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Legislación consolidada

Real Decreto 1452/2005, de 2 de diciembre, por el que se regula la ayuda econmica establecida en el artculo 27 de la Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de proteccin integral contra la violencia de gnero.

Publicado en: BOE núm. 301, de 17/12/2005.
Entrada en vigor: 18/12/2005
Departamento: Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
Referencia: BOE-A-2005-20788
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/rd/2005/12/02/1452

TEXTO CONSOLIDADO: Última actualización publicada el 11/05/2011


[Bloque 1: #preambulo]

La Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero, en su artculo 27, establece el derecho a percibir una ayuda econmica a las mujeres vctimas de violencia de gnero que se siten en un determinado nivel de rentas y respecto de las que se presuma que, debido a su edad, falta de preparacin general o especializada y circunstancias sociales, tendrn especiales dificultades para obtener un empleo. Se trata de un derecho subjetivo mediante el que la citada Ley Orgnica asegura uno de sus principios rectores, recogido en su artculo 2, letra e), cual es garantizar derechos econmicos para las mujeres vctimas de violencia de gnero, con el fin de facilitar su integracin social.

El reconocimiento de este derecho requerir la acreditacin por parte de la vctima de insuficiencia de recursos econmicos, situados en unos ingresos iguales o inferiores al 75% del salario mnimo interprofesional, excluida la parte proporcional de las pagas extraordinarias; as como un informe del Servicio Pblico de Empleo competente en el que se prevea, fundadamente, y durante el diseo de su itinerario personal de insercin laboral, que su inclusin en los programas de empleo especficos que se establezcan para estas vctimas, previsin recogida en el artcu-lo 22 de la referida Ley Orgnica, no va a mejorar sustancialmente su empleabilidad.

Este informe, necesario para el reconocimiento de este derecho, se emitir por el Servicio Pblico de Empleo competente con carcter excepcional y para el momento en que se tramite la concesin de la ayuda, pues deben quedar salvaguardados los objetivos principales perseguidos por la poltica de empleo, uno de los cuales es asegurar polticas adecuadas de integracin laboral a aquellos colectivos que presentan mayores dificultades, garantizndoles la aplicacin de polticas activas de empleo, garanta que constituye, a su vez, uno de los fines del Sistema Nacional de Empleo, por lo que, en el caso de que desaparezcan o se modifiquen las circunstancias que hagan prever la no empleabilidad de la vctima, el itinerario de insercin profesional debe ser retomado.

Las ayudas consisten en un pago nico que se modular en funcin de las responsabilidades familiares o del grado de minusvala de la vctima o de alguno de los familiares a su cargo, o por ambos conceptos. El procedimien-to de concesin y pago de las ayudas corresponde a las Administraciones competentes en materia de servicios sociales y sern financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

La posibilidad de modulacin de la cuanta de la ayuda econmica en atencin a las circunstancias anteriormente mencionadas, as como la necesidad de efectuar una mayor concrecin de los factores que influyen en la capacidad de insercin profesional de la mujer vctima de violencia de gnero, aconseja el desarrollo reglamentario del artculo 27, con el fin de asegurar la correcta aplicacin de la norma y garantizar el principio de seguridad jurdica y la igualdad en el acceso al derecho reconocido, dejando a salvo las competencias exclusivas de las Comunidades Autnomas para establecer el procedimiento de concesin de la ayuda.

En la elaboracin de este real decreto han sido consultadas las comunidades autnomas y las ciudades de Ceuta y Melilla, a travs de la Conferencia Sectorial de la Mujer, as como las organizaciones no gubernamentales de mujeres.

Igualmente se ha tenido en cuenta el informe elaborado por el Consejo Econmico y Social.

Por su parte, la disposicin final cuarta de la Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero, habilita al Gobierno para dictar las disposiciones necesarias para su aplicacin.

En su virtud, a propuesta del Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, con la aprobacin previa del Ministro de Administraciones Pblicas, de acuerdo con el Consejo de Estado y previa deliberacin del Consejo de Ministros en su reunin del da 2 de diciembre de 2005,

D I S P O N G O :


[Bloque 2: #a1]

Artculo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto regular la ayuda econmica prevista en el artculo 27 de la Ley Orgnica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Proteccin Integral contra la Violencia de Gnero, dirigida a las vctimas de violencia de gnero para las que quede acreditada insuficiencia de recursos y unas especiales dificultades para obtener un empleo.


[Bloque 3: #a2]

Artculo 2. Acreditacin de la situacin de violencia de gnero.

Las situaciones de violencia de gnero que dan lugar al reconocimiento del derecho a la ayuda econmica regulada en este real decreto, se acreditarn con la orden de proteccin a favor de la vctima. Excepcionalmente, ser ttulo de acreditacin de esta situacin el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la denunciante es vctima de violencia de gnero en tanto se dicta la orden de proteccin.


[Bloque 4: #a3]

Artculo 3. Requisitos de acceso.

Para ser beneficiaria del derecho a la ayuda econmica, la mujer vctima de violencia de gnero deber reunir, a la fecha de solicitud de la ayuda, los siguientes requisitos:

a) Carecer de rentas que, en cmputo mensual, superen el 75 por ciento del salario mnimo interprofesional vigente, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

b) Tener especiales dificultades para obtener un empleo, que se acreditar a travs del Informe del Servicio Pblico de Empleo


[Bloque 5: #a4]

Artculo 4. Determinacin de las rentas.

A efectos de determinar el requisito de carencia de rentas, nicamente se tendrn en cuenta las rentas o ingresos de que disponga o pueda disponer la solicitante de la ayuda, sin que se computen a estos efectos las rentas o ingresos de otros miembros de la unidad familiar que convivan con la vctima.

Si la solicitante de la ayuda tuviera responsabilidades familiares, se entender que cumple el requisito de carencia de rentas cuando la renta mensual del conjunto de la unidad familiar, dividida por el nmero de miembros que la componen, no supere el 75% del salario mnimo interprofesional.

Se considerarn rentas o ingresos computables cualesquiera bienes, derechos o rendimientos de que disponga o pueda disponer la vctima de violencia de gnero derivados del trabajo, del capital mobiliario o inmobiliario, incluyendo los incrementos de patrimonio, de las actividades econmicas y los de naturaleza prestacional, salvo las asignaciones econmicas de la Seguridad Social por hijo o menor acogido a cargo. Tambin se considerarn los rendimientos que puedan deducirse del montante econmico del patrimonio, aplicando a su valor el 50 por ciento del tipo del inters legal del dinero vigente, con la excepcin de la vivienda habitualmente ocupada por la vctima y de los bienes cuyas rentas hayan sido computadas.

Las rentas que no procedan del trabajo y se perciban con periodicidad superior al mes se computarn a estos efectos prorratendose mensualmente.


[Bloque 6: #a5]

Artculo 5. El Informe del Servicio Pblico de Empleo.

El informe del Servicio Pblico de Empleo competente deber hacer constar que la mujer solicitante de esta ayuda, debido a su edad, falta de preparacin general o especializada y circunstancias sociales, no va a mejorar de forma sustancial su empleabilidad por su participacin en los programas de empleo especficos establecidos para su insercin profesional.

A tal efecto, en la elaboracin del itinerario personal de insercin laboral, se valorar cada uno de los factores mencionados en el apartado anterior y la incidencia conjunta de los mismos en la capacidad de insercin profesional de la vctima y sobre la mejora de su empleabilidad. En la apreciacin de la edad, se tendr en cuenta aquellas edades de las que el Servicio Pblico de Empleo, de acuerdo con su experiencia, pueda inferir la dificultad para la insercin laboral. Por lo que se refiere a las circunstancias relativas a la preparacin general o especializada de la vctima, se estimar, fundamentalmente, aquellos supuestos de total falta de escolarizacin o, en su caso, de analfabetismo funcional. En la valoracin de las circunstancias sociales se atendern las relacionadas con la situacin de violencia sufrida y su repercusin en la participacin o aprovechamiento de los programas de insercin, con el grado de minusvala reconocido, as como cualesquiera otras que, a juicio del Servicio Pblico de Empleo competente, puedan incidir en la empleabilidad de la vctima.


[Bloque 7: #a6]

Artculo 6. Cuanta de la ayuda.

1. El importe de esta ayuda ser, con carcter general, equivalente al de seis meses de subsidio por desempleo.

2. Cuando la vctima de violencia de gnero tuviera responsabilidades familiares, el importe de la ayuda ser el equivalente a:

a) Doce meses de subsidio por desempleo, cuando la vctima tuviera a cargo un familiar o menor acogido.

b) Dieciocho meses de subsidio por desempleo, cuando la vctima tuviera a su cargo dos o ms familiares o menores acogidos, o un familiar y un menor acogido.

3. Cuando la vctima de violencia de gnero tuviera reconocido oficialmente un grado de minusvala igual o superior al 33 por ciento, el importe de la ayuda ser equivalente a:

a) Doce meses de subsidio por desempleo, cuando la vctima no tuviera responsabilidades familiares.

b) Dieciocho meses de subsidio por desempleo, cuando la vctima tuviera a su cargo un familiar o menor acogido.

c) Veinticuatro meses de subsidio por desempleo, cuando la vctima tuviera a su cargo dos o ms familiares o menores acogidos, o un familiar y un menor acogido.

4. Cuando la vctima de violencia de gnero tuviera a su cargo a un familiar o un menor acogido, que tuviera reconocido oficialmente un grado de minusvala igual o superior al 33 por ciento, el importe de la ayuda ser equivalente a:

a) Dieciocho meses de subsidio por desempleo, cuando la vctima tuviera a su cargo un familiar o menor acogido.

b) Veinticuatro meses de subsidio por desempleo, cuando la vctima tuviera a su cargo dos o ms familiares o menores acogidos, o un familiar y un menor acogido.

5. Cuando la vctima de violencia de gnero con responsabilidades familiares o el familiar o menor acogido con quien conviva tuviera reconocido oficialmente un grado de minusvala igual o superior al 65 por ciento, el importe de la ayuda ser equivalente a veinticuatro meses de subsidio por desempleo.

6. Cuando la vctima de violencia de gnero y el familiar o menor acogido con quien conviva tuvieran reconocido oficialmente un grado de minusvala igual o superior al 33 por ciento, el importe de la ayuda ser equivalente a veinticuatro meses de subsidio por desempleo.

7. La ayuda econmica reconocida conforme a las disposiciones de este real decreto ser compatible con el percibo de las pensiones de invalidez y de jubilacin de la Seguridad Social en su modalidad no contributiva, y no tendr, en ningn caso, la consideracin de renta o ingreso computable a efectos del percibo de stas.

Se aade el apartado 7 por la disposicin final 1 del Real Decreto 570/2011, de 20 de abril. Ref. BOE-A-2011-8230.




[Bloque 8: #a7]

Artculo 7. Responsabilidades familiares.

A los efectos de lo previsto en este Real Decreto, existirn responsabilidades familiares cuando la beneficiaria tenga a su cargo al menos, a un familiar, por consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, con el que conviva. No se considerarn a cargo los familiares con rentas de cualquier naturaleza superiores al salario mnimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias.

Las responsabilidades familiares debern concurrir en el momento de la solicitud, excepto en el supuesto de hijas e hijos que nazcan dentro de los trescientos das siguientes. En este supuesto proceder revisar la cuanta de la ayuda percibida para adecuarla a la cantidad que le hubiera correspondido si, a la fecha de la solicitud, hubieran concurrido esas responsabilidades.

Se entender que existe convivencia cuando sta se encuentre interrumpida por motivos derivados de la situacin de violencia de gnero.

No ser necesaria la convivencia cuando exista obligacin de alimentos en virtud de convenio o resolucin judicial. Se presumir la convivencia, salvo prueba en contrario, cuando los familiares tengan reconocida la condicin de beneficiarios de asistencia sanitaria de la Seguridad Social en el documento que aparezca extendido a nombre de la vctima.


[Bloque 9: #a8]

Artculo 8. Tramitacin y pago de la ayuda.

1. Estas ayudas sern concedidas y abonadas en un pago nico por las Administraciones competentes en materia de servicios sociales, de conformidad con sus normas de procedimiento.

2. En la regulacin del procedimiento de concesin las Administraciones competentes en materia de servicios sociales velarn y garantizarn que todas las fases del procedimiento se realicen con la mxima celeridad y simplicidad de trmites.

Los procedimientos de concesin sern, en todos sus trmites, accesibles a las personas con discapacidad.

3. El Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales reembolsar el importe ntegro de estas ayudas a la Administracin que hubiera efectuado el pago, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, de acuerdo con el procedimiento que a tal efecto se establezca mediante el sistema de cooperacin aplicable a la relacin entre dicho Ministerio y tal Administracin.


[Bloque 10: #a9]

Artculo 9. Causas de reintegro.

Proceder la devolucin ntegra de las cantidades percibidas, cuando se hubiera obtenido la ayuda sin reunir los requisitos exigidos para su concesin, o falseando u ocultando los hechos o datos que hubieran impedido su concesin.


[Bloque 11: #da]

Disposicin adicional. Personas con discapacidad.

A los efectos de este Real Decreto, tendrn la consideracin de personas con discapacidad las comprendidas en el nmero 2 del artculo 1 de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminacin y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.


[Bloque 12: #dfprimera]

Disposicin final primera. Facultad de desarrollo.

Se faculta al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales para dictar cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecucin de lo dispuesto en este Real Decreto.


[Bloque 13: #dfsegunda]

Disposicin final segunda. Entrada en vigor.

El presente Real Decreto entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado.


[Bloque 14: #firma]

Dado en Madrid, el 2 de diciembre de 2005.

JUAN CARLOS R.

El Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales,

JESS CALDERA SNCHEZ-CAPITN

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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