I
La Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo ha instaurado el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea (en adelante, RCDE UE) con el fin de fomentar la reducción de las emisiones de estos gases de una forma eficaz, en relación con el coste y económicamente eficiente. Dicha Directiva ha sido modificada en sucesivas ocasiones con el fin de mejorar y ampliar el RCDE UE.
La Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, ha incorporado al ordenamiento jurídico español la Directiva 2003/87/CE y ha sido objeto, a su vez, de varias modificaciones. La última modificación de la Ley ha sido llevada a cabo mediante la Ley 9/2020, de 16 de diciembre.
Esta ley contribuye al cumplimiento de los objetivos establecidos en materia de reducción de gases de efecto invernadero por la Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética, con miras a lograr la plena descarbonización de nuestra economía en 2050. Estos objetivos enumerados en el artículo 3 de dicha ley se encuentran estrechamente vinculados con el régimen de comercio de derechos de emisión en el sentido de que este constituye uno de los instrumentos que se han implementado para dar efectivo cumplimiento a aquellos. Este precepto establece objetivos como la reducción en el año 2030 de las emisiones de gases de efecto invernadero del conjunto de la economía española en, al menos, un 23 % respecto del año 1990, así como alcanzar en el año 2030 una penetración de energías de origen renovable en el consumo de energía final de, al menos, un 42 % así como un sistema eléctrico con, al menos, un 74 % de generación a partir de energías de origen renovables. Introduce, asimismo, el objetivo de mejorar la eficiencia energética disminuyendo el consumo de energía primaria en, al menos, un 39,5 %, con respecto a la línea de base conforme a la normativa comunitaria. Cabe recordar, igualmente, que la afección de los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero se encuentra regulada en el artículo 30.4 de la Ley 7/2021, de 20 de mayo.
La Ley 1/2005, de 9 de marzo, ha sido desarrollada por varias disposiciones reglamentarias, como el Real Decreto 18/2019, de 25 de enero, por el que se desarrollan aspectos relativos a la aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el periodo 2021-2030; el Real Decreto 1089/2020, de 9 de diciembre, por el que se desarrollan aspectos relativos al ajuste de la asignación gratuita de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en el periodo 2021-2030; el Real Decreto 309/2022, de 3 de mayo, por el que se establece el mecanismo de compensación de costes indirectos para los sectores y subsectores industriales a los que se considera expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono durante el periodo 2021-2030; o el Real Decreto 203/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrollan aspectos relativos a la asignación gratuita de derechos de emisión para los años 2026-2030 y otros aspectos relacionados con el régimen de exclusión de instalaciones a partir de 2026.
En el «Diario Oficial de la Unión Europea» (DOUE) de 16 de mayo de 2023 han sido publicados dos reglamentos comunitarios y dos directivas, de fecha 10 de mayo de 2023, que forman parte del paquete de medidas «Objetivo 55» («Fit for 55» en inglés) que pretende reformar el RCDE UE y hacerlo más ambicioso para la consecución del objetivo climático de la UE de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de la UE en al menos un 55 % en 2030 con respecto a los niveles de 1990.
Se trata, por una parte, del Reglamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono y del Reglamento (UE) 2023/957 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/757 con el fin de incorporar las actividades de transporte marítimo al régimen para el comercio de derechos de emisión en la Unión y de seguir, notificar y verificar las emisiones de gases de efecto invernadero adicionales y las emisiones procedentes de tipos adicionales de buques. Por otra parte, se ha adoptado la Directiva (UE) 2023/958 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE en lo que respecta a la contribución de la aviación al objetivo de la Unión de reducir las emisiones en el conjunto de la economía y a la adecuada aplicación de una medida de mercado mundial, así como la Directiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, que modifica la Directiva 2003/87/CE por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión y la Decisión (UE) 2015/1814, relativa al establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado en el marco del régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión.
Las nuevas disposiciones de la Directiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, introducen una reducción más rápida de los derechos de emisión en el RCDE UE y la eliminación gradual de los derechos gratuitos para algunos sectores. Se amplía el RCDE UE a las emisiones procedentes del transporte marítimo y se establece un incremento de la financiación para el Fondo de Modernización y el Fondo de Innovación, así como una revisión de la reserva de estabilidad del mercado. El Fondo de Innovación, que ha sido reforzado por dicha Directiva, debe apoyar técnicas, procesos y tecnologías innovadores, y también la generalización de dichas técnicas, procesos y tecnologías con vistas a su amplia implantación en toda la Unión Europea. Además, se crea un nuevo régimen independiente de comercio de derechos de emisión para los combustibles consumidos en edificios, el transporte por carretera y otros sectores adicionales.
Conforme a lo dispuesto en el artículo 288 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, las directivas obligan a los Estados miembros en cuanto al resultado que deba conseguirse. En consecuencia, las modificaciones introducidas por la Directiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, deben incorporarse al ordenamiento jurídico español mediante las correspondientes medidas de transposición. Dicha adaptación exige, además de la revisión del régimen nacional de comercio de derechos de emisión, la puesta en marcha de los instrumentos previstos por la normativa de la Unión para garantizar una transición climática justa e inclusiva.
Asimismo, la trasposición de este marco comunitario es condición necesaria para que España pueda contar con la financiación europea del Fondo Social para el Clima (FSC).
Este instrumento, creado por el Reglamento (UE) 2023/955 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, con el fin de apoyar a los hogares vulnerables, las microempresas y los usuarios vulnerables del transporte en el abandono progresivo de los combustibles fósiles, se financia principalmente con una parte de los ingresos de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero a nivel europeo, y contribuye a la mejora del confort y de las condiciones de habitabilidad de los hogares vulnerables. Para ello, los Estados Miembro deben presentar a la Comisión Europea un Plan Social por el Clima que cumpla con los requisitos establecidos en el reglamento.
En este marco, la propuesta del Plan Social para el Clima de España, sometido a audiencia e información pública entre mayo y junio de 2026, prevé una dotación superior a 9.000 millones de euros para financiar medidas e inversiones orientadas a reducir la dependencia de los combustibles fósiles de los colectivos vulnerables.
Es una movilización de recursos de especial relevancia para apoyar a los colectivos más expuestos a los efectos económicos de la transición energética, mediante inversiones estructurales que permitan reducir de forma permanente su dependencia de los combustibles fósiles y mejorar sus condiciones de vida. El ámbito de la vivienda constituye el principal componente del Plan, concentrando más de la mitad del total de los recursos previstos.
Se trata de medidas que revisten una especial urgencia en un contexto marcado por la inestabilidad internacional derivada de la crisis en Oriente Medio y el bloqueo del Estrecho de Ormuz, que ha evidenciado los riesgos de la dependencia de combustibles fósiles importados para el conjunto de la sociedad, y las oportunidades que suponen la eficiencia energética, la electrificación y el uso de las energías renovables para proteger al conjunto de los consumidores. Si bien el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, y los sucesivos instrumentos que han venido actualizando dicho Plan, han venido incorporando medidas urgentes para acelerar la transición energética en el contexto de crisis energética internacional, el Plan Social por el Clima permite focalizar los esfuerzos especialmente en colectivos con mayor dificultad para adaptarse, como pueden ser hogares vulnerables y las empresas especialmente expuestas, como aquellas en el ámbito del transporte.
Entre las actuaciones previstas en la propuesta de Plan Social por el Clima destacan las correspondientes al ámbito de la vivienda, con una dotación superior a 4.700 millones de euros.
Asimismo, la propuesta de Plan contempla actuaciones destinadas a fomentar la movilidad de cero emisiones y a facilitar el acceso a servicios energéticos más eficientes y sostenibles. En particular, se prevé apoyar al sector del transporte por carretera mediante la renovación de flotas de vehículos pesados por vehículos eléctricos, el impulso del transporte público asequible y accesible, el impulso a la movilidad rural a la demanda para mejorar la accesibilidad en zonas menos pobladas así como el impulso a la intermodalidad y la movilidad activa.
Estas medidas refuerzan la cohesión social y territorial y constituyen una oportunidad para acelerar la descarbonización de la economía, garantizando que los beneficios de la transición energética alcancen de forma efectiva a los colectivos vulnerables, si bien requieren de la trasposición del marco comunitario de comercio de derechos de emisión, incluido en este real decreto-ley, para poder aprobarse.
Esta inversión permite abordar simultáneamente algunos de los principales retos en materia de vivienda y cohesión social, contribuyendo a incrementar la oferta de vivienda social y asequible energéticamente eficiente, mejorar el parque residencial existente y reducir la vulnerabilidad energética de los hogares. De este modo, permiten avanzar en la corrección del déficit histórico de vivienda social existente en España y reforzar la capacidad de respuesta de las políticas públicas ante las dificultades de acceso a una vivienda digna y adecuada por parte de los colectivos más vulnerables.
La promoción de vivienda asequible es la medida con mayor dotación económica en el bloque de vivienda, y está orientada impulsar la construcción de nueva vivienda asequible y la rehabilitación integral de edificios actualmente sin uso residencial, garantizando altos estándares de eficiencia energética. Estas actuaciones permitirán incrementar el parque público y social de vivienda y ampliar la disponibilidad de viviendas adecuadas para los hogares que afrontan mayores dificultades de acceso a la vivienda. Asimismo, contribuirán a reducir el sobreesfuerzo económico asociado al acceso y mantenimiento de una vivienda adecuada, mediante inmuebles con menores necesidades energéticas, reduciendo los gastos corrientes de sus ocupantes y garantizando condiciones adecuadas de bienestar y salud.
El Plan prevé igualmente actuaciones de rehabilitación energética a escala de vivienda, edificio y barrio dirigidas a mejorar el aislamiento térmico, reducir la demanda energética y aumentar la eficiencia de los edificios. Estas intervenciones contribuyen directamente a disminuir el gasto energético de los hogares vulnerables, mejorar el confort térmico y las condiciones de habitabilidad de las viviendas y reducir los riesgos para la salud asociados a situaciones de frío o calor inadecuados. Asimismo, favorecen la disponibilidad de viviendas adecuadamente acondicionadas desde el punto de vista térmico y energéticamente más eficientes.
El Plan contempla igualmente actuaciones de acompañamiento, asesoramiento y apoyo administrativo mediante ventanillas únicas y oficinas de proximidad, con atención presencial e itinerante en zonas rurales, con el objetivo de facilitar el acceso efectivo de los colectivos vulnerables a las ayudas y evitar que la brecha digital limite el aprovechamiento de las medidas previstas.
De este modo, las actuaciones previstas contribuyen simultáneamente a la transición energética, a la reducción de la pobreza energética y al fortalecimiento de la función social de la vivienda como elemento esencial para la inclusión social, la cohesión territorial y el bienestar de la ciudadanía.
Estas actuaciones ponen de manifiesto la estrecha relación entre las políticas de vivienda, la transición energética y la cohesión social y territorial. La vivienda es el espacio en el que se cruzan la política climática, la política social y la política territorial. Por lo tanto, la vivienda constituye un elemento determinante para la salud, el bienestar y la seguridad económica de los hogares, en la medida en que sus condiciones de habitabilidad y eficiencia energética inciden directamente en la posibilidad de mantener unas temperaturas adecuadas sin comprometer otros gastos esenciales.
Por ello, la mejora del parque residencial adquiere una especial dimensión social cuando se dirige a hogares que, por sus circunstancias económicas, encuentran mayores dificultades para afrontar las inversiones necesarias para adecuar sus viviendas. El Plan permite así abordar las desigualdades residenciales desde una perspectiva estructural, vinculando los objetivos de descarbonización con la garantía efectiva del derecho a una vivienda digna y adecuada.
Desde esta perspectiva, la rehabilitación energética constituye un instrumento esencial para combatir las causas de la pobreza energética, al reducir de manera duradera las necesidades de consumo y los gastos energéticos de las familias, evitando que las situaciones de vulnerabilidad se perpetúen. Al mismo tiempo, la promoción de vivienda social con elevados estándares de eficiencia energética permite avanzar en una concepción más amplia de la asequibilidad residencial, que tenga en cuenta tanto el coste de acceso a la vivienda como los gastos necesarios para habitarla en condiciones de confort y dignidad. La combinación de ambas líneas de actuación contribuye a mejorar las condiciones materiales de vida, reducir la dependencia de los combustibles fósiles y garantizar que la transición energética sea compatible con una mayor igualdad social.
Invertir en vivienda asequible, eficiente y rehabilitada es, a la vez, combatir la vulnerabilidad energética, ampliar el acceso a una vivienda digna y reducir la dependencia de combustibles fósiles importados, una dependencia cuyos riesgos ha puesto de manifiesto la crisis internacional de los últimos meses.
Construir vivienda asequible con altos estándares de eficiencia energética, rehabilitar edificios sin uso residencial para devolverlos a la comunidad, regenerar barrios y mejorar el confort de los hogares vulnerables son medidas que reducen emisiones, bajan facturas y amplían el parque público de vivienda al mismo tiempo. Se pretende, por tanto, abrir la puerta a una transición que proteja a las personas y que haga de la vivienda uno de sus pilares.
Asimismo, el Plan Social para el Clima permitirá dar continuidad y reforzar las políticas públicas de rehabilitación, regeneración urbana y ampliación de la oferta de vivienda social impulsadas mediante el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con una inversión de 4.720 millones de euros para rehabilitación y construcción de nuevas viviendas sostenibles y el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, dotado con 7.000 millones de euros, el triple que el anterior, e introdujo la protección permanente de la vivienda pública. Su reparto reserva un 40 % a la vivienda social y asequible y un 30 % a la rehabilitación edificatoria, la accesibilidad y la renovación urbana y rural.
La complementariedad de estos instrumentos permitirá consolidar un modelo de intervención pública que integre la mejora energética del parque edificado, el incremento de la oferta de vivienda protegida y la regeneración de barrios y entornos urbanos y rurales, en coherencia con las Agendas Urbanas y los instrumentos de planificación estratégica. De este modo, la financiación europea contribuye a reforzar una política de vivienda con vocación de permanencia, orientada a reducir las desigualdades sociales y territoriales, fortalecer la cohesión social y avanzar en el reconocimiento de la vivienda como uno de los pilares fundamentales del Estado del bienestar.
Por su parte, mediante la Directiva (UE) 2023/958 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023 se consolida la aplicación del Plan de Compensación y Reducción del Carbono para la Aviación Internacional (CORSIA) a través del RCDE UE a partir de 2024 y se elimina progresivamente la asignación gratuita de derechos de emisión del RCDE UE para los operadores aéreos, incrementando el porcentaje de derechos a subastar.
Asimismo, la Comisión Europea está elaborando diversas normas que desarrollan la Directiva 2003/87/CE, modificada por la Directiva (UE) 2023/958 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023 y la Directiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023. Esta implementación se llevará a cabo, en particular, mediante actos delegados y de ejecución. Entre otros, deben ser objeto de modificación los Reglamentos comunitarios sobre Seguimiento y Notificación, Verificación y Acreditación, el Reglamento de Registros, el Reglamento de Subastas, y el Reglamento por el que se determinan las normas transitorias de la Unión Europea para la armonización de la asignación gratuita de derechos, entre otros.
La necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico español las novedades que afectan al RCDE UE incluidas por la Directiva (UE) 2023/958 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, y la Directiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, justifica una nueva modificación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo. En este sentido, el artículo 2 de la Directiva (UE) 2023/958 y el artículo 3 de la Directiva (UE) 2023/959 obligan a los Estados miembros a poner en vigor a más tardar el 31 de diciembre de 2023 las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en ambas Directivas, así como a informar de ello inmediatamente a la Comisión Europea. El artículo 3 de la Directiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, precisa que las medidas contenidas en dicha norma serán aplicables a partir de 1 de enero de 2024. Señala, no obstante, el plazo máximo de 30 de junio de 2024 para poner en vigor las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en los siguientes artículos, que se refieren, en particular, al nuevo régimen independiente de comercio de derechos de emisión para los edificios, el transporte por carretera y los combustibles para otros sectores: a) el artículo 1, punto 3, letra d), de la Directiva, en relación con el artículo 3, letras ae) a ai), de la Directiva 2003/87/CE, añadidas por dicho punto (tal y como consta en la corrección de errores de la versión española de la Directiva (UE) 2023/959, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, publicada en el DOUE de 22 de marzo de 2024); b) el artículo 1, punto 29, a excepción del artículo 30 septies, apartado 4, de la Directiva 2003/87/CE, insertado por dicho punto, y c) el artículo 1, punto 31, relativo a los anexos III y III bis de la Directiva 2003/87/CE, insertados por dicho punto.
Este real decreto-ley transpone íntegramente la Directiva (UE) 2023/958 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003 y la Directiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, consta de un artículo único y seis disposiciones finales. Tal como sucedió en modificaciones anteriores, existen determinadas cuestiones clave en la configuración del RCDE UE que no se recogen en este real decreto-ley, en la medida en que se trata de aspectos que son objeto de una gestión que debe realizarse a nivel de la Unión Europea y que, por lo tanto, bien no requieren transposición, bien se abordan mediante una remisión general a la normativa de la Unión Europea, sin menoscabar la necesidad de que la norma incluya una visión completa y coherente de las Directivas (UE) 2023/958 y 2023/959.
II
Las modificaciones introducidas en el capítulo I de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, que contienen las disposiciones generales de la Ley, incluyen la actualización del objeto de la norma conforme a lo establecido en la Directiva (UE) 2023/959, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, haciéndola aplicable al comercio de derechos de emisión para edificios, transporte por carretera y sectores adicionales. Se incluyen nuevas definiciones en el artículo 2 entre las que destaca la terminología específica del transporte marítimo al que le es aplicable el RCDE UE a partir del 1 de enero de 2024. En la definición de «puerto de escala» se utiliza el término «buque de operaciones en el medio marino» en sustitución del término «buque de alta mar» utilizado en la versión en castellano de la Directiva 2003/87/CE y el Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, relativo al seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de dióxido de carbono generadas por el transporte marítimo y por el que se modifica la Directiva 2009/16/CE, por resultar este último término, procedente de la traducción del término inglés «offshore ship», impreciso y ambiguo.
Asimismo, se incluyen diversas definiciones relativas al nuevo régimen de comercio de derechos de emisión, entre las que cabe destacar la de «entidad regulada», que hace referencia al sujeto obligado en dicho régimen, y que se regula en capítulo XI de este real decreto-ley. Cabe mencionar también la definición sobre los efectos de la aviación no derivados del CO2 para los que se deberá realizar un seguimiento, notificación y verificación de conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2026 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 601/2012 de la Comisión.
III
El capítulo II regula el régimen de las autorizaciones de emisión de gases de efecto invernadero con las que deben contar las instalaciones sometidas al ámbito de aplicación de la ley y cuyo otorgamiento corresponde al órgano competente que designe la comunidad autónoma en la que se ubique la instalación. Se adecua la redacción del artículo para mencionar el nuevo plazo de entrega de derechos de emisión establecido por la Directiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, que se retrasa a 30 de septiembre de cada año natural.
IV
En el capítulo III, que contiene la regulación general de los derechos de emisión, se modifica el artículo 9 sobre la naturaleza jurídica de los derechos de emisión precisando que los mismos son válidos a efectos del cumplimiento de los requisitos de la presente ley. Se depura asimismo la redacción del artículo 11 en relación con la adquisición de los derechos de emisión.
V
El capítulo IV dedicado a la asignación de derechos de emisión se divide en dos secciones. En la sección primera, relativa a la subasta de derechos de derechos de emisión, destaca la referencia entre los principios generales a los esfuerzos que deberá hacer el Gobierno para garantizar la visibilidad de la fuente de financiación de las acciones o proyectos que se financien con cargo a los ingresos procedentes de las subastas de derechos de emisión. En la sección segunda se aborda exclusivamente la asignación gratuita transitoria para las instalaciones fijas.
El artículo 16 se modifica ampliamente para reflejar los casos en que no se expedirán derechos de asignación gratuita de acuerdo con la normativa de la Unión Europea. Se trata de aquellas instalaciones en sectores o subsectores que estén cubiertos por otras medidas para abordar el riesgo de fuga de carbono establecidas en el Reglamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono. Del mismo modo, se indica expresamente que la producción de las mercancías enumeradas en el anexo I de dicho Reglamento verá reducida gradualmente su asignación anual de derechos de emisión hasta su eliminación por completo en 2034 conforme a los porcentajes establecidos en la normativa de la Unión Europea. En concreto, se aplicará un factor que reducirá la asignación gratuita de derechos (en lo sucesivo, «factor MAFC»). Los derechos no asignados a las instalaciones que produzcan estas mercancías se destinarán a apoyar la innovación.
Además, se hace mención expresa en el artículo 16 a las instalaciones sujetas a obligaciones de auditoría energética o a aplicar algún sistema de gestión de energía certificado con arreglo al artículo 8 de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE en su versión publicada en el BOE el 14 de noviembre de 2012. Con carácter general, en caso de incumplir las recomendaciones contenidas en el informe de auditoría o del sistema de gestión de la energía certificado, estas instalaciones sufrirán una reducción de su asignación gratuita de derechos de emisión de acuerdo con la normativa de la Unión Europea y la normativa de desarrollo de esta ley.
Se introduce, asimismo, la referencia a los planes de neutralidad climática. Deberán ser elaborados de acuerdo con la normativa de la Unión Europea por las entidades titulares de instalaciones cuyas emisiones superen el percentil 80 de los niveles de emisión para los parámetros de referencia de producto pertinentes. Los planes incluirán metas e hitos intermedios para medir, los avances realizados hacia la consecución de la neutralidad climática de conformidad con el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2441 de la Comisión, de 31 de octubre de 2023, por el que se establecen normas para la aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al contenido y el formato de los planes de neutralidad climática necesarios para que se concedan asignaciones gratuitas de derechos de emisión. La presentación del plan será un requisito necesario para la recibir la asignación gratuita completa de derechos de emisión que corresponda de acuerdo con la normativa de la Unión Europea.
VI
El capítulo V se dedica a la regulación de los ajustes y la devolución de la asignación gratuita de derechos de emisión por parte de las instalaciones fijas en el RCDE UE. Este capítulo no ha experimentado cambios con la nueva regulación, tras haber sido ampliamente modificado en la reforma de la Ley 1/2005 realizada en el año 2020. Es preciso adelantar que las cuestiones referentes a la devolución de la asignación gratuita por parte de los operadores aéreos se abordan por primera vez en el capítulo IX dedicado al sector de la aviación.
VII
El capítulo VI regula las obligaciones de seguimiento y notificación de las emisiones para las instalaciones fijas y de los niveles de actividad, así como la verificación de datos y acreditación de los verificadores. Este capítulo se divide en dos secciones y afecta exclusivamente a las instalaciones fijas. Este capítulo de la Ley fue ampliamente modificado en la transposición de la Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas, así como la Decisión (UE) 2015/1814. Sus disposiciones no se ven alteradas con las nuevas Directivas objeto de transposición. Se mantienen las obligaciones de seguimiento de las emisiones y de seguimiento de los niveles de actividad en las subinstalaciones en las que esté dividida cada instalación. Asimismo, junto a la obligación de presentar el informe verificado correspondiente a las emisiones del año precedente, la entidad titular de la instalación debe presentar también, el 28 de febrero de cada año, un informe verificado anual sobre los datos del nivel de actividad del año precedente correspondientes a las subinstalaciones en las que esté dividida la instalación.
VIII
Por lo que se refiere a las disposiciones del capítulo VII de la ley, sobre la regulación del Registro de la Unión Europea y las obligaciones de entrega de derechos de emisión, se modifica el artículo 25 para extender la obligación de abrir una cuenta de haberes en el área española del Registro de la Unión Europea a las empresas navieras y a las entidades reguladas definidas en el artículo 2 de la ley. En el artículo 26 de la ley, es importante la modificación de la fecha de la transferencia de derechos de emisión que, conforme a la Directiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, tendrá lugar como tarde el 30 de junio de cada año. En artículo 26 bis se hace constar que, al igual que para las entidades titulares de instalaciones y operadores aéreos, la transmisión de derechos de emisión por parte de las entidades navieras y entidades reguladas está condicionada a la inscripción del dato de emisiones en la cuenta de haberes. Se modifica en el artículo 27 el plazo en que las entidades titulares de instalaciones, los operadores aéreos y las empresas navieras deben realizar la entrega de derechos de emisión para rendir cuenta por sus emisiones del año anterior. Se deberá efectuar a más tardar el 30 de septiembre de cada año en lugar de realizarse a 30 de abril. En cuanto a la fecha de entrega por parte de las entidades reguladas, debe realizarse a más tardar el 31 de mayo de cada año de acuerdo con la normativa de la Unión Europea.
Por lo que se refiere a los operadores aéreos, se añade en el artículo 27 un nuevo apartado 4 en virtud del cual éstos no están obligados a entregar derechos de emisión en relación con la emisiones de vuelos con destino y origen en países menos adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo, según la definición de las Naciones Unidas, distintos de los que figuran en el acto de ejecución de la Comisión Europea previsto en el artículo 25 bis apartado 3 de la Directiva (UE) 2023/958 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, y de aquellos Estados cuyo PIB per cápita sea igual o superior a la media de la Unión Europea.
Como novedad, se añade que no se entregarán derechos de emisión respecto de las emisiones de gases de efecto invernadero que se consideren, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, capturadas y utilizadas de tal manera que resulten químicamente fijadas de forma permanente a un producto, de manera que no entren en la atmósfera en condiciones normales de uso, incluida toda actividad normal que tenga lugar tras el final de la vida útil del producto.
Destaca, asimismo, el reconocimiento expreso de los derechos de emisión expedidos por una autoridad competente de otro Estado miembro a efectos del cumplimiento de las obligaciones de las entidades titulares de las instalaciones fijas, operadores aéreos o empresas navieras.
IX
Se modifica ampliamente el capítulo VIII que contiene el régimen sancionador para hacerlo aplicable a todos los sujetos afectados por el RCDE UE. Cabe precisar en este punto que ya ha sido aprobado otro proyecto normativo que afecta también a la fase IV del RCDE UE. Se trata del Real Decreto 203/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrollan aspectos relativos a la asignación gratuita de derechos de emisión para los años 2026-2030 y otros aspectos relacionados con el régimen de exclusión de instalaciones a partir de 2026. Concreta determinados aspectos relacionados con la asignación gratuita de derechos de emisión de los años 2026 a 2030 y con la exclusión de instalaciones durante este periodo.
De este modo, en el ámbito de las instalaciones fijas, se ha introducido en el presente real decreto-ley una modificación en el apartado 2 del artículo 29 de la ley para añadir en el punto 5.º un nuevo tipo de infracción por incumplimiento de la obligación de entrega de derechos referida en el artículo 13.1 del Real Decreto 203/2024, de 27 de febrero.
Para el sector de la aviación, se ha tipificado una nueva infracción consistente en el incumplimiento de la obligación de compensación exigida en el artículo 41.2 de la ley.
Se crean dos nuevos artículos, los artículos 29 ter y 29 quater, para la tipificación infracciones en el transporte marítimo y las entidades reguladas.
Es preciso apuntar que el régimen sancionador del sector marítimo conlleva la introducción de nuevos tipos de infracciones y supone la modificación de determinados preceptos del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante. A ello se hace referencia en particular en la disposición final primera de la ley.
Respecto de las entidades reguladas, las infracciones mantienen cierto paralelismo con respecto a las infracciones propias de las instalaciones fijas. No obstante, se incluye una nueva infracción consistente en el incumplimiento de la obligación de informar sobre el porcentaje medio de los costes relacionados con la entrega de derechos de emisión que repercutieron a los consumidores de acuerdo con el artículo 56 de la ley.
Se añade una nueva disposición, el artículo 31 bis, para regular, por una parte, las órdenes de expulsión de buques responsabilidad de una empresa naviera que haya incumplido las obligaciones de entrega de derechos de emisión durante dos o más períodos de notificación consecutivos cuando hayan fracasado otras medidas para garantizar la conformidad, así como, por otra parte, los supuestos de inmovilización de barcos, como consecuencia de la recepción de una notificación de emisión de orden de expulsión o de inmovilización por parte de otro Estado Miembro en tanto la empresa naviera no cumpla con sus obligaciones de entrega de derechos. Ambas actuaciones competen al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. El artículo 35 se modifica para atribuir el ejercicio de la potestad sancionadora sobre las empresas navieras y sobre las entidades reguladas a la persona titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.
X
El capítulo IX, dedicado a la aviación, contiene la regulación específica del sector aéreo bajo el RCDE UE. En él se describe la normativa de aplicación a las obligaciones de seguimiento y notificación de las emisiones de los operadores aéreos. Se eliminan las referencias a los planes de seguimiento de los datos de toneladas-kilometro transportadas que han sido la base para determinar la asignación gratuita de los derechos de emisión hasta el 31 de diciembre de 2023.
En este sentido, se modifica el artículo 38 que regula la asignación de derechos de emisión de los operadores aéreos. A partir de 2024, la asignación gratuita se les distribuye de manera proporcional a sus emisiones verificadas correspondientes al año 2023, aplicando el factor de reducción lineal y los porcentajes de eliminación gradual previstos en la normativa de la Unión Europea.
Se elimina la regulación sobre la asignación de derechos gratuitos procedentes de la reserva especial y se introduce, en su lugar, en el artículo 39 la reserva de derechos gratuitos para el uso de combustibles de aviación sostenibles y de otros combustibles de aviación no derivados de combustibles fósiles, que estará disponible para el periodo comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2030 para los vuelos subsónicos para los que deban entregarse derechos de emisión en el RCDE UE. De conformidad con la normativa de la Unión Europea, esta asignación de derechos cubrirá una parte o la totalidad de la diferencia de precio entre el uso de queroseno fósil y el uso de los combustibles de aviación admisibles pertinentes, teniendo en cuenta los incentivos basados en el precio del carbono y en los niveles mínimos armonizados de imposición sobre los combustibles fósiles. El artículo 40 describe el procedimiento para la solicitud, con carácter anual, de dicha asignación procedente de esta nueva reserva, que debe ser aprobada por Acuerdo de Consejo de Ministros.
Se crea un nuevo artículo 40 bis para regular el procedimiento de devolución de la asignación gratuita de derechos de emisión por los operadores aéreos para los casos en que se constate que se ha transferido la asignación de un año concreto a un operador aéreo que no está sujeto al cumplimiento de obligaciones bajo el RCDE UE en ese año en cuestión.
El artículo 41 transpone la regulación introducida por la Directiva (UE) 2023/958 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, en relación con las obligaciones de compensación del Plan de Compensación y Reducción de Carbono para la Aviación Internacional (en adelante, CORSIA) de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI).
Finalmente se introducen dos nuevos artículos sobre obligaciones de información. El artículo 41 bis se refiere al procedimiento para solicitar por parte de los operadores aéreos la no divulgación de determinados datos relacionados con las obligaciones de información sobre emisiones de CO2 cuando concurran circunstancias específicas. El artículo 41 ter establece la obligación de los operadores aéreos de informar con carácter anual sobre los efectos sobre el clima que no se derivan de las emisiones de CO2. Esta nueva obligación deberá llevarse a cabo con arreglo al Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 601/2012 de la Comisión.
XI
Se añade un nuevo capítulo X dedicado al transporte marítimo. A diferencia del resto de sujetos obligados, se trata de un nuevo sector en el RCDE UE que no recibe asignación gratuita de derechos de emisión. Otra característica destacable es que el seguimiento de las emisiones y la aplicación de las obligaciones de entrega respecto de las actividades de transporte marítimo se aplican teniendo en cuenta diversos porcentajes. El seguimiento, la verificación y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte marítimo se realizarán de conformidad a lo establecido en la normativa de la Unión Europea, en particular en el Reglamento (UE) 2015/757, o las normas que lo sustituyan, y, en su caso, en la normativa de desarrollo de esta ley. Sin perjuicio de las competencias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico respecto al RCDE UE, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible aprobará los planes de seguimiento y controlará el cumplimiento de las obligaciones de seguimiento, notificación y verificación de sus emisiones de gases de efecto invernadero y aplicará las medidas correctoras pertinentes en relación con los buques de empresas navieras responsabilidad de España. Las empresas navieras, por los motivos convenientemente recogidos en el considerando 32 de la Directiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, podrán reclamar el reembolso de los costes derivados de la entrega de derechos de emisión a la entidad directamente responsable de las decisiones que afecten a las emisiones de gases de efecto invernadero del buque.
XII
El capítulo XI contiene la regulación del nuevo régimen independiente de comercio de derechos de emisión para edificios, transporte por carretera y otros sectores denominados «sectores adicionales.». Las obligaciones derivadas de este nuevo régimen no recaen sobre los consumidores finales de los combustibles, sino sobre las entidades reguladas responsables de su despacho o puesta a consumo, garantizando así la coherencia con la normativa aplicable a los impuestos especiales sobre productos energéticos y facilitando la gestión y control del sistema. Las entidades reguladas que desarrollen alguna de las actividades y que generen las emisiones especificadas en el anexo II bis deberán contar con autorización de emisión de gases de efecto invernadero expedida en su favor y realizar el seguimiento de sus emisiones. Notificarán antes del 30 de abril de cada año, el informe anual correspondiente a sus emisiones anuales. Asimismo, deberán presentar, el 30 de abril de cada año entre 2028 y 2030, el porcentaje medio de los costes relacionados con la entrega de derechos de emisión con arreglo al presente capítulo que repercutieron a los consumidores el año anterior, de conformidad con la normativa de la Unión Europea. Hay que destacar, para el caso de los hospitales la posibilidad de establecer compensaciones financieras para aquellos que no dispongan de autorización de emisión o no estén excluidos del RCDE UE en virtud de la disposición adicional cuarta, por los costes que se les traspasen como consecuencia de la entrega de derechos de las entidades reguladas. Se habilita al Gobierno para llevar a cabo mediante real decreto la regulación sobre compensaciones financieras.
XIII
Se introduce un nuevo capítulo XII sobre disposiciones específicas referentes al Mecanismo de Ajuste en Frontera por carbono (MAFC) establecido por el Reglamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono. Este mecanismo se erige como un complemento del RCDE UE al aplicar una serie de normas equivalentes a las importaciones en el territorio aduanero de la Unión Europea de las mercancías a que se refiere el artículo 2 del dicho reglamento.
En el caso de España, se designa al Ministerio para la Transición Ecológica y del Reto Demográfico como autoridad competente para cumplir las funciones y obligaciones derivadas del MAFC. La aplicación de este mecanismo requiere de la estrecha colaboración entre las autoridades aduaneras y el Ministerio para la Transición Ecológica y del Reto Demográfico junto con la Comisión Europea.
La persona titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente ejerce la potestad sancionadora sobre los importadores o, en las situaciones a las que se aplica el artículo 32 del Reglamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, sobre los representantes aduaneros indirectos establecidos en España. Asimismo, a la persona titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, se le atribuye el ejercicio de la potestad sancionadora durante el periodo definitivo de MAFC.
XIV
Respecto a las disposiciones adicionales de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, se modifica la disposición adicional primera para añadir la referencia expresa a que, en el caso de las instalaciones del ámbito de aplicación de esta ley que lleven a cabo actividades contempladas en el anexo I de la Directiva 2010/75/UE, las autoridades competentes deben adoptar medidas necesarias para que las condiciones y el procedimiento de expedición de la Autorización de Emisión de Gases de Efecto Invernadero se coordinen con los correspondientes de la expedición de la Autorización Ambiental Integrada.
Se modifica la disposición adicional segunda para actualizarla al contexto internacional presente. Así, la antigua Autoridad Nacional Designada para los mecanismos basados en proyectos del Protocolo de Kioto pasa a ser Autoridad Nacional Designada para los enfoques de cooperación voluntaria establecidos en el artículo 6 del Acuerdo de París, cuya composición y funciones se determinarán mediante real decreto. Se eliminan las referencias en esta disposición a la antigua denominación de la comisión que ha ejercido como Autoridad Nacional Designada para los mecanismos basados en proyectos del Protocolo de Kioto y sus funciones. Se suprime igualmente la disposición adicional tercera, referida a los proyectos de desarrollo limpio y de aplicación conjunta por no ser de aplicación.
En la disposición adicional cuarta se modifica el apartado 7 de forma que el informe sobre la aplicación del régimen de exclusión de las instalaciones de bajas emisiones deberá realizarse en el año intermedio de cada periodo de asignación. A la vista de los resultados de este, el Gobierno, reglamentariamente, podrá extender la aplicación del régimen de exclusión durante el periodo de asignación siguiente, y establecer su alcance y reglas de aplicación para dicho periodo.
Se modifica la disposición adicional sexta en su apartado 1, precisando que el mecanismo de compensación de costes indirectos no debe compensar los costes indirectos incluidos en la asignación gratuita de conformidad con los parámetros de referencia establecidos de acuerdo con la normativa de la Unión Europea.
Se añade la disposición adicional octava, para introducir las obligaciones sobre el seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de las instalaciones de incineración de residuos urbanos con una potencia térmica nominal total superior a 20 MW. Se añade la sujeción de estas instalaciones al régimen de infracciones y sanciones previsto en el capítulo VIII.
Se introduce la disposición adicional novena con objeto de que, a partir del 2027, el Gobierno pueda ampliar la actividad a que se refiere el anexo II bis a sectores que no estén enumerados en dicho anexo y aplicar el régimen de comercio de derechos de emisión de conformidad con lo dispuesto en el capítulo XI de esta ley a dichos sectores. La ampliación se llevaría a cabo con arreglo a lo dispuesto en la normativa vigente y siempre que la Comisión apruebe la ampliación de la actividad.
La disposición adicional décima se refiere al tratamiento de los casos en que una instalación que está incluida en el ámbito de aplicación del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea debido al funcionamiento de unidades de combustión con una potencia térmica nominal total superior a 20 MW, modifique la titularidad de sus dispositivos de combustión y deje de alcanzar dicho umbral, sin reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en conjunto.
En la disposición adicional decimoprimera se prevé la adopción de las medidas precisas en materia de personal para garantizar el cumplimiento eficaz de esta ley por los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Transportes y Movilidad Sostenible.
Se introduce una disposición adicional decimosegunda para incluir como cargo del sistema gasista el coste de adquisición de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero del nuevo régimen de comercio, soportado por los titulares de las instalaciones reguladas y asociado a suministros de gas natural o gas natural licuado a terceros, como medida imprescindible para hacer aplicable el marco europeo en un contexto de instalaciones reguladas, que tienen como fin gestionar infraestructura que sirve a los usuarios finales en lugar de operar en el mercado.
Se eliminan las disposiciones transitorias primera y segunda de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, que establecían, respectivamente, el régimen transitorio para cumplimiento de las obligaciones de entrega hasta el 30 de abril de 2021 y una referencia al uso de créditos internacionales para el periodo de comercio 2013-2020, por lo que también se reordenan los ordinales de estas disposiciones transitorias.
Se modifica la anterior disposición transitoria tercera, que pasa a ser la disposición transitoria primera, regulando el régimen transitorio para la aviación. La disposición transitoria segunda contiene, por su parte, el régimen transitorio para el transporte marítimo hasta 2030, que, entre otros aspectos, introduce el incremento gradual de la obligación de entrega de derechos de emisión y recoge la exención aplicable a los puertos situados en regiones ultraperiféricas, como son las Islas Canarias. La disposición transitoria tercera establece que a partir de 2021 no se asignarán derechos de emisión de forma gratuita a los generadores de electricidad. No obstante, se asignarán derechos de emisión de forma gratuita a la calefacción urbana y a la cogeneración de alta eficiencia, tal y como se define en la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, respecto de la producción de calor o refrigeración con objeto de satisfacer una demanda justificada desde el punto de vista económico. En cada anualidad, se adaptará la asignación total a este tipo de instalaciones para la producción de calor de acuerdo con las normas de la Unión Europea.
La disposición transitoria cuarta se pronuncia sobre los casos en que la autorización de emisión de gases de efecto invernadero haya sido concedida o solicitada por las entidades reguladas en funcionamiento antes de la entrada en vigor de la norma. En estos casos, no deberán presentar una nueva solicitud. Por su parte, aquellas entidades reguladas que estuviesen funcionando antes de la entrada en vigor de la norma y no dispongan de autorización de emisión de gases de efecto invernadero deberán solicitarla sin demora injustificada y, a más tardar, en el plazo de un mes tras la entrada en vigor.
La disposición transitoria quinta faculta a la Autoridad Nacional Designada para los enfoques de cooperación voluntaria establecidos en el artículo 6 del Acuerdo de París para realizar las funciones relacionadas con los mecanismos basados en proyectos del Protocolo de Kioto, hasta que el gobierno, mediante real decreto, desarrolle las funciones de la Autoridad Nacional Designada.
La disposición transitoria sexta se refiere a los casos que afectan a las autorizaciones de emisión de gases de efecto invernadero otorgadas a las instalaciones con efectos desde el 1 de enero de 2024 por realizar actividades incluidas en anexo I, así como a los supuestos en que se hayan otorgado resoluciones de exclusión por parte del órgano autonómico a partir de dicha fecha. En estos supuestos no se deberá volver a solicitar autorización ni tampoco un nuevo pronunciamiento sobre la exclusión.
La disposición final segunda recoge expresamente la incorporación total de la Directiva (UE) 2023/958 así como la Directiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023. Se modifica la disposición final tercera habilitando al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para el desarrollo de la ley, así como sus anexos de acuerdo con la normativa de la Unión Europea. La disposición final cuarta establece que la entrada en vigor de la norma se hará efectiva el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado». La disposición final quinta concreta que los sujetos afectados por las distintas disposiciones de la ley se especifican en el cuadro contenido en el anexo V, que se modifica.
Se introducen las modificaciones pertinentes en el anexo I relativo a las «categorías de actividades y gases incluidos en el ámbito de aplicación» incluyendo cambios en la tabla sobre actividades y gases de efecto invernadero para acomodarla a la nueva regulación. Por lo que se refiere al anexo III, se modifica el apartado 2 de la Parte A «Seguimiento y notificación de las emisiones de instalaciones fijas». En la Parte B «Seguimiento y notificación de las emisiones de las actividades de aviación» de dicho anexo se modifica el apartado 1 y se suprimen los apartados 3 y 4. En el anexo IV, se suprimen en la Parte B las «Disposiciones adicionales relativas a la verificación de datos sobre toneladas kilómetro presentados a efectos de las solicitudes de asignación a los operadores aéreos.» Todo ello en consonancia con los cambios realizados en el articulado.
Se crea, asimismo, un nuevo anexo al que remiten expresamente determinadas disposiciones de la norma, en particular, las contenidas en el capítulo XI dedicado a la regulación del nuevo régimen independiente de comercio de derechos de emisión para edificios, transporte por carretera y otros sectores denominados «sectores adicionales.» Se trata del anexo II bis, que contiene la descripción de la «actividad incluida en el capítulo XI de la Ley 1/2005».
Se incluyen nuevos apartados (Partes) en los anexos existentes. Así, en el anexo III, se introduce la Parte C sobre «seguimiento y notificación de las emisiones correspondientes a la actividad mencionada en el anexo II bis». En el anexo IV, se incluye la Parte C sobre «comprobación de las emisiones correspondientes a la actividad mencionada en el anexo II bis» que se introduce en el anexo IV.
Finalmente, se modifica la tabla del anexo V sobre «sujetos afectados por las disposiciones de la ley» que incluye ahora a las empresas navieras y a las entidades reguladas.
En cuanto a la parte final de la norma, se incluyen diez disposiciones finales. La disposición final primera modifica el Régimen Sancionador del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre. En la disposición final segunda se incluye la modificación del apartado 1 del artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, añadiendo un nuevo supuesto de cesión de datos, una nueva letra o), relativa a la colaboración con las Administraciones públicas para la aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea en lo que respecta a las entidades reguladas de conformidad con la definición establecida en el artículo 2, letra z) de la Ley 1/2005. La disposición final tercera modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, para reconocer como autoconsumo renovable el consumo procedente del almacenamiento asociado al consumidor, y en relación con las infraestructuras eléctricas de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos y con el régimen sancionador de los requisitos de adicionalidad y correlación horaria de los centros de procesamiento de datos. La disposición final cuarta modifica la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, para tipificar las infracciones relativas a los requisitos de eficiencia energética e hídrica y a la comunicación de información sobre sostenibilidad de los centros de datos. La disposición final quinta modifica el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, en lo relativo a la compensación por desviaciones y a los requisitos de soberanía digital. La disposición final sexta modifica el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, en relación con las estaciones de recarga, y la disposición final séptima incorpora al Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo de energía eléctrica, la regulación del almacenamiento distribuido. La disposición final octava salvaguarda el rango reglamentario de las determinaciones de ambos reales decretos que se modifican, y la disposición final novena contiene la referencia a los títulos competenciales. Se dicta al amparo de las competencias exclusivas del Estado previstas en el artículo 149.1.13.ª y 23.ª de la Constitución Española, en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades que ostentan las comunidades autónomas para establecer normas adicionales de protección y de gestión en materia de protección del medio ambiente. Asimismo, aquellas materias relacionadas con el transporte marítimo y la aviación se dictan también al amparo de la competencia exclusiva del Estado prevista en el artículo 149.1.20.ª de la Constitución Española en materia de marina mercante y abanderamiento de buques, control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo. Aquellas materias relacionadas con la aplicación del nuevo régimen de comercio de derechos de emisión para los edificios, el transporte por carretera y los combustibles se dictan también al amparo de la competencia exclusiva del Estado prevista en el artículo 149.1.25.ª de la Constitución Española en materia de bases de régimen minero y energético. Las medidas relativas a los centros de procesamiento de datos se dictan al amparo del artículo 149.1.13.ª, 21.ª, 25.ª y 29.ª de la Constitución Española, y las relativas a las estaciones de recarga y al almacenamiento distribuido, al amparo del artículo 149.1.13.ª y 25.ª Se establece expresamente que se exceptúa de la aplicación del título competencial de medio ambiente la disposición adicional segunda por la que se crea una comisión que ejercerá como Autoridad Nacional Designada para los enfoques de cooperación voluntaria establecidos en el artículo 6 del Acuerdo de París. Se precisa, asimismo, que el texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, objeto de modificación por la disposición final primera seguirá amparándose en los títulos competenciales previstos en la norma objeto de modificación. Del mismo modo, la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, objeto de modificación por la disposición final segunda, seguirá amparándose en los títulos competenciales previstos en la norma objeto de modificación. En la disposición final décima se incluye la referencia a la incorporación del Derecho de la Unión Europea de la Directiva (UE) 2023/958 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, y de la Directiva (UE) 2023/959, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023. Por último, en la disposición final undécima se indica que la norma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
XV
La crisis en Oriente Medio que motivó el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, se ha prolongado y su efecto sobre los mercados energéticos se ha intensificado. El precio medio del mercado diario de electricidad se ha cuadruplicado entre marzo y octubre, hasta más del doble de la media de 2025, y el 19 de octubre marcó su valor más alto desde abril de 2022. El gas natural ha seguido la misma evolución, con precios que no se registraban desde finales de 2022.
El Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, advirtió de que los permisos de acceso concedidos a centros de datos superaban en varias veces las estimaciones más ambiciosas de despliegue y de que la puesta en marcha de proyectos de elevado consumo eléctrico en el corto plazo, sin un despliegue proporcional de nueva generación renovable, generaría un doble perjuicio agravado por el conflicto: un mayor uso de gas natural para generar electricidad, con el consiguiente aumento de los costes eléctricos para el conjunto de los consumidores, y una reducción del incentivo a la electrificación. Por ello, su disposición adicional primera estableció que los centros de procesamiento de datos que se conecten a las redes de transporte y distribución de energía eléctrica deben cumplir requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental, de resiliencia y de soberanía digital, y remitió su concreción a un real decreto del Consejo de Ministros. En cumplimiento de dicho mandato, el Gobierno ha llevado a cabo la tramitación del Proyecto de Real Decreto por el que se regulan los requisitos de sostenibilidad energética, medioambiental y de resiliencia y soberanía digital aplicables a los centros de datos, sometido a audiencia e información pública en agosto de 2027.
Esa situación no ha hecho sino agravarse. Sobre esa tensión se superpone un volumen de permisos de acceso de centros de datos que excede cualquier previsión y que sigue creciendo: los permisos concedidos en las redes de transporte y distribución, que con la información disponible en marzo de 2026 superaban los 12 GW, superan en noviembre los 15 GW, unas cuatro veces la demanda que la Estrategia de Inteligencia Artificial 2024 estima para estas instalaciones en 2030. En funcionamiento continuo, esa capacidad equivaldría a cerca de la mitad de la demanda eléctrica nacional de 2025.
En el contexto actual, el sistema eléctrico se expone, por tanto, a un considerable y súbito aumento de una demanda de características planas con los consiguientes impactos, que se describen a continuación.
En primer lugar, y teniendo en cuenta que las energías renovables han sido el principal elemento, urgente y necesario, para la protección de los consumidores frente a la crisis, la conexión de la capacidad concedida de este tipo de consumidores pone en riesgo ese efecto. Al tratarse de un consumo plano que no sustituye consumos fósiles, sin nueva generación renovable asociada se cubriría en buena medida con ciclos combinados de gas, con el consiguiente aumento de los costes de generación, de las emisiones, de las importaciones de electricidad y de la dependencia del gas importado en un contexto de alta volatilidad. De hecho, ese mayor recurso al gas encarecería la electricidad para el conjunto de los consumidores, porque en un mercado marginalista el precio que fija la nueva demanda se aplica a toda la energía casada. En consecuencia, el encarecimiento se trasladaría al índice de precios de consumo y mermaría la competitividad de la industria intensiva en electricidad. Este encarecimiento reduce, además, el incentivo a la electrificación, uno de los ejes de la respuesta estructural del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, junto con el refuerzo del despliegue renovable.
La situación con respecto al precio del gas natural no ha hecho sino empeorar. Si el precio de referencia europeo del gas se situaba en una horquilla de en torno a 50-60 euros/MWh en el momento de aprobación del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo; y alcanzó cifras de hasta 70 euros/MWh en el momento de iniciar la tramitación administrativa el antecitado Proyecto de real decreto; el gas ha superado la cifra de los 100 euros/MWh a finales de octubre de 2026, manteniéndose a mediados de noviembre en cifras superiores a los 80 euros/MWh.
En segundo lugar, en materia de seguridad de suministro, una demanda plana de esta magnitud exigiría contratar en un plazo reducido una capacidad firme adicional equivalente, a un coste muy superior al del mecanismo de capacidad autorizado por la Comisión Europea, que se trasladaría igualmente a los consumidores.
Un despliegue sin condiciones permitiría, por último, el alojamiento de sistemas de información del sector público de categoría ALTA conforme al Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, en centros que no ofrezcan garantías frente al acceso a los datos desde terceros países ni frente a decisiones adoptadas fuera de la Unión Europea que comprometan la continuidad del servicio. Desde la aprobación del Real Decreto-ley 7/2026 y el inicio de la tramitación del Proyecto de Real Decreto antecitado, este riesgo ha ganado peso con la dependencia europea de un número reducido de proveedores de terceros países y con la posibilidad de que sus legislaciones se apliquen de forma extraterritorial, preocupaciones que han llevado a la Unión Europea a proponer un marco para reforzar su ecosistema de nube e inteligencia artificial. Esa situación persiste, habiéndose aprobado diversos pronunciamientos por parte de las instituciones europeas en el ámbito de la ciberseguridad y la soberanía digital, como son la Comunicación de la Comisión Europea sobre el estado de la década digital 2026, que identifica riesgos como la dependencia de proveedores extracomunitarios para tecnologías esenciales, dificultades para garantizar el control europeo sobre los datos y servicios cuando sus proveedores o responsables no están establecidos en la UE, o la exposición de infraestructuras y servicios esenciales a vulnerabilidades externas.
Por todo ello, con el objeto de reforzar la ejecución del mandato de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, y en aras de la seguridad jurídica, que exige ofrecer certidumbre al conjunto de los agentes del sector, resulta de extraordinaria y urgente necesidad completar ese mandato con un régimen sancionador con rango de ley en relación con cada uno de los requisitos que se establecen a los centros de datos.
Asimismo, y al margen del régimen sancionador, se establece un sistema de compensación por las desviaciones que se puedan dar en la operación de los centros de datos con respecto a los valores exigibles en los requisitos de adicionalidad y correlación horaria, vinculado al impacto que dichas desviaciones pueden generar sobre el sistema eléctrico. Así, En la medida en que los requisitos establecidos de correlación y adicionalidad tienen una relación directa con la cobertura del suministro y con la firmeza de la generación asociada, estas compensaciones no tienen una finalidad punitiva, sino que tienen la función de restablecer o compensarlos costes que dichas desviaciones trasladan a los consumidores, para lo cual se calculan en base a los costes que inducen estas desviaciones y se destinan a compensarlos a través de la financiación de los mecanismos de capacidad. De este modo, el sistema busca compensar al conjunto de los consumidores por los costes o perjuicios inducidos por incumplimientos asociados a una tipología de consumo especialmente intensiva y singular.
De este modo, cuando el desarrollo reglamentario haga exigibles los requisitos, las consecuencias de su incumplimiento estarán ya determinadas por una norma con rango de ley.
En relación con los centros de procesamiento de datos, se modifica, en primer lugar, la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, para establecer, de forma separada en su fundamento y en sus efectos del régimen sancionador, un sistema de compensación por desviaciones en los requisitos de adicionalidad y correlación horaria. Así, establece su proporcionalidad respecto del nivel de desviación, su cálculo a partir del coste que esta induce, el destino de los ingresos a la retribución de los mecanismos de capacidad previstos en el artículo 13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, y, en su caso, a otros costes adicionales para los consumidores, y la aprobación anual de las compensaciones definitivas por la Administración General del Estado. Su cuantía y el procedimiento de aplicación se determinarán reglamentariamente.
En segundo lugar, se modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, para recoger de forma expresa la tipificación como infracción grave el incumplimiento de los requisitos de adicionalidad y correlación horaria, en más de un 25% del valor establecido reglamentariamente y como infracción muy grave su incumplimiento reiterado, cuya sanción corresponde a la Administración General del Estado. Se incorpora como sanción accesoria la suspensión de los permisos de acceso y conexión, por un periodo no superior a tres años en las infracciones muy graves y a un año en las graves.
En tercer lugar, se modifica la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, para tipificar las infracciones por el incumplimiento de los requisitos de eficiencia energética e hídrica de los centros de procesamiento de datos y fijar sus sanciones, así como las infracciones por el incumplimiento de las obligaciones de comunicación de información sobre la sostenibilidad de los centros de datos que establece el artículo 12 de la Directiva (UE) 2023/1791 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, relativa a la eficiencia energética y por la que se modifica el Reglamento (UE) 2023/955.
Por último, se añade al Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, una disposición adicional primera bis que regula los requisitos de soberanía digital: los deberes esenciales del titular del centro, las órdenes que puede dictar el órgano competente para corregir los incumplimientos, con garantías de proporcionalidad y de continuidad de los servicios afectados, el régimen de infracciones y sanciones y la atribución de competencias al Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Las órdenes permiten corregir con rapidez la exposición de los datos, y la migración de los sistemas se ordena con plazos que garantizan la continuidad de los servicios públicos que prestan. La responsabilidad del titular se limita a su ámbito de control directo o contractual, conforme al principio de culpabilidad: el titular no decide sobre los sistemas, los datos ni las decisiones de sus clientes a los que no tiene acceso, y responde de ellos solo cuando, conociendo el incumplimiento, no adopta las medidas a su alcance.
XVI
Se modifican los artículos 53.1 y 54.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, para rebajar de 3.000 kW a 250 kW la potencia a partir de la cual las infraestructuras eléctricas de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos quedan comprendidas en el régimen de autorizaciones de esa ley y pueden ser declaradas de utilidad pública. Las que no soliciten la declaración de utilidad pública ni requieran evaluación de impacto ambiental quedan exceptuadas de esas autorizaciones, y su titular deberá presentar, antes del inicio de la construcción, un proyecto de ejecución y una declaración responsable. Asimismo, se modifica el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, para excluir del régimen de autorizaciones, en esas mismas condiciones, las infraestructuras de alimentación de las estaciones de recarga de hasta 3.000 kW, previa presentación de un proyecto de ejecución, de una declaración responsable, de un informe que justifique que la actuación no está sujeta a evaluación ambiental y de la renuncia a solicitar la declaración de utilidad pública. Se salvaguarda el rango reglamentario de esta última modificación.
Por último, se modifica el artículo 9.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, para reconocer como autoconsumo renovable el consumo de energía eléctrica procedente de instalaciones de almacenamiento próximas a las de consumo y asociadas a estas, estén o no hibridadas con instalaciones de producción.
XVII
La aprobación mediante real decreto-ley de la presente norma se justifica por la concurrencia de una situación de extraordinaria y urgente necesidad derivada del incumplimiento, por parte de España, de las obligaciones de transposición de la Directiva (UE) 2023/959, por la que se revisa y refuerza el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea, y de la Directiva (UE) 2023/958, relativa a las normas revisadas aplicables al sector de la aviación. Ambas directivas debían haber sido incorporadas al ordenamiento jurídico interno antes del 31 de diciembre de 2023.
El retraso acumulado en dicha transposición ha dado lugar a la apertura y avance de procedimientos de infracción por parte de la Comisión Europea contra el Reino de España, habiéndose comunicado incluso la decisión de interponer recurso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Esta situación comporta un riesgo cierto e inminente de imposición de sanciones económicas al Estado español al amparo del artículo 260.3 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, dada la persistencia del incumplimiento y el estado avanzado del procedimiento de infracción.
En este contexto, la utilización del procedimiento legislativo ordinario provocaría una prolongación adicional del incumplimiento incompatible con la necesidad de evitar consecuencias económicas y jurídicas gravemente perjudiciales para el interés general. Resulta, por tanto, imprescindible acudir al instrumento del real decreto-ley para asegurar una incorporación inmediata y efectiva de las citadas directivas al ordenamiento español y permitir así la regularización de la situación ante las instituciones europeas.
La jurisprudencia constitucional ha venido reconociendo reiteradamente que el presupuesto habilitante previsto en el artículo 86.1 de la Constitución Española puede apreciarse cuando concurren circunstancias excepcionales que requieren una respuesta normativa inmediata. Así, el Tribunal Constitucional ha señalado que la extraordinaria y urgente necesidad puede inferirse de los motivos expuestos por el Gobierno y de la conexión de sentido existente entre la situación descrita y las medidas adoptadas (STC 6/1983 y STC 61/2018).
Asimismo, el Tribunal Constitucional ha admitido expresamente la utilización del real decreto-ley como instrumento legítimo para hacer frente a retrasos en la transposición del Derecho de la Unión Europea, especialmente cuando existen procedimientos de incumplimiento abiertos frente al Reino de España. En este sentido, la STC 1/2012 consideró suficiente para apreciar la concurrencia de la extraordinaria y urgente necesidad tanto el retraso patente en la incorporación de normas europeas como la existencia de actuaciones iniciadas por las instituciones de la Unión contra el Estado miembro incumplidor.
Debe añadirse que las medidas de modificación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, incluidas en este real decreto-ley guardan una relación directa e inmediata con el objetivo de poner fin al incumplimiento del Derecho de la Unión y evitar la agravación de las consecuencias derivadas del mismo, satisfaciéndose así la exigencia de conexión de sentido entre la situación de urgencia y la regulación proyectada exigida por la doctrina constitucional.
En el caso de las medidas relativas a los centros de procesamiento de datos, persiste la extraordinaria y urgente necesidad que fundamentó la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, y la tramitación urgente de su desarrollo reglamentario, y se ha agravado por circunstancias sobrevenidas, que no podían preverse cuando se aprobó aquel real decreto-ley y que son ajenas a la actuación de la Administración: la prolongación de la crisis, la intensificación de su efecto sobre los precios de la electricidad y del gas desde el verano y el crecimiento continuado de la capacidad concedida a centros de datos, descritos en el apartado I. Cualquier demora prolongaría la asignación de capacidad de red sin los necesarios criterios para evitar efectos negativos sobre el sistema, incluyendo un coste económico relevante para el conjunto de los consumidores.
La urgencia responde también a la seguridad jurídica. Conocer desde ahora, junto con los requisitos, las consecuencias de su incumplimiento permiten a los titulares de los 15 GW de capacidad concedida decidir con certidumbre sobre la ejecución y la adaptación de sus proyectos.
En materia de soberanía digital, los requisitos se aplicarán desde la entrada en vigor del desarrollo reglamentario a los centros que alojen sistemas de información del sector público de categoría ALTA. Sin órdenes y sanciones con rango de ley, su incumplimiento no tendría más consecuencia que la comunicación a las entidades responsables de los sistemas, y la exposición de esos datos a accesos desde terceros países no podría corregirse con la rapidez que exige su naturaleza.
Las infracciones en materia de comunicación de información sobre la sostenibilidad de los centros de datos responden a la misma necesidad. Esa información, que se comunica a la base de datos europea y a la autoridad competente, es la que permite conocer el consumo energético e hídrico de estas instalaciones, y su falsedad u omisión debe tener consecuencias desde que los requisitos sean exigibles.
Por último, el desarrollo reglamentario de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, completa el cumplimiento del hito 127a del Componente 8, Reforma 5, del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, incorporado al Plan en su última adenda, cuya letra iii) prevé la entrada en vigor de legislación que «mejore la sostenibilidad energética de los centros de datos». Ese hito forma parte de la séptima y última solicitud de pago del Plan, que España presentó el 30 de septiembre de 2026 y que la Comisión Europea dispone hasta el 31 de diciembre de 2026 para evaluar. El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia no permite pagos después de esa fecha, de modo que un hito no cumplido en ese plazo ya no puede acreditarse y da lugar a la reducción del importe correspondiente. La legislación que exige el hito ha de mejorar de forma efectiva la sostenibilidad energética de los centros de datos, y esa eficacia depende de que los requisitos tengan consecuencias ciertas desde que sean exigibles. Por ello, su régimen de consecuencias debe estar vigente dentro de ese plazo.
Existe, por tanto, una conexión directa entre la situación de urgencia y las medidas adoptadas, que tienen eficacia inmediata y se limitan a dotar de rango legal a las consecuencias del incumplimiento de los requisitos de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo. Estas medidas no regulan el régimen general de ningún derecho del título I de la Constitución ni afectan a sus elementos esenciales.
Las medidas relativas a las estaciones de recarga de vehículos eléctricos responden igualmente a una necesidad extraordinaria y urgente. La crisis en Oriente Medio ha vuelto a poner de manifiesto la dependencia del transporte respecto de los combustibles fósiles importados y ha coincidido con un máximo histórico en la matriculación de vehículos eléctricos: en octubre de 2026, los turismos eléctricos e híbridos enchufables superaron por primera vez el 30 por ciento de las ventas. La electrificación de la movilidad, uno de los ejes de la respuesta del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, solo se consolidará si la red de recarga acompaña a ese crecimiento. El Reglamento (UE) 2023/1804 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de septiembre de 2023, relativo a la implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos y por el que se deroga la Directiva 2014/94/UE, exige agrupaciones de recarga de al menos 400 kW cada 60 kilómetros de la red básica de la Red Transeuropea de Transporte, que deberán alcanzar los 600 kW a partir de 2027, y potencias superiores para los vehículos pesados. El Marco de Acción Nacional que el Gobierno presentó en septiembre de 2026 conforme a ese reglamento prioriza la recarga de alta potencia en esa red y extiende exigencias equivalentes a las estaciones de servicio con mayor volumen de ventas. Buena parte de las nuevas estaciones superará, por tanto, los 250 kW de potencia.
Para acompañar el aumento significativo de los puntos de recarga que se espera en los próximos años, este real decreto-ley amplía las opciones de que disponen sus promotores. Las infraestructuras que conectan con la red las estaciones de más de 250 kW, y no solo las de más de 3.000 kW, podrán declararse de utilidad pública. De este modo, las estaciones de alta potencia que exige el marco europeo disponen de ese instrumento.
Además, se agiliza la puesta en servicio de las infraestructuras que no necesitan la declaración de utilidad pública ni están sujetas a evaluación ambiental, que podrán construirse sin las autorizaciones administrativas previa, de construcción y de explotación, con la sola presentación de un proyecto de ejecución y una declaración responsable antes del inicio de las obras. El Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, concreta esta vía para las infraestructuras de las estaciones de hasta 3.000 kW.
Con ello se ofrece un contorno adecuado para el desarrollo de la red de recarga, que podrá crecer al ritmo que exige la electrificación del transporte, en el momento en que su contribución a reducir la dependencia del petróleo es más necesaria.
Las medidas relativas al almacenamiento distribuido responden igualmente a una necesidad extraordinaria y urgente. El Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, aprobado por el Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, incluyó entre sus medidas estructurales el incremento de la capacidad de almacenamiento eléctrico, imprescindible para integrar la producción renovable y reducir la dependencia energética exterior: reconoció a las instalaciones de almacenamiento permisos de acceso flexibles desde la perspectiva de la demanda, declaró de utilidad pública el almacenamiento hidráulico por bombeo e integró sus infraestructuras de evacuación en el régimen de la instalación. El Real Decreto-ley 18/2026, de 29 de junio, por el que se adoptan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, reguló la titularidad de las instalaciones de bombeo en los territorios no peninsulares y habilitó la provisión de reserva rodante mediante baterías en esos sistemas. Por su parte, el Real Decreto-ley 25/2026, de 29 de septiembre, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas en el marco del Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, extendió a los promotores de instalaciones de almacenamiento hidráulico la obligación de contribuir económicamente con los municipios afectados, para asegurar un despliegue del almacenamiento cohesionado con el territorio.
La situación que motivó esas medidas persiste y se ha agravado. Desde la aprobación del Plan, el precio medio del mercado diario de electricidad se ha cuadruplicado y el gas natural marca precios que no se registraban desde finales de 2022. Resulta, por tanto, urgente y necesario habilitar nuevas fórmulas que permitan desplegar el almacenamiento en más lugares y con mayor rapidez, también junto a los consumidores, de modo que la energía renovable producida en las horas centrales del día pueda utilizarse en las horas en que el precio de la electricidad lo fijan los ciclos combinados de gas.
Con este fin, este real decreto-ley habilita la fórmula del almacenamiento distribuido. El consumidor podrá asociar a su consumo una instalación de almacenamiento, hibridada o no con generación, en cualquiera de las modalidades de autoconsumo, tanto en su red interior como a través de la red, y el consumo procedente de esa instalación tendrá la consideración de autoconsumo renovable.
Se amplían así las vías para implantar el autoconsumo, que podrá apoyarse en el almacenamiento para cubrir también las horas en que la electricidad es más cara.
Por otro lado, la presente norma no afecta al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, ni a los derechos, deberes y libertades de la ciudadanía regulados en el título I de la Constitución, ni al régimen de las comunidades autónomas, ni al Derecho electoral general, respetándose plenamente los límites materiales establecidos para la figura del real decreto-ley en el artículo 86 de la Constitución Española.
En consecuencia, concurren de manera evidente y suficiente las circunstancias de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la aprobación de esta norma mediante real decreto-ley, en atención tanto a la obligación inmediata de garantizar el cumplimiento del Derecho de la Unión Europea como a la necesidad de preservar el interés general evitando sanciones económicas y responsabilidades derivadas del incumplimiento prolongado, así como a la necesidad de dotar de consecuencias ciertas a los requisitos aplicables a los centros de procesamiento de datos de ofrecer sin demora un contorno adecuado para el despliegue de la infraestructura de recarga de vehículos eléctricos y de abrir nuevas vías al autoconsumo con almacenamiento.
XVIII
Este real decreto-ley se adecua a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En particular, cumple con los principios de necesidad y eficacia en tanto que, mediante la modificación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, se contribuye al objetivo de interés general de adecuar el ordenamiento jurídico nacional a las novedades introducidas por la normativa de la Unión Europea en materia de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero y, particularmente, a las Directivas (UE) 2023/958 y 2023/959, siendo una norma con rango de ley y una norma de modificación de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, el instrumento más eficaz para garantizar su consecución.
Es acorde también con el principio de proporcionalidad ya que el real decreto-ley contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad a cubrir. De esta forma, se introducen en el ordenamiento jurídico español las disposiciones necesarias para llevar a cabo la transposición de las mencionadas Directivas. Se limita al mínimo imprescindible para desarrollar esta materia en línea con la normativa de la Unión Europea recientemente adoptada. Asimismo, como se ha apuntado, no se incluyen aquellas previsiones que son objeto de definición y gestión en el ámbito de la Unión Europea, sino que se realizan remisiones a dicha regulación, aportando así mayor flexibilidad a la regulación del RCDE UE en España. Esta norma es también acorde con el principio de seguridad jurídica, al quedar engarzado con el derecho nacional y el derecho de la Unión Europea. La iniciativa normativa se ejerce de manera coherente con el resto del ordenamiento jurídico, nacional y de la Unión Europea para generar un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento, comprensión y aplicación y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas, empresas y órganos administrativos. Asimismo, cumple con el principio de transparencia, fomentando el conocimiento general del funcionamiento y aplicación del RCDE UE en España.
Las medidas relativas a los centros de procesamiento de datos responden a los principios de necesidad y eficacia. Son el instrumento adecuado para dotar de consecuencias ciertas a unos requisitos cuya finalidad es evitar que la conexión de la capacidad concedida traslade al conjunto de los consumidores un sobrecoste de varios miles de millones de euros anuales, y sin ellas los requisitos no serían exigibles con eficacia.
Son proporcionadas, dado que el régimen sancionador gradúa las infracciones y las sanciones, limita en el tiempo la suspensión de los permisos y se separa de la compensación, que solo cubre los costes que la desviación induce.
Contribuyen a la seguridad jurídica, porque integran estas consecuencias en los regímenes sancionadores sectoriales vigentes y delimitan el marco legal al que se ajustará el desarrollo reglamentario. No imponen nuevas cargas administrativas, conforme al principio de eficiencia.
Las medidas relativas a las estaciones de recarga responden a los principios de necesidad y eficacia, porque eliminan obstáculos a la conexión de estas instalaciones; de proporcionalidad, porque mantienen la autorización cuando se solicita la declaración de utilidad pública o se requiere evaluación ambiental y la sustituyen en los demás casos por un proyecto de ejecución y una declaración responsable; de seguridad jurídica, porque precisan en la ley y en su desarrollo reglamentario el régimen aplicable, y de eficiencia, porque reducen las cargas administrativas.
Las medidas relativas al almacenamiento distribuido responden a los principios de necesidad y eficacia, porque facilitan el despliegue del almacenamiento junto al consumo; de proporcionalidad, porque se limitan a extender a esas instalaciones el régimen del autoconsumo, con límites de potencia y de distancia; de seguridad jurídica, porque la ley reconoce la figura y el real decreto que la desarrolla fija las reglas de medida y facturación, y de eficiencia, porque no imponen nuevas cargas administrativas.
De acuerdo con el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, no son de aplicación a este real decreto-ley los trámites de consulta pública, audiencia e información pública.
En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de noviembre de 2026,
DISPONGO:
La Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, queda modificada como sigue:
Uno. Se modifica el artículo 1 que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Esta Ley tiene por objeto la regulación del régimen de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, para intensificar las reducciones de las emisiones de estos gases de una forma eficaz en relación con los costes y de manera económicamente eficiente.
Esta Ley será de aplicación a las actividades enumeradas en los anexos I y II bis y a los gases de efecto invernadero enumerados en el anexo II.
Cuando una instalación que está incluida en el ámbito de aplicación del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea debido al funcionamiento de unidades de combustión con una potencia térmica nominal total superior a 20 MW modifique sus procesos de producción para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y deje de alcanzar dicho umbral, el órgano competente que designe la Comunidad Autónoma en cuyo territorio se ubique la instalación dará al titular la opción de permanecer en el ámbito de aplicación de esta ley hasta el final del período de asignación de cinco años en marcha y hasta el final del siguiente periodo, tras el cambio en sus procesos de producción. El titular de dicha instalación podrá decidir permanecer en el ámbito de aplicación únicamente hasta el final del período de cinco años en curso, o también del siguiente período de cinco años, tras el cambio en sus procesos de producción.»
Dos. El artículo 2 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 2. Definiciones.
A efectos de lo dispuesto en esta Ley, se entenderá por:
a) Derecho de emisión: el derecho subjetivo a emitir una tonelada equivalente de dióxido de carbono válido únicamente a efectos del cumplimiento de los requisitos de esta Ley, durante un período determinado.
b) Expedición: el acto mediante el cual el administrador correspondiente del Registro de la Unión Europea incorpora a la cuenta alojada en dicho registro las unidades o los derechos de emisión.
c) Transferencia: la operación del Registro que refleja el movimiento de derechos de emisión entre distintas cuentas.
d) Transmisión: el cambio de titularidad de uno o varios derechos de emisión producido por la inscripción en el registro del negocio jurídico del que deriva.
e) Emisión: la liberación de gases de efecto invernadero procedentes de fuentes situadas en una instalación o la liberación procedente de una aeronave que realiza una actividad de aviación enumerada en el anexo I, o de buques que realizan una actividad de transporte marítimo enumerada en el anexo I, de los gases especificados con respecto a dicha actividad, o la liberación de gases de efecto invernadero correspondientes a la actividad mencionada en el anexo II bis;
f) Gases de efecto invernadero: los gases que figuran en el anexo II y otros componentes gaseosos de la atmósfera, tanto naturales como antropogénicos, que absorben y vuelven a emitir la radiación infrarroja;
g) Autorización de emisión de gases de efecto invernadero: la autorización exigida a las instalaciones que desarrollen actividades enumeradas en el anexo I y entidades reguladas que ejerzan la actividad contemplada en el anexo II bis.
h) Entrega: contabilización de un derecho de emisión por los titulares de instalaciones, operadores aéreos, empresas navieras o entidades reguladas que entren dentro del ámbito de aplicación de esta Ley, a efectos de sus respectivas emisiones verificadas.
i) Instalación: toda unidad técnica fija donde se lleven a cabo una o varias actividades de las enumeradas en el anexo I, así como cualesquiera otras actividades directamente relacionadas con aquellas que guarden una relación de índole técnica con las actividades realizadas en dicho lugar y puedan tener repercusiones sobre las emisiones y la contaminación.
j) Titular de la instalación: cualquier persona física o jurídica que opere o controle la instalación bien en condición de propietario, bien al amparo de cualquier otro título jurídico, siempre que éste le otorgue poderes suficientes sobre el funcionamiento técnico y económico de la instalación.
k) Nuevo entrante: dado un periodo de asignación, se considera nuevo entrante respecto a este periodo de asignación a toda instalación en la que se lleve a cabo una o más de las actividades enumeradas en el anexo I, que haya obtenido una autorización de emisión de gases de efecto invernadero por primera vez dentro de un plazo que se inicia dieciocho meses antes del inicio del periodo de asignación en cuestión y que finaliza dieciocho meses antes del inicio del siguiente periodo de asignación.
l) Tonelada equivalente de dióxido de carbono: una tonelada métrica de dióxido de carbono (CO2) o una cantidad de cualquier otro gas de efecto invernadero contemplado en el anexo II con un potencial equivalente de calentamiento del planeta.
m) Operador aéreo: la persona física o jurídica que opera una aeronave en el momento en que realiza una actividad de aviación enumerada en el anexo I o bien el propietario de la aeronave, si se desconoce la identidad de dicha persona o no es identificado por el propietario de la aeronave. A estos efectos, para la determinación de operador aéreo se utilizará el indicativo de llamada empleado para el control del tráfico aéreo.
n) Operador de transporte aéreo comercial: operador aéreo que presta al público, a cambio de una remuneración, servicios de transporte aéreo regulares o no regulares, para el transporte de pasajeros, correo o carga. Los operadores de transporte aéreo comerciales deben poseer un certificado de operador aéreo (AOC) de conformidad con el anexo 6, parte I, del Convenio de Chicago o certificado equivalente.
ñ) Estado miembro responsable de la gestión: es el Estado miembro responsable de gestionar el régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea en lo que respecta a los operadores aéreos.
Si el operador aéreo dispone de una licencia de explotación de la Unión Europea, el Estado miembro responsable de la gestión será el que haya concedido la licencia de explotación a dicho operador. En otro caso, el Estado miembro responsable de la gestión será aquel para el que se hayan calculado las emisiones de la aviación atribuidas más elevadas, procedentes de los vuelos operados por el operador aéreo durante el año de referencia y que conste atribuido a dicho Estado en la «Lista de operadores de aeronaves y Estados miembros responsables de la gestión que les corresponden» a la que se refiere el apartado 6 del anexo I.
o) Emisiones de la aviación atribuidas: emisiones de todos los vuelos que figuran entre las actividades de aviación enumeradas en el anexo I con origen en un aeródromo situado en el territorio de un Estado miembro o un Estado del Espacio Económico Europeo y de aquellos vuelos que llegan a ese aeródromo procedentes de un tercer país.
p) Emisiones históricas del sector de la aviación: la media aritmética de las emisiones anuales en los años naturales 2004, 2005 y 2006 procedentes de las aeronaves que realizan una actividad de aviación enumerada en el anexo I.
q) Efectos de la aviación no derivados del CO2: los efectos en el clima derivados de la liberación, al quemar combustible, de óxidos de nitrógeno (NOx), partículas de hollín y especies oxidadas de azufre, así como los efectos derivados del vapor de agua, en particular las estelas de condensación, procedentes de una aeronave que realice una actividad de aviación que figure en el anexo I.
r) Plan de seguimiento de las emisiones: la documentación pormenorizada, completa y transparente de la metodología de seguimiento de las emisiones de una instalación, buque, u operador aéreo concreto, o de una entidad regulada, incluida la documentación de las actividades de adquisición y tratamiento de datos y el sistema de control de su veracidad.
s) Combustión: toda oxidación de combustibles, cualquiera que sea el uso del calor o de la energía eléctrica o mecánica producidos por este proceso, y cualquier otra actividad directamente asociada, incluido el lavado de gases residuales.
t) Cancelación: eliminación definitiva de una unidad de reducción de emisiones o reducción certificada de emisiones por su titular sin contabilizarla a efectos de las emisiones verificadas.
u) Empresa naviera: el propietario del buque, o cualquier otra organización o persona a la que el propietario haya encomendado la responsabilidad de la explotación del buque y que, al asumir dicha responsabilidad, haya aceptado asumir todas las obligaciones y responsabilidades impuestas por el Código Internacional de Gestión de la Seguridad Operacional del Buque y la Prevención de la Contaminación, establecidas en el anexo I del Reglamento (CE) n.º 336/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de febrero de 2006, sobre la aplicación en la Comunidad del Código internacional de gestión de la seguridad y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 3051/95 del Consejo.
v) Viaje: un viaje tal como se define en el artículo 3, letra c), del Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, relativo al seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de dióxido de carbono generadas por el transporte marítimo y por el que se modifica la Directiva 2009/16/CE.
w) Autoridad responsable de la gestión de una empresa naviera: la autoridad responsable de gestionar el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea con respecto a una empresa naviera, de conformidad con el artículo 42.
x) Puerto de escala: el puerto en el que un buque se detiene para cargar o descargar mercancías o embarcar o desembarcar pasajeros, o el puerto en el que un buque de operaciones en medio marino se detiene para proceder al relevo de la tripulación.
Quedan excluidos de este concepto las paradas realizadas con el único fin de repostar combustible; reabastecerse; proceder al relevo de la tripulación de un buque distinto al de operaciones en medio marino; entrar en dique seco o reparar el buque, su equipo, o ambos; las paradas en puerto realizadas porque el buque necesite asistencia o socorro; los transbordos entre buques realizados fuera de puerto; las paradas cuya única finalidad sea protegerse del mal tiempo y las paradas impuestas por actividades de búsqueda y salvamento; así como las paradas de buques portacontenedores en un puerto considerado puerto vecino de transbordo de contenedores conforme a la normativa de la Unión Europea.
y) Crucero: un buque de pasajeros que carece de cubierta de carga, concebido exclusivamente para el transporte comercial de pasajeros con alojamiento nocturno en un viaje marítimo.
z) Entidad regulada: a efectos del capítulo XI, toda persona física o jurídica, con excepción de cualquier consumidor final de los combustibles, que ejerza la actividad contemplada en el anexo II bis y que pertenezca a una de las categorías siguientes:
1.º Cuando el combustible pase a través de un depósito fiscal tal como se define en el artículo 3, punto 11, de la Directiva (UE) 2020/262 del Consejo de 19 de diciembre de 2019 por la que se establece el régimen general de los impuestos especiales, el depositario autorizado, tal como se define en el artículo 3, punto 1, de dicha Directiva, sujeto al pago de los impuestos especiales que se hayan devengado en virtud del artículo 7 de dicha Directiva.
2.º Si el inciso 1.º de la presente letra no es aplicable, cualquier otro deudor del impuesto especial que se haya devengado en virtud del artículo 7 de la Directiva (UE) 2020/262 del Consejo, de 19 de diciembre de 2019, por la que se establece el régimen general de los impuestos especiales o del artículo 21, apartado 5, párrafo primero, de la Directiva 2003/96/CE del Consejo de 27 de octubre de 2003 por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad, por los combustibles contemplados en el capítulo XI de esta Ley.
3.º Si los incisos 1.º y 2.º de la presente letra no son aplicables, cualquier otra persona que deban registrar las autoridades competentes pertinentes del Estado miembro para ser deudora del impuesto especial, incluida cualquier persona exenta del pago del impuesto especial a que se refiere el artículo 21, apartado 5, párrafo cuarto, de la Directiva 2003/96/CE, del Consejo, de 27 de octubre de 2003, por la que se reestructura el régimen comunitario de imposición de los productos energéticos y de la electricidad.
4.º Si los incisos 1.º, 2.º y 3.º no son aplicables o si varias personas son responsables solidarias del pago del mismo impuesto especial, cualquier otra persona designada por la autoridad competente;
aa) Combustible: a efectos del capítulo XI, uno de los productos energéticos a que se refiere el artículo 2, apartado 1, de la Directiva 2003/96/CE, del Consejo, de 27 de octubre de 2003, incluidos los combustibles enumerados en los cuadros A y C del anexo I de dicha Directiva, así como cualquier otro producto destinado a ser utilizado, puesto a la venta o utilizado como carburante de automoción o combustible para calefacción, tal como se especifica en el artículo 2, apartado 3, de dicha Directiva, también para la generación de electricidad.
ab) Despacho a consumo: a efectos del capítulo XI, el despacho a consumo tal y como se define en el artículo 6, apartado 3, de la Directiva (UE) 2020/262 del Consejo, de 19 de diciembre de 2019.»
Tres. El artículo 2 bis queda redactado como sigue:
«Artículo 2 bis. Relaciones de cooperación y colaboración.
La Administración General del Estado y las comunidades autónomas cooperarán y colaborarán en materia de cambio climático y se suministrarán mutuamente la información que obre en su poder, en particular, en relación con las metodologías aplicables a los diferentes sectores, con mejoras tecnológicas y cualquier otra que sea relevante a efectos de la autorización de emisión de gases de efecto invernadero, la verificación de las emisiones, la asignación individualizada de derechos de emisión o en relación con el informe relativo a la aplicación de la Directiva 2003/87/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se modifica la Directiva 96/61/CE del Consejo, previsto en su artículo 21, incluyendo las medidas equivalentes adoptadas para las instalaciones excluidas del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea por la disposición adicional cuarta de esta ley, que se hayan referido en dicho informe. La Administración General del Estado y las comunidades autónomas también cooperarán y colaborarán en materia de mercados internacionales de carbono, en particular, aquellos, que puedan derivarse de acuerdos internacionales como la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Acuerdo de París.»
Cuatro. La letra d) del apartado 1 del artículo 3 queda redactada en los siguientes términos:
«d) Teniendo en cuenta los criterios que establezca el Consejo Nacional del Clima, el establecimiento de las líneas generales de actuación de la Autoridad Nacional Designada por España y la participación en mercados internacionales de carbono, en particular, aquellos, que puedan derivarse de acuerdos internacionales, como la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Acuerdo de París.»
Cinco. El artículo 3 bis queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 3 bis. Consejo Nacional del Clima.
El Consejo Nacional del Clima garantizará la participación de las organizaciones sindicales, empresariales y ambientales en el seguimiento de la aplicación del régimen de comercio de derechos de emisión en cuanto a sus efectos en la competitividad, la estabilidad del empleo, la cohesión social y la coherencia ambiental.»
Seis. El título del capítulo II se modifica como sigue:
«CAPÍTULO II
Autorizaciones de emisión de instalaciones»
Siete. El artículo 4 se modifica en los siguientes términos:
«Artículo 4. Instalaciones sometidas a autorización de emisión.
1. Toda instalación en la que se desarrolle alguna de las actividades del anexo I, distintas de las actividades de aviación y de las actividades de transporte marítimo, deberá contar con autorización de emisión de gases de efecto invernadero expedida en favor de su titular, salvo si la instalación está excluida del régimen de comercio de derechos de emisión de la Unión Europea con arreglo a la disposición adicional cuarta.
2. La autorización de emisión de gases de efecto invernadero será otorgada por el órgano autonómico competente y tendrá el contenido siguiente:
a) Nombre y dirección del titular de la instalación.
b) Identificación, domicilio de la instalación y domicilio a efectos de notificaciones.
c) Una descripción básica de las actividades y emisiones de la instalación.
d) Un plan de seguimiento de las emisiones que cumpla los requisitos con arreglo a la normativa de la Unión Europea aplicable y a la normativa de desarrollo que se adopte.
e) Las obligaciones de suministro de información, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea aplicable y, en su caso, con la normativa de desarrollo.
e bis) Las obligaciones sobre el uso de sistemas automatizados y formatos de intercambio de datos para armonizar la comunicación sobre el plan de seguimiento, el informe anual sobre las emisiones y las actividades de verificación entre el titular, el verificador y las autoridades competentes.
f) La obligación de entregar, a más tardar el 30 de septiembre de cada año, derechos de emisión en cantidad equivalente a las emisiones totales verificadas de la instalación durante el año anterior.
g) La fecha prevista de entrada en funcionamiento.
h) La obligación de abrir una cuenta de haberes de titular en el área española del Registro de la Unión Europea.
3. La autorización de emisión de gases de efecto invernadero, si así lo solicita su titular, podrá cubrir una o más instalaciones, siempre que éstas se ubiquen en un mismo emplazamiento, guarden una relación de índole técnica y cuenten con un mismo titular.
4. La autorización de emisión de gases de efecto invernadero se otorgará siempre que el órgano autonómico competente considere acreditado que el titular es capaz de garantizar el seguimiento y notificación de las emisiones con arreglo a lo dispuesto en los párrafos d), e) y e bis) del artículo 4.2. Transcurrido el plazo de tres meses sin haberse notificado resolución expresa, el interesado podrá entender desestimada su solicitud por silencio administrativo. No obstante, la instalación podrá seguir funcionando de manera provisional, siempre que haya establecido un sistema de seguimiento de emisiones conforme a lo dispuesto en esta Ley hasta tanto el órgano competente haya resuelto de forma expresa.
5. Los titulares deberán mantener los planes de seguimiento de las emisiones actualizados de acuerdo con la normativa de la Unión Europea y deberán notificar sin demora injustificada al órgano autonómico competente cualquier propuesta de modificación del plan de seguimiento. El órgano autonómico competente podrá permitir que los titulares actualicen los planes de seguimiento de emisiones sin modificación de la autorización.
Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que dicha modificación no sea considerada significativa con arreglo a la normativa de la Unión Europea, el titular de la instalación podrá presentar la modificación del plan de seguimiento a más tardar el 31 de diciembre del mismo año en que tenga lugar.
Cualquier modificación del plan de seguimiento de las emisiones considerada significativa con arreglo a lo establecido en la normativa de la Unión Europea se someterá a la aprobación del órgano autonómico competente. Cuando el órgano autonómico competente considere que una modificación notificada como significativa por el titular de la instalación no tenga tal consideración con arreglo a lo establecido en la normativa de la Unión Europea, informará de dicha circunstancia al titular de la instalación.»
Ocho. El apartado 1 del artículo 9 queda redactado en los siguientes términos:
«1. El derecho de emisión se configura como el derecho subjetivo a liberar a la atmósfera una tonelada equivalente de dióxido de carbono válido únicamente a efectos del cumplimiento de los requisitos de la presente ley.»
Nueve. El apartado 2 del artículo 11 se modifica como sigue:
«2. La adquisición de derechos de emisión por una persona física o jurídica requerirá la previa apertura de la correspondiente cuenta en el área española del Registro de la Unión Europea.»
Diez. El artículo 14 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 14. Principios generales.
1. La subasta es el método básico de asignación, de conformidad con la normativa de la Unión Europea. El porcentaje de derechos de emisión que se subasten será aquel que determine la Comisión Europea en aplicación de la normativa de la Unión Europea.
2. Las subastas se desarrollarán con arreglo a la normativa de la Unión Europea y se regirán por los principios de libertad de concurrencia, publicidad, transparencia, no discriminación y eficiencia. En este sentido, el régimen de subastas se ajustará a los siguientes criterios:
a) Se deberá velar por que los titulares de instalaciones, operadores aéreos, empresas navieras y de entidades reguladas y, en particular, cualquier pequeña o mediana empresa incluida en el ámbito de aplicación de esta ley, tengan un acceso pleno, justo y equitativo.
b) Todos los participantes deberán tener acceso a la misma información al mismo tiempo y ningún participante deberá obstaculizar el desarrollo de las subastas.
c) La organización y participación en las subastas deberán ser eficientes desde el punto de vista de los costes y evitar todo coste administrativo innecesario.
d) La subasta garantizará que se conceda a los pequeños emisores el acceso a los derechos de emisión.
3. Corresponde a la Secretaría de Estado de Medio Ambiente velar por que la aplicación y gestión de las subastas de derechos de emisión de gases de efecto invernadero se lleven a cabo de acuerdo con lo que establezca la normativa de la Unión Europea y, en su caso, con la normativa de desarrollo de esta ley.
El titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente desempeña la función de subastador, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea en materia de subastas.
4. En caso de cese de la capacidad de generación de electricidad como consecuencia de medidas nacionales adicionales, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente podrá cancelar una cantidad máxima de los derechos de emisión a subastar hasta alcanzar el promedio de las emisiones verificadas de la instalación de que se trate en los cinco años anteriores al cese de capacidad. Dicho órgano informará a la Comisión Europea de la cancelación prevista, o bien de las razones de la no cancelación, de conformidad con la normativa de la Unión Europea en materia de subastas.
5. El Gobierno se esforzará por garantizar la visibilidad de la fuente de financiación de las acciones o proyectos que haya decidido financiar con cargo a los ingresos procedentes de las subastas.»
Once. El título de la sección 2.ª del capítulo IV se modifica como sigue:
«Sección 2.ª Asignación gratuita transitoria para instalaciones».
Doce. El artículo 16 queda redactado como sigue:
«Artículo 16. Instalaciones susceptibles de recibir asignación gratuita transitoria.
1. Los sectores expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono serán los que haya determinado la Comisión Europea, de acuerdo con la normativa de la Unión.
En 2021 y en cada uno de los años siguientes hasta 2030, las instalaciones de sectores o subsectores expuestos a un riesgo significativo de fuga de carbono recibirán derechos de forma gratuita. El grado de asignación gratuita alcanzará en este caso el cien por cien de la cantidad determinada de acuerdo con las normas de la Unión Europea de carácter transitorio para la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión.
2. Para las instalaciones que no pertenezcan a sectores o subsectores expuestos a un riesgo significativo de fugas de carbono y sean susceptibles de recibir asignación gratuita, la cantidad de derechos de emisión correspondientes a 2021 asignados de forma gratuita será hasta 2026 el treinta por ciento de la cantidad determinada de acuerdo con las normas de la Unión Europea armonizadas. Después de 2026 y hasta 2030, y a menos que se decida de otro modo en la revisión que se realice en virtud del artículo 30 de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, ese porcentaje se irá reduciendo cada año en la misma cantidad con la finalidad de llegar en 2030 a una situación en la que no se asigne ningún derecho de emisión de forma gratuita, a excepción de la calefacción urbana, que mantendrá hasta 2030 el porcentaje del treinta por ciento de la cantidad determinada de acuerdo con las normas dela Unión Europea armonizadas.
3. De acuerdo con lo establecido en la normativa de la Unión Europea, no se asignará ningún derecho de emisión de forma gratuita a las instalaciones en sectores o subsectores que estén cubiertos por otras medidas para abordar el riesgo de fuga de carbono establecidas en el Reglamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono.
4. En aplicación del Reglamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, no se asignará ningún derecho de emisión de forma gratuita a la producción de las mercancías enumeradas en el anexo I de dicho Reglamento. Sin perjuicio de lo anterior, para los primeros años de aplicación de dicho Reglamento, la producción de las mercancías enumeradas en el anexo I del mismo se beneficiará de la asignación gratuita en cantidades reducidas. Para ello, se aplicará un factor que reduzca la asignación gratuita de derechos de emisión para la producción de dichas mercancías desde 2026 y hasta 2033, y que dejará de aplicar a partir del 2034, tal y como se señala en el artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, y de conformidad con el artículo 16 apartado 4 bis del Reglamento Delegado (UE) 2019/331 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, por el que se determinan las normas transitorias de la Unión para la armonización de la asignación gratuita de derechos de emisión con arreglo al artículo 10 bis de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
5. Si una instalación está sujeta a la obligación de llevar a cabo una auditoría energética o de aplicar un sistema de gestión de la energía certificado con arreglo al artículo 8 de la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE se reducirá su asignación determinada de acuerdo con las normas de la Unión Europea armonizadas en un 20 % si no ha cumplido con las recomendaciones indicadas en el informe de auditoría o del sistema de gestión de la energía certificado. No se aplicará la reducción mencionada en los casos en los que el plazo de amortización de las inversiones pertinentes sea superior a tres años o cuando los costes de dichas inversiones sean desproporcionados, o si se determina que se han aplicado medidas que conduzcan a reducciones de las emisiones de gases de efecto invernadero equivalentes a las recomendadas, para la instalación en cuestión, en los informes mencionados. La valoración y, en su caso, aplicación de esta reducción de la asignación gratuita se realizará de acuerdo con la legislación relevante de la Unión Europea y la normativa de desarrollo de esta ley.
6. Los titulares de instalaciones cuyos niveles de emisión de gases de efecto invernadero sean superiores al percentil 80° de los niveles de emisión para los parámetros de referencia de producto pertinentes deberán establecer un plan de neutralidad climática para sus actividades reguladas por esta ley, elaborado de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, y presentarlo de acuerdo con la normativa de desarrollo de esta ley. Dicho plan incluirá metas e hitos intermedios para medir los avances realizados hacia la consecución de la neutralidad climática de conformidad con el Reglamento de Ejecución (UE) 2023/2441 de la Comisión de 31 de octubre de 2023 por el que se establecen normas para la aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al contenido y el formato de los planes de neutralidad climática necesarios para que se concedan asignaciones gratuitas de derechos de emisión. La consecución de las metas y los hitos se verificará de conformidad con los procedimientos de verificación y acreditación establecidos en la legislación de la Unión Europea y esta Ley. No se asignarán derechos de emisión gratuitos más allá del 80 % si no se presenta el plan en el plazo indicado en la normativa de desarrollo de esta Ley o si no se ha verificado la consecución de las metas y los hitos intermedios con respecto a cada período.
7. Sin perjuicio de las reducciones de derechos de emisión producidos de conformidad con los apartados 5 y 6 de este artículo, el ajuste de la asignación previsto en el artículo 10 bis apartado 5 de la Directiva 2003/87/CE, del Parlamento europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2023, no será aplicable a las instalaciones cuyas emisiones de gases de efecto invernadero sean inferiores a la media del 10 % de las instalaciones más eficientes de un sector o subsector de la Unión para los parámetros de referencia pertinentes en un año en el que el ajuste se aplique.
8. No se asignará ningún derecho de forma gratuita a la producción de electricidad, excepto en el caso de la electricidad producida con gases residuales.
9. De acuerdo con lo establecido en la normativa de la Unión Europea, no se asignará ningún derecho de forma gratuita a una instalación que haya cesado en sus actividades. Se considerará que han cesado en sus actividades las instalaciones cuya autorización de emisiones de gases de efecto invernadero haya caducado o se haya extinguido y las instalaciones cuyo funcionamiento o reanudación de funcionamiento resulte técnicamente imposible.»
Trece. En el artículo 19 queda redactado como sigue:
«Artículo 19. Asignación gratuita individualizada de derechos de emisión.
1. Los titulares de las instalaciones podrán solicitar a la Oficina Española de Cambio Climático la asignación gratuita de derechos de emisión para cada periodo de asignación.
2. Reglamentariamente se establecerá el plazo de presentación de las solicitudes de asignación gratuita de derechos de emisión y, en su caso, su contenido, formato y la documentación que deba acompañarla, así como cualquier otro aspecto que se considere pertinente, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea.
3. La solicitud de asignación gratuita de derechos deberá venir acompañada de la documentación en la que conste:
a) Acreditación de ser titular de la instalación y disponer de autorización de emisión de gases de efecto invernadero. En caso de que en el momento de la solicitud de asignación el titular hubiese solicitado la correspondiente autorización, pero esta no hubiese sido otorgada todavía, podrá solicitar asignación presentando únicamente la solicitud de autorización. No obstante, al menos dieciocho meses antes del inicio del periodo de asignación deberá haber obtenido la citada autorización y, en un plazo de un mes desde la obtención de la misma, haberla presentado ante la Oficina Española de Cambio Climático. De no ser así, pasará a ser considerado nuevo entrante conforme a la letra k) del artículo 2.
b) Todos aquellos datos de la instalación que sean necesarios para calcular su asignación de acuerdo con las normas de la Unión Europea armonizadas sobre asignación gratuita transitoria y, en su caso, con la normativa de desarrollo de esta ley.
c) Una declaración responsable de que la instalación cuenta con todos los permisos y licencias administrativos exigidos por la normativa aplicable estatal, autonómica y local para poner la instalación en funcionamiento.
En el supuesto de instalaciones que no se encuentren aún en funcionamiento, se indicará la fecha probable de su puesta en marcha.
4. La asignación gratuita de derechos de emisión, una vez realizado el trámite de información pública, se adoptará mediante acuerdo del Consejo de Ministros, previa consulta a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático y a propuesta de los Ministerios de Economía, Comercio y Empresa; de Industria y Turismo; y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Asimismo, a fin de determinar la cantidad de derechos a asignar, se sustanciarán las comunicaciones que resulten oportunas con la Comisión Europea y que correspondan de acuerdo con la normativa de la Unión.
5. El acuerdo determinará la cantidad de derechos asignada durante un periodo de asignación y los derechos asignados para cada año a cada instalación. Transcurrido el plazo de veintidós meses desde la solicitud de asignación sin haberse notificado resolución expresa, el interesado podrá entender desestimada su solicitud por silencio administrativo.
6. Este acuerdo será comunicado, en el plazo de diez días desde su adopción, a las comunidades autónomas.
7. Las resoluciones sobre la asignación individualizada de derechos de emisión serán accesibles al público, en los términos y con las limitaciones previstas en las normas reguladoras del derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente.
8. La corrección de la asignación gratuita de derechos de emisión recogida en el acuerdo de Consejo de Ministros referido en el apartado 5 de este artículo, cuando por parte de la Comisión Europea o de la Oficina Española de Cambio Climático se constaten errores que requieran llevar a cabo dicha corrección, se efectuará conforme al procedimiento establecido reglamentariamente.»
Catorce. El título del capítulo V se modifica como sigue:
«CAPÍTULO V
Ajustes y devolución de la asignación gratuita de derechos de emisión para instalaciones»
Quince. El título del artículo 21 se modifica en los siguientes términos:
«Artículo 21. Devolución de derechos de emisión por las instalaciones fijas.»
Dieciséis. Se modifica la redacción del artículo 25 queda redactado como sigue:
«Artículo 25. Registro de la Unión Europea.
1. El Registro de la Unión Europea es el instrumento a través del cual se asegura la publicidad y permanente actualización de la titularidad y control de los derechos de emisión y de otras unidades, como aquellas asociadas a los mercados internacionales de carbono que puedan derivarse de acuerdos internacionales, en particular, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático y su Acuerdo de París, y se regula por la normativa de la Unión Europea y por lo establecido en esta ley.
2. Los titulares de instalaciones fijas, los operadores aéreos, las empresas navieras y las entidades reguladas tendrán la obligación de abrir una cuenta de haberes de titular en el área española del Registro de la Unión Europea.
3. El Registro de la Unión Europea será accesible al público, en los términos previstos en la normativa de la Unión Europea. El órgano competente en relación con el área española del Registro de la Unión Europea será la Oficina Española de Cambio Climático del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Esta Oficina ejercerá sus competencias en relación con la actividad de las cuentas de haberes de las instalaciones y las entidades reguladas ubicadas en territorio español, de los operadores aéreos y de las empresas navieras cuya gestión corresponda a España, y de las cuentas de personas físicas y jurídicas que hayan sido abiertas en el área española del Registro de la Unión Europea tras petición dirigida a la misma, sin perjuicio de la competencia que ostentan las comunidades autónomas en relación con la inscripción del dato de emisiones verificadas de las instalaciones fijas.
4. El Registro de la Unión Europea tendrá por objeto la inscripción de todas las operaciones relativas a la expedición, titularidad, transmisión, transferencia, entrega, supresión, retirada, y cancelación de los derechos de emisión, de las unidades de reducción de emisiones y de las reducciones certificadas de emisiones, así como a la constitución de derechos reales u otra clase de gravámenes sobre los mismos, en la medida que así lo contemple la normativa por la que se establezca y regule el Registro de la Unión Europea. Asimismo, inscribirá la suspensión de la capacidad de transmitir las unidades citadas en los supuestos previstos en el artículo 26 bis, así como en el resto de supuestos que estén previstos por la normativa de la Unión Europea de desarrollo.
5. Las normas de organización y funcionamiento del área española del Registro de la Unión Europea se desarrollarán por real decreto, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea por la que se establece y regula el Registro de la Unión Europea.»
Diecisiete. Se modifica la redacción del artículo 26 queda redactado como sigue:
«Artículo 26. Expedición de derechos de emisión.
1. Cada año, la Oficina Española de Cambio Climático comunicará a la Comisión Europea la cantidad de derechos de emisión que deben expedirse ese año, de conformidad con los artículos 19, 38 y 39, tanto para instalaciones fijas como para el sector de la aviación.
2. Antes del 30 de junio de cada año la Oficina Española de Cambio Climático propondrá al administrador central del Registro de la Unión Europea la ejecución automática de la transferencia, desde la cuenta de asignación de la Unión Europea correspondiente a la cuenta de haberes de cada titular y operador aéreo, por la cantidad de derechos de emisión otorgados gratuitamente que le correspondan conforme a los acuerdos a los que se refieren los artículos 19.5 y 38.2.
3. No obstante, la transferencia a la que se refiere el apartado 2 no será propuesta a 30 de junio de cada año cuando concurra alguna de las circunstancias establecidas en la normativa de la Unión Europea de aplicación y en la normativa de desarrollo de esta ley.
4. Podrá no ser propuesta a 30 de junio de cada año la transferencia a que se refiere el apartado 2 en el caso de que se haya ejecutado la transferencia de la asignación de años anteriores y, con posterioridad, se tenga conocimiento de que existe una disminución de la actividad que suponga una reducción de la asignación gratuita otorgada para dicho año y hasta el momento en que el titular de la cuenta de haberes de la instalación realice la devolución del exceso de derechos de emisión transferidos.
5. Podrá no ser propuesta a 30 de junio de cada año la transferencia a que se refiere el apartado 2 cuando el plan metodológico de seguimiento no cumpla con los requisitos establecidos reglamentariamente.
6. La transferencia de derechos de emisión otorgados gratuitamente a los nuevos entrantes se producirá de conformidad con la normativa de la Unión Europea y, en su caso, con la normativa de desarrollo de esta ley, y en todo caso tras la comunicación de la comunidad autónoma a la Oficina Española de Cambio Climático de que la instalación se ha puesto en funcionamiento.»
Dieciocho. Se modifica la redacción del artículo 26 bis queda redactado como sigue:
«Artículo 26 bis. Suspensión de las operaciones de transmisión de derechos de emisión.
1. En los supuestos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 23, el titular no podrá transmitir derechos de emisión en tanto no se produzca la inscripción del dato sobre emisiones por el órgano autonómico competente.
2. En los supuestos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 36 ter, el operador aéreo no podrá transmitir derechos de emisión en tanto no se produzca la inscripción del dato sobre emisiones por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
3. En los supuestos previstos en el apartado 3 del artículo 46, la entidad naviera no podrá transmitir derechos de emisión en tanto no se produzca la inscripción del dato sobre emisiones por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
4. En los supuestos previstos en los apartados 2 y 3 del artículo 58, la entidad regulada no podrá transmitir derechos de emisión en tanto no se produzca la inscripción del dato sobre emisiones por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.»
Diecinueve. Se modifica la redacción del artículo 27 queda redactado como sigue:
«Artículo 27. Supresión y entrega de derechos de emisión.
1. La Oficina Española de Cambio Climático tomará las medidas necesarias para que los derechos de emisión se supriman en cualquier momento a petición de su titular.
2. El 30 de septiembre de cada año a más tardar, los titulares de las instalaciones, los operadores aéreos y las empresas navieras deberán entregar un número de derechos de emisión equivalente al dato de emisiones verificadas inscrito de conformidad con lo dispuesto en los artículos 23, 36 ter y 46.
3. A más tardar, el 31 de mayo de cada año, a partir de 2029, los titulares las entidades reguladas deberán entregar un número de derechos de emisión equivalente al dato de emisiones verificadas inscrito de conformidad con lo dispuesto en el artículo 58.
4. Los operadores de aeronaves no estarán obligados a entregar derechos de emisión de conformidad con el artículo 27.2 de esta Ley en relación con las emisiones de vuelos con destino u origen en países menos adelantados y pequeños Estados insulares en desarrollo, según la definición de las Naciones Unidas, distintos de los que figuran en el acto de ejecución de la Comisión Europea previsto en el artículo 25 bis apartado 3 de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003 y de aquellos Estados cuyo PIB per cápita sea igual o superior a la media de la Unión Europea.
5. La entrega determinará la transferencia de derechos desde la cuenta de haberes del titular de la instalación, la entidad regulada, del operador aéreo o de la empresa naviera y quedará reflejada en las tablas de entrega de derechos y de estado de cumplimiento.
6. No habrá obligación de entregar derechos de emisión relativos a emisiones cuya captura esté comprobada y que se hayan transportado para su almacenamiento permanente a una instalación con una autorización vigente de conformidad con la legislación en vigor sobre almacenamiento geológico de dióxido de carbono. Tampoco se entregarán derechos de emisión respecto de las emisiones de gases de efecto invernadero que se consideren, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, capturadas y utilizadas de tal manera que resulten químicamente fijadas de forma permanente a un producto, de manera que no entren en la atmósfera en condiciones normales de uso, incluida toda actividad normal que tenga lugar tras el final de la vida útil del producto.
7. Se reconocerán los derechos de emisión expedidos por una autoridad competente de otro Estado miembro a efectos del cumplimiento de las obligaciones de los titulares de las instalaciones fijas, operadores aéreos o empresas navieras.
8. Para cumplir con las obligaciones previstas en el apartado 2 los titulares de instalaciones fijas, los operadores aéreos, las empresas navieras y las entidades reguladas incluidos en el régimen de comercio de derechos de emisión no podrán entregar derechos de emisión expedidos por un Estado miembro respecto del cual existan obligaciones que se extingan para los titulares de instalaciones fijas, los operadores aéreos, las empresas navieras y las entidades reguladas, como consecuencia de la notificación de retirada de la Unión Europea de dicho Estado miembro conforme a lo previsto en el artículo 50 del Tratado de la Unión Europea.»
Veinte. Se modifica el título del artículo 29 y se modifica el punto 5.º del apartado 2 del artículo 29 como sigue:
«Artículo 29. Tipificación de las infracciones para instalaciones.»
«5.º Incumplir la obligación de entregar derechos exigida en el artículo 27.2 de esta Ley o, en el caso de las instalaciones excluidas del régimen de comercio de derechos de emisión, incumplir la medida de mitigación equivalente a la participación en el régimen de comercio de derechos de emisión definida reglamentariamente o incumplir la obligación de entrega de derechos referida en el artículo 13.1 del Real Decreto 203/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrollan aspectos relativos a la asignación gratuita de derechos de emisión para los años 2026-2030 y otros aspectos relacionados con el régimen de exclusión de instalaciones a partir de 2026.»
Veintiuno. Se añade el punto 6.º en el apartado 2 del artículo 29 bis con la siguiente redacción:
«6.º Incumplir la obligación de la compensación con unidades exigida por el artículo 41.2.»
Veintidós. Se añade el artículo 29 ter con la siguiente redacción:
«Artículo 29 ter. Tipificación de las infracciones para el transporte marítimo.
A los efectos de esta ley, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles u otras administrativas a que hubiere lugar, se considera infracción administrativa:
a) Muy grave, el incumplimiento de la obligación de entregar derechos exigida en el artículo 27.2 de esta ley.
b) Leve, el incumplimiento de cualesquiera otras obligaciones establecidas en esta ley cuando dicho incumplimiento no haya sido tipificado como infracción administrativa muy grave en la letra a) y no haya sido tipificado como infracción administrativa en el título IV del libro tercero del texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre.»
Veintitrés. Se añade el artículo 29 quater con la siguiente redacción:
«Artículo 29 quater. Tipificación de las infracciones para entidades reguladas.
1. A los efectos de esta ley, y teniendo en cuenta lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles u otras administrativas a que hubiere lugar, las infracciones administrativas se clasifican en muy graves, graves y leves.
2. Son infracciones administrativas muy graves las siguientes:
a) Ejercer la actividad sin la preceptiva autorización de emisión de gases de efecto invernadero.
b) Incumplir la obligación de informar sobre la modificación del carácter, el funcionamiento o el tamaño de la entidad regulada, establecida en el artículo 52, siempre que suponga alteraciones significativas en los datos de emisiones o requiera cambios en la metodología aplicable para cumplir las obligaciones de seguimiento previstas en el artículo 55.
c) No presentar el informe anual verificado de las emisiones exigido en el artículo 56.
d) Incumplir la obligación de informar sobre porcentaje medio de los costes relacionados con la entrega de derechos de emisión que repercutieron a los consumidores de acuerdo con el artículo 57.
e) Incumplir la obligación de entregar derechos exigida en el artículo 27.3.
f) Impedir el acceso del verificador a los emplazamientos de la entidad regulada en los supuestos en los que esté facultado por el anexo IV de esta ley y su normativa de desarrollo.
g) No aportar la información necesaria para el procedimiento de verificación.
h) Incumplir la obligación de presentar el plan de seguimiento de emisiones.
3. Son infracciones administrativas graves:
a) Ocultar o alterar intencionadamente la información exigida en los artículos 50 y 51.
b) Incumplir la obligación de informar sobre la modificación de la identidad o el domicilio de la titular establecida en el artículo 51.
c) Incumplir las condiciones de seguimiento de las emisiones establecidas en la autorización cuando de dicho incumplimiento se deriven alteraciones en los datos de emisiones.
d) Incumplir las normas reguladoras de los informes anuales verificados sobre las emisiones, siempre que implique alteración de los datos de emisiones.
4. Son infracciones administrativas leves:
a) Incumplir las condiciones de seguimiento de las emisiones establecidas en la autorización cuando de dicho incumplimiento no se deriven alteraciones en los datos de emisiones.
b) Incumplir las normas reguladoras de los informes anuales verificados sobre las emisiones, siempre que no implique alteración de los datos de emisiones.
c) Incumplir cualesquiera otras obligaciones establecidas en esta ley cuando dicho incumplimiento no haya sido tipificado como infracción administrativa muy grave o grave en los apartados precedentes.»
Veinticuatro. El artículo 30 queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 30. Sanciones.
1. Las infracciones tipificadas en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 29 darán lugar a la imposición de todas o alguna de las siguientes sanciones para instalaciones fijas:
a) En el caso de infracción muy grave:
1.º Multa desde 15.001 hasta dos millones de euros.
2.º Clausura temporal, total o parcial, de las instalaciones por un período máximo de dos años.
3.º Extinción de la autorización o suspensión de ésta por un período mínimo de un año y máximo de dos.
4.º En los supuestos previstos en el artículo 29.2.5.º, multa de 100 euros por cada tonelada emitida en exceso y la publicación, a través de los medios que la autoridad competente considere oportunos, de las sanciones impuestas una vez que éstas hayan adquirido firmeza, así como los nombres, apellidos o razón social de las personas físicas o jurídicas responsables y la índole de las infracciones.
b) En el caso de infracción grave:
1.º Multa desde 5.001 hasta 15.000 euros.
2.º Suspensión de la autorización por un período máximo de un año.
c) En caso de infracción leve: Multa de hasta 5.000 euros.
2. Las infracciones tipificadas en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 29 bis darán lugar a la imposición de todas o alguna de las siguientes sanciones para los operadores aéreos:
a) En el caso de infracción muy grave:
1.º Multa desde 15.001 hasta dos millones de euros.
2.º En los supuestos previstos en el artículo 29 bis.2.3.º, multa de 100 euros por cada tonelada emitida en exceso y la publicación, a través de los medios que la autoridad competente considere oportunos, de las sanciones impuestas una vez que éstas hayan adquirido firmeza, así como los nombres, apellidos o razón social de las personas físicas o jurídicas responsables y la índole de las infracciones.
b) En el caso de infracción grave: multa desde 5.001 hasta 15.000 euros.
c) En caso de infracción leve: multa de hasta 5.000 euros.
3. Las infracciones tipificadas en el artículo 29 ter darán lugar a la imposición de todas o alguna de las siguientes sanciones para las empresas navieras:
a) En los supuestos previstos en el artículo 29 ter.a), multa de 100 euros por cada tonelada emitida en exceso y la publicación, a través de los medios que la autoridad competente considere oportunos, de las sanciones impuestas una vez que éstas hayan adquirido firmeza, así como los nombres, apellidos o razón social de las personas físicas o jurídicas responsables y la índole de las infracciones.
b) En caso de infracción leve: multa de hasta 5.000 euros.
4. Las infracciones tipificadas en los apartados 2, 3 y 4 del artículo 29 quater darán lugar a la imposición de todas o alguna de las siguientes sanciones para entidades reguladas:
a) En el caso de infracción muy grave:
1.º Multa desde 15.001 hasta dos millones de euros.
2.º Extinción de la autorización o suspensión de ésta por un período mínimo de un año y máximo de dos.
3.º En los supuestos previstos en el artículo 29 quater.2.5.º, multa de 100 euros por cada tonelada emitida en exceso y la publicación, a través de los medios que la autoridad competente considere oportunos, de las sanciones impuestas una vez que éstas hayan adquirido firmeza, así como los nombres, apellidos o razón social de las personas físicas o jurídicas responsables y la índole de las infracciones.
b) En el caso de infracción grave:
1.º Multa desde 5.001 hasta 15.000 euros.
2.º Suspensión de la autorización por un período máximo de un año.
c) En caso de infracción leve: multa de hasta 5.000 euros.
5. El pago de la multa referida en los apartados 1.a) 4.º, 2.a) 2.º, 3.a) 2.º y 4.a) 3.º no eximirá al titular de instalación, operador aéreo, empresa naviera o entidad regulada de entregar una cantidad de derechos de emisión equivalente a la de las emisiones en exceso, en el momento de entregar los derechos de emisión correspondientes al año natural siguiente al de comisión de la infracción.
La sanción por exceso de emisiones en relación con derechos de emisión expedidos a partir del 1 de enero de 2013 aumentará de acuerdo con el Índice de Precios al Consumo Europeo.»
Veinticinco. Se añade el artículo 31 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 31 bis. Órdenes de expulsión e inmovilización de buques.
1. Cuando una empresa naviera haya incumplido las obligaciones de entrega durante dos o más períodos de notificación consecutivos y hayan fracasado otras medidas para garantizar su conformidad, la Oficina Española de Cambio Climático podrá requerir a la Administración Marítima, de acuerdo con lo dispuesto en la legislación en materia de marina mercante, que cuando un buque responsabilidad de la empresa incumplidora entre en puerto español dicte una orden de expulsión o, si el buque enarbola bandera española, de inmovilización.
La orden se dictará después de haber ofrecido a la empresa naviera la posibilidad de presentar sus alegaciones dentro del procedimiento administrativo que corresponda y se mantendrá hasta que esta cumpla con sus obligaciones de entrega, debiéndose notificar a la Comisión, a la Agencia Europea de Seguridad Marítima, a los demás Estados miembros y, en su caso, al Estado de abanderamiento de que se trate.
2. Como consecuencia de la recepción de una notificación de emisión de una orden de expulsión o inmovilización de un buque por parte de otro Estado miembro y hasta que la empresa naviera no cumpla con sus obligaciones de entrega, la Administración Marítima denegará la entrada a puerto a cualquier buque bajo la responsabilidad de la empresa naviera incumplidora, o, en el caso de que alguno de los buques enarbole bandera española, procederá a su inmovilización de acuerdo con lo indicado en el apartado anterior.
3. La Administración marítima informará al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico acerca de las órdenes de expulsión y de inmovilización de buques dictadas, así como de las recibidas de las autoridades competentes de otros Estados Miembros.
4. El presente artículo se entenderá sin perjuicio de las normas marítimas internacionales aplicables en el caso de los buques que necesiten socorro.»
Veintiséis. Se modifica el apartado 3 del artículo 32 que queda redactado como sigue:
«3. Las infracciones tipificadas en los artículos 29.3 y 29 quater.3 no darán lugar a la sanción de suspensión de la autorización prevista en los artículos 30.1.b).2.º y 30.4.b).2.º, respectivamente, cuando se haya procedido a la subsanación de la infracción por propia iniciativa.»
Veintisiete. Se modifica la redacción del artículo 35 en los siguientes términos:
«Artículo 35. Potestad sancionadora.
1. En lo que respecta a las instalaciones fijas corresponde a las comunidades autónomas el ejercicio de la potestad sancionadora, a excepción de las infracciones previstas en los artículos 29.2. 4.º, 8.º, 9.º y 10.º; 29.3.5.º y 6.º y 29.4.3.º y 4.º, en las que el ejercicio de la potestad sancionadora recaerá en la Administración General del Estado.
2. El titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente ejercerá la potestad sancionadora sobre los operadores aéreos, previo informe de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea.
3. El titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente ejercerá la potestad sancionadora sobre las empresas navieras, previo informe de la Dirección General de la Marina Mercante, respecto de las infracciones previstas en el artículo 29 ter de esta ley.
4. El titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente ejercerá la potestad sancionadora sobre las entidades reguladas.»
Veintiocho. Se modifica la redacción del artículo 36 como sigue:
«Artículo 36. Planes de seguimiento.
1. Los operadores aéreos deberán contar con un plan de seguimiento en el que se establezcan medidas para realizar el seguimiento y la notificación de sus datos de emisiones anuales.
2. Corresponderá al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, previo informe del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, aprobar, conforme a los criterios establecidos en la normativa de la Unión Europea y en los desarrollos reglamentarios de esta ley que en su caso se adopten, los planes de seguimiento sobre los datos de emisiones presentados por los operadores aéreos antes del comienzo del periodo de notificación. El informe del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible deberá ser emitido en el plazo máximo de dos meses desde la presentación del plan. La Secretaría de Estado de Medio Ambiente informará a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático de los planes de seguimiento aprobados.
3. El operador aéreo deberá revisar regularmente el plan de seguimiento aprobado y, en todo caso, antes del comienzo de cada periodo de comercio.
Cualquier modificación del plan de seguimiento deberá presentarse ante el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para su informe y posterior aprobación por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Cuando el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico considere que la modificación del plan presentado no sea significativa con arreglo a la normativa de la Unión Europea y no requiera aprobación informará de dicha circunstancia al operador aéreo. El operador aéreo mantendrá un registro de todas las modificaciones del plan de seguimiento con arreglo a la normativa de la Unión Europea.
4. Los planes de seguimiento de emisiones quedarán extinguidos en los supuestos siguientes:
a) Apertura de la fase de liquidación en concurso de acreedores si la disolución de la persona jurídica no se hubiese acordado previamente, o extinción de la personalidad jurídica.
b) Pérdida definitiva de los certificados o licencias exigibles para operar.»
Veintinueve. Se modifica la redacción del artículo 36 ter que queda redactado como sigue:
«Artículo 36 ter. Valoración del informe verificado sobre las emisiones del año precedente de los operadores aéreos.
1. Si el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible emitiese informe favorable respecto al informe sobre los datos de las emisiones verificado presentado por un operador aéreo, lo notificará al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para que este proceda a inscribir, antes del 31 de marzo, el dato sobre emisiones del año precedente en la tabla de emisiones verificadas que a tal efecto se habilite en el área española del Registro de la Unión Europea, así como para que sean consideradas las emisiones correspondientes en el cálculo aludido en el artículo 41.1 de la presente Ley.
2. Si el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible discrepara del informe verificado, notificará al operador aéreo la existencia de discrepancias, la propuesta de resolución de estas para poder considerar satisfactorio el informe y, en su caso, la estimación de emisiones. Examinadas las alegaciones del operador aéreo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible resolverá y solicitará al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que inscriba, en la tabla de emisiones verificadas habilitada a tal efecto en el registro, el dato sobre emisiones del operador aéreo. Análogamente el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible procederá, en su caso, a estimar las emisiones sujetas a las obligaciones del artículo 41.1.
3. En los supuestos en los que el operador aéreo no remitiese el informe verificado en el plazo establecido en el artículo 36 bis, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, a solicitud del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, procederá a la estimación de emisiones. Posteriormente, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico inscribirá en la tabla de emisiones verificadas habilitada a tal efecto en el área española del Registro de la Unión Europea el dato sobre emisiones del operador aéreo. Análogamente el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible procederá a la estimación de emisiones sujetas a las obligaciones del artículo 41.1.
4. La estimación del dato de emisiones en los supuestos de los apartados 2 y 3 se realizará de acuerdo con la metodología exigible.
La estimación del dato de emisiones de las actividades de aviación se realizará aplicando las disposiciones relativas a lagunas de datos previstas en la normativa de la Unión Europea en materia de seguimiento y notificación de las emisiones sobre las actividades realizadas por el operador aéreo.
5. La Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático podrá solicitar que las autoridades competentes para el ejercicio de las funciones previstas en este artículo informen en su seno del desarrollo de las mismas.»
Treinta. Se modifica el artículo 38 que queda redactado como sigue:
«Artículo 38. Asignación de derechos de emisión a los operadores aéreos.
1. Los derechos de emisión asignados gratuitamente se distribuirán a los operadores de aeronaves de manera proporcional a su porcentaje de emisiones verificadas procedentes de actividades de aviación notificadas correspondientes a 2023 aplicando el factor de reducción lineal y los porcentajes de eliminación gradual previstos en la normativa de la Unión Europea. Dicho cálculo también tendrá en cuenta las emisiones verificadas procedentes de actividades de aviación notificadas en relación con los vuelos a los que se aplique el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea únicamente a partir del 1 de enero de 2024.
2. La asignación de derechos de emisión, una vez realizado el trámite de información pública, se adoptará mediante acuerdo del Consejo de Ministros, previa consulta a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, y a propuesta de los Ministerios de Economía, Comercio y Empresa; de Transportes y Movilidad Sostenible; y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Dicho acuerdo deberá adoptarse y publicarse en el plazo de tres meses a partir de la fecha de adopción de la decisión de la Comisión Europea por la que se determine la asignación de los operadores aéreos.
3. El acuerdo de Consejo de Ministros relativo a la asignación de derechos de emisión determinará los derechos de emisión asignados a cada operador aéreo para cada año, calculados de conformidad con la normativa de la Unión Europea.
4. Las resoluciones sobre la asignación individualizada de derechos de emisión a los operadores aéreos serán accesibles al público, en los términos y con las limitaciones previstas en las normas reguladoras del derecho de acceso a la información en materia de medio ambiente.»
Treinta y uno. Se modifica el artículo 39 que queda redactado como sigue:
«Artículo 39. Reserva de derechos gratuitos para el uso de combustibles de aviación sostenibles y de otros combustibles de aviación no derivadas de combustibles fósiles.
1. De conformidad con la normativa de la Unión Europea, para el período comprendido entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2030, se reservará para los operadores de aeronaves comerciales, un máximo de 20 millones de la cantidad total de derechos de emisión para el uso de Reserva de derechos gratuitos para el uso de combustibles de aviación sostenibles y de otros combustibles de aviación no derivados de combustibles fósiles para los vuelos subsónicos para los que deban entregarse derechos de emisión de conformidad con el 27.2 de la presente ley.
En caso de que, en un aeropuerto, un combustible de aviación admisible no pueda atribuirse físicamente a un vuelo específico, los derechos de emisión reservados estarán disponibles para los combustibles de aviación admisibles abastecidos en dicho aeropuerto en proporción a las emisiones de los vuelos del operador de aeronaves desde ese aeropuerto para los que deban entregarse derechos de emisión de conformidad con el artículo 27.2 de la presente Ley.
2. La asignación de derechos de emisión cubrirá una parte o la totalidad de la diferencia de precio entre el uso de queroseno fósil y el uso de los combustibles de aviación admisibles pertinentes, teniendo en cuenta los incentivos basados en el precio del carbono y en los niveles mínimos armonizados de imposición sobre los combustibles fósiles de conformidad con la normativa de la Unión Europea.
La asignación de los derechos de emisión con arreglo al presente apartado podrá tener en cuenta la posible ayuda de otros regímenes a nivel nacional.»
Treinta y dos. Se modifica el artículo 40 que queda redactado como sigue:
«Artículo 40. Solicitud de asignación gratuita procedente de la reserva para el uso de combustibles de aviación sostenibles y de otros combustibles de aviación no derivadas de combustibles fósiles.
1. De conformidad con la normativa de la Unión Europea, los operadores de aeronaves comerciales atribuidos a España podrán solicitar, con carácter anual, ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico una asignación de derechos de emisión basada en la cantidad de cada combustible de aviación admisible a que se refiere el artículo 39 que se haya utilizado en vuelos para los que haya que entregar derechos de emisión de conformidad con el 27.2 de la presente ley, excluyendo los vuelos para los que se considere cumplido ese requisito de conformidad con el apartado primero de la disposición transitoria tercera de esta ley. La solicitud deberá ser informada favorablemente por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
2. Si, para un año determinado, la demanda de derechos de emisión para el uso de dichos combustibles es superior a la disponibilidad de derechos de emisión, la cantidad de derechos de emisión para ese año se reducirá uniformemente para todos los operadores de aeronaves interesados de conformidad con la normativa de la Unión Europea.
3. En base a la información publicada anualmente por la Comisión Europea sobre la diferencia media del coste relativa al año anterior entre el queroseno fósil y los combustibles de aviación admisibles pertinentes, la asignación será adoptada en el plazo de 12 meses, mediante Acuerdo de Consejo de Ministros, previa consulta a la Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático, y a propuesta de los Ministerios de Economía, Comercio y Empresa; de Transportes y Movilidad Sostenible; y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.»
Treinta y tres. Se añade el artículo 40 bis con la redacción siguiente:
«Artículo 40 bis. Devolución de derechos de emisión por los operadores aéreos.
1. En el caso de que se constatara que un operador aéreo ha recibido asignación gratuita de derechos de emisión para un año determinado en el que no tiene obligaciones en el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea, el operador aéreo deberá proceder a la devolución de dicha asignación gratuita.
2. El procedimiento de devolución se iniciará de oficio por la Oficina Española de Cambio Climático. La resolución del procedimiento corresponderá a la persona titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente a propuesta de la Oficina Española de Cambio Climático, previa conformidad de la Comisión Europea y previo informe del Ministerio de Transporte y Movilidad Sostenible. Transcurridos seis meses sin que se haya notificado al interesado resolución expresa, salvo por causa imputable al mismo, se producirá la caducidad del procedimiento.
3. Los operadores aéreos deberán devolver la cantidad de derechos transferida en exceso en el plazo máximo de seis meses desde la fecha de la notificación de la resolución del procedimiento de devolución. Transcurrido dicho plazo sin que se haya hecho efectiva la devolución, la Oficina Española de Cambio Climático podrá proceder, previo apercibimiento, a su ejecución de oficio.
4. En el caso de que, en el momento de proceder a la ejecución de oficio, no existiesen derechos suficientes en la cuenta de haberes del titular, se podrá proceder al apremio sobre el patrimonio de la cantidad líquida equivalente a los derechos que deban devolverse, y de los intereses de demora que en su caso pudieran derivarse, de conformidad con los artículos 99, 100 y 101 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. El valor de los derechos se corresponderá con el precio del derecho de emisión en el mercado primario en el que España haya subastado derechos, correspondiente al día en que se dicte la resolución del procedimiento de devolución o, en su defecto, con el precio correspondiente al día anterior más próximo al mismo.
5. El derecho de la Administración para proceder a la ejecución de oficio prescribirá a los cinco años desde la fecha en que se haya notificado la resolución por la que se acuerde la devolución de los derechos transferidos en exceso o que deban ser objeto de devolución.»
Treinta y cuatro. Se modifica el artículo 41 que queda redactado como sigue:
«Artículo 41. Requisitos de compensación y obligación de cancelación de unidades.
1. De conformidad con la normativa de la Unión Europea, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible calcularán cada año los requisitos de compensación correspondientes al año natural anterior en base al informe verificado de las emisiones o, en su caso, al dato de emisiones estimado conforme a lo establecido en el artículo 36 ter de esta ley. A más tardar el 30 de noviembre de cada año, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico informará de los mismos a los operadores de aeronaves que cumplan las condiciones siguientes: Que sean titulares de una licencia de explotación válida, concedida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, y que produzcan emisiones anuales de CO2 superiores a 10.000 toneladas procedentes del uso de aviones con una masa máxima certificada de despegue superior a 5 700 kg que efectúen los vuelos contemplados en el anexo I, distintos de los que tienen origen y destino en el mismo Estado miembro, incluidas las regiones ultraperiféricas del mismo Estado miembro,. A estos efectos, no se tendrán en cuenta las emisiones de CO2 de los tipos de vuelos siguientes:
a) vuelos de Estado,
b) vuelos humanitarios,
c) vuelos médicos,
d) vuelos militares,
e) vuelos de extinción de incendios,
f) vuelos anteriores o posteriores a un vuelo humanitario, médico o de extinción de incendios, siempre que se realicen con la misma aeronave y sean necesarios para llevar a cabo las correspondientes actividades humanitarias, médicas o de extinción de incendios, o para reposicionar la aeronave después de dichas actividades para su siguiente actividad.
2. De conformidad con la normativa de la Unión Europea, los operadores aéreos nacionales a los que se refiere el apartado anterior deberán proceder a la cancelación de un determinado número de unidades en relación con la cantidad notificada referida en el apartado anterior, con respecto al período de cumplimiento del Plan de Compensación y Reducción del Carbono para la Aviación Internacional de la Organización de Aviación Civil Internacional (en adelante, por sus siglas en inglés, CORSIA) pertinente. La cancelación deberá realizarse utilizando los tipos de unidades que establezca la normativa de la Unión Europea, y tendrá lugar a más tardar el 31 de enero de 2028 para las emisiones del período 2024-2026. La cancelación deberá ser acreditada ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.»
Treinta y cinco. Se añade el artículo 41 bis con la siguiente redacción:
«Artículo 41 bis. Solicitud de no divulgación de determinados datos relacionados con las obligaciones de información sobre emisiones de CO2.
En circunstancias específicas en que un operador de aeronaves opere en un número muy limitado de pares de aeródromos o en un número muy limitado de pares de Estados que estén sujetos a requisitos de compensación o en un número muy limitado de pares de Estados que no estén sujetos a requisitos de compensación, dicho operador de aeronaves podrá solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que no se divulguen los siguientes datos a escala de operador de aeronaves:
a) datos sobre las emisiones de vuelos dentro del Espacio Económico Europeo, vuelos con origen en el Espacio Económico Europeo, vuelos con destino en el Espacio Económico Europeo y vuelos entre dos terceros países, desglosados por par de Estados, y datos sobre las emisiones sujetas a la obligación de cancelar unidades de emisión admisibles en el CORSIA.
b) el importe de los requisitos de compensación calculados de conformidad con el artículo 41.
c) la cantidad y el tipo de créditos admisibles de conformidad con la normativa comunitaria, utilizados para cumplir con los requisitos de compensación de los operadores de aeronaves a los que se refiere el artículo 41.1.
d) la cantidad y el tipo de combustibles utilizados para los que el factor de emisión es cero en virtud de la normativa comunitaria, o que faculten al operador de aeronaves a recibir derechos de emisión con arreglo al artículo 40.
La solicitud del operador aéreo deberá incluir la explicación del motivo por el que considera que la divulgación daña sus intereses comerciales. Sobre la base de esta solicitud, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico podrá solicitar a la Comisión Europea que la publicación de dichos datos se efectúe a un nivel superior de agregación. La Comisión Europea tomará una decisión sobre la solicitud.»
Treinta y seis. Se añade el artículo 41 ter que queda redactado como sigue:
«Artículo 41 ter. Obligaciones de información sobre los efectos de la aviación no derivados del CO2 por parte de los operadores aéreos.
Los operadores de aeronaves informarán una vez al año sobre los efectos de la aviación no derivados del CO2 de conformidad con lo previsto en el artículo 2 del Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 601/2012 de la Comisión.»
Treinta y siete. Se añade el capítulo X con la siguiente redacción:
«CAPÍTULO X
Transporte marítimo
Artículo 42. Autoridad responsable de la gestión de una empresa naviera.
1. España es la autoridad responsable de la gestión de las empresas navieras registradas en territorio español, así como de aquellas cuya responsabilidad de gestión le corresponda de conformidad con las normas de desarrollo aprobadas por la Unión Europea, en particular, de conformidad con la lista de empresas navieras publicada por la Comisión Europea a tal efecto.
2. Cuando la responsabilidad de gestión de una empresa naviera venga determinada con arreglo a la lista publicada por la Comisión, dicha responsabilidad se conservará con independencia de los cambios posteriores en las actividades o el registro de la empresa naviera hasta que dichos cambios se reflejen en una lista actualizada.
Artículo 43. Asignación de derechos de emisión y obligaciones de entrega.
La asignación de derechos de emisión y la aplicación de las obligaciones de entrega respecto de las actividades de transporte marítimo se aplicarán con respecto a:
a) El cincuenta por ciento de las emisiones procedentes de los buques que realicen viajes con origen en un puerto de escala bajo la jurisdicción de un Estado miembro y que lleguen a un puerto de escala situado fuera de la jurisdicción de un Estado miembro.
b) El cincuenta por ciento de las emisiones procedentes de buques que realicen viajes desde un puerto de escala situado fuera de la jurisdicción de un Estado miembro y que lleguen a un puerto de escala bajo jurisdicción de un Estado miembro.
c) El cien por cien de las emisiones procedentes de buques que realicen viajes desde un puerto de escala bajo jurisdicción de un Estado miembro y que lleguen a un puerto de escala bajo jurisdicción de un Estado miembro.
d) El cien por cien de las emisiones procedentes de buques que se encuentren en un puerto de escala bajo jurisdicción de un Estado miembro.
Artículo 44. Transferencia de los costes del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea de la empresa naviera a otra entidad.
1. La empresa naviera tendrá derecho al reembolso de los costes derivados de la entrega de derechos de emisión por parte del operador comercial.
2. El operador comercial es el responsable de la compra de combustible, de la explotación del buque o de ambas.
La explotación del buque comprenderá la determinación de la carga transportada o de la ruta y la velocidad del buque.
3. El derecho de reembolso de la empresa naviera será exigible respecto al coste de los derechos entregados en cumplimiento con la obligación prevista en del artículo 27.2 y con independencia de que no estuviera reconocido en el contrato o por la ley elegida por las partes.
4. El derecho de reembolso no exime a la empresa naviera de la obligación de entregar los derechos de emisión y del cumplimiento general de las disposiciones de la presente ley.
Artículo 45. Seguimiento, verificación y notificación de las emisiones.
1. El seguimiento, la verificación y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte marítimo se realizarán de conformidad a lo establecido en la normativa de la Unión Europea, en particular en el Reglamento (UE) 2015/757, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, relativo al seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de dióxido de carbono generadas por el transporte marítimo y por el que se modifica la Directiva 2009/16/CE o las normas que lo sustituyan, y, en su caso, en la normativa de desarrollo de esta ley.
La normativa de desarrollo podrá incluir requisitos sobre el uso de sistemas automatizados y formatos de intercambio de datos para armonizar la comunicación sobre el plan de seguimiento, el informe de emisiones y los datos agregados sobre emisiones por empresa naviera y las actividades de verificación entre el titular, el verificador y las autoridades competentes.
2. Sin perjuicio de las competencias del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico respecto al régimen del comercio de derechos de emisión, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, en el ejercicio de sus funciones relativas a la prevención de la contaminación producida desde buques y en relación con las empresas navieras responsabilidad de España:
a) Aprobará los planes de seguimiento de los buques.
b) Controlará el cumplimiento de las obligaciones de seguimiento, notificación y verificación de las emisiones de gases de efecto invernadero.
c) Aplicará las medidas correctoras correspondientes, de acuerdo con lo establecido en este capítulo, en la legislación en materia de marina mercante y en la normativa de la Unión Europea de aplicación.
3. Las empresas navieras cuya responsabilidad de gestión corresponde a España deberán presentar los informes de emisiones verificados y los datos agregados sobre emisiones por empresa naviera verificados, requeridos por el segundo párrafo de artículo 11.1 y el artículo 11 bis, respectivamente, del Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, a más tardar el 28 de febrero de cada año.
4. Tanto el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible y como el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico tendrán acceso al sistema de notificaciones habilitado, en su caso, por la Comisión Europea relativo a la presentación de los planes de seguimiento, los informes de emisiones y los datos agregados sobre emisiones por empresa naviera.
Artículo 46. Inscripción en el Registro y estimación de los datos agregados sobre emisiones por empresa naviera.
1. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico inscribirá los datos agregados sobre emisiones, en la tabla de emisiones verificadas que a tal efecto se habilite en el área española del Registro de la Unión Europea.
2. Antes del 31 de marzo de cada año el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible comunicará al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, los datos agregados sobre emisiones por empresa naviera verificados a inscribir.
3. Cuando la empresa naviera no haya remitido el informe verificado sobre los datos agregados sobre emisiones en el plazo establecido en el artículo 45.3, y cuando así lo establezca la normativa de la Unión Europea de aplicación, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible procederá, previa audiencia del interesado, a la estimación del dato agregado sobre emisiones por empresa naviera y lo notificará al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para su inscripción en el registro.
4. La estimación del dato de emisiones se realizará de acuerdo con la metodología aplicable y, en su caso, las disposiciones relativas a lagunas de datos previstas en la normativa de la Unión Europea en materia de seguimiento y notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes del transporte marítimo.
Artículo 47. Acreditación de los verificadores.
Los verificadores que desarrollen las actividades de verificación del artículo 45 deberán estar acreditados de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa de la Unión Europea y, en particular, con las normas de verificación y acreditación establecidas en el Reglamento (UE) 2015/757 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2015, o las normas que lo sustituyan, y en su caso, con la normativa de desarrollo de esta ley.
Artículo 48. Asistencia de la Agencia Europea de Seguridad Marítima.
Para el cumplimiento de lo previsto en este capítulo, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible podrá solicitar la asistencia de la Agencia Europea de Seguridad Marítima, mediante la celebración, en su caso, del acuerdo que proceda.»
Treinta y ocho. Se añade el capítulo XI con la redacción siguiente:
«CAPÍTULO XI
Comercio de derechos de emisión para edificios, transporte por carretera y sectores adicionales
Sección 1.ª Autorización de emisión de gases de efecto invernadero para entidades reguladas
Artículo 49. Ámbito de aplicación.
Este capítulo será de aplicación a las emisiones, las autorizaciones de emisión de gases de efecto invernadero, la expedición y entrega de derechos de emisión, el seguimiento, la notificación y la verificación en relación con las actividades a que se refiere el anexo II bis.
Artículo 50. Entidades reguladas sometidas a autorización de emisión.
1. Toda entidad regulada que desarrolle alguna de las actividades y que genere las emisiones especificadas en el anexo II bis deberá contar con autorización de emisión de gases de efecto invernadero expedida en su favor, que deberá ser solicitada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 51. Sin esta autorización, ninguna entidad regulada llevará a cabo la actividad a que se refiere el anexo II bis.
2. La autorización de emisión de gases de efecto invernadero será otorgada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y tendrá el contenido siguiente:
a) Nombre, domicilio de la entidad regulada y domicilio a efectos de notificaciones.
b) Una descripción de los medios por los que la entidad regulada despacha a consumo los combustibles en los sectores afectados por este capítulo y una lista de los combustibles que la entidad regulada distribuye para consumo en los referidos sectores.
c) Un plan de seguimiento de las emisiones que cumpla los requisitos con arreglo a la normativa de la Unión Europea aplicable y a la normativa de desarrollo que se adopte.
d) Las obligaciones de suministro de información, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea aplicable y, en su caso, con la normativa de desarrollo.
e) Las obligaciones sobre el uso de sistemas automatizados y formatos de intercambio de datos para armonizar la comunicación sobre el plan de seguimiento, el informe anual sobre las emisiones y las actividades de verificación entre la entidad regulada, el verificador y las autoridades competentes.
f) La obligación de entregar, a más tardar el 31 de mayo de cada año, a partir de 2029, derechos de emisión en cantidad equivalente a las emisiones totales notificadas por entidad regulada durante el año anterior, debidamente verificadas.
g) Fecha prevista de entrada en funcionamiento.
h) La obligación de abrir una cuenta de haberes de entidad regulada en el área española del Registro de la Unión Europea.
3. La autorización de emisión de gases de efecto invernadero se otorgará siempre que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico considere acreditado que la entidad regulada es capaz de garantizar el seguimiento y notificación de las emisiones con arreglo a lo dispuesto en los párrafos iii), iv) y v) del apartado 2 de este artículo.
Artículo 51. Solicitud de autorización de emisión de entidades reguladas.
1. La entidad regulada deberá dirigir la solicitud de autorización al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La solicitud de autorización deberá contener, como mínimo, una descripción de lo siguiente:
a) Identificación y domicilio de la entidad regulada.
b) Descripción de la entidad regulada para la que se solicita autorización, así como de sus actividades.
c) Los tipos de combustibles que despacha para consumo y que se usan para combustión en los sectores del anexo II bis, así como los medios por los que se despachan estos combustibles.
d) El uso final o usos finales de los combustibles despachados para consumo en actividades especificadas en el anexo II bis.
e) Una propuesta de plan de seguimiento de emisiones conforme a lo previsto en el artículo 54 de esta ley que cumpla los requisitos exigidos por la normativa de la Unión Europea y nacional vigentes en cada momento.
f) Un resumen no técnico de la información referida en los apartados a) a f) anteriores.
2. Las entidades reguladas deberán presentar su solicitud de autorización al menos cuatro meses antes de comenzar a operar.
3. Transcurrido el plazo de tres meses sin haberse notificado resolución expresa, el interesado podrá entender desestimada su solicitud por silencio administrativo. No obstante, la entidad regulada podrá seguir funcionando de manera provisional, siempre que haya establecido un sistema de seguimiento de emisiones conforme a lo dispuesto en esta Ley hasta tanto el órgano competente haya resuelto de forma expresa.
Artículo 52. Cambios en la entidad regulada.
Toda entidad regulada deberá informar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de cualquier cambio en el carácter de su actividad o en los combustibles que despache a consumo, así como de todo cambio que pudiera requerir la modificación de la autorización de emisión. En su caso, a la vista de la información remitida, el órgano competente modificará de oficio, si fuese necesario, la autorización de emisión de gases de efecto invernadero en el plazo máximo de tres meses. En los casos en que cambie la identidad de la entidad regulada, la autoridad competente actualizará la autorización introduciendo el nombre y la dirección de la nueva entidad regulada.
Artículo 53. Extinción de la autorización.
Las autorizaciones de emisión de gases de efecto invernadero otorgadas a entidades reguladas quedarán extinguidas en los supuestos de:
a) Cierre de la entidad regulada o cese de su actividad.
b) Falta de puesta en operación de la entidad regulada transcurridos tres meses desde la fecha de inicio de actividad prevista en la autorización, salvo causa justificada declarada por el órgano competente para otorgar la autorización.
c) En los supuestos de sanción, conforme a lo previsto en el artículo 30.4.a).2.º
d) Suspensión de la actividad de la entidad regulada durante un plazo superior a un año. Excepcionalmente, el órgano competente podrá demorar la extinción de la autorización hasta que transcurra un plazo máximo de dieciocho meses de suspensión de la actividad, de acuerdo con lo previsto en la normativa reglamentaria de desarrollo de esta ley y en el Derecho de la Unión Europea.
Sección 2.ª Seguimiento de emisiones y notificación
Artículo 54. Planes de seguimiento.
1. Las entidades reguladas deberán contar con un plan de seguimiento en el que se establezcan medidas para realizar el seguimiento y la notificación de sus datos de emisiones anuales, y de cualquier otra información requerida de acuerdo con la normativa de la Unión Europea, en particular, con el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2066 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, sobre el seguimiento y la notificación de las emisiones de gases de efecto invernadero en aplicación de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 601/2012 de la Comisión.
2. Las entidades reguladas deben presentar, junto con su solicitud de Autorización de Emisión de GEI, un plan de seguimiento elaborado de acuerdo con la normativa de la Unión Europea.
3. Corresponde al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico aprobar los planes de seguimiento presentados por las entidades reguladas, conforme a los criterios establecidos en la normativa de la Unión Europea y en los desarrollos reglamentarios de esta ley que en su caso se adopten.
4. Las entidades reguladas deberán mantener los planes de seguimiento de las emisiones actualizados de acuerdo con la normativa de la Unión Europea y deberán notificar sin demora injustificada al órgano competente cualquier modificación del plan de seguimiento para su aprobación. El órgano competente podrá permitir que las entidades reguladas actualicen los planes de seguimiento de emisiones sin modificación de la autorización.
5. Sin perjuicio de lo anterior, en caso de que dicha modificación no sea considerada significativa con arreglo a la normativa de la Unión Europea, la entidad regulada podrá presentar la modificación del plan de seguimiento a más tardar el 31 de diciembre del mismo año en que tenga lugar.
6. El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico podrá autorizar medidas simplificadas de seguimiento, notificación y verificación para las entidades reguladas cuyas emisiones anuales correspondientes a las cantidades de combustibles despachadas a consumo sean inferiores a 1.000 toneladas equivalentes de CO2, de conformidad con la normativa de la Unión Europea.
Artículo 55. Seguimiento de las emisiones de las entidades reguladas.
Las entidades reguladas deberán hacer el seguimiento de sus emisiones correspondientes a las cantidades de combustible distribuidas para consumo, de acuerdo con el anexo II bis. El seguimiento de las emisiones se realizará con base en el plan de seguimiento de emisiones incluido en la autorización de emisión de gases de efecto invernadero aprobado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, de conformidad con la normativa de la Unión Europea.
Artículo 56. Notificación de emisiones de entidades reguladas y otra información relevante.
1. Cada entidad regulada presentará ante el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, antes del 30 de abril de cada año, el informe anual correspondiente a sus emisiones anuales que se ajustará a la normativa de la Unión Europea y a lo exigido en la autorización, según lo dispuesto en el artículo 54 y en la parte C del anexo III.
2. Las entidades reguladas que obtengan autorización de emisión de gases de efecto invernadero deberán notificar sin demora injustificada una estimación de sus emisiones anuales históricas del año 2024 y posteriores, siempre que hayan estado en funcionamiento durante esos años.
3. El contenido mínimo del informe referido en el apartado 1 se ajustará a lo establecido en la normativa de la Unión Europea y en la que se dicte en desarrollo de esta ley. En todo caso, las entidades reguladas deberán poder identificar y documentar de forma fiable y precisa las cantidades exactas de combustible despachado a consumo, por tipo de combustible, que se utilizan para la combustión en los sectores a que se refiere el anexo II bis, y el uso final de los combustibles despachados a consumo por las entidades reguladas. De acuerdo con la normativa de la Unión Europea y, en su caso, las disposiciones de desarrollo de esta Ley, se aplicarán medidas para limitar el riesgo de doble cómputo de las emisiones contempladas en el presente capítulo y de las emisiones de instalaciones fijas, aviación y transporte marítimo, así como el riesgo de entrega de derechos de emisión por las emisiones no contempladas en el anexo II bis.
El informe deberá ser verificado de conformidad con lo dispuesto en el anexo IV y la normativa de la Unión Europea sobre verificación y acreditación, y, en su caso, con la normativa de desarrollo de esta ley.
La normativa de desarrollo en materia de seguimiento y notificación podrá incluir requisitos sobre el uso de sistemas automatizados y formatos de intercambio de datos para armonizar la comunicación para las entidades reguladas.
4. La información cubierta por el secreto profesional no podrá divulgarse a ninguna otra persona o autoridad excepto en virtud de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas aplicables.
Artículo 57. Información de costes relacionados con la entrega de derechos.
Las entidades reguladas deberán presentar, el 30 de abril de cada año entre 2028 y 2030, el porcentaje medio de los costes relacionados con la entrega de derechos de emisión con arreglo al presente capítulo que repercutieron a los consumidores el año anterior, de conformidad con la normativa de la Unión Europea.
Artículo 58. Valoración del informe verificado sobre las emisiones del año precedente.
1. Si el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico da su conformidad al informe verificado sobre las emisiones del año precedente descrito en el artículo 56, procederá a inscribir antes del 30 de abril del año en curso, a partir de 2028, el dato sobre emisiones del año precedente en la tabla de emisiones verificadas que a tal efecto se habilite en el área española del Registro de la Unión Europea.
2. Si el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico discrepara del informe verificado, notificará a la entidad regulada la existencia de discrepancias, la propuesta de resolución de estas para poder considerar satisfactorio el informe y, en su caso, la estimación de emisiones. Examinadas las alegaciones de la entidad regulada, el órgano competente resolverá e inscribirá en la tabla de emisiones verificadas habilitada a tal efecto en el área española del Registro de la Unión Europea el dato sobre emisiones de la entidad regulada.
3. En los supuestos en los que la entidad regulada no remitiese el informe verificado en el plazo establecido en el artículo 56, el órgano competente procederá a la estimación de emisiones e inscribirá en la tabla de emisiones verificadas habilitada a tal efecto en el área española del Registro de la Unión Europea el dato sobre emisiones de la entidad regulada. Se sustanciará el trámite de audiencia previa la entidad regulada conforme a lo previsto en el artículo 82 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. La estimación del dato de emisiones en los supuestos de los apartados 2 y 3 de este artículo se realizará de acuerdo con la metodología exigible.
5. La Comisión de Coordinación de Políticas de Cambio Climático podrá solicitar al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que le informe del desarrollo de las funciones previstas en este artículo.
Artículo 58 bis. Medidas de prevención del fraude.
El Gobierno, a propuesta del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, podrá establecer, para su aplicación a partir de 2028, un mecanismo de prevención del fraude que incluya una notificación provisional trimestral o mensual de las emisiones, que podrán ser objeto de regularización al cierre del ejercicio anual. Este mecanismo podrá también incluir la entrega a cuenta de una parte de los derechos de emisión correspondientes a las emisiones notificadas trimestral o mensualmente.
Sección 3.ª Verificación de datos y acreditación de los verificadores
Artículo 59. Verificación de datos.
El informe anual sobre los datos de emisiones deberá ser verificado de conformidad con la normativa de la Unión Europea que desarrolla los artículos 14 y 15 de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003.
Artículo 60. Acreditación de los verificadores.
Los verificadores que desarrollen las actividades de verificación del artículo 56 deberán estar acreditados de conformidad con los requisitos establecidos en la normativa de la Unión Europea, en particular, en el Reglamento de Ejecución (UE) 2018/2067 de la Comisión, de 19 de diciembre de 2018, relativo a la verificación de los datos y a la acreditación de los verificadores de conformidad con la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo.
Sección 4.ª Hospitales
Artículo 61. Hospitales.
El Gobierno, mediante real decreto, podrá establecer compensaciones financieras para los hospitales que no dispongan de autorización de emisión según el artículo 4, apartado 1, de esta Ley o no estén excluidos por la disposición adicional cuarta, por los costes que se les traspasen como consecuencia de la entrega de derechos de las entidades reguladas. Para ello, les aplicarán las cláusulas para evitar doble cómputo previstas en la normativa de la Unión Europea.»
Treinta y nueve. Se añade el capítulo XII con la siguiente redacción:
«CAPÍTULO XII
Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (MAFC)
Sección 1.ª Autoridad competente nacional
Artículo 62. Autoridad competente nacional.
1. Se designa al Ministerio para la Transición Ecológica y del Reto Demográfico como autoridad competente para cumplir las funciones y obligaciones atribuidas a la autoridad competente del Estado Miembro según el Reglamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (en adelante, MAFC).
2. Las autoridades aduaneras y el Ministerio para la Transición Ecológica y del Reto Demográfico colaborarán en la aplicación del Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono en España, junto con la Comisión Europea. Las autoridades aduaneras serán responsables de la gestión de los sistemas electrónicos asociados al Registro transicional del MAFC en España de conformidad con la normativa de la Unión Europea.
3. Reglamentariamente se podrán desarrollar los procedimientos y competencias necesarias para la implementación del Mecanismo de Ajuste en Frontera en España de conformidad con la normativa de la Unión Europea.
Sección 2.ª Régimen sancionador
Artículo 63. Potestad sancionadora.
1. Corresponderá a la Administración General del Estado el ejercicio de la potestad sancionadora respecto a los casos de incumplimiento de las obligaciones del MAFC previstas en la normativa de la Unión Europea, en particular, en el Reglamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 y su normativa de desarrollo.
2. El titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente ejercerá la potestad sancionadora en las situaciones a las que se refiere el Reglamento (UE) 2023/956 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 y su normativa de desarrollo. La Oficina Española de Cambio Climático iniciará e instruirá el procedimiento administrativo sancionador. Dicho procedimiento se regirá por lo dispuesto en el artículo 35 bis.
Artículo 64. Tipificación de las infracciones.
A los efectos de esta ley, y de conformidad con lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea, sin perjuicio de las responsabilidades penales, civiles o de otro orden en que pudiera incurrirse, tendrán la consideración de infracciones administrativas muy graves las conductas tipificadas en el artículo 26 del Reglamento (UE) 2023/956, del Parlamento europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono, las cuales prescribirán a los cinco años.
Artículo 65. Calificación de las sanciones.
La comisión de las infracciones muy graves a que se refiere el artículo 69 darán lugar a la imposición de las sanciones previstas en el artículo 26 del Reglamento (UE) 2023/956, del Parlamento europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, por el que se establece un Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono.»
Cuarenta. Se modifica la disposición adicional primera que queda redactada en los siguientes términos.
«Disposición adicional primera. Coordinación a efectos de la autorización de emisión de gases de efecto invernadero y la autorización ambiental integrada.
En el caso de las instalaciones del ámbito de aplicación de esta ley que lleven a cabo actividades contempladas en el anexo I de la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de noviembre de 2010, sobre las emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación) las autoridades competentes adoptarán las medidas necesarias para que las condiciones y el procedimiento de expedición de la Autorización de Emisión de Gases de Efecto Invernadero se coordinen con los correspondientes de la expedición de la Autorización Ambiental Integrada.
El contenido de la autorización de emisión de gases de efecto invernadero podrá incorporarse a la autorización ambiental integrada.»
Cuarenta y uno. Se modifica la disposición adicional segunda que queda redactada en los siguientes términos:
«Disposición adicional segunda. Autoridad Nacional Designada para los enfoques de cooperación voluntaria establecidos en el artículo 6 del Acuerdo de Paris.
1. Se crea una comisión que ejercerá como Autoridad Nacional Designada para los enfoques de cooperación voluntaria establecidos en el artículo 6 del Acuerdo de Paris.
2. El Gobierno, mediante real decreto, determinará la composición y funciones de la autoridad nacional designada, con objeto de alinearlo a las disposiciones que puedan derivarse de los acuerdos internacionales, en particular, de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y su Acuerdo de París.»
Cuarenta y dos. Se elimina la disposición adicional tercera.
Cuarenta y tres. Se modifica el apartado 7 de la disposición adicional cuarta que queda redactado en los siguientes términos:
«7. En el año intermedio de cada periodo de asignación, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico realizará un informe sobre la aplicación hasta la fecha del régimen de exclusión de las instalaciones de bajas emisiones. A la vista de los resultados de este informe, el Gobierno, reglamentariamente, podrá extender la aplicación del régimen de exclusión durante el periodo de asignación siguiente, y establecer su alcance y reglas de aplicación para dicho periodo.»
Cuarenta y cuatro. Se modifica el apartado 1 de la disposición adicional sexta, con la siguiente redacción:
«1. El Gobierno, a propuesta conjunta de las personas titulares de los Ministerios de Industria y Turismo; Economía, Comercio y Empresa; y para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, establecerá la creación de un mecanismo de compensación de los costes indirectos significativos imputables a las emisiones de gases de efecto invernadero repercutidas en los precios de la electricidad del que podrán beneficiarse las instalaciones pertenecientes a sectores y subsectores expuestos a un riesgo real de fugas de carbono. El mecanismo de compensación de costes no debe compensar los costes indirectos incluidos en la asignación gratuita, de conformidad con los parámetros de referencia establecidos de acuerdo con la normativa de la Unión Europea.»
Cuarenta y cinco. Se añade una nueva disposición adicional octava con la siguiente redacción:
«Disposición adicional octava. Seguimiento de emisiones de incineradoras de residuos municipales.
Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 30, apartado 7, de la Directiva 2003/87/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, las instalaciones de incineración de residuos urbanos con una potencia térmica nominal total superior a 20 MW deberán cumplir con las obligaciones sobre el seguimiento, notificación y verificación de las emisiones con base en el plan de seguimiento de emisiones aprobado por el órgano autonómico competente, y de conformidad con la normativa de la Unión Europea y el capítulo IV de esta ley.
Estas instalaciones quedarán sometidas al régimen de infracciones y sanciones previsto en el capítulo VIII, en cuanto afecte al cumplimiento de las obligaciones de información, seguimiento y notificación de la información sobre emisiones, funcionamiento y modificaciones en la instalación.»
Cuarenta y seis. Se añade la disposición adicional novena con la siguiente redacción:
«Disposición adicional novena. Extensión a otros sectores.
El Gobierno podrá, a partir de 2027, ampliar la actividad a que se refiere el anexo II bis a sectores que no estén enumerados en dicho anexo y aplicar el régimen de comercio de derechos de emisión de conformidad con lo dispuesto en el capítulo XI de esta Ley a dichos sectores.
Para ello, se tendrán en cuenta todos los criterios pertinentes, en particular la incidencia en el mercado interior de la ampliación, los posibles falseamientos de la competencia, la integridad medioambiental del régimen de comercio de derechos de emisión y la fiabilidad del sistema previsto de seguimiento y notificación.
La ampliación se llevaría a cabo con arreglo a lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea y la normativa de desarrollo de esta ley, y siempre que la Comisión apruebe la ampliación de la actividad.»
Cuarenta y siete. Se añade la disposición adicional décima con la siguiente redacción:
«Disposición adicional décima. Reducción de potencia térmica nominal total por cambio de titularidad de dispositivos de combustión.
Cuando una instalación que está incluida en el ámbito de aplicación del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea debido al funcionamiento de unidades de combustión con una potencia térmica nominal total superior a 20 MW, modifique la titularidad de sus dispositivos de combustión y deje de alcanzar dicho umbral, sin reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en conjunto, el órgano autonómico competente de acuerdo con la localización de la instalación la mantendrá con todos los dispositivos originales en el ámbito de aplicación de esta ley hasta el final del período de asignación en marcha y hasta el final del siguiente periodo. El titular de la instalación original deberá cumplir con todas las obligaciones de seguimiento, notificación y entrega de derechos de emisión en el ámbito de aplicación de esta ley hasta el final del período de cinco años en curso, así como también del siguiente período.»
Cuarenta y ocho. Se añade la disposición adicional decimoprimera con la siguiente redacción:
«Disposición adicional decimoprimera. Medidas en materia de recursos humanos para la aplicación de la Ley.
Se adoptarán las medidas precisas en materia de personal para garantizar el cumplimiento eficaz de esta Ley por los Ministerios para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico y Transportes y Movilidad Sostenible.»
Cuarenta y nueve. Se añade la disposición adicional decimosegunda con la siguiente redacción:
«Disposición adicional decimosegunda. Inclusión como cargo del sistema gasista del gasto de adquisición de los derechos de emisión de gases de efecto invernadero del nuevo régimen de comercio por parte de las plantas de regasificación.
Se define como coste no asociado al uso de las instalaciones a los efectos de lo previsto en el artículo 59.4 de la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, el coste incurrido por los titulares de instalaciones del sistema gasista correspondiente a la adquisición de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión asociados al gas natural o gas natural licuado suministrado a terceros.
El coste de adquisición de los referidos derechos correspondientes a un año de gas se acreditará anualmente mediante el envío de la correspondiente auditoría, antes del 1 de julio del siguiente año, a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
Reglamentariamente se desarrollarán los procedimientos necesarios para la aplicación de esta disposición, entre otros, los relativos a la acreditación del coste incurrido, a la aplicación de los cargos y, en su caso, los incentivos para una adquisición eficiente de estos derechos de emisión».
Cincuenta. Se suprimen las disposiciones transitorias primera y segunda.
Cincuenta y uno. Se modifica la disposición transitoria tercera que pasa a ser la disposición transitoria primera y que queda redactada como sigue.
«Disposición transitoria primera. Régimen transitorio para la aviación.
1. Durante cada año natural comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2026, no serán aplicables las obligaciones de seguimiento y notificación de emisiones así como de entrega de derechos de emisión establecidas en los artículos 36, 36 bis y 27.2 con respecto a los vuelos con destino u origen en aeródromos situados en Estados no pertenecientes al Espacio Económico Europeo, a excepción de los vuelos con destino en aeródromos situados en el Reino Unido o Suiza, sin perjuicio de la revisión a que se refiere el artículo 28 ter de la Directiva 2003/87/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003.
2. Durante cada año natural comprendido entre el 1 de enero de 2021 y el 31 de diciembre de 2023, no serán aplicables las obligaciones de notificación de emisiones y de entrega de derechos de emisión establecidas en los artículos 36 bis y 27.2 para los vuelos entre un aeródromo situado en una región ultraperiférica en el sentido del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y un aeródromo situado en otra región del Espacio Económico Europeo, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 de esta disposición y de la revisión a que se refiere el artículo 28 ter de la Directiva 2003/87/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003.
3. Lo dispuesto en los apartados 1 y 2 anteriores, podrá ser aplicable a los países con los que se haya alcanzado un acuerdo en virtud de los artículos 25 o 25 bis de la Directiva 2003/87/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, solo de conformidad con los términos de dicho acuerdo.
4. Durante cada año natural, en lo que respecta a las emisiones liberadas entre el 1 de enero de 2024 y el 31 de diciembre de 2030 no serán aplicables las obligaciones de entrega de derechos de emisión establecidas en los artículos 36 bis y 27.2 a los vuelos entre un aeródromo situado en una región ultraperiférica de un Estado miembro y un aeródromo situado en el mismo Estado miembro, incluido otro aeródromo situado en la misma región ultraperiférica o en otra región ultraperiférica del mismo Estado miembro.
5. En relación con lo dispuesto en el artículo 36 bis.3, cuando un operador aéreo tenga unas emisiones anuales totales inferiores a 25 000 toneladas de CO2 o tenga emisiones anuales inferiores a 3.000 toneladas en el ámbito de aplicación descrito en los apartados 1 y 3 de esta disposición, sus emisiones notificadas se considerarán verificadas si han sido determinadas mediante el instrumento para pequeños emisores aprobado por normativa de la Unión Europea alimentado por Eurocontrol con datos de su instrumento de apoyo al Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea.
6. Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2026, los operadores aéreos recibirán cada año un número de derechos de emisión gratuitos que se reducirá en proporción a la reducción de las obligaciones del Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea en el ámbito de aplicación descrito en los apartados 1 y 2 de esta disposición.
7. A partir del 1 de enero de 2021, el número de derechos de emisión asignado gratuitamente a los operadores aéreos estará supeditado a la aplicación del mismo factor de reducción lineal aplicable a la asignación de las instalaciones fijas. No habrá asignación gratuita a partir del año 2026.
8. Entre el 1 de enero de 2013 y el 31 de diciembre de 2026 se subastará la cantidad de derechos de emisión para el sector de la aviación que determine la normativa de la Unión Europea.
9. Los operadores aéreos no estarán obligados a entregar derechos de emisión de conformidad con el artículo 27.2 en relación con las emisiones liberadas hasta el 31 de diciembre de 2026 en vuelos:
a) con destino u origen en los Estados que figuren en el acto de ejecución de la Comisión Europea previsto en el artículo 25 bis apartado 3 de la Directiva 2003/87/ CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003.
b) entre el Espacio Económico Europeo y Estados que no figuren en dicho acto de ejecución, distintos de los vuelos a Suiza y al Reino Unido.
10. A efectos del cumplimiento de la obligación de entrega de derechos descrita en el artículo 27.2, los operadores aéreos deberán entregar un número de derechos de emisión equivalente al dato de emisiones verificadas incluidas en el ámbito de aplicación y de acuerdo con los apartados anteriores de este artículo.»
Cincuenta y dos. Se añade la disposición transitoria segunda que queda redactada como sigue:
«Disposición transitoria segunda. Régimen transitorio para el transporte marítimo hasta 2030.
1. Las obligaciones de entrega de derechos se incrementarán de forma gradual. Las empresas navieras estarán obligadas a entregar derechos de emisión con arreglo al siguiente calendario:
a) El 70 % de las emisiones verificadas notificadas para 2025 que estarían sujetas a requisitos de entrega de conformidad con el artículo 27;
b) El 100 % de las emisiones verificadas notificadas para 2026 y los años sucesivos de conformidad con el artículo 27.
2. Lo dispuesto en el párrafo anterior se aplicará, sin perjuicio de la validez de las entregas de derechos realizadas con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 41/2026, de 20 de noviembre, por el que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, con respecto a las emisiones verificadas notificadas para el año 2024 y anotadas en las cuentas de haberes de operador marítimo [para proceder a la entrega] de conformidad con el artículo 56 del Reglamento Delegado (UE) 2019/1122 de la Comisión, de 12 de marzo de 2019, que completa la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al funcionamiento del Registro de la Unión. Las empresas navieras podrán entregar un 5 % menos de derechos de emisión en comparación con las emisiones verificadas liberadas hasta el 31 de diciembre de 2030 por los buques de clase de hielo, siempre que estos buques tengan la clase de hielo IA o IA Super o una clase de hielo equivalente, establecida sobre la base de la Recomendación 25/7 de HELCOM.
3. Se considerarán cumplidos los requisitos establecidos en esta ley y en la Directiva 2003/87/CE y no se tomarán medidas contra las empresas navieras en relación con las emisiones liberadas hasta el 31 de diciembre de 2030 por los viajes efectuados por buques de pasaje distintos de los cruceros y por buques de pasaje de transbordo rodado entre un puerto de una isla bajo la jurisdicción del Estado miembro solicitante, que no tenga ningún enlace por carretera o ferrocarril con el continente y con una población de menos de 200 000 residentes permanentes, según los mejores datos más recientes disponibles en 2022, y un puerto bajo la jurisdicción de ese mismo Estado miembro y las actividades portuarias de dichos buques en relación con tales viajes cuando así lo determine la Comisión Europea mediante acto de ejecución correspondiente.
4. Se considerarán cumplidos los requisitos establecidos en esta ley y en la Directiva 2003/87/CE y no se tomarán medidas contra las empresas navieras en relación con las emisiones liberadas hasta el 31 de diciembre de 2030 por los viajes efectuados por buques de pasaje o buques de pasaje de transbordo rodado en el marco de un contrato o una obligación de servicio público transnacional, indicado en la solicitud conjunta, que conecten los dos Estados miembros y las actividades portuarias de dichos buques en relación con tales viajes cuando así lo determine la Comisión Europea mediante acto de ejecución correspondiente.
5. La obligación de entregar derechos de emisión no se derivará respecto de las emisiones liberadas hasta el 31 de diciembre de 2030 por los viajes entre un puerto situado en una región ultraperiférica de un Estado miembro y un puerto situado en el mismo Estado miembro. Están aquí incluidos los viajes entre los puertos situados en una misma región ultraperiférica, así como los viajes entre los puertos de distintas regiones ultraperiféricas del mismo Estado miembro. Esta excepción es igualmente aplicable a las actividades portuarias de dichos buques en relación con tales viajes.»
Cincuenta y tres. Se añade la disposición transitoria tercera que queda redactada como sigue:
«Disposición transitoria tercera. Asignación gratuita a generadores eléctricos en el periodo 2021-2025.
A partir de 2021 no se asignarán derechos de emisión de forma gratuita a los generadores de electricidad. Se asignarán derechos de emisión de forma gratuita a la calefacción urbana y a la cogeneración de alta eficiencia, tal y como se define en la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, respecto de la producción de calor o refrigeración con objeto de satisfacer una demanda justificada desde el punto de vista económico. En cada anualidad, la asignación total a este tipo de instalaciones para la producción de calor se adaptará de acuerdo con las normas de la Unión Europea.»
Cincuenta y cuatro. Se añade la disposición transitoria cuarta que queda redactada como sigue:
«Disposición transitoria cuarta. Autorización de emisión de gases de efecto invernadero para las entidades reguladas en funcionamiento antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 41/2026, de 20 de noviembre, por el que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 51, las entidades reguladas que cuenten con autorización de emisión de gases de efecto invernadero o la hayan solicitado con anterioridad a la entrada en vigor del Real Decreto-ley 41/2026, de 20 de noviembre, por el que se modifica la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, no deberán presentar una nueva solicitud.
2. Las entidades reguladas que estuviesen funcionando antes de la entrada en vigor del Real Decreto-ley 41/2026, de 20 de noviembre, y no dispongan de autorización de emisión de gases de efecto invernadero deberán solicitarla de conformidad con el artículo 51 sin demora injustificada y, a más tardar, en el plazo de un mes tras su entrada en vigor.»
Cincuenta y cinco. Se añade la disposición transitoria quinta que queda redactada como sigue:
«Disposición transitoria quinta. Funciones de la Autoridad Nacional Designada para los enfoques de cooperación voluntaria establecidos en el artículo 6 del Acuerdo de Paris.
La Autoridad Nacional Designada para los enfoques de cooperación voluntaria establecidos en el artículo 6 del Acuerdo de Paris realizará las funciones que resulten necesarias en relación con los mecanismos basados en proyectos del Protocolo de Kioto, respecto a proyectos en ejecución que ésta hubiera aprobado hasta que el Gobierno, mediante real decreto, desarrolle las funciones que deba asumir.»
Cincuenta y seis. Se añade la disposición transitoria sexta que queda redactada como sigue:
«Disposición transitoria sexta. Autorizaciones de emisión de gases de efecto invernadero otorgadas a las instalaciones con efectos desde el 1 de enero de 2024 por realizar actividades incluidas en anexo I.
No necesitarán solicitar autorización de emisión de gases de efecto invernadero los titulares de instalaciones que cuenten con una autorización otorgada a partir del 1 de enero de 2024 por realizar las actividades incluidas en el RCDE UE a partir de esta fecha mencionadas en los puntos 5, 15 y 24 del anexo I.
Del mismo modo, tampoco será necesario en el caso de los titulares de las instalaciones que cuenten con resolución de exclusión del RCDE UE otorgada por el órgano autonómico competente a partir del 1 de enero de 2024.»
Cincuenta y siete. Se modifica la disposición final segunda que queda redactada como sigue:
«Disposición final segunda. Incorporación del Derecho de la Unión Europea.
Esta ley incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Comunidad, modificada por las Directivas 2008/101/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE con el fin de incluir las actividades de aviación en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, la Directiva 2009/29/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para perfeccionar y ampliar el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero, y parcialmente la Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de marzo de 2018, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas, así como la Decisión (UE) 2015/1814. Ha sido modificada, asimismo, por la Directiva (UE) 2023/958 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE en lo que respecta a la contribución de la aviación al objetivo de la Unión Europea de reducir las emisiones en el conjunto de la economía y a la adecuada aplicación de una medida de mercado mundial, y por la Directiva (UE) 2023/959 del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 que modifica la Directiva 2003/87/CE por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión Europea y la Decisión (UE) 2015/1814, relativa al establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado en el marco del régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión.»
Cincuenta y ocho. Se modifica el apartado 2 de la disposición final tercera que queda redactado como sigue:
«2. El Gobierno podrá modificar los anexos de esta ley para adecuarla a los cambios que introduzca la normativa de la Unión Europea en materia de comercio de derechos de emisión.»
Cincuenta y nueve. El anexo I relativo a «Categorías de actividades y gases incluidos en el ámbito de aplicación» se modifica en los siguientes términos:
«1. No están incluidas en el ámbito de la presente ley las instalaciones o partes de instalaciones utilizadas para la investigación, desarrollo y experimentación de nuevos productos y procesos. No están incluidas en el ámbito de la presente Ley las instalaciones cuyas emisiones procedentes de la combustión de biomasa, teniendo en cuenta los criterios establecidos en la normativa de la Unión con respecto a los criterios de sostenibilidad y reducción de emisiones de la biomasa, contribuyan de media a más del 95 % de la media del total de las emisiones de gases de efecto invernadero durante el período de cinco años naturales anteriores a la presentación a la Comisión Europea del listado al que se refiere el artículo 11, apartado 1, de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de octubre de 2003.
2. Los valores umbral que figuran más adelante se refieren en general a la capacidad de producción o al rendimiento. Si varias actividades encuadradas en la misma categoría se realizan en la misma instalación, se sumarán las capacidades de dichas actividades para determinar si la instalación está incluida en el ámbito de aplicación o no.
3. Cuando se calcule la potencia térmica nominal total de una instalación para decidir sobre su inclusión en el ámbito de aplicación de esta Ley, se sumarán las potencias térmicas nominales de todas las unidades técnicas que formen parte de la misma en las que se utilicen combustibles dentro de la instalación. Estas unidades pueden incluir todo tipo de calderas, quemadores, turbinas, calentadores, hornos, incineradores, calcinadores, cocedores, estufas, secadoras, motores, pilas de combustible, unidades de combustión con transportadores de oxígeno (chemical looping), antorchas y unidades de postcombustión térmicas o catalíticas. A estos efectos, se considerarán todas las unidades técnicas que se ubiquen en el mismo emplazamiento y tengan la misma titularidad, con independencia de que se encuentren cubiertos por una o varias autorizaciones de emisión de gases de efecto invernadero. Las unidades con una potencia térmica nominal inferior a 3 MW no se tendrán en cuenta a efectos de este cálculo.
4. Si una unidad se destina a una actividad para la cual el umbral no se expresa en potencia térmica nominal total, el umbral de esta actividad será determinante a efectos de la decisión sobre la integración en el ámbito de aplicación de la Ley.
5. Cuando se detecte que en una instalación se rebasa el umbral de capacidad para cualquiera de las actividades a que se refiere el presente Anexo, se incluirán en la autorización de emisiones de gases de efecto invernadero todas las unidades en las que se utilicen combustibles y que no sean unidades de incineración de residuos peligrosos o de residuos urbanos.
6. Los operadores aéreos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley serán aquellos que realicen las actividades de aviación descritas en el cuadro que figura más adelante y que sean titulares de una licencia de explotación válida, concedida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, así como aquellos, tanto nacionales como extranjeros, que no sean titulares de una licencia de explotación válida concedida por un Estado miembro de la Unión Europea, y cuyas emisiones de dióxido de carbono en el año de referencia sean mayoritariamente atribuibles a España, tomando en consideración la “Lista de operador de aeronaves y Estado miembros responsables de la gestión que les corresponden” realizada y publicada por la Comisión, según los criterios contemplados en la Directiva 2008/101/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de noviembre de 2008, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE con el fin de incluir las actividades de aviación en el régimen comunitario de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero.
7. No obstante, lo dispuesto en el apartado 6, cuando en el transcurso de los dos primeros años de un período de comercio, ninguna de las emisiones de la aviación atribuidas procedentes de los vuelos operados por un operador de aeronaves incluido en el ámbito de aplicación de esta Ley esté atribuida a España, el operador aéreo deberá ser transferido a otro Estado miembro responsable de la gestión en relación con el próximo período de comercio.
El nuevo Estado miembro responsable de la gestión será el Estado miembro para el que se hayan calculado las emisiones de la aviación atribuidas más elevadas, procedentes de los vuelos operados por dicho operador aéreo durante los dos primeros años del período de comercio anterior.
8. Las empresas navieras incluidas en el en el ámbito de aplicación de esta Ley serán aquellas que realicen las actividades de transporte marítimo descritas en el cuadro que figura más adelante y que estén asignadas a España como su autoridad responsable de la gestión de conformidad con el artículo 3 octies septies de la Directiva 2003/87/CE y con el artículo 42 de la presente ley así como toda empresa naviera que esté asignada otro Estado Miembro en lo relativo a las órdenes de expulsión y de inmovilización establecidas en el artículo 31 bis.
Actividades Gases de efecto invernadero 1. Combustión en instalaciones con una potencia térmica nominal superior a 20 MW, incluyendo:
a) La producción de energía eléctrica de servicio público.
b) La cogeneración que da servicio en sectores no enumerados en los apartados 2 a 28.
c) La combustión en otras instalaciones con una potencia térmica nominal superior a 20 MW no incluidas en los apartados 2 a 28.
d) Combustión en instalaciones de incineración de residuos urbanos con una potencia térmica nominal total superior a 20 MW, a efectos de los artículos 14 y 15 de la Directiva.
Quedan excluidas las instalaciones de incineración de residuos peligrosos.
Dióxido de carbono. 2. Refino de aceites, minerales y no minerales, con una potencia térmica nominal superior a 20 MW. Dióxido de carbono. 3. Producción de coque. Dióxido de carbono. 4. Calcinación o sinterización, incluida la peletización, de minerales metálicos, incluido el mineral sulfuroso. Dióxido de carbono. 5. Producción de hierro o de acero (fusión primaria o secundaria), incluidas las correspondientes instalaciones de colada continua de una capacidad de más de 2,5 toneladas por hora. Dióxido de carbono. 6. Producción o transformación de metales férreos (como ferroaleaciones) cuando se explotan unidades de combustión con una potencia térmica nominal total superior a 20 MW. La transformación incluye, entre otros elementos, laminadores, recalentadores, hornos de recocido, forjas, fundición y unidades de recubrimiento y decapado. Dióxido de carbono. 7. Producción de aluminio primario o alúmina. Dióxido de carbono y perfluorocarburos. 8. Producción de aluminio secundario cuando se explotan unidades de combustión con una potencia térmica nominal total superior a 20 MW. Dióxido de carbono. 9. Producción o transformación de metales no férreos, incluida la producción de aleaciones, el refinado, el moldeado en fundición, etc., cuando se explotan unidades de combustión con una potencia térmica nominal total (incluidos los combustibles utilizados como agentes reductores) superior a 20 MW. Dióxido de carbono. 10. Fabricación de cemento sin pulverizar («clinker») en hornos rotatorios con una capacidad de producción superior a 500 toneladas diarias o en hornos de otro tipo con una capacidad de producción superior a 50 toneladas por día. Dióxido de carbono. 11. Producción de cal o calcinación de dolomita o magnesita en hornos rotatorios o en hornos de otro tipo con una capacidad de producción superior a 50 toneladas diarias. Dióxido de carbono. 12. Fabricación de vidrio incluida la fibra de vidrio, con una capacidad de fusión superior a 20 toneladas por día. Dióxido de carbono. 13. Fabricación de productos cerámicos mediante horneado, en particular de tejas, ladrillos, ladrillos refractarios, azulejos, gres cerámico o porcelanas, con una capacidad de producción superior a 75 toneladas por día. Dióxido de carbono. 14. Fabricación de material aislante de lana mineral utilizando cristal, roca o escoria, con una capacidad de fusión superior a 20 toneladas por día. Dióxido de carbono. 15. Secado o calcinación de yeso o producción de placas de yeso laminado y otros productos de yeso, con una capacidad de producción de yeso calcinado o yeso secundario secado superior a un total de 20 toneladas diarias. Dióxido de carbono. 16. Fabricación de pasta de papel a partir de madera o de otras materias fibrosas. Dióxido de carbono. 17. Fabricación de papel o cartón con una capacidad de producción de más de 20 toneladas diarias. Dióxido de carbono. 18. Producción de negro de humo, incluida la carbonización de sustancias orgánicas como aceites, alquitranes y residuos de craqueo y destilación, con una capacidad de producción superior a 50 toneladas diarias. Dióxido de carbono. 19. Producción de ácido nítrico. Dióxido de carbono y óxido nitroso. 20. Producción de ácido adípico. Dióxido de carbono y óxidonitroso. 21. Producción de ácido de glioxal y ácido glioxílico. Dióxido de carbono y óxido nitroso. 22. Producción de amoníaco. Dióxido de carbono. 23. Fabricación de productos químicos orgánicos en bruto mediante craqueo, reformado, oxidación parcial o total, o mediante procesos similares, con una capacidad de producción superior a 100 toneladas por día. Dióxido de carbono. 24. Producción de hidrógeno (H2) y gas de síntesis con una capacidad de producción superior a 5 toneladas por día. Dióxido de carbono. 25. Producción de carbonato sódico (Na2CO3) y bicarbonato de sodio (NaHCO3). Dióxido de carbono. 26. Captura de gases de efecto invernadero de las instalaciones cubiertas por la presente ley con fines de transporte y almacenamiento geológico en un emplazamiento de almacenamiento autorizado de conformidad con la Directiva 2009/31/CE. Dióxido de carbono. 27. Transporte de gases de efecto invernadero con fines de almacenamiento geológico en un emplazamiento de almacenamiento permitido por la Directiva 2009/31/CE, con la exclusión de las emisiones cubiertas por otra actividad en virtud de la presente ley. Dióxido de carbono. 28. Almacenamiento geológico de gases de efecto invernadero en un emplazamiento de almacenamiento autorizado de conformidad con la Directiva 2009/31/CE. Dióxido de carbono. 29. Aviación:
Vuelos con origen o destino en un aeródromo situado en el territorio de un Estado miembro al que se aplica el Tratado o un Estado del Espacio Económico Europeo.
Esta actividad no incluirá:
a) los vuelos efectuados exclusivamente para el transporte, en misión oficial, de un Monarca reinante y de sus familiares más próximos, de Jefes de Estado y de Gobierno y Ministros del Gobierno, de un país que no sea un Estado miembro; siempre que tal circunstancia esté corroborada por el correspondiente indicador de categoría en el plan de vuelo;
b) los vuelos militares efectuados por aeronaves militares y los vuelos de las autoridades aduaneras y la policía;
c) los vuelos relacionados con actividades de búsqueda y salvamento, los vuelos de lucha contra incendios, los vuelos humanitarios y los vuelos de servicios médicos de urgencia, autorizados por el organismo competente adecuado;
d) cualesquiera vuelos efectuados de acuerdo con las normas de vuelo visual, definidas en el anexo 2 del Convenio de Chicago;
e) los vuelos que terminan en el mismo aeródromo de donde ha partido la aeronave, sin que en el intervalo se haya realizado aterrizaje alguno;
f) los vuelos de entrenamiento efectuados exclusivamente al efecto de obtención de licencias, o de evaluación de la tripulación de pilotaje, siempre que tal circunstancia esté corroborada por la correspondiente indicación en el plan de vuelo, a condición de que el vuelo no sirva para transporte de pasajeros o carga, ni para el posicionamiento o traslado de la aeronave;
g) los vuelos efectuados exclusivamente para fines de investigación científica o de ensayo, comprobación o certificación de aeronaves o equipos, tanto de vuelo como terrestres;
h) los vuelos efectuados exclusivamente por aeronaves con una masa máxima de despegue autorizada de menos de 5 700 kg.;
i) los vuelos efectuados en el marco de las obligaciones de servicio público establecidas en virtud del Reglamento (CEE) n.º 2408/92 en rutas dentro de las regiones ultraperiféricas, tal y como se especifican en el apartado 2 del artículo 299 del Tratado o en rutas en que la capacidad ofrecida no supere los 50.000 asientos anuales; y
j) los vuelos que, excepto por el presente punto, entrarían dentro de esta actividad, efectuados por un operador de transporte aéreo comercial que realice:
– menos de 243 vuelos por período durante tres períodos cuatrimestrales sucesivos, o bien
– vuelos con un total anual de emisiones inferior a 10 000 toneladas al año.
Los vuelos a los que se refieren las letras l) y m), así como los efectuados exclusivamente para el transporte, en misión oficial, de un Monarca reinante y de su familia inmediata, de Jefes de Estado y de Gobierno y Ministros del Gobierno de un Estado miembro no podrán ser excluidos en virtud del presente punto
k) A partir del 1 de enero de 2013 y hasta el 31 de diciembre de 2030, los vuelos que, excepto por el presente punto, entrarían dentro esta actividad, efectuados por un operador de aeronaves no comerciales que realice vuelos con un total anual de emisiones inferior a 1.000 toneladas al año.
l) los vuelos procedentes de aeródromos situados en Suiza con destino a aeródromos situados en Estados del Espacio Económico Europeo,
m) los vuelos procedentes de aeródromos situados en el Reino Unido con destino a aeródromos situados en Estados del Espacio Económico Europeo.
Vuelos entre aeródromos situados en dos Estados distintos que figuran en el acto de ejecución adoptado con arreglo al artículo 25 bis, apartado 3 de la Directiva (UE) 2023/959, del Parlamento Europeo y del Consejo de 10 de mayo de 2023 que modifica la Directiva 2003/87/ CE, y vuelos entre Suiza o el Reino Unido y los Estados que figuran en el acto de ejecución adoptado con arreglo al artículo 25 bis, apartado 3, a efectos del artículo 41.1; y a efectos del artículo 28 quater de la Directiva 2003/87, cualquier otro vuelo entre aeródromos situados en dos terceros países distintos efectuados por operadores de aeronaves que cumplan todas las condiciones siguientes:
a) son titulares de una licencia de explotación válida, concedida por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento (CE) n.º 1008/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de septiembre de 2008, sobre normas comunes para la explotación de servicios aéreos en la Comunidad, y b) producen emisiones anuales de CO2 superiores a 10 000 toneladas procedentes del uso de aviones con una masa máxima certificada de despegue superior a 5 700 kg que efectúen los vuelos contemplados en el presente anexo, distintos de los que tienen origen y destino en el mismo Estado miembro, incluidas las regiones ultraperiféricas del mismo Estado miembro, a partir del 1 de enero de 2021; a los efectos de la presente letra, no se tendrán en cuenta las emisiones de los siguientes tipos de vuelos:
i) vuelos de Estado,
ii) vuelos humanitarios,
iii) vuelos médicos,
iv) vuelos militares,
v) vuelos de extinción de incendios,
vi) vuelos anteriores o posteriores a un vuelo humanitario, médico o de extinción de incendios, siempre que se realicen con la misma aeronave y sean necesarios para llevar a cabo las correspondientes actividades humanitarias, médicas o de extinción de incendios, o para reposicionar la aeronave después de dichas actividades para su siguiente actividad.
Dióxido de carbono.
30. Transporte marítimo
Actividades de transporte marítimo incluidas en el Reglamento (UE) 2015/757, a excepción de las actividades de transporte marítimo incluidas en el artículo 2, apartado 1 bis, y, hasta el 31 de diciembre de 2026, en el artículo 2, apartado 1 ter, de dicho Reglamento
Dióxido de carbono Desde el 1 de enero de 2026, metano y óxido nitroso.»
Sesenta. Se añade un anexo II bis con la siguiente redacción:
«ANEXO II bis
Actividad incluida en el capítulo XI
Actividad Gases de efecto invernadero Despacho a consumo de combustibles que se utilizan para la combustión en los sectores de los edificios, el transporte por carretera y otros sectores. Esta actividad no incluirá:
a) el despacho a consumo de combustibles utilizados en las actividades enumeradas en el anexo I, excepto si se utilizan para la combustión en actividades de transporte de gases de efecto invernadero con fines de almacenamiento geológico tal y como se dispone en el cuadro, fila veintisiete, de dicho anexo o si se utilizan para la combustión en instalaciones excluidas en virtud del apartado 6 de la disposición adicional cuarta;
b) el despacho a consumo de combustibles cuyo factor de emisión sea cero;
c) el despacho a consumo de residuos peligrosos o residuos urbanos utilizados como combustible.
Los sectores de los edificios y el transporte por carretera corresponderán a las siguientes fuentes de emisiones, definidas en las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero con las modificaciones necesarias de dichas definiciones que figuran a continuación:
a) generación combinada de calor y electricidad (código de categoría de fuente 1A1a ii) y plantas térmicas (código de categoría de fuente 1A1a iii), en la medida en que producen calor para las categorías contempladas en las letras c) y d) del presente párrafo, ya sea directamente o a través de redes de calefacción urbana;
b) transporte por carretera (código de categoría de fuente 1A3b) a excepción del uso de vehículos agrícolas en carreteras pavimentadas;
c) comercial o institucional (código de categoría de fuente 1A4a);
d) residencial (código de categoría de fuente 1A4b). Otros sectores corresponderán a las siguientes fuentes de emisiones, definidas en las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales de gases de efecto invernadero:
a) industrias de la energía (código de categoría de fuente 1A1), a excepción de las categorías definidas en el párrafo segundo, letra a), del presente anexo;
b) industrias manufactureras y de la construcción (código de categoría de fuente 1A2).
Dióxido de carbono.»
Sesenta y uno. Se modifica el apartado 2 de la Parte A «Seguimiento y notificación de las emisiones de instalaciones fijas» del anexo III como sigue:
«2. Cálculo. Los cálculos de las emisiones se llevarán a cabo utilizando la fórmula siguiente:
Datos de la actividad × factor de emisión × factor de oxidación
El seguimiento de los datos de la actividad (combustible utilizado, índice de producción, etc.), se hará sobre la base de los datos de suministro o mediante mediciones.
Se usarán los factores de emisión aceptados. Los factores de emisión específicos de una actividad serán aceptables para todos los combustibles. Los factores por defecto serán aceptables para todos los combustibles, excepto los no comerciales (residuos combustibles tales como neumáticos y gases de procesos industriales). Se precisarán, además, factores por defecto específicos para filones de carbón y factores por defecto específicos de la UE o de los productores de un país para el gas natural. Los valores por defecto del Grupo intergubernamental de expertos sobre el cambio climático (IPCC) serán aceptables en el caso de los productos de refinería. El factor de emisión de la biomasa que cumpla los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de efecto invernadero para el uso de biomasa establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001, con los ajustes necesarios para su aplicación en virtud de la Directiva 2003/87/CE, tal y como establecen los actos de ejecución a que se refiere el artículo 14 de dicha Directiva, será cero.
Si el factor de emisión no tiene en cuenta el hecho de que parte del carbono no está oxidado, se usará entonces un factor de oxidación adicional. Si se han calculado factores de emisión específicos de una actividad considerando ya la oxidación, no hará falta aplicar un factor de oxidación.
Se utilizarán los factores de oxidación por defecto definidos de conformidad con la Directiva 2010/75/UE, a menos que el titular pueda demostrar que son más exactos unos factores específicos de la actividad.
Se hará un cálculo separado para cada actividad, cada instalación y cada combustible.»
Sesenta y dos. Se modifica el apartado 1 de la Parte B «Seguimiento y notificación de las emisiones de las actividades de aviación» del anexo III como sigue:
«1. Seguimiento de las emisiones de dióxido de carbono.–Las emisiones se seguirán mediante cálculos. Las emisiones se calcularán utilizando la fórmula siguiente:
Consumo de combustible × factor de emisión
El consumo de combustible incluirá el combustible utilizado por el grupo auxiliar de energía. El consumo real de combustible para cada vuelo se utilizará siempre que sea posible y se calculará utilizando la fórmula siguiente:
Cantidad de combustible que contienen los tanques de la aeronave una vez finalizado el abastecimiento de combustible – cantidad de combustible que contienen los tanques de la aeronave una vez finalizado el abastecimiento del combustible necesario para el vuelo siguiente + abastecimiento de combustible para dicho vuelo siguiente.
Si no se dispone de datos sobre el consumo real de combustible, se utilizará un método por niveles normalizado para calcular el consumo de combustible sobre la base de la mejor información disponible.
Se utilizarán los factores de emisión por defecto que figuran en las Directrices 2006 del IPCC para los inventarios nacionales, o actualizaciones ulteriores de estas Directrices, a menos que los factores de emisión específicos de una actividad, identificados por laboratorios independientes acreditados mediante métodos analíticos reconocidos, sean más exactos. El factor de emisión de la biomasa que cumpla los criterios de sostenibilidad y de reducción de las emisiones de efecto invernadero para el uso de biomasa establecidos en la Directiva (UE) 2018/2001, con los ajustes necesarios para su aplicación en virtud de la Directiva 2003/87/CE, tal y como establecen los actos de ejecución a que se refiere el artículo 14 de dicha Directiva, será cero. Para las emisiones que se produzcan a partir del 1 de enero de 2024, el factor de emisión del queroseno de aviación (Jet-A1 o Jet-A) será de 3,16 (t CO2/t de combustible).
Las emisiones procedentes de combustibles renovables de origen no biológico que utilicen hidrógeno procedente de fuentes renovables de conformidad con el artículo 25 de la Directiva (UE) 2018/2001 se calificarán de cero emisiones para los operadores de aeronaves que los utilicen hasta que se adopte el acto de ejecución a que se refiere el artículo 14 apartado 1 de la Directiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE en lo que respecta a la contribución de la aviación al objetivo de la Unión de reducir las emisiones en el conjunto de la economía y a la adecuada aplicación de una medida de mercado mundial.
Se harán cálculos separados para cada vuelo y cada combustible.»
Sesenta y tres. Se suprimen los apartados 3 y 4 de la Parte B «Seguimiento y notificación de las emisiones de las actividades de aviación» del anexo III.
Sesenta y cuatro. Se añade la Parte C en el anexo III con la siguiente redacción:
«PARTE C
Seguimiento y notificación de las emisiones correspondientes a la actividad mencionada en el anexo II bis
Seguimiento de las emisiones.
Las emisiones se seguirán mediante cálculos.
Cálculo.
Las emisiones se calcularán mediante la siguiente fórmula:
Combustible despachado a consumo × factor de emisión
El combustible despachado a consumo incluirá la cantidad de combustible despachado a consumo por la entidad regulada.
Se utilizarán los factores de emisión por defecto que figuran en las Directrices del IPCC de 2006 para los inventarios nacionales, o actualizaciones ulteriores de dichas Directrices, a menos que los factores de emisión específicos de un combustible, identificados por laboratorios independientes acreditados mediante métodos analíticos reconocidos, sean más exactos.
Se harán cálculos separados para cada entidad regulada y cada combustible.
Notificación de las emisiones.
Todas las entidades reguladas incluirán la siguiente información en su informe:
A. Datos de identificación de la entidad regulada, entre ellos:
– el nombre de la entidad regulada,
– su dirección, con código postal y país,
– el tipo de combustibles que despacha a consumo y las actividades mediante las cuales despacha a consumo los combustibles, incluida la tecnología utilizada,
– la dirección, número de teléfono, fax y correo electrónico de una persona de contacto, y
– el nombre del propietario de la entidad regulada y de cualquier sociedad matriz.
B. Para cada tipo de combustible despachado a consumo y que se utiliza para la combustión en los sectores a que se refiere el anexo II bis cuyas emisiones se calculan:
– la cantidad de combustible despachado a consumo,
– los factores de emisión,
– las emisiones totales,
– el uso o usos finales del combustible despachado a consumo, y
– la incertidumbre.
El Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en coordinación con los órganos competentes de los restantes Estados miembros de la Unión Europea adoptarán medidas para coordinar los requisitos de notificación con cualquier requisito vigente de notificación, con el fin de reducir la carga que la notificación supone para las empresas.»
Sesenta y cinco. En la parte B «Verificación de las emisiones de las actividades de aviación» del anexo IV se suprimen los puntos 15 y 16 que contienen disposiciones adicionales relativas a la verificación de datos sobre toneladas-kilómetro presentados a efectos de las solicitudes de asignación a los operadores aéreos.
Sesenta y seis. Se añade la Parte C del anexo IV con la siguiente redacción:
«PARTE C
Comprobación de las emisiones correspondientes a la actividad mencionada en el anexo II bis
Principios generales
1. Las emisiones correspondientes a la actividad mencionada en el anexo II bis serán objeto de verificación.
2. El proceso de verificación incluirá el examen del informe elaborado de conformidad con el artículo 56, y del seguimiento del año anterior. Estudiará la fiabilidad, crédito y exactitud de los sistemas de seguimiento y de los datos e información notificados relativos a las emisiones, en especial:
a) los combustibles despachados a consumo y los cálculos correspondientes notificados;
b) la elección y el uso de factores de emisión;
c) los cálculos para determinar las emisiones globales.
3. Las emisiones notificadas únicamente se validarán si se aportan datos e información fidedignos y dignos de crédito que permitan la determinación de las emisiones con un alto grado de certeza, para lo cual la entidad regulada tendrá que demostrar lo siguiente:
a) que los datos notificados no presentan contradicciones;
b) que la recogida de los datos se ha llevado a cabo de conformidad con las normas científicas aplicables, y
c) que los registros pertinentes de la entidad regulada son exhaustivos y coherentes.
4. El verificador disfrutará de libre acceso a todos los emplazamientos y toda la información en relación con el objeto de la verificación.
5. El verificador tendrá en cuenta si la instalación está registrada en el sistema de gestión y auditoría medioambientales de la Unión Europea (EMAS).
Metodología
Análisis estratégico.
6. La verificación se basará en un análisis estratégico de todas las cantidades de combustibles despachados a consumo por la entidad regulada. Ello requiere que el verificador tenga una visión general de todas las actividades a través de las cuales la entidad regulada despacha los combustibles a consumo y su importancia para las emisiones.
Análisis de procesos.
7. La verificación de los datos y de la información presentados se llevará a cabo, cuando proceda, en el emplazamiento de la entidad regulada. El verificador recurrirá a inspecciones in situ para determinar la fiabilidad de los datos y la información notificados.
Análisis de riesgos.
8. El verificador someterá todos los medios a través de los cuales la entidad regulada despacha a consumo los combustibles a una evaluación en relación con la fiabilidad de los datos sobre las emisiones globales de la entidad regulada.
9. Partiendo de este análisis, el verificador determinará explícitamente cualquier elemento que presente un alto riesgo de errores y otros aspectos del procedimiento de seguimiento y notificación que pudieran contribuir a errores en la determinación de las emisiones globales, lo cual conlleva los cálculos necesarios para determinar el nivel de emisiones de cada fuente individual. Se atenderá sobre todo a aquellos elementos que presenten un alto riesgo de error y a los aspectos mencionados más arriba del procedimiento de seguimiento.
10. El verificador tendrá en cuenta cualquier método de control efectivo de riesgos aplicado por la entidad regulada con objeto de reducir al máximo el grado de incertidumbre.
Informes.
11. El verificador elaborará un informe sobre el proceso de validación en el que constará si es satisfactoria la notificación realizada de conformidad con el artículo 56. Dicho informe indicará todos los aspectos pertinentes para el trabajo efectuado. Podrá hacerse una declaración que indique que es satisfactoria la notificación realizada de conformidad con el artículo 56, si, en opinión del verificador, la declaración de las emisiones totales no presenta errores.
Requisitos mínimos de competencia del verificador.
12. El verificador será independiente de la entidad regulada, llevará a cabo sus actividades de manera profesional, competente y objetiva, y estará al tanto de:
a) las disposiciones de la presente ley, así como de las normas y directrices pertinentes adoptadas por la Comisión Europea en esta materia;
b) los requisitos legales, reglamentarios y administrativos aplicables a las actividades verificadas, y
c) la generación de toda la información relacionada con todos los medios a través de los cuales la entidad regulada despacha a consumo los combustibles, en especial la relativa a la recogida, medición, cálculo y notificación de los datos.»
Sesenta y siete. Se modifica la tabla del anexo V «Sujetos afectados por las disposiciones de la ley» como sigue:
«Disposiciones Instalaciones fijas Operadores aéreos Empresas navieras Entidades reguladas Capítulo I. X X X X Capítulo II. X Capítulo III. Art. 9 a 13.1. X X X X Art. 13.2. X Capítulo IV. Art. 14.1 y 14.2. X X X X Art. 14.3, 15, 16, 17, 18, 19. X Capítulos V y VI. X Capítulo VII. Art. 25, 26bis, 27, 28. X X X X Art. 26. X X Capítulo VIII. X X X X Capítulo IX. X Capítulo X. X Capítulo XI. X Disposiciones Adicionales 1, 4 (excl), 6 (Cis), 8 (MWI), 9), 12 (20MW). X Disposiciones adicionales 2 (AND), 3 (proy.), 5 (reduc fuera ETS), 7 (blanqueo), 13 (costes). X X X X Disposiciones adicionales 10. X Disposición adicional 11. X Disposición transitoria 3. X Disposición transitoria 4. X Disposiciones transitorias 5, 6 y 7. X Anexo I. X X X Anexo II. X X X X Anexo II bis. X Anexo III. Parte A Parte B Parte C Anexo IV. Parte A Parte B Parte C»
El texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2011, de 5 de septiembre, queda modificado como sigue:
Uno. Se añade una nueva letra c bis) al apartado 4 del artículo 307 con la siguiente redacción:
«c bis) El incumplimiento de las normas vigentes sobre seguimiento, notificación y verificación de las emisiones procedentes del transporte marítimo».
Dos. Se añaden dos nuevas letras, e) y f), al apartado 4 del artículo 308 con la siguiente redacción:
«e) Ocultar o alterar deliberadamente la información relativa a la prevención de la contaminación que reglamentariamente se deba suministrar a las autoridades marítimas.
f) El incumplimiento deliberado de las normas vigentes sobre seguimiento, notificación y verificación de las emisiones procedentes del transporte marítimo».
Tres. Se añade una nueva sección 5.ª al capítulo II del título IV del libro tercero:
«Sección 5.ª Medidas cautelares en colaboración con otros órganos u organismos públicos
Artículo 321. Retención o expulsión de un buque o embarcación a petición de otros órganos u organismos públicos.
1. La Administración marítima podrá acordar la retención, expulsión u otras medidas restrictivas en relación con un buque o embarcación, previa solicitud motivada de otros órganos u organismos de la Administración General del Estado, cuando así lo requieran para el ejercicio de sus competencias y siempre que se trate de una medida proporcionada.
2. Los costes que se produzcan como consecuencia de la medida serán a cargo del responsable de la conducta o circunstancia que dé lugar a su adopción.
Artículo 322. Medidas cautelares como consecuencia de medidas restrictivas o sanciones internacionales.
1. La Administración marítima acordará la retención de un buque o embarcación que se vea afectado por la adopción de medidas restrictivas o sanciones internacionales.
2. Las condiciones de la retención serán las que establezca la resolución sancionadora o, en su caso, el órgano competente para su cumplimiento o supervisión. La Administración marítima determinará las medidas de seguridad que deberán cumplirse durante el tiempo que dure la retención del buque o embarcación.»
En el apartado 1 del artículo 95 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se añade una nueva letra o):
«o) La colaboración con la Oficina Española de Cambio Climático en la identificación de las entidades reguladas a las que se refiere el artículo 2, letra z) de la Ley 1/2005, de 9 de marzo, por la que se regula el régimen del comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero para la correcta gestión del régimen independiente de comercio de derechos de emisión para los combustibles consumidos en edificios, el transporte por carretera y otros sectores adicionales, al que dichas entidades están sujetas en lo que respecta a asegurar la coherencia de la información notificada bajo este régimen con la presentada a efectos fiscales y para detectar infracciones e imponer sanciones, de conformidad con la normativa de la Unión.»
Se modifica la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, en los términos que se recogen a continuación:
Uno. Se añade un párrafo a continuación del párrafo primero del apartado 1 del artículo 9, con la siguiente redacción:
«Tendrá asimismo la consideración de autoconsumo renovable el consumo de energía eléctrica proveniente de instalaciones de almacenamiento próximas a las de consumo y asociadas a estas, estén o no hibridadas con instalaciones de producción, en los términos que se establezcan reglamentariamente.»
Dos. Se modifican los párrafos primero y último del apartado 1 del artículo 53, que quedan redactados en los siguientes términos:
«1. Para la puesta en funcionamiento de nuevas instalaciones de transporte, distribución, producción, líneas directas, así como para infraestructuras eléctricas, incluidos los accesos y extensiones de red, así como los centros de transformación y de seccionamiento, de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos de potencia superior a 250 kW, contempladas en la presente ley o modificación de las existentes se requerirá de las siguientes autorizaciones administrativas:»
(…)
«Las infraestructuras eléctricas para la alimentación de las estaciones de recarga de potencia superior a 250 kW que discurren desde el punto de conexión con red de distribución o transporte hasta el propio punto de recarga que no soliciten declaración de utilidad pública, ni requieran evaluación de impacto ambiental, quedan exceptuadas de las autorizaciones previstas en este apartado. Antes del inicio de la construcción de estas instalaciones, el titular deberá presentar un proyecto de ejecución junto con una declaración responsable que acredite el cumplimiento de la normativa de calidad y seguridad industrial que le sea de aplicación y en el que se justifique que la actuación no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. Reglamentariamente el órgano competente en energía podrá establecer si resulta necesaria la presentación de documentación adicional para estar sujeto a la presente exención.»
Tres. Se modifica el párrafo primero apartado 1 del artículo 54, que queda redactado en los siguientes términos:
«1. Se declaran de utilidad pública las instalaciones eléctricas de generación, transporte, distribución de energía eléctrica, así como las infraestructuras eléctricas, incluidos los accesos y extensiones de red, así como los centros de transformación y de seccionamiento, de las estaciones de recarga de vehículos eléctricos de potencia superior a 250 kW, a los efectos de expropiación forzosa de los bienes y derechos necesarios para su establecimiento y de la imposición y ejercicio de la servidumbre de paso.»
Cuatro. Se añade un apartado 54 al artículo 64, con la siguiente redacción:
«54. El incumplimiento reiterado de los requisitos de adicionalidad y correlación horaria establecidos en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, y su normativa de desarrollo, en más de un 25% del valor establecido reglamentariamente.»
Cinco. Se añade un apartado 46 al artículo 65, con la siguiente redacción:
«46. El incumplimiento de los requisitos de adicionalidad y correlación horaria establecidos en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, y su normativa de desarrollo, en más de un 25% del valor establecido reglamentariamente.»
Seis. Se añade un párrafo d) al artículo 68.1, con la siguiente redacción:
«d) La suspensión durante un periodo no superior a tres años de los permisos de acceso y conexión establecidos en el artículo 33 y en su normativa de desarrollo.»
Siete. Se añade un párrafo e) al artículo 68.2, con la siguiente redacción:
«e) La suspensión durante un periodo no superior a un año de los permisos de acceso y conexión establecidos en el artículo 33 y en su normativa de desarrollo.»
Ocho. Se modifica el apartado 4 del artículo 73, que queda redactado en los siguientes términos:
«4. La Administración General del Estado, en el ámbito de sus competencias, podrá imponer sanciones por la comisión de las infracciones administrativas siguientes:
a) Las tipificadas como muy graves en los párrafos 3, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 30, 31, 35, 37, 38 bis, 40, 41, 43, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 53 y 54 del artículo 64.
b) Las tipificadas como graves a que se hace referencia en el párrafo anterior cuando, por las circunstancias concurrentes, no puedan calificarse de muy graves y, en particular, las tipificadas en los párrafos 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 26, 27, 29, 30, 32, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 45 y 46 del artículo 65.
c) Las tipificadas como leves en los párrafos 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 17 del artículo 66.»
Se modifica la Ley 18/2014, de 15 de octubre, de aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia, en los términos que se recogen a continuación:
Uno. Se añade un artículo 80 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 80 bis. Infracciones en materia de requisitos de eficiencia energética e hídrica de aplicación a los centros de procesamiento de datos.
1. Constituye infracción muy grave el incumplimiento reiterado de los requisitos de eficiencia energética e hídrica establecidos en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, y su normativa de desarrollo.
2. Constituye infracción grave el incumplimiento de los requisitos de eficiencia energética e hídrica establecidos en la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, y su normativa de desarrollo.»
Dos. Se añade un artículo 80 ter, con la siguiente redacción:
«Artículo 80 ter. Infracciones en materia de comunicación de información sobre sostenibilidad en centros de datos.
1. Constituyen infracciones muy graves en materia de comunicación de información sobre sostenibilidad en centros de datos las siguientes:
a) La comunicación de información falsa, en el ámbito de la sostenibilidad de los centros de datos, a la base de datos europea sobre centros de datos.
b) La no comunicación de la información, en el ámbito de la sostenibilidad de los centros de datos, a la base de datos europea sobre centros de datos, en el plazo legal o reglamentariamente establecido; o la comunicación de la información sin que su contenido alcance la exigencia y criterios mínimos legal o reglamentariamente establecidos.
c) La comunicación de información falsa a la autoridad competente en el ámbito de la sostenibilidad de los centros de datos.
2. Constituyen infracciones graves en materia de comunicación de información sobre sostenibilidad en centros de datos las siguientes:
a) La no puesta a disposición de la autoridad competente de la información requerida, en el ámbito de la sostenibilidad de los centros de datos, en la forma y plazo legal o reglamentariamente establecido; o la puesta a disposición de la autoridad competente de la información requerida sin que su contenido alcance la exigencia y criterios mínimos legal o reglamentariamente establecidos.
b) La invocación indebida de razones de confidencialidad, secreto empresarial o protección de información reservada para eludir las obligaciones de comunicación de la información requerida, legal o reglamentariamente establecidas.
3. Constituye infracción leve en materia de comunicación de información sobre sostenibilidad en centros de datos a la base de datos europea cualquier otro incumplimiento de los deberes y obligaciones, legal o reglamentariamente establecidos, que no constituya infracción muy grave o grave.»
Tres. Se añade un artículo 82 bis, con la siguiente redacción:
«Artículo 82 bis. Sanciones por las infracciones tipificadas en materia de requisitos de eficiencia energética e hídrica de aplicación a los centros de procesamiento de datos.
En la imposición de las sanciones por las infracciones tipificadas en el artículo 80 bis, se guardará la debida adecuación entre la gravedad del hecho constitutivo de la infracción y la sanción aplicada según el siguiente baremo:
a) Por la comisión de las infracciones muy graves se impondrá al infractor multa por importe no inferior a 6.000.001 euros ni superior a 60.000.000 de euros.
b) Por la comisión de infracciones graves se impondrá al infractor multa por importe no inferior a 600.001 euros ni superior a 6.000.000 de euros.»
Cuatro. Se modifica el artículo 84, que queda redactado en los siguientes términos:
«Artículo 84. Competencia para iniciar, instruir y resolver.
1. La iniciación y la instrucción de los procedimientos sancionadores derivados de las infracciones administrativas tipificadas en el capítulo IV del título III, así como su archivo, corresponderá a la dirección general competente de la Secretaría de Estado de Energía.
2. La competencia para la imposición de las sanciones correspondientes a las infracciones administrativas tipificadas en el capítulo IV del título III de esta ley corresponderá:
a) Al Consejo de Ministros para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones muy graves.
b) A la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones graves.
c) A la persona titular de la Secretaría de Estado de Energía para la imposición de sanciones por la comisión de infracciones leves.
3. La competencia para la imposición de las sanciones correspondientes a las infracciones en el ámbito de los requisitos para la movilidad sostenible en edificios existentes y de las exigencias para las instalaciones técnicas en los edificios corresponderá al órgano competente de la comunidad autónoma.»
Uno. Se modifica el párrafo segundo de la disposición adicional primera del Real Decreto-ley 7/2026, de 20 de marzo, por el que se aprueba el Plan Integral de Respuesta a la Crisis en Oriente Medio, que queda redactado en los siguientes términos:
«Sin perjuicio del régimen sancionador aplicable al incumplimiento de los requisitos previstos en esta disposición adicional, las desviaciones respecto de los niveles de adicionalidad y correlación horaria darán lugar a una compensación. Reglamentariamente se establecerán sus valores, que en todo caso deberán ser proporcionales al nivel de desviación de los referidos requisitos y para cuyo cálculo se tendrá en cuenta el coste inducido como consecuencia de dicha desviación. Los ingresos procedentes de la compensación se destinarán a cubrir los costes relativos a la retribución de los mecanismos de capacidad previstos en el artículo 13 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, así como, en su caso, otros costes adicionales que se generen para los consumidores. El operador del sistema calculará las desviaciones y la compensación que corresponda, los gestores de la red la facturarán y el órgano competente de la Administración General del Estado aprobará anualmente las compensaciones definitivas, en los términos que reglamentariamente se establezcan.»
Dos. Se añade una disposición adicional primera bis, con la siguiente redacción:
«Disposición adicional primera bis. Medidas y régimen sancionador de los requisitos de soberanía digital de los centros de procesamiento de datos.
1. Esta disposición se aplica al titular del centro de procesamiento de datos sujeto a los requisitos de soberanía digital establecidos en desarrollo de la disposición adicional primera. El titular responde del cumplimiento de sus deberes propios dentro de su ámbito de control directo o contractual. No responde de los sistemas, datos o decisiones de sus clientes sobre los que no tenga acceso ni control, salvo que conociera el incumplimiento y no adoptara las medidas a su alcance. Esta disposición no se aplica a los sistemas que traten información clasificada, que se rigen por su normativa específica. Se entiende sin perjuicio de las exigencias de ubicación más estrictas establecidas en otras normas con rango de ley.
2. Son deberes esenciales del titular, en los términos y con las excepciones que se establezcan reglamentariamente:
a) Disponer en la Unión Europea o en el Espacio Económico Europeo de los medios personales y materiales necesarios para la operación del centro.
b) Tratar, almacenar y transferir exclusivamente dentro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo los datos de los sistemas de información de categoría ALTA conforme al Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, alojados en el centro, incluidos los datos derivados de la utilización del servicio, los registros de actividad que incorporen esos datos, las réplicas y las copias de seguridad, desde que se le haya comunicado la categoría del sistema. No se consideran datos protegidos los metadatos y los datos de telemetría que no incluyan datos de contenido.
c) Someter a las condiciones reglamentarias las operaciones de administración, soporte o mantenimiento realizadas desde terceros países y conservar su trazabilidad.
d) Adoptar medidas jurídicas, técnicas y organizativas frente a las solicitudes de acceso a dichos datos formuladas por autoridades de terceros Estados que sean contrarias al Derecho de la Unión Europea o al nacional y no estén amparadas por un acuerdo internacional aplicable.
e) Trasladar estas obligaciones a los contratos con los clientes, proveedores y subcontratistas directos que intervengan en la prestación.
f) Presentar las declaraciones responsables exigidas.
3. Cuando constate un incumplimiento, el órgano competente podrá ordenar de forma proporcionada:
a) La adopción, en el plazo que fije, de las medidas necesarias para corregirlo.
b) La limitación del alojamiento de nuevos sistemas de categoría ALTA mientras persista el incumplimiento.
c) La migración ordenada de los sistemas afectados, con un plazo que garantice la continuidad de los servicios.
Las órdenes se limitarán a lo necesario para corregir el incumplimiento, identificarán los sistemas afectados y se levantarán en cuanto este cese. Se dictarán previa audiencia del titular del centro y de la entidad responsable de cada sistema afectado. Las de las letras b) y c) se adoptarán en coordinación con dicha entidad. Para asegurar su cumplimiento podrán imponerse, previo apercibimiento, multas coercitivas de hasta 100.000 euros cada una, que podrán reiterarse por lapsos de un mes hasta el cumplimiento de la orden.
4. Constituyen infracciones administrativas las acciones y omisiones tipificadas en los apartados siguientes. A estos efectos, un incumplimiento es reiterado cuando se producen dos o más episodios distintos en un periodo de doce meses, sin que las operaciones técnicas de una misma transferencia, tratamiento o acceso constituyan episodios distintos, y persistente cuando no cesa en el plazo concedido en el requerimiento del órgano competente.
5. Son infracciones muy graves:
a) El incumplimiento reiterado o persistente del deber previsto en el apartado 2.b).
b) La comisión de una infracción grave cuando el mismo sujeto haya sido sancionado por esa misma infracción en los dos años anteriores mediante resolución firme en vía administrativa.
6. Son infracciones graves:
a) El incumplimiento del deber previsto en el apartado 2.b), cuando no constituya infracción muy grave.
b) El incumplimiento de los deberes previstos en las letras a), c) y d) del apartado 2. Cuando un mismo hecho reúna los elementos de esta infracción y de la prevista en la letra a) de este apartado o en el apartado 5.a), se sancionará únicamente la más grave. El soporte realizado conforme a las condiciones reglamentarias no constituirá infracción.
c) Alojar un sistema de categoría ALTA, una vez comunicada su categoría, sin haber presentado la declaración responsable exigida.
d) No cumplir las órdenes dictadas conforme al apartado 3, cuando el hecho no constituya la infracción muy grave del apartado 5.a).
e) La inexactitud, falsedad u omisión de carácter esencial en las declaraciones responsables.
f) La negativa a facilitar al órgano competente la información o el acceso necesarios para el control, o la obstrucción de este.
7. Son infracciones leves:
a) El incumplimiento del deber previsto en el apartado 2.e), cuando no haya dado lugar a otra infracción.
b) No mantener a disposición del órgano competente la documentación acreditativa del cumplimiento.
c) No atender en plazo los requerimientos de información, cuando no constituya infracción grave.
8. Las infracciones se sancionarán con multa de hasta 5.000.000 de euros las muy graves, de hasta 1.000.000 de euros las graves y de hasta 100.000 euros las leves. Para graduarlas se tendrán en cuenta, además de los criterios del artículo 29 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, el volumen de negocios del responsable, el número y la naturaleza de los sistemas afectados, la duración del incumplimiento y las medidas adoptadas para corregirlo.
9. Corresponderán a la persona titular de [la Secretaría de Estado competente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública] dictar las órdenes del apartado 3, incoar los procedimientos sancionadores y resolverlos. La instrucción corresponderá al órgano directivo que se determine en la normativa de estructura del departamento, que será en todo caso distinto del que resuelva. Cuando una orden o un procedimiento afecte a sistemas de una comunidad autónoma o de una entidad local, se le comunicará su iniciación y su resolución.
10. No se sancionarán conforme a esta disposición los hechos que ya lo hayan sido penal o administrativamente, en particular conforme a la normativa de ciberseguridad o de protección de datos, cuando se aprecie identidad de sujeto, hecho y fundamento. En lo no previsto se aplicarán la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y la Ley 40/2015, de 1 de octubre.»
Se añade un apartado 6 al artículo 115 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, con la siguiente redacción:
«6. De acuerdo con lo previsto en el artículo 53.1 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico, las infraestructuras eléctricas para la alimentación de las estaciones de recarga de potencia de hasta 3.000 kW quedan excluidas del régimen de autorización administrativa previa, de autorización administrativa de construcción y de autorización administrativa de explotación previsto en los párrafos a), b) y c) del apartado 1 de ese artículo, siempre que no requieran evaluación de impacto ambiental ni soliciten declaración de utilidad pública. Antes del inicio de la construcción de las instalaciones, el promotor deberá presentar un proyecto de ejecución ante el órgano competente en materia de energía, junto con:
a) Una declaración responsable que acredite el cumplimiento de la normativa de calidad y seguridad industrial que le sea de aplicación.
b) Un informe en el que se justifique que la actuación no se encuentra dentro del ámbito de aplicación de la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental.
c) Un escrito de renuncia a solicitar la declaración de utilidad pública al amparo del artículo 54 de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, para ese proyecto.
Cuando el órgano competente en materia de energía considere que no resulta posible aplicar la exclusión prevista en el párrafo anterior o que se requiere información adicional, formulará el oportuno requerimiento al promotor en el plazo de tres meses.»
Las determinaciones incluidas en normas reglamentarias que son objeto de modificación por este real decreto-ley podrán ser modificadas por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran.
Este real decreto-ley se dicta al amparo de las competencias exclusivas del Estado previstas en el artículo 149.1.13.ª y 23.ª de la Constitución, en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y de legislación básica sobre protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades que ostentan las comunidades autónomas para establecer normas adicionales de protección y de gestión en materia de protección del medio ambiente.
No obstante lo anterior, aquellas materias relacionadas con el transporte marítimo y la aviación se dictan también al amparo de la competencia exclusiva del Estado prevista en el artículo 149.1.20.ª de la Constitución en materia de marina mercante y abanderamiento de buques, control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo. Aquellas materias relacionadas con las entidades reguladas se dictan también al amparo de la competencia exclusiva del Estado prevista en el artículo 149.1. 25.ª de la Constitución en materia de bases de régimen minero y energético. Se exceptúa de la aplicación del título competencial de medio ambiente la disposición adicional segunda por la que se crea una comisión que ejercerá como Autoridad Nacional Designada para los enfoques de cooperación voluntaria establecidos en el artículo 6 del Acuerdo de París.
El texto refundido de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante, objeto de modificación por la disposición final primera seguirá amparándose en los títulos competenciales previstos en la norma objeto de modificación.
La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, objeto de modificación por la disposición final segunda, seguirá amparándose en los títulos competenciales previstos en la norma objeto de modificación.
Las disposiciones finales tercera, cuarta y quinta, en lo relativo a los centros de procesamiento de datos, se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª, 21.ª, 25.ª y 29.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, en materia de telecomunicaciones, sobre las bases del régimen minero y energético y en materia de seguridad pública, respectivamente.
Las disposiciones finales tercera, en lo relativo a las estaciones de recarga y al almacenamiento distribuido, y sexta se dictan al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª y 25.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva sobre las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y sobre las bases del régimen minero y energético, respectivamente.
Este real decreto-ley incorpora al ordenamiento jurídico español las Directiva (UE) 2023/958 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, por la que se modifica la Directiva 2003/87/CE en lo que respecta a la contribución de la aviación al objetivo de la Unión de reducir las emisiones en el conjunto de la economía y a la adecuada aplicación de una medida de mercado mundial y la Directiva (UE) 2023/959, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de mayo de 2023, por las que se modifica la Directiva 2003/87/CE, por la que se establece un régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión y la Decisión (UE) 2015/1814, relativa al establecimiento y funcionamiento de una reserva de estabilidad del mercado en el marco del régimen para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero en la Unión.
Este real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado el 20 de noviembre de 2026.
FELIPE R.
El Presidente del Gobierno,
PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN
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Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid