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Resolución de 29 de mayo de 1992, de la Secretaría de Estado para la Seguridad-Dirección de la Seguridad del Estado, por la que se delega en el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Canarias-Gobernador civil de Las Palmas y en el Gobernador civil de Santa Cruz de Tenerife las facultades para autorizar la entrada y tránsito de extranjeros con documentación defectuosa o sin ella.
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