Este texto consolidado es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.[Bloque 1: #pr]
I
La obligación que tienen los poderes públicos de garantizar la efectividad del principio de igual retribución por trabajos, no solo iguales, sino de igual valor, resulta actualmente indiscutible. Desde que el Convenio número 100 de la OIT de 1951 lo configuró de forma expresa o desde que también lo hiciera la Directiva 75/117/CEE del Consejo, de 10 de febrero de 1975, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados miembros que se refieren a la aplicación del principio de igualdad de retribución entre los trabajadores masculinos y femeninos, la igualdad retributiva por trabajos de igual valor constituye uno de los elementos esenciales del principio de igualdad real y efectiva entre mujeres y hombres.
En el ámbito de la Unión Europea, la Directiva 2006/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, relativa a la aplicación del principio de igualdad de oportunidades e igualdad de trato entre hombres y mujeres en asuntos de empleo y ocupación (refundición), que incorpora el principio de igualdad de retribución para un trabajo de igual valor, en el artículo 4, junto con la definición de la discriminación indirecta, en el artículo 2, es una norma que no solo establece obligaciones genéricas sino que insiste en la efectividad de los instrumentos de transposición utilizados por los Estados miembros, particularmente exigiendo de ellos que garanticen en caso de discriminación por razón de sexo reparaciones efectivas a las víctimas y sanciones disuasorias. La prohibición de discriminación retributiva por razón de sexo y la consiguiente obligación de garantizar la correcta valoración de los puestos de trabajo constituye, pues, una obligación específica y directamente exigible a todos los Estados miembros, manifestación de la lucha efectiva contra la discriminación indirecta por razón de sexo, cuyos presupuestos se han consolidado a lo largo de los más de 40 años transcurridos desde la aprobación de la Directiva 75/117/CEE, de 10 de febrero de 1975.
Pero también en el ámbito de la discriminación retributiva directa se ha producido una importante ampliación de la protección dispensada en el ámbito de la Unión Europea. Efectivamente, en el actual artículo 2 de la Directiva 2006/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de julio de 2006, se establece que constituye discriminación directa «la situación en que una persona sea, haya sido o pudiera ser tratada por razón de sexo de manera menos favorable que otra en situación comparable». En el ámbito retributivo ello implica que la concurrencia de discriminación directa se producirá cuando una persona no solo sea o haya sido tratada de manera menos favorable que otra en situación comparable, sino también cuando «pudiera ser tratada» de modo menos favorable que otra en situación comparable, lo que facilita considerablemente que pueda apreciarse la existencia de discriminación retributiva directa.
Con todo, el gran reto de la discriminación retributiva por razón de sexo en este momento es la discriminación indirecta por incorrecta valoración de los puestos de trabajo. En este sentido y para aplicar mejor y de forma más eficaz el principio de igualdad de retribución, con el fin de luchar contra las discriminaciones en esta materia y contribuir a hacer frente a la persistente diferencia de retribución entre hombres y mujeres, la Recomendación de la Comisión, de 7 de marzo de 2014, sobre el refuerzo del principio de igualdad de retribución entre hombres y mujeres a través de la transparencia, establecía que los Estados debían optar por, al menos, una de las siguientes medidas: (i) derecho individual a la información retributiva de los niveles salariales desglosada por género (promedios) a requerimiento del trabajador y la trabajadora; (ii) atribución del derecho a esta información con carácter periódico, en beneficio de las personas trabajadoras y de sus representantes, en las empresas de al menos cincuenta personas trabajadoras; (iii) obligación de que las empresas de al menos doscientas cincuenta personas trabajadoras elaboren auditorías salariales (con promedios retributivos y análisis de sistemas de valoración de los puestos) que deben ponerse a disposición de los y las representantes; (iv) garantía de que la cuestión de la igualdad de retribución, en particular las auditorías salariales, se debata en el nivel adecuado de la negociación colectiva.
Además, desde la Directiva 75/117/CEE, del Consejo, de 10 de febrero de 1975, hasta la actualidad, la prohibición de diferente retribución por trabajo de igual valor ha dado lugar a una voluminosa y consolidada doctrina jurisprudencial del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, basada en la prohibición de la sobrevaloración e infravaloración por género de los puestos de trabajo (por todos STJCEE de 1 de julio de 1986, asunto Dato, C-237/85) y la exigencia de transparencia retributiva al empresariado para justificar una eventual diferencia retributiva estadística entre mujeres y hombres (por todos, STJCEE de 17 de octubre de 1989, asunto Danfoss, C-109/88).
Similares presupuestos fueron asumidos por el Tribunal Constitucional español que, desde sus inicios, aplicó el concepto de igual retribución por trabajo de igual valor entre hombres y mujeres. La sentencia pionera fue la STC 145/1991, de 1 de julio, cuya doctrina se consolidó en sentencias posteriores (por ejemplo, en la STC 58/1994, de 28 de febrero). La doctrina del Tribunal Constitucional ha establecido los principios en los que debe basarse la actuación empresarial y de los convenios colectivos a efectos de que no se incurra en discriminación retributiva por razón de sexo.
Así mismo, la Estrategia Europea para la Igualdad de Género 2020-2025 establece los objetivos estratégicos y las acciones clave de la Comisión Europea para este período 2020-2025 en materia de igualdad entre hombres y mujeres, entre las que se encuentra garantizar la igualdad de participación y de oportunidades en el mercado laboral, incluyendo la eliminación de la brecha retributiva de género. Para hacer frente a la desigualdad de remuneración, la Comisión ha abierto una consulta pública sobre la transparencia salarial y se ha comprometido a presentar medidas vinculantes para finales de 2020.
II
En el ordenamiento español el principio de igualdad retributiva por trabajo de igual valor se regula en el artículo 28 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre. Es un precepto que ha ido creciendo en importancia desde su primera formulación en el texto del Estatuto de los Trabajadores de 1980 y que ha sido recientemente modificado por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación.
Este último ha configurado en España un sistema que mejora lo establecido en la Recomendación de la Comisión, de 7 de marzo de 2014, y que combina varias de las opciones establecidas en dicho texto: así, el sistema español de registro retributivo permite el acceso de la representación legal de las personas trabajadoras a la información retributiva desglosada y promediada en todas las empresas, y no solo en aquellas con al menos cincuenta personas trabajadoras como establece la recomendación. Asimismo, la auditoría salarial, que en la recomendación se refiere a las empresas de al menos doscientas cincuenta personas trabajadoras, en la norma española se aplica a todas las empresas que tienen la obligación de tener planes de igualdad que, una vez transcurridos los plazos transitorios establecidos en el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, alcanzará en España a todas las empresas de al menos cincuenta personas trabajadoras.
No obstante, el nuevo marco requiere de un desarrollo reglamentario que concrete sus presupuestos y que determine el contenido de las obligaciones en diferentes aspectos como: el concepto de trabajo de igual valor, dando certeza y seguridad jurídica acerca de su alcance y la necesidad de que sean tenidos en cuenta factores objetivos vinculados de manera estricta y necesaria con el trabajo desempeñado; la obligación del registro retributivo desarrollando, entre otros aspectos, los criterios concretos para desagregar por sexo la información retributiva de la empresa; los sistemas de clasificación profesional contenidos en los convenios colectivos y su necesaria vinculación con el registro y la transparencia retributiva a través de una correcta valoración de los puestos de trabajo, así como el derecho de las personas trabajadoras a acceder al contenido del registro.
Especialmente relevante, como instrumento de transparencia en determinadas empresas, resulta el desarrollo del concepto y contenido de las auditorías salariales, dando, en este punto concreto, cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46.6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, introducido por el citado real decreto-ley.
Pese a que el desarrollo de las auditorías está vinculado al mandato contenido en el artículo 46.6 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, se entiende que, sin perjuicio de su ubicación, tanto material como instrumentalmente, la auditoría está concebida como un elemento nuclear en la consecución del objetivo de la igualdad retributiva entre mujeres y hombres a través del principio y el refuerzo de la transparencia y así se pone de manifiesto en la Recomendación de la Comisión de 7 de marzo de 2014.
Este real decreto, por tanto, complementa la regulación contenida en el Real Decreto 901/2020, de 13 de octubre, por el que se regulan los planes de igualdad y su registro y se modifica el Real Decreto 713/2010, de 28 de mayo, sobre registro y depósito de convenios y acuerdos colectivos de trabajo.
También desarrolla el presente real decreto lo establecido en los artículos 22.3 y 12.4.d) del Estatuto de los Trabajadores, modificados ambos por el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, y que establecen, respectivamente, la obligación de que la clasificación profesional se realice conforme a criterios libres de discriminación, y la garantía de ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre mujeres y hombres en el caso de los contratos a tiempo parcial.
III
La estructura y contenido del real decreto responde a cuatro capítulos, once artículos, cuatro disposiciones adicionales, una disposición transitoria única y cuatro disposiciones finales.
El capítulo I, relativo al objeto y ámbito de aplicación del real decreto, consta de dos artículos.
El artículo 1 se refiere a su objeto, descrito como el conjunto de medidas específicas para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y no discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva, y al desarrollo de los mecanismos necesarios para identificar la existencia de brechas retributivas injustificadas o discriminatorias.
El artículo 2 se refiere a su ámbito personal de aplicación, lo que incluye las relaciones laborales reguladas en el Estatuto de los Trabajadores.
El capítulo II define dos elementos básicos en sus diferentes aspectos sustantivos para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y no discriminación: el principio de transparencia, que permite obtener información suficiente y significativa sobre el valor y cuantía de las retribuciones permitiendo deducir e identificar posibles discriminaciones, tanto directas como indirectas; y la obligación de igual retribución por trabajos de igual valor, aportando todos los datos que deben ser tenidos en cuenta para un correcto ejercicio de valoración.
El capítulo III desarrolla en diferentes secciones los instrumentos que hacen posible el principio de transparencia retributiva.
La sección 1.ª incluye, tanto las normas generales sobre el registro retributivo, desarrollando los elementos objetivos, personales y temporales de la obligación de registro establecida en el artículo 28.2 del Estatuto de los Trabajadores, de acuerdo con la modificación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, como las normas que se refieren de manera específica al registro de empresas con obligación de auditoría, lo que vincula el contenido de los registros retributivos con los planes de igualdad y el objetivo de estos últimos descrito en el artículo 46 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, conforme a la modificación del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo.
Asimismo, y como elemento clave del principio de transparencia, se garantiza el adecuado acceso de las personas trabajadoras a la información contenida en el registro retributivo, a través de la representación legal en todo caso cuando esta exista, o de forma directa, en cuyo caso la información a facilitar se limitará a las diferencias porcentuales que existieran en las retribuciones promediadas de hombres y mujeres, que también deberán estar desagregadas en atención a la naturaleza de la retribución y el sistema de clasificación aplicable.
La sección 2.ª se ocupa del concepto y contenido de la auditoría retributiva.
Así, la auditoría retributiva, de acuerdo con lo previsto en el artículo 46.2.e) de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y como parte del plan de igualdad, debe incorporar los datos necesarios para comprobar que el sistema de retribución existente en la empresa garantiza de manera transversal y completa la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres.
También debe permitir la definición de las diferentes necesidades para evitar, corregir y prevenir obstáculos existentes o que pudieran producirse.
La auditoría retributiva cumple, por consiguiente, con dos propósitos necesarios y complementarios: proporcionar información suficiente, racional y adecuada sobre la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y prevenir situaciones de riesgo discriminatorio cualquiera que sea su origen.
La sección 3.ª por su parte establece la necesaria transparencia en la negociación colectiva y la adecuada valoración de los puestos de trabajo.
El capítulo IV describe, por su parte, el alcance de la tutela judicial y administrativa, recordando el valor de la justificación prevista en el artículo 28.3 del Estatuto de los Trabajadores sin que pueda aplicarse para descartar la existencia de indicios de discriminación, así como el principio de igualdad de retribución respecto de las personas trabajadoras a tiempo parcial, en desarrollo de lo previsto en el artículo 12.4.d) del Estatuto de los Trabajadores.
Respecto de las disposiciones adicionales, se establece una referencia específica a la participación institucional, la previsión de la celebración de reuniones para el análisis de la efectividad de la lucha contra la brecha retributiva, la elaboración de una Guía técnica para las auditorías retributivas y la aplicación de este real decreto al personal laboral al servicio de las administraciones públicas.
La disposición transitoria única acompasa la exigencia de las auditorías retributivas y los registros a la disposición transitoria décima segunda de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, y a su exigencia paulatina a las empresas de cincuenta o más trabajadores.
Por último, las disposiciones finales incluyen la previsión sobre la elaboración de un procedimiento de valoración de los puestos de trabajo, el título competencial prevalente en virtud del cual se dicta el presente real decreto, la habilitación para su desarrollo normativo y aplicación, así como el comienzo de entrada en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
IV
Este real decreto cumple con los principios de necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia y eficiencia contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. El real decreto responde a la necesidad de dar desarrollo reglamentario a las obligaciones legales establecidas de acuerdo con la habilitación de la disposición final primera del Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo. Es eficaz y proporcional, ya que regula los aspectos imprescindibles para que se pueda cumplir lo previsto en el mismo. En cuanto al principio de seguridad jurídica, la norma establece de manera clara los límites que han de aplicarse. Además, cumple con el principio de transparencia ya que en su elaboración ha habido una amplia participación de los sectores implicados a través de los trámites de consulta y de audiencia e información públicas, identifica claramente su propósito y se ofrece una explicación completa de su contenido. Por último, la norma es coherente con el principio de eficiencia, dado que su aplicación no impone cargas administrativas adicionales e innecesarias.
Con este real decreto se avanza en el cumplimiento de la meta 8.5 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, es decir, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todas las mujeres y los hombres, incluidas las personas jóvenes y las personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor, así como en el de la meta 5.1 cuyo objetivo es poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las mujeres y las niñas en todo el mundo.
Este real decreto ha sido consultado específicamente a las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas y a las comunidades autónomas.
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral, sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas.
En su virtud, a propuesta de la Ministra de Trabajo y Economía Social y de la Ministra de Igualdad, de acuerdo con el Consejo de Estado, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 13 de octubre de 2020,
DISPONGO:
[Bloque 2: #ci]
[Bloque 3: #a1]
El objeto de este real decreto es establecer medidas específicas para hacer efectivo el derecho a la igualdad de trato y a la no discriminación entre mujeres y hombres en materia retributiva, desarrollando los mecanismos para identificar y corregir la discriminación en este ámbito y luchar contra la misma, promoviendo las condiciones necesarias y removiendo los obstáculos existentes, y reforzar la aplicación del principio de igualdad de retribución por un mismo trabajo o un trabajo de igual valor entre mujeres y hombres, de conformidad con lo establecido en los artículos 9.2 y 14 de la Constitución Española.
Se modifica por el art. 2.1 del Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2026-24121
[Bloque 4: #a2]
Este real decreto será de aplicación en el ámbito de las relaciones laborales reguladas en el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.
[Bloque 5: #a2-2]
A los efectos de este real decreto se entenderá por:
1. “Retribución”: en aplicación de los artículos 26 y 28 del Estatuto de los Trabajadores, el salario base, las pagas extraordinarias, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales, que la empresa abone, directa o indirectamente, a la persona trabajadora, en dinero o en especie, por la prestación profesional de los servicios laborales por cuenta ajena.
2. “Progresión retributiva”, el proceso por el que una persona trabajadora pasa a percibir una retribución superior, cuando proceda, conforme a las reglas previstas en el Estatuto de los Trabajadores.
3. “Nivel retributivo”, la horquilla, valor o posición asignado a un puesto de trabajo o a una persona trabajadora, dentro de la estructura retributiva de la empresa.
4. “Brecha retributiva de género”, la diferencia entre las retribuciones medias de las mujeres y de los hombres que trabajan para una misma empresa, expresada como un porcentaje de las retribuciones medias de los trabajadores de sexo masculino, tanto en cómputo anual como por hora de trabajo.
Se añade por el art. 2.2 del Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2026-24121
Texto añadido, publicado el 18/11/2026, en vigor a partir del 19/11/2026.
[Bloque 6: #ci-2]
[Bloque 7: #a3]
1. A fin de garantizar la aplicación efectiva del principio de igualdad de trato y no discriminación en materia retributiva entre mujeres y hombres, las empresas y los convenios colectivos deberán integrar y aplicar el principio de transparencia retributiva entendido como aquel que, aplicado sobre los diferentes aspectos y conceptos que determinan la retribución de las personas trabajadoras, permite obtener información suficiente y significativa sobre el valor que se le atribuye a dicha retribución.
2. El principio de transparencia retributiva tiene por objeto la identificación de discriminaciones, tanto directas como indirectas, particularmente las debidas a incorrectas valoraciones de puestos de trabajo, lo que concurre cuando, desempeñado un mismo trabajo o trabajo de igual valor de acuerdo con los artículos siguientes, se perciba una retribución inferior sin que dicha diferencia pueda justificarse objetivamente con una finalidad legítima o sin que los medios para alcanzar dicha finalidad sean adecuados y necesarios.
3. El principio de transparencia retributiva se aplicará, al menos, a través de los siguientes instrumentos regulados en el presente real decreto: los registros retributivos, la auditoría retributiva, el sistema de valoración de puestos de trabajo de la clasificación profesional contenida en la empresa y en el convenio colectivo que fuera de aplicación y el derecho de información de las personas trabajadoras.
4. Las empresas pondrán a disposición de su personal y de su representación legal, de manera comprensible y asegurando el fácil acceso, los criterios que utilizan para determinar: la retribución de las personas trabajadoras, los niveles retributivos aplicables a los distintos puestos de trabajo o categorías profesionales y, en su caso, la progresión retributiva. Dichos criterios serán objetivos y neutros con respecto al género, y la información se facilitará con arreglo a las siguientes reglas:
a) Cuando dichos criterios vengan establecidos por convenio colectivo, la empresa dará cumplimiento a la obligación de puesta a disposición de la información mediante la remisión expresa a los preceptos específicos del convenio en los que se contengan, para que la persona trabajadora pueda acceder a dichos criterios.
b) Cuando dichos criterios no se encuentren fijados en el convenio colectivo o cuando la empresa establezca de forma voluntaria mejoras retributivas de cualquier naturaleza, deberá poner la información sobre los criterios utilizados para su determinación directamente a disposición de las personas trabajadoras y de su representación legal.
c) Las empresas de cincuenta o más personas trabajadoras deberán poner a disposición información sobre los criterios de progresión retributiva, de estar prevista su aplicación, y en los términos dispuestos, en su caso, en el convenio colectivo, acuerdo de empresa o contrato de trabajo.
d) La información prevista en este apartado deberá mantenerse actualizada y ser nuevamente puesta a disposición de las personas trabajadoras y de su representación legal cada vez que los criterios retributivos, los niveles retributivos o, en su caso, los criterios de progresión retributiva sean objeto de modificación.
e) La información se facilitará en un formato accesible para las personas con discapacidad, atendiendo a sus necesidades específicas.
Se modifica por el art. 2.3 del Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2026-24121
[Bloque 8: #a4]
1. El principio de igual retribución por el mismo trabajo o por un trabajo de igual valor en los términos establecidos en el artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores vincula a todas las empresas, independientemente del número de personas trabajadoras, y a todos los convenios y acuerdos colectivos. La igual retribución por el mismo trabajo o por un trabajo de igual valor se debe asegurar tomando en consideración la retribución percibida, tanto en cómputo anual como por hora de trabajo, en los términos del artículo 2 bis.
2. Conforme al artículo 28.1 del Estatuto de los Trabajadores, un trabajo tendrá igual valor que otro cuando la naturaleza de las funciones o tareas efectivamente encomendadas, las condiciones educativas, profesionales o de formación exigidas para su ejercicio, los factores estrictamente relacionados con su desempeño y las condiciones laborales en las que dichas actividades se llevan a cabo en realidad sean equivalentes. A tal efecto, se tendrán en cuenta las siguientes definiciones:
a) Se entiende por naturaleza de las funciones o tareas el contenido esencial de la relación laboral, tanto en atención a lo establecido en la ley o en el convenio colectivo como en atención al contenido efectivo de la actividad desempeñada.
b) Se entiende por condiciones educativas las que se correspondan con cualificaciones regladas y guarden relación con el desarrollo de la actividad.
c) Se entiende por condiciones profesionales y de formación aquellas que puedan servir para acreditar la cualificación de la persona trabajadora, incluyendo la experiencia o la formación no reglada, siempre que tenga conexión con el desarrollo de la actividad.
d) Se entiende por condiciones laborales y por factores estrictamente relacionados con el desempeño aquellos diferentes de los anteriores que sean relevantes en el desempeño de la actividad, y, en todo caso, las competencias, el esfuerzo y la responsabilidad exigibles.
3. A tales efectos, podrán ser relevantes, entre otros factores y condiciones, con carácter no exhaustivo, la penosidad y dificultad, las posturas forzadas, los movimientos repetitivos, la destreza, la minuciosidad, el aislamiento, la responsabilidad tanto económica como relacionada con el bienestar de las personas, la polivalencia o definición extensa de obligaciones, las habilidades sociales, las habilidades de cuidado y atención a las personas, la capacidad de resolución de conflictos o la capacidad de organización, en la medida en que satisfagan las exigencias de adecuación, totalidad y objetividad establecidas en el apartado siguiente.
4. Una correcta valoración de los puestos de trabajo requiere que se apliquen los criterios de adecuación, totalidad y objetividad y neutralidad con respecto al género. La adecuación implica que los factores relevantes en la valoración deben ser aquellos relacionados con la actividad y que efectivamente concurran en la misma, incluyendo la formación necesaria. La totalidad implica que, para constatar si concurre igual valor, deben tenerse en cuenta todas las condiciones que singularizan el puesto del trabajo, sin que ninguna se invisibilice o se infravalore. La objetividad implica que deben existir mecanismos claros que identifiquen los factores que se han tenido en cuenta en la fijación de una determinada retribución y que no dependan de factores o valoraciones sociales que reflejen estereotipos de género.
Se modifica por el art. 2.4 del Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2026-24121
[Bloque 9: #ci-3]
[Bloque 10: #s1]
[Bloque 11: #a5]
1. De conformidad con lo establecido en el artículo 28.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, todas las empresas deben tener un registro retributivo de toda su plantilla, incluido el personal directivo y los altos cargos. Este registro tiene por objeto garantizar la transparencia en la configuración de las percepciones, de manera fiel y actualizada, y un adecuado acceso a la información retributiva de las empresas, al margen de su tamaño, mediante la elaboración documentada de los datos promediados y desglosados.
2. El registro retributivo deberá incluir los valores medios de los salarios, los complementos salariales y las percepciones extrasalariales de la plantilla desagregados por sexo y distribuidos conforme a lo establecido en el artículo 28.2 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
A tales efectos, deberán establecerse en el registro retributivo de cada empresa, convenientemente desglosadas por sexo, la media aritmética y la mediana de lo realmente percibido, tanto en cómputo anual como por hora de trabajo, por cada uno de estos conceptos en cada grupo profesional, categoría profesional, nivel retributivo, puesto o cualquier otro sistema de clasificación aplicable. A su vez, esta información deberá estar desagregada en atención a la naturaleza de la retribución, incluyendo salario base, cada uno de los complementos y cada una de las percepciones extrasalariales, especificando de modo diferenciado cada percepción.
3. Cuando se solicite el acceso al registro por parte de la persona trabajadora por inexistencia de representación legal, la información que se facilitará por parte de la empresa se limitará a las diferencias porcentuales que existieran en las retribuciones promediadas de hombres y mujeres, que también deberán estar desagregadas en atención a la naturaleza de la retribución y el sistema de clasificación aplicable.
En las empresas que cuenten con representación legal de las personas trabajadoras, el acceso al registro, en los términos del párrafo anterior, se facilitará a las personas trabajadoras a través de la citada representación, independientemente del derecho de esta última a conocer su contenido íntegro.
4. El periodo temporal de referencia será con carácter general el año natural, sin perjuicio de las modificaciones que fuesen necesarias en caso de alteración sustancial de cualquiera de los elementos que integran el registro, de forma que se garantice el cumplimiento de la finalidad prevista en el apartado 1.
5. El documento en el que conste el registro podrá tener el formato establecido en los portales de internet oficiales del Ministerio de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Igualdad.
6. La representación legal de las personas trabajadoras deberá ser consultada, con una antelación de al menos diez días, con carácter previo a la elaboración del registro. Asimismo, y con la misma antelación, deberá ser consultada cuando el registro sea modificado de acuerdo con lo previsto en el apartado 4.
7. El registro retributivo, así como la documentación y los datos que sirvan de soporte a su elaboración, deberán conservarse por la empresa durante un plazo de cuatro años.
Se modifica por el art. 2.5 del Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2026-24121
[Bloque 12: #a6]
Las empresas que lleven a cabo auditorías retributivas en los términos establecidos en la sección siguiente de este capítulo tendrán un registro retributivo con las siguientes peculiaridades respecto del artículo 5.2:
a) El registro deberá reflejar, además, las medias aritméticas y las medianas de las retribuciones de las agrupaciones de los puestos de trabajo iguales o de igual valor en la empresa, conforme a los resultados de la valoración de puestos de trabajo descrita en los artículos 4 y 8.1.a) aunque pertenezcan a diferentes apartados de la clasificación profesional o niveles retributivos, tanto en cómputo anual como por hora de trabajo, en su caso desglosados por sexo y desagregados conforme a lo establecido en el citado artículo 5.2.
b) El registro deberá incluir la justificación a que se refiere el artículo 28.3 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, cuando la media aritmética o la mediana de las retribuciones totales en la empresa de las personas trabajadoras de un sexo sea superior a las del otro en, al menos, un veinticinco por ciento o en un cinco por ciento en empresas de cien o más personas trabajadoras.
Se modifica por el art. 2.6 del Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2026-24121
[Bloque 13: #s2]
[Bloque 14: #a7]
1. Las empresas que elaboren un plan de igualdad deberán incluir en el mismo una auditoría retributiva, de conformidad con el artículo 46.2.e) de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, previa la negociación que requieren dichos planes de igualdad.
La auditoría retributiva tiene por objeto obtener la información necesaria para comprobar si el sistema retributivo de la empresa, de manera transversal y completa, cumple con la aplicación efectiva del principio de igualdad entre mujeres y hombres en materia de retribución. Asimismo, deberá permitir definir las necesidades para evitar, corregir y prevenir los obstáculos y dificultades existentes o que pudieran producirse en aras a garantizar la igualdad retributiva, y asegurar la transparencia y el seguimiento de dicho sistema retributivo.
2. La auditoría retributiva tendrá la vigencia del plan de igualdad del que forma parte, salvo que se determine otra inferior en el mismo.
[Bloque 15: #a8]
1. La auditoría retributiva proporcionará la información precisa para, en primer lugar, realizar un diagnóstico de la situación retributiva mediante la valoración de los puestos de trabajo y la identificación y el análisis de las diferencias retributivas; y, en segundo lugar, establecer las medidas que corrijan las desigualdades injustificadas, si estas han sido detectadas. Ello requerirá:
a) La valoración de los puestos de trabajo, teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 4, en relación al sistema retributivo como con relación al sistema de promoción. La valoración de puestos de trabajo tiene por objeto realizar una estimación global de todos los factores que concurren o pueden concurrir en un puesto de trabajo, teniendo en cuenta su incidencia y permitiendo la asignación de una puntuación o valor numérico al mismo. Los factores de valoración deben ser considerados de manera objetiva y deben estar vinculados de manera necesaria y estricta con el desarrollo de la actividad laboral. La valoración debe referirse a cada una de las tareas y funciones de cada puesto de trabajo de la empresa, ofrecer confianza respecto de sus resultados y ser adecuada al sector de actividad, tipo de organización de la empresa y otras características que a estos efectos puedan ser significativas, con independencia, en todo caso, de la modalidad de contrato de trabajo con el que vayan a cubrirse los puestos.
b) La identificación y el análisis de las diferencias retributivas. Para ello se tendrá en cuenta, como mínimo, la información disponible respecto de los últimos tres años, relativa a:
1.º El análisis de la proporción de personas trabajadoras, desglosadas por sexo, en cada grupo, categoría profesional o nivel retributivo.
2.º La información contenida en el registro retributivo, así como sobre cualquier variación en las diferencias retributivas.
3.º Las razones, si las hay, de tales diferencias, sobre la base de criterios objetivos y neutros con respecto al género. Las razones se determinarán de forma conjunta entre la representación legal de las personas trabajadoras y la empresa. La falta de acuerdo no eximirá a la empresa de su obligación de elaborar la auditoría retributiva y justificar las diferencias identificadas, debiendo hacerse constar las discrepancias que, en su caso, se produzcan.
4.º La proporción de personas trabajadoras que han recibido alguna mejora de retribución tras su reincorporación al puesto de trabajo en los supuestos de permiso de nacimiento y cuidado del menor, adopción, de guarda con fines de adopción y acogimiento, si se produjo tal mejora en el grupo o la categoría profesional pertinente durante el período en que disfrutaban del permiso.
5.º La relevancia de otros factores desencadenantes de la diferencia retributiva, así como las posibles deficiencias o desigualdades que pudieran apreciarse en el diseño o uso de las medidas de conciliación y corresponsabilidad en la empresa, o las dificultades que las personas trabajadoras pudieran encontrar en su promoción profesional o económica derivadas de otros factores como las actuaciones empresariales discrecionales en materia de movilidad o las exigencias de disponibilidad no justificadas.
c) La elaboración por parte de la empresa de un plan de actuación para la corrección de cualquier desigualdad retributiva que no esté justificada sobre la base de criterios objetivos y neutros con respecto al género, con determinación de objetivos, actuaciones concretas, persona o personas responsables de su implantación y seguimiento y cronograma, de tal forma que estas diferencias se subsanen en un plazo razonable, que en ningún caso puede ser superior a seis meses. El plan de actuación también incorporará un sistema de seguimiento de la implementación de mejoras a partir de los resultados obtenidos y de evaluación de eficacia de las medidas de anteriores evaluaciones retributivas. El plan de actuación y el sistema de seguimiento de la implementación de mejoras y de evaluación de eficacia serán objeto de consulta a la representación legal de las personas trabajadoras.
2. La empresa pondrá la auditoría retributiva a disposición de las personas trabajadoras y de su representación legal. De igual forma, la empresa pondrá a disposición y notificará su realización a la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva.
3. A los efectos de valoración de los puestos de trabajo, serán de aplicación aquellos sistemas analíticos que garanticen el cumplimiento de los objetivos y exigencias establecidos en el presente artículo y, de manera específica, los criterios descritos en el artículo 4.
Se modifica por el art. 2.7 del Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2026-24121
[Bloque 16: #s3]
[Bloque 17: #a9]
De acuerdo con lo previsto en los artículos 22.3 y 85 del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, con el objetivo de comprobar que la definición de los grupos profesionales se ajusta a criterios y sistemas que garantizan la ausencia de discriminación directa e indirecta entre mujeres y hombres y la correcta aplicación del principio de igualdad de retribución por trabajos de igual valor, las comisiones negociadoras de los convenios colectivos deberán asegurar que los factores y condiciones concurrentes en cada uno de los grupos y niveles profesionales y, en su caso, retributivos, se encuentran definidos y respetan los criterios de adecuación, totalidad, objetividad y neutralidad con respecto al género, y el principio de igual retribución para puestos de igual valor, en los términos establecidos en el artículo 4.
Se modifica por el art. 2.8 del Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2026-24121
[Bloque 18: #s4]
Se añade por el art. 2.9 del Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2026-24121
Texto añadido, publicado el 18/11/2026, en vigor a partir del 19/11/2026.
[Bloque 20: #a1-2]
1. Las personas trabajadoras tendrán derecho a solicitar y a recibir por escrito información sobre su retribución individual y sobre las retribuciones medias, en términos anuales y por hora de trabajo y desglosadas por sexo, de los grupos, categorías o niveles retributivos, de personas trabajadoras que realicen el mismo trabajo o un trabajo de igual valor al suyo. Dicha retribución se facilitará desglosada por complementos, indicando por separado el salario base y cada uno de los complementos salariales y extrasalariales percibidos.
2. La solicitud podrá formularse, una vez al año o cuando se produzcan cambios que lo justifiquen, directamente por la persona trabajadora, así como a través de la representación legal de las personas trabajadoras y, en su caso, a través de Instituto de las Mujeres.
Si la información recibida es inexacta o se encuentra incompleta, la persona trabajadora tendrá derecho a solicitar, personalmente o a través de sus representantes, aclaraciones y detalles adicionales y razonables con respecto a cualquiera de los datos facilitados, y a recibir una respuesta motivada en el plazo de quince días desde la recepción de la solicitud de aclaración.
3. Las empresas informarán, al menos una vez al año, a todo su personal del derecho a solicitar y recibir la información prevista en este artículo, así como del procedimiento para el ejercicio de dicho derecho.
4. La empresa deberá facilitar la información, aclaraciones o detalles solicitados por escrito dentro de un plazo razonable y, en todo caso, en los dos meses siguientes a la fecha de la recepción de la primera solicitud formulada por la persona trabajadora, independientemente de que se realice a través de su representación legal o del instituto de las Mujeres. Se utilizará un formato que sea accesible para las personas con discapacidad y que tenga en cuenta sus necesidades específicas.
5. La empresa podrá exigir a las personas trabajadoras que obtengan, con arreglo a este real decreto, información distinta de la relativa a su propia persona que esta información sea utilizada exclusivamente para fines relacionados con el ejercicio de su derecho a la igualdad retributiva. En todo caso, el acceso, tratamiento, conservación, utilización y eventual comunicación de dicha información deberán realizarse de conformidad con las garantías y medidas previstas en el artículo 15.
6. Este derecho podrá ser ejercido también por quienes hubieran dejado de prestar servicios en la empresa, respecto del período en que hubieran estado vinculados a ella, siempre que la solicitud se formule en el plazo de un año desde la fecha del cese.
Se modifica por el art. 2.9 del Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2026-24121
[Bloque 21: #a1-3]
1. Las empresas de 50 o más personas trabajadoras deberán facilitar a la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva, previa consulta a la representación legal de las personas trabajadoras, la siguiente información:
a) la brecha retributiva de género;
b) la brecha retributiva de género en los complementos salariales;
c) la brecha retributiva de género mediana;
d) la brecha retributiva de género mediana en los complementos salariales;
e) la proporción de trabajadoras y de trabajadores que reciben complementos salariales;
f) la proporción de trabajadoras y de trabajadores en cada cuartil de la banda retributiva;
g) la brecha retributiva de género por categorías, grupos o agrupaciones de puestos de igual valor, desglosada en los conceptos retributivos del artículo 5.2 o, cuando proceda, del artículo 6.a).
2. La representación legal de las personas trabajadoras tendrá acceso a las metodologías utilizadas para la elaboración de la información prevista en el apartado 1.
3. La información anterior se facilitará anualmente, respecto del año natural anterior, en las empresas con 250 o más personas trabajadoras; o cada tres años, respecto de los tres años anteriores, en las empresas de entre 50 y 249 personas trabajadoras.
4. Las empresas facilitarán la información a que se refiere la letra g) del apartado 1 a todas las personas trabajadoras y a su representación legal.
5. Las empresas incluidas en el apartado 1, cuando sean requeridas, pondrán a disposición de la plantilla y de la representación legal de las personas trabajadoras, en un plazo máximo de dos meses:
a) La información a que se refiere la letra g) del apartado 1, correspondiente a los cuatro años anteriores.
b) Las aclaraciones o información complementaria que fuese necesaria sobre cualquiera de los datos publicados, incluidas las explicaciones relativas a las diferencias retributivas entre mujeres y hombres, así como las metodologías empleadas por la empresa para la obtención de la información del apartado 1.
6. Cuando, a partir de la información prevista en este artículo o de las aclaraciones solicitadas respecto de los datos facilitados, se constate la existencia de diferencias retributivas de género que no estén justificadas sobre la base de criterios objetivos y neutros con respecto al género, la empresa deberá corregirlas en un plazo razonable, que en ningún caso podrá ser superior a seis meses, mediante la aplicación o, cuando resulte necesario, la actualización del plan de actuación previsto en el artículo 8. La adopción y ejecución de las medidas correctoras se realizará en cooperación con la representación legal de las personas trabajadoras.
Se modifica por el art. 2.9 del Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2026-24121
[Bloque 22: #ci-5]
Se modifica por el art. 2.10 del Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2026-24121
Texto añadido, publicado el 18/11/2026, en vigor a partir del 19/11/2026.
[Bloque 23: #a1-4]
1. La información retributiva o la ausencia de la misma derivada de la aplicación de este real decreto, y en la medida en que se den los presupuestos necesarios previstos en la legislación vigente, podrá servir para llevar a cabo las acciones administrativas y judiciales, individuales y colectivas oportunas, de acuerdo con el texto refundido de la Ley de Infracciones y Sanciones del Orden Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, incluida, en su caso, la aplicación de las sanciones que pudieran corresponder por concurrencia de discriminación, así como de acuerdo con la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, incluyendo, en su caso, el procedimiento de oficio establecido en el artículo 148.c) de la misma.
2. La obligación de justificación prevista en el artículo 28.3 del Estatuto de los Trabajadores tiene exclusivamente el alcance previsto en dicho artículo, sin que pueda aplicarse para descartar la existencia de indicios de discriminación.
Se renumera por el art. 2.11 del Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2026-24121
Su anterior numeración era artículo 10.
Texto añadido, publicado el 18/11/2026, en vigor a partir del 19/11/2026.
[Bloque 24: #a1-5]
Las personas trabajadoras a tiempo parcial tienen los mismos derechos, incluidos los retributivos, que las personas trabajadoras a tiempo completo.
En este sentido, el principio de proporcionalidad en las retribuciones percibidas resultará de aplicación cuando lo exijan la finalidad o naturaleza de estas y así se establezca por una disposición legal, reglamentaria o por convenio colectivo.
Cualquier reducción proporcional deberá garantizar asimismo que no tenga repercusión negativa alguna en el disfrute de los derechos relacionados con la maternidad y el cuidado de menores o personas dependientes.
Se renumera por el art. 2.11 del Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2026-24121
Su anterior numeración era artículo 11.
Texto añadido, publicado el 18/11/2026, en vigor a partir del 19/11/2026.
[Bloque 25: #a1-6]
1. Se crea la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva como órgano colegiado interministerial, de carácter tripartito, adscrito al Ministerio de Trabajo y Economía Social a través de la Secretaría de Estado de Trabajo, para la participación institucional, coordinación y seguimiento en materia de transparencia retributiva.
2. La Comisión estará integrada por:
a) La persona titular de la Secretaría de Estado de Trabajo, que ejercerá la presidencia.
b) La persona titular del Instituto de las Mujeres, que ejercerá la vicepresidencia primera.
c) La persona titular de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, que ejercerá la vicepresidencia segunda.
d) Cuatro vocalías, ocupadas por personas con rango mínimo de subdirector general o asimilado:
1.º Dos en representación del Ministerio de Trabajo y Economía Social, a propuesta de la persona titular de la Secretaría de Estado de Trabajo.
2.º Una en representación del Instituto de las Mujeres, a propuesta de la persona titular del Instituto de las Mujeres.
3.º Una en representación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, a propuesta de la persona titular de la Secretaría de Estado de Justicia.
e) Dos vocalías en representación de las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal.
f) Dos vocalías en representación de las organizaciones empresariales más representativas a nivel estatal.
g) La persona titular de la Secretaría de la Comisión, designada por la Presidencia de entre los vocales en representación del Ministerio de Trabajo y Economía Social.
3. La Comisión para el Seguimiento de la Transparencia Retributiva tendrá las siguientes funciones:
a) Sensibilizar a empresas, entidades públicas y privadas, interlocutores sociales y ciudadanía en general, sobre el principio de igualdad de trato y no discriminación en materia retributiva, y sobre el derecho a la transparencia retributiva, teniendo en consideración la discriminación interseccional.
b) Analizar las causas de la brecha retributiva de género y poner a disposición instrumentos que empleen sistemas analíticos y que faciliten la evaluación de las desigualdades retributivas.
c) Recopilar y analizar los datos facilitados por las empresas conforme a lo previsto en el artículo 11.1 y publicar los datos a los que se refiere el artículo 11.1., letras a) a f), en un formato de fácil acceso y en términos que permitan la comparación entre empresas, sectores y territorios, manteniéndolos accesibles durante, al menos, cuatro años.
d) Recabar los informes de la auditoría retributiva puestos a disposición por parte de las empresas, de conformidad con el artículo 8.2.
e) Compilar datos sobre el número y tipología de reclamaciones en materia de discriminación retributiva interpuestas ante las autoridades competentes, y las demandas interpuestas ante los órganos jurisdiccionales nacionales.
f) Prestar asistencia en el ejercicio del derecho de información reconocido en el artículo 10.
g) Facilitar a la Comisión Europea, cada dos años, los datos a los que se refieren las letras c), d) y e) de este apartado.
h) Cooperar con el resto de las administraciones y autoridades competentes en el desempeño de sus funciones, así como recabar de aquellas la colaboración necesaria.
i) Cualesquiera otras funciones que normativamente se le atribuyan.
4. Las disposiciones que desarrollen el funcionamiento de la Comisión deberán respetar las normas generales de actuación de los órganos colegiados dispuestas en el título preliminar del capítulo II de la sección 3.ª de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
5. La Comisión para el Seguimiento de la Transparencia Retributiva desarrollará sus funciones sin perjuicio de las competencias atribuidas al Instituto de las Mujeres.
Se añade por el art. 2.12 del Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2026-24121
Texto añadido, publicado el 18/11/2026, en vigor a partir del 19/11/2026.
[Bloque 26: #a1-7]
El tratamiento de los datos registrados o almacenados en virtud de este real decreto se realizará de conformidad con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre.
En particular, las empresas y la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva, en el ámbito de sus respectivas competencias y respecto de los tratamientos de datos que lleven a cabo, en aplicación de este real decreto, deberán adoptar y mantener las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar y poder acreditar que los tratamientos de datos se realizan de conformidad con dicha normativa, revisándolas y actualizándolas cuando resulte necesario para asegurar su eficacia.
Asimismo, deberán implantarse medidas de minimización de datos y de control del acceso a la información, y cuantas otras resulten necesarias para garantizar la seguridad de los datos personales objeto de tratamiento y evitar su acceso, utilización, comunicación o difusión no autorizados, en función de los riesgos asociados al mismo.
Se añade por el art. 2.13 del Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2026-24121
Texto añadido, publicado el 18/11/2026, en vigor a partir del 19/11/2026.
[Bloque 27: #da]
El Ministerio de Trabajo y Economía Social y el Ministerio de Igualdad a través del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, con la colaboración de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, dentro del ámbito de la participación institucional, realizará y distribuirá una guía o protocolo de buenas prácticas para la negociación colectiva y las empresas que permitan identificar y superar los estereotipos en la contratación y promoción, en especial entre el personal directivo y con responsabilidades en materia de recursos humanos dentro de las empresas y que facilite una adecuada valoración de los puestos de trabajo.
Asimismo, el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, con la participación y la colaboración de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas llevará a cabo actuaciones de información y de sensibilización para las personas negociadoras de los convenios colectivos, planes de igualdad y cualquier tipo de acuerdo colectivo que contribuyan a la superación de estereotipos y sesgos de género y a la auténtica integración de la perspectiva de género en las empresas.
[Bloque 28: #da-2]
Se celebrarán reuniones con una periodicidad semestral entre las organizaciones sindicales y empresariales más representativas y una representación del Ministerio de Trabajo y Economía Social, así como del Ministerio de Igualdad, a través, en su caso, del Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, para analizar la efectividad de la lucha contra la brecha salarial y el modo en que se ha aplicado el presente real decreto a fin de garantizar la correcta implementación del principio de igualdad de retribución entre mujeres y hombres.
[Bloque 29: #da-3]
El Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades, en colaboración con las organizaciones sindicales y empresariales más representativas, elaborará una guía técnica con indicaciones para la realización de auditorías retributivas con perspectiva de género.
[Bloque 30: #da-4]
Al personal laboral al servicio de las administraciones públicas le resultará de aplicación lo previsto en el presente reglamento, de acuerdo con las peculiaridades establecidas en su legislación específica.
[Bloque 31: #da-5]
La creación de la Comisión para el seguimiento de la transparencia retributiva no supondrá incremento del gasto público, y su funcionamiento será atendido con los medios personales, técnicos y presupuestarios existentes en los Departamentos que la integran.
Se añade por el art. 2.14 del Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2026-24121
Texto añadido, publicado el 18/11/2026, en vigor a partir del 19/11/2026.
[Bloque 32: #da-6]
1. Con el fin de facilitar la adaptación de las empresas, especialmente las pequeñas y medianas, a las obligaciones establecidas en este real decreto, el ministerio de Trabajo y Economía Social y el Instituto de las Mujeres prestarán apoyo en forma de medidas de acompañamiento consistentes, entre otras, en la prestación de información, formación y apoyo técnicos para las empresas.
2. En particular, el Ministerio de Trabajo y Economía Social promoverá, en el marco del Sistema de Formación para el trabajo y de conformidad con su normativa reguladora, actuaciones de asistencia técnica y formación especializadas dirigidas, entre otros destinatarios, a las empresas, a las personas que ejerzan funciones de dirección o gestión de recursos humanos, a las personas negociadoras de convenios y acuerdos colectivos y a las organizaciones empresariales y sindicales.
A estos efectos, podrán desarrollarse acciones formativas específicas financiadas a través de los instrumentos previstos en la normativa reguladora de la formación para el trabajo y gestionadas, en su caso, por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE), orientadas a la correcta aplicación de las obligaciones derivadas de este real decreto, en especial en materia de registro retributivo, valoración de puestos de trabajo, auditoría retributiva, información retributiva y demás instrumentos de transparencia retributiva.
Se añade por el art. 2.15 del Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2026-24121
Texto añadido, publicado el 18/11/2026, en vigor a partir del 19/11/2026.
[Bloque 33: #da-7]
El Instituto Nacional de Estadística facilitará anualmente a la Comisión (Eurostat) datos nacionales actualizados, sin ajustar, para el cálculo de la brecha retributiva de género. Esas estadísticas deberán desglosarse por sexo, sector económico, jornada laboral (a tiempo completo o parcial), control económico (propiedad pública o privada) y edad, y se calcularán con una periodicidad anual.
Se añade por el art. 2.16 del Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2026-24121
Texto añadido, publicado el 18/11/2026, en vigor a partir del 19/11/2026.
[Bloque 34: #dt]
La aplicación de lo establecido en el presente real decreto para las auditorías retributivas seguirá la misma aplicación paulatina que para la aplicación de los planes de igualdad se configura en la disposición transitoria décima segunda de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo.
Se numera por el art. 2.17 del Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2026-24121
[Bloque 35: #dt-2]
1. La obligación de información sobre la brecha retributiva de género establecida en el artículo 11 se realizará, por primera vez:
a) Antes del 8 de junio de 2027, respecto de las empresas que ocupen a 150 personas trabajadoras o más.
b) Antes del 8 de junio de 2031, respecto de las empresas que ocupen entre 50 y 149 personas trabajadoras.
2. La remisión de información prevista en el artículo 14.3.g) se llevará a cabo por primera vez antes del 8 de junio de 2028.
3. Los datos a que se refiere la disposición adicional séptima se transmitirán a partir del 31 de enero de 2028 para el año de referencia 2026.
Se añade por el art. 2.17 del Real Decreto-ley 39/2026, de 17 de noviembre. Ref. BOE-A-2026-24121
Texto añadido, publicado el 18/11/2026, en vigor a partir del 19/11/2026.
[Bloque 36: #df]
1. En el plazo de seis meses desde la entrada en vigor del presente real decreto, se aprobará, a través de una orden dictada a propuesta conjunta de las personas titulares de los Ministerios de Trabajo y Economía Social y del Ministerio de Igualdad, un procedimiento de valoración de los puestos de trabajo.
2. En su caso, dicha orden ministerial podrá prever que la valoración de los puestos de trabajo efectuada cumple con los requisitos formales exigidos en el presente reglamento, cuando para su realización se haya aplicado el procedimiento al que se refiere el apartado primero de esta disposición final.
[Bloque 37: #df-2]
Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.7.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de legislación laboral sin perjuicio de su ejecución por los órganos de las comunidades autónomas.
[Bloque 38: #df-3]
Se faculta a las personas titulares de los Ministerios de Trabajo y Economía Social y de Igualdad, para dictar conjunta o separadamente, en el ámbito de sus respectivas competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo normativo y aplicación de este real decreto.
[Bloque 39: #df-4]
El presente real decreto entrará en vigor a los seis meses de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
[Bloque 40: #fi]
Dado en Madrid, el 13 de octubre de 2020.
FELIPE R.
La Vicepresidenta Primera del Gobierno y Ministra de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática,
CARMEN CALVO POYATO
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