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La Sala de Gobierno del Tribunal Supremo, en sesión celebrada el día 18 de junio de. 1982, adoptó el siguiente acuerdo:

«En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 15 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, sobre distribución de asuntos entre las Salas de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, la Sala de Gobierno acuerda:

1.º La Sala Tercera conocerá, en única o segunda instancia, de los recursos que tuvieran por objeto actos o disposiciones procedentes de la Presidencia del Gobierno y de los Ministerios de Hacienda, de Obras Públicas y Urbanismo ‒excepto Urbanismo‒, de Educación y Ciencia, de Trabajo y Seguridad Social ‒excepto Seguridad Social‒, de Industria y Energía, de Economía y Comercio, de Transportes, Turismo y Comunicaciones y de Cultura, y de la Corporaciones e Instituciones públicas sometidas a su tutela, con excepción de los recursos relativos a materias expresamente atribuidas a la Sala Quinta en el apartado 3.º

La Sala Tercera conocerá asimismo, en única o segunda instancia, de los recursos contencioso-administrativos referentes a la protección jurisdiccional de los derechos fundamentales de la persona, a excepción de aquellos que versen sobre actos de la Administración Electoral, que corresponderán a la Sala Quinta.

2.º La Sala Cuarta conocerá, en única o segunda instancia, de los recursos que tuvieren por objeto actos o disposiciones que no se refieran a las materias atribuidas expresamente a la Sala Quinta en el apartado 3.º y que procedan de:

a) Los Ministerios de Asuntos Exteriores, de Justicia, de Defensa, del interior, de Obras Públicas y Urbanismo ‒excepto Obras Públicas‒, de Trabajo y Seguridad Social ‒excepto Trabajo‒, de Agricultura. Pesca y Alimentación, de Administración Territorial y de Sanidad y Consumo, de las Corporaciones e Instituciones públicas sometidas a su tutela.

b) Las Entidades Locales y Corporaciones e Instituciones públicas sometidas a su tutela, excepto los recursos que tuvieren por objeto actos o disposiciones relativos a exacciones públicas de cualquier clase, cuyo conocimiento corresponderá a la Sala Tercera.

c) Cualesquiera otros órganos e Instituciones o Corporaciones públicas no sometidas a la tutela o dependencia de alguno de los Departamentos enumerados en el presente Acuerdo.

3.º La Sala Quinta conocerá de los recursos que tuviesen por objeto actos o disposiciones relativos a las siguientes materias:

a) Personal de la Administración Pública, activo o pasivo.

b) Expropiación forzosa, en todas sus modalidades.

La Sala Quinta conocerá igualmente, en única instancia, de los recursos contencioso-electorales impugnatorios, en las elecciones generales, de la validez de la elección o de la proclamación de Diputados y Senadores electos, así como de los recursos concernientes a elecciones para Vocales de procedencia judicial del Consejo General del Poder Judicial.

4.º Los recursos de revisión contra sentencias firmes de las Salas de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional o de las Audiencias Territoriales se distribuirán entre las Salas Tercera, Cuarta y Quinta, conforme a los criterios contenidos en los anteriores apartados.

5.º En los recursos cuyo objeto fuere actos o disposiciones dictados conjuntamente por varios órganos asignados en los apartados anteriores a diferentes Salas, la determinación de la que haya de conocer de aquéllos se hará atendida la mayor antigüedad del Departamento ministerial entre los varios intervinientes, sin considerar el refrendo o la coordinación que pueda corresponder a la Presidencia del Gobierno.

6.º Las anteriores normas serán aplicables no sólo a los recursos que se interpongan a partir de su publicación, sino también a los que en trámite no estén señalados para fallo o vista. Los recursos fundados en la Ley 62/1978 que se hallen pendientes a la entrada en vigor de estas normas serán resueltos por la Sala que venga conociendo de ellos.»

Y a efectos de lo prevenido en el artículo 15,2 de la Ley reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, este Consejo General del Poder Judicial ha dispuesto la publicación del anterior Acuerdo en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 25 de junio de 1982.‒El Presidente del Consejo General del Poder Judicial, Federico Carlos Sainz de Robles y Rodríguez.