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Legislación consolidada

Ley Orgnica 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado.

Publicado en: BOE núm. 122, de 23/05/1995.
Entrada en vigor: 23/11/1995
Departamento: Jefatura del Estado
Referencia: BOE-A-1995-12095
Permalink ELI: https://www.boe.es/eli/es/lo/1995/05/22/5

TEXTO CONSOLIDADO: Última actualización publicada el 14/12/2017


[Bloque 1: #pr]

JUAN CARLOS I

REY DE ESPAA

A todos los que la presente vieren y entendieren,

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente Ley Orgnica:

EXPOSICION DE MOTIVOS

I
FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL

El artculo 125 de la Constitucin espaola de 1978 establece que los ciudadanos podrn participar en la Administracin de Justicia mediante la institucin del Jurado, en la forma y con respecto a aquellos procesos penales que la ley determine.

Nuestro texto constitucional cumple con ello lo que puede considerarse una constante en la historia del derecho constitucional espaol; cada perodo de libertad ha significado la consagracin del jurado; as en la Constitucin de Cdiz de 1812, y en las de 1837, 1869 y 1931, y por el contrario cada poca de retroceso de las libertades pblicas ha eliminado o restringido considerablemente ese instrumento de participacin ciudadana, en paralelo y como complemento a las restricciones del conjunto de sus derechos y de los instrumentos de participacin en los asuntos pblicos.

Se retoma por tanto un instrumento de indiscutible raigambre liberal, y se hace desde el dato indiscutible de que, desde el primer esbozo de 1820 hasta su suspensin en el ao de 1936, pocas instituciones jurdicas han padecido -y por tanto han sido enriquecidas- con una depuracin crtica tan acentuada como el Tribunal del Jurado, lo que ha permitido extraer la masa ingente de datos sueltos, experiencias y precedentes que han facilitado la captacin ntegra de la Institucin.

Por encima de concepciones pro o antijuradistas, nuestra Norma Fundamental enlaza el instrumento del jurado, de forma indiscutible, con dos derechos fundamentales: La participacin directa de los ciudadanos en los asuntos pblicos, del artculo 23.1 de la Constitucin espaola, y el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley del 24.2 de nuestro texto fundamental.

En efecto, nos encontramos, de una parte ante una modalidad del ejercicio del derecho subjetivo a participar en los asuntos pblicos, perteneciente a la esfera del status activae civitatis, cuyo ejercicio no se lleva a cabo a travs de representantes, sino que se ejercita directamente al acceder el ciudadano personalmente a la condicin de jurado. De ah que deba descartarse el carcter representativo de la Institucin y deba reconocerse exclusivamente su carcter participativo y directo.

Por ello, puede predicarse que el Instituto que se regula difiere de otros modelos por la forma peculiar en que se articula el derecho-deber del ciudadano a participar de manera directa en un poder real del Estado; nos encontramos ante un derecho-deber, lo que tiene reflejo en el texto legal al adoptar medidas coercitivas que aseguren el cumplimiento de la obligacin y, consiguientemente, el establecimiento de aquellas otras encaminadas a mitigar, en lo posible, la excesiva onerosidad del cumplimiento del deber, a travs de la retribucin de la funcin y la indemnizacin de los gastos ocasionados por su ejercicio. La Ley parte de la concepcin de que el Estado democrtico se caracteriza por la participacin del ciudadano en los asuntos pblicos. Entre ellos no hay razn alguna para excepcionar los referidos a impartir justicia, sino que por el contrario se debe establecer un procedimiento que satisfaga ese derecho constitucional de la forma ms plena posible.

No se trata, en definitiva, de confiar en la capacidad de los ciudadanos, como si fuera tolerable en un sistema democrtico la alternativa negativa. Se trata slo de tener por superadas cualesquiera razones explicativas no ya de su discutible fracaso histrico, sino de su autoritaria y antidemocrtica suspensin.

Pero la institucin del Jurado es al mismo tiempo y de forma complementaria, una manifestacin del artculo 24 de la Constitucin que declara que todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley; cumple por tanto una funcin necesaria para el debido proceso, pero lo hace desde una ptica distinta a la que tena atribuida en su recepcin en el Estado liberal burgus; no hay reticencia alguna al Juez profesional; no se trata de instaurar una Justicia alternativa en paralelo y menos an en contradiccin a la de los Jueces y Magistrados de carrera a que se refiere el artculo 122 de la Constitucin, sino de establecer unas normas procedimentales que satisfagan al mismo tiempo y en paralelo todas las exigencias de los procesos penales con el derecho-deber de los ciudadanos a participar directamente en la funcin constitucional de juzgar.

El artculo 125 de la Constitucin supone en definitiva un inequvoco emplazamiento constitucional que fuerza el largo parntesis de limitadas vivencias y expectativas de participacin del ciudadano en los asuntos pblicos, y en el que la institucin del Jurado reaparece con una renovada carga de sugerencias y matices capaces de dar sentido y proyeccin a la realidad social, hoy suficientemente contrastada, que demanda un cambio urgente en los modos de administrar justicia.

Su desarrollo no es, en consecuencia, tan slo un imperativo constitucional, sino que es una urgente necesidad en cuanto que pieza decisiva de una reforma en profundidad del conjunto de la Administracin de Justicia, que es sentida como necesidad inaplazable por buena parte de los ciudadanos.

Esta realidad ha sido tambin reconocida por el Consejo General del Poder Judicial. As, en las memorias elaboradas en los aos 1991 y 1992 y en la Relacin Circunstanciada de las Necesidades de la Administracin de Justicia para el ao 1993, en el epgrafe referente a las modificaciones legislativas que estimaba convenientes para el adecuado ejercicio de la potestad jurisdiccional tendentes a conseguir una agilizacin de los procesos, al referirse al proceso penal, destaca que la implantacin del Jurado, prevista en el artculo 125 de la Constitucin espaola, requerir una sustancial modificacin de la institucin mediante su incardinacin en el sistema procesal, sin que ello suponga un elemento retardatario de la justicia penal.

Con la aprobacin de esta Ley se da un paso cualitativo ms, desde una perspectiva tcnico-legal, encaminada a cerrar el modelo bsico de la Justicia diseado por la Constitucin y la Ley Orgnica del Poder Judicial, facilitando la participacin de los ciudadanos en la Administracin de Justicia. El establecimiento del Tribunal del Jurado debe ser considerado como uno de los contenidos constitucionales an pendientes de desarrollo. Con su regulacin en esta Ley se da cumplimiento a un mandato constitucional tantas veces diferido y se establece una de las piezas bsicas en el funcionamiento de la Administracin de Justicia diseado por el constituyente.

II
LOS CIUDADANOS JURADOS

Ya hemos advertido que la presente Ley parte de que el Jurado implica una manifestacin del derecho de participacin, y ello determina sin duda que las cuestiones verdaderamente esenciales a dilucidar sean la del mbito de conocimiento del Tribunal del Jurado y, dentro de ste, la funcin que viene reconocida a los ciudadanos participantes.

Una elemental prudencia aconseja la graduacin en el proceso de instauracin de la Institucin, tanto a la hora de seleccionar el nmero de asuntos, cuanto la naturaleza de stos. Razones para su adecuada implantacin aconsejan que todos los que han de intervenir en este tipo de procesos se familiaricen con sus peculiaridades tan distintas a la actual manera de celebrarse los juicios. La concrecin del objeto del juicio, las alegaciones de las partes, el material probatorio a atender, el lenguaje a utilizar, el contenido mismo de las resoluciones deben variar sustancialmente.

La Ley tiene muy en cuenta que el juicio por Jurados constituye expresin plena de los principios bsicos procesales de inmediacin, prueba formada con fundamento en la libre conviccin, exclusin de pruebas ilegales, publicidad y oralidad. Por ello se han seleccionado aquellos delitos en los que la accin tpica carece de excesiva complejidad o en los que los elementos normativos integrantes son especialmente aptos para su valoracin por ciudadanos no profesionalizados en la funcin judicial.

El mbito competencial correspondiente al Tribunal del Jurado se fija en el artculo 1. Sin embargo, el legislador en el futuro valorar sin duda, a la vista de la experiencia y de la consolidacin social de la institucin, la ampliacin progresiva de los delitos que han de ser objeto de enjuiciamiento.

La conformacin del colegio decisor dentro del Tribunal del Jurado requiere una respuesta legislativa cuyo acierto no pasa necesariamente por resolver la vieja cuestin lgica sobre la escindibilidad entre el hecho y el derecho.

Los autores de nuestra vieja Ley de Jurado, vinculando el origen histrico del instituto al testimonio de los vecinos como frmula de decidir el litigio, patrocinaron para el ciudadano jurado una intervencin limitada a la proclamacin del hecho probado.

Tal origen es discutible y, adems, no siempre es posible decidir sobre la veracidad de una afirmacin histrica, presupuesto tpico del delito, sin pensar en valoraciones jurdicas. Pero, en todo caso, y ello es lo ms relevante, el modelo ahora propuesto en la Ley alcanza una profundidad legitimadora entonces inatendida. Por eso, en la Ley, el Jurado no se limita a decidir si el hecho est o no probado, sino que valora aspectos como son los componentes normativos que dan lugar a la exencin o no de la responsabilidad penal.

En la Ley, la opcin adoptada respecto al proceso selectivo de los jurados es coherente con la consideracin de que su participacin constituye un derecho-deber. La ciudadana, en las condiciones que habilitan para el pleno ejercicio de los derechos cvicos, constituye el ndice de la capacidad presunta no necesitada de otras exclusiones o acreditaciones de capacidad probada, salvo aquellas que notoriamente impediran el ejercicio de la funcin de enjuiciamiento.

La conveniencia de una participacin lo ms aceptada posible, lleva a reconocer un rgimen de excusas generoso y remitido a la prudencia de la jurisdiccin que ha de apreciarlas.

El sistema selectivo se caracteriza: a) por la sucesin de etapas que permitan garantizar la presencia de candidatos en nmero adecuado para evitar suspensiones en los sealamientos y el anticipado conocimiento por aqullos de su eventual llamada a intervenir; b) por la transparencia y publicidad del proceso selectivo en que se insertan no slo los mecanismos que permitan detectar las causas de exclusin, sino las garantas jurisdiccionales tanto para el candidato como, en momento ulterior, para las partes en el juicio; c) por el sorteo a partir de las listas censales como sistema, no slo democrtico en cuanto excluye criterios elitistas -ni an a fuero de cientficos-, sino coherente con el fundamento mismo de la participacin.

Se ha considerado que, si se admitiese en esta Ley un criterio de exclusin, diverso del antes indicado, so pretexto de alcanzar un plus de capacidad sobre la presunta derivada de la inclusin en el censo, se estara distorsionando el concepto mismo de pueblo.

Pero ello no debe impedir una cierta conciliacin entre el derecho a participar en el sorteo con el derecho de las partes a procurar un cierto pluralismo en el colegio jurisdicente. En alguna medida a ello tiende el nmero de jurados a designar (nueve), pero lo hace an ms la posibilidad de que las partes puedan recusar sin necesidad de alegar causa atendiendo a subjetivas valoraciones acerca de los criterios de decisin del candidato. Aunque esta posibilidad haya de someterse a fuertes limitaciones de nmero que eviten los funestos resultados producidos en la experiencia histrica.

III
NECESARIAS REFORMAS PROCESALES COMO GARANTIA DE LA VIABILIDAD DEL FUNCIONAMIENTO DEL JURADO

1
En la denominada fase intermedia

Algunos han proclamado que cualquier especialidad procedimental debe comenzar all donde empieza la intervencin del Jurado, esto es, en la fase de juicio oral. Se ha sostenido que si el Jurado se limita a intervenir en el juicio oral, no debe modificarse el modelo acusatorio formal o mixto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Tal opinin hace caso omiso de obligadas consideraciones:

a) El actual sistema de enjuiciamiento mediante jueces tcnicos se sustenta sobre premisas normativas difcilmente trasladables al juicio oral ante el Tribunal del Jurado, que de mantenerse podra determinar el fracaso del enjuiciamiento por ciudadanos no profesionalizados. Las modificaciones necesarias debern inexorablemente proyectarse sobre la fase preparatoria del juicio oral.

b) Nuestro Tribunal Constitucional ha venido estableciendo un cuerpo de doctrina que no slo resulta enriquecedora, por enervar tradicionales defectos de nuestra ley procesal, sino que sera difcilmente tolerable ignorarla en la Ley.

Se quejaba Alonso Martnez de la costumbre, tan arraigada de nuestros Jueces y Tribunales, de dar escaso o ningn valor a las pruebas del plenario, buscando principal o casi exclusivamente la verdad en las diligencias sumariales practicadas a espaldas del acusado. La presente Ley concibe que el juicio oral ante el Tribunal del Jurado debe culminar la erradicacin de esa malformacin procesal mediante la prctica ante l de toda la prueba.

El consiguiente riesgo de prolongacin excesiva del acto del juicio aconseja la introduccin de mecanismos de simplificacin. De ellos el ms esencial es la precisa definicin del objeto del enjuiciamiento que habr de efectuarse en la fase precedente al mismo.

El vigente sistema de resolucin sobre la apertura del juicio oral se manifiesta bajo dos modalidades procedimentales diferentes -segn se trate de procedimiento ordinario o abreviado- aunque, en ambas, se limita a una decisin meramente negativa que resulta disfuncional para el enjuiciamiento por jurado. Por ello, el modelo deba optar por uno u otro procedimiento, siendo difcilmente explicable que, transcendiendo la fase intermedia o juicio de acusacin a la de juicio, la unidad procedimental de sta no exigiese igual unidad en aqulla.

De otra parte, el carcter meramente negativo de la decisin sobre la apertura del juicio oral resulta poco apto para la precisa definicin del objeto del juicio, presupuesto imprescindible para asegurar un desarrollo de ste que garantice la ausencia de confusin de los hechos a probar, que evite las dilaciones inherentes a aquella falta de precisin objetiva y que, con la informacin adecuada e imparcialmente elaborada, permita prescindir de la no deseada reproduccin del sumario o diligencias previas.

Tambin ha proclamado nuestro Tribunal Constitucional la exigencia de promover, en la fase intermedia del procedimiento, el debate procesal en condiciones que respeten la contradiccin e igualdad de acusacin y defensa.

Con tales precedentes la Ley ha considerado oportuno:

a) Optar por una resolucin sobre la apertura del juicio oral precisa y fundada. Desde luego, conforme vena advirtiendo una parte de la doctrina, difcilmente puede efectuarse un control jurisdiccional sobre la apertura del juicio oral sin la previa formalizacin de la acusacin. De esta manera el control judicial previo sobre la razonabilidad de la acusacin no se limita al reenvo. Por el contrario, el mbito de decisin atribuido al rgano jurisdiccional se incrementa pudiendo adoptar la decisin de sobreseimiento por cualquiera de sus motivos.

b) Tal control culmina no slo decidiendo una genrica viabilidad del juicio oral sino precisando que hechos concretos, de los mltiples posibles alegados por acusacin y defensa, deben constituir objeto de la actividad probatoria y determinantes para su resolucin en el juicio.

Debe retenerse que el contenido de la anterior decisin se erige en una de las ms relevantes condiciones del xito o fracaso de la Institucin.

c) A su vez el contenido y funcin de tal resolucin se relaciona, en mutua exigencia, con la exclusin del auto de procesamiento, que vendra exigido por la necesaria unidad de sistema en lo concerniente a la inculpacin.

2
En la fase de instruccin

La opcin que acoge la Ley sobre el sistema para adoptar la decisin que remite a juicio oral, se proyecta sobre la fase del procedimiento que le precede:

a) Por la garanta de imparcialidad del rgano jurisdiccional que se refuerza especialmente. As deber valorarse la suficiencia y an el xito de la investigacin, pero atendiendo, a la vez, a pretensiones y resistencias contrapuestas o de signo contrario, formuladas las unas por la acusacin, las otras por la defensa. Se valorar, asimismo, la probabilidad de veracidad de unas afirmaciones histricas y aun de la transcendencia en cuanto a la calificacin jurdica.

El modelo que se adopta exige, por elemental coherencia, permitir, tan pronto como conste la imputacin de un hecho justiciable determinado a persona concreta, la reubicacin del Juez de Instruccin que luego habr de resolver sobre la apertura del juicio oral, en una reforzada posicin de imparcialidad, con la funcin de controlar la imputacin del delito mediante la previa valoracin de su verosimilitud y con la facultad de investigar de forma complementaria sobre los hechos afirmados por las partes.

Lo que es ineludible es que una excesiva tendencia hacia pesquisas generales, inacabables en el tiempo, no contribuya al fracaso de la viabilidad del enjuiciamiento por Jurado.

De otra parte, mal puede admitirse el reproche de que el sistema que acoge la Ley dejase sin mecanismo de efectividad el principio de obligatoriedad de la accin penal. Dejando a un lado lo que hay de acusacin indiscriminada sobre una posible actitud de inhibicin del Ministerio Fiscal, tal reproche olvida que para iniciarse este procedimiento tiene que haber precedido denuncia o querella de alguien que, de no ser el Ministerio Fiscal, bien puede, dada la afortunada previsin constitucional de la accin popular, suplir la falta de instancia del acusador pblico. Y a tal fin tiende la convocatoria a la accin pblica que el Juez discrepante puede hacer al modo previsto para la fase intermedia en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal dentro del procedimiento ordinario.

Se olvida cuando se reprocha la habilitacin del Juez instructor en la determinacin del hecho y persona a investigar, que otro tanto ocurre en el actual sistema de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la que, en definitiva, slo ser objeto y sujeto pasivo en el juicio oral cuanto venga determinado previamente por la acusacin. La Ley sigue en este punto idntico principio al acogido por la vigente legislacin procesal.

b) Por la exigencia de imputacin judicial previa a toda acusacin, ya que la decisin sobre la apertura del juicio oral exige como presupuesto que se haya formalizado tal exigencia.

Ya denunciaba el Tribunal Constitucional cmo durante casi un siglo el sistema procesal permita, entre nosotros, que el Juez Instructor inquiriese sin comunicar lo que buscaba e interrogase a un sospechoso sin hacerle saber de qu y por qu sospechaba de l, sin hacer posible su autodefensa y sin proveerle de asistencia de letrado. La Constitucin de 1978 y la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal por Ley 53/1978 obligaron a un sesgo crucial. El Tribunal Constitucional reconoci la nueva categora de imputado a toda persona a quien se atribuya, ms o menos fundadamente, un acto punible.

La presentacin de denuncia o querella o la existencia de una actuacin procesal en curso de la que derive la atribucin de un hecho delictivo a persona determinada, ha de ser objeto de una imprescindible valoracin circunstanciada por el Juez para decidir sobre el seguimiento de causa penal. Tal decisin no podr demorarse arbitrariamente, debiendo sancionarse, conforme a aquella doctrina, como nulas e ilcitas las investigaciones verificadas sin esa previa comunicacin, cuando correspondiera.

La relacin de la referida doctrina con la que promueve el debate en condiciones de igualdad y con la que exige que quien va a realizar funciones de enjuiciamiento no formule acusaciones, han determinado que la Ley se decante por una instruccin que, desde el momento en que el hecho justiciable y la persona sean determinadas y corresponda este procedimiento, obliga a:

a) que alguien ajeno al Juez formule una imputacin, precisamente antes de iniciar la investigacin,

b) que la prosecucin de sta exija una valoracin por un rgano jurisdiccional precedida de la oportunidad de debate entre las partes,

c) que durante la investigacin que el Juez estime razonable seguir, ste mantenga una posicin diferenciada de la de las partes, y

d) que sea este Juez, as preservado en una cierta imparcialidad, el que controle la procedencia de la apertura o no del juicio oral, de manera positiva y no solo negativa, con precisin del objeto del juicio y decisin de la informacin necesaria a remitir al Tribunal del Jurado que, sin embargo, impida la disposicin del material sumarial que podra limitar la efectiva incidencia de los principios de oralidad, inmediacin y celeridad necesarios en dicho enjuiciamiento.

IV
EL JUICIO ORAL

1
Cuestiones previas

La preocupacin por una adecuada preparacin del juicio oral obstinadamente dirigida a impedir su fracaso, lleva en la Ley a intensificar el papel asignado al Magistrado en ese prembulo de la celebracin del juicio oral ya abierto.

La decisin, adoptada por el Instructor sobre la apertura del juicio oral, puede, sin duda, ser objeto de la discrepancia de las partes. La que concierne a la procedencia o no del juicio recibe un tratamiento en la Ley similar al de la Ley de Enjuiciamiento Criminal; apelacin contra el sobreseimiento e irrecurribilidad de la apertura, sin perjuicio de que en este ltimo supuesto las partes al personarse puedan plantear las cuestiones previas o excepciones a que se refiere el artculo 36 de la Ley.

Pero la discrepancia puede suscitarse en relacin a aspectos particulares de la resolucin referidos al objeto del juicio y en este supuesto la tcnica del recurso resulta innecesariamente dilatoria, ya que el mismo objetivo puede lograrse mediante el planteamiento de la reclamacin como cuestin previa al Magistrado que ha de presidir el Tribunal.

Esa facultad revisora se complementa en la Ley con la de direccin del debate que se traduce en la formulacin, ajustada a la estructura del veredicto de su objeto.

La decisin sobre la admisin de la prueba, supeditada a su pertinencia, viene atribuida en la Ley al Magistrado que anteriormente ya ha configurado el objeto del juicio y con ello los hechos objetivos de prueba, y a l tambin le corresponde valorar la imposibilidad del aplazamiento que exija la prctica anticipada y, en definitiva, resolver sobre las eventuales alegaciones de ilicitud probatoria.

2
Constitucin del Tribunal del Jurado

El Tribunal del Jurado no constituye, y ello es una de sus notas ms definidoras, un rgano jurisdiccional permanente, lo que exigi siempre el sealamiento del perodo durante el cual el constituido iba a conocer. De esa manera las causas a conocer se determinaban en funcin de dos datos: el tiempo para el que se haba conformado el Tribunal y el Partido Judicial de procedencia de las causas.

El primer criterio ha sido sustituido en la Ley por la conformacin de un Jurado para cada causa acentundose as la nota de temporalidad del rgano judicial. Varias razones aconsejan esta solucin. La primera que, al menos, en el inicio de la reinstauracin de la Institucin, no se haga recaer sobre unos pocos Jurados la carga de examinar todas las causas a enjuiciar en un perodo, repartindose entre ms ciudadanos esa labor. La segunda que, de la forma propuesta se contribuya, por efecto de una mayor rotacin en el desempeo de la funcin, al logro de uno de los efectos ms beneficiosos de la Institucin, a saber: que la experiencia del ejercicio de la funcin de juzgar acte como escuela de ciudadana para el mayor nmero posible de ciudadanos.

Mantener una disposicin que fija los perodos de sesiones ha perdido hoy su carcter necesario. Sin embargo, mantiene con ella no solo el efecto simblico, recordando esa transitoriedad de la funcin judicial en el ciudadano, sino tambin una pauta de organizacin de sealamientos. Conforme a ella podr efectuarse el sorteo con tiempo suficiente para un determinado perodo en un solo acto. Al mismo tiempo, nada impedir, al conformarse Jurados por cada causa que, la naturaleza y circunstancias de sta, aconsejen un sorteo preconstituyente del Tribunal en fecha a sealar prudentemente por el Magistrado-Presidente.

No menor transcendencia tiene la segunda opcin adoptada en la Ley en relacin con el origen de los candidatos a jurado. La vecindad ha sido histricamente una de las notas esenciales de los llamados a juzgar como jurados. De ah que stos hayan de ser, si no de la localidad o del partido judicial, al menos de la provincia en cuyo territorio el hecho ha tenido lugar.

La prudencia aconseja la apertura de tiempos hasta donde sea posible que permitan la anticipada comunicacin de cualquier causa que pueda implicar el defecto de nmero de jurados hbiles el da sealado para el juicio. A ello responde en la Ley con la ausencia de rgidas preclusiones y la anticipacin en la formacin de listas de candidatos a jurado, as como, la previsin de la reiteracin de sorteos antes de dicho da.

La Ley prev la posible recusacin por las partes presentes en el inicio de las sesiones. El fundamento de la recusacin admitida, incluso sin alegacin de causa por el recusante, no es otro que el de lograr, no ya la imparcialidad de los llamados a juzgar, sino que tal imparcialidad se presente como real ante los que acuden a instar la Justicia. Pero tal ideal, que exigira la inexistencia de lmites en la recusacin, ha de conciliarse con las exigencias de que la Institucin no se vea frustrada en su funcionamiento efectivo.

3
El debate

Aun cuando la Ley apenas se limita a una remisin a las normas comunes, sera un error olvidar que precisamente en la direccin del debate del juicio oral se encuentra una de las claves esenciales de xito o fracaso de la Institucin. Si hubiere de fracasar, quizs fuere tan imputable a la falta de acierto del Juez tcnico en la preparacin del juicio a que le emplaza la Ley, como al ciudadano no profesional que carezca de la aptitud necesaria para el desempeo de la funcin que aqulla le asigna.

La brevedad de la remisin en este apartado viene permitida porque antes, como se expuso, la Ley se ha preocupado de resolver aspectos esenciales. De una parte, la minuciosa precisin del thema probandi, rgida e inteligible referencia que debe guiar inexorablemente lo que en el juicio oral pueda ocurrir. Aquella determinacin del objeto del juicio, precisamente articulada en la forma en que debe ser examinada la prueba para la emisin del veredicto, y en lenguaje inteligible al ciudadano no profesional, se presenta en la Ley como preferible a las experiencias de ilustracin al Jurado mediante notas o relaciones.

De otra, la exclusin de la presencia, incluso fsica, del sumario en el juicio oral evita indeseables confusiones de fuentes cognoscitivas atendibles, contribuyendo as a orientar sobre el alcance y la finalidad de la prctica probatoria a realizar en el debate.

La oralidad, inmediacin y publicidad en la prueba que ha de derogar la presuncin de inocencia lleva en la Ley a incidir en una de las cuestiones que ms polmica ha suscitado cual es la del valor probatorio dado a las diligencias sumariales o previas al juicio y que se veta en el texto del mismo.

Un aspecto que merece especial consideracin es la participacin del Jurado en la actividad probatoria. De la misma manera que nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal ha optado por una transaccin entre el principio de aportacin de parte y el de investigacin de oficio, autorizando al Tribunal a contribuir a la produccin de medios de prueba en el juicio oral, se traslada esa posibilidad al Jurado que es precisamente quien tiene ahora la responsabilidad de la valoracin probatoria sobre la veracidad de la imputacin.

4
La disolucin del Jurado

La disolucin del Jurado, sin duda, constituye una de las ms llamativas novedades respecto de nuestra experiencia histrica. La proclamacin constitucional del derecho fundamental a la presuncin de inocencia no poda dejar de proyectar su influencia en la Ley proyectada. Una influencia que es tributaria en buena parte del modelo en que aquella garanta constitucional surgi.

Como antecedente en el derecho comparado, cabe as citar la previsin de las reglas federales para el procedimiento criminal en los Estados Unidos de Amrica que permiten instar la disolucin del Jurado despus de terminada la prueba de ambas partes, si dicha prueba fuera insuficiente para sostener la conviccin por dicho delito o delitos.

Sin duda el alcance y efectos del derecho que garantiza el artculo 24.2 de nuestra Constitucin es discutible y discutido. La Ley parte de dos premisas: a) la distincin en el contenido de la garanta de un aspecto objetivo concerniente a la existencia de una verdadera prueba y otro, subjetivo, referido al momento de valoracin de aqulla; y b) la distribucin de funciones entre el Magistrado y los Jurados, atribuyendo al primero el control de aquella dimensin objetiva como cuestin jurdica.

Tal control se resuelve en la Ley en consideraciones sobre la licitud u observancia de garantas en la produccin probatoria. Aunque tambin en la apreciacin objetiva sobre la existencia de elementos incriminadores. No tanto de la suficiencia para justificar la condena. Esta forma parte tambin del contenido del derecho fundamental pero exige ya la labor de valoracin del medio de prueba lo que corresponde al Jurado.

En definitiva, el criterio que separa la valoracin de la existencia de prueba respecto del de la suficiencia de la misma, puede ser el imperante en la jurisprudencia del mbito cultural del que es oriunda la garanta: no existir prueba si, ni an en la interpretacin de la practicada ms favorable a las tesis de la acusacin, sta habra de ser rechazada.

Limitada la atribucin del Magistrado a un aspecto tan evidente, no resulta extempornea al final del debate. Cierto que antes ya se habr valorado por el Juez la existencia de indicios que justificaron la apertura del juicio oral, por lo que puede caerse en el error de creer que la mnima actividad probatoria, lcita y de cargo ha sido ya alcanzada. Una tesis tal desconocera que hasta el juicio oral no existe verdadera prueba, que la valoracin de su existencia como tal corresponde al rgano del juicio y, lo importante, que en el juicio, durante todo l, se pueda poner de manifiesto la ilegalidad o la absoluta falta de fuerza incriminadora de los medios de prueba de que se dispuso.

Tambin aconseja tal medida la experiencia histrica que da noticia de uno de los reproches ms generalizados respecto al funcionamiento del Jurado: la emisin de veredictos sorprendentes. Una vez ms la Ley deposita un alto grado de confianza en la magistratura como garanta del buen funcionamiento de la Institucin.

V
EL VEREDICTO

1
El objeto

Entendi Alonso Martnez que extender la competencia al nomen iuris del delito era manifestacin de la confusin entre el hecho y el derecho y, an ms, supona la invasin por el Jurado de facultades del legislador. Ni esto ltimo parece fcilmente compatible, ni la escisin de lo histrico y lo normativo en el enjuiciamiento es fcil. Por otro lado, ha sido constante el reproche por la ausencia de motivacin hacia sistemas organizativos del jurado que admiten la emisin de veredicto por slo ciudadanos.

A una y otra objecin trata de dar prudente respuesta la Ley. De una parte, porque el hecho no se estima concebible desde una reduccionista perspectiva naturalista, sino, precisa y exclusivamente, en cuanto jurdicamente relevante. Un hecho, en una concreta seleccin de su proteica accidentalidad, se declara probado slo en tanto en cuanto jurdicamente constituye un delito.

Privar al Jurado de la toma en consideracin de ese inescindible vnculo entre la configuracin del dato histrico y su consecuencia normativa es, por un lado, intil ya que el debate le habr advertido de la consecuencia de su decisin sobre la verdad proclamada y no podr omitir en su decisin la referencia de las consecuencias de su veredicto pretendidamente slo fctico.

Pero, adems, con tal escisin se reproducira una de las causas de mayor reproche al Tribunal del Jurado en nuestra experiencia. La difcil articulacin de las cuestiones, con exclusin de los proscriptos aspectos de tcnica jurdica, produjo constantes debates sobre la correccin de los veredictos y sentencias.

Tambin era necesario optar entre el sistema de respuesta nica o articulacin secuencial. Aquella frmula se acomoda ms a una concepcin ajena al de plena vigencia y supremaca del principio de legalidad. All donde el Jurado puede, desde la irresponsabilidad, sustituir el genrico y apriorstico criterio del legislador por su concepcin en el caso concreto, el apodctico veredicto no est necesitado ni de articulacin ni de motivacin.

En nuestro sistema el Jurado debe sujetarse inexorablemente al mandato del legislador. Y tal adecuacin slo es susceptible de control en la medida en que el veredicto exterioriza el curso argumental que lo motiv.

Y a ello tiende la Ley:

a) Confirmando al Magistrado la articulacin racional de los hechos a proclamar como probados en una secuencia lgica.

b) Reclamando como criterio la necesaria inequivocidad de la cuestin.

c) Permitiendo al Jurado una flexibilidad, que, sin abdicar de la obligada respuesta a la cuestin que le es formulada, pueda introducir las matizaciones o complementos que permita adecuar el veredicto a su conciencia en el examen del hecho. Lo que, adems, conseguir evitar previsibles veredictos sorprendentes de inculpabilidad a que llevara la rigidez en la exigencia de respuesta que situase al Jurado en insoportables incomodidades para expresar su opinin. Con ello se elude el catlogo de preguntas a contestar con monoslabos, porque ste no puede recoger la total opinin del Jurado, pero se evita el sistema ya rechazado por una doctrina cualificada de conferir a ste la carga de la redaccin del hecho probado.

d) Exigiendo del Jurado que su demostrada capacidad para decidirse por una u otra versin alcance el grado necesario para la exposicin de sus motivos. Bien es cierto que la exposicin de lo tenido por probado explicita la argumentacin de la conclusin de culpabilidad o inculpabilidad. Pero hoy, la exigencia constitucional de motivacin no se satisface con ello. Tambin la motivacin de esos argumentos es necesaria. Y desde luego posible si se considera que en modo alguno requiere especial artificio y cuenta en todo caso el Jurado con la posibilidad de instar el asesoramiento necesario.

e) Aadiendo a ese contenido el pronunciamiento sobre la valoracin que el hecho merece en funcin de su tipificacin legal. Para tal pronunciamiento, no estribar tanto la dificultad en una tarea de calificacin tcnica del hecho, como en optar en las diversas versiones de ste. Una vez ms la prudencia y buen hacer del Magistrado viene a constituir una garanta del xito del modelo.

f) La conformacin del objeto del veredicto no puede prescindir de la consideracin del objeto del proceso como vinculado a las alegaciones de todas las partes, a los intereses de la defensa y de la acusacin y, tambin, al derecho de stas a participar en la definitiva redaccin mediando la oportuna audiencia.

2
Instrucciones

En ellas radica otra de las condiciones del xito o fracaso del enjuiciamiento por Jurado. Pero su justificacin, que no es otra que suplir las deficiencias que puedan derivarse del desconocimiento tcnico de la Ley, impide que puedan extenderse a aspectos en los que los Jurados deben y pueden actuar con espontaneidad.

Por ello se estima adecuado suprimir entre sus contenidos uno cuya inclusin determin una gran polmica en nuestra pasada experiencia histrica: el resumen de la prueba practicada.

Sin embargo el asesoramiento tcnico no puede prescindir de la advertencia de no atendibilidad de aquellas actividades probatorias que adolezcan de defectos legales que obligan a desecharlas. En la medida en que las instrucciones tienen consustancial transcendencia en la determinacin del veredicto, parece oportuno que se sometan al control de las partes para que stas resulten convencidas de la imparcialidad de aqullas y, si no, dispongan de la oportunidad de combatir la infraccin.

Necesidad de instruccin y espontaneidad del Jurado son objetivos que pueden estorbarse y que hacen necesaria su conciliacin. As, aun cuando el Jurado debe reunirse para deliberar sin interferencias mediatizadoras, no se ha querido prescindir de la permanente disponibilidad de acceso al asesoramiento que, libremente, quieran exigir.

Especial consideracin merece la posibilidad que se permite en la Ley para que, aun sin mediar peticin de los Jurados, pueda el Magistrado impartir aquellas instrucciones que tienden a evitar una innecesaria prolongacin de la deliberacin. Se trata de evitar que la inexperiencia de los deliberantes unida a su reticencia a instar la instruccin, produzca una injustificada dilacin en la emisin del veredicto que afectara al prestigio de la Institucin.

3
Deliberacin y votacin

El secreto de la deliberacin no ha de impedir la imprescindible responsabilidad de los jurados. Por ello la votacin se impone nominal lo que permite identificar la abstencin prohibida en la Ley.

Sin duda la regla de decisin que exige la unanimidad en el sentido de la misma para tener por producido el veredicto, se presenta como la ms adecuada para compeler a los jurados a un debate ms rico. Sin embargo tal regla lleva implcito un elevadsimo riesgo de fracaso de no alcanzarse tal unanimidad. Una adecuada transaccin entre los objetivos de una deliberacin indirectamente orientada a la votacin desde su inicio, por formacin de fciles mayoras simples, y la evitacin de excesivas disoluciones del Jurado, que puedan venir motivadas por la simple e injustificable obstinacin de uno o pocos jurados, ha aconsejado, al menos en el inicio del funcionamiento de la Institucin, una regla de decisin menos exigente.

Para el adecuado funcionamiento de la Institucin la Ley rechaza la posibilidad, histricamente admitida, de devolucin del veredicto por discrepancia en el sentido del mismo. Pero ello no debe impedir que la presencia en l de defectos, de los que daran lugar a su revocacin por va de recurso dada su oposicin a la Ley, pueda subsanarse mediante la intervencin del Magistrado, con la presencia de las partes, haciendo presente dichos defectos e indicando lo necesario al Jurado para dicha subsanacin.

VI
SENTENCIA

La vinculacin del Magistrado por el veredicto se refleja en la recepcin que de ste ha de hacerse en la sentencia y en el sentido absolutorio o condenatorio del fallo. El Magistrado, vinculado tambin por el ttulo jurdico de la condena, proceder a la calificacin necesaria para determinar el grado de ejecucin, participacin del condenado y sobre la procedencia o no de las circunstancias modificativas de la responsabilidad y, en consecuencia, a la concrecin de la pena aplicable.

Es de resaltar que la preocupacin en la Ley por la motivacin de la resolucin lleva tambin a exigir al Magistrado que, con independencia de la motivacin que los jurados hagan de la valoracin de la prueba existente, aqul ha de motivar por qu consider que exista dicha prueba sobre la que autoriz el veredicto. De esta suerte pretende la Ley obstar las crticas suscitadas en torno a la frmula de separacin del colegio decisor, tanto en lo relativo a la inescindibilidad del hecho y del derecho, como en lo concerniente a la supuesta irresponsabilidad por falta de motivacin en el veredicto y sentencia, que, se dice, deberan ser inherentes a dicho sistema.

VII
MODIFICACIONES DE CUERPOS LEGALES Y ESPECIALIDADES PROCESALES

1
Modificacin de la Ley Orgnica del Poder Judicial

Los criterios contenidos en la Ley recogen sustancialmente los principios que el artculo 83.2 de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, remita a la futura Ley del Jurado, por lo que aprobada la completa regulacin de esta Institucin, resulta innecesaria tal previsin. Dado que la doctrina constitucional ha venido exigiendo un texto normativo unitario para el desarrollo del artculo 122.1 de la Constitucin, se ha procedido a modificar el referido precepto de la Ley Orgnica del Poder Judicial, en la medida que la presente Ley afecta a las competencias y funciones de los rganos jurisdiccionales, estableciendo en el artculo 83.2 la obligada referencia a la Ley Orgnica del Tribunal del Jurado.

2
El Ministerio Fiscal en la fase de instruccin

Si bien debe corresponder al Juez la realizacin de los actos sumariales, las peculiaridades que deben presidir el procedimiento ante el Jurado y la oportunidad de que se consolide el principio acusatorio, hacen necesaria la potenciacin de las atribuciones del Ministerio Fiscal. De esta forma, la incoacin y su adaptacin al nuevo procedimiento, as como la constitucin del Ministerio Fiscal junto al Juez instructor y la inmediata puesta en conocimiento de la imputacin, en los trminos previstos en los artculos 24 y 25 de la Ley, tienen tambin su marco procesal mediante la incorporacin de sendas previsiones en el artculo 309, para el procedimiento ordinario, y en los artculos 780 y 789.3 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para el abreviado.

Resulta coherente, por otra parte, con la remisin del artculo 36 de la Ley a los artculos 668 a 677 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal para la tramitacin de incidentes por el planteamiento de cuestiones previas, adicionar al artculo 678 de la misma la exclusin de la posibilidad -en los procedimientos ante el Jurado- de reproducir en el juicio oral las cuestiones desestimadas. La misma coherencia se predica de la sustitucin del recurso procedente contra el auto resolutorio de la declinatoria o de la admisin de las excepciones del artculo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que introduce el de apelacin, en congruencia con la recurribilidad prevista contra las sentencias de la Audiencia Provincial.

3
Medidas cautelares

La introduccin de un nuevo artculo 504 bis 2 en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, respecto a la adopcin de medidas cautelares de privacin o restriccin de la libertad, incorpora una necesaria audiencia del Ministerio Fiscal, las partes y el imputado asistido de letrado, inspirada en el principio acusatorio, y suprime la exigencia de ratificacin del auto de prisin. De esta forma, la limitacin de la iniciativa judicial se equilibra con la instauracin de los beneficios del contradictorio, sin perjuicio del carcter reformable de las medidas adoptadas durante todo el curso de la causa.

4
Recursos de apelacin y casacin

El nuevo Libro V de la Ley de Enjuiciamiento Criminal denominado De los recursos de apelacin, casacin y revisin, est encaminado a extender la apelacin contra autos y sentencias derivados del procedimiento ante el Tribunal del Jurado, as como para determinadas resoluciones del penal ordinario en los supuestos del artculo 676 de la norma procesal. La nueva apelacin aspira a colmar el derecho al doble examen, o doble instancia, en tanto su rgimen cumple suficientemente con la exigencia de que tanto el fallo condenatorio como la pena impuesta sean sometidas a un tribunal superior, en funcin del carcter especial del procedimiento ante el Jurado, y sin perjuicio de la funcin propia que debe desempear, respecto de todos los delitos, el recurso de casacin.

Para ello, la Ley adecua los motivos de impugnacin previstos a ese carcter especialsimo del procedimiento y atribuye la competencia resolutiva a las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia, lo cual, aparte de los necesarios ajustes en medios personales, responde a una ya antigua aspiracin en la delimitacin competencial para el conocimiento de la apelacin.

Se modifican los apartados II, III, V y VII por el art. 1.1 a .5 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 2: #ci]

CAPITULO I

Disposiciones generales


[Bloque 3: #a1]

Artculo 1. Competencia del Tribunal del Jurado.

1. El Tribunal del Jurado, como institucin para la participacin de los ciudadanos en la Administracin de Justicia, tendr competencia para el enjuiciamiento de los delitos atribuidos a su conocimiento y fallo por esta u otra Ley respecto de los contenidos en las siguientes rbricas:

a) Delitos contra las personas.

b) Delitos cometidos por los funcionarios pblicos en el ejercicio de sus cargos.

c) Delitos contra el honor.

d) Delitos contra la libertad y la seguridad.

2. Dentro del mbito de enjuiciamiento previsto en el apartado anterior, el Tribunal del Jurado ser competente para el conocimiento y fallo de las causas por los delitos tipificados en los siguientes preceptos del Cdigo Penal:

a) Del homicidio (artculos 138 a 140).

b) De las amenazas (artculo 169.1.).

c) De la omisin del deber de socorro (artculos 195 y 196).

d) Del allanamiento de morada (artculos 202 y 204).

e) De la infidelidad en la custodia de documentos (artculos 413 a 415).

f) Del cohecho (artculos 419 a 426).

g) Del trfico de influencias (artculos 428 a 430).

h) De la malversacin de caudales pblicos (artculos 432 a 434).

i) De los fraudes y exacciones ilegales (artculos 436 a 438)

j) De las negociaciones prohibidas a funcionarios (artculos 439 y 440).

k) De la infidelidad en la custodia de presos (artculo 471).

3. El juicio del Jurado se celebrar slo en el mbito de la Audiencia Provincial y, en su caso, de los Tribunales que correspondan por razn del aforamiento del acusado. En todo caso quedan excluidos de la competencia del Jurado, los delitos cuyo enjuiciamiento venga atribuido a la Audiencia Nacional.

Se suprime la letra e) de los apartados 1 y 2 y se renumeran por la disposicin final 3 de la Ley Orgnica 1/2015, de 30 de marzo. Ref. BOE-A-2015-3439.

Se modifica el apartado 2 por la disposicin final 2 de la Ley Orgnica 10/1995, de 23 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-25444.

Se modifican los 3 apartados por el art. 1.6 y.7 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.






[Bloque 4: #a2]

Artculo 2. Composicin del Tribunal del Jurado.

1. El Tribunal del Jurado se compone de nueve jurados y un Magistrado integrante de la Audiencia Provincial, que lo presidir.

Si, por razn del aforamiento del acusado, el juicio del Jurado debe celebrarse en el mbito del Tribunal Supremo o de un Tribunal Superior de Justicia, el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado ser un Magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo o de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia, respectivamente.

2. Al juicio del Jurado asistirn, adems, dos jurados suplentes, a los que les ser aplicable lo previsto en los artculos 6 y 7.

Se modifica el apartado 1 por el art. 1.8 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 5: #a3]

Artculo 3. Funcin de los jurados.

1. Los jurados emitirn veredicto declarando probado o no probado el hecho justiciable que el Magistrado-Presidente haya determinado como tal, as como aquellos otros hechos que decidan incluir en su veredicto y no impliquen variacin sustancial de aqul.

2. Tambin proclamarn la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado por su participacin en el hecho o hechos delictivos respecto de los cuales el Magistrado-Presidente hubiese admitido acusacin.

3. Los jurados en el ejercicio de sus funciones actuarn con arreglo a los principios de independencia, responsabilidad y sumisin a la Ley, a los que se refiere el artculo 117 de la Constitucin para los miembros del Poder Judicial.

4. Los jurados que en el ejercicio de su funcin se consideren inquietados o perturbados en su independencia, en los trminos del artculo 14 de la Ley Orgnica del Poder Judicial, podrn dirigirse al Magistrado-Presidente para que les ampare en el desempeo de su cargo.

Se modifica el apartado 4 por el art. 1.10 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 6: #a4]

Artculo 4. Funcin del Magistrado-Presidente.

El Magistrado-Presidente, adems de otras funciones que le atribuye la presente Ley, dictar sentencia en la que recoger el veredicto del Jurado e impondr, en su caso, la pena y medida de seguridad que corresponda.

Tambin resolver, en su caso, sobre la responsabilidad civil del penado o terceros respecto de los cuales se hubiera efectuado reclamacin.


[Bloque 7: #a5]

Artculo 5. Determinacin de la competencia del Tribunal del Jurado.

1. La determinacin de la competencia del Tribunal del Jurado se har atendiendo al presunto hecho delictivo, cualquiera que sea la participacin o el grado de ejecucin atribuido al acusado. No obstante, en el supuesto del artculo 1.1.a) slo ser competente si el delito fuese consumado.

2. La competencia del Tribunal del Jurado se extender al enjuiciamiento de los delitos conexos, siempre que la conexin tenga su origen en alguno de los siguientes supuestos: a) Que dos o ms personas reunidas cometan simultneamente los distintos delitos; b) que dos o ms personas cometan ms de un delito en distintos lugares o tiempos, si hubiere precedido concierto para ello; c) que alguno de los delitos se haya cometido para perpetrar otros, facilitar su ejecucin o procurar su impunidad.

No obstante lo anterior, y sin perjuicio de lo previsto en el artculo 1 de la presente Ley, en ningn caso podr enjuiciarse por conexin el delito de prevaricacin, as como aquellos delitos conexos cuyo enjuiciamiento pueda efectuarse por separado sin que se rompa la continencia de la causa.

3. Cuando un solo hecho pueda constituir dos o ms delitos ser competente el Tribunal del Jurado para su enjuiciamiento si alguno de ellos fuera de los atribuidos a su conocimiento.

Asimismo, cuando diversas acciones y omisiones constituyan un delito continuado ser competente el Tribunal del Jurado si ste fuere de los atribuidos a su conocimiento.

4. La competencia territorial del Tribunal del Jurado se ajustar a las normas generales.

Se modifican los apartados 1 y 2 por el art. 1.10 y .11 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 8: #cii]

CAPITULO II

Los jurados


[Bloque 9: #s1]

Seccin 1. Disposiciones generales


[Bloque 10: #a6]

Artculo 6. Derecho y deber de jurado.

La funcin de jurado es un derecho ejercitable por aquellos ciudadanos en los que no concurra motivo que lo impida y su desempeo un deber para quienes no estn incursos en causa de incompatibilidad o prohibicin ni puedan excusarse conforme a esta Ley.


[Bloque 11: #a7]

Artculo 7. Retribucin y efectos laborales y funcionariales del desempeo de la funcin de jurado.

1. El desempeo de las funciones de jurado ser retribuido e indemnizado en la forma y cuanta que reglamentariamente se determine.

2. El desempeo de la funcin de jurado tendr, a los efectos del ordenamiento laboral y funcionarial, la consideracin de cumplimiento de un deber inexcusable de carcter pblico y personal.


[Bloque 12: #s2]

Seccin 2. Requisitos, incapacidades, incompatibilidades, prohibiciones y excusas


[Bloque 13: #a8]

Artculo 8. Requisitos para ser jurado.

Son requisitos para ser jurado:

1. Ser espaol mayor de edad.

2. Encontrarse en el pleno ejercicio de sus derechos polticos.

3. Saber leer y escribir.

4. Ser vecino, al tiempo de la designacin, de cualquiera de los municipios de la provincia en que el delito se hubiere cometido.

5. Contar con la aptitud suficiente para el desempeo de la funcin de jurado. Las personas con discapacidad no podrn ser excluidas por esta circunstancia de la funcin de jurado, debindoseles proporcionar por parte de la Administracin de Justicia los apoyos precisos, as como efectuar los ajustes razonables, para que puedan desempear con normalidad este cometido.

Se modifica el apartado 5 por el art. nico.1 de la Ley Orgnica 1/2017, de 13 de diciembre. Ref. BOE-A-2017-14689

Se modifica el apartado 5 por el art. 1.12 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.





[Bloque 14: #a9]

Artculo 9. Falta de capacidad para ser jurado.

Estn incapacitados para ser jurado:

1. Los condenados por delito doloso, que no hayan obtenido la rehabilitacin.

2. Los procesados y aquellos acusados respecto de los cuales se hubiera acordado la apertura de juicio oral y quienes estuvieren sufriendo detencin, prisin provisional o cumpliendo pena por delito.

3. Los suspendidos, en un procedimiento penal, en su empleo o cargo pblico, mientras dure dicha suspensin.


[Bloque 15: #a10]

Artculo 10. Incompatibilidad para ser jurado.

Sern incompatibles para el desempeo de la funcin de jurado:

1. El Rey y los dems miembros de la Familia Real Espaola incluidos en el Registro Civil que regula el Real Decreto 2917/1981, de 27 de noviembre, as como sus cnyuges.

2. El Presidente del Gobierno, los Vicepresidentes, Ministros, Secretarios de Estado, Subsecretarios, Directores generales y cargos asimilados. El Director y los Delegados provinciales de la Oficina del Censo Electoral. El Gobernador y el Subgobernador del Banco de Espaa.

3. Los Presidentes de las Comunidades Autnomas, los componentes de los Consejos de Gobierno, Viceconsejeros, Directores generales y cargos asimilados de aqullas.

4. Los Diputados y Senadores de las Cortes Generales, los Diputados del Parlamento Europeo, los miembros de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autnomas y los miembros electos de las Corporaciones locales.

5. El Presidente y los Magistrados del Tribunal Constitucional. El Presidente y los miembros del Consejo General del Poder Judicial y el Fiscal general del Estado. El Presidente y los miembros del Tribunal de Cuentas y del Consejo de Estado, y de los rganos e instituciones de anloga naturaleza de las Comunidades Autnomas.

6. El Defensor del Pueblo y sus adjuntos, as como los cargos similares de las Comunidades Autnomas.

7. Los miembros en activo de la Carrera Judicial y Fiscal, de los Cuerpos de Secretarios Judiciales, Mdicos Forenses, Oficiales, Auxiliares y Agentes y dems personal al servicio de la Administracin de Justicia, as como los miembros en activo de las unidades orgnicas de Polica Judicial. Los miembros del Cuerpo Jurdico Militar de la Defensa y los Auxiliares de la Jurisdiccin y Fiscala Militar, en activo.

8. Los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autnomas, en las Autonomas de Ceuta y Melilla, los Delegados insulares del Gobierno y los Gobernadores civiles.

9. Los letrados en activo al servicio de los rganos constitucionales y de las Administraciones pblicas o de cualesquiera Tribunales, y los abogados y procuradores en ejercicio. Los profesores universitarios de disciplinas jurdicas o de medicina legal.

10. Los miembros en activo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

11. Los funcionarios de Instituciones Penitenciarias.

12. Los Jefes de Misin Diplomtica acreditados en el extranjero, los Jefes de las Oficinas Consulares y los Jefes de Representaciones Permanentes ante Organizaciones Internacionales.

Se modifican los apartados 7, 8 y 9 por el art. 1.13.14 y.15 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 16: #a11]

Artculo 11. Prohibicin para ser jurado.

Nadie podr formar parte como jurado del Tribunal que conozca de una causa en la que:

1. Sea acusador particular o privado, actor civil, acusado o tercero responsable civil.

2. Mantenga con quien sea parte alguna de las relaciones a que se refiere el artculo 219, en sus apartados 1 al 8, de la Ley Orgnica del Poder Judicial que determinan el deber de abstencin de los Jueces y Magistrados.

3. Tenga con el Magistrado-Presidente del Tribunal, miembro del Ministerio Fiscal o Secretario Judicial que intervenga en la causa o con los abogados o procuradores el vnculo de parentesco o relacin a que se refieren los apartados 1, 2, 3, 4, 7, 8 y 11 del artculo 219 de la Ley Orgnica del Poder Judicial.

4. Haya intervenido en la causa como testigo, perito, fiador o intrprete.

5. Tenga inters, directo o indirecto, en la causa.

Se modifica el apartado 3 por el art. 1.16 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 17: #a12]

Artculo 12. Excusa para actuar como jurado.

Podrn excusarse para actuar como jurado:

1. Los mayores de sesenta y cinco aos y las personas con discapacidad.

2. Los que hayan desempeado efectivamente funciones de jurado dentro de los cuatro aos precedentes al da de la nueva designacin.

3. Los que sufran grave trastorno por razn de las cargas familiares.

4. Los que desempeen trabajo de relevante inters general, cuya sustitucin originara importantes perjuicios al mismo.

5. Los que tengan su residencia en el extranjero.

6. Los militares profesionales en activo cuando concurran razones de servicio.

7. Los que aleguen y acrediten suficientemente cualquier otra causa que les dificulte de forma grave el desempeo de la funcin de jurado.

Se modifica el apartado 1 por el art. nico.2 de la Ley Orgnica 1/2017, de 13 de diciembre. Ref. BOE-A-2017-14689




[Bloque 18: #s3]

Seccin 3. Designacin de los jurados


[Bloque 19: #a13]

Artculo 13. Listas de candidatos a jurados.

1. Las Delegaciones Provinciales de la Oficina del Censo Electoral efectuarn un sorteo por cada provincia, dentro de los quince ltimos das del mes de septiembre de los aos pares, a fin de establecer la lista bienal de candidatos a jurados.

A tal efecto, los Presidentes de las Audiencias Provinciales, con una antelacin mnima de tres das a la fecha prevista para el sorteo, determinarn y comunicarn al Delegado de aquella Oficina el nmero de candidatos a jurados que estimen necesario obtener por sorteo dentro de la provincia. Dicho nmero se calcular multiplicando por 50 el nmero de causas que se prevea vaya a conocer el Tribunal del Jurado, en estimacin hecha atendiendo a las enjuiciadas en aos anteriores en la respectiva provincia, ms su posible incremento.

2. Los candidatos a jurados a obtener por sorteo se extraern de la lista del censo electoral vigente a la fecha del sorteo, ordenada por municipios, relacionada, dentro de stos, alfabticamente y numerada correlativamente dentro del conjunto de la provincia. Dicha lista se remitir para su anticipada exposicin durante siete das a los respectivos Ayuntamientos.

El sorteo, que se celebrar en sesin pblica previamente anunciada en un local habilitado al efecto por la correspondiente Audiencia Provincial, se desarrollar en la forma que reglamentariamente se determine.

3. Dentro de los siete das siguientes a la celebracin del sorteo, cualquier ciudadano podr formular, ante la Audiencia Provincial, reclamacin contra el acto de sorteo.

La Audiencia, constituida por el Presidente y el Magistrado ms antiguo y ms moderno de los destinados en el Tribunal, y actuando como Secretario el del Tribunal o, en su caso, el de la Seccin Primera, proceder a recabar informe del Delegado provincial de la Oficina del Censo Electoral y practicar las diligencias que estime pertinentes.

Antes del quince de octubre, resolver por resolucin motivada no susceptible de recurso, comunicando lo decidido a la Delegacin Provincial de la Oficina del Censo Electoral para que, si as se resuelve, reitere el sorteo.

4. La Delegacin Provincial de la Oficina del Censo Electoral enviar la lista de los candidatos a jurados a la respectiva Audiencia Provincial quien la remitir a los Ayuntamientos y al Boletn Oficial de la provincia correspondiente, para su debida exposicin o publicacin, respectivamente, durante los quince ltimos das del citado mes de octubre. Igualmente, en dicho plazo, se proceder por el Secretario de la Audiencia Provincial, mediante oficio remitido por correo, a notificar a cada candidato a jurado su inclusin en la referida lista, al tiempo que se le har entrega de la pertinente documentacin en la que se indicarn las causas de incapacidad, incompatibilidad y excusa, y el procedimiento para su alegacin.


[Bloque 20: #a14]

Artculo 14. Reclamaciones contra la inclusin en las listas.

1. Durante los quince primeros das del mes de noviembre, los candidatos a jurados, si entendieren que concurre en ellos la falta de requisitos establecidos en el artculo 8, o una causa de incapacidad, incompatibilidad o excusa, podrn formular reclamacin ante el Juez Decano de los de Primera Instancia e Instruccin del partido judicial al que corresponda el Municipio de su vecindad a efectos de su exclusin de la lista.

Tambin podr formular dicha reclamacin cualquier ciudadano que entienda que alguno de los candidatos a jurados carece de los requisitos, de la capacidad o incurre en las causas de incompatibilidad a que se refieren los artculos 8, 9 y 10 de esta Ley.

2. Culminado el perodo de exposicin, los Secretarios de los Ayuntamientos remitirn al Juez Decano de los del partido judicial relacin de personas que, incluidas en la lista de candidatos a jurados, pudieran, en esa fecha, estar incursas en la falta de requisitos o causa de incapacidad o incompatibilidad a que se refieren los artculos 8, 9 y 10 de esta Ley.


[Bloque 21: #a15]

Artculo 15. Resolucin de las reclamaciones.

El Juez Decano dar traslado de la reclamacin o advertencia, en su caso, al interesado no reclamante, por tres das. Practicar las diligencias informativas que le propongan y las que estime imprescindibles y dictar resolucin motivada sobre cada una de las reclamaciones o advertencias efectuadas antes del da 30 del mismo mes de noviembre.

Si alguna fuese estimada, mandar hacer las rectificaciones o exclusiones que corresponda, comunicando su resolucin a la Delegacin Provincial de la Oficina del Censo Electoral y notificndola al interesado. Contra dicha resolucin no cabe recurso.


[Bloque 22: #a16]

Artculo 16. Comunicacin y rectificacin de las listas definitivas.

1. Ultimada la lista definitiva por cada provincia, la Delegacin Provincial de la Oficina del Censo Electoral la enviar al Presidente de la Audiencia Provincial respectiva, quien remitir copia al Presidente del Tribunal Superior de Justicia correspondiente y al Presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Asimismo, remitir copia a los Ayuntamientos de la respectiva provincia para su exposicin durante los dos aos de vigencia de la citada lista.

2. Los incluidos en la lista de candidatos a jurados podrn ser convocados a formar parte del Tribunal del Jurado durante dos aos a contar del uno de enero siguiente. A tal efecto, tendrn la obligacin de comunicar a la Audiencia Provincial cualquier cambio de domicilio o circunstancia que influya en los requisitos, en su capacidad o determine incompatibilidad para intervenir como jurado.

3. Asimismo, cualquier ciudadano podr comunicar a la Audiencia Provincial las causas de incapacidad o incompatibilidad en que, durante el citado perodo, pueda incurrir el candidato a jurado. Tambin el Alcalde del Ayuntamiento respectivo deber comunicar esa incidencia, si de ella existiera constancia.

4. La Audiencia Provincial, con la composicin prevista en el apartado 3 del artculo 13, practicar las diligencias informativas que estime oportunas y, tras or, en su caso, al interesado no reclamante, resolver motivadamente, sin que contra su resolucin quepa recurso, notificndolo al interesado y efectuando, en su caso, la exclusin oportuna en la lista de candidatos a jurados.


[Bloque 23: #a17]

Artculo 17. Alardes de causas y perodos de sesiones.

Las Audiencias Provinciales, y, en su caso, la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia y la Sala Segunda del Tribunal Supremo, efectuarn, antes del cuadragsimo da anterior al perodo de sesiones correspondiente, un alarde de las causas sealadas para juicio oral, en las que hayan de intervenir jurados.

A ese efecto, los perodos de sesiones sern: 1) desde el 1 de enero al 20 de marzo; 2) desde el 21 de marzo al 10 de junio; 3) desde el 11 de junio al 30 de septiembre, y 4) del 1 de octubre al 31 de diciembre.


[Bloque 24: #a18]

Artculo 18. Designacin de candidatos a jurados para cada causa.

Con anticipacin de al menos treinta das al da sealado para la primera vista de juicio oral, habiendo citado a las partes, el Magistrado que, conforme a las normas de reparto, haya de presidir el Tribunal del Jurado, dispondr que el Secretario, en audiencia pblica, realice el sorteo, de entre los candidatos a jurados de la lista de la provincia correspondiente, de 36 candidatos a jurados por cada causa sealada en el perodo de sesiones siguiente. El sorteo no se suspender por la inasistencia de cualquiera de dichas representaciones.

Se modifica por el art. 1.17 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 25: #a19]

Artculo 19. Citacin de los candidatos a jurados designados para una causa.

1. El Secretario del Tribunal ordenar lo necesario para la notificacin a los candidatos a jurados de su designacin y para la citacin a fin de que comparezcan el da sealado para la vista del juicio oral en el lugar en que se haya de celebrar.

2. La cdula de citacin contendr un cuestionario, en el que se especificarn las eventuales faltas de requisitos, causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibicin que los candidatos a jurados designados vienen obligados a manifestar as como los supuestos de excusa que por aqullos puedan alegarse.

3. A la cdula se acompaar la necesaria informacin para los designados acerca de la funcin constitucional que estn llamados a cumplir, los derechos y deberes inherentes a sta y la retribucin que les corresponda.

Se modifica el ttulo, apartados 1, 2 y se suprime el 4 por el art. 1.18 y .19 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 26: #a20]

Artculo 20. Devolucin del cuestionario.

Dentro de los cinco das siguientes a la recepcin del cuestionario, los candidatos a jurados designados lo devolvern al Magistrado que haya de presidir el Tribunal del Jurado, por correo con franqueo oficial, debidamente cumplimentado, haciendo constar, en su caso, aquellas circunstancias personales asociadas a situaciones de discapacidad que pudieran presentar y que fueran relevantes para el ejercicio regular de esta funcin; asimismo acompaarn las justificaciones documentales que estimen oportunas y concretarn la solicitud de los medios de apoyo y ajustes razonables que necesiten para desempear su funcin.

Se modifica por el art. nico.3 de la Ley Orgnica 1/2017, de 13 de diciembre. Ref. BOE-A-2017-14689

Se modifica por el art. 1.20 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.





[Bloque 27: #a21]

Artculo 21. Recusacin.

El Ministerio Fiscal y las dems partes, a quienes se ha debido entregar previamente el cuestionario cumplimentado por los candidatos a jurados, podrn formular recusacin, dentro de los cinco das siguientes al de dicha entrega, por concurrir falta de requisitos o cualquiera de las causas de incapacidad, incompatibilidad o prohibicin previstas en esta Ley. Tambin propondrn la prueba de que intenten valerse.

Cualquier causa de recusacin de la que se tenga conocimiento en ese tiempo, que no sea formulada, no podr alegarse posteriormente.

Se modifica el prrafo 1 por el art. 1.21 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 28: #a22]

Artculo 22. Resolucin de las excusas, advertencias y recusaciones.

El Magistrado-Presidente sealar da para la vista de la excusa, advertencia o recusacin presentada, citando a las partes y a quienes hayan expresado advertencia o excusa. Practicadas en el acto las diligencias propuestas, resolver dentro de los tres das siguientes.

Se modifica por el art. 1.22 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 29: #a23]

Artculo 23. Nuevo sorteo para completar la lista de candidatos a jurados designados para una causa.

1. Si, como consecuencia de la resolucin anterior, la lista de candidatos a jurados designados para una causa quedase reducida a menos de veinte, el Magistrado-Presidente dispondr que el Secretario proceda al inmediato sorteo, en igual forma que el inicial, de los jurados necesarios para completar dicho nmero, entre los de la lista bienal de la provincia correspondiente, previa convocatoria de las partes, citando a los designados para el da del juicio oral.

2. A los candidatos a jurados as designados les ser, asimismo, de aplicacin lo dispuesto en los artculos 19 a 22 de esta Ley.

Se modifica por el art. 1.23 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 30: #ciii]

CAPITULO III

Del procedimiento para las causas ante el Tribunal del Jurado


[Bloque 31: #s1-2]

Seccin 1. Incoacin e instruccin complementaria


[Bloque 32: #a24]

Artculo 24. Incoacin del procedimiento ante el Tribunal del Jurado.

1. Cuando de los trminos de la denuncia o de la relacin circunstanciada del hecho en la querella, y tan pronto como de cualquier actuacin procesal, resulte contra persona o personas determinadas la imputacin de un delito, cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado, previa valoracin de su verosimilitud, proceder el Juez de Instruccin a dictar resolucin de incoacin del procedimiento para el juicio ante el Tribunal del Jurado, cuya tramitacin se acomodar a las disposiciones de esta Ley, practicando, en todo caso, aquellas actuaciones inaplazables a que hubiere lugar.

2. La aplicacin de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ser supletoria en lo que no se oponga a los preceptos de la presente Ley.

Se modifica el apartado 1 por el art. 1.24 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 33: #a25]

Artculo 25. Traslado de la imputacin.

1. Incoado el procedimiento por delito cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado, el Juez de Instruccin lo pondr inmediatamente en conocimiento de los imputados. Con objeto de concretar la imputacin, les convocar en el plazo de cinco das a una comparecencia as como al Ministerio Fiscal y dems partes personadas. Al tiempo de la citacin, dar traslado a los imputados de la denuncia o querella admitida a trmite, si no se hubiese efectuado con anterioridad. El imputado estar necesariamente asistido de letrado de su eleccin o, caso de no designarlo, de letrado de oficio.

2. Si son conocidos los ofendidos o los perjudicados por el delito no personados, se les citar para ser odos en la comparecencia prevista en el apartado anterior y, al tiempo de la citacin, se les instruir por medio de escrito, de los derechos a que hacen referencia los artculos 109 y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, si tal diligencia no se efectu con anterioridad. Especialmente se les indicar el derecho a formular alegaciones y solicitar lo que estimen oportuno si se personan en legal forma en dicho acto y a solicitar, en las condiciones establecidas en el artculo 119 de aquella Ley, el derecho de asistencia jurdica gratuita.

3. En la citada comparecencia, el Juez de Instruccin comenzar por or al Ministerio Fiscal y, sucesivamente, a los acusadores personados, quienes concretarn la imputacin. Seguidamente, oir al letrado del imputado, quien manifestar lo que estime oportuno en su defensa y podr instar el sobreseimiento, si hubiere causa para ello, conforme a lo dispuesto en los artculos 637 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En sus intervenciones, las partes podrn solicitar las diligencias de investigacin que estimen oportunas.

Se modifica el apartado 1 por el art. 1.25 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 34: #a26]

Artculo 26. Decisin sobre la continuacin del procedimiento.

1. Odas las partes, el Juez de Instruccin decidir la continuacin del procedimiento, o el sobreseimiento, si hubiera causa para ello, conforme a lo dispuesto en los artculos 637 641 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. Si el Ministerio Fiscal y dems partes personadas instan el sobreseimiento, el Juez podr adoptar las resoluciones a que se refieren los artculos 642 y 644 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

El auto por el que acuerde el sobreseimiento ser apelable ante la Audiencia Provincial.

Se modifica el apartado 1 por el art. 1.22 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de moviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 35: #a27]

Artculo 27. Diligencias de investigacin.

1. Si el Juez de Instruccin acordase la continuacin del procedimiento, resolver sobre la pertinencia de las diligencias solicitadas por las partes, ordenando practicar o practicando por s solamente las que considere imprescindibles para decidir sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y no pudiesen practicarse directamente en la audiencia preliminar prevista en la presente Ley.

2. Tambin podrn, las partes, solicitar nuevas diligencias dentro de los cinco das siguientes al de la comparecencia o al de aquel en que se practicase la ltima de las ordenadas. Esta circunstancia ser notificada a las partes al objeto de que puedan instar lo que a su derecho convenga.

3. Adems podr el Juez ordenar, como complemento de las solicitadas por las partes, las diligencias que estime necesarias, limitadas a la comprobacin del hecho justiciable y respecto de las personas objeto de imputacin por las partes acusadoras.

4. Si el Juez considerase improcedentes las solicitadas y no ordenase ninguna de oficio, conferir nuevo traslado a las partes a fin de que insten, en el plazo de cinco das, lo que estimen oportuno respecto a la apertura del juicio oral, formulando escrito de conclusiones provisionales. Lo mismo mandar el Juez cuando estime innecesaria la prctica de ms diligencias, aun cuando no haya finalizado la prctica de las ya ordenadas.

Se modifica por el art. 1.28 a .30 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 36: #a28]

Artculo 28. Indicios de distinto delito.

Si de las diligencias practicadas resultaren indicios racionales de delito distinto del que es objeto de procedimiento o la participacin de personas distintas de las inicialmente imputadas, se actuar en la forma establecida en el artculo 25 de esta Ley o, en su caso, se incoar el procedimiento que corresponda si el delito no fuese de los atribuidos al Tribunal del Jurado.

Se modifica por el art. 1.31 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 37: #a29]

Artculo 29. Escrito de solicitud de juicio oral y calificacin.

1. El escrito solicitando la apertura del juicio oral tendr el contenido a que se refiere el artculo 650 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. De dicho escrito se dar traslado a la representacin del acusado, quien formular escrito en los trminos del artculo 652 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 3. En ambos casos, se podr hacer uso de las alternativas previstas en el artculo 653 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

4. En sus respectivos escritos, las partes podrn proponer diligencias complementarias para su prctica en la audiencia preliminar, sin que puedan ser reiteradas las que hayan sido ya practicadas con anterioridad.

5. Las partes, cuando entiendan que todos los hechos delictivos objeto de acusacin no son de los que tienen atribuido su enjuiciamiento al Tribunal del Jurado, instarn en sus respectivos escritos de solicitud de juicio oral la pertinente adecuacin del procedimiento.

Si estiman que la falta de competencia ocurre slo respecto de alguno de los delitos objeto de la acusacin, la solicitud se limitar a la correspondiente deduccin de testimonio suficiente, en relacin con el que deba excluirse del procedimiento seguido para ante el Tribunal del Jurado, y a la remisin al rgano jurisdiccional competente para el seguimiento de la causa que corresponda.

Se modifica el apartado 5 por el art. 1.32 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 38: #s2-2]

Seccin 2. Audiencia preliminar


[Bloque 39: #a30]

Artculo 30. Convocatoria de la audiencia preliminar.

1. Una vez presentado el escrito de calificacin de la defensa, el Juez sealar el da ms prximo posible para audiencia preliminar de las partes sobre la procedencia de la apertura del juicio oral, salvo que estn pendientes de practicarse las diligencias de investigacin solicitadas por la defensa del imputado y declaradas pertinentes por el Juez. Una vez practicadas stas, el Juez proceder a efectuar el referido sealamiento. Al tiempo resolver sobre la admisin y prctica de las diligencias interesadas por las partes para el acto de dicha audiencia preliminar.

Si el Juez no acordare la convocatoria de la audiencia preliminar, las partes podrn acudir en queja ante la Audiencia Provincial.

2. La audiencia preliminar podr ser renunciada por la defensa de los acusados, aquietndose con la apertura del juicio oral, en cuyo caso, el Juez decretar sta, sin ms, en los trminos del artculo 33 de la presente Ley. Para que dicha renuncia surta efecto ha de ser solicitada por la defensa de todos los acusados.

Se modifica el apartado 1 por el art. 1.33 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 40: #a31]

Artculo 31. Celebracin de la audiencia preliminar.

1. En el da y hora sealados se celebrar la audiencia preliminar comenzando por la prctica de las diligencias propuestas por las partes.

2. Las partes podrn proponer en este momento diligencias para practicarse en el acto. El Juez denegar toda diligencia propuesta que no sea imprescindible para la adecuada decisin sobre la procedencia de la apertura del juicio oral.

3. Terminada la prctica de las diligencias admitidas, se oir a las partes sobre la procedencia de la apertura del juicio oral y, en su caso, sobre la competencia del Tribunal del Jurado para el enjuiciamiento. Las acusaciones pueden modificar los trminos de su peticin de apertura de juicio oral, sin que sea admisible la introduccin de nuevos elementos que alteren el hecho justiciable o la persona acusada.


[Bloque 41: #a32]

Artculo 32. Auto de sobreseimiento o de apertura de juicio oral.

1. Concluida la audiencia preliminar, en el mismo acto o dentro de los tres das siguientes, el Juez dictar auto por el que decidir la apertura o no del juicio oral. Si decide la no apertura del juicio oral acordar el sobreseimiento. Podr asimismo decretar la apertura del juicio oral y el sobreseimiento parcial en los trminos del artculo 640 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal si concurre en alguno de los acusados lo previsto en el artculo 637.3. de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. La resolucin por la que acuerda el sobreseimiento es apelable ante la Audiencia Provincial. La que acuerda la apertura del juicio oral no es recurrible, sin perjuicio de lo previsto en el artculo 36 de la presente Ley.

3. Tambin podr el Juez ordenar la prctica de alguna diligencia complementaria, antes de resolver, si la estimase imprescindible de resultas de lo actuado en la audiencia preliminar.

4. En su caso, podr el Juez ordenar la acomodacin al procedimiento que corresponda cuando no fuese aplicable al regulado en esta Ley. Si considera que el que corresponde es el regulado en el Ttulo II del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, acordar la apertura del juicio oral, si la estima procedente, y remitir la causa a la Audiencia Provincial o al Juez de lo Penal competente para que prosigan el conocimiento de la causa en los trminos de los artculos 785 y siguientes de dicha Ley.

Se modifica el apartado 4 por la disposicin final 1.1 de la Ley 38/2002, de 24 de octubre. Ref. BOE-A-2002-20823.




[Bloque 42: #a33]

Artculo 33. Contenido del auto de apertura del juicio oral.

El auto que decrete la apertura del juicio oral determinar:

a) El hecho o hechos justiciables de entre los que han sido objeto de acusacin y respecto de los cuales estime procedente el enjuiciamiento.

b) La persona o personas que podrn ser juzgadas como acusados o terceros responsables civilmente.

c) La fundamentacin de la procedencia de la apertura del juicio con indicacin de las disposiciones legales aplicables.

d) El rgano competente para el enjuiciamiento.

Se modifica la letra c) por el art. 1.34 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 43: #a34]

Artculo 34. Testimonios.

1. En la misma resolucin, el Juez acordar que se deduzca testimonio de:

a) Los escritos de calificacin de las partes.

b) La documentacin de las diligencias no reproducibles y que hayan de ser ratificadas en el juicio oral.

c) El auto de apertura del juicio oral.

2. El testimonio, efectos e instrumentos del delito ocupados y dems piezas de conviccin, sern inmediatamente remitidos al Tribunal competente para el enjuiciamiento.

3. Las partes podrn pedir, en cualquier momento, los testimonios que les interesen para su ulterior utilizacin en el juicio oral.

Se modifica el apartado 1 por el art. 1.35 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 44: #a35]

Artculo 35. Emplazamiento de las partes y designacin del Magistrado-Presidente.

1. El Juez mandar emplazar a las partes para que se personen dentro del trmino de quince das ante el Tribunal competente para el enjuiciamiento.

2. Recibidas las actuaciones en la Audiencia Provincial, se designar al Magistrado que por turno corresponda.

Se modifica el trmino Magistrado-presidente por Magistrado-Presidente segn establece el art. 1.50 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958




[Bloque 45: #s3-2]

Seccin 3. Cuestiones previas al juicio ante el Tribunal del Jurado


[Bloque 46: #a36]

Artculo 36. Planteamiento de cuestiones previas.

1. Al tiempo de personarse las partes podrn:

a) Plantear alguna de las cuestiones o excepciones previstas en el artculo 666 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal o alegar lo que estimen oportuno sobre la competencia o inadecuacin del procedimiento.

b) Alegar la vulneracin de algn derecho fundamental.

c) Interesar la ampliacin del juicio a algn hecho respecto del cual hubiese inadmitido la apertura el Juez de Instruccin.

d) Pedir la exclusin de algn hecho sobre el que se hubiera abierto el juicio oral, si se denuncia que no estaba incluido en los escritos de acusacin.

e) Impugnar los medios de prueba propuestos por las dems partes y proponer nuevos medios de prueba.

En este caso, se dar traslado a las dems partes para que en el trmino de tres das puedan instar por escrito su inadmisin.

2. Si se plantease alguno de estos incidentes se le dar la tramitacin establecida en los artculos 668 a 677 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.


[Bloque 47: #a37]

Artculo 37. Auto de hechos justiciables, procedencia de prueba y sealamiento de da para la vista del juicio oral.

Personadas las partes y resueltas, en su caso, las cuestiones propuestas, si ello no impidiese el juicio oral, el Magistrado que vaya a presidir el Tribunal del Jurado dictar auto cuyo contenido se ajustar a las siguientes reglas:

a) Precisar, en prrafos separados, el hecho o hechos justiciables. En cada prrafo no se podrn incluir trminos susceptibles de ser tenidos por probados unos y por no probados otros. Excluir, asimismo, toda mencin que no resulte absolutamente imprescindible para la calificacin.

En dicha relacin se incluirn tanto los hechos alegados por las acusaciones como por la defensa. Pero, si la afirmacin de uno supone la negacin del otro, slo se incluir una proposicin.

b) Seguidamente, con igual criterio, se expondrn en prrafos separados los hechos que configuren el grado de ejecucin del delito y el de participacin del acusado, as como la posible estimacin de la exencin, agravacin o atenuacin de la responsabilidad criminal.

c) A continuacin, determinar el delito o delitos que dichos hechos constituyan.

d) Asimismo, resolver sobre la procedencia de los medios de prueba propuestos por las partes y sobre la anticipacin de su prctica.

Contra la resolucin que declare la procedencia de algn medio de prueba no se admitir recurso. Si se denegare la prctica de algn medio de prueba podrn las partes formular su oposicin a efectos de ulterior recurso.

e) Tambin sealar da para la vista del juicio oral adoptando las medidas a que se refieren los artculos 660 a 664 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Se aade una nueva letra c) y se reordenan las anteriores c) y d) que pasan a ser d) y e) por el art. 1.36 de la Ley Orgnica 8/1995 , de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 48: #s4]

Seccin 4. Constitucin del Tribunal del Jurado


[Bloque 49: #a38]

Artculo 38. Concurrencia de los integrantes del Tribunal del Jurado y recusacin de candidatos a jurados.

1. El da y hora sealado para el juicio se constituir el Magistrado que haya de presidir el Tribunal del Jurado con la asistencia del Secretario y la presencia de las partes. Si concurriesen al menos veinte de los candidatos a jurados convocados, el Magistrado-Presidente abrir la sesin. Si no concurriese dicho nmero, se proceder en la forma indicada en el artculo siguiente.

2. El Magistrado-Presidente interrogar nuevamente a los jurados por si en ellos concurriera falta de requisitos, alguna causa de incapacidad, incompatibilidad, prohibicin o excusa prevista en esta Ley. Tambin podrn las partes por s o a travs del Magistrado-Presidente interrogar a los jurados respecto a las materias relacionadas en el prrafo anterior.

3. Tambin las partes podrn recusar a aquellos en quienes afirmen concurre causa de incapacidad, incompatibilidad o prohibicin.

Las recusaciones se oirn y resolvern en el propio acto por el Magistrado-Presidente, ante la presencia de las partes y odo el candidato a jurado afectado.

4. El Magistrado-Presidente decidir sobre la recusacin, sin que quepa recurso, pero s protesta a los efectos del recurso que pueda ser interpuesto contra la sentencia.

Se modifican los apartados 1 y 2 por el art. 1.37 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 50: #a39]

Artculo 39. Forma de completar el nmero mnimo de candidatos a jurados y posibles sanciones.

1. Si, como consecuencia de la incomparecencia de algunos de los candidatos a jurados convocados, o de las exclusiones que se deriven de lo dispuesto en el artculo anterior, no resultasen al menos veinte candidatos a jurados, se proceder a un nuevo sealamiento dentro de los quince das siguientes. Se citar al efecto a los comparecidos y a los ausentes y a un nmero no superior a ocho que sern designados por sorteo en el acto de entre los de la lista bienal. Si las partes alegasen en ese momento alguna causa de incapacidad, incompatibilidad o prohibicin de los as designados que fuese aceptada por el Magistrado-Presidente sin protesta de las dems partes no recusantes, se completar con un nuevo sorteo hasta obtener la cifra de los ocho complementarios.

2. El Magistrado-Presidente impondr la multa de 25.000 pesetas al candidato a jurado convocado que no hubiera comparecido a la primera citacin ni justificado su ausencia. Si no compareciera a la segunda citacin, la multa ser de 100.000 a 250.000 pesetas.

Al tiempo de la segunda citacin, el Magistrado-Presidente acordar que se les advierta de la sancin que les puede corresponder si no comparecen.

En la determinacin de la cuanta de la segunda multa se tendr en cuenta la situacin econmica del jurado que no ha comparecido.

3. Si en la segunda convocatoria tampoco se obtuviera el nmero mnimo de jurados concurrentes, se proceder de igual manera que en la primera a sucesivas convocatorias y sorteos complementarios, hasta obtener la concurrencia necesaria.

4. En todo caso, se adoptarn las medidas necesarias respecto de los medios de prueba propuestos para hacer posible su prctica una vez constituido el Tribunal del Jurado.

Se modifica el ttulo y los apartados 1 a 3 por el art. 1.38 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 51: #a40]

Artculo 40. Seleccin de los jurados y constitucin del Tribunal.

1. Si concurriese el nmero suficiente de jurados, se proceder a un sorteo sucesivo para seleccionar a los nueve jurados que formarn parte del Tribunal, y otros dos ms como suplentes.

2. Introducidos los nombres de los jurados en una urna, sern extrados, uno a uno, por el Secretario quien leer su nombre en alta voz.

3. Las partes, despus de formular al nombrado las preguntas que estimen oportunas y el Magistrado-Presidente declare pertinentes, podrn recusar sin alegacin de motivo determinado hasta cuatro de aqullos por parte de las acusaciones y otros cuatro por parte de las defensas.

Si hubiere varios acusadores y acusados, debern actuar de mutuo acuerdo para indicar los jurados que recusan sin alegacin de causa. De no mediar acuerdo, se decidir por sorteo el orden en que las partes acusadoras o acusadas pueden formular la recusacin, hasta que se agote el cupo de recusables.

El actor civil y los terceros responsables civiles no pueden formular recusacin sin causa.

4. A continuacin se proceder de igual manera para la designacin de los suplentes. Cuando slo resten dos para ser designados suplentes, no se admitir recusacin sin causa.

5. Culminado el sorteo, del que el Secretario extender acta, se constituir el Tribunal.

Se modifican los apartados 1 y 3 por el art. 1.40 y .41 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 52: #a41]

Artculo 41. Juramento o promesa de los designados.

1. Una vez que el Tribunal se haya constituido, se proceder a recibir juramento o promesa a los seleccionados para actuar como jurados. Puestos en pie el Magistrado-Presidente dir:

"Juran o prometen desempear bien y fielmente la funcin del jurado, con imparcialidad, sin odio ni afecto, examinando la acusacin, apreciando las pruebas y resolviendo si son culpables o no culpables de los delitos objeto del procedimiento los acusados..., as como guardar secreto de las deliberaciones?".

2. Los jurados se irn aproximando, de uno en uno, a la presencia del Magistrado-Presidente y, colocados frente a l, dirn: s juro o s prometo, y tomarn asiento en el lugar destinado al efecto.

3. El Magistrado-Presidente, cuando todos hayan jurado o prometido, mandar comenzar la audiencia pblica.

4. Nadie podr ejercer las funciones de jurado sin prestar el juramento o promesa indicados. Quien se negase a prestarlo ser conminado con el pago de una multa de 50.000 pesetas que el Magistrado-Presidente impondr en el acto. Si el llamado persiste en su negativa se deducira el oportuno tanto de culpa y en su lugar ser llamado el suplente.

Se modifican los apartados 1 y 3 por el art. 1.42 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 53: #s5]

Seccin 5. El juicio oral


[Bloque 54: #a42]

Artculo 42. Aplicacin de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

1. Tras el juramento o promesa, se dar comienzo a la celebracin del juicio oral siguiendo lo dispuesto en los artculos 680 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

2. El acusado o acusados se encontrarn situados de forma que sea posible su inmediata comunicacin con los defensores.


[Bloque 55: #a43]

Artculo 43. Celebracin a puerta cerrada.

Para la decisin de celebracin a puerta cerrada, el Magistrado-Presidente, odas las partes, decidir lo que estime pertinente, previa consulta al Jurado.

Se modifica el trmino Magistrado-presidente por Magistrado-Presidente segn establece el art. 1.50 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958




[Bloque 56: #a44]

Artculo 44. Asistencia del acusado y del abogado defensor.

La celebracin del juicio oral requiere la asistencia del acusado y del abogado defensor. Este ltimo estar a disposicin del Tribunal del Jurado hasta que se emita el veredicto, teniendo el juicio oral ante este Tribunal prioridad frente a cualquier otro sealamiento o actuacin procesal sea cual sea el orden jurisdiccional ante el que tenga lugar.

No obstante, si hubiere varios acusados y alguno de ellos deja de comparecer, podr el Magistrado-Presidente acordar, odas las partes, la continuacin del juicio para los restantes.

La ausencia injustificada del tercero responsable civil citado en debida forma no ser por s misma causa de suspensin del juicio, ni de su enjuiciamiento.

Se modifica el prrafo 1 por el art. 1.44 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 57: #a45]

Artculo 45. Alegaciones previas de las partes al Jurado.

El juicio comenzar mediante la lectura por el Secretario de los escritos de calificacin. Seguidamente el Magistrado-Presidente abrir un turno de intervencin de las partes para que expongan al Jurado las alegaciones que estimen convenientes a fin de explicar el contenido de sus respectivas calificaciones y la finalidad de la prueba que han propuesto. En tal ocasin podrn proponer al Magistrado-Presidente nuevas pruebas para practicarse en el acto, resolviendo ste tras or a las dems partes que deseen oponerse a su admisin.

Se modifica el trmino Magistrado-presidente por Magistrado-Presidente segn establece el art. 1.50 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958




[Bloque 58: #a46]

Artculo 46. Especialidades probatorias.

1. Los jurados, por medio del Magistrado-Presidente y previa declaracin de pertinencia, podrn dirigir, mediante escrito, a testigos, peritos y acusados las preguntas que estimen conducentes a fijar y aclarar los hechos sobre los que verse la prueba.

2. Los jurados vern por s los libros, documentos, papeles y dems piezas de conviccin a que se refiere el artculo 726 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

3. Para la prueba de inspeccin ocular, se constituir el Tribunal en su integridad, con los jurados, en el lugar del suceso.

4. Las diligencias remitidas por el Juez Instructor podrn ser exhibidas a los jurados en la prctica de la prueba.

5. El Ministerio Fiscal, los letrados de la acusacin y los de la defensa podrn interrogar al acusado, testigos y peritos sobre las contradicciones que estimen que existen entre lo que manifiesten en el juicio oral y lo dicho en la fase de instruccin. Sin embargo, no podr darse lectura a dichas previas declaraciones, aunque se unir al acta el testimonio que quien interroga debe presentar en el acto.

Las declaraciones efectuadas en la fase de instruccin, salvo las resultantes de prueba anticipada, no tendrn valor probatorio de los hechos en ellas afirmados.

Se modifica el trmino Magistrado-presidente por Magistrado-Presidente segn establece el art. 1.50 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958




[Bloque 59: #a47]

Artculo 47. Suspensin del procedimiento.

Cuando, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, haya de suspenderse la celebracin del juicio oral, el Magistrado-Presidente podr decidir la disolucin del Jurado, que acordar, en todo caso, siempre que dicha suspensin se haya de prolongar durante cinco o ms das.

Se modifica el trmino Magistrado-presidente por Magistrado-Presidente segn establece el art. 1.50 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958




[Bloque 60: #a48]

Artculo 48. Modificacin de las conclusiones provisionales y conclusiones definitivas.

1. Concluida la prctica de la prueba, las partes podrn modificar sus conclusiones provisionales.

2. El Magistrado-Presidente requerir a las partes en los trminos previstos en el apartado 3 del artculo 788 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, estndose, en su caso, a lo dispuesto en el apartado 4 del citado precepto.

3. Aun cuando en sus conclusiones definitivas las partes calificasen los hechos como constitutivos de un delito de los no atribuidos al enjuiciamiento del Tribunal del Jurado, ste continuar conociendo.

Se modifica el apartado 2 por la disposicin final 1.2 de la Ley 38/2002, de 24 de octubre. Ref. BOE-A-2002-20823

Se modifica el trmino Magistrado-presidente por Magistrado-Presidente segn establece el art. 1.50 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958





[Bloque 61: #a49]

Artculo 49. Disolucin anticipada del Jurado.

Una vez concluidos los informes de la acusacin, la defensa puede solicitar del Magistrado-Presidente, o ste decidir de oficio, la disolucin del Jurado si estima que del juicio no resulta la existencia de prueba de cargo que pueda fundar una condena del acusado.

Si la inexistencia de prueba de cargo slo afecta a algunos hechos o acusados, el Magistrado-Presidente podr decidir que no ha lugar a emitir veredicto en relacin con los mismos.

En tales supuestos se dictar, dentro de tercero da, sentencia absolutoria motivada.

Se modifica el trmino Magistrado-presidente por Magistrado-Presidente segn establece el art. 1.50 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958




[Bloque 62: #a50]

Artculo 50. Disolucin del Jurado por conformidad de las partes.

1. Igualmente, proceder la disolucin del Jurado si las partes interesaren que se dicte sentencia de conformidad con el escrito de calificacin que solicite pena de mayor gravedad, o con el que presentaren en el acto, suscrito por todas, sin inclusin de otros hechos que los objeto de juicio, ni calificacin ms grave que la incluida en las conclusiones provisionales. La pena conformada no podr exceder de seis aos de privacin de libertad, sola o conjuntamente con las de multa y privacin de derechos.

2. El Magistrado-Presidente dictar la sentencia que corresponda, atendidos los hechos admitidos por las partes, pero, si entendiese que existen motivos bastantes para estimar que el hecho justiciable no ha sido perpetrado o que no lo fue por el acusado, no disolver el Jurado y mandar seguir el juicio.

3. Asimismo, si el Magistrado-Presidente entendiera que los hechos aceptados por las partes pudieran no ser constitutivos de delito, o que pueda resultar la concurrencia de una causa de exencin o de preceptiva atenuacin, no disolver el Jurado, y, previa audiencia de las partes, someter a aqul por escrito el objeto del veredicto.

Se modifica el trmino Magistrado-presidente por Magistrado-Presidente segn establece el art. 1.50 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958




[Bloque 63: #a51]

Artculo 51. Disolucin del Jurado por desistimiento en la peticin de condena.

Cuando el Ministerio Fiscal y dems partes acusadoras, en sus conclusiones definitivas, o en cualquier momento anterior del juicio, manifestasen que desisten de la peticin de condena del acusado, el Magistrado-Presidente disolver el Jurado y dictar sentencia absolutoria.

Se modifica el trmino Magistrado-presidente por Magistrado-Presidente segn establece el art. 1.50 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958




[Bloque 64: #civ]

CAPITULO IV

Del veredicto


[Bloque 65: #s1-3]

Seccin 1. Determinacin del objeto del veredicto


[Bloque 66: #a52]

Artculo 52. Objeto del veredicto.

1. Concluido el juicio oral, despus de producidos los informes y odos los acusados, el Magistrado-Presidente proceder a someter al Jurado por escrito el objeto del veredicto conforme a las siguientes reglas:

a) Narrar en prrafos separados y numerados los hechos alegados por las partes y que el Jurado deber declarar probados o no, diferenciando entre los que fueren contrarios al acusado y los que resultaren favorables. No podr incluir en un mismo prrafo hechos favorables y desfavorables o hechos de los que unos sean susceptibles de tenerse por probados y otros no.

Comenzar por exponer los que constituyen el hecho principal de la acusacin y despus narrar los alegados por las defensas. Pero si la consideracin simultnea de aqullos y stos como probados no es posible sin contradiccin, slo incluir una proposicin.

Cuando la declaracin de probado de un hecho se infiera de igual declaracin de otro, ste habr de ser propuesto con la debida prioridad y separacin.

b) Expondr despus, siguiendo igual criterio de separacin y numeracin de prrafos, los hechos alegados que puedan determinar la estimacin de una causa de exencin de responsabilidad.

c) A continuacin incluir, en prrafos sucesivos, numerados y separados, la narracin del hecho que determine el grado de ejecucin, participacin y modificacin de la responsabilidad.

d) Finalmente precisar el hecho delictivo por el cual el acusado habr de ser declarado culpable o no culpable.

e) Si fueren enjuiciados diversos delitos, efectuar la redaccin anterior separada y sucesivamente por cada delito.

f) Igual har si fueren varios los acusados.

g) El Magistrado-Presidente, a la vista del resultado de la prueba, podr aadir hechos o calificaciones jurdicas favorables al acusado siempre que no impliquen una variacin sustancial del hecho justiciable, ni ocasionen indefensin.

Si el Magistrado-Presidente entendiese que de la prueba deriva un hecho que implique tal variacin sustancial, ordenar deducir el correspondiente tanto de culpa.

2. Asimismo, el Magistrado-Presidente recabar, en su caso, el criterio del jurado sobre la aplicacin de los beneficios de remisin condicional de la pena y la peticin o no de indulto en la propia sentencia.

Se modifica los apartados 1 g) y 2 por el art. 1.44 y .45 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 67: #a53]

Artculo 53. Audiencia a las partes.

1. Antes de entregar a los jurados el escrito con el objeto del veredicto, el Magistrado-Presidente oir a las partes, que podrn solicitar las inclusiones o exclusiones que estimen pertinentes, decidiendo aqul de plano lo que corresponda.

2. Las partes cuyas peticiones fueran rechazadas podrn formular protesta a los efectos del recurso que haya lugar contra la sentencia.

3. El Secretario del Tribunal del Jurado incorporar el escrito con el objeto del veredicto al acta del juicio, entregando copia de sta a las partes y a cada uno de los jurados, y har constar en aqulla las peticiones de las partes que fueren denegadas.

Se modifica el trmino Magistrado-presidente por Magistrado-Presidente segn establece el art. 1.50 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958




[Bloque 68: #a54]

Artculo 54. Instrucciones a los jurados.

1. Inmediatamente, el Magistrado-Presidente en audiencia pblica, con asistencia del Secretario, y en presencia de las partes, proceder a hacerles entrega a los jurados del escrito con el objeto del veredicto. Al mismo tiempo, les instruir sobre el contenido de la funcin que tienen conferida, reglas que rigen su deliberacin y votacin y la forma en que deben reflejar su veredicto.

2. Tambin les expondr detenidamente, en forma que puedan entender, la naturaleza de los hechos sobre los que haya versado la discusin, determinando las circunstancias constitutivas del delito imputado a los acusados y las que se refieran a supuestos de exencin o modificacin de la responsabilidad. Todo ello con referencia a los hechos recogidos en el escrito que se les entrega.

3. Cuidar el Magistrado-Presidente de no hacer alusin alguna a su opinin sobre el resultado probatorio, pero s sobre la necesidad de que no atiendan a aquellos medios probatorios cuya ilicitud o nulidad hubiese sido declarada por l. Asimismo informar que, si tras la deliberacin no les hubiese sido posible resolver las dudas que tuvieran sobre la prueba, debern decidir en el sentido ms favorable al acusado.

Se modifica el apartado 2 por el art. 1.46 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 69: #s2-3]

Seccin 2. Deliberacin y veredicto


[Bloque 70: #a55]

Artculo 55. Deliberacin del Jurado.

1. Seguidamente el Jurado se retirar a la sala destinada para su deliberacin.

2. Presididos inicialmente por aqul cuyo nombre fuese el primero en salir en el sorteo, procedern a elegir al portavoz.

3. La deliberacin ser secreta, sin que ninguno de los jurados pueda revelar lo en ella manifestado.


[Bloque 71: #a56]

Artculo 56. Incomunicacin del Jurado.

1. La deliberacin tendr lugar a puerta cerrada, sin que les sea permitida comunicacin con persona alguna hasta que hayan emitido el veredicto, adoptndose por el Magistrado-Presidente las medidas oportunas al efecto.

2. Si la deliberacin durase tanto tiempo que fuese necesario el descanso, el Magistrado-Presidente, de oficio o a peticin del Jurado, lo autorizar, manteniendo la incomunicacin.

Se modifica el apartado 2 por el art. 1.47 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 72: #a57]

Artculo 57. Ampliacin de instrucciones.

1. Si alguno de los jurados tuviere duda sobre cualquiera de los aspectos del objeto del veredicto, podr pedir, por escrito y a travs del Secretario, la presencia del Magistrado-Presidente para que ample las instrucciones. La comparecencia de ste se har en audiencia pblica, asistido del Secretario y en presencia del Ministerio Fiscal y dems partes.

2. Transcurridos dos das desde el inicio de la deliberacin sin que los jurados hicieren entrega del acta de la votacin, el Magistrado-Presidente podr convocarles a la comparecencia prevista en el apartado anterior. Si en dicha comparecencia ninguno de los jurados expresara duda sobre cualquiera de los aspectos del objeto del veredicto, el Magistrado-Presidente emitir las instrucciones previstas en el apartado 1 del artculo 64 de esta Ley con los efectos atribuidos en la misma a la devolucin del acta.

Se modifica el trmino Magistrado-presidente por Magistrado-Presidente segn establece el art. 1.50 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958




[Bloque 73: #a58]

Artculo 58. Votacin nominal.

1. La votacin ser nominal, en alta voz y por orden alfabtico, votando en ltimo lugar el portavoz.

2. Ninguno de los jurados podr abstenerse de votar. Si alguno insistiere en abstenerse, despus de requerido por el portavoz, se har constar en acta y, en su momento, ser sancionado por el Magistrado-Presidente con 75.000 pesetas de multa. Si, hecha la constancia y reiterado el requerimiento, persistiera la negativa de voto, se dejar nueva constancia en acta de la que se deducir el testimonio correspondiente para exaccin de la derivada responsabilidad penal.

3. En todo caso, la abstencin se entender voto a favor de no considerar probado el hecho perjudicial para la defensa y de la no culpabilidad del acusado.

Se modifica el trmino Magistrado-presidente por Magistrado-Presidente segn establece el art. 1.50 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958




[Bloque 74: #a59]

Artculo 59. Votacin sobre los hechos.

1. El portavoz someter a votacin cada uno de los prrafos en que se describen los hechos, tal y como fueron propuestos por el Magistrado-Presidente. Los jurados votarn si estiman probados o no dichos hechos. Para ser declarados tales, se requiere siete votos, al menos, cuando fuesen contrarios al acusado, y cinco votos, cuando fuesen favorables.

2. Si no se obtuviese dicha mayora, podr someterse a votacin el correspondiente hecho con las precisiones que se estimen pertinentes por quien proponga la alternativa y, nuevamente redactado as el prrafo, ser sometido a votacin hasta obtener la indicada mayora.

La modificacin no podr suponer dejar de someter a votacin la parte del hecho propuesta por el Magistrado-Presidente. Pero podr incluirse un prrafo nuevo, o no propuesto, siempre que no suponga una alteracin sustancial ni determine una agravacin de la responsabilidad imputada por la acusacin.

Se modifica el trmino Magistrado-presidente por Magistrado-Presidente segn establece el art. 1.50 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958




[Bloque 75: #a60]

Artculo 60. Votacin sobre culpabilidad o inculpabilidad, remisin condicional de la pena y peticin de indulto.

1. Si se hubiese obtenido la mayora necesaria en la votacin sobre los hechos, se someter a votacin la culpabilidad o inculpabilidad de cada acusado por cada hecho delictivo imputado.

2. Sern necesarios siete votos para establecer la culpabilidad y cinco votos para establecer la inculpabilidad.

3. El criterio del Jurado sobre la aplicacin al declarado culpable de los beneficios de remisin condicional de la pena, as como sobre la peticin de indulto en la sentencia, requerirn el voto favorable de cinco jurados.

Se modifica el apartado 1 por el art. 1.48 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958




[Bloque 76: #a61]

Artculo 61. Acta de la votacin.

1. Concluida la votacin, se extender un acta con los siguientes apartados:

a) Un primer apartado, iniciado de la siguiente forma: Los jurados han deliberado sobre los hechos sometidos a su resolucin y han encontrado probados, y as lo declaran por (unanimidad o mayora), los siguientes....

Si lo votado fuera el texto propuesto por el Magistrado-Presidente, podrn limitarse a indicar su nmero.

Si el texto votado incluyese alguna modificacin, escribirn el texto tal como fue votado.

b) Un segundo apartado, iniciado de la siguiente forma: Asimismo, han encontrado no probados, y as lo declaran por (unanimidad o mayora), los hechos descritos en los nmeros siguientes del escrito sometido a nuestra decisin. Seguidamente indicarn los nmeros de los prrafos de dicho escrito, pudiendo reproducir su texto.

c) Un tercer apartado, iniciado de la siguiente forma: Por lo anterior, los jurados por (unanimidad o mayora) encontramos al acusado... culpable/no culpable del hecho delictivo de....

En este apartado harn un pronunciamiento separado por cada delito y acusado. De la misma forma se pronunciarn, en su caso, sobre el criterio del Jurado en cuanto a la aplicacin al declarado culpable de los beneficios de remisin condicional de la pena que se impusiere, para el caso de que concurran los presupuestos legales al efecto, y sobre la peticin o no de indulto en la sentencia.

d) Un cuarto apartado, iniciado de la siguiente forma: Los jurados han atendido como elementos de conviccin para hacer las precedentes declaraciones a los siguientes: .... Este apartado contendr una sucinta explicacin de las razones por las que han declarado o rechazado declarar determinados hechos como probados.

e) Un quinto apartado en el que harn constar los incidentes acaecidos durante la deliberacin, evitando toda identificacin que rompa el secreto de la misma, salvo la correspondiente a la negativa a votar.

2. El acta ser redactada por el portavoz, a no ser que disienta del parecer mayoritario, en cuyo caso los jurados designarn al redactor.

Si lo solicitara el portavoz, el Magistrado-Presidente podr autorizar que el Secretario o un oficial le auxilie, estrictamente en la confeccin o escrituracin del acta. En los mismos trminos podr solicitarlo quien haya sido designado redactor en sustitucin de aqul.

3. El acta ser firmada por todos los jurados, hacindolo el portavoz por el que no pueda hacerlo por s. Si alguno de los jurados se negara a firmar, se har constar en el acta tal circunstancia.

Se modifica el apartado 1 c) por el art. 1.48 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 77: #a62]

Artculo 62. Lectura del veredicto.

Extendida el acta, lo harn saber al Magistrado-Presidente entregndole una copia. Este, salvo que proceda la devolucin, conforme a lo dispuesto en el artculo siguiente, convocar a las partes por un medio que permita su inmediata recepcin para que, seguidamente, se lea el veredicto en audiencia pblica por el portavoz del Jurado.

Se modifica el trmino Magistrado-presidente por Magistrado-Presidente segn establece el art. 1.50 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958




[Bloque 78: #a63]

Artculo 63. Devolucin del acta al Jurado.

1. El Magistrado-Presidente devolver el acta al Jurado si, a la vista de la copia de la misma, apreciase alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que no se ha pronunciado sobre la totalidad de los hechos.

b) Que no se ha pronunciado sobre la culpabilidad o inculpabilidad de todos los acusados y respecto de la totalidad de los hechos delictivos imputados.

c) Que no se ha obtenido en alguna de las votaciones sobre dichos puntos la mayora necesaria.

d) Que los diversos pronunciamientos son contradictorios, bien los relativos a los hechos declarados probados entre s, bien el pronunciamiento de culpabilidad respecto de dicha declaracin de hechos probados.

e) Que se ha incurrido en algn defecto relevante en el procedimiento de deliberacin y votacin.

2. Si el acta incluyese la declaracin de probado de un hecho que, no siendo de los propuestos por el Magistrado, implique una alteracin sustancial de stos o determine una responsabilidad ms grave que la imputada, se tendr por no puesta.

3. Antes de devolver el acta se proceder en la forma establecida en el artculo 53 de la presente Ley.

Se modifica el trmino Magistrado-presidente por Magistrado-Presidente segn establece el art. 1.50 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958




[Bloque 79: #a64]

Artculo 64. Justificacin de la devolucin del acta.

1. Al tiempo de devolver el acta, constituido el Tribunal, asistido del Secretario y en presencia de las partes, el Magistrado-Presidente explicar detenidamente las causas que justifican la devolucin y precisar la forma en que se deben subsanar los defectos de procedimiento o los puntos sobre los que debern emitir nuevos pronunciamientos.

2. De dicha incidencia extender el Secretario la oportuna acta.

Se modifica el trmino Magistrado-presidente por Magistrado-Presidente segn establece el art. 1.50 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958




[Bloque 80: #a65]

Artculo 65. Disolucin del Jurado y nuevo juicio oral.

1. Si despus de una tercera devolucin permaneciesen sin subsanar los defectos denunciados o no se hubiesen obtenido las necesarias mayoras, el Jurado ser disuelto y se convocar juicio oral con un nuevo Jurado.

2. Si celebrado el nuevo juicio no se obtuviere un veredicto por parte del segundo Jurado, por cualquiera de las causas previstas en el apartado anterior, el Magistrado-Presidente proceder a disolver el Jurado y dictar sentencia absolutoria.

Se modifica el trmino Magistrado-presidente por Magistrado-Presidente segn establece el art. 1.50 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958




[Bloque 81: #a66]

Artculo 66. Cese del Jurado en sus funciones.

1. Ledo el veredicto, el Jurado cesar en sus funciones.

2. Hasta ese momento los suplentes habrn permanecido a disposicin del Tribunal en el lugar que se les indique.


[Bloque 82: #cv]

CAPITULO V

De la sentencia


[Bloque 83: #a67]

Artculo 67. Veredicto de inculpabilidad.

Si el veredicto fuese de inculpabilidad, el Magistrado-Presidente dictar en el acto sentencia absolutoria del acusado a que se refiera, ordenando, en su caso, la inmediata puesta en libertad.

Se modifica el trmino Magistrado-presidente por Magistrado-Presidente segn establece el art. 1.50 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958




[Bloque 84: #a68]

Artculo 68. Veredicto de culpabilidad.

Cuando el veredicto fuese de culpabilidad, el Magistrado-Presidente conceder la palabra al Fiscal y dems partes para que, por su orden, informen sobre la pena o medidas que debe imponerse a cada uno de los declarados culpables y sobre la responsabilidad civil. El informe se referir, adems, a la concurrencia de los presupuestos legales de la aplicacin de los beneficios de remisin condicional, si el Jurado hubiere emitido un criterio favorable a sta.

Se modifica el trmino Magistrado-presidente por Magistrado-Presidente segn establece el art. 1.50 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958




[Bloque 85: #a69]

Artculo 69. Acta de las sesiones.

1. El Secretario extender acta de cada sesin haciendo constar de forma sucinta lo ms relevante de lo acaecido y de forma literal las protestas que se formulen por las partes y las resoluciones del Magistrado-Presidente respecto de los incidentes que fuesen suscitados.

2. El acta se leer al final de cada sesin, y se firmar por el Magistrado-Presidente, los jurados y los abogados de las partes.

Se modifica el trmino Magistrado-presidente por Magistrado-Presidente segn establece el art. 1.50 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958




[Bloque 86: #a70]

Artculo 70. Contenido de la sentencia.

1. El Magistrado-Presidente proceder a dictar sentencia en la forma ordenada en el artculo 248.3 de la Ley Orgnica del Poder Judicial, incluyendo, como hechos probados y delito objeto de condena o absolucin, el contenido correspondiente del veredicto.

2. Asimismo, si el veredicto fuese de culpabilidad, la sentencia concretar la existencia de prueba de cargo exigida por la garanta constitucional de presuncin de inocencia.

3. La sentencia, a la que se unir el acta del Jurado, se publicar y se archivar en legal forma, extendiendo en la causa certificacin de la misma.

Se modifica el trmino Magistrado-presidente por Magistrado-Presidente segn establece el art. 1.50 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958




[Bloque 87: #daprimera]

Disposicin adicional primera. Supresin del antejuicio.

Quedan derogados el artculo 410 de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y el Ttulo II del Libro IV de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.


[Bloque 88: #dasegunda]

Disposicin adicional segunda. Infracciones penales.

1. Los jurados que abandonen sus funciones sin causa legtima, o incumplan las obligaciones que les imponen los artculos 41.4 y 58.2 de esta Ley incurrirn en la pena de multa de 100.000 a 500.000 pesetas.

2. Los jurados que incumplan las obligaciones impuestas en el apartado 3 del artculo 55, incurrirn en la pena de arresto mayor y multa de 100.000 a 500.000 pesetas.


[Bloque 89: #da]

Disposicin adicional tercera. Provisin de los medios de apoyo.

Las Administraciones Pblicas competentes proveern los medios de apoyo necesarios en los Tribunales de Justicia para que las personas con discapacidad puedan ejercer su derecho a ser jurado.

Se aade por el art. nico.4 de la Ley Orgnica 1/2017, de 13 de diciembre. Ref. BOE-A-2017-14689

Texto aadido, publicado el 14/12/2017, en vigor a partir del 14/02/2018.


[Bloque 90: #dtprimera]

Disposicin transitoria primera. Causas penales en tramitacin.

Los procesos penales incoados o que se incoen por hechos acaecidos con anterioridad a la entrada en vigor de esta Ley se tramitarn ante el rgano jurisdiccional competente conforme a las normas vigentes en el momento de acontecer aqullos.


[Bloque 91: #dtsegunda]

Disposicin transitoria segunda. Rgimen de recursos.

El rgimen de recursos previsto en esta Ley ser de aplicacin nicamente a las resoluciones judiciales que se dicten en los procedimientos incoados con posterioridad a su entrada en vigor.


[Bloque 92: #dttercera]

Disposicin transitoria tercera. Primera lista de candidatos a jurados.

La primera lista de candidatos a jurados, que extender su eficacia hasta el 31 de diciembre de 1996, se obtendr aplicando las previsiones contenidas en los artculos 13, 14, 15 y 16 de la presente Ley, si bien las referencias que en ellos se hace a los meses de septiembre, octubre y noviembre se entendern hechas, respectivamente, a los tres meses correlativos siguientes a la entrada en vigor de la presente disposicin transitoria.


[Bloque 93: #dfprimera]

Disposicin final primera. Modificacin de la Ley Orgnica del Poder Judicial.

1. La letra c) del apartado 3 del artculo 73 de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, cuyo actual contenido pasa a ser la letra d) del mismo apartado, queda redactada en los siguientes trminos:

c) El conocimiento de los recursos de apelacin en los casos previstos por las leyes.

2. El apartado 2 del artculo 83 de la Ley Orgnica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, queda redactado en los siguientes trminos:

2. La composicin y competencia del Jurado es la regulada en la Ley Orgnica del Tribunal del Jurado.


[Bloque 94: #dfsegunda]

Disposicin final segunda. Modificacin de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Los artculos y rbricas que a continuacin se relacionan de la Ley de Enjuiciamiento Criminal quedan modificados en los trminos siguientes:

1. Se aade un segundo prrafo al apartado tercero del artculo 14 con la siguiente redaccin:

No obstante, en los supuestos de competencia del Juez de lo Penal, si el delito fuere de los atribuidos al Tribunal del Jurado, el conocimiento y fallo corresponder a ste.

2. Se aade un segundo prrafo al apartado cuarto del artculo 14 con la siguiente redaccin:

No obstante, en los supuestos de competencia de la Audiencia Provincial, si el delito fuere de los atribuidos al Tribunal del Jurado, el conocimiento y fallo corresponder a ste.

3. Se aade un tercer prrafo al artculo 306 con la siguiente redaccin:

Tan pronto como se ordene la incoacin del procedimiento para las causas ante el Tribunal del Jurado, se pondrn en conocimiento del Ministerio Fiscal quien comparecer e intervendr en cuantas actuaciones se lleven a cabo ante aqul.

4. Se incorpora un nuevo artculo 309 bis con la siguiente redaccin:

Artculo 309 bis.

Cuando de los trminos de la denuncia o de la relacin circunstanciada del hecho en la querella, as como cuando de cualquier actuacin procesal, resulte contra persona o personas determinadas la imputacin de un delito, cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado, proceder el Juez a la incoacin del procedimiento previsto en su ley reguladora, en el que, en la forma que en ella se establece, se pondr inmediatamente aquella imputacin en conocimiento de los presuntamente inculpados.

El Ministerio Fiscal, dems partes personadas, y el imputado en todo caso, podrn instarlo as, debiendo el Juez resolver en plazo de una audiencia. Si no lo hiciere, o desestimare la peticin, las partes podrn recurrir directamente en queja ante la Audiencia Provincial que resolver antes de ocho das, recabando el informe del Instructor por el medio ms rpido.

5. Se incorpora un nuevo artculo 504 bis 2 con la siguiente redaccin:

Artculo 504 bis 2.

Desde que el detenido es puesto a disposicin del Juez de Instruccin o Tribunal que deba conocer de la causa, ste convocar a audiencia, dentro de las setenta y dos horas siguientes, al Ministerio Fiscal, dems partes personadas y al imputado, que deber estar asistido de Letrado por l elegido o designado de oficio. El Ministerio Fiscal y el imputado, asistido de su letrado, tendrn obligacin de comparecer.

En dicha audiencia podrn proponer los medios de prueba que puedan practicarse en el acto o dentro de las veinticuatro horas siguientes, sin rebasar en ningn caso las setenta y dos horas antes indicadas.

Si en tal audiencia alguna parte lo interesase, odas las alegaciones de todas las que concurrieren, el Juez resolver sobre la procedencia o no de la prisin o libertad provisionales. Si ninguna de las partes lo instase, el Juez necesariamente acordar la cesacin de la detencin e inmediata puesta en libertad del imputado.

Si por cualquier razn la comparecencia no pudiera celebrarse, el Juez acordar la prisin o libertad provisional, si concurrieren los presupuestos y estimase riesgo de fuga; pero deber convocarla nuevamente dentro de las siguientes setenta y dos horas, adoptando las medidas disciplinarias a que hubiere lugar en relacin con la causa de no celebracin de la comparecencia.

Contra las resoluciones que se dicten sobre la procedencia o no de la libertad provisional cabr recurso de apelacin ante la Audiencia Provincial.

6. El artculo 516 queda sin contenido.

7. El artculo 539 queda redactado de la forma siguiente:

Artculo 539.

Los autos de prisin y libertad provisionales y de fianza sern reformables durante todo el curso de la causa.

En su consecuencia, el imputado podr ser preso y puesto en libertad cuantas veces sea procedente, y la fianza podr ser modificada en lo que resulte necesario para asegurar las consecuencias del juicio.

Para acordar la prisin o libertad provisional de quien estuviere en libertad o agravar las condiciones de la libertad provisional ya acordada, se requerir solicitud del Ministerio Fiscal o de alguna parte acusadora, resolvindose previa celebracin de la comparecencia a que se refiere el artculo 504 bis 2.

No obstante, si a juicio del Juez o Tribunal concurriere riesgo de fuga, proceder a dictar auto de reforma de la medida cautelar, o incluso de prisin, si el imputado se encontrase en libertad, pero debiendo convocar, para dentro de las setenta y dos horas siguientes, a la indicada comparecencia.

Siempre que el Juez o Tribunal entienda que procede la libertad o la modificacin de la libertad provisional en trminos ms favorables al sometido a la medida, podr acordarla, en cualquier momento, de oficio y sin someterse a la peticin de parte.

8. El tercer prrafo del artculo 676 queda redactado en la siguiente forma:

Contra el auto resolutorio de la declinatoria y contra el que admita las excepciones 2.a, 3.a y 4.a del artculo 666, procede el recurso de apelacin. Contra el que las desestime, no se da recurso alguno salvo el que proceda contra la sentencia, sin perjuicio de lo dispuesto en el artculo 678.

9. Se aade un segundo prrafo al artculo 678 con la siguiente redaccin:

Lo anterior no ser de aplicacin en las causas competencia del Tribunal del Jurado, sin perjuicio de lo que pueda alegarse al recurrir contra la sentencia.

10. En el artculo 780 se incorpora un nuevo prrafo tercero con la siguiente redaccin:

Iniciado un proceso conforme a las normas de esta Ley, en cuanto aparezca que el hecho podra constituir un delito cuyo enjuiciamiento sea competencia del Tribunal del Jurado, se estar a lo dispuesto en los artculos 309 bis o 789.3, prrafos segundo y tercero de esta Ley.

El actual tercer prrafo de dicho artculo pasa a ser prrafo cuarto del mismo.

11. Se aade un ltimo prrafo al artculo 781 con la siguiente redaccin:

Tan pronto como se ordene la incoacin del procedimiento para las causas ante el Tribunal del Jurado, se pondr en conocimiento del Ministerio Fiscal quien comparecer e intervendr en cuantas actuaciones se lleven a cabo ante aqul.

12. En el apartado 3 del artculo 789 se introducen dos nuevos prrafos con la siguiente redaccin:

Cuando de los trminos de la denuncia o de la relacin circunstanciada del hecho en la querella, as como cuando de cualquier actuacin procesal ordenada conforme al prrafo anterior, resulte contra persona o personas determinadas la imputacin de un delito, cuyo enjuiciamiento venga atribuido al Tribunal del Jurado, proceder el Juez a la incoacin del procedimiento previsto en su ley reguladora, en el que, en la forma que en ella se establece, se pondr inmediatamente aquella imputacin en conocimiento de los presuntamente inculpados.

El Ministerio Fiscal, dems partes personadas, y el imputado en todo caso, podrn instarlo as, debiendo el Juez resolver en plazo de una audiencia. Si no lo hiciere, o desestimare la peticin, las partes podrn recurrir en queja ante la Audiencia Provincial que resolver antes de ocho das, recabando el informe del Instructor por el medio ms rpido.

13. El Libro V pasa a tener la siguiente denominacin: De los recursos de apelacin, casacin y revisin.

14. Se incorpora al Libro V un nuevo Ttulo I, denominado Del recurso de apelacin contra las sentencias y determinados autos e integrado por los siguientes artculos:

Artculo 846 bis a).

Las sentencias dictadas, en el mbito de la Audiencia Provincial y en primera instancia, por el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado, sern apelables para ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de la correspondiente Comunidad Autnoma.

Sern tambin apelables los autos dictados por el Magistrado-Presidente del Tribunal del Jurado cuando acuerden el sobreseimiento, cualquiera que sea su clase, y los que se dicten resolviendo cuestiones a que se refiere el artculo 36 de la Ley Orgnica del Tribunal del Jurado as como en los casos sealados en el artculo 676 de la presente Ley.

La Sala de lo Civil y Penal se compondr, para conocer de este recurso, de tres Magistrados.

Artculo 846 bis b).

Pueden interponer el recurso tanto el Ministerio Fiscal como el condenado y las dems partes, dentro de los diez das siguientes a la ltima notificacin de la sentencia.

La parte que no haya apelado en el plazo indicado podr formular apelacin en el trmite de impugnacin, pero este recurso quedar supeditado a que el apelante principal mantenga el suyo.

Artculo 846 bis c).

El recurso de apelacin deber fundamentarse en alguno de los motivos siguientes:

a) Que en el procedimiento o en la sentencia se ha incurrido en quebrantamiento de las normas y garantas procesales, que causare indefensin, si se hubiere efectuado la oportuna reclamacin de subsanacin. Esta reclamacin no ser necesaria si la infraccin denunciada implicase la vulneracin de un derecho fundamental constitucionalmente garantizado.

A estos efectos podrn alegarse, sin perjuicio de otros: los relacionados en los artculos 850 y 851, entendindose las referencias a los Magistrados de los nmeros 5 y 6 de este ltimo como tambin hechas a los jurados; la existencia de defectos en el veredicto, bien por parcialidad en las instrucciones dadas al Jurado o defecto en la proposicin del objeto de aqul, siempre que de ello se derive indefensin, bien por concurrir motivos de los que debieran haber dado lugar a su devolucin al Jurado y sta no hubiera sido ordenada.

b) Que la sentencia ha incurrido en infraccin de precepto constitucional o legal en la calificacin jurdica de los hechos o en la determinacin de la pena, o de las medidas de seguridad o de la responsabilidad civil.

c) Que se hubiese solicitado la disolucin del Jurado por inexistencia de prueba de cargo, y tal peticin se hubiere desestimado indebidamente.

d) Que se hubiese acordado la disolucin del Jurado y no procediese hacerlo.

e) Que se hubiese vulnerado el derecho a la presuncin de inocencia porque, atendida la prueba practicada en el juicio, carece de toda base razonable la condena impuesta.

En los supuestos de las letras a), c) y d), para que pueda admitirse a trmite el recurso, deber haberse formulado la oportuna protesta al tiempo de producirse la infraccin denunciada.

Artculo 846 bis d).

Del escrito interponiendo recurso de apelacin se dar traslado, una vez concluido el trmino para recurrir, a las dems partes, las que, en trmino de cinco das, podrn formular recurso supeditado de apelacin. Si lo interpusieren se dar traslado a las dems partes.

Concluido el trmino de cinco das sin que se formule dicha apelacin supeditada o, si se formul, efectuado el traslado a las dems partes, se emplazar a todas ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia para que se personen en plazo de diez das.

Si el apelante principal no se personare o manifestare su renuncia al recurso, se devolvern los autos a la Audiencia Provincial, declarndose firme la sentencia y procediendo a su ejecucin.

Artculo 846 bis e).

Personado el apelante, se sealar da para la vista del recurso citando a las partes personadas y, en todo caso, al condenado y tercero responsable civil.

La vista se celebrar en audiencia pblica, comenzando por el uso de la palabra la parte apelante seguido del Ministerio Fiscal, si ste no fuese el que apel, y dems partes apeladas.

Si se hubiese formulado recurso supeditado de apelacin, esta parte intervendr despus del apelante principal que, si no renunciase, podr replicarle.

Artculo 846 bis f).

Dentro de los cinco das siguientes a la vista, deber dictarse sentencia, la cual, si estimase el recurso por algunos de los motivos a que se refieren las letras a) y d) del artculo 846 bis 3, mandar devolver la causa a la Audiencia para celebracin de nuevo juicio.

En los dems supuestos dictar la resolucin que corresponda.

15. Los actuales Ttulos I y II del Libro V pasan a ser Ttulos II y III, respectivamente, del mismo Libro.

16. El artculo 847 queda redactado de la siguiente forma:

Artculo 847.

Procede el recurso de casacin por infraccin de ley y por quebrantamiento de forma contra: a) las sentencias dictadas por la Sala de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia en nica o en segunda instancia; y b) las sentencias dictadas por las Audiencias Provinciales en juicio oral y nica instancia.

17. El primer prrafo del artculo 848 queda redactado de la siguiente forma:

Contra los autos dictados, bien en apelacin por las Salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia bien con carcter definitivo por las Audiencias, slo procede el recurso de casacin, y nicamente por infraccin de ley, en los casos en que sta lo autorice de modo expreso.

Se modifica el trmino Magistrado-presidente por Magistrado-Presidente segn establece el art. 1.50 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958




[Bloque 95: #dftercera]

Disposicin final tercera. Carcter de la Ley.

La presente Ley tiene naturaleza de orgnica a excepcin del captulo III, la disposicin transitoria segunda y los apartados 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 de la disposicin final segunda que tienen el carcter de ley ordinaria.


[Bloque 96: #dfcuarta]

Disposicin final cuarta. Futuras reformas procesales.

En el plazo de un ao, desde la aprobacin de la presente Ley, el Gobierno enviar a las Cortes Generales, un proyecto de Ley de modificacin de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, generalizando los criterios procesales instaurados en esta Ley y en el que se establezca un procedimiento fundado en los principios acusatorio y de contradiccin entre las partes, previstos en la Constitucin, simplificando asimismo el proceso de investigacin para evitar su prolongacin excesiva.

Asimismo, en dicho plazo, se adoptarn las reformas legales necesarias que adapten a tal procedimiento el Estatuto y funciones del Ministerio Fiscal, y se habilitarn por las Cortes Generales y el Gobierno los medios materiales, tcnicos y humanos necesarios.

Se aade el ttulo por el art. 1.49 de la Ley Orgnica 8/1995, de 16 de noviembre. Ref. BOE-A-1995-24958.




[Bloque 97: #dfquinta]

Disposicin final quinta. Entrada en vigor.

La presente Ley Orgnica entrar en vigor a los seis meses de su publicacin en el Boletn Oficial del Estado, con excepcin de lo prevenido en su captulo II y en su disposicin transitoria tercera, que entrar en vigor a los dos meses de dicha publicacin.


[Bloque 98: #firma]

Por tanto,

Mando a todos los espaoles, particulares y autoridades que guarden y hagan guardar esta Ley Orgnica.

Madrid, 22 de mayo de 1995.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,

FELIPE GONZALEZ MARQUEZ

Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.

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