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Documento BOE-A-2026-24437

Real Decreto-ley 40/2026, de 20 de noviembre, de medidas urgentes para el impulso de la competitividad y la soberanía tecnológica en el ámbito científico e investigador.

Publicado en:
«BOE» núm. 290, de 21 de noviembre de 2026, páginas 158071 a 158107 (37 págs.)
Sección:
I. Disposiciones generales
Departamento:
Jefatura del Estado
Referencia:
BOE-A-2026-24437

TEXTO ORIGINAL

I

El Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación (en adelante, SECTI) ha experimentado un crecimiento muy relevante en los últimos años. Gracias a las reformas y la mayor inversión de la historia en ciencia e innovación del Gobierno de España, así como a la participación de las empresas tecnológicas, la inversión en I+D ha crecido un 60 % desde 2018, alcanzando los 24.000 millones de euros en 2024, el 1,5 % del PIB, según el último dato disponible. Desde 2020, los crecimientos en I+D de España han sido superiores a la media de la Unión Europea (en adelante, UE), reduciendo nuestra brecha, aunque estemos aún lejos de los niveles de inversión en I+D de la media UE-27 (2,2 % del PIB).

El aumento de la inversión en I+D se ha traducido en más empleo en ciencia e innovación, con tasas de crecimiento en afiliación en profesiones científicas y tecnológicas hasta tres veces superiores a la media. En el ámbito puramente investigador, casi 300.000 personas trabajan en I+D en el sector público y en el privado según la encuesta del Instituto Nacional de Estadística (INE) de 2024, el máximo histórico en nuestro país y un 31 % más que en 2018 (70.000 personas más). Además, España se ha consolidado como un destino cada vez más atractivo para el talento investigador internacional, gracias, entre otros factores, al fortalecimiento de los programas de recursos humanos de la Agencia Estatal de Investigación. Destacan, en particular, la reciente ampliación y reforma del programa Ramón y Cajal, orientado a la incorporación de personal investigador posdoctoral y cuyos beneficiarios incluyen aproximadamente un 30 % de investigadores de nacionalidad extranjera, y la creación, en 2023, del programa ATRAE, diseñado específicamente para atraer a investigadores de reconocido prestigio internacional.

Este fortalecimiento del SECTI se produce en un contexto internacional en el que la ciencia y la tecnología se han convertido en recursos estratégicos para la seguridad, la competitividad y la soberanía de los países. El desarrollo y el dominio de tecnologías críticas, como la inteligencia artificial, la biotecnología, las nuevas energías, los semiconductores o las tecnologías cuánticas, ocupan hoy un lugar central en las estrategias económicas y de seguridad. En este escenario, la capacidad de España y de Europa para generar conocimiento, transformarlo en innovación y desarrollar capacidades tecnológicas propias resulta fundamental para reforzar su autonomía estratégica, reducir dependencias y mejorar su competitividad.

En España, los avances realizados en los últimos años proporcionan una base sólida para afrontar estos desafíos. Sin embargo, la velocidad de las transformaciones tecnológicas y la creciente competencia internacional hacen necesario actuar con urgencia para evitar que las rigideces normativas y de gestión limiten la capacidad de respuesta del sistema científico y tecnológico español. Para aprovechar plenamente las capacidades desarrolladas, resulta imprescindible acompañar el creciente esfuerzo inversor con medidas normativas de aplicación inmediata que permitan al SECTI mejorar su capacidad de respuesta ante los desafíos actuales, acelerar el desarrollo de tecnologías críticas para reforzar la seguridad nacional y la autonomía estratégica, atraer y desarrollar talento científico e innovador y, en definitiva, aumentar el impacto de la investigación sobre la economía y la sociedad. En particular, se identifican los siguientes ámbitos prioritarios de actuación:

a) Dotar de mayor competitividad a algunos centros públicos que investigan en tecnologías críticas, en sus líneas de investigación directamente vinculadas a la soberanía científica y tecnológica.

b) Reforzar la gobernanza y el funcionamiento del Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación como centro de referencia español y europeo.

c) Reforzar la capacidad de generación de conocimiento y de transferencia a la sociedad de todo el sistema público de I+D+I agilizando procedimientos.

d) Aumentar la seguridad jurídica y la trazabilidad de las deducciones fiscales por I+D y por innovación tecnológica (en adelante, IT) de las empresas.

Este real decreto-ley se divide en cuatro títulos que llevan por leyenda «Centros de interés nacional para la soberanía científica y tecnológica» (título I), «Medidas urgentes en el ámbito organizativo» (título II), «Medidas urgentes en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación» (título III), «Medidas urgentes en fiscalidad de la investigación y el desarrollo y de la innovación tecnológica» (título IV).

El título I de este real decreto-ley dota de un estatus especial a determinadas instituciones públicas para sus líneas de investigación y desarrollo tecnológico en áreas críticas para la soberanía científica y tecnológica.

España cuenta hoy con algunos centros públicos de excelencia internacional en tecnologías críticas para la soberanía estratégica, como la IA, la biotecnología, los semiconductores o las tecnologías cuánticas, que constituyen activos esenciales en un contexto geopolítico marcado por la competencia tecnológica, la autonomía estratégica y la seguridad económica.

La propia OCDE (2021), en un informe específico sobre España, recomienda reforzar la autonomía operativa de las universidades y organismos públicos de investigación. En relación directa con la comercialización de patentes, el informe advierte de que los procedimientos competitivos estandarizados pueden no resultar adecuados para determinadas operaciones de transferencia de propiedad intelectual y propone considerar mecanismos alternativos que preserven la competencia y maximicen el valor generado.

En el título I se aprueban las siguientes medidas concretas:

a) Se restringe su aplicación a aquellas líneas de investigación, desarrollo e innovación de estos centros que estén directamente vinculadas a la soberanía científica y tecnológica, entendida como la capacidad del Estado, en el marco de la autonomía estratégica abierta de la Unión Europea, de generar, retener, proteger y utilizar el conocimiento científico y las tecnologías críticas necesarias para garantizar la seguridad nacional, la continuidad de los servicios esenciales y la competitividad y seguridad de la economía. El régimen especial no se aplica al resto de la actividad del centro.

b) Se definen las líneas de investigación vinculadas a la soberanía científica y tecnológica, que deberán desarrollarse en los ámbitos tecnológicos críticos para la seguridad económica de la Unión Europea identificados en la Recomendación (UE) 2023/2113 de la Comisión, de 3 de octubre de 2023, como los semiconductores avanzados, la inteligencia artificial, las tecnologías cuánticas o las biotecnologías.

c) Se crea la Comisión Interministerial de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Autonomía Estratégica y Proyectos Estratégicos (CICTIAP), que evaluará las solicitudes y elevará al Consejo de Ministros la propuesta de declaración de centro de interés nacional para la soberanía científica y tecnológica, con identificación de las líneas de investigación vinculadas, las medidas aplicables, su alcance, sus condiciones y su plazo de vigencia. Su Presidencia corresponderá a la persona titular de la Secretaría de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades y contará con cuatro Vicepresidencias, que corresponderán, por este orden, a los representantes del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, del Ministerio de Defensa y del Ministerio de Industria y Turismo. Formarán parte de ella, como vocales, representantes de otros nueve ministerios y de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno. La Secretaría corresponderá a la persona titular de la Dirección del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, E.P.E. La CICTIAP asumirá además las funciones de Comité Interministerial de la Estrategia Deep Tech España 2026-2030 y el seguimiento y control del cumplimiento de las medidas. Las normas relativas a su composición y funciones tendrán rango reglamentario.

d) Se limita el estatus especial a cinco años, renovables posteriormente hasta un máximo de diez años. Se limita inicialmente a veinte el número de centros que pueden contar simultáneamente con la declaración, con una evaluación ex post del régimen a los tres años, cuyo resultado favorable podrá permitir al Gobierno ampliar progresivamente ese número.

e) Se exceptúa a las líneas de investigación de estos centros seleccionados de las siguientes cuestiones:

1.º No serán de aplicación las limitaciones de la oferta de empleo público y de la masa salarial de su personal laboral.

2.º Se elevan los umbrales del procedimiento abierto simplificado y simplificado abreviado para bienes, servicios y suministros, y no se aplica la contratación centralizada.

3.º La cesión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora se regirá por el derecho privado y podrá adjudicarse directamente, sin sujeción a la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, facilitando así la transferencia de conocimiento.

4.º Se les permite constituir o participar en el capital de sociedades mercantiles y otras entidades basadas en el conocimiento cuando sean socios minoritarios, sin sujeción a la legislación de patrimonio ni de contratos del sector público y sin perjuicio de la autorización del Consejo de Ministros o del órgano autonómico o universitario competente cuando proceda. También podrán suscribir convenios con otros agentes públicos o privados exentos de la autorización del Ministerio de Hacienda prevista en el artículo 50.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre. Todo ello aumenta su capacidad para generar impacto con los resultados de sus investigaciones.

5.º En las subvenciones y ayudas públicas de las que resulten beneficiarias podrán justificar mediante cuenta justificativa simplificada con independencia de su cuantía, podrán fijarse unos costes indirectos del 30 por ciento sin necesidad de justificación y no será necesario solicitar tres ofertas para gastos de bienes, servicios y suministros, aunque el gasto supere los umbrales del contrato menor.

Se establecen garantías para preservar el interés público. Los contratos, convenios y participaciones societarias deberán incorporar cláusulas de seguridad, confidencialidad, protección de resultados, retorno público y salvaguardas frente a cambios de control. Los centros declarados estarán obligados a realizar auditorías externas sobre el cumplimiento de las condiciones, obligaciones y compromisos establecidos en el acuerdo de declaración. La CICTIAP evaluará estas auditorías y emitirá un informe sobre el cumplimiento o incumplimiento, total o parcial, de las condiciones, obligaciones y compromisos por parte de cada centro. La CICTIAP podrá suspender las medidas o proponer al Consejo de Ministros la revocación de la declaración, previa audiencia de la entidad, en caso de informe negativo de cumplimiento, de indicios de vulneración de las obligaciones de seguridad, de alteración sustancial de las circunstancias o de pérdida de la acreditación, sin que ello afecte a la validez de los actos y contratos celebrados durante su vigencia.

El título II se refiere únicamente al Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (en adelante BSC-CNS). La personalidad jurídica actual del BSC-CNS, que es la de un consorcio público, está generando algunas disfuncionalidades debido al cambio de funciones del centro, que en 10 años ha pasado de una infraestructura de investigación a consolidarse también como un centro de investigación y de innovación empresarial de primer orden europeo.

La innovación normativa que aporta este título del real decreto-ley consiste en la creación de una nueva fundación del sector público estatal adscrita al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades centrada en la investigación, que sucederá al actual consorcio y a la que se autoriza a crear o participar en sociedades mercantiles para comercializar los resultados de investigación. La participación de las Administraciones Públicas fundadoras será del 60 por ciento por la Administración General del Estado, el 35 por ciento por la Generalitat de Catalunya y el 5 por ciento por la Universidad Politécnica de Catalunya.

Mediante el título III se agilizan los procedimientos para reforzar la capacidad de generación de conocimiento y de transferencia a la sociedad de todo el sistema público de I+D+I. Para ello se modifican una serie de normas, en especial la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación; la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas; el texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio; el Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, y el Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero.

Las medidas incluidas en este título III tienen por finalidad:

a) Intensificar la transferencia de conocimiento y agilizar la contratación. Los agentes públicos podrán realizar contratos con empresas para trabajos científicos y de formación; los agentes financiadores y ejecutores del SECTI podrán ser medios propios de la Administración, y los Organismos Públicos de Investigación quedan exentos de constituir garantías y de acreditar clasificación y solvencia en los contratos de servicios de investigación y asistencia técnica. Asimismo, se regulan los contratos de coedición de obras científicas.

b) Mejorar las condiciones del personal de los agentes públicos del SECTI:

1.º Se amplía a los investigadores de los Organismos Públicos de Investigación la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto a tiempo parcial con funciones docentes y se eleva hasta 150 horas anuales el límite de las actividades formativas exceptuadas del régimen de incompatibilidades.

2.º Se mejoran las condiciones de movilidad del personal investigador.

3.º Se permite que los investigadores distinguidos puedan tener sueldos por encima de lo establecido en las categorías de las escalas de empleados públicos (contratos de investigadores ATRAE y otras convocatorias públicas de atracción de talento investigador).

4.º Se permitirá la promoción interna entre escalas del mismo subgrupo para personal técnico, permitiendo la mejora de su carrera profesional.

5.º Se suprime la autorización previa de los contratos predoctorales y de acceso de personal investigador doctor cuando estén íntegramente vinculados a financiación externa o a convocatorias competitivas, incluidas las que exijan cofinanciación.

6.º Se permite someter a evaluación la actividad investigadora, la de transferencia de conocimiento o ambas, y se garantiza que el personal investigador funcionario que ocupe puestos de dirección y gestión científico-técnica conserve los componentes retributivos por méritos investigadores, de transferencia y de excelencia científica.

7.º Se refuerza el acceso a las escalas científicas de los Organismos Públicos de Investigación mediante un concurso basado en la valoración del currículo, que podrá realizar la Agencia Estatal de Investigación, en el que el certificado R3 podrá surtir efectos y las pruebas podrán realizarse en inglés. Además, se amplía la promoción interna al personal investigador laboral fijo y distinguido y al profesorado universitario.

8.º Se permite al personal investigador de la Administración General del Estado solicitar la reducción del complemento específico a efectos de compatibilidad y se mantiene la condición de mutualista de MUFACE durante la excedencia temporal del artículo 17 de la Ley 14/2011, de 1 de junio.

c) Facilitar la colaboración en I+D+I tanto con entidades privadas como con financiadores extranjeros y en bancos de pruebas regulatorios, lo que se concreta en:

1.º Más facilidades para firmar convenios para investigación entre entidades públicas y entre estas y entidades privadas cuando el intercambio de fondos sea beneficioso para la entidad pública.

2.º La regulación de las estructuras mixtas de investigación sin personalidad jurídica entre AGE y CCAA como los centros mixtos del CSIC.

3.º La inclusión de las entidades locales dentro de las entidades que pueden establecer bancos de pruebas para el desarrollo, impulso y ejecución de proyectos innovadores o tecnológicos.

d) Fomentar la contratación de personal investigador mediante bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social, un incentivo de carácter no tributario que pretende favorecer tanto la contratación como la estabilidad laboral de este personal:

1.º Se modifica el Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, para que la contratación indefinida de personal dedicado en exclusiva a actividades de I+D e innovación tecnológica dé derecho a una bonificación del 40 por ciento de la aportación empresarial por contingencias comunes durante un máximo de cinco años. La bonificación aumenta un 5 por ciento por la contratación de personas investigadoras menores de 30 años y otro 5 por ciento por la de mujeres investigadoras, acumulables entre sí. Se admite, además, que hasta un 15 por ciento del tiempo dedicado a formación, docencia o divulgación compute como dedicación exclusiva. Se espera así fomentar una mayor intensidad de personal de alto valor añadido en el tejido productivo y cerrar la brecha con la media de la UE, donde un mayor porcentaje del personal investigador trabaja en las empresas privadas.

2.º Se modifica el artículo 27 del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, para establecer una bonificación en la cotización de 200 euros mensuales por la contratación de personal investigador mediante contrato predoctoral, durante la vigencia del contrato, incluidas sus prórrogas.

Las innovaciones normativas que contiene el título IV aumentan la seguridad jurídica de las deducciones fiscales por I+D y por innovación tecnológica (IT) de las empresas y mejoran su aplicación en caso de insuficiencia de cuota.

Los incentivos fiscales son el principal instrumento para fomentar la inversión en I+D e IT y pueden jugar un papel determinante en la atracción de inversión extranjera directa en I+D. Estas deducciones han demostrado ser efectivas para fomentar la inversión en I+D e IT: según estudios nacionales (AIReF, 2020) e internacionales (OCDE) por cada euro de dinero público destinado a este incentivo se produce un incremento en la inversión privada de 1,5 euros. Una inversión que es esencial para mejorar la productividad y la competitividad de la economía. Por esta razón, resulta necesario garantizar que su aplicación redunda en beneficio de las entidades que desarrollan este tipo de proyectos y que conformen el ecosistema español de I+D+I.

A tales efectos, mediante este real decreto-ley se incorporan los siguientes cambios:

1) Permitir la monetización de las deducciones generadas por actividades de I+D e innovación tecnológica con un descuento del 20 por ciento de su importe, hasta un límite conjunto de 3 millones de euros anuales por grupo de sociedades, ampliable en 2 millones de euros adicionales para la deducción por I+D cuando estos gastos superen el 10 por ciento del importe neto de la cifra de negocios. El fin es paliar la pérdida de efectividad del incentivo cuando el contribuyente no dispone de cuota suficiente para aplicar la deducción.

Su aplicación se condiciona a que transcurra al menos un año desde la finalización del período impositivo en que se generó la deducción, a que no se reduzca la plantilla, a que se destine al menos el 80 por ciento de su importe a gastos o inversiones en I+D e innovación tecnológica en los 24 meses siguientes y a la obtención de un informe motivado o de un acuerdo previo de valoración.

Esta medida se alinea con las conclusiones y recomendaciones de diversos estudios nacionales (AIReF), europeos (Parlamento Europeo, Comisión Europea) e internacionales (OCDE), así como con la práctica de diversos países.

2) Introducción en la Ley del Impuesto sobre Sociedades de ciertas precisiones para mejorar la aplicación de las deducciones fiscales por actividades de I+D y/o de innovación tecnológica en los casos en los que se constituye una AIE.

En aquellos casos en los que se constituya una Agrupación de Interés Económico (AIE), se contempla expresamente que el análisis de la existencia de innovación tecnológica a los efectos de emisión del informe motivado debe realizarse respecto de la entidad que ejecuta las actividades, no respecto de la entidad intermediaria que asume la titularidad del proyecto (la AIE).

3) Reformulación de los apartados a) y b) del artículo 35 de la Ley del Impuesto sobre Sociedades con el fin de aumentar la seguridad jurídica en la aplicación de deducciones por innovación tecnológica.

Se pretende evitar que se produzcan incongruencias entre los informes motivados del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y la interpretación posterior de la Inspección de Hacienda cuando se aplican las deducciones fiscales.

De esta manera, en aras de la calidad normativa y, por ende, de la seguridad jurídica, procede adecuar el contenido de los apartados a) y b) del artículo 35.2 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, a los elementos que deben regularse en los mismos, de conformidad con el tenor literal de dichos apartados («concepto de innovación tecnológica» y «base de la deducción», respectivamente), replicando así la estructura que se establece en el apartado 1 del mismo artículo para las deducciones por actividades de I+D.

4) Mejora del porcentaje de la deducción por innovación tecnológica y habilitación para concretar su ámbito.

Se eleva al 15 por ciento el porcentaje de deducción por innovación tecnológica en los dos primeros períodos impositivos en que se efectúen gastos, en aquellos en que su importe se incremente al menos un 20 por ciento respecto del período anterior y cuando no sea inferior a la media de los dos períodos inmediatamente anteriores. Asimismo, se prevé que puedan concretarse las actividades que se consideran innovación tecnológica mediante orden ministerial a propuesta conjunta de los Ministerios de Hacienda y de Ciencia, Innovación y Universidades.

En la parte final, la disposición adicional primera concede un crédito extraordinario al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para reforzar el Sistema Español de Ciencia Tecnología e Innovación; y la disposición adicional segunda autoriza, por concurrir causas excepcionales de interés público, la transformación en aportación al capital social del Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología de 20 millones de euros de las cuantías no amortizadas de dos préstamos concedidos en 2008 y 2009. Tras una disposición derogatoria genérica, las disposiciones finales se refieren a la salvaguardia del rango de disposiciones reglamentarias, los títulos competenciales y la entrada en vigor, respectivamente.

II

El artículo 86 de la Constitución Española permite al Gobierno dictar decretos-leyes «en caso de extraordinaria y urgente necesidad», siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general.

El real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito, siempre que, tal como reiteradamente ha exigido el Tribunal Constitucional (Sentencias 6/1983, de 4 de febrero, FJ 5; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, 137/2003, de 3 de julio, FJ 3, y 189/2005, de 7 de julio, FJ 3; 68/2007, FJ 10, y 137/2011, FJ 7), el fin que justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales, que por razones difíciles de prever requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía normal o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.

Debe quedar, por tanto, acreditada «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella» (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4). En relación con las medidas contempladas, debe destacarse que su adopción responde a una situación concreta que, por razones difícilmente previsibles, exige una acción normativa inmediata.

En el caso del título I, la urgencia deriva de la aceleración de la competencia internacional por el dominio de las tecnologías críticas identificadas por la Comisión Europea en la Recomendación (UE) 2023/2113. Esa competencia exige dotar de inmediato a los centros de excelencia de instrumentos ágiles de contratación de personal, de compras y de transferencia. Cualquier demora supone pérdida de talento, de oportunidades de financiación competitiva y de capacidad para retener en España el conocimiento estratégico generado.

En cuanto al título II, la actual forma jurídica de consorcio del BSC-CNS ya está generando disfuncionalidades, derivadas de la evolución de sus funciones, que limitan su capacidad para gestionar las infraestructuras de supercomputación de ámbito europeo que acoge y para valorizar sus resultados. Por ello resulta inaplazable iniciar su transformación en fundación del sector público.

Las medidas del título III responden a la necesidad de eliminar de forma inmediata cuellos de botella de gestión, como las autorizaciones previas, la tramitación de convenios, la contratación y el régimen de compatibilidades. Esos cuellos de botella retrasan la ejecución de proyectos financiados con fondos competitivos nacionales y europeos, sujetos a plazos tasados de ejecución y justificación cuyo incumplimiento puede conllevar la pérdida de la financiación.

Finalmente, las medidas fiscales del título IV deben surtir efecto con la mayor rapidez posible, para que las empresas puedan tenerlas en cuenta en sus próximas decisiones de inversión en I+D e innovación y para poner fin a la inseguridad jurídica derivada de las discrepancias interpretativas en la aplicación de las deducciones por innovación tecnológica.

En consecuencia, existe una necesaria conexión entre esta situación de urgencia previamente explicada y las medidas específicas previstas, ya que únicamente mediante una habilitación extraordinaria e inmediata resulta posible garantizar la continuidad de actuaciones inaplazables, en un plazo más breve del que permitiría la tramitación ordinaria o incluso el procedimiento de urgencia parlamentario.

El Real Decreto-ley constituye, de acuerdo con el artículo 86 de la Constitución Española y la doctrina reiterada del Tribunal Constitucional, un instrumento normativo constitucionalmente idóneo para la adopción de las medidas que se adoptan.

III

El presente real decreto-ley responde a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, toda vez que el principio de necesidad ha quedado acreditado gracias a la justificación y concurrencia del presupuesto habilitante exigido por el artículo 86.1 de la Constitución Española para la aprobación por parte del Gobierno de reales decretos-leyes, y que ha quedado detallado en el apartado anterior de esta parte expositiva.

La protección del interés general exige un vehículo jurídico eficaz, siendo así el real decreto-ley el instrumento más inmediato para garantizar su consecución. Igualmente, la norma resulta acorde con el principio de proporcionalidad, ya que no impone obligaciones a los ciudadanos ni contiene medidas restrictivas de derechos.

El principio de seguridad jurídica resulta plenamente garantizado por cuanto la norma respeta y se inserta coherentemente dentro del sistema de fuentes y con el resto del ordenamiento jurídico y se ve reforzado al establecer de forma clara y precisa el alcance, condiciones y límites de las innovaciones normativas que se realizan en el ordenamiento jurídico.

Adicionalmente, dado el rango legal exigible de las medidas a implementar y ante las circunstancias que concurren, la aprobación de un real decreto-ley aparece como la opción más adecuada y pertinente.

En cuanto al principio de transparencia, aun cuando la norma está exenta de los trámites de consulta pública y audiencia por tratarse de un real decreto-ley, sus objetivos y contenido quedan claramente definidos tanto en la parte expositiva como en la Memoria que la acompaña.

El principio de eficacia se satisface en tanto que la norma constituye el instrumento adecuado para garantizar la ejecución de las innovaciones normativas que incorpora. En este sentido, ante la situación de extraordinaria y urgente necesidad analizada, la aprobación de un real decreto-ley, dado el rango legal exigible de las medidas a implementar y ante las alternativas posibles, hace que esta norma se erija como la opción más adecuada y pertinente para asegurar la consecución de los fines perseguidos.

Por último, el principio de eficiencia se cumple en la medida en que la norma no impone cargas administrativas a la ciudadanía y permite una utilización racional y eficiente de los recursos públicos, facilitando la ejecución de acciones estratégicas en materia de investigación, desarrollo e innovación y reduciendo costes asociados en determinados casos.

El presente real decreto-ley se dicta al amparo de las reglas 6.ª, 7.ª, 8.ª, 13.ª, 14.ª, 15.ª, 17.ª y 18.ª del artículo 149.1 de la Constitución, que atribuyen al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación mercantil, legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas, legislación civil, bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y sobre Hacienda en general y Deuda del Estado; así como en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas, y bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, respectivamente.

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta de la Ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, y del Ministro de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 20 de noviembre de 2026,

DISPONGO:

TÍTULO I
Centros de Interés Nacional para la Soberanía Científica y Tecnológica
Artículo 1. Ámbito subjetivo y objetivo.

1. Los Centros de Excelencia «Severo Ochoa» y las Unidades de Excelencia «María de Maeztu», así como los consorcios y fundaciones integrantes del sector público que tengan la consideración de agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, cuando desarrollen líneas de investigación de alto impacto que estén directamente vinculadas a la soberanía científica y tecnológica, podrán recabar de la Comisión Interministerial de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Autonomía Estratégica y Proyectos Estratégicos (en adelante, CICTIAP), que eleve al Consejo de Ministros la propuesta de declaración de centro de interés nacional para la soberanía científica y tecnológica, a efectos de la ejecución de dichas líneas de investigación, que deberán identificarse de forma individualizada en la solicitud. El régimen previsto en este título no será aplicable al resto de la actividad del centro.

2. Los Centros de Excelencia «Severo Ochoa» y las Unidades de Excelencia «María de Maeztu» únicamente podrán recabar la declaración prevista en este título mientras sea válida y eficaz la correspondiente acreditación de la Agencia Estatal de Investigación.

3. A los efectos de este real decreto-ley, se entiende por soberanía científica y tecnológica la capacidad del Estado, en el marco de la autonomía estratégica abierta de la Unión Europea, de generar, retener, proteger y utilizar el conocimiento científico y las tecnologías críticas necesarias para garantizar la seguridad nacional, la continuidad de los servicios esenciales y la competitividad y seguridad de la economía, sin dependencias de terceros que puedan comprometer dichos fines.

4. El número de entidades que podrán contar simultáneamente con declaración vigente de centro de interés nacional para la soberanía científica y tecnológica no podrá exceder de veinte. A estos efectos, cada entidad beneficiaria computará como un único centro, con independencia del número de líneas de investigación declaradas. Este límite podrá ampliarse en los términos previstos en el artículo 14.

Artículo 2. Líneas de investigación vinculadas a la soberanía científica y tecnológica.

1. A los efectos de este real decreto-ley, se considerarán líneas de investigación de alto impacto vinculadas a la soberanía científica y tecnológica del Estado aquellas que, por razón de su objeto, finalidad, tecnología, aplicación potencial o carácter estratégico, contribuyan de forma relevante a la seguridad nacional, defensa, seguridad pública, protección de infraestructuras críticas, ciberseguridad, salud pública, seguridad alimentaria, energía, resiliencia climática, inteligencia artificial, gestión de crisis o protección civil, resiliencia del Estado, continuidad de servicios esenciales, autonomía estratégica o reducción de dependencias críticas de carácter científico, tecnológico, industrial, digital o de conocimiento.

2. Tendrán, en todo caso, tal consideración de líneas de investigación, las que cumplan una o varias de las siguientes condiciones:

a) Que contribuyan al desarrollo, protección o mantenimiento de capacidades científicas, tecnológicas, industriales, digitales o de infraestructura relevantes para la seguridad nacional, la defensa, la seguridad pública, la gestión de crisis, la ciberseguridad, la continuidad de servicios esenciales o la resiliencia del Estado.

b) Que tengan por objeto tecnologías avanzadas, emergentes, disruptivas o de uso dual cuya disponibilidad, control, integración o escalado resulte relevante para la autonomía estratégica de España o de la Unión Europea.

c) Que reduzcan dependencias críticas respecto de terceros países, proveedores únicos, cadenas de valor vulnerables, software, datos, componentes, infraestructuras digitales o capacidades de procesamiento cuya indisponibilidad pueda afectar a intereses esenciales del Estado.

d) Que permitan proteger, retener, valorizar o escalar conocimiento científico-tecnológico generado en España cuando su pérdida, deslocalización o control por terceros pueda comprometer capacidades estratégicas nacionales o europeas.

e) Que requieran, por su impacto potencial, un régimen específico de seguridad, confidencialidad, trazabilidad, control de acceso, soberanía del dato, retorno público, protección de propiedad intelectual o industrial, limitación de transferencia o salvaguardas frente a cambios de control.

3. Estas líneas de investigación deben desarrollarse en ámbitos tecnológicos críticos para la seguridad económica de la UE de acuerdo con el anexo de la Recomendación (UE) 2023/2113 de la Comisión, de 3 de octubre de 2023, sobre ámbitos tecnológicos críticos para la seguridad económica de la UE con vistas a realizar evaluaciones de riesgos adicionales conjuntamente con los Estados miembros y que incluye: tecnologías avanzadas de semiconductores, tecnologías de inteligencia artificial, tecnologías cuánticas, biotecnologías, tecnologías avanzadas de conectividad, de navegación y digitales, tecnologías avanzadas de detección, tecnologías espaciales y de propulsión, tecnologías energéticas, robótica y sistemas autónomos, y tecnologías avanzadas de materiales, de fabricación y de reciclado.

Artículo 3. Efectos de la declaración de centro de interés nacional para la soberanía científica y tecnológica.

1. La declaración de centro de interés nacional para la soberanía científica y tecnológica se aprobará por acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de la CICTIAP, que evaluará previamente las solicitudes y elevará la propuesta a través de la persona titular del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. La declaración habilitará a la entidad beneficiaria a aplicar una o varias de las medidas previstas en este título en la ejecución de las líneas de investigación declaradas, de conformidad con lo que establezca dicho acuerdo.

2. La aplicación de las medidas que se acuerden deberá ser proporcional a la naturaleza, finalidad, criticidad, impacto potencial y necesidades específicas de la entidad beneficiaria.

3. El acuerdo del Consejo de Ministros determinará expresamente las entidades beneficiarias, las líneas de investigación que se consideran vinculadas a la soberanía científica y tecnológica conforme al artículo 2, las medidas aplicables a su ejecución, su alcance material, las condiciones de aplicación, el plazo de vigencia y, en su caso, las obligaciones específicas de protección de la seguridad nacional, la soberanía científica y tecnológica del Estado, la confidencialidad de la información, la adecuada protección y retorno de los resultados, así como la preservación y control de las capacidades estratégicas vinculadas a dichos proyectos, de acuerdo con la propuesta de la CICTIAP.

4. Las medidas de la declaración de centro de interés nacional para la soberanía científica y tecnológica surtirán efectos exclusivamente sobre la ejecución de las líneas de investigación de dichos centros.

5. Los centros declarados de interés nacional para la soberanía científica y tecnológica deberán realizar una auditoría externa anual sobre el cumplimiento de las condiciones, obligaciones y compromisos establecidos en el acuerdo de declaración.

6. Cuando el número de solicitudes que reúnan los requisitos de este título exceda del número máximo previsto en el artículo 1.4, la CICTIAP elevará sus propuestas priorizando el grado de vinculación de las líneas de investigación con la soberanía científica y tecnológica, su impacto potencial y la capacidad de la entidad para la gestión del régimen excepcional.

Artículo 4. Medidas en materia de personal.

1. No resultarán de aplicación a las convocatorias para la contratación de personal destinado a la realización de actividades vinculadas a las líneas de investigación previstas en este título y a los proyectos de investigación, desarrollo e innovación que las conformen, las limitaciones de oferta de empleo público previstas en las correspondientes leyes de presupuestos o de la masa salarial del personal laboral, pudiendo suscribirse contratos en cualquiera de las modalidades previstas por la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, así como por la legislación laboral general. En todo caso, dichas contrataciones estarán condicionadas a la existencia de crédito adecuado y suficiente para su financiación, con cargo a la línea de investigación o al proyecto correspondiente.

2. Dicho personal deberá cumplir los requerimientos que resulten necesarios para poder participar en las líneas de investigación de los centros y en los proyectos que las conformen y acceder, tratar y manejar la información que derive de ellos, incluyendo la posesión de las habilitaciones de seguridad personal que pudieran requerirse.

3. Las convocatorias, contratos y condiciones de incorporación del personal deberán adecuarse a la naturaleza de las líneas de investigación y de los proyectos de investigación que las conformen, a sus exigencias de seguridad, confidencialidad, control de acceso, continuidad operativa y protección de los resultados o capacidades estratégicas generadas.

Artículo 5. Medidas en materia de contratación.

1. Los contratos de obras, suministro o servicios que resulten precisos para la ejecución de las líneas de investigación a las que se refieren los artículos 1 y 2 de este real decreto-ley, se beneficiarán de las siguientes medidas específicas:

a) Los contratos de obras, suministro o servicios podrán licitarse conforme al procedimiento abierto simplificado abreviado previsto en el artículo 159.6 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, con un valor estimado de hasta 200.000 euros en el caso de contratos de obras, 150.000 euros en el caso de suministros y 150.000 euros en el caso de servicios, o a sus correspondientes actualizaciones.

b) Los contratos de obras, suministro o servicios podrán licitarse conforme al procedimiento abierto simplificado previsto en el artículo 159 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, con un valor estimado de hasta 5.404.000 euros o a la cuantía que en su caso se establezca en cada momento como umbrales de los contratos sujetos a regulación armonizada en el caso de contratos de obras, 216.000 euros en el caso de suministros y 216.000 euros en el caso de servicios.

c) No resultarán de aplicación las reglas y procedimientos de contratación centralizada en los contratos de bienes, servicios y suministros científicos singulares que requieren las líneas de investigación vinculadas a la soberanía científica y tecnológica, pudiendo los respectivos órganos de contratación efectuar los procedimientos de licitación de manera individualizada.

2. Los contratos previstos en este artículo deberán incorporar, conforme a lo establecido en el acuerdo de declaración, cláusulas de seguridad, confidencialidad, control de acceso, protección de resultados, retorno público, reversión, mejor fortuna, control de sublicencias, limitaciones a la transmisión a terceros y salvaguardas frente a cambios de control que puedan comprometer la seguridad nacional y/o la soberanía científica y tecnológica.

Artículo 6. Medidas para la transferencia, explotación y gestión de resultados de la actividad investigadora.

1. Se regirán por el derecho privado los siguientes contratos que celebren las entidades beneficiarias de la declaración de centro de interés nacional para la soberanía científica y tecnológica, pudiendo efectuarse en todo caso mediante adjudicación directa y sin que resulte de aplicación a tales contratos la Ley 9/2017, de 8 de noviembre:

a) Contratos de opción para explorar la viabilidad empresarial y de sociedad suscritos con ocasión de la constitución o participación en sociedades.

b) Contratos de financiación y de colaboración para la valorización y transferencia de resultados de la actividad de investigación, desarrollo e innovación.

c) Contratos de prestación de servicios de investigación, desarrollo y asistencia técnica con entidades públicas y privadas, para la realización de trabajos de carácter científico y técnico o para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación.

d) Contratos para la transmisión a terceros de derechos sobre los resultados de la actividad investigadora, que incluye los derechos de propiedad industrial o intelectual, de obtenciones vegetales o de secretos empresariales.

2. Los contratos, licencias o instrumentos jurídicos a que se refiere este artículo deberán delimitar expresamente el objeto, alcance, duración, condiciones económicas, régimen de sublicencia, obligaciones de explotación, retorno económico, protección de resultados y salvaguardas de interés público que resulten aplicables. Cuando los resultados objeto de cesión sean susceptibles de protección mediante derechos de propiedad industrial, deberán preverse las medidas necesarias para garantizar su adecuada protección, de conformidad con la normativa aplicable.

Artículo 7. Medidas para la constitución o participación en sociedades mercantiles y entidades basadas en el conocimiento.

1. Las entidades beneficiarias de la declaración de centro de interés nacional para la soberanía científica y tecnológica podrán constituir o participar de forma minoritaria en el capital de sociedades mercantiles o cualesquiera otras entidades basadas en el conocimiento, con independencia de su forma jurídica, para la adecuada ejecución de las líneas de investigación y la gestión de sus resultados, de acuerdo con las normas de Derecho privado y sin que resulte de aplicación, a estos efectos, la legislación en materia de patrimonio de las Administraciones Públicas ni la legislación de contratos del sector público, sin perjuicio de la necesidad de la autorización del Consejo de Ministros o del órgano colegiado de gobierno autonómico cuando proceda de acuerdo a su normativa, o de la del órgano competente universitario de que se trate, para acordar dicha participación.

2. La constitución o participación en dichas sociedades o entidades no podrá comportar, por sí misma, la transmisión de la titularidad de infraestructuras tecnológicas estratégicas, bienes tecnológicos estructurales, activos materiales esenciales, resultados de investigación, derechos de propiedad intelectual o industrial, secretos empresariales, datos, software, know-how o cualesquiera otros activos intangibles cuya titularidad, control o disponibilidad deba preservarse por razones de seguridad nacional, política de Defensa, autonomía estratégica o soberanía científica y tecnológica.

3. Los pactos, contratos, licencias, acuerdos de socios o instrumentos jurídicos que articulen dicha constitución o participación deberán incorporar las cautelas necesarias para proteger el interés público y los fines del proyecto. En particular, cuando proceda, deberán incluir cláusulas de retorno económico a favor del agente público correspondiente, reversión por falta de explotación o incumplimiento, mejor fortuna, reserva de uso para fines científicos o de investigación, control de sublicencias, limitaciones a la transmisión a terceros, reglas sobre cambios de control, prevención de conflictos de interés y protección de tecnologías, activos o líneas estratégicas.

4. Las sociedades o entidades participadas no podrán asumir la gestión del personal científico, técnico u operativo de los agentes públicos participantes, ni dirigirlo funcionalmente, ni condicionar la agenda científica, el acceso público a las infraestructuras tecnológicas, la política de incorporación de activos tecnológicos estructurales al perímetro patrimonial público o las decisiones relativas a la titularidad, adscripción, afectación o régimen de uso de dichas infraestructuras.

5. Los ingresos, dividendos, cánones, royalties, plusvalías, retornos o cualesquiera otros rendimientos económicos derivados de la participación en dichas sociedades o entidades, o de la licencia, transferencia, explotación o comercialización de resultados, deberán destinarse al cumplimiento de los fines de investigación, desarrollo e innovación que justificaron la declaración del centro, así como a la financiación de la investigación, la atracción y retención de talento, el mantenimiento y mejora de la infraestructura tecnológica, el desarrollo de nuevas capacidades científico-tecnológicas y la sostenibilidad económica de la actividad desarrollada, sin perjuicio de los derechos de participación en los beneficios del personal investigador, en los términos acordados por el máximo órgano de gobierno colegiado del agente público de investigación y de acuerdo con la normativa que resulte aplicable en cada caso.

Artículo 8. Medidas relativas a la suscripción de convenios para el desarrollo de las líneas de investigación.

1. Los convenios que celebren las entidades beneficiarias de la declaración de centro de interés nacional para la soberanía científica y tecnológica con otros agentes públicos o privados que realicen actividades de investigación científica y técnica, nacionales, supranacionales o extranjeros, para el desarrollo de las líneas de investigación de la entidad beneficiaria de la declaración de centro de interés nacional para la soberanía científica y tecnológica, o de los proyectos de investigación que las conformen, estarán exentos del trámite de autorización del Ministerio de Hacienda a que hace referencia el artículo 50.2.c) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o del órgano competente de la comunidad autónoma cuando proceda de acuerdo con su normativa, en la que se encuadre la entidad beneficiaria en cuestión.

2. Los convenios previstos en este artículo deberán incorporar, cuando proceda, las condiciones de seguridad, confidencialidad, protección de resultados, control de acceso, retorno público, régimen de propiedad intelectual o industrial, limitaciones a la transferencia y obligaciones de seguimiento que resulten necesarias atendiendo a la naturaleza de las líneas de investigación del centro.

Artículo 9. Medidas en materia de subvenciones y ayudas públicas.

Las subvenciones o ayudas públicas de las que puedan resultar beneficiarias las entidades beneficiarias de la declaración de centro de interés nacional para la soberanía científica y tecnológica se regirán por las siguientes normas específicas:

a) La justificación de tales subvenciones se podrá efectuar, con independencia de su cuantía, mediante la modalidad de cuenta justificativa simplificada a que se refiere el artículo 75 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, siendo objeto de comprobación por muestreo en los términos previstos en la disposición adicional undécima de la Ley 14/2011, de 1 de junio.

b) Las bases reguladoras de las subvenciones y ayudas públicas para el desarrollo de líneas de investigación, desarrollo e innovación, o de los proyectos de investigación que las conformen, y que sean concedidas por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación previstos en este título podrán fijar un importe de los costes indirectos del 30 por ciento del coste de dicha actividad, sin necesidad de justificación.

c) Aunque el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, para el contrato menor en los contratos de bienes, servicios y suministros científicos singulares que requieren las líneas de investigación vinculadas a los centros de interés nacional para la soberanía científica y tecnológicas, no será necesario solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega del bien.

Artículo 10. Vigencia de las medidas excepcionales.

1. La declaración, válidamente obtenida, de centro de interés nacional para la soberanía científica y tecnológica tendrá una eficacia máxima de cinco años, que podrá ser prorrogada por una sola vez hasta otros cinco años adicionales por acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de la CICTIAP.

2. La pérdida de eficacia de la declaración de centro de interés nacional no afectará a las obligaciones de seguimiento, justificación, confidencialidad, seguridad, retorno público, protección de resultados o reversión que subsistan conforme al acuerdo de declaración, a los instrumentos jurídicos suscritos o a la normativa que resulte aplicable.

3. Terminada la vigencia de la declaración o finalizada la línea, los contratos, convenios y demás instrumentos que se suscriban se regirán por el régimen general. Los contratos de personal vinculados a la línea se regirán por lo pactado y por la legislación laboral aplicable, sin que la declaración pueda invocarse para su prórroga o renovación.

Artículo 11. Comisión Interministerial de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Autonomía Estratégica y Proyectos Estratégicos (CICTIAP).

La CICTIAP se crea como órgano colegiado interministerial adscrito al Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades a través de la Secretaría de Estado de Ciencia, Innovación y Universidades, cuya persona titular lo presidirá, correspondiendo la Secretaría de dicho órgano colegiado a la persona titular de la Dirección del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación, E.P.E., que participará con voz y voto, incorporando en su formación a los siguientes miembros:

a) Corresponderá la Vicepresidencia primera de la CICTIAP a un representante designado por la persona titular del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, con rango al menos de Dirección General.

b) Las Vicepresidencias segunda, tercera y cuarta corresponderán, respectivamente, a un representante del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, a un representante del Ministerio de Defensa y a un representante del Ministerio de Industria y Turismo, designados por las personas titulares de tales departamentos ministeriales y con rango, al menos, de Dirección General.

c) Serán vocales de la CICTIAP:

1.º Un representante del Ministerio de Hacienda, designado por la persona titular de dicho departamento ministerial, con rango, al menos, de Subdirección General.

2.º Un representante del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, designado por la persona titular de dicho departamento ministerial, con rango, al menos, de Subdirección General.

3.º Un representante del Ministerio de Sanidad, designado por la persona titular de dicho departamento ministerial, con rango, al menos, de Subdirección General.

4.º Un representante del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, designado por la persona titular de dicho departamento ministerial, con rango, al menos, de Subdirección General.

5.º Un representante del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, designado por la persona titular de dicho departamento ministerial, con rango, al menos, de Subdirección General.

6.º Un representante del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, designado por la persona titular de dicho departamento ministerial, con rango, al menos, de Subdirección General.

7.º Un representante del Ministerio de Trabajo y Economía Social, designado por la persona titular de dicho departamento ministerial, con rango, al menos, de Subdirección General.

8.º Un representante del Ministerio del Interior, designado por la persona titular de dicho departamento ministerial, con rango, al menos, de Subdirección General.

9.º Un representante del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, designado por la persona titular de dicho departamento ministerial, con rango, al menos, de Subdirección General.

10.º Un representante de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno, designado por la persona titular de la Oficina de Asuntos Económicos y G20 de la Presidencia del Gobierno, con rango, al menos, de Subdirección General.

d) Participará en la CICTIAP con voz, pero sin voto, un representante de los agentes de financiación, designado por la Presidencia de la Comisión.

e) Podrán ser invitados, por parte de la Presidencia, a participar en las reuniones de la CICTIAP, cuantos expertos resulten precisos en función del orden del día de los asuntos que vayan a ser objeto de tratamiento, que concurrirán a la misma con voz, pero sin voto.

Artículo 12. Competencias de la CICTIAP.

Serán competencias de la CICTIAP:

a) La evaluación de las solicitudes y la elevación al Consejo de Ministros de las propuestas de declaración de centro de interés nacional para la soberanía científica y tecnológica y de su prórroga, con indicación de los centros, de las líneas de investigación de alto impacto vinculadas a la soberanía científica y tecnológica y de las medidas aplicables a cada una de ellas.

b) La realización de las funciones de Comité Interministerial de la Estrategia Deep Tech España 2026-2030 o la del instrumento que, en su caso, la sustituya para el impulso de las tecnologías de futuro.

c) La verificación y control del cumplimiento de las decisiones relativas a la aplicación de las medidas previstas en este título, pudiendo, a estos efectos, solicitar cuanta documentación administrativa resulte necesaria a los correspondientes agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, a efectos de realizar el seguimiento y la adecuada comprobación del cumplimiento de dichas decisiones y de su ajuste a la legalidad.

d) La emisión de informes científico-tecnológicos en los que se evalúen los resultados obtenidos por los proyectos de investigación de las líneas de investigación, desarrollo e innovación sujetos a lo previsto en este título.

e) El seguimiento de las obligaciones de protección de resultados, retorno público, seguridad, confidencialidad, trazabilidad, reversión y preservación de capacidades estratégicas que deriven de la aplicación de las medidas previstas en este título.

f) La evaluación de los informes anuales de auditoría externa elaborados por los centros declarados de interés nacional para la soberanía científica y tecnológica y elevará un informe sobre el cumplimiento o incumplimiento, total o parcial, de las condiciones, obligaciones y compromisos por parte de cada centro.

g) La suspensión de la eficacia de las medidas excepcionales y la elevación al Consejo de Ministros de las propuestas de revocación de la declaración, en los términos del artículo 13.

h) La elaboración del informe de evaluación previsto en el artículo 14.

Artículo 13. Régimen de suspensión de las medidas excepcionales y revocación de la declaración.

1. La CICTIAP podrá acordar la suspensión total o parcial de la eficacia de las medidas excepcionales asociadas a la declaración de centro de interés nacional para la soberanía científica y tecnológica o, en su caso, proponer al Consejo de Ministros la revocación de dicha declaración, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Informe negativo de la Comisión sobre el cumplimiento, total o parcial, en relación con las condiciones, obligaciones o compromisos establecidos en el acuerdo de declaración de los centros.

b) La existencia de indicios suficientes de vulneración de las obligaciones en materia de seguridad nacional, confidencialidad, protección de resultados, trazabilidad o preservación de capacidades estratégicas.

c) La alteración sustancial de las condiciones y circunstancias que motivaron la declaración de las líneas de investigación como de interés nacional.

d) La falta de remisión de la información o documentación requerida por la CICTIAP en el ejercicio de sus funciones de verificación y control.

e) La concurrencia de circunstancias sobrevenidas que afecten a la viabilidad técnica, económica o estratégica del proyecto.

f) La pérdida sobrevenida de la acreditación de centro o unidad de excelencia o de la vinculación directa de la actividad del centro con la soberanía científica y tecnológica.

2. La suspensión de las medidas, que deberá ser motivada y previa audiencia de la entidad beneficiaria, determinará su alcance, duración y condiciones de levantamiento. Podrá afectar a todas o a algunas de las medidas reconocidas en el acuerdo de declaración.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cautelarmente la suspensión de la eficacia de las medidas podrá acordarse de forma inmediata cuando concurran razones de urgencia, seguridad nacional, política de Defensa, confidencialidad, protección de resultados o preservación de capacidades estratégicas que lo justifiquen, sin perjuicio de la audiencia posterior de la entidad responsable del proyecto.

3. En caso de persistencia de las causas que motivaron la suspensión o cuando concurra un incumplimiento grave o reiterado de las obligaciones asumidas, la CICTIAP podrá proponer al Consejo de Ministros la revocación de la declaración y la inaplicación de las medidas previstas en este título respecto a la línea de investigación correspondiente. Junto con la propuesta, la CICTIAP podrá acordar la suspensión cautelar de las medidas hasta que se pronuncie el Consejo de Ministros.

La revocación de la declaración se acordará por el Consejo de Ministros, a propuesta de la CICTIAP elevada a través de la persona titular del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, previa audiencia de la entidad responsable del proyecto. El acuerdo deberá ser motivado y determinará sus efectos, concretando, al menos, la fecha a partir de la cual debe entenderse que las medidas excepcionales han decaído y, en su caso, las obligaciones de cierre, justificación, confidencialidad, seguridad, protección de resultados, retorno público, reversión o preservación de capacidades estratégicas que deban mantenerse tras la finalización de la aplicación del régimen excepcional.

En todo caso, la revocación no afectará, por sí misma, a la validez de los actos, contratos, convenios, subvenciones, ayudas o relaciones jurídicas válidamente celebrados durante su vigencia, sin perjuicio de las consecuencias que procedan por incumplimiento, reintegro, resolución, reversión o exigencia de responsabilidad conforme a la normativa aplicable y a los instrumentos jurídicos correspondientes.

4. Con carácter previo a la adopción del acuerdo de suspensión de la eficacia de las medidas excepcionales o a la elevación de la propuesta de revocación, la CICTIAP dará audiencia a la entidad responsable del proyecto por un plazo de 10 días hábiles, sin perjuicio de lo previsto en el segundo párrafo del apartado 2 para la suspensión cautelar.

5. Los acuerdos de suspensión y de revocación deberán garantizar, en todo caso, la proporcionalidad de las medidas adoptadas y la protección de la soberanía científica y tecnológica del Estado. Deberán tener asimismo en cuenta lo establecido en el artículo 10.2, en relación con la no afectación de la pérdida de eficacia de la declaración a las obligaciones de seguimiento, justificación, confidencialidad, seguridad, retorno público, protección de resultados o reversión que subsistan.

Artículo 14. Evaluación.

1. Transcurridos tres años desde el primer acuerdo de declaración de centros de interés nacional para la soberanía científica y tecnológica, la CICTIAP elaborará un informe de evaluación ex post del funcionamiento del régimen previsto en este título. Lo elevará al Consejo de Ministros a través de la persona titular del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

2. La Evaluación tendrá en cuenta los resultados de las actuaciones de control de la Intervención General de la Administración del Estado y analizará, al menos:

a) El impacto de los resultados científico-tecnológicos y de la transferencia de las líneas de investigación declaradas.

b) La utilización efectiva de cada una de las medidas previstas en los artículos 4 a 9.

c) El cumplimiento de las obligaciones de seguridad, confidencialidad, protección de resultados y retorno público.

d) La incidencia en el gasto público y en la gestión de personal, contratación y subvenciones.

e) Las suspensiones y revocaciones acordadas y sus causas.

3. Si la evaluación resulta favorable, el Gobierno podrá ampliar el número máximo de centros previsto en el artículo 1.4, a propuesta de la persona titular del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y previo informe del Ministerio de Hacienda. Cada ampliación sucesiva requerirá una nueva evaluación favorable, en los términos de los apartados anteriores, referida al periodo transcurrido desde la última ampliación.

TÍTULO II
Medidas urgentes en el ámbito organizativo
Artículo 15. Creación, naturaleza y fines de la Fundación Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), F.S.P.

Se autoriza la creación de la Fundación Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), F.S.P. (en adelante, la Fundación), con carácter de fundación del sector público estatal, personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, como organización sin ánimo de lucro de duración indefinida y cuyo patrimonio se encuentra afectado a la investigación, desarrollo, innovación, gestión y transferencia de tecnología y conocimiento en todos los aspectos relacionados con la computación de altas prestaciones (HPC) y sus aplicaciones, con el objetivo de facilitar el progreso en diversos ámbitos científicos, con especial énfasis en las Ciencias de la Computación, de la Vida, de la Tierra y las Ingenierías.

Artículo 16. Administraciones Públicas fundadoras, adscripción y clasificación.

1. Son Administraciones Públicas fundadoras la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, la Generalitat de Catalunya, a través del Departamento correspondiente, y la Universidad Politécnica de Catalunya.

2. La Fundación se encuentra adscrita a la Administración General del Estado a través del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.

3. La Fundación se clasifica dentro del grupo 1, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5 del Real Decreto 451/2012, de 5 de marzo, por el que se regula el régimen retributivo de los máximos responsables y directivos en el sector público empresarial y otras entidades.

Artículo 17. Domicilio, ámbito de actuación y Protectorado.

La Fundación fija su domicilio en Barcelona y su ámbito de actuación se extiende a todo el territorio español y al extranjero, pudiendo, si fuera preciso, abrir delegaciones en lugares distintos del anterior, dando cuenta al Protectorado, que será ejercido por el Ministerio de Cultura o por el departamento ministerial que en el futuro ejerza el protectorado de las fundaciones del sector público estatal.

Artículo 18. Patronato de la Fundación.

El Patronato de la Fundación estará presidido por la persona titular del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades e integrado por los representantes de la Administración General del Estado entre los que figurarán, al menos, los del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, los de la Generalitat de Catalunya que se establezcan en sus Estatutos y los de la Universidad Politécnica de Catalunya, de manera proporcional a su participación en la financiación, pudiendo formar parte del Patronato otras personas y entidades, públicas o privadas, que se acuerden en los respectivos Estatutos.

Artículo 19. Subrogación de la Fundación en la posición jurídica del Consorcio BSC-CNS.

1. La Fundación se subrogará en todos los bienes, derechos y obligaciones del Consorcio Barcelona Supercomputing Center-Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), así como sus actividades propias y servicios una vez se adopte por esta entidad el acuerdo de disolución en los términos del artículo 24, adoptándose las decisiones que resulten precisas para adaptar la organización de los medios personales, materiales, económicos y presupuestarios que sean necesarios para la puesta en marcha y el aseguramiento de la continuidad y efectividad en el funcionamiento de los servicios públicos afectados por la creación de la Fundación.

2. La creación de la Fundación dará lugar a la cesión e integración global, en unidad de acto, de todo el activo y el pasivo del Consorcio, sucediéndole la Fundación de forma universal en sus derechos y obligaciones.

Artículo 20. Creación o participación en sociedades mercantiles y entidades basadas en el conocimiento.

1. La Fundación podrá crear o participar en sociedades mercantiles o cualesquiera entidades basadas en el conocimiento vinculadas al adecuado desarrollo de sus fines, funciones y competencias. En el caso de tratarse de sociedades mercantiles estatales deberán seguir los trámites que determina el procedimiento establecido en el artículo 114 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

2. Dichas sociedades o entidades tendrán carácter instrumental respecto de los fines de la Fundación y podrán orientarse, entre otras finalidades, a la protección, valorización, transferencia, explotación o aplicación de resultados de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, la comercialización de licencias, la prestación de servicios tecnológicos, la captación de inversión, la realización de pruebas de concepto, la creación o participación en spin-offs o el uso industrial o comercial de innovaciones y capacidades tecnológicas generadas en el ámbito de actividad de la Fundación.

3. La creación o participación en dichas sociedades o entidades deberá preservar los fines fundacionales y garantizar que los resultados, derechos o activos que se transfieran, licencien, aporten o exploten se sometan a las condiciones, contraprestaciones, retornos y cautelas que se establezcan en los correspondientes instrumentos jurídicos.

4. Los ingresos, dividendos, cánones, royalties, plusvalías, retornos o cualesquiera otros rendimientos económicos derivados de la participación de la Fundación en dichas sociedades o entidades, o de la licencia, transferencia, explotación o comercialización de resultados, deberán destinarse al cumplimiento de los fines fundacionales y, en particular, a la financiación de la investigación, la atracción y retención de talento, el mantenimiento y mejora de las capacidades científico-tecnológicas, el desarrollo de nuevas capacidades y la sostenibilidad económica de la actividad de la Fundación y sin perjuicio de los derechos de participación en los beneficios del personal investigador, en los términos acordados por el Patronato de la Fundación y de acuerdo con la normativa que resulte de aplicación.

Artículo 21. Integración del personal.

1. El personal funcionario que venga desempeñando un puesto de trabajo afectado por la integración podrá optar, en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley, por su incorporación a la plantilla de la Fundación mediante su contratación como personal laboral fijo «fuera de convenio» y su correspondiente declaración en situación de excedencia voluntaria por prestación de servicios en el sector público.

2. En caso de optar por no incorporarse se les atribuirá el desempeño provisional de un puesto de trabajo en los términos previstos en el artículo 72 del Reglamento General de Ingreso del Personal al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional de los Funcionarios Civiles de la Administración General del Estado, aprobado por el Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, o normativa autonómica o universitaria que resulte de aplicación.

3. El personal laboral del consorcio se incorporará a la Fundación en los mismos grupos, categorías y áreas de trabajo a que estuvieran adscritos, con la misma naturaleza jurídica y con los mismos derechos y obligaciones que tuvieran en el momento de su integración, de acuerdo con lo establecido en el artículo 44 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, y manteniendo las condiciones laborales previstas en los convenios colectivos que, en cada caso, resulten de aplicación.

4. La persona titular de la Dirección del Consorcio se incorpora a la plantilla de la Fundación manteniendo las condiciones contractuales de su régimen especial de alta dirección. Asimismo, el personal laboral «fuera de convenio» del Consorcio se incorpora como personal «fuera de convenio» de la Fundación.

5. En el periodo de la integración del personal del consorcio en la Fundación no podrá derivarse incremento alguno de la masa salarial preexistente en la entidad.

6. La integración del personal se realizará sin perjuicio de la posterior ordenación de la estructura profesional de la Fundación, de acuerdo con su normativa aplicable, sus estatutos, sus instrumentos de planificación de recursos humanos y el régimen presupuestario que resulte procedente.

Artículo 22. Régimen de financiación.

1. Dentro de las aportaciones institucionales que contribuyan a los gastos de funcionamiento de la actividad de la Fundación, las Administraciones Públicas fundadoras participan, de acuerdo con sus respectivos presupuestos, en la financiación y gestión de la Fundación en la siguiente proporción:

a) Administración General del Estado: 60 por ciento.

b) Generalitat de Catalunya: 35 por ciento.

c) Universidad Politécnica de Catalunya: 5 por ciento.

2. Para la financiación de las actividades y el mantenimiento de la Fundación podrá existir aportación del sector privado de forma no mayoritaria.

Artículo 23. Estatutos de la Fundación.

Los Estatutos de la Fundación Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), F.S.P. serán aprobados por real decreto del Consejo de Ministros, a propuesta conjunta de las personas titulares del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, del Ministerio de Hacienda, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública y del Ministerio de Cultura, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de este real decreto-ley. La propuesta de estatutos irá acompañada del plan de actuación.

La propuesta de estatutos y el plan de actuación se ajustarán a lo previsto en los artículos 92 y 133 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, y requerirán el informe preceptivo favorable del Ministerio de Hacienda, debiendo contar con la previa aprobación del Gobierno de la Generalitat de Catalunya y del Consejo Social de la Universidad Politécnica de Catalunya.

Artículo 24. Disolución del Consorcio BSC-CNS y entrada en funcionamiento efectivo de la Fundación.

1. Una vez se haya procedido a la aprobación por real decreto de los Estatutos de la Fundación Barcelona Supercomputing Center – Centro Nacional de Supercomputación (BSC-CNS), F.S.P., se procederá a la disolución del consorcio en los términos previstos en el artículo 25 de sus Estatutos y en el artículo 127 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

2. La entrada en funcionamiento efectivo de la Fundación se producirá con la celebración de la reunión de constitución de su Patronato.

TÍTULO III
Medidas urgentes en el Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación
CAPÍTULO I
Los contratos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación
Artículo 25. Modificación de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público.

La Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, se modifica como sigue.

Uno. Se añade una disposición adicional quincuagésima novena, que queda redactada como sigue:

«Disposición adicional quincuagésima novena. Medios Propios del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

1. Los agentes financiadores y ejecutores del Sector Público Estatal del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación serán considerados medios propios personificados y servicios técnicos de la Administración General del Estado y sus poderes adjudicadores dependientes o adscritos, a los efectos exclusivos de la ejecución de encargos propios de su ámbito competencial, objeto y funciones establecidas en sus respectivos Estatutos, siempre que cumplan los requisitos regulados en el artículo 32 de la presente ley.

2. Los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado y organismos equivalentes de las Comunidades Autónomas estarán exentos de constituir garantías, en los casos en que sean exigibles, y no necesitarán estar clasificados ni acreditar su solvencia económica y financiera ni su solvencia técnica para ser adjudicatarios de contratos de prestación de servicios de investigación y asistencia técnica con entidades públicas y privadas, para la realización de trabajos de carácter científico y técnico o para el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación.»

Dos. Se añade una nueva disposición adicional sexagésima, que queda redactada como sigue:

«Disposición adicional sexagésima. Contratos de coedición en el ámbito del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.

1. Los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación podrán suscribir contratos de coedición de libros, publicaciones y obras de carácter científico, tecnológico o de innovación, en cualquier formato, con una o varias personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, nacionales o internacionales, con el fin de contribuir a la divulgación de obras y colecciones de relevancia e interés para el desarrollo de su actividad propia en el ámbito de la investigación, desarrollo e innovación, los cuales tendrán la consideración de negocios jurídicos excluidos del ámbito de aplicación de esta ley.

2. Mediante los contratos de coedición el agente público del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, como editor, tendrá derecho a reproducir y distribuir la obra objeto del contrato que le haya sido cedida por el autor o sus derechohabientes, por sí o a través de otro de los coeditores, a cambio en su caso de la correspondiente compensación económica.

3. El contrato de coedición podrá tener por objeto la edición de una obra terminada, la creación conjunta de una obra y la coedición plena, en los términos previstos en la Ley 9/1975, de 12 de marzo, del Libro.

4. En el contrato se estipularán, en todo caso, las previsiones contempladas en el capítulo II del título V del texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual, regularizando, aclarando y armonizando las disposiciones legales vigentes sobre la materia, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, así como el formato y diseño gráfico de la coedición, el soporte, distribución y difusión de la obra, así como las aportaciones económicas a realizar, en su caso, por cada una de las partes.»

CAPÍTULO II
El personal del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación
Artículo 26. Modificación de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

La Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el artículo cuarto, que queda redactado como sigue:

«Artículo cuarto.

1. Podrá autorizarse la compatibilidad, cumplidas las restantes exigencias de esta ley, para el desempeño de un puesto de trabajo en la esfera docente como Profesor universitario asociado o profesor universitario sustituto en régimen de dedicación no superior a la de tiempo parcial.

2. Al personal docente e investigador de la Universidad podrá autorizarse, cumplidas las restantes exigencias de esta ley, la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector público sanitario o de carácter exclusivamente investigador en centros de investigación del sector público, incluyendo el ejercicio de funciones de dirección científica dentro de un centro o estructura de investigación, dentro del área de especialidad de su departamento universitario, y siempre que los dos puestos vengan reglamentariamente autorizados como de prestación a tiempo parcial.

De igual modo, al personal investigador de los Organismos Públicos de Investigación, y de los centros y estructuras de investigación de las Comunidades Autónomas, podrá autorizarse, cumplidas las restantes exigencias de esta ley, la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector público sanitario o de carácter docente e investigador en centros de investigación y docentes, incluyendo el ejercicio de funciones de dirección científica en un centro o estructura de investigación, dentro de su área de especialidad, y siempre que los dos puestos vengan reglamentariamente autorizados como de prestación a tiempo parcial.

Asimismo, a los Profesores titulares de Escuelas Universitarias de Enfermería podrá autorizarse la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo en el sector sanitario en los términos y condiciones indicados en los párrafos anteriores.

Igualmente, podrá autorizarse la compatibilidad para el desempeño de un segundo puesto de trabajo o actividad a tiempo parcial en el sector público cultural, cumplidas las restantes exigencias de esta ley, salvo la prohibición establecida en el artículo 16.1, al personal funcionario y laboral de las Administraciones Locales de las enseñanzas establecidas en el artículo 45 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación y al profesorado perteneciente a los Cuerpos de Catedráticos y Catedráticas y Profesores y Profesoras de Enseñanzas Artísticas Profesionales o de Enseñanzas Artísticas Superiores que preste servicio en los centros públicos que impartan dichas enseñanzas.

3. La dedicación del profesorado universitario será en todo caso compatible con la realización de los trabajos a que se refiere el artículo 60 de la Ley Orgánica 2/2023, de 22 de marzo, del Sistema Universitario.

4. Asimismo, podrá autorizarse al profesorado de los Cuerpos de Catedráticos y Profesores de Enseñanza Secundaria, al de Profesores Especialistas en Sectores Singulares de Formación Profesional, al del Cuerpo a extinguir de Profesores Técnicos de Formación Profesional, así como al restante profesorado de formación profesional, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 95 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la compatibilidad para el desempeño de sus funciones, a tiempo parcial y cumpliendo las restantes exigencias de esta Ley, salvo la prohibición establecida en el artículo 16.1, en los centros de titularidad pública con oferta integrada, impartiendo todas las modalidades del sistema de formación profesional de conformidad con su perfil académico y profesional, y siempre que reúnan los requisitos para impartir los módulos incluidos en los títulos, cursos de especialización, certificados profesionales, certificados de competencia y acreditaciones parciales de competencia correspondientes, así como en acciones formativas de las otras modalidades del ámbito del sistema de la formación profesional.»

Dos. Se modifica el apartado 3 del artículo dieciséis, que queda redactado como sigue:

«3. Se exceptúan de la prohibición enunciada en el apartado 1, las autorizaciones de compatibilidad para ejercer como Profesor universitario asociado o Profesor universitario sustituto en los términos del apartado 1 del artículo 4.º, así como para los puestos contemplados en el apartado 2 del artículo 4.º, y para realizar las actividades de investigación o asesoramiento a que se refiere el artículo 6.º de esta Ley, salvo para el personal docente universitario a tiempo completo.»

Tres. Se modifica la letra b) del artículo diecinueve, que queda redactado como sigue:

«b) La dirección de seminarios o el dictado de cursos o conferencias en Centros oficiales destinados a la formación de funcionarios o profesorado, cuando no tenga carácter permanente o habitual ni supongan más de setenta y cinco horas al año, así como la preparación para el acceso a la función pública en los casos y forma que reglamentariamente se determine. Para el personal investigador de los Organismos Públicos de Investigación, la excepción aplica a las mismas actividades en centros no oficiales, aunque tengan carácter habitual, con el límite de 150 horas y sin necesidad de que se dedique a formación del personal funcionario o profesorado.»

Artículo 27. Modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Se modifican los apartados 5 y 9 del artículo 17, que quedan redactados como sigue:

«5. El personal de los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación podrá desarrollar actividades de investigación, desarrollo experimental, transferencia de conocimiento e innovación de carácter temporal vinculadas a una línea de investigación o de servicios científico-técnicos, o de asesoramiento científico o técnico, así como el desarrollo de enseñanzas de especialización o actividades específicas de formación en entidades públicas y privadas dedicadas a la investigación o la docencia, y la dirección de equipos humanos como investigador/a principal, dirección de centros de investigación o transferencia de conocimiento e innovación, o de instalaciones y programas científicos y tecnológicos.

Para el desarrollo de estas actividades será necesaria la autorización previa del órgano competente en la Administración Pública para la que preste servicios la persona interesada o, en su caso, del órgano competente del respectivo agente cuando legalmente tenga atribuida dicha función. En la Administración General del Estado serán competentes para autorizar o denegar la autorización las personas titulares de las Subsecretarías de los departamentos ministeriales, previo informe en su caso de las presidencias o direcciones de las entidades y organismos para los que preste servicios la persona interesada.

El procedimiento se iniciará mediante solicitud de la persona interesada, a la que deberá acompañar un informe descriptivo de la actividad vinculada a la línea de investigación o servicio científico técnico y de su carácter temporal, suscrito por la entidad en la que se desarrollará dicha actividad.

La resolución por la que se conceda o deniegue la autorización deberá dictarse en el plazo máximo de dos meses desde la recepción de la solicitud.

La autorización sólo podrá ser denegada cuando el desarrollo de la actividad temporal pueda impedir o menoscabar el estricto cumplimiento de los deberes de la persona interesada o comprometer su imparcialidad o independencia, o perjudicar los intereses generales».

«9. El personal de investigación destinado en la Administración General del Estado o en cualquiera de sus organismos y entidades vinculadas, incluido en el ámbito de aplicación del Real Decreto 598/1985, de 30 de abril, sobre incompatibilidades del personal al servicio de la Administración del Estado, de la Seguridad Social y de los Entes, Organismos y Empresas dependientes, podrá solicitar ante los órganos y unidades de personal con competencias en materia de personal de los departamentos, organismos y entidades en los que estén destinados la reducción del importe del complemento específico o concepto equiparable correspondiente al puesto que desempeñan al objeto de adecuarlo al porcentaje al que se refiere el artículo dieciséis.4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas, incluido el personal que desempeñe puestos que tengan asignado complemento de destino de nivel 30 o 29.

La resolución de la solicitud corresponderá a la persona titular de la Subsecretaría del Ministerio para el que preste servicios la persona interesada, o al que se encuentre vinculado el organismo o entidad para el que preste servicios la persona interesada, quien motivará su reconocimiento o desestimación en el plazo de treinta días hábiles desde la fecha de presentación de la solicitud.

En todo caso, respecto del personal investigador funcionario comprendido en el ámbito de aplicación de este apartado al que resulte de aplicación el Real Decreto 310/2019, de 26 de abril, por el que se regula el régimen retributivo del personal investigador funcionario de las escalas científicas de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado y se crea la Comisión Evaluadora del Desempeño de la Actividad Científico-Tecnológica, para calcular el porcentaje al que se refiere el artículo dieciséis.4 de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, se tendrá en cuenta como complemento específico o concepto equiparable únicamente el componente ordinario del complemento específico, excluidos los componentes por méritos investigadores y de excelencia científica».

Dos. Se modifica la letra b) del artículo 21, que queda redactada como sigue:

«b) El contrato se celebrará por escrito entre el personal investigador predoctoral en formación, en su condición de trabajador, y la universidad pública u organismo de investigación titular de la unidad investigadora, en su condición de empleador, y deberá acompañarse de escrito de admisión al programa de doctorado expedido por la unidad responsable de dicho programa, o por la escuela de doctorado o posgrado en su caso. Cuando el contrato esté vinculado en su totalidad a financiación externa o financiación procedente de convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva, no requerirá del trámite de autorización previa. Tampoco será necesario este trámite en aquellas convocatorias públicas de carácter competitivo que en sus bases requieran el compromiso de cofinanciación. Los contratos celebrados, así como la actualización que se produzca en los mismos deberán comunicarse al Ministerio de Hacienda con periodicidad trimestral.»

Tres. Se modifica la letra e) del artículo 22.1, que queda redactada como sigue:

«e) La retribución de este contrato no podrá ser inferior a la que corresponda al personal investigador que realice actividades análogas, y será fijada, en su caso, dentro de los límites establecidos por las leyes de presupuestos, por el órgano competente en materia de retribuciones. Cuando el contrato esté vinculado en su totalidad a financiación externa o financiación procedente de convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva, no requerirá del trámite de autorización previa. Tampoco será necesario este trámite en aquellas convocatorias públicas de carácter competitivo que en sus bases requieran el compromiso de cofinanciación. Los contratos celebrados, así como la actualización que se produzca en los mismos, deberán comunicarse al Ministerio de Hacienda con periodicidad trimestral.»

Cuatro. Se modifica el artículo 23, que queda redactado como sigue:

«Artículo 23. Contrato de investigador/a distinguido/a.

Los contratos de trabajo bajo la modalidad de investigador/a distinguido/a se podrán celebrar con investigadores/as españoles/as o extranjeros/as de reconocido prestigio que se encuentren en posesión del título de Doctor o Doctora y que gocen de una reputación internacional consolidada basada en la excelencia de sus contribuciones en el ámbito científico o técnico. Asimismo, se podrán celebrar también con tecnólogos/as que gocen de una reputación internacional consolidada basada en la excelencia de sus contribuciones, tanto en el avance de técnicas concretas de investigación, como en valorización y transferencia del conocimiento e innovación que han generado. En ambos casos serán contratados con arreglo a los siguientes requisitos:

a) El objeto del contrato será la dirección de proyectos de investigación como investigador/a principal, dirección de centros de investigación o transferencia de conocimiento e innovación, o de instalaciones y programas científicos y tecnológicos singulares de gran relevancia en el ámbito de conocimiento de que se trate, en el marco de las funciones y objetivos del empleador.

b) El contrato tendrá la duración que las partes acuerden.

c) La duración de la jornada laboral, los horarios, las condiciones retributivas, fiestas, permisos y vacaciones serán los fijados en las cláusulas del contrato.

d) El personal investigador contratado no podrá celebrar contratos de trabajo con otras entidades, salvo autorización expresa del empleador o pacto escrito en contrario.

e) El contrato estará sometido al sistema de seguimiento objetivo que el empleador establezca.

f) El contrato podrá extinguirse por desistimiento del empleador, comunicado por escrito con un preaviso de tres meses, sin perjuicio de las posibilidades de rescisión del contrato por parte del empleador por causas procedentes. En el supuesto de incumplimiento total o parcial del preaviso, el personal investigador contratado tendrá derecho a una indemnización equivalente a los salarios correspondientes a la duración del período incumplido.

En caso de desistimiento del empleador, el personal investigador contratado tendrá derecho a percibir la indemnización prevista para el despido improcedente en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, sin perjuicio de la que pudiera corresponderle por incumplimiento total o parcial del preaviso.

g) El personal investigador que sea contratado al amparo de lo dispuesto en este artículo podrá realizar actividad docente hasta un máximo de cien horas anuales, previo acuerdo en su caso con el departamento u organismo implicado, con la aprobación de la entidad para la que presta servicios, y con sometimiento a la normativa vigente de incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas.

h) Cuando los contratos estén vinculados a financiación externa o financiación procedente de convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva en su totalidad, no requerirán del trámite de autorización previa ni la autorización del régimen retributivo.»

Cinco. Se modifica el apartado 3 del artículo 23 bis, que queda redactado como sigue:

«3. En todo caso, cuando los contratos estén vinculados a financiación externa o financiación procedente de convocatorias de ayudas públicas en concurrencia competitiva en su totalidad, no requerirán del trámite de autorización previa del Ministerio de Hacienda ni la autorización del régimen retributivo.»

Seis. Se modifica el último párrafo del apartado 5 del artículo 25, que queda redactado de la manera siguiente:

«Asimismo, el personal investigador funcionario de carrera podrá someter la actividad investigadora, de transferencia de conocimiento o ambas, realizada cada seis años en régimen de dedicación a tiempo completo, o período equivalente si hubiese prestado servicio en régimen de dedicación a tiempo parcial, a una evaluación en la que se juzgará el rendimiento de la labor desarrollada durante dicho período. El personal adquirirá y consolidará un componente del complemento de productividad por cada una de las evaluaciones favorables.»

Siete. Se añade un nuevo apartado 6 en el artículo 25, con la siguiente redacción:

«6. El personal investigador funcionario de carrera que ocupe puestos de trabajo de dirección y gestión científico-técnica en Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, así como en otros agentes públicos estatales del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, percibirá el complemento específico del puesto de trabajo que se desempeñe, así como los componentes por méritos investigadores o de transferencia de conocimiento y por excelencia científica que hubiera adquirido y consolidado con cada evaluación favorable obtenida de acuerdo con la normativa reguladora del régimen retributivo del personal investigador funcionario de las escalas científicas de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado.

Por otra parte, el personal investigador funcionario de carrera que ocupe puestos de trabajo de dirección y gestión científico-técnica en Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, así como en otros agentes públicos estatales del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, percibirá, formando parte del complemento de productividad, los componentes por la actividad investigadora o de transferencia de conocimiento realizada cada seis años que hubiera adquirido y consolidado con cada evaluación favorable obtenida de acuerdo con la normativa reguladora del régimen retributivo del personal investigador funcionario de las escalas científicas de los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado.»

Ocho. Se modifican los apartados 4 y 5 del artículo 26, que quedan redactados como sigue:

«4. El sistema selectivo de acceso al empleo público en los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado para el personal investigador será el de concurso público, cuya convocatoria se publicará en el “Boletín Oficial del Estado” y en el portal de internet del departamento ministerial y de la institución convocante. Dicho concurso estará basado en la valoración del currículo del personal investigador, incluyendo los méritos aportados relacionados con la actividad investigadora, de desarrollo experimental, de transferencia de conocimiento y de innovación, así como la adecuación de las competencias y capacidades de las candidaturas a las características de las plazas.

En la fase de valoración curricular, se tendrán en cuenta los siguientes elementos:

a) La valoración del currículo del personal investigador podrá ser realizada por la Agencia Estatal de Investigación, y su resultado tendrá carácter vinculante en caso de ser negativo.

b) El certificado R3 o equivalente regulado en el artículo 22.3 podrá tener efectos de exención o compensación de parte de las pruebas o fases de evaluación curricular.

Los nacionales de otros Estados miembros de la Unión Europea y de terceros Estados podrán realizar las pruebas en inglés.

5. La selección del personal investigador funcionario de carrera o interino se llevará a cabo por los órganos de selección especificados en cada convocatoria.

El ingreso en las escalas de personal científico se realizará, a través de los procesos selectivos correspondientes, mediante un turno libre al que podrán acceder quienes posean el título de Doctor o Doctora y cumplan los requisitos a que se refieren los números anteriores, y un turno de promoción interna.

Para el acceso a la Escala de Personal Investigador Científico de Organismos Públicos de Investigación, podrá participar, en el turno de promoción interna, el personal funcionario perteneciente a la Escala de Personal Científico Titular de Organismos Públicos de Investigación, así como el personal investigador contratado por los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado bajo la modalidad de investigador/a distinguido/a, de acuerdo con el artículo 23.

Para el acceso a la Escala de Profesorado de Investigación de Organismos Públicos de Investigación, podrá participar, en el turno de promoción interna, el personal funcionario perteneciente a las Escalas de Personal Investigador Científico de Organismos Públicos de Investigación y de Personal Científico Titular de Organismos Públicos de Investigación, así como el personal investigador contratado por los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado como personal laboral fijo o bajo la modalidad de investigador/a distinguido/a, de acuerdo con el artículo 23.

Además, en los procesos selectivos convocados para el acceso a la Escala de Personal Científico Titular de Organismos Públicos de Investigación, podrá participar en el turno de promoción interna el personal investigador contratado como personal laboral fijo o bajo la modalidad de investigador/a distinguido/a por los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado.

Asimismo, los procesos selectivos de acceso a las escalas científicas podrán prever la participación, en el turno de promoción interna, del personal funcionario de carrera de los cuerpos docentes universitarios y del profesorado permanente laboral al servicio de las universidades públicas, así como del personal ayudante doctor de dichas universidades o figuras equivalentes.

La promoción interna se realizará mediante procesos selectivos que garanticen el cumplimiento de los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, así como los contemplados en el artículo 55.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

El personal que acceda por el turno de promoción interna deberá poseer los requisitos exigidos para el ingreso en la escala de personal científico correspondiente, tener al menos una antigüedad de dos años de servicio en la condición de personal investigador contratado como laboral fijo o bajo la modalidad de investigador/a distinguido/a por los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, o de dos años de servicio activo en la escala o cuerpo de procedencia en el caso de personal funcionario de carrera, y superar un proceso selectivo que podrá incorporar una fase de evaluación externa del currículo del personal investigador, que será realizada por la Agencia Estatal de Investigación, cuyo resultado tendrá carácter vinculante en caso de ser negativo.

Para promover el desarrollo de la carrera profesional personal, se facilitarán procesos de promoción interna entre las escalas técnicas y las científicas del mismo subgrupo de los previstos en el artículo 76 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.»

Nueve. Se añade un nuevo artículo 36 septies, con la siguiente redacción:

«Artículo 36 septies. Colaboración con otras entidades o personas físicas.

Los grupos de investigación reconocidos por los agentes públicos del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como su personal de investigación, tanto a través de los anteriores como a través de los órganos, centros, fundaciones o estructuras organizativas similares dedicados a la canalización de las iniciativas investigadoras del personal y a la transferencia de conocimiento, podrán celebrar contratos con personas físicas, universidades, o entidades públicas y privadas para la realización de trabajos de carácter científico y tecnológico, así como para actividades específicas de formación.

Los órganos de gobierno de las entidades en que se enclavan, en el marco de las normas que dicte el Gobierno o los respectivos gobiernos de las Comunidades Autónomas en su caso, regularán los procedimientos de autorización de los trabajos y de celebración de los contratos previstos en el párrafo anterior, así como los criterios para fijar el destino de los bienes y recursos que con ellos se obtengan.»

Artículo 28. Modificación del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio.

Se modifica el apartado 1 del artículo 7 del texto refundido de la Ley sobre Seguridad Social de los Funcionarios Civiles del Estado, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2000, de 23 de junio, que queda redactado como sigue:

«1. El personal funcionario de carrera de la Administración Civil del Estado se incorporará obligatoriamente, como mutualista, a la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, en el momento de la toma de posesión de su cargo, cuando adquiera la condición de funcionario, o sea rehabilitado en dicha condición, o reingrese al servicio activo, y conservará la condición de mutualista, con los mismos derechos y obligaciones que en la situación de servicio activo, cuando pase a alguna de las siguientes situaciones:

a) Servicios especiales, salvo lo dispuesto en el párrafo c) del apartado 1 y en el apartado 3 del artículo 8.

b) Servicios en Comunidades Autónomas.

c) Expectativa de destino.

d) Excedencia forzosa.

e) Excedencia por el cuidado de familiares.

f) Excedencia temporal, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del artículo 17 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

g) Suspensión provisional o firme de funciones.»

CAPÍTULO III
Los convenios del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación
Artículo 29. Modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, se modifica del modo siguiente:

Se modifica el apartado 1 y se añade un nuevo apartado 7 al artículo 34, con la siguiente redacción:

«1. Los agentes públicos de financiación o ejecución del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación, incluidas las Administraciones Públicas, las universidades públicas, los Organismos Públicos de Investigación de la Administración General del Estado, los consorcios y fundaciones participadas por las administraciones públicas, los organismos de investigación de otras administraciones públicas, y los centros e instituciones del Sistema Nacional de Salud, podrán suscribir convenios, que quedarán sujetos al derecho administrativo cuando se trate de agentes que por su naturaleza jurídica estén incluidos dentro del ámbito de aplicación del artículo 47.1 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. Podrán celebrar estos convenios los propios agentes públicos entre sí, o con agentes privados que realicen actividades de investigación científica y técnica, nacionales, supranacionales o extranjeros, para la realización conjunta de las siguientes actividades:

a) Proyectos y actuaciones de investigación científica, desarrollo e innovación.

b) Creación o financiación de centros, institutos, consorcios o unidades de investigación, e infraestructuras científicas.

c) Financiación de proyectos científico-técnicos singulares.

d) Formación de personal científico y técnico.

e) Divulgación científica y tecnológica.

f) Uso compartido de inmuebles, de instalaciones y de medios materiales para el desarrollo de actividades de investigación científica, desarrollo e innovación.»

«7. En la tramitación de estos convenios, cuando los suscriban los agentes y entidades previstos en el apartado 1 de este artículo que formen parte, sean dependientes o estén vinculados a la Administración General del Estado, siempre que sean convenios sujetos al derecho administrativo, se excluirá lo previsto en el artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, sin perjuicio de lo establecido en este apartado, requiriéndose únicamente las siguientes memorias, informes o autorizaciones previas:

a) Se acompañará una memoria justificativa en la que se analice la necesidad y oportunidad del convenio, su impacto económico, el carácter no contractual de la actividad en cuestión, así como el cumplimiento de lo previsto en este artículo y en la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

b) Solo requerirán el informe de su servicio jurídico cuando se suscriban con agentes privados que no formen parte del sector público, que deberá pronunciarse con carácter vinculante sobre su naturaleza y sujeción o no a la legislación de contratos del sector público y, en su caso, a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En el caso de que estos convenios incluyan aportaciones de fondos a agentes privados que no formen parte del sector público, requerirán también informe del Ministerio de Hacienda. Este informe deberá ser emitido en el plazo de un mes desde su solicitud, transcurrido el cual se entenderá otorgado de forma favorable.

Dicho informe no deberá ser recabado en caso de que el convenio implique la percepción de fondos por parte del agente o entidad del sector público que lo suscribe, en cuantía superior a los fondos aportados por la misma a la entidad privada.

c) Cuando los convenios tengan por objeto negocios jurídicos relativos a los bienes inmuebles de su titularidad, o que tengan afectados o adscritos, requerirán del informe de su servicio jurídico y, en su caso, de la Dirección General de Patrimonio.

d) Por parte del Ministerio de Hacienda se habilitarán, en el ámbito propio del artículo 50 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, autorizaciones-tipo anuales para la firma, modificación, prórroga y resolución de convenios que, por su naturaleza y contenido, no requieran de autorizaciones individuales, al existir identidad sustancial en los hechos que motiven su suscripción, en el ámbito del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y sus órganos superiores y directivos, así como en los organismos públicos, en materia de investigación, desarrollo e innovación.

e) Los convenios que deban suscribir o impulsar el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y sus órganos superiores y directivos, así como los organismos públicos, en materia de investigación, desarrollo e innovación, con Comunidades Autónomas, no estarán sujetos al informe favorable previo previsto en el apartado segundo del artículo 20.3 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, en caso de cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria, deuda pública y de la regla de gasto.

f) No será necesario solicitar el informe del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática cuando se trate de la suscripción, modificación, prórroga o resolución por mutuo acuerdo, de un convenio en materia de investigación, desarrollo o innovación suscrito con una o varias Comunidades Autónomas o con Entidades Locales o con sus organismos públicos y entidades de derecho público vinculados o dependientes, entre los que están incluidos los correspondientes consorcios y entidades públicas adscritos o vinculados a dichas Administraciones Públicas.

g) Cuando los convenios plurianuales suscritos entre Administraciones Públicas incluyan aportaciones de fondos por parte del Estado para financiar actuaciones a ejecutar exclusivamente por parte de otra Administración Pública y el Estado asuma, en el ámbito de sus competencias, los compromisos frente a terceros, la aportación del Estado de anualidades futuras estará condicionada a la existencia de crédito en los correspondientes presupuestos.

Los convenios del apartado 1, párrafo b), que afecten a consorcios coparticipados por la Administración General del Estado y las Administraciones de las Comunidades Autónomas y que estén adscritos a una u otra Administración, permitirán el desembolso anticipado de las aportaciones comprometidas por las partes con carácter previo a la ejecución y justificación de las prestaciones previstas en los mismos, sin necesidad de prestación de garantías y según las condiciones que establezca el propio convenio.»

CAPÍTULO IV
La gestión financiera del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación
Artículo 30. Modificación de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación.

La Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, se modifica en los siguientes términos.

Uno. Se modifica la disposición adicional vigesimoprimera, que queda redactada de la siguiente manera:

«Disposición adicional vigesimoprimera. Regulación de las entidades de investigación compartidas entre el Estado y las Comunidades Autónomas y de las estructuras mixtas de investigación de las que sean cotitulares.

Las entidades de investigación dependientes, creadas o participadas por la Administración General del Estado o sus organismos y entidades, y por la Administración de una o varias Comunidades Autónomas o sus organismos y entidades, se regirán por la normativa que indiquen las normas o los instrumentos jurídicos de creación.

Las estructuras mixtas de investigación sin personalidad jurídica propia de las que sean cotitulares la Administración General del Estado, sus organismos y entidades y/o una o más Administraciones de las Comunidades Autónomas y/o sus organismos y entidades, se regirán por la normativa que en cada caso indique el convenio o instrumento jurídico de creación que suscriban las partes, así como por el reglamento de régimen interno que apruebe su órgano rector en lo que respecta a su funcionamiento, organización interna y régimen compartido de personal, instalaciones y aportaciones necesarias para su funcionamiento.»

Dos. Se modifica el título y se introduce un nuevo apartado 6 en la disposición adicional trigésima primera, que queda redactada como sigue:

«Disposición adicional trigésima primera. Bancos de pruebas del Sistema Español de Ciencia, Tecnología e Innovación.»

«6. Las Entidades que integran la Administración Local podrán establecer bancos de pruebas para el desarrollo, impulso y ejecución de proyectos innovadores o tecnológicos.

Los bancos de pruebas permitirán, con carácter temporal, la realización de actuaciones y proyectos piloto en entornos relevantes o reales.

Dichos bancos de pruebas serán objeto de aprobación por los respectivos órganos de gobierno, administración o representación de la correspondiente Entidad Local, mediante la adopción de cuantos instrumentos jurídicos, reglamentarios o de carácter ejecutivo, resulten precisos.

Mediante la suscripción de los correspondientes acuerdos o convenios, los bancos de pruebas podrán implicar la colaboración de varias Entidades Locales para el mejor desarrollo y cumplimiento de sus fines.

Las Entidades Locales deberán adoptar un protocolo de pruebas, resultando de aplicación al mismo lo previsto en el apartado 2.

Corresponderá a las entidades locales respectivas la supervisión y control de los bancos de pruebas que establezcan.»

Artículo 31. Modificación del Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, sobre bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador.

El Real Decreto 475/2014, de 13 de junio, sobre bonificaciones en la cotización a la Seguridad Social del personal investigador, se modifica como sigue:

Uno. El artículo 1 queda redactado como sigue:

«Artículo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto establecer las bonificaciones de la aportación empresarial a la cotización de la Seguridad Social por contingencias comunes en la contratación del personal investigador que se determina en el artículo 2, así como regular el procedimiento para su aplicación.

Asimismo, regula el alcance de la compatibilidad de esta bonificación en las citadas cuotas con la deducción a que se refiere el artículo 35 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, para las entidades que se dediquen a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica que sean sujetos pasivos de dicho impuesto.»

Dos. El artículo 2 pasa a tener la siguiente redacción:

«Artículo 2. Ámbito de aplicación.

1. La contratación indefinida, por empresas dedicadas a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica, entendiendo como tales las actividades descritas respectivamente en el artículo 35.1.a) y 35.2.a) de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, de personal para la realización con carácter exclusivo y por la totalidad de su tiempo de trabajo dará lugar, durante un máximo de cinco años, a una bonificación del 40 por ciento de la aportación empresarial a la cotización a la Seguridad Social por contingencias comunes.

La contratación de personas investigadoras jóvenes, entendiendo por tales aquellas que sean menores de 30 años, y la contratación de mujeres investigadoras dará, respectivamente, derecho a una bonificación adicional de un 5 por ciento, siendo estas acumulables, en su caso, entre sí.

2. Con relación a la exclusividad y al cómputo de la totalidad del tiempo de trabajo, se admitirá que hasta un 15 por ciento del tiempo dedicado a tareas de formación, docencia, divulgación o similares, compute como dedicación exclusiva a actividades de I+D o IT.

3. A efectos de lo establecido en este artículo, se considerarán actividades de I+D e IT las definidas como tales en el artículo 35 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.»

Artículo 32. Modificación del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas.

Se modifica el artículo 27 del Real Decreto-ley 1/2023, de 10 de enero, de medidas urgentes en materia de incentivos a la contratación laboral y mejora de la protección social de las personas artistas, que queda redactado como sigue:

«Artículo 27. Bonificación por la contratación de personal investigador bajo la modalidad de contrato predoctoral.

La contratación de personal investigador bajo la modalidad de contrato predoctoral establecida en el artículo 21 de la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, dará derecho, durante la vigencia del contrato, incluidas sus prórrogas, a una bonificación en la cotización, en los términos establecidos en el artículo 10, de 200 euros/mes.

A los efectos de lo previsto en el artículo 4.1.a), no se requerirá la inscripción en los servicios públicos de empleo como demandante de empleo.»

TÍTULO IV
Medidas urgentes en fiscalidad de la investigación y el desarrollo y de la innovación tecnológica
Artículo 33. Modificación de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.

La Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, se modifica en los siguientes términos:

Uno. Se modifica el apartado 2 del artículo 35, que queda redactado como sigue:

«2. Deducción por actividades de innovación tecnológica.

La realización de actividades de innovación tecnológica dará derecho a practicar una deducción de la cuota íntegra en las condiciones establecidas en este apartado.

a) Concepto de innovación tecnológica.

Se considerará innovación tecnológica la actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras sustanciales de los ya existentes. Se considerarán nuevos aquellos productos o procesos cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad.

Esta actividad incluirá la materialización de los nuevos productos o procesos en un plano, esquema o diseño, la creación de un primer prototipo no comercializable, los proyectos de demostración inicial o proyectos piloto (incluidos los relacionados con la animación y los videojuegos y los muestrarios textiles, de la industria del calzado, del curtido, de la marroquinería, del juguete, del mueble y de la madera, siempre que no puedan convertirse o utilizarse para aplicaciones industriales o para su explotación comercial).

Se considerarán innovación tecnológica las siguientes actividades:

1.º Actividades de diagnóstico tecnológico tendentes a la identificación, la definición y la orientación de soluciones tecnológicas avanzadas, con independencia de los resultados en que culminen.

2.º Diseño industrial e ingeniería de procesos de producción, que incluirán la concepción y la elaboración de los planos, dibujos y soportes destinados a definir los elementos descriptivos, especificaciones técnicas y características de funcionamiento necesarios para la fabricación, prueba, instalación y utilización de un producto, así como la elaboración de muestrarios textiles, de la industria del calzado, del curtido, de la marroquinería, del juguete, del mueble y de la madera.

3.º Adquisición de tecnología avanzada en forma de patentes, licencias, «know-how» y diseños. No darán derecho a la deducción las cantidades satisfechas a personas o entidades vinculadas al contribuyente. La base correspondiente a este concepto no podrá superar la cuantía de 1 millón de euros.

4.º Obtención del certificado de cumplimiento de las normas de aseguramiento de la calidad de la serie ISO 9000, GMP o similares, sin incluir aquellos gastos correspondientes a la implantación de dichas normas.

Cuando para la aplicación de las deducciones generadas se constituyan las entidades reguladas en la Ley 12/1991, de 29 de abril, de Agrupaciones de Interés Económico, el análisis de la existencia de innovación tecnológica a efectos de la emisión de los informes motivados a los que hace referencia el Real Decreto 1432/2003, de 21 de noviembre, por el que se regula la emisión por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de informes motivados relativos al cumplimiento de requisitos científicos y tecnológicos, a efectos de la aplicación e interpretación de deducciones fiscales por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica deberá realizarse respecto de la entidad ejecutora de las actividades, no respecto de la Agrupación de Interés Económico.

b) Base de la deducción.

La base de la deducción estará constituida por el importe de los gastos del período en actividades de innovación tecnológica.

Se consideran gastos de innovación tecnológica los realizados por el contribuyente en cuanto estén directamente relacionados con dichas actividades, se apliquen efectivamente a la realización de éstas y consten específicamente individualizados por proyectos.

Los gastos de innovación tecnológica que integran la base de la deducción deben corresponder a actividades efectuadas en España o en cualquier Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.

Igualmente, tendrán la consideración de gastos de innovación tecnológica las cantidades pagadas para la realización de dichas actividades en España o en cualquier Estado miembro de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo, por encargo del contribuyente, individualmente o en colaboración con otras entidades.

La base de la deducción se minorará en el importe de las subvenciones recibidas para el fomento de dichas actividades e imputables como ingreso en el período impositivo.

c) Porcentaje de deducción.

El 12 por ciento de los gastos efectuados en el período impositivo por este concepto.

No obstante, el porcentaje anterior será del 15 por ciento en los dos primeros períodos impositivos en que se efectúen gastos que integren la base de la deducción y en aquellos en que su importe se incremente, al menos, un 20 por ciento respecto del período impositivo anterior.

El porcentaje del 15 por ciento también será aplicable cuando el importe de los gastos que integren la base de la deducción no sea inferior a la media de los correspondientes a los dos períodos impositivos inmediatamente anteriores.»

Dos. El apartado 5 del artículo 35 queda redactado como sigue:

«5. Desarrollo reglamentario.

Reglamentariamente se podrán concretar los supuestos de hecho que determinan la aplicación de las deducciones contempladas en este precepto, así como el procedimiento de adopción de acuerdos de valoración a que se refiere el apartado anterior.

Asimismo, mediante orden ministerial a propuesta conjunta de los Ministerios de Hacienda y Ciencia, Innovación y Universidades, se podrán concretar los conceptos previstos en los ordinales 1.º a 4.º de la letra a) del apartado 2 de este artículo.»

Tres. Se modifica el apartado 2 del artículo 39, que queda redactado como sigue:

«2. No obstante, en el caso de entidades a las que resulte de aplicación el tipo de gravamen previsto en el apartado 1 o en el apartado 6 del artículo 29 de esta ley, las deducciones por actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica a que se refieren los apartados 1 y 2 del artículo 35 de esta ley, podrán, opcionalmente, quedar excluidas del límite establecido en el último párrafo del apartado anterior, y aplicarse con un descuento del 20 por ciento de su importe, en los términos establecidos en este apartado. En el caso de insuficiencia de cuota, se podrá solicitar su abono a la Administración tributaria a través de la declaración de este Impuesto, una vez finalizado el plazo a que se refiere la letra a) siguiente. Este abono se regirá por lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en su normativa de desarrollo, sin que, en ningún caso, se produzca el devengo del interés de demora a que se refiere el apartado 2 de dicho artículo 31.

El importe de la deducción aplicada o abonada, de acuerdo con lo dispuesto en este apartado, en el caso de las actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica no podrá superar conjuntamente el importe de 3 millones de euros anuales. Este límite se aplicará a todo el grupo de sociedades, en el supuesto de entidades que formen parte del mismo grupo según los criterios establecidos en el artículo 42 del Código de Comercio, con independencia de su residencia y de la obligación de formular cuentas anuales consolidadas.

Para la aplicación de lo dispuesto en este apartado, será necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:

a) Que transcurra, al menos, un año desde la finalización del período impositivo en que se generó la deducción, sin que la misma haya sido objeto de aplicación.

b) Que la plantilla media o, alternativamente, la plantilla media adscrita a actividades de investigación y desarrollo e innovación tecnológica no se vea reducida desde el final del período impositivo en que se generó la deducción hasta la finalización del plazo a que se refiere la letra c) siguiente.

c) Que se destine un importe equivalente de al menos el 80 por ciento de la deducción aplicada o abonada, a gastos de investigación y desarrollo e innovación tecnológica o a inversiones en elementos del inmovilizado material o inmovilizado intangible exclusivamente afectos a dichas actividades, excluidos los inmuebles, en los 24 meses siguientes a la finalización del período impositivo en cuya declaración se realice la correspondiente aplicación o la solicitud de abono.

d) Que la entidad haya obtenido un informe motivado sobre la calificación de la actividad como investigación y desarrollo o innovación tecnológica o un acuerdo previo de valoración de los gastos e inversiones correspondientes a dichas actividades, en los términos establecidos en el apartado 4 del artículo 35 de esta ley.

Adicionalmente, en el supuesto de que los gastos de investigación y desarrollo del período impositivo superen el 10 por ciento del importe neto de la cifra de negocios del mismo, la deducción prevista en el apartado 1 del artículo 35 de esta ley generada en dicho período impositivo podrá quedar excluida del límite establecido en el último párrafo del apartado anterior, y aplicarse o abonarse con un descuento del 20 por ciento de su importe en la primera declaración que se presente transcurrido el plazo a que se refiere la letra a) anterior, hasta un importe adicional de 2 millones de euros.

El incumplimiento de cualquiera de estos requisitos conllevará la regularización de las cantidades indebidamente aplicadas o abonadas, en la forma establecida en el artículo 125.3 de esta ley.»

Disposición adicional primera. Concesión de un crédito extraordinario en el ejercicio 2027 en el Presupuesto de la sección 28 «Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades» para atender gastos de investigación, desarrollo e innovación.

Desde 1 de enero de 2027 hasta la aprobación de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2027 al objeto de reforzar el Sistema Español de Ciencia Tecnología e Innovación, se concede un crédito extraordinario en el presupuesto de 2027 de la sección 28 «Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades», Servicio 06 «Secretaría General de Investigación», Programa 463B «Fomento y coordinación de la investigación científica y técnica», capítulo 6 «inversiones reales», concepto 640 «Gastos en inversiones de carácter inmaterial», que se financiará de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria por importe de 1.200 millones de euros.

Al crédito extraordinario anterior no le resultaran de aplicación las restricciones recogidas en el artículo 52.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

Disposición adicional segunda. Transformación de dos préstamos al Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología en aportación a su capital social.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.2 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, de forma excepcional, por concurrir causas excepcionales de interés público, se autoriza la transformación de las cuantías no amortizadas de los préstamos que se indican a continuación, concedidos al Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología, en aportación a su capital social:

Convenio de concesión

Importe del préstamo

–

Euros

Importe amortizado

–

Euros

Importe debido

–

Euros

Diferencia aportación a capital social INL Portugal-España

Importe que se transforma en aportación al capital

–

Euros

Convenio entre el Ministerio de Ciencia e Innovación y el Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología, por el que se regula el préstamo a largo plazo consignado en los Presupuestos del Estado del ejercicio 2008 en el concepto 831 a favor del Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología (2008). 20.000.000 4.000.000 16.000.000 20.000.000 14.000.000
Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (Ministerio de Ciencia e Innovación) y el Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología, por el que se concede un préstamo al Laboratorio para financiar la construcción, el equipamiento y la puesta en marcha (2009). 10.000.000 2.000.000 8.000.000 6.000.000
 Total. 30.000.000 6.000.000 24.000.000 20.000.000

El importe de 20.000.000 euros pasará a considerarse aportación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades al capital social del Laboratorio Ibérico Internacional de Nanotecnología, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20.1 del Convenio Internacional entre el Reino de España y la República Portuguesa por el que se constituye el Laboratorio Internacional de Nanotecnología y su Estatuto, hecho en Badajoz el 25 de noviembre de 2006.

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Quedan derogadas todas las normas de igual o inferior rango en lo que contradigan o se opongan a lo dispuesto en este real decreto-ley.

Disposición final primera. Salvaguardia del rango de disposiciones reglamentarias.

Las previsiones contenidas en los artículos 11 y 12 de este real decreto-ley, relativas a la Comisión Interministerial de Ciencia, Tecnología e Innovación para la Autonomía Estratégica y Proyectos Estratégicos, tendrán rango reglamentario y podrán ser modificadas por real decreto del Consejo de Ministros.

Las determinaciones incluidas en las normas reglamentarias que son objeto de modificación por este real decreto-ley podrán ser modificadas por normas del rango reglamentario correspondiente a la norma en que figuran.

Disposición final segunda. Títulos competenciales.

El presente real decreto-ley se dicta al amparo de las reglas 6.ª, 7.ª, 8.ª, 13.ª, 14.ª, 15.ª, 17.ª y 18.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación mercantil, legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas, legislación civil, bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y sobre Hacienda en general y Deuda del Estado; así como en materia de fomento y coordinación general de la investigación científica y técnica, legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas y bases del régimen jurídico de las Administraciones Públicas, respectivamente.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Este real decreto-ley entrará en vigor el mismo día de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado el 20 de noviembre de 2026.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

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