiental establecido. De esta manera, será posible maximizar las oportunidades económicas y sociales asociadas al desarrollo de centros de datos.

La ausencia de un marco específico podría, de hecho, comprometer las metas del país en materia de soberanía digital y de resiliencia energética.

En el primer caso, al no garantizarse la autonomía estratégica en la gestión y el procesamiento de los datos. Como señala la hoja de ruta «Acelerar la soberanía digital en España», publicada por el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, la nube alojada en centros de datos es la columna vertebral de toda la infraestructura digital moderna, y se necesitan nube soberana y centros de datos propios para asegurar la resiliencia, la seguridad y la autonomía estratégica.

La propia hoja de ruta identifica los centros de datos sostenibles entre sus acciones propuestas, al considerar que el interés inversor atraído por España, por sus recursos energéticos y su conectividad, ofrece la oportunidad de redefinir estas infraestructuras para alinearlas con los objetivos nacionales y europeos. Además, sostiene que España puede liderar la aprobación de una norma de centros de datos sostenibles que combine eficiencia energética, hídrica, cohesión territorial, creación de empleo y crecimiento económico. Este real decreto responde a esa acción.

En esta misma línea, la propuesta de Reglamento por el que se establece un marco de medidas para reforzar el ecosistema europeo de nube e inteligencia artificial, actualmente en tramitación, reconoce que las infraestructuras de computación han dejado de ser meros activos técnicos para convertirse en recursos estratégicos críticos para la seguridad económica, la soberanía, la resiliencia y la competitividad de la Unión, advirtiendo de la dependencia del mercado europeo respecto de un número reducido de proveedores de terceros países (en la actualidad, según la citada Hoja de Ruta, más del 80 por ciento de los servicios en la nube y el 90 por ciento de los datos europeos están controlados por empresas estadounidenses), con los consiguientes riesgos de la aplicación extraterritorial de legislaciones de terceros Estados, del acceso no autorizado a datos y de la eventual discontinuidad operativa, riesgos que conllevan la necesidad de reforzar las consideraciones ligadas a la soberanía digital de la Unión.

Contar con activos de este tipo en territorio europeo, y con la disponibilidad de capacidad de cómputo localizada, resiliente y sujeta al ordenamiento jurídico europeo, supone, por tanto, un soporte esencial de la soberanía digital y de la autonomía estratégica de España y de la Unión Europea, y una condición estratégica para la seguridad económica y la reducción de dependencias tecnológicas respecto de terceros países.

Por ello, en el ámbito de la soberanía digital, el objetivo de la norma es asegurar que los sistemas públicos más importantes permanezcan bajo el marco jurídico y jurisdiccional de la Unión Europea. Por otro lado, un despliegue desordenado e incondicionado de este tipo de infraestructuras podría afectar a los objetivos de descarbonización de España, obstaculizando el desarrollo de uno de los principales beneficios socioeconómicos que nacen de la transición energética: unos precios de la energía más competitivos gracias a la contribución renovable, factor que es, por otro lado, uno de los elementos que explican el significativo interés de los promotores de centros de datos, así como de otras iniciativas, por España.

Por otra parte, es necesario abordar los impactos del despliegue de centros de datos en el sistema eléctrico. Los consumos de energía eléctrica asociados a estos centros de datos son esencialmente planos y no disponen automáticamente y a priori de la flexibilidad necesaria para adaptarse a un modelo energético caracterizado por la cada vez mayor integración de energías renovables en el mix de producción de electricidad. Además, y a diferencia de otros vectores y consumos energéticos (como el hidrógeno renovable o las peticiones de acceso asociadas a la electrificación de la industria), estos consumos son en buena parte adicionales, de tal forma que no contribuyen a la sustitución tecnológica de otros vectores energéticos o consumos que son actualmente responsables de emisiones de gases de efecto invernadero, al consumir otros tipos de energía. En consecuencia, el incremento de demanda de estas características puede aumentar las necesidades de generación y firmeza, lo cual, en un contexto de mercado eléctrico marginalista como el español y el europeo, y salvo que se adopte un marco específico, supone un aumento del uso de gas como tecnología marginal y, con ello, mayores precios de la electricidad para el conjunto de consumidores.

Tanto la falta de flexibilidad como la adicionalidad asociada a estas infraestructuras provocan que, en última instancia, resulte necesario asegurar su compatibilidad, en la escala y órdenes de magnitud observados, con un modelo energético basado en el aprovechamiento de las oportunidades que acompañan el proceso de descarbonización, máxime cuando estas peticiones superan incluso las previsiones más ambiciosas de crecimiento de este tipo de tecnologías.

Por ello, resulta igualmente necesario adoptar medidas para que estas infraestructuras vayan acompañadas de nueva generación renovable, de modo que su implantación no menoscabe la posibilidad de acceder a este tipo de energía a otras actividades igualmente necesarias para la economía y sociedad españolas, ni los objetivos de electrificación, de reducción de la dependencia energética exterior y de contención de los precios para el conjunto de los consumidores.

En la medida en que los impactos perniciosos del consumo energético de los centros de datos sobre el sistema eléctrico y el resto de consumidores de electricidad se materializan a través de su conexión a la red, y que estos impactos son los que se pretende abordar en esta norma en lo que respecta al ámbito energético, se articula una regulación que acude al punto en que estas infraestructuras interactúan con el sistema eléctrico, esto es, su punto de conexión a la red eléctrica.

En suma, y en materia de soberanía energética, el objeto de esta norma es que las transiciones digital y ecológica avancen juntas mediante un despliegue ordenado.

También en el ámbito energético y ambiental, la Directiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, relativa a la eficiencia energética y por la que se modifica el Reglamento (UE) 2023/955, reconoce las preocupaciones existentes acerca del potencial consumo energético e hídrico de estas infraestructuras, y recuerda que la Estrategia Digital Europea ya puso de relieve la necesidad de lograr unos centros de datos altamente eficientes desde el punto de vista energético y sostenibles. Dicha directiva busca promover la eficiencia energética en el sector de los centros de datos, y la recogida y publicación de datos que sean pertinentes para el rendimiento energético, la huella hídrica y la flexibilidad de la demanda de los centros de datos.

Por consiguiente, precisamente por el carácter estratégico de los centros de datos, se busca distinguir los proyectos firmes y viables, con una adecuada contribución a los objetivos de soberanía digital y sostenibilidad energética, de modo que la capacidad de red disponible así como otros recursos necesarios para estas infraestructuras no queden acaparados por proyectos que no maximicen estos valores; así como asegurar que el despliegue de este tipo de consumidores no sea en detrimento del resto de consumidores.

II

La necesidad de adoptar medidas se ha acrecentado a raíz de la crisis en Oriente Medio. Así, el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, identifica que la puesta en marcha de proyectos de elevado consumo eléctrico en el corto plazo, si no se acompasa con un despliegue proporcional de nueva generación renovable, generaría un doble perjuicio: un mayor uso de gas natural para generación eléctrica, en un contexto de mercados tensionados, con el consiguiente incremento de los costes eléctricos para el conjunto de los consumidores, y por tanto una reducción del incentivo de electrificación, que el citado Real Decreto-ley pretende impulsar para combatir la dependencia fósil que la crisis actual ha vuelto a exponer.

Por ello, el citado Real Decreto-ley establece la necesidad de regular que este tipo de infraestructuras, imprescindibles para la digitalización de la economía y el refuerzo de la autonomía estratégica en materia de datos, vayan acompañadas de nueva generación renovable y por tanto no produzcan un menoscabo de los objetivos energéticos de electrificación y reducción de dependencia energética exterior. En particular, la disposición adicional primera del Real Decreto-ley establece que, mediante real decreto del Consejo de Ministros, se aprobarán los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, de resiliencia y soberanía digital que se aplicarán a los centros de datos que se conecten a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

Esto es así puesto que, teniendo en cuenta la naturaleza de las redes de transporte y distribución de electricidad como bien escaso, resulta oportuno establecer determinadas condiciones o requisitos para aquellos consumos que deseen optar a una determinada capacidad de acceso a dichas redes; mientras que los impactos sobre el resto de consumidores se trasladan precisamente a través del punto de conexión a la red.

De acuerdo con lo previsto en la citada disposición del Real Decreto-ley, los requisitos que deben regularse podrán incluir, entre otros, criterios de adicionalidad y correlación horaria en relación con el consumo de energía eléctrica procedente de fuentes de energía renovables, de eficiencia energética, sostenibilidad en el uso del agua, beneficios económicos y sociales, así como aquellos que permitan demostrar su contribución a la resiliencia y soberanía digital de la economía española o europea.

Este real decreto supone, por tanto, el desarrollo reglamentario del anterior mandato normativo, materializando la relación de requisitos establecidos en la citada disposición adicional.

En tanto no se apruebe este marco, la capacidad de acceso disponible continúa asignándose sin atender a los criterios de sostenibilidad energética y medioambiental, de resiliencia y de soberanía digital que el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, ordena establecer. Ello, además de detraer capacidad de red necesaria para la electrificación de otros usos (industriales, de transporte o residenciales), igualmente llamados a contribuir a los objetivos de descarbonización, genera el riesgo de un crecimiento indiscriminado de consumo eléctrico por parte de centros de datos y, con ello, un incremento significativo de las emisiones, del coste de la electricidad para consumidores existentes, así como las necesidades de firmeza del sistema. Todo ello, además de costes directos para los consumidores, genera impactos económicos perniciosos derivados en la economía y en los objetivos ambientales.

Este real decreto desarrolla asimismo la palanca 2 de la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024, «Generar Capacidades de Almacenamiento en Condiciones de Sostenibilidad», dirigida a impulsar la instalación sostenible de centros de datos y la ordenación estratégica de las infraestructuras de computación.

Por otra parte, la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, impone al conjunto de las administraciones públicas el mandato de alcanzar determinadas reducciones de emisiones de gases de efecto invernadero así como determinados objetivos de penetración de energías renovables tanto en el consumo de energía final como en el sistema eléctrico.

Ahonda asimismo en otro mandato legal anterior, introducido por el artículo 77 de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que indica que la política energética estará orientada a garantizar la seguridad del suministro, la eficiencia económica y la sostenibilidad medioambiental y, en concreto, que el modelo de consumo y de generación y distribución de energía debe ser compatible con la normativa y objetivos comunitarios y con los esfuerzos internacionales en la lucha contra el cambio climático.

Adicionalmente, el artículo 33.10 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, prevé que mediante real decreto del Consejo de Ministros puedan establecerse los criterios y procedimientos que la concesión de acceso y conexión deba satisfacer para el cumplimiento de los objetivos de política energética y penetración de renovables. Por otro lado, su artículo 44 establece los derechos y obligaciones de los consumidores en relación con el suministro, y prevé que reglamentariamente serán, en su caso, objeto de limitación o ampliación.

Asimismo, este real decreto es necesario para completar el cumplimiento del hito 127a del Componente 8, Reforma 5, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Este hito prevé en su letra iii) la entrada en vigor de legislación que «mejore la sostenibilidad energética de los centros de datos», de acuerdo con lo establecido en el anexo de la Decisión de Ejecución del Consejo que modifica la Decisión de Ejecución del Consejo, de 13 de julio de 2021, relativa a la aprobación de la evaluación del plan de recuperación y resiliencia de España.

La determinación de los requisitos y condiciones antes mencionados se encuentra inspirada por los principios de necesidad, proporcionalidad y trato no discriminatorio que deben regir cualquier medida regulatoria de esta naturaleza.

III

Por todo lo anterior, y en cumplimiento de la citada disposición legal, este real decreto establece requisitos que permitan demostrar la contribución de los centros de datos a la resiliencia y soberanía digital; requisitos asociados a la eficiencia energética y eficiencia en el uso del agua; y requisitos asociados a la correlación y adicionalidad con respecto al uso de energías renovables.

En aplicación del criterio de proporcionalidad, las obligaciones de este real decreto se aplican a los centros de datos cuya potencia de acceso sea igual o superior a 10 MW, por ser aquellos cuya demanda tiene incidencia apreciable sobre la capacidad de red disponible y sobre los recursos hídricos y territoriales. El umbral se expresa en potencia de acceso, y no en potencia de tecnología de la información, porque el bien cuya asignación se ordena es la capacidad de las redes de transporte y distribución. Las obligaciones de comunicación y publicidad del artículo 13 se fijan, en cambio, en 500 kW de potencia de tecnología de la información, por coherencia con el ámbito de aplicación del Reglamento Delegado (UE) 2024/1364. El artículo 5 se aplica, en cambio, con independencia de la potencia de acceso, por las razones que se exponen más adelante.

En primer lugar, el artículo 5 establece los requisitos de soberanía digital para el alojamiento de sistemas de información de categoría ALTA conforme al Esquema Nacional de Seguridad. Regula la localización de sus datos, las condiciones de las intervenciones desde terceros países y las medidas frente a solicitudes de acceso contrarias al ordenamiento aplicable, así como las obligaciones del titular del centro de datos y su control mediante declaraciones responsables y comprobaciones posteriores.

El artículo 5 reduce un riesgo concreto: que los sistemas de información de categoría ALTA del Esquema Nacional de Seguridad, cuyo compromiso causaría un perjuicio muy grave a las funciones de las entidades del sector público, queden expuestos a accesos o interrupciones decididos al amparo de ordenamientos de terceros países. Para ello exige que sus datos permanezcan en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo, que las operaciones desde terceros países se limiten a las técnicamente imprescindibles, sin acceso a los datos de contenido y con trazabilidad, y que se adopten medidas frente a requerimientos de autoridades extranjeras contrarios al Derecho aplicable. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ejerce el control posterior y, si un incumplimiento no se subsana, lo comunica a las entidades responsables de los sistemas afectados. Las condiciones se limitan a los sistemas de categoría ALTA y solo son exigibles desde que se comunica al sujeto obligado la categoría del sistema. No imponen requisitos de nacionalidad, de control societario ni de establecimiento en un Estado miembro concreto, y admiten las operaciones desde terceros países que resulten técnicamente imprescindibles.

En segundo lugar, este real decreto establece los requisitos aplicables en materia de eficiencia energética y sostenibilidad en el uso del agua. Ello, en cumplimiento de la citada disposición adicional del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, así como del artículo 12.4 de la Directiva (UE) 2023/1791, que establece que los Estados miembros impulsarán que los centros de datos de su territorio tengan en cuenta las mejores prácticas recogidas en el código de conducta europeo sobre eficiencia energética de los centros de datos. Entre las cuestiones clave identificadas en dicho código de conducta se encuentra la eficiencia en el uso de energía y en el uso del agua.

Asimismo, en desarrollo de la citada directiva, la Comisión Europea está elaborando un reglamento delegado para el establecimiento de un sistema de etiquetado para los centros de datos, con criterios homogéneos relativos al uso de energía y uso de agua, entre otros. Con el objeto de maximizar la coherencia normativa, el uso de los datos que se comuniquen oficialmente en el contexto europeo así como de las mejores referencias disponibles a nivel comunitario, este real decreto establece los requisitos de eficiencia energética y eficiencia hídrica en función de la clasificación en la escala europea, que formará parte de la etiqueta oficial.

Así, se establece que los centros de datos objeto de este real decreto deban cumplir criterios de eficiencia en el uso del agua (WUE) correspondientes a la clase «A» de la escala europea y, en el caso de eficiencia del uso de la energía (PUE), la máxima categoría resultante de la metodología recogida en la disposición adicional cuarta, que normalizará este indicador en función de condiciones climáticas.

Asimismo, la acreditación de las citadas condiciones se llevará a cabo mediante la presentación de la correspondiente etiqueta europea o, en su defecto, la manifestación de compromiso con el contenido y formato previstos en el reglamento delegado, sin perjuicio de las comprobaciones que puedan llevarse a cabo para confirmar el cumplimiento de los criterios.

De forma transitoria, y hasta la fecha de aplicación del sistema de etiquetado europeo, prevista para agosto de 2027, se establecen valores máximos de PUE de 1,25 y de WUE de 0,1, ambos calculados de acuerdo con el anexo III del Reglamento Delegado (UE) 2024/1364 de la Comisión, de 14 de marzo de 2024, relativo a la primera fase del establecimiento de un régimen de evaluación común de la Unión para centros de datos. De acuerdo con lo indicado por la Comisión, los umbrales fijados para cada indicador se han basado en el análisis de los datos suministrados por los operadores de centros de datos durante el primer periodo de comunicación, y la evaluación de la normativa, iniciativas y estándares existentes. Indica asimismo que este análisis ha sido tratado con los distintos agentes durante la fase de consultas, y se han publicado en el informe técnico de la Comisión Europea sobre los siguientes pasos para promover la eficiencia energética y la sostenibilidad de los centros de datos en la Unión Europea, incluido el establecimiento de un sistema de calificación a escala de la Unión.

Los niveles de eficiencia energética se exigen una vez transcurridos dos años desde la entrada en funcionamiento del centro de datos, y los de eficiencia hídrica, una vez transcurrido un año. Estos plazos responden a su fase de arranque, en la que la carga de tecnología de la información es inferior a la de diseño. El control posterior corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que, cuando detecte un incumplimiento, requiere la presentación de un plan de medidas correctoras y comunica su falta de presentación o de ejecución al órgano competente para sancionar.

En tercer lugar, este real decreto establece criterios de adicionalidad y correlación horaria en relación con el consumo de energía eléctrica procedente de fuentes de energía renovables, con el objetivo de que los nuevos consumos asociados a centros de datos se basen en una elevada proporción, hora a hora, en nueva generación renovable. Se tendrá en cuenta, asimismo, la energía renovable almacenada y posteriormente entregada al sistema por sistemas de almacenamiento.

Así, se requiere que estas instalaciones acrediten la cobertura de sus consumos, en el porcentaje establecido en este real decreto, mediante generación de origen renovable, bien a través de alguna de las modalidades previstas en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, bien a través de instrumentos de cobertura a plazo. Adicionalmente, se deberá garantizar el cumplimiento de determinados factores de adicionalidad y correlación horaria. Para poder optar a las capacidades de acceso y conexión solicitadas, las instalaciones deberán presentar unas manifestaciones de compromiso que indique cómo se prevé cumplir con los citados requisitos, cuyo cumplimiento será posteriormente objeto de seguimiento durante la vida útil de las instalaciones.

Asimismo, estas exigencias no resultan novedosas en comparación con otros requisitos existentes en el ámbito energético que resultan de aplicación a otros vectores energéticos destinados a desempeñar un papel fundamental en la descarbonización de la economía. Así, el Reglamento Delegado (UE) 2023/1184 de la Comisión, de 10 de febrero de 2023, por el que se completa la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo y del Consejo estableciendo una metodología común de la Unión en la que se definan normas detalladas para la producción de combustibles renovables de origen no biológico, plantea determinados requisitos de adicionalidad (artículo 5), de correlación temporal (artículo 6) y correlación geográfica (artículo 7), que resultan exigibles para acreditar el origen totalmente renovable de la electricidad utilizada para la producción de carburantes líquidos y gaseosos renovables de origen no biológico.

Por otro lado, el hidrógeno renovable producido mediante electrólisis está destinado a desempeñar un rol esencial en el proceso de transición hacia una economía libre de emisiones de carbono, tal y como se pone de manifiesto en los diferentes instrumentos de planificación y prospectiva aprobados tanto en el ámbito nacional como en el europeo, entre otros la Hoja de Ruta del Hidrógeno, aprobada por Acuerdo del Consejo de Ministros, de 6 de octubre de 2020, la actualización del Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2023-2030, aprobada por Real Decreto 986/2024, de 24 de septiembre, o, de manera más reciente, el Pacto por una Industria Limpia aprobado por la Comisión Europea el 26 de febrero de 2025. Sin embargo, el despliegue de estos nuevos vectores energéticos verdes requiere de estrictas medidas para garantizar el origen renovable de la electricidad empleada en su producción, como ponen de manifiesto los requisitos incluidos en el referido Reglamento Delegado (UE) 2023/1184. Además, estas instalaciones de electrólisis compiten por la capacidad de acceso a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

Es por ello que, de manera análoga a lo que ocurre con el hidrógeno renovable y otros productos derivados, se extienden esas mismas exigencias de adicionalidad y correlación horaria a los centros de datos que pretendan obtener permisos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de electricidad. Esta extensión por analogía de los requisitos de cobertura renovable a los centros de datos contribuye a reforzar la proporcionalidad de las medidas previstas y su carácter no discriminatorio.

Durante un periodo de cinco años, los centros de datos pueden optar por una vía alternativa de cumplimiento de la correlación horaria, con exigencias progresivas, a cambio de habilitarse en el sistema de reducción automática de potencia y aportar así flexibilidad al sistema eléctrico. Si causan baja en ese sistema o incumplen sus requisitos, el operador del sistema puede adoptar las medidas necesarias y proporcionadas para salvaguardar la seguridad del sistema, incluida la desconexión durante el tiempo estrictamente necesario, sin perjuicio del régimen de responsabilidad que resulte aplicable.

Finalmente, los requisitos de adicionalidad y correlación se exigen en la medida que el sistema eléctrico no ha completado su proceso de transición y en el que, por tanto, son susceptibles de darse los impactos perniciosos derivados de un elevado despliegue de centros de datos sin las medidas adecuadas. No obstante, cuando el sistema ha alcanzado una muy elevada cuota de penetración renovable, dichos impactos se atenúan. Por ello, la disposición adicional sexta vincula la exigencia de estos requisitos al grado de integración de energías renovables en el sistema eléctrico. Cuando la cuota de generación renovable del sistema eléctrico nacional haya superado el 90 por ciento en el año n-2, los requisitos de adicionalidad y correlación horaria se considerarán cumplidos, y el permiso de acceso se otorgará condicionado a un número máximo anual de horas de consumo de la red. Ese número resulta de multiplicar las horas del año por la citada cuota. Superado dicho umbral, la cuota se entenderá superior al 90 por ciento durante los cinco años naturales siguientes. La cuota y el número máximo de horas se publicarán cada año mediante resolución en el «Boletín Oficial del Estado», y corresponderá al gestor de red verificar el límite de horas. Esta previsión aporta un elemento de proporcionalidad a la norma, al evitar nuevas exigencias a los promotores de centros de datos cuando el sistema eléctrico haya alcanzado una situación de práctica descarbonización, en la que la aplicación de los criterios de adicionalidad y correlación horaria podría plantear dificultades añadidas.

En cuarto lugar, la citada disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, prevé que, sin perjuicio del régimen sancionador aplicable al incumplimiento de los requisitos previstos en esta disposición adicional, las desviaciones respecto de los niveles de adicionalidad y correlación horaria darán lugar a una compensación. En desarrollo de dicha disposición, este real decreto establece una compensación por las desviaciones respecto de los requisitos de adicionalidad y correlación horaria, graduada en función de su intensidad, y remite el régimen sancionador a la normativa con rango de ley que resulte de aplicación.

La compensación la factura cada mes, con carácter provisional, el gestor de la red con el que se haya suscrito el contrato de acceso, a partir del cálculo del operador del sistema. La Secretaría de Estado de Energía aprueba cada año, mediante resolución, las compensaciones definitivas, y los gestores regularizan las diferencias. Sus ingresos se destinan a cubrir los costes de los mecanismos de capacidad previstos en el artículo 13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, así como, en su caso, los costes adicionales que se generen para los consumidores. De este modo, el sobrecoste derivado de las desviaciones no se traslada al resto de los consumidores.

La cuantía de la compensación se determina, para una desviación total, a partir del coste de reponer la firmeza y la generación renovable que el centro de datos deja de aportar: el coste de nueva entrada de una batería, en el caso de la correlación horaria, y el coste nivelado de la generación solar fotovoltaica, en el de la adicionalidad. Los tramos correspondientes a desviaciones menores se escalonan de forma decreciente, de modo que la cuantía crece con la intensidad de la desviación y no excede el coste que esta genera.

En definitiva, los requisitos y la compensación previstos en este real decreto evitan que los costes asociados a la integración de estos nuevos consumos, esencialmente planos y no gestionables, que incrementan las necesidades de firmeza y de servicios de balance, se trasladen al conjunto de los consumidores.

Adicionalmente, el real decreto establece las obligaciones a los centros de datos cuya potencia de tecnología de la información sea igual o superior a 500 kW de recogida y publicación de la información relevante para el rendimiento energético, el uso de energías renovables, la huella hídrica y la demanda, materializando así el régimen de comunicación y publicidad de la Directiva (UE) 2023/1791.

Finalmente, el incumplimiento de los requisitos establecidos en este real decreto se sancionará conforme a lo previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, respecto de los requisitos de eficiencia energética y eficiencia hídrica; en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, respecto de los requisitos de soberanía digital, y en la demás normativa con rango de ley que resulte de aplicación.

Asimismo, la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, establece que los requisitos se aplicarán a todos los centros de datos que se conecten con posterioridad a la entrada en vigor de este real decreto, previsión que se materializa en la disposición transitoria quinta.

El real decreto prevé, además, un régimen transitorio para los centros de datos que formen parte de iniciativas de la Unión Europea cuya finalidad principal sea reforzar la soberanía digital europea, como las factorías y gigafactorías de inteligencia artificial y los supercomputadores, incluidos los proyectos presentados por el Gobierno de España a sus convocatorias. Estos centros también están sometidos a los requisitos de eficiencia y de energía renovable. El régimen se limita a proyectos con características singulares asociadas a exigencias reforzadas de soberanía europea. Se trata de los proyectos vinculados a convocatorias europeas anteriores a la entrada en vigor de este real decreto, cuyas condiciones de control y de ejecución se fijaron conforme a las bases de esas convocatorias. Para acogerse a este régimen deben acreditar que la infraestructura activa, es decir, los servidores y equipos de cómputo, está bajo control europeo, conforme a los criterios de las bases de la convocatoria correspondiente. La explotación técnica de esos equipos puede encomendarse a un tercero, siempre que la dirección de la explotación siga en manos de la entidad europea. Respecto de la infraestructura pasiva, basta con que su titular no tenga acceso a los datos ni control sobre la operación de los equipos. El cumplimiento de estas condiciones lo verifica el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, y la afección del centro al sistema eléctrico la valora el operador del sistema, ambos mediante informe vinculante. Estas condiciones no son requisitos impuestos a la actividad de los centros de datos, sino condiciones para acceder voluntariamente a un régimen específico. El artículo 5 se aplica también a estos centros.

El real decreto establece también un seguimiento semestral del cumplimiento de los requisitos con participación de las distintas administraciones competentes, así como una evaluación bienal a cargo de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Se establece asimismo un mecanismo de participación y coordinación con las comunidades autónomas. Estas reciben los informes de seguimiento, pueden aportar la información de que dispongan sobre los centros de datos de su territorio, son consultadas en la evaluación y pueden formular propuestas de revisión, que la evaluación valora de forma motivada. Asimismo, la evaluación se remite a las comunidades autónomas y a la Conferencia Sectorial de Energía.

Por último, este real decreto define los agentes intervinientes y los medios de acreditación de los requisitos y condiciones que establece. Prevé también la forma de proceder cuando los nudos se encuentren activados para concurso por aplicación de lo dispuesto en el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

IV

Este real decreto ha sido elaborado teniendo en cuenta los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia que conforman los principios de buena regulación a que se refiere el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

La aprobación de este real decreto cumple con los principios de necesidad y eficacia, los cuales se justifican por la necesidad de establecer condiciones y requisitos de acceso a las redes de transporte y distribución para los centros de datos, habida cuenta del elevado número de permisos y de solicitudes de acceso a dichas redes, y los impactos en términos de costes energéticos, ambientales y de coste de oportunidad que puede suponer un despliegue de este tipo de consumidores en ausencia de regulación, y teniendo en cuenta la necesidad de preservar los objetivos energéticos y medioambientales de descarbonización de la economía, así como de soberanía digital, y la necesidad de mantener precios energéticos competitivos para el conjunto de consumidores y de la economía.

Se adecúa, asimismo, al principio de proporcionalidad dado que la norma contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir, sin que existan otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a los destinatarios para la consecución de los fines previstos en él. En materia de soberanía digital, las obligaciones se circunscriben al alojamiento de los sistemas de categoría ALTA del Esquema Nacional de Seguridad, una categoría preexistente en el ordenamiento, recaen exclusivamente sobre los operadores de los centros de datos, se limitan a lo que estos controlan directa o contractualmente y no exigen certificación ni cualificación adicional alguna. En el ámbito de los requisitos energéticos, los requisitos establecidos tienen un impacto inferior a los costes que se generarían en el conjunto del sistema eléctrico en ausencia de esta norma.

Igualmente, cumple con el principio de seguridad jurídica puesto que supone el desarrollo de las previsiones contenidas en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, y la Ley 18/2014, de 15 de octubre, generando un marco normativo estable, claro y de certidumbre, que facilite su conocimiento y comprensión a los sujetos a los que afecta.

En aplicación del principio de transparencia, el proyecto ha sido sometido al trámite de audiencia e información pública previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.

Se ha prescindido del trámite de consulta pública previa conforme a los artículos 26.2, párrafo segundo, letra f), y 27.2.b) de dicha ley, al haberse autorizado la tramitación urgente mediante Acuerdo del Consejo de Ministros de 25 de agosto de 2026. La urgencia responde a la necesidad de que la norma despliegue sus efectos cuanto antes a fin de desplegar las herramientas que eviten un desarrollo desordenado de los centros de datos, con impacto en los objetivos de autonomía y competitividad energética, de electrificación y de soberanía digital. Por otro lado, una demora en la aplicación de esta normativa generaría incertidumbre e inseguridad jurídica sobre las condiciones que habrán de cumplir sus proyectos. Esta urgencia responde asimismo a la prolongación de la crisis en Oriente Medio, que ha mantenido los precios del gas y de la electricidad en niveles excepcionalmente elevados, y que, como ha reconocido el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, requiere la adopción urgente de criterios de sostenibilidad para centros de datos que vayan a conectarse al sistema, obligando a equilibrar nuevos consumos con generación renovable equivalente; y a la existencia de más de 15 GW de permisos de acceso y conexión concedidos a centros de datos que, en ausencia de esta regulación, podrían conectarse sin los requisitos correspondientes. Esa conexión incrementaría la demanda cubierta con ciclos combinados, encarecería la electricidad para el conjunto de los consumidores y comprometería los objetivos de autonomía y competitividad energética, de electrificación y de soberanía digital, como apreció el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de octubre de 2026. Las alegaciones presentadas en la audiencia se han pronunciado sobre la necesidad de la norma, sus objetivos y sus alternativas.

Este real decreto no está sujeto al procedimiento de información previsto en la Directiva (UE) 2015/1535 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de septiembre de 2015, por la que se establece un procedimiento de información en materia de reglamentaciones técnicas y de reglas relativas a los servicios de la sociedad de la información, ni en el Real Decreto 1337/1999, de 31 de julio, que la incorpora al ordenamiento interno. Sus requisitos son condiciones para obtener y mantener los permisos de acceso y conexión a las redes eléctricas y recaen sobre instalaciones, no sobre productos ni sobre la prestación de servicios de la sociedad de la información. Las condiciones de soberanía digital del artículo 5 se activan únicamente cuando el centro de datos aloja sistemas de información del sector público de categoría ALTA del Esquema Nacional de Seguridad, y operan como condiciones de seguridad de esos sistemas públicos, no como reglas de carácter general sobre el acceso a servicios de la sociedad de la información o su ejercicio.

Por último, es coherente con el principio de eficiencia. Las cargas administrativas se limitan a las necesarias para acreditar los requisitos: la acreditación se basa en manifestaciones de compromiso, en la etiqueta europea y, en materia de soberanía digital, en declaraciones responsables, la información que se exige reutiliza la que los centros de datos ya comunican conforme al Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, y la verificación se apoya en los datos de que disponen los gestores de red y el operador del sistema. En materia de soberanía digital, la declaración específica solo se exige a quien vaya a alojar sistemas de categoría ALTA.

Este real decreto se adecúa al orden de distribución de competencias establecido en el artículo 149.1.13.ª, 21.ª, 25.ª y 29.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para determinar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, la competencia exclusiva en telecomunicaciones, las bases de régimen minero y energético y la competencia exclusiva en materia de seguridad pública, respectivamente.

En la tramitación de este real decreto ha emitido informe la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. Asimismo, se ha dado audiencia a las comunidades autónomas y a las Ciudades de Ceuta y de Melilla.

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, del Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de Economía, Comercio y Empresa, y del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de noviembre de 2026,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

1. El objeto de este real decreto es establecer los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos, conforme a lo establecido en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, incluidos los requisitos y el procedimiento aplicables a la solicitud y obtención de los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. En lo relativo a los requisitos con respecto al sector eléctrico supone, asimismo, un desarrollo de las potestades reglamentarias recogidas en los artículos 33.10 y 44 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

2. Asimismo, se regula el procedimiento de publicidad de la información de los centros de datos en relación con su eficiencia energética y su sostenibilidad, de acuerdo con la Directiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, relativa a la eficiencia energética y por la que se modifica el Reglamento (UE) 2023/955.

Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. Este real decreto se aplicará a las entidades operadoras o, cuando no exista una entidad operadora distinta, a los titulares de centros de datos que hayan solicitado o vayan a solicitar el otorgamiento de los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica de conformidad con lo establecido en el Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica. Se incluyen en lo anterior, de acuerdo con lo establecido en las disposiciones transitoria tercera, cuarta y quinta de este real decreto, los centros de datos que han solicitado los correspondientes permisos y que no se hayan resuelto favorablemente, los centros de datos con solicitudes suspendidas por activación de un concurso de capacidad de demanda, y los centros con permisos ya otorgados, pero todavía no conectados a la red.

Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 3 y en el artículo 5, las obligaciones previstas en este real decreto se aplicarán a los centros de datos cuya potencia de acceso sea igual o superior a 10 MW y a los grupos de centros de datos situados en la misma ubicación y de la misma titularidad que, de forma agregada, alcancen dicha potencia. En el caso de instalaciones técnicas que albergan equipamiento TIC pero que no tienen como actividad principal la prestación de servicios de centro de datos, la potencia de acceso a computar es la destinada exclusivamente a la actividad de centro de datos.

2. Este real decreto se aplicará igualmente a los gestores de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, en el ámbito de sus respectivas competencias, para dar cumplimiento a lo establecido en esta norma.

3. El artículo 13 se aplicará a las entidades operadoras o, cuando no exista una entidad operadora distinta, a los titulares de centros de datos cuya potencia de tecnología de la información sea igual o superior a 500 kW, con independencia de su potencia de acceso.

4. Quedan excluidos del ámbito de aplicación de este real decreto:

a) Los centros de datos destinados exclusivamente a los sectores de la defensa, de la protección civil y de la seguridad pública.

b) Los centros de datos de titularidad de entidades del sector público estatal que tengan la condición de operador crítico conforme a la Ley 8/2011, de 28 de abril, por la que se establecen medidas para la protección de las infraestructuras críticas, o que estén adscritos a ellas.

Artículo 3. Definiciones.

A los efectos de este real decreto, se entenderá por:

a) Adicionalidad: cobertura del consumo del centro de datos con electricidad procedente de instalaciones de producción de origen renovable y de almacenamiento que reúnan las condiciones previstas en el artículo 7.

b) Centro de datos: toda estructura o grupo de estructuras utilizadas de acuerdo con los requisitos establecidos en el anexo A, punto 2.6.3.1.16, del Reglamento (CE) n.º 1099/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativo a las estadísticas sobre energía, conforme al artículo 2 de la Directiva (UE) 2023/1791. Esta expresión comprende los centros de procesamiento de datos a que se refiere la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo.

c) Copias de seguridad: las reproducciones de datos conservadas para permitir su restauración en caso de pérdida, alteración o indisponibilidad, de acuerdo con las medidas de continuidad y protección de la información que resulten aplicables.

d) Datos: los definidos en el artículo 2, punto 1, del Reglamento (UE) 2023/2854 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2023, sobre normas armonizadas para un acceso justo a los datos y su utilización, y por el que se modifican el Reglamento (UE) 2017/2394 y la Directiva (UE) 2020/1828.

e) Datos de contenido: a efectos del artículo 5, los datos que constituyen la información propia de la actividad para la que se utiliza el sistema de información, incluidos documentos, comunicaciones, imágenes, grabaciones, bases de datos y demás conjuntos de información incorporados o tratados por sus aplicaciones y procesos.

f) Datos de telemetría: a efectos del artículo 5, los datos generados y recogidos automáticamente para medir o supervisar el estado, funcionamiento, rendimiento, disponibilidad o seguridad de la infraestructura y de los recursos utilizados para prestar el servicio, como las métricas de utilización de procesadores, memoria y almacenamiento, latencia, disponibilidad y errores técnicos.

g) Datos derivados de la utilización del servicio: a efectos del artículo 5, los resultados, informes, extracciones y demás datos obtenidos mediante el tratamiento de los datos de contenido o como resultado de la ejecución de las aplicaciones y procesos del sistema. No comprende los datos referidos exclusivamente a la gestión técnica del servicio que reúnan las condiciones previstas para la exclusión de los metadatos y datos de telemetría.

h) Entidad operadora: la persona física o jurídica que ejerce efectivamente la operación de un centro de datos, con independencia de su titularidad.

i) Metadatos: los definidos en el artículo 2, punto 2, del Reglamento (UE) 2023/2854. A efectos de la exclusión prevista en el artículo 5.2.a), únicamente se entenderán comprendidos los metadatos relativos a la gestión técnica del servicio, como los identificadores técnicos, las marcas temporales y la información sobre la utilización de los recursos.

j) Potencia de tecnología de la información: la demanda de potencia eléctrica de los sistemas de tecnologías de la información instalados, determinada conforme al artículo 2 del Reglamento Delegado (UE) 2024/1364 de la Comisión, de 14 de marzo de 2024, relativo a la primera fase del establecimiento de un régimen de evaluación común de la Unión para centros de datos.

k) Registros de actividad: las anotaciones de los eventos y actuaciones producidos en un sistema de información que permiten conocer qué actuación se realizó, cuándo tuvo lugar, a qué usuario o entidad se atribuye y cuál fue su resultado. En los sistemas sujetos al Esquema Nacional de Seguridad se atenderá a lo dispuesto en la medida de registro de la actividad del anexo II del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo.

l) Réplicas: las reproducciones de datos que se mantienen actualizadas de forma continua o periódica para facilitar su disponibilidad, distribución o recuperación.

Los datos de contenido y los derivados de la utilización del servicio conservarán esa consideración, a efectos del artículo 5, aunque se incorporen total o parcialmente a registros de actividad, metadatos o datos de telemetría, o se presenten como tales. Su cifrado no modificará dicha consideración.

Artículo 4. Requisitos para el otorgamiento de los permisos de acceso y conexión.

1. El otorgamiento de los permisos de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica por parte de los gestores de red a los promotores o titulares de centros de datos que se hubieran solicitado y no se hubieran otorgado a la entrada en vigor de este real decreto, o que se soliciten con posterioridad a dicha entrada en vigor, solo procederá cuando, además de cumplirse lo previsto en el capítulo III del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, se cumpla con lo siguiente:

a) La presentación de la declaración responsable relativa a los requisitos de soberanía digital prevista en el artículo 5.4.

b) La presentación de la manifestación de compromiso relativa a los requisitos de eficiencia energética y eficiencia hídrica o, cuando resulte aplicable el sistema europeo de etiquetado, de la etiqueta europea correspondiente al proyecto, en los términos del artículo 6.

c) La presentación de la manifestación de compromiso relativa a los requisitos de adicionalidad y correlación horaria previstos en los artículos 7 y 8, respectivamente.

Artículo 5. Requisitos de soberanía digital.

1. Los centros de datos sujetos a este real decreto que alojen sistemas de información de categoría ALTA conforme al anexo I del Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, deberán cumplir las condiciones previstas en el apartado 2 como requisito para la obtención de los permisos de acceso y conexión. Dichas condiciones deberán cumplirse igualmente durante el alojamiento de esos sistemas.

A efectos de este artículo, el sujeto obligado será el titular del centro de datos.

Quedan excluidos de este artículo los sistemas de información que traten información clasificada, que se regirán por su normativa específica.

Las condiciones previstas en el apartado 2 no serán exigibles respecto de los sistemas de un centro de datos hasta que se comunique al sujeto obligado que alguno de sus sistemas es de categoría ALTA.

2. Las condiciones a que se refiere el apartado 1 son las siguientes:

a) Los datos de contenido de dichos sistemas y los derivados de la utilización del servicio, incluidos los registros de actividad que incorporen esos datos, así como sus réplicas y copias de seguridad, no podrán tratarse, almacenarse ni transferirse fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, salvo cuando una norma de la Unión Europea establezca, para dichos sistemas o datos, un régimen equivalente o alternativo de protección y transferencia.

Los metadatos y datos de telemetría, en los términos definidos para la aplicación de este artículo, no se considerarán incluidos en el anterior párrafo.

b) El sujeto obligado deberá disponer en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo de los medios personales y materiales necesarios para prestar el servicio de alojamiento y cumplir este artículo.

Las operaciones de administración, soporte o mantenimiento sólo podrán realizarse desde otros países cuando sean técnicamente imprescindibles y se limiten a las actuaciones y al tiempo estrictamente necesarios. En ese caso, deberán mantener su trazabilidad registrando la operación y la identidad de quien la realice. El sujeto obligado documentará la justificación de su necesidad técnica. El registro se conservará durante al menos cinco años a disposición del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

Una operación se considerará técnicamente imprescindible cuando no pueda realizarse desde la Unión Europea o el Espacio Económico Europeo con un nivel equivalente de funcionalidad, seguridad y continuidad del servicio.

Como excepción a lo dispuesto en la letra a), estas operaciones podrán comprender el acceso remoto a los datos allí previstos y el tratamiento inherente a dicho acceso cuando resulten estrictamente necesarios para su ejecución, sin permitir la creación o conservación de copias persistentes de esos datos fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo ni su utilización para otros fines. Se aplicarán las medidas de seguridad exigibles y se limitará el acceso a los datos y funciones necesarios para la intervención. Cuando se traten datos personales, deberá cumplirse el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos), incluido su capítulo V cuando resulte aplicable.

c) Deberán adoptarse medidas jurídicas, técnicas y organizativas adecuadas y proporcionadas frente a las solicitudes de acceso o transferencia de esos datos formuladas por autoridades de terceros países que sean contrarias al Derecho de la Unión Europea o al Derecho nacional y no se amparen en un acuerdo internacional en vigor que resulte aplicable, conforme al artículo 48 del Reglamento (UE) 2016/679, para los datos personales, y al artículo 32 del Reglamento (UE) 2023/2854 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2023, para los datos no personales.

Estas condiciones se entienden sin perjuicio de las medidas adicionales exigibles por la normativa específica aplicable a los sistemas o cargas de trabajo afectados por dicha normativa específica.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de las exigencias de ubicación más estrictas establecidas por ley, en particular en el artículo 46 bis de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

3. Para cumplir las condiciones previstas en el apartado 2, el sujeto obligado:

a) Incluirá en sus contratos la obligación de comunicar al sujeto obligado, antes del alojamiento y ante cualquier modificación posterior, que un sistema es de categoría ALTA.

b) Trasladará dichas condiciones a los clientes, proveedores y subcontratistas directos que participen en las operaciones pertinentes o tengan acceso a los datos o sistemas del centro de datos.

c) Adoptará las medidas técnicas, organizativas y contractuales necesarias dentro de su ámbito de control para supervisar y garantizar su cumplimiento, así como para hacer cesar los incumplimientos desde que los conozca.

No se imputarán al sujeto obligado los incumplimientos relativos a elementos ajenos a su control directo o contractual ni los derivados de información omitida o inexacta facilitada por clientes, proveedores o subcontratistas que no hubiera podido detectar con la diligencia exigible. En tales casos, el sujeto obligado lo comunicará al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública en el plazo de diez días desde que tenga conocimiento del incumplimiento y adoptará las medidas previstas en la letra c) para hacerlo cesar. El Ministerio requerirá su subsanación conforme al apartado 6. El incumplimiento que persista una vez transcurrido dicho plazo será imputable al sujeto obligado.

4. Junto con la solicitud de los permisos de acceso y conexión, el sujeto obligado presentará ante el gestor de la red una declaración responsable en la que manifieste que el centro de datos no aloja sistemas de los previstos en el apartado 1 o, si los aloja, que cumple respecto de ellos las condiciones del apartado 2. Esta declaración deberá presentarse simultáneamente ante el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública.

En dicha declaración, el sujeto obligado podrá incorporar compromisos en materia de soberanía estratégica digital, en particular, la reserva de capacidad de almacenamiento o de cómputo para la prestación de servicios a empresas españolas o de la Unión Europea, con los porcentajes de reserva y su plazo de vigencia en cada caso, así como de garantía en la operación, alojamiento y transferencia de los datos gestionados en dicha infraestructura, garantizando su no transferencia fuera de la Unión Europea.

5. Antes de alojar por primera vez un sistema de los previstos en el apartado 1, el sujeto obligado presentará ante el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública una declaración responsable en la que manifieste que cumple las condiciones del apartado 2. Comunicará asimismo al Ministerio, en el plazo de un mes, cualquier cambio en la identidad del sujeto obligado y mantendrá a su disposición la relación de las entidades responsables de los sistemas alojados.

La declaración comprenderá todos los sistemas de un mismo centro de datos y deberá actualizarse cuando cambien sustancialmente las condiciones declaradas, así como cuando cambie la lista de sistemas afectados. La declaración y su documentación acreditativa se mantendrán a disposición del Ministerio, no se comunicarán a los gestores de las redes de transporte o distribución ni estarán sujetas a la publicidad prevista en el artículo 13, y recibirán el régimen de protección que corresponda.

6. El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ejercerá el control posterior del cumplimiento de lo previsto en el apartado 2 y podrá requerir información y realizar u ordenar las comprobaciones necesarias. Cuando detecte un incumplimiento, requerirá su subsanación en un plazo no inferior a tres meses, salvo que el incumplimiento exponga los datos a que se refiere el apartado 2.a) a un tratamiento, almacenamiento o transferencia fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, o a un acceso desde fuera de ellos en condiciones no permitidas por el apartado 2, en cuyo caso el plazo podrá ser inferior.

El Ministerio comunicará los incumplimientos no subsanados en el plazo concedido a las entidades del sector público responsables de los sistemas afectados, para que adopten las medidas que procedan conforme al Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, y a los contratos correspondientes. Cuando el incumplimiento exponga los datos en los términos señalados en el párrafo anterior, la comunicación se realizará sin demora desde que se detecte.

Lo anterior se entiende sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 69.4 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, respecto de las declaraciones responsables previstas en los apartados 4 y 5. La resolución que declare las circunstancias previstas en dicho artículo se dictará previa audiencia del interesado. En el caso de la declaración del apartado 5, se entenderá por actividad afectada el alojamiento de los sistemas a los que se refiera.

7. Cuando resulte aplicable un marco de la Unión Europea sobre soberanía de los servicios digitales, las certificaciones, declaraciones o reconocimientos expedidos conforme a él, acreditarán el cumplimiento de las condiciones equivalentes del apartado 2, evitando duplicidades.

Artículo 6. Requisitos de eficiencia energética y eficiencia hídrica.

1. La entidad operadora o, cuando no exista una entidad operadora distinta, el titular del centro de datos deberá acreditar que los niveles de eficiencia energética y de eficiencia hídrica de las infraestructuras para las que solicita y posteriormente utiliza, los permisos de acceso y conexión se corresponden o se corresponderán con la clase «A». En el caso de la eficiencia hídrica esta clase se corresponderá con la de la etiqueta europea en los términos establecidos en el reglamento delegado dictado en aplicación de la Directiva (UE) 2023/1791. En el caso de la eficiencia energética, se corresponderá con la máxima categoría resultante de la aplicación de la metodología establecida en la disposición adicional cuarta.

Los niveles de eficiencia energética deberán alcanzarse una vez transcurridos dos años desde la entrada en funcionamiento del centro de datos, y los de eficiencia hídrica, una vez transcurrido un año. A efectos de su verificación anual, estos requisitos serán exigibles a partir del primer año natural completo siguiente a la finalización del plazo correspondiente.

2. La entidad operadora o, cuando no exista una entidad operadora distinta, el titular del centro de datos presentará al gestor de red, junto con la solicitud de los permisos de acceso y conexión, copia o justificante de la etiqueta europea correspondiente al proyecto para el que se solicitan dichos permisos o, en su defecto, una manifestación de compromiso con el contenido y formato fijados en el reglamento delegado a que se refiere el apartado 1 para proyectos que todavía no han entrado en funcionamiento. El gestor de red comprobará la presentación de la documentación y la incorporará al expediente.

3. El obligado conforme al apartado 1 mantendrá a disposición del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico la manifestación de compromiso y la documentación que justifique el cumplimiento de los requisitos previstos en este artículo.

4. Mediante orden de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, se podrán determinar el modelo de manifestación de compromiso aplicable en cada momento, el alcance de la comprobación que corresponda al gestor de red conforme al apartado 2, la documentación que deba mantenerse a disposición del Ministerio, los criterios y el procedimiento para el ejercicio del control posterior de dicho cumplimiento, conforme al apartado 3, las correspondientes medidas correctoras cuando se produzcan desviaciones significativas respecto de los valores comprometidos y el órgano al que se atribuyen estas competencias. Todo ello sin perjuicio de las consecuencias de incumplimiento previstas en el artículo 10.

5. Transcurrido el primer año natural completo siguiente a la finalización del plazo correspondiente previsto en el apartado 1 y, en lo sucesivo, antes del 15 de octubre de cada año, la entidad operadora o, cuando no exista una entidad operadora distinta, el titular presentará al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública la etiqueta europea correspondiente al proyecto en funcionamiento en que se compruebe el mantenimiento de los valores exigidos.

6. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico comprobará la exactitud de las manifestaciones de compromiso o la documentación presentadas conforme a este artículo y podrá requerir la documentación adicional necesaria para acreditar el cumplimiento de los criterios de eficiencia energética e hídrica.

Asimismo, cuando el control posterior detecte un incumplimiento de los requisitos previstos en este artículo, la Dirección General correspondiente de la Secretaría de Estado de Energía requerirá al obligado la presentación, en un plazo no inferior a tres meses, de un plan de medidas correctoras que permita alcanzar los valores exigidos en el periodo siguiente. Cuando no se presente o no se ejecute el plan, dicho órgano lo pondrá en conocimiento del órgano competente para el ejercicio de la potestad sancionadora.

Artículo 7. Adicionalidad.

1. A fin de acreditar el cumplimiento del requisito de adicionalidad previsto en este real decreto, las entidades operadoras o, cuando no exista una entidad operadora distinta, los titulares de los centros de datos deberán acreditar que cubren el 80 por ciento de su consumo total mediante alguna de las modalidades de autoconsumo previstas en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, o mediante uno o más contratos de compra de electricidad renovable a plazo con sujetos productores de energía eléctrica titulares de instalaciones de producción de origen renovable e instalaciones de almacenamiento ubicadas en España.

2. Las instalaciones de producción de energía eléctrica de autoconsumo o que formen parte de algún contrato de compra de electricidad renovable a plazo a los que se hace referencia en el apartado anterior deberán contar con acta de puesta en servicio extendida en una fecha no anterior en más de treinta y seis meses a la entrada en funcionamiento del centro de datos o a la del primer uso de la correspondiente energía.

Se entenderá producida la entrada en funcionamiento del centro de datos en el momento de la celebración del contrato ATR.

3. La entidad operadora o, cuando no exista una entidad operadora distinta, el titular del centro de datos presentará al gestor de red, junto con la solicitud de los permisos de acceso y conexión, manifestación de compromiso de cumplimiento de lo establecido en este artículo así como, en su caso, sus planes de despliegue y ampliación, los de la correspondiente capacidad de generación renovable y la documentación acreditativa que los sustente. El gestor de red comprobará que la manifestación de compromiso y la documentación se han presentado, las incorporará al expediente y las remitirá al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

4. Cuando el requisito de adicionalidad se lleve a cabo a través de alguna de las modalidades de autoconsumo previstas en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, la entidad operadora o, cuando no exista una entidad operadora distinta, el titular del centro de datos, deberá garantizar disposición de los equipos de medida que resulten necesarios para obtener la medida de autoconsumo. La responsabilidad de la instalación de los equipos de medida corresponde al titular de la instalación.

5. El operador del sistema será el responsable de calcular la desviación con respecto al valor del requisito de adicionalidad previsto en este artículo.

A tal fin, la entidad operadora o, cuando no exista una entidad operadora distinta, el titular del centro de datos, remitirá al gestor de la red a la que se haya conectado, coincidiendo con la suscripción del contrato ATR, la relación de activos de producción de energía eléctrica y almacenamiento vinculados al requisito de adicionalidad. El gestor de la red, a su vez, remitirá al operador del sistema dicha relación de activos junto con la identificación de la instalación de consumo asociada a los mismos. Si, con posterioridad a dicha primera remisión, se incorporasen nuevos activos de producción y almacenamiento para cumplir con el requisito, el proceso de remisión al gestor de la red y el operador del sistema seguirá el anterior cauce de comunicación.

En los casos en los que el operador del sistema no sea el encargado de lectura de los activos de producción de energía eléctrica, almacenamiento y consumo de electricidad, los distribuidores estarán obligados a enviar con periodicidad mensual y en el plazo máximo de 5 días hábiles tras la finalización de cada mes natural, el mejor valor de la medida asociado a dichas instalaciones. Tras la recepción de dichos valores de medida, el operador del sistema calculará mensualmente los valores de adicionalidad y la compensación que, en su caso, corresponda en función de los las desviaciones medidas con respecto a los valores exigidos, y lo comunicará a la Secretaría de Estado de Energía y al gestor de la red a la que se encuentre conectada la instalación de consumo, a los efectos de su facturación provisional conforme al artículo 9.

6. Una vez iniciado el funcionamiento del centro de datos, el consumo de energía eléctrica estará limitado, en cada momento, a aquel que pueda acreditar el requisito de adicionalidad indicado en este artículo, de modo que se pueda incorporar nueva generación adicional que permita incrementar el consumo. En caso de que no se alcance el nivel de adicionalidad exigido, se aplicará la compensación prevista en el artículo 9.2, conforme a lo dispuesto en el artículo 9.4, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, del correspondiente régimen sancionador de conformidad con lo establecido en el artículo 10 en caso de incumplimientos.

7. En el caso de repotenciaciones de instalaciones de producción y almacenamiento de energía eléctrica conforme a lo establecido en el artículo 7 del Real Decreto 997/2025, de 5 de noviembre, por el que se aprueban medidas urgentes para el refuerzo del sistema eléctrico, estas se tendrán en cuenta a los efectos del cumplimiento del requisito de adicionalidad previsto en este artículo.

En particular, únicamente se considerarán como adicionales aquellas instalaciones de producción y almacenamiento que, llevando a cabo una repotenciación de dichas instalaciones, estas requieran una revisión sustancial del acuerdo de conexión en los términos establecidos en el artículo 7 del Real Decreto 647/2020, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas. A estos efectos, el plazo previsto en el apartado segundo se computará desde la fecha de revisión del acuerdo de conexión y la entrada en funcionamiento del centro de datos.

8. Adicionalmente, aquellas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovable pertenecientes a las categorías b.6, b.7 y b.8 conforme a lo previsto en el Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos que, habiendo percibido el régimen retributivo específico, finalicen su vida útil regulatoria, podrán adherirse al esquema de adicionalidad previsto en este artículo. A estos efectos, el plazo previsto en el apartado segundo se computará desde la fecha de finalización de la vida útil regulatoria y la entrada en funcionamiento del centro de datos.

9. Como excepción a lo establecido en este artículo, las instalaciones de producción de energía eléctrica de tecnología fotovoltaica podrán ser empleadas para el cumplimiento del requisito de adicionalidad con independencia de su fecha de puesta en servicio, siempre que estas no tuviesen suscrito uno o más contratos de compra de electricidad renovable a plazo a la entrada en vigor de este real decreto.

Artículo 8. Correlación horaria.

1. A fin de acreditar el cumplimiento del requisito de correlación horaria previsto en este real decreto, las entidades operadoras o, cuando no exista una entidad operadora distinta, los titulares de centros de datos deberán garantizar que la energía consumida en cada hora se encuentra respaldada, al menos en un 80 por ciento, por un volumen equivalente de electricidad de origen renovable generada en esa misma hora. A estos efectos el respaldo podrá articularse mediante alguna de las modalidades de autoconsumo previstas en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, o mediante uno o más contratos de compra de electricidad renovable a plazo con sujetos productores de energía eléctrica titulares de instalaciones de producción de origen renovable, así como mediante instalaciones de almacenamiento.

2. La entidad operadora o, cuando no exista una entidad operadora distinta, el titular del centro de datos presentará al gestor de red, junto con la solicitud de los permisos de acceso y conexión, manifestación de compromiso de cumplimiento de lo establecido en este artículo así como, en su caso, sus planes de despliegue y ampliación, los de la correspondiente capacidad de generación renovable, y en su caso de instalaciones de almacenamiento, que permitirán el cumplimiento de las obligaciones de correlación horaria, así como la documentación acreditativa que los sustente. El gestor de red comprobará que la manifestación de compromiso y la documentación se han presentado, las incorporará al expediente y las remitirá al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

3. Cuando el respaldo horario del consumo de electricidad a que se hace referencia en el apartado anterior se lleve a cabo a través de alguna de la modalidades de autoconsumo previstas en el Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, la entidad operadora o, cuando no exista una entidad operadora distinta, el titular del centro de datos, deberá garantizar disposición de los equipos de medida que resulten necesarios para obtener la medida de autoconsumo. La responsabilidad de la instalación de los equipos de medida corresponde al titular de la instalación.

4. El operador del sistema será el responsable de calcular la desviación con respecto al valor del requisito de correlación horaria previsto en este artículo.

A tal fin, la entidad operadora o, cuando no exista una entidad operadora distinta, el titular del centro de datos, remitirá al gestor de la red a la que se haya conectado, coincidiendo con la suscripción del contrato ATR, la relación de activos de producción de energía eléctrica y almacenamiento vinculados al requisito de correlación horaria. El gestor de la red, a su vez, remitirá al operador del sistema dicha relación de activos junto con la identificación de la instalación de consumo asociada a los mismos. Si, con posterioridad a dicha primera remisión, se incorporasen nuevos activos de producción y almacenamiento para cumplir con el requisito, el proceso de remisión al gestor de la red y el operador del sistema seguirá el anterior cauce de comunicación.

En los casos en los que el operador del sistema no sea el encargado de lectura de los activos de producción de energía eléctrica, almacenamiento y consumo de electricidad, los distribuidores estarán obligados a enviar con periodicidad mensual y en el plazo máximo de 5 días hábiles tras la finalización de cada mes natural, el mejor valor de la medida asociado a dichas instalaciones. Tras la recepción de dichos valores de medida, el operador del sistema dispondrá de 5 días hábiles para calcular el grado de correlación horaria logrado y, en su caso, la compensación que corresponda en función de los las desviaciones medidas con respecto a los valores exigidos, y lo comunicará a la Secretaría de Estado de Energía y al gestor de la red a la que se encuentre conectada la instalación de consumo, a los efectos de su facturación provisional conforme al artículo 9.

5. Cuando existan instalaciones de almacenamiento asociadas al cumplimiento del requisito de correlación horaria prevista en este artículo, la inyección de energía eléctrica procedente de estas se presumirá de origen renovable.

No obstante lo anterior, en los casos en los que dichas instalaciones de almacenamiento se encuentren hibridadas con las instalaciones de producción de energía eléctrica y aquellas cuenten con permisos de acceso y conexión de demanda, se verificará con periodicidad mensual la energía consumida de la red y la cuota de electricidad de origen renovable en la generación de energía eléctrica del sistema eléctrico nacional en los periodos horarios en los que se produjo dicho consumo de energía eléctrica de la red. De esta forma, se calculará la energía horaria consumida de origen no renovable como la diferencia entre la energía eléctrica horaria total consumida de la red menos la energía consumida de origen renovable, siendo esta determinada como el producto de la energía eléctrica horaria total consumida de la red multiplicada por la cuota de electricidad de origen renovable en la generación de energía eléctrica. Así, la energía horaria consumida de origen no renovable se imputará minorando la producción de energía eléctrica de la instalación en el siguiente o siguientes periodos horarios con producción neta de energía eléctrica.

Adicionalmente, en el caso de que las instalaciones de almacenamiento no asociadas a ninguna tecnología de generación de energía eléctrica, se tendrá en cuenta, para cada hora, la situación combinada de las instalaciones de producción de energía eléctrica y del almacenamiento.

Así, si en una determinada hora la energía eléctrica procedente de las instalaciones de producción de energía eléctrica es superior, en términos absolutos, a la energía de demanda consumida por parte de la instalación de almacenamiento, se tendrá en cuenta únicamente la diferencia entre ambos valores a los efectos del cómputo de la energía producida empleada en el cumplimiento del requisito de correlación horaria. Por su parte, la energía consumida por la instalación de almacenamiento en dicha hora tendrá la consideración de energía de origen renovable, la cual se tendrá en cuenta en la etapa posterior de inyección a la red.

Por el contrario, si en una determinada hora la energía eléctrica procedente de la instalación de producción de energía eléctrica es menor, en términos absolutos, a la energía de demanda consumida por parte de la instalación de almacenamiento, la energía de demanda no cubierta por la instalación de producción se regirá por los mismos criterios previstos en el caso del almacenamiento hibridado.

6. En caso de que no se alcance el nivel de correlación horaria previsto en este real decreto, se aplicará la compensación prevista en el artículo 9, sin perjuicio de la aplicación, en su caso, del correspondiente régimen sancionador de conformidad con lo establecido en el artículo 10.

Artículo 9. Compensación por desviaciones respecto de los requisitos de adicionalidad y correlación horaria.

1. Las desviaciones respecto de los niveles de adicionalidad y correlación horaria previstos en los artículos 7 y 8 darán lugar a una compensación, destinada a cubrir los costes de los mecanismos de capacidad y, en su caso, otros costes adicionales que se generen para los consumidores, en los términos previstos en este artículo.

2. Cuando la generación renovable adicional no alcance el nivel previsto en el artículo 7, el gestor de la red con el que tenga suscrito el contrato de acceso de terceros a las redes emitirá facturas mensuales, con carácter provisional, con el importe de la compensación que corresponda conforme a la escala siguiente.

El criterio de adicionalidad se medirá en función de la energía generada por las instalaciones correspondientes, en relación con la energía consumida por la instalación en el año natural anterior al de facturación. El operador del sistema remitirá al gestor de la red de distribución, cuando resulte necesario, los datos correspondientes a la energía generada por las instalaciones correspondientes.

a) Cuando el centro de datos cuente con generación renovable adicional inferior al 20 por ciento del consumo anual, la compensación será el resultado de multiplicar el valor de 25 €/MWh por la energía consumida por el centro de datos.

b) Cuando el centro de datos cuente con generación renovable adicional igual o superior al 20 por ciento e inferior al 40 por ciento del consumo anual, la compensación será el resultado de multiplicar el valor de 19 €/MWh por la energía consumida por el centro de datos.

c) Cuando el centro de datos cuente con generación renovable adicional igual o superior al 40 por ciento e inferior al 60 por ciento del consumo anual, la compensación será el resultado de multiplicar el valor de 12 €/MWh por la energía consumida por el centro de datos.

d) Cuando el centro de datos cuente con generación renovable adicional igual o superior al 60 por ciento e inferior al 80 por ciento del consumo anual, la compensación será el resultado de multiplicar el valor de 6 €/MWh por la energía consumida por el centro de datos.

3. Cuando la cobertura horaria del consumo no alcance el nivel previsto en el artículo 8, se aplicarán las siguientes reglas:

a) Cuando el porcentaje total de desviación de la correlación horaria sobre el total de horas del mes sea inferior al 5 por ciento, la compensación será el resultado de multiplicar el valor de 2 €/MWh por la energía consumida por el centro de datos.

b) Cuando dicho porcentaje total sea igual o superior al 5 por ciento e inferior al 10 por ciento, la compensación será el resultado de multiplicar el valor de 5 €/MWh por la energía consumida por el centro de datos.

c) Cuando dicho porcentaje total sea igual o superior al 10 por ciento e inferior al 20 por ciento, la compensación será el resultado de multiplicar el valor de 8 €/MWh por la energía consumida por el centro de datos.

d) Cuando dicho porcentaje total sea igual o superior al 20 por ciento e inferior al 50 por ciento, la compensación será el resultado de multiplicar el valor de 11 €/MWh por la energía consumida por el centro de datos.

e) Cuando dicho porcentaje total sea igual o superior al 50 por ciento, la compensación será el resultado de multiplicar el valor de 16 €/MWh por la energía consumida por el centro de datos.

El porcentaje total de desviación se determinará como la media aritmética de los porcentajes de desviación horarios del mes correspondiente. Así, el porcentaje de desviación horario se calculará en función de la energía eléctrica de respaldo producida de origen renovable y la energía consumida en cada hora. Cuando la energía eléctrica de respaldo producida de origen renovable represente al menos el 80 por ciento de la energía consumida en cada hora, el porcentaje de desviación será 0. Cuando no exista energía eléctrica de respaldo producida de origen renovable en una hora determinada, el porcentaje de desviación será del 100 por cien. Para valores intermedios comprendidos entre los extremos anteriores se llevará a cabo una interpolación lineal entre ambos extremos para determinar el porcentaje de desviación horario.

4. El gestor de red con el que se haya suscrito el contrato ATR facturará de forma mensual, con carácter provisional, de la compensación prevista en este artículo, a partir del cálculo que le comunique el operador del sistema conforme a los artículos 7 y 8. La compensación se repercutirá directamente al consumidor final cuando el contrato ATR se haya suscrito con el gestor de la red de distribución, o a la empresa comercializadora cuando dicho contrato se encuentre subsumido en el contrato de suministro, de conformidad con la normativa sectorial.

Antes del 31 de marzo de cada año, la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía aprobará, mediante resolución, las compensaciones definitivas correspondientes al año natural anterior, a propuesta del operador del sistema. Los gestores de red regularizarán en la siguiente factura las diferencias con los importes facturados con carácter provisional.

5. Los ingresos procedentes de la compensación se destinarán a cubrir los costes relativos a la retribución de los mecanismos de capacidad previstos en el artículo 13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como, en su caso, costes adicionales que se generen para los consumidores.

Artículo 10. Régimen sancionador.

El incumplimiento de los requisitos establecidos en este real decreto se sancionará conforme a lo previsto en la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico; en la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, respecto de los requisitos de eficiencia energética y eficiencia hídrica; en el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, respecto de los requisitos de soberanía digital, y en la demás normativa con rango de ley que resulte de aplicación.

La suspensión o revocación de los permisos de acceso y conexión solo podrá acordarse en los supuestos, con los límites y mediante el procedimiento legalmente establecidos.

Artículo 11. Características de los contratos de compra de electricidad renovable a plazo.

A los efectos de lo establecido en este real decreto, los contratos de compra de electricidad renovable a plazo deberán reunir cada una de las siguientes características:

a) Identificación inequívoca, en la documentación contractual, de la entidad operadora o titular del centro de datos y del productor o productores que actúen como contraparte.

b) Relación de las instalaciones de producción y, en su caso, de almacenamiento asociadas.

c) Reflejo expreso de la relación entre el centro de datos y las instalaciones de producción y almacenamiento asociadas. No se considerarán válidos los contratos financieros suscritos por la sociedad matriz o por otra sociedad del grupo en los que dicha relación no quede reflejada.

d) Identificación de la fórmula de cobertura prevista entre el consumo y la generación asociada, así como del volumen previsto de cobertura de la demanda.

e) Exclusión de las coberturas basadas en productos a plazo negociados en mercados organizados cuyo origen renovable se acredite exclusivamente mediante garantías de origen.

f) Duración mínima de seis años.

g) Elevación a escritura pública, con presentación de la documentación acreditativa correspondiente ante el gestor de red junto con la solicitud.

Adicionalmente, el titular de la instalación de producción de energía eléctrica asociada a los contratos de compra de electricidad renovable a plazo previstos en este artículo deberá redimir las garantías de origen asociadas, al menos con periodicidad anual, ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, donde se indique el CUPS correspondiente al centro de procesamiento de datos sujeto al ámbito de aplicación de este real decreto.

Artículo 12. Resolución de los conflictos relativos al permiso de acceso.

Contra las denegaciones de las solicitudes de otorgamiento de los permisos de acceso y conexión fundadas en este real decreto podrá interponerse el correspondiente conflicto de acceso ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que será competente para su resolución conforme al artículo 33.3 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico.

Artículo 13. Publicidad de la información sobre eficiencia energética y sostenibilidad.

1. Cada año, antes del 15 de mayo, las entidades operadoras o, cuando no exista una entidad operadora distinta, los titulares incluidos en el ámbito de aplicación del artículo 2.3 remitirán al órgano directivo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico competente en materia de planificación y estrategia energética la información recogida en los anexos I y II del Reglamento Delegado (UE) 2024/1364 de la Comisión, de 14 de marzo de 2024, relativo a la primera fase del establecimiento de un régimen de evaluación común de la Unión para centros de datos.

2. La información mencionada en el apartado anterior se pondrá a disposición del público en el portal web del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Dicha información abarcará el año natural anterior al año de referencia. Cuando un centro de datos notificante lleve en funcionamiento menos de un año, la entidad operadora o, cuando no exista una entidad operadora distinta, el titular del centro de datos informará únicamente sobre el período en que el centro de datos haya estado en funcionamiento, indicando, asimismo, dicho período.

3. Se exceptuará la información sujeta al Derecho de la Unión Europea en materia de protección de los secretos comerciales y empresariales y de la confidencialidad, así como a la Ley 1/2019, de 20 de febrero, de Secretos Empresariales. En tal caso, la entidad operadora o, cuando no exista una entidad operadora distinta, el titular remitirá al órgano directivo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico competente en materia de planificación y estrategia energética una comunicación en la que exponga los motivos y los datos concretos a que se refiere.

4. El órgano directivo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico competente en materia de planificación y estrategia energética comunicará, al menos, anualmente, al órgano competente en materia de eficiencia energética de la correspondiente comunidad autónoma o de las Ciudades de Ceuta y de Melilla la publicación de la información de los centros de datos de sus respectivos territorios.

5. Cada año, antes del 15 de mayo, las entidades operadoras o, cuando no exista una entidad operadora distinta, los titulares de centros de datos con potencia de tecnología de la información igual o superior a 1 MW remitirán al órgano directivo del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico competente en materia de planificación y estrategia energética una comunicación en la que indiquen si tienen en cuenta las mejores prácticas de la versión más reciente del código de conducta europeo sobre eficiencia energética de los centros de datos y de qué manera lo hacen. Cuando no las apliquen, justificarán el motivo.

6. Los procedimientos de comunicación de la información recogida en los apartados 1, 3 y 5, así como el de su publicación, se establecerán mediante orden de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Disposición adicional primera. Efectos de los requisitos de acceso en los concursos de capacidad de demanda.

A los efectos de la activación de un concurso de capacidad de demanda y de la apertura del mes de publicidad previstos en el artículo 20 quater del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, se inadmitirán las solicitudes de otorgamiento de capacidad de acceso y conexión que no acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 4 en el momento de la solicitud o, previo requerimiento del gestor de la red, en el plazo de diez días desde su recepción.

Solo cuando el gestor de la red de transporte considere acreditados dichos requisitos en el momento de la presentación de la solicitud se aplicará el artículo 20 quater del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre.

Disposición adicional segunda. Renuncia de las solicitudes de acceso por parte de los centros de datos.

Los promotores, entidades operadoras o titulares de centros de datos que contasen con solicitudes de otorgamiento de los permisos de acceso y conexión que no se hubieran resuelto a la entrada en vigor de este real decreto, o que contasen con permisos de acceso y conexión ya otorgados cuyas instalaciones no se hubiesen conectado a la red eléctrica, podrán renunciar a dicha solicitud o permiso en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto.

Dicha renuncia no supondrá la ejecución de las garantías depositadas en virtud de lo previsto en el artículo 23 bis del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, ni en virtud de la disposición transitoria tercera del Real Decreto-ley 8/2023, de 27 de diciembre, por el que se adoptan medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo, así como para paliar los efectos de la sequía.

Disposición adicional tercera. Tipologías de consumo en concursos de capacidad de acceso de demanda.

Las solicitudes de permisos de acceso y conexión de demanda que se encuentren suspendidas como consecuencia de la activación de un concurso de capacidad de acceso de demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 20 bis del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica, perderán el derecho a participar en dichos concursos si realizan un cambio en el tipo de consumo declarado ante el gestor de la red correspondiente en cualquier momento posterior al de presentación de la solicitud. A estos efectos, la solicitud se considerará inadmitida.

Si, como consecuencia de la inadmisión sobrevenida prevista en el párrafo anterior, pueden atenderse las restantes solicitudes suspendidas sin que resulte necesaria la celebración de un concurso, se atenderán y el concurso quedará desconvocado.

Disposición adicional cuarta. Metodología para la normalización del indicador de eficiencia energética por zona climática.

1. Teniendo en cuenta el uso, la evolución o introducción de tecnologías, y de los distintos climas a nivel nacional, se establecerá una metodología para la normalización, por condiciones climáticas, del indicador de eficiencia energética de cada centro de datos al que se refiere el artículo 6.

2. Los procedimientos y metodologías para el cálculo y su justificación se desarrollarán mediante orden de la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.

Disposición adicional quinta. Seguimiento y evaluación de los requisitos.

1. En el plazo de seis meses tras la entrada en vigor de este real decreto, y posteriormente con periodicidad semestral, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, los gestores de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica y el operador del sistema publicarán, cada uno en el ámbito de las funciones que le atribuye este real decreto, un informe de seguimiento del cumplimiento de los requisitos establecidos en él, con carácter exclusivamente informativo. Los informes se comunicarán a las comunidades autónomas, que podrán aportar la información de que dispongan sobre los centros de datos situados en su territorio.

2. Cada dos años desde la entrada en vigor de este real decreto, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia elaborará una evaluación de la aplicación y la eficacia de los requisitos establecidos en este real decreto. Para su elaboración, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, el Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, los gestores de las redes de transporte y distribución de energía eléctrica y el operador del sistema le suministrarán, en el ámbito de sus respectivas funciones, la información que les requiera. Asimismo, la CNMC consultará a las comunidades autónomas sobre los aspectos a los que se refiere dicha evaluación. Las comunidades autónomas podrán aportar información y formular propuestas de revisión de los requisitos. La evaluación valorará de forma motivada las aportaciones de las comunidades autónomas y se remitirá a estas y a la Conferencia Sectorial de Energía.

3. La evaluación analizará, en particular, el grado de cumplimiento de los requisitos, su eficacia para la consecución de los objetivos perseguidos y la adecuación de los umbrales, parámetros y demás criterios establecidos, atendiendo a la evolución tecnológica del sector, a las condiciones del sistema eléctrico y a la disponibilidad de recursos hídricos y de capacidad de red en cada territorio. A la vista de sus resultados, podrá formular propuestas motivadas de revisión.

4. La evaluación y, en su caso, las propuestas de revisión se elevarán a la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos para informe.

Disposición adicional sexta. Condiciones relativas a la cuota de generación renovable del sistema eléctrico nacional.

1. Los requisitos de adicionalidad y correlación horaria previstos en los artículos 7 y 8 se considerarán cumplidos cuando la cuota de generación renovable en la generación de energía eléctrica del sistema eléctrico nacional haya superado el 90 por ciento en el año natural n-2, siendo n el año natural en que se presente la solicitud del permiso de acceso y conexión ante el gestor de red. En tal caso, el permiso de acceso se otorgará condicionado a que el número de horas en las que el centro de datos tome electricidad de la red en un año natural no supere el número máximo de horas establecido conforme al apartado 3.

2. Una vez que la cuota de generación renovable supere el 90 por ciento en un año natural, seguirá considerándose superior a dicho porcentaje durante los cinco años naturales siguientes.

3. Para cada año natural n, el número máximo de horas se calculará multiplicando el número total de horas de dicho año por la cuota de generación renovable del año n-2. La cuota de generación renovable se determinará de acuerdo con la metodología establecida en el artículo 7 de la Directiva (UE) 2023/2413 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de octubre de 2023, por la que se modifican la Directiva (UE) 2018/2001, el Reglamento (UE) 2018/1999 y la Directiva 98/70/CE en lo que respecta a la promoción de la energía procedente de fuentes renovables y por la que se deroga la Directiva (UE) 2015/652 del Consejo.

4. La persona titular del órgano superior de la Administración General del Estado que tenga atribuidas las competencias en materia de formulación de la política energética publicará mediante resolución en el «Boletín Oficial del Estado», al menos dos meses antes del inicio del año n, el número máximo de horas y la cuota de generación renovable a que se refiere el apartado anterior. A los efectos del otorgamiento de los permisos de acceso y conexión, en tanto no se haya publicado dicha resolución se entenderá que dicha cuota es inferior al 90 por ciento.

5. Suscrito el contrato ATR, el gestor de red verificará el cumplimiento del límite de horas de consumo establecido en este artículo.

Disposición transitoria primera. Régimen transitorio de aplicación a los centros de procesamiento de datos relativo a capacidades técnicas requeridas para participar en el sistema de reducción automática de potencia.

1. Durante un periodo de cinco años a contar desde la entrada en vigor de este real decreto, las entidades operadoras o, cuando no exista una entidad operadora distinta, los titulares de centros de datos podrán optar por el cumplimiento de los requisitos de capacidad técnica exigibles para participar en el sistema de reducción automática de potencia (SRAP) previstos en esta disposición transitoria.

2. El cumplimiento de estos requisitos supondrá que los requisitos de correlación horaria serán exigibles de forma progresiva, conforme al siguiente calendario:

a) Hasta el 31 de diciembre de 2028: el 60 por ciento de la energía consumida en cada hora correspondiente al periodo horario P1 correspondiente a su nivel de tensión para el pago de peajes.

b) Desde el 1 de enero de 2029 hasta el final del periodo transitorio: el 70 por ciento de la energía consumida en cada hora correspondiente al periodo horario P1 correspondiente a su nivel de tensión para el pago de peajes y el 60 por ciento de la energía consumida en cada hora correspondiente al periodo horario P2 correspondiente a su nivel de tensión para el pago de peajes.

3. Los requisitos de capacidad técnica exigibles para poder participar en el sistema de reducción automática de potencia supondrán:

a) La instalación deberá estar habilitada en el Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP), para lo cual deberá cumplir con los procedimientos de operación y los requisitos técnicos correspondientes, así como superar las pruebas de habilitación recogidas en el procedimiento de operación 3.11.

b) Una vez habilitada la instalación en el correspondiente Sistema de Reducción Automática de Potencia y en caso de que el operador del sistema detecte el incumplimiento de los criterios de seguridad establecidos en el procedimiento de operación 1.1, la instalación recibirá en tiempo real una señal de predisposición a reducir su potencia. Todo ello conforme está especificado en el procedimiento de operación 3.11.

c) Una vez que la instalación recibe la señal de predisposición, en el caso de que tenga lugar la contingencia en la red de transporte, incluido cualquier desequilibrio entre generación y demanda, que ocasiona la violación de los criterios de seguridad o en caso del incumplimiento de los criterios de seguridad sin fallo establecidos en el Procedimiento de Operación 1.1, el operador del sistema enviará una señal de activación para que la instalación reduzca su capacidad de acceso de forma efectiva. La instalación deberá ser capaz de reducir a cero el consumo de la potencia y respetando el tiempo de respuesta comunicado por el operador del sistema, conforme al procedimiento de operación 3.11. En el caso de instalaciones en régimen de autoconsumo, el programa de generación no se verá modificado. A estos efectos, las instalaciones afectadas por lo previsto en esta disposición transitoria tendrán la consideración de preferentes en el orden de prioridad de despacho establecido en el procedimiento de operación para la solución de restricciones técnicas, siendo las primeras en atender la señal de predisposición de la reducción automática de potencia.

Estos requisitos se entenderán sin perjuicio de los requisitos establecidos en la normativa reguladora del Sistema de Reducción Automática de Potencia y del resto de normativa de aplicación.

4. Cuando la instalación cause baja en el SRAP, voluntariamente o como consecuencia de un incumplimiento asociado a su participación en el sistema, o incumpla los requisitos de participación recogidos en el procedimiento de operación 3.11, el operador del sistema podrá adoptar las medidas necesarias y proporcionadas para salvaguardar la seguridad del sistema, incluida la desconexión de la instalación mediante la apertura del interruptor de su posición durante el tiempo estrictamente necesario. Esta desconexión no computará a efectos de calidad de suministro. Lo anterior se entiende sin perjuicio del régimen de responsabilidad que resulte aplicable conforme a la normativa vigente. El operador del sistema comunicará la baja o el incumplimiento a la Dirección General de Política Energética y Minas.

5. La entidad operadora o, cuando no exista una entidad operadora distinta, el titular del centro de datos que decida acogerse a esta disposición presentará al gestor de red, junto con la solicitud de los permisos de acceso y conexión, una manifestación de compromiso de cumplimiento de lo establecido en ella.

6. Solo podrán acogerse a lo previsto en esta disposición transitoria aquellas instalaciones que entren en funcionamiento antes del 31 de diciembre de 2030.

7. Transcurrido el periodo de cinco años previsto en el apartado primero, resultará exigible a los centros de datos acogidos al régimen previsto en esta disposición el requisito de correlación horaria previsto en el artículo 8.

Disposición transitoria segunda. Régimen aplicable a los proyectos estratégicos europeos orientados a la soberanía digital.

1. Los centros de datos que cumplan, de forma cumulativa, las siguientes condiciones quedarán sujetos al régimen previsto en el apartado 5:

a) Que formen parte de un proyecto, propuesta, candidatura u oferta que participe o se presente a una convocatoria dentro de iniciativas europeas que se hayan convocado con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto y cuya finalidad sea reforzar la soberanía digital europea, entre las que se considerarán incluidas las gigafactorías de inteligencia artificial y los supercomputadores, y se ejecuten en los términos de la candidatura presentada, y que, por tanto, estén destinados a la provisión de capacidad de cómputo, almacenamiento o servicios en la nube por entidades establecidas en la Unión Europea y bajo control efectivo europeo conforme a la letra b).

b) Que la gestión y el control efectivo de los servidores y equipos de cómputo y almacenamiento alojados en él (infraestructura activa) correspondan a una entidad constituida y con sede central en un Estado miembro de la Unión Europea. Ningún Estado no miembro de la Unión, ni persona o entidad establecida en él o controlada desde él, podrá ostentar directa o indirectamente capacidad de control o influencia determinante sobre sus decisiones u operaciones. Los operadores de dichos equipos deberán disponer de su titularidad o de otros títulos que garanticen su autonomía para administrarlos y explotarlos.

No impedirá el cumplimiento de esta condición que la explotación técnica de los equipos se encomiende a un tercero, aunque no esté establecido en la Unión Europea o esté controlado desde fuera de ella, siempre que la entidad prevista en el párrafo anterior conserve la dirección de la explotación y la facultad de poner fin al encargo en los términos pactados. En tal caso, se considerará operador de los equipos, a efectos del párrafo anterior, dicha entidad. Tampoco afectará al cumplimiento de esta condición la asignación de capacidad que corresponda a la Unión Europea o a sus organismos conforme a las bases de la convocatoria.

c) Que la titularidad, gestión o control del centro de datos y sus instalaciones (infraestructura pasiva) no confiera a personas o entidades distintas de la prevista en la letra b) acceso a los datos ni capacidad de control sobre la operación de los equipos de cómputo alojados en él, más allá de las facultades propias de la prestación de los servicios de alojamiento.

A efectos de este apartado, la capacidad de control y la influencia determinante se apreciarán conforme a los criterios establecidos en las bases de la convocatoria de la iniciativa de que se trate. La mera intermediación o reventa de capacidad controlada por entidades de terceros Estados no permitirá cumplir las condiciones de las letras a) y b).

2. La aplicación de este régimen requerirá dos informes favorables, que tendrán carácter vinculante:

a) Informe del operador del sistema sobre la afección del centro de datos a la operación y la seguridad del sistema eléctrico, teniendo en cuenta el perfil de consumo previsto y las especialidades del apartado 5.

b) Informe del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública sobre el cumplimiento de las condiciones del apartado 1.

3. Los informes se solicitarán y tramitarán de forma independiente conforme a las siguientes reglas:

a) El promotor, la entidad operadora o el titular del centro de datos solicitará el informe del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. En la solicitud identificará a la entidad prevista en el apartado 1.b), con su estructura de titularidad y control, a los titulares de la infraestructura pasiva, a los subcontratistas con acceso a los datos o a la operación de los equipos y, en su caso, al tercero al que se encomiende la explotación técnica, junto con el contrato correspondiente. El Ministerio emitirá el informe en el plazo máximo de tres meses y lo comunicará al solicitante, al gestor de la red y a la Secretaría de Estado de Energía. El informe podrá emitirse sobre la base de la candidatura presentada.

b) El solicitante pedirá el informe del operador del sistema a través del gestor de la red, junto con la solicitud de los permisos de acceso y conexión o, si ésta ya se hubiera presentado, mediante escrito independiente. En la solicitud describirá las fases del proyecto, con la potencia y la fecha prevista de entrada en funcionamiento de cada una, el perfil de consumo previsto y los valores de diseño de eficiencia energética e hídrica. El gestor de la red remitirá la solicitud al operador del sistema en el plazo de diez días, y el operador del sistema emitirá el informe en el plazo de dos meses y lo comunicará al solicitante y al gestor de la red.

c) El régimen previsto en el apartado 5 se aplicará desde que consten en el expediente del gestor de la red ambos informes favorables.

4. Cuando el informe del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública se hubiera solicitado dentro del mes siguiente a la entrada en vigor de este real decreto o, si fuera posterior, a la presentación de la candidatura a que se refiere el apartado 1.a), quedarán suspendidos hasta la emisión de ambos informes los plazos para acreditar los requisitos que prevén las disposiciones transitorias aplicables a las solicitudes en tramitación y a los proyectos con permisos otorgados no conectados a la red. Si alguno de los informes fuera desfavorable, los plazos se reanudarán por el tiempo que restase.

5. A los centros de datos sujetos a este régimen se les aplicarán los artículos 6 a 8 con las siguientes especialidades:

a) En materia de eficiencia energética e hídrica, los valores de eficacia en el uso de la energía (PUE) y de eficacia en el uso del agua (WUE) serán los siguientes:

1.º Para los centros de datos en funcionamiento o con permisos de acceso y conexión otorgados a la entrada en vigor de este real decreto, cualquiera que sea la fecha posterior de entrada en funcionamiento, un PUE igual o inferior a 1,35 y un WUE igual o inferior a 0,4, correspondientes a la clase C.

2.º Para los que entren en funcionamiento hasta el 31 de diciembre de 2029, un PUE igual o inferior a 1,25 y un WUE igual o inferior a 0,2, correspondientes a la clase B.

3.º Para los que entren en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2030, un PUE igual o inferior a 1,15 y un WUE igual o inferior a 0,1, correspondientes a la clase A.

b) En materia de adicionalidad, el plazo previsto en el artículo 7.2 será de sesenta meses. En su cómputo no se tendrán en cuenta los retrasos no imputables al promotor.

c) En materia de correlación horaria, el porcentaje de cobertura previsto en el artículo 8.1 será igual a la cuota de generación renovable del sistema eléctrico nacional a que se refiere la disposición adicional sexta, correspondiente al año natural anterior.

El incumplimiento de las obligaciones previstas en este apartado tendrá las consecuencias establecidas en los artículos 9 y 10.

6. Lo dispuesto en esta disposición no afecta a la aplicación del artículo 5.

7. Las condiciones del apartado 1 deberán mantenerse mientras se aplique este régimen. El titular comunicará al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública cualquier cambio en la titularidad, el control o la explotación del centro de datos o de sus equipos, así como en la información prevista en el apartado 3.a), en el plazo de un mes desde que se produzca. Dicho Ministerio podrá requerir en cualquier momento la información necesaria para comprobar que se mantienen las condiciones. La pérdida sobrevenida de alguna de ellas, declarada por resolución del Ministerio previa audiencia del interesado, determinará la aplicación del régimen general transcurridos tres meses desde su comunicación al gestor de la red y a la Secretaría de Estado de Energía.

8. Mediante orden de la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública se podrán precisar los criterios y el procedimiento de verificación de las condiciones del apartado 1, así como adaptarlos a los marcos europeos de garantía de soberanía que resulten aplicables.

Disposición transitoria tercera. Solicitudes en tramitación.

Las solicitudes de otorgamiento de la capacidad de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica presentadas por promotores, entidades operadoras o titulares de centros de datos que no se hayan resuelto favorablemente a la entrada en vigor de este real decreto quedarán sometidas a las exigencias previstas en esta norma. Por ello, si transcurridos tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto, los solicitantes no hubieran acreditado los requisitos y condiciones establecidos en esta norma, previo requerimiento de subsanación y trámite de audiencia, se denegarán dichas solicitudes.

Disposición transitoria cuarta. Solicitudes suspendidas por activación de un concurso de capacidad de demanda.

No obstante lo previsto en la disposición transitoria tercera, en relación con las solicitudes de otorgamiento de la capacidad de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica presentadas por promotores, entidades operadoras o titulares de centros de datos que se encuentren suspendidas por activación de un concurso de capacidad de demanda conforme al artículo 20 quater.1.c) del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, si, transcurridos tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto, los titulares no hubieran acreditado los requisitos y condiciones establecidos en esta norma, previo requerimiento de subsanación y trámite de audiencia, se denegarán dichas solicitudes.

El operador del sistema analizará si, a la vista de dichas denegaciones, procede otorgar la capacidad de acceso a las restantes solicitudes de acceso al nudo que permaneciesen suspendidas o si, por el contrario, procede liberar el nudo y desactivar su concurso por no existir otras solicitudes a las que conceder el acceso.

Disposición transitoria quinta. Proyectos con permisos otorgados no conectados a la red.

De conformidad con lo establecido en el párrafo tercero de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, los requisitos establecidos en este real decreto se aplicarán a todos los centros de datos que se conecten con posterioridad a su entrada en vigor. A tal fin, se entenderá que los centros de datos se encuentran conectados a la red eléctrica cuando se hayan acoplado eléctricamente a las redes de transporte o distribución de energía eléctrica y se haya suscrito el correspondiente contrato ATR.

Los proyectos que, habiendo obtenido los permisos de acceso y conexión, no se hubieran conectado a la red eléctrica a la entrada en vigor de este real decreto dispondrán de un plazo de seis meses para acreditar el cumplimiento de sus requisitos, con excepción de los previstos en el artículo 5, sin perjuicio de lo previsto en la disposición transitoria segunda. Transcurrido dicho plazo sin acreditarlo, caducarán los permisos de acceso y conexión. La caducidad prevista en este párrafo determinará la ejecución de las garantías depositadas, sin perjuicio de la renuncia prevista en la disposición adicional segunda.

Los centros de datos de los proyectos previstos en el párrafo anterior que vayan a alojar sistemas de información de categoría ALTA dispondrán de un plazo de doce meses desde la entrada en vigor de este real decreto para adaptarse a las condiciones del artículo 5.2 y presentar la declaración responsable prevista en el artículo 5.5. Transcurrido dicho plazo, su cumplimiento quedará sujeto al control posterior previsto en el artículo 5.6. El incumplimiento de lo dispuesto en este párrafo no determinará la caducidad de los permisos de acceso y conexión ni la ejecución de las garantías depositadas.

Disposición transitoria sexta. Acreditación de la eficiencia energética e hídrica hasta la aplicación del sistema europeo de etiquetado.

1. Hasta la fecha de aplicación del sistema europeo de etiquetado a que se refiere el artículo 6 y en el caso de la eficiencia energética hasta el despliegue de la metodología reflejada en la disposición adicional cuarta, los requisitos de eficiencia energética y de eficiencia hídrica recogidos en el artículo 6.1 se entenderán cumplidos cuando concurran las dos condiciones siguientes:

a) Una eficiencia en el uso de la energía (PUE, por sus siglas en inglés), calculada conforme al anexo III, letra a) del Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, igual o inferior a 1,25.

b) Una eficiencia en el uso del agua (WUE, por sus siglas en inglés), calculada conforme al anexo III letra b) del citado reglamento delegado, igual o inferior a 0,1.

Los niveles de eficiencia energética deberán alcanzarse una vez transcurridos dos años desde la entrada en funcionamiento del centro de datos, y los de eficiencia hídrica, una vez transcurrido un año. A efectos de su verificación anual, estos requisitos serán exigibles a partir del primer año natural completo siguiente a la finalización del plazo correspondiente.

2. Estos indicadores deberán obtenerse mediante métodos de medición y cálculo fiables, precisos y reproducibles, que tengan en cuenta los métodos de medición y cálculo reconocidos y más avanzados o, cuando no se disponga de dichos métodos reconocidos, mediante hipótesis y estimaciones bien fundamentadas y reproducibles.»

3. El cumplimiento de los valores previstos en esta disposición se acreditará mediante manifestación de compromiso, que la entidad operadora, o cuando no exista una entidad operadora distinta, el titular del centro de datos presentará junto con la solicitud de los permisos de acceso y conexión ante el gestor de red y, simultáneamente, ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública. El gestor de red comprobará que la manifestación de compromiso se ha presentado y la incorporará al expediente.

4. Transcurrido el primer año natural completo siguiente a la finalización del plazo correspondiente previsto en el apartado 1 y, en lo sucesivo, antes del 15 de octubre de cada año, en tanto no concurran las circunstancias reflejadas en el apartado 6, la entidad operadora o, cuando no exista una entidad operadora distinta, el titular presentará al Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico y al Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública, una declaración anual en la que se acredite el mantenimiento de los valores exigidos.

5. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico comprobará la exactitud de las manifestaciones de compromiso, las declaraciones anuales o la documentación presentadas conforme a esta disposición y podrá requerir la documentación adicional necesaria para acreditar el cumplimiento de los criterios de eficiencia energética e hídrica.

Asimismo, cuando el control posterior detecte un incumplimiento de los requisitos previstos en esta disposición, la Dirección General correspondiente de la Secretaría de Estado de Energía requerirá al obligado la presentación, en un plazo no inferior a tres meses, de un plan de medidas correctoras que permita alcanzar los valores exigidos en el periodo siguiente. Cuando no se presente o no se ejecute el plan, dicho órgano lo pondrá en conocimiento del órgano competente para el ejercicio de la potestad sancionadora.

6. Desde la fecha de aplicación del citado sistema europeo de etiquetado, este régimen se sustituirá por la remisión de la correspondiente etiqueta europea de acuerdo con lo previsto en el artículo 6.5 o, si el centro de datos no se encuentra en operación, de la manifestación de compromiso prevista en el artículo 6.2. Con la primera etiqueta europea o manifestación de compromiso se presentará la documentación que acredite su correspondencia con el mismo proyecto.

Disposición transitoria séptima. Plazo inicial para el cumplimiento del objetivo de adicionalidad tras la puesta en marcha de la instalación.

Hasta el 31 de diciembre de 2028 los titulares de centros de datos dispondrán de un plazo de seis meses desde la formalización del correspondiente contrato de acceso a la red para cumplir los requisitos de adicionalidad de la generación de energía eléctrica de origen renovable establecidos en el artículo 7.

Disposición transitoria octava. Régimen transitorio de eficiencia energética para centros de datos conectados antes del 1 de enero de 2029.

1. Los centros de datos que hayan formalizado el contrato de acceso de terceros a la red (ATR) con anterioridad al 1 de enero de 2029 deberán cumplir, hasta el 31 de diciembre de 2031, el siguiente requisito de eficiencia energética, en sustitución de los valores exigidos en el artículo 6.1 y en la disposición transitoria sexta:

Una eficiencia en el uso de la energía (PUE, por sus siglas en inglés), calculada conforme al anexo III, letra a), del Reglamento Delegado (UE) 2024/1364, igual o inferior a 1,25.

Este valor será exigible a partir del primer año natural completo siguiente a la finalización del plazo de dos años desde la entrada en funcionamiento del centro de datos, conforme a lo previsto en el artículo 6.1.

2. A partir del 1 de enero de 2032, los centros de datos comprendidos en esta disposición deberán cumplir los requisitos de eficiencia energética establecidos en el artículo 6.1, de conformidad con la metodología prevista en la disposición adicional cuarta.

3. Este indicador deberá obtenerse mediante métodos de medición y cálculo fiables, precisos y reproducibles, que tengan en cuenta los métodos de medición y cálculo reconocidos y más avanzados o, cuando no se disponga de dichos métodos reconocidos, mediante hipótesis y estimaciones bien fundamentadas y reproducibles.

4. Las obligaciones de acreditación, verificación y control, así como las consecuencias derivadas de su incumplimiento, previstas en los apartados 2 a 6 del artículo 6 serán igualmente aplicables a los centros de datos comprendidos en esta disposición.

Disposición final primera. Modificación del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, de acceso y conexión a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica.

Se añade un párrafo al apartado 2 del artículo 20 ter del Real Decreto 1183/2020, de 29 de diciembre, con la siguiente redacción:

«Asimismo, los criterios aplicables a los concursos de capacidad de demanda en que participen centros de datos podrán incluir criterios de resiliencia y soberanía digital, así como los compromisos voluntarios asumidos por el solicitante relativos a la permanencia de los datos en la Unión Europea, a la reserva de capacidad de almacenamiento o de cómputo para usuarios establecidos en la Unión Europea y al valor añadido creado en la Unión, en particular la localización de empleo cualificado, de actividades de investigación y desarrollo y de la subcontratación tecnológica de primer nivel.»

Disposición final segunda. Título competencial.

Este real decreto se adecúa al orden de distribución de competencias establecido en el artículo 149.1.13.ª, 21.ª, 25.ª y 29.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva para determinar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, la competencia exclusiva en telecomunicaciones, las bases de régimen minero y energético y la competencia exclusiva en materia de seguridad pública, respectivamente.

Disposición final tercera. Incorporación de derecho de la Unión Europea.

Mediante este real decreto se incorpora parcialmente al ordenamiento jurídico español el artículo 12 de la Directiva (UE) 2023/1791.

Disposición final cuarta. Habilitación normativa.

Las personas titulares del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública dictarán, en el ámbito de sus respectivas competencias, las disposiciones necesarias para el desarrollo y la aplicación de este real decreto, sin perjuicio de las habilitaciones específicas previstas en él.

Disposición final quinta. Revisión de los requisitos de soberanía digital.

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública propondrá la revisión del artículo 5 en el plazo de seis meses desde que resulte aplicable un marco de la Unión Europea sobre soberanía de los servicios digitales.

Disposición final sexta. Modelos de declaración responsable en materia de soberanía digital.

La persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública aprobará, mediante orden, los modelos de las declaraciones responsables previstas en el artículo 5.

La falta de aprobación de los modelos no afectará a la exigibilidad de lo dispuesto en el artículo 5. Hasta su aprobación, las declaraciones se presentarán por medios electrónicos con el contenido previsto en dicho artículo.

Disposición final séptima. Entrada en vigor.

Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado el 20 de noviembre de 2026.

FELIPE R.

El Ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes,

FÉLIX BOLAÑOS GARCÍA

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