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Documento BOE-T-2004-14861

Sala Primera. Sentencia 123/2004, de 13 de julio de 2004. Recurso de amparo 1606/1999. Promovido por doña Pilar Vaquerizo y otros frente al Auto de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo que denegó la autorización para interponer recurso de revisión contra la Sentencia del Consejo de Guerra que había condenado a muerte a don Francisco Granado Gata y don Joaquín Delgado Martínez. Vulneración del derecho a la prueba: denegación irrazonable de la práctica de pruebas pertinentes para esclaracer la verdad de los hechos en aras de la justicia, fundamento del recurso de revisión penal. Voto particular.

  • Publicado en:

    «BOE» núm. 193, de 11 de agosto de 2004, páginas 65 a 75 (11 págs.)

  • Sección:

    T.C. Suplemento del Tribunal Constitucional

  • Departamento:

    Tribunal Constitucional

  • Referencia:

    BOE-T-2004-14861

TEXTO

La Sala Primera del Tribunal Constitucional,

compuesta por doña María Emilia Casas Baamonde, Presidenta,

don Javier Delgado Barrio, don Roberto García-Calvo y

Montiel, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don Manuel

Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, Magistrados,

ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 1606/99, promovido

por doña Pilar Vaquerizo, don Francisco Delgado y doña

Françoise Delgado, representados por la Procuradora de

los Tribunales doña Ana Lobera Argüelles y asistidos

por el Abogado don Francisco García Cediel, contra Auto

de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo de 3 de

marzo de 1999, por el que se acuerda denegar la

autorización para interponer recurso extraordinario de

revisión de la Sentencia dictada por el Consejo de Guerra

que vio y falló la causa núm. 1118/63, el 13 de agosto

de 1963, en relación con las condenas a pena de muerte

que en dicha Sentencia fueron impuestas a don

Francisco Granado Gata y don Joaquín Delgado Martínez.

Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el

Magistrado don Javier Delgado Barrio, quien expresa

el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. El día 15 de abril de 1999 tuvo entrada en el

Registro General de este Tribunal escrito, firmado por

la representación procesal de los demandantes,

mediante el cual se interponía recurso de amparo contra la

resolución judicial citada en el encabezamiento.

2. Los hechos en los que tiene su origen el presente

recurso y relevantes para su resolución son los siguientes:

a) Por Sentencia de 13 de agosto de 1963, dictada

por el Consejo de Guerra que conoció del procedimiento

sumarísimo núm. 1118/63, fueron condenados a

muerte don Francisco Granado Gata y don Joaquín Delgado

Martínez, penas que fueron ejecutadas el día 17 de

agosto de 1963. Dicha Sentencia considera probada la

pertenencia de ambos a la Federación Ibérica de Juventudes

Libertarias, así como la realización de diversas misiones

para la citada organización, y en concreto la colocación

de dos artefactos explosivos en la Dirección General de

Seguridad y en la Delegación Nacional de Sindicatos

el 29 de julio de 1963, que estallaron ese día causando

el primero de ellos múltiples heridos y el segundo sólo

daños materiales. Tales hechos son calificados como

delito de terrorismo, consistente en "provocar

explosiones para atentar contra la seguridad pública y perturbar

la tranquilidad, el orden y los servicios públicos,

empleando medios y artificios capaces de ocasionar grandes

estragos".

b) El día 3 de febrero de 1998, los ahora

demandantes de amparo, familiares de los ejecutados,

interpusieron recurso de revisión contra la referida Sentencia,

interesando su anulación, al amparo de lo previsto en

el art. 328.6 de la Ley Orgánica 2/1989, procesal militar.

En el escrito de interposición del recurso se alega

que los Sres. Granado y Delgado fueron sometidos a

torturas y malos tratos en dependencias policiales

durante al menos seis días, como ellos mismos manifestaron

en sus declaraciones ante el Tribunal que los condenó;

que en todo momento afirmaron su inocencia respecto

de la colocación de los artefactos explosivos por la que

fueron condenados; que no existía ninguna prueba que

justificara la condena por tales hechos y que ésta se

produjo por su pertenencia al movimiento libertario.

Igualmente se pone de relieve que los verdaderos autores

de la colocación de los artefactos explosivos son don

Antonio Martín Bellido y don Sergio Hernández, quienes

han reconocido ante Notario que fueron ellos quienes

instalaron los explosivos, habiéndolo declarado

igualmente en un programa de la televisión franco-alemana

"ARTE" emitido el 4 de diciembre de 1996, ante un

periodista del diario "El Mundo", que publicó un reportaje

el día 1 de diciembre de 1996, y otro periodista del

semanario "Tiempo", como consta en el artículo

publicado el 7 de abril de 1997, y apareciendo igualmente

esas declaraciones en un programa emitido por

"Televisión Española" 2 el día 9 de noviembre de 1997. Se

aporta también una declaración firmada por don Antonio

Martín Bellido y una fotocopia del documento nacional

de identidad de éste, expedido en Madrid el día 12 de

agosto de 1963, al objeto de acreditar su presencia en

la capital en las fechas en que se produjeron las

explosiones.

Mediante otrosí interesaban que se tomara

declaración a don Antonio Martín Bellido, al objeto de ratificar

la que se acompañaba junto al recurso.

c) Mediante Auto de fecha 3 de marzo de 1998,

la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo acordó tener

por solicitada autorización para la interposición de

recurso de revisión contra la citada Sentencia por doña Pilar

Vaquerizo y don Francisco Delgado, no aceptando la

pretensión formulada por doña Françoise Delgado

(sobrina de don Joaquín Delgado, por entender el Tribunal

que, de conformidad con el art. 329 de la Ley procesal

militar, carecía de legitimación para interponer el

recurso) y, con carácter previo a la adopción de una resolución

definitiva sobre la autorización para interponer el citado

recurso, se ordenaba practicar las diligencias pertinentes

a fin de dar credibilidad a los testimonios en que se

fundamentaba la pretensión, para lo cual se estimó

oportuno interesar la remisión de la causa núm. 1118/63

y recibir testimonio a don Antonio Martín Bellido para

que, a presencia judicial y con intervención del Ministerio

Fiscal, prestase declaración en relación con las

manifestaciones unidas a la solicitud.

d) El día 21 de mayo de 1998 se practica la

declaración testifical de don Antonio Martín Bellido, quien

se ratifica en sus declaraciones anteriores. A preguntas

del Ministerio Fiscal, manifiesta que no tiene medios

objetivos para acreditar su participación directa y

personal en la colocación de los explosivos en la Dirección

General de Seguridad y en la sede de Sindicatos, junto

con don Sergio Hernández, pero que puede aportar las

direcciones de una serie de personas, que señala como

posibles testigos.

e) Posteriormente, mediante providencia de 10 de

junio de 1998, se requiere a la parte recurrente para

que manifieste si se hace cargo de la comparecencia

de don Sergio Hernández ante la Sala para prestar

declaración el día 25 de junio a las 10 horas. La parte señala

que don Sergio Hernández, al residir en París, no puede

presentarse ese día, solicitando un aplazamiento de la

comparecencia.

Por providencia de 9 de julio de 1998 se señala como

fecha para que tenga lugar la declaración del testigo

don Sergio Hernández el 24 de septiembre,

comprometiéndose la parte recurrente a hacerse cargo de la

comparecencia. No obstante, ésta tampoco se produce

ese día, manifestando por escrito aquélla, el día anterior

al señalado, que el testigo no puede acudir por haber

sido contratado recientemente en Francia y estar en

periodo de prueba, así como por el temor a sufrir

represalias de la justicia española y por la presión familiar

para que no venga a España. En ese mismo escrito, los

recurrentes instan que se reciba declaración a una serie

de personas señaladas en su comparecencia por el Sr.

Martín Bellido. El día 29 de septiembre de 1998, los

recurrentes presentan escrito en el que se facilitan las

direcciones de don Octavio Alberola Suriñac, don Luis

Andrés Edo y don Vicente Martí, solicitando que se

acuerde llamarlos en los domicilios indicados.

f) Por providencia de 22 de octubre de 1998, a

propuesta del Ministerio Fiscal, se acuerda requerir a

la parte promovente para que indique la fecha en que

puede desplazarse el testigo don Sergio Hernández,

haciendo constar que de no señalar dicha fecha o no

comparecer el testigo se producirán los efectos que

procedan. Por escrito de 13 de noviembre, los recurrentes

manifiestan que no tenían certeza alguna de que el

testigo fuera a comparecer, por temor a la justicia española,

por lo que solicitan de la Sala que lo cite personalmente,

siguiendo los trámites pertinentes, en su dirección de

París. Igualmente interesan que se continúe con el

trámite procesal de declaración de los testigos propuestos

en el escrito de fecha 29 de septiembre.

Mediante nuevo escrito, registrado en el Tribunal

Supremo el día 25 de noviembre de 1998, los

recurrentes aportan una declaración firmada por don Octavio

Alberola Suriñach, en calidad de dirigente de la

organización Defensa Interior, en la que confirma lo dicho

por don Antonio Martín Bellido y por don Sergio

Hernández, por haber sido el organizador y coordinador de

un conjunto de operaciones de hostigamiento,

solicitan

do que se le cite a declarar como responsable de las

acciones de dicha organización en el interior de España

durante los años sesenta. Igualmente se interesa que

se cite a otras personas encausadas y condenadas en

el mismo sumario en que lo fueron don Joaquín Delgado

y don Francisco Granado, a fin de que declaren sobre

si fueron sometidos a torturas y malos tratos, así como

al periodista Carlos López Fonseca, autor de un libro

sobre el caso Delgado-Granado, quien se ha entrevistado

con muchas personas en relación con estos hechos.

g) El citado escrito y documentos que con él se

aportan es unido a las actuaciones y, sin más trámites,

se da traslado de las mismas al Fiscal Togado para

informe, solicitando éste la denegación de la autorización

para interponer el recurso de revisión.

h) El día 3 de marzo de 1999, la Sala de lo Militar

del Tribunal Supremo dicta Auto en el que se acuerda

denegar la autorización para interponer recurso de

revisión contra la Sentencia de 13 de agosto de 1963.

En su razonamiento jurídico segundo, el Auto analiza,

en primer lugar, el testimonio de don Antonio Martín

Bellido, afirmando que incurre en contradicciones, pues

en el escrito unido a las actuaciones manifestó que

después de colocar el explosivo no podrían huir por la calle

Carretas, porque había muchos guardias vigilándola, y

sin embargo en su declaración testifical señala que

transitaron por esa calle con la bomba y que el Sr. Hernández

la armó en los lavabos de un bar de la misma. También

destaca que en su declaración reconoció carecer de

cualquier medio objetivo de prueba que acreditara la

veracidad de sus manifestaciones. En segundo lugar, analiza

que don Sergio Hernández, a quien se atribuye la

colocación de las bombas, no ha comparecido ante el

Tribunal, pese a haberse fijado dos veces fecha y hora

para ello, indicando finalmente a la parte promovente

que señalara el día y la hora en la que el testigo podía

comparecer, lo que no ha tenido lugar "por la fútil e

inaceptable razón de que el Sr. Hernández... tiene miedo

de la justicia española".

Posteriormente se analiza la testifical propuesta y no

practicada, afirmando que unos no intervinieron en los

hechos, pues se encontraban en el extranjero cuando

tuvieron lugar, analizando las manifestaciones de don

Octavio Alberola, quien se atribuye haber sido el

organizador de una serie de atentados contra el orden público

en España que se entrecruzaron, y poniendo de relieve

las contradicciones entre éstas (según las cuales los Sres.

Martín Bellido y Hernández estaban encargados de

realización de actos de hostigamiento al Gobierno español,

consistentes en la colocación de explosivos en lugares

públicos) y lo declarado por don Antonio Martín Bellido

(quien afirma que no tenía encomendada ninguna misión

y que colaboró con el no comparecido Sr. Hernández

a petición de éste y sin que nadie tuviera conocimiento

de ello), "lo que viene a suponer una nueva contradicción

entre lo dicho por uno y otro, en perjuicio de la

credibilidad de ambos". Finalmente, el Auto pone de relieve

que los restantes testigos propuestos "aunque tuvieron

relación personal con los ejecutados y fueron juzgados

y condenados en el mismo procedimiento, su

procesamiento no guardó relación alguna con la colocación de

las bombas por las que fueron condenados y ejecutados

los Sres. Granado y Delgado, viniendo a ser, por tanto,

únicamente testigos de referencia".

En el razonamiento tercero, y tras recordar que el

art. 328.6 de la Ley procesal militar exige que las pruebas

en que se fundamenta la pretensión revisora sean

indubitadas, esto es, que hagan patente y manifiesto el error

del fallo, se concluye que no existen medios de prueba

de esa calidad a partir de los cuales pudiera evidenciarse

un error patente y manifiesto del órgano judicial. Valora

el Tribunal el testimonio de don Antonio Martín Bellido

(quien reconoció carecer de medios o pruebas objetivas

para adverar su declaración, remitiéndose a otros

testigos e incurriendo en la señalada contradicción), la no

presencia de don Sergio Hernández -a quien se atribuye

la colocación de la bomba- sin ninguna fundamentación

razonable que justifique su incomparecencia, así como

la discrepancia existente entre las manifestaciones del

Sr. Martín Bellido y lo expuesto por el Sr. Alberola.

Igualmente se señala que el resto de los testigos propuestos

no tuvieron intervención directa en los hechos, lo que

les transforma en meros testigos de referencia, de escasa

relevancia después del largo tiempo transcurrido. Añade

que, en la valoración de toda la prueba practicada o

propuesta, pero en todo caso únicamente testifical, no

puede dejar de considerarse que han transcurrido treinta

y cinco años desde que los hechos tuvieron lugar, sin

que, pese al cambio político producido en España, hasta

la fecha se haya intentado la revisión hasta este

momento, una vez prescrito el delito y careciendo de todo medio

objetivo de prueba que apoye las declaraciones

prestadas o las pretendidas.

Por último, en el razonamiento cuarto se afirma que

ha de acordarse la denegación de la autorización para

interponer el recurso de revisión, ya que las pruebas

aportadas son escasas y débiles, por su carácter testifical,

por el momento en que se proponen y practican y por

esa carencia de todo apoyo objetivo, de suerte que no

se considera posible que pueda llegar a evidenciarse

el pretendido error patente y manifiesto del órgano

judicial al dictar Sentencia en la causa 1118/63.

3. La demanda de amparo, tras exponer los hechos,

denuncia la vulneración de los arts. 24.1 y 2 CE, por

entender que la sistemática denegación de pruebas

testificales relevantes propuestas ha generado indefensión.

Argumentan los recurrentes que, habida cuenta del

tiempo transcurrido y la inexistencia de otro tipo de

pruebas (ya que si los verdaderos autores hubieran dejado

rastros objetivos habrían sido ellos los ejecutados), la

única posible era la testifical propuesta, cuya importancia

consideran capital para la resolución de la litis. Por otro

lado, se destaca que el Auto recurrido reprocha a la

parte la falta de prueba, cuando se solicitó la práctica

de diversas testificales reiteradamente (en concreto, se

hace referencia en la demanda a la solicitud de una

comisión rogatoria para tomar declaración en Francia

a don Sergio Hernández y a las solicitudes de que se

tomara declaración a las personas que fueron

procesadas en la misma causa que los ejecutados; a don

Octavio Alberola y otros dirigentes de la organización

"Defensa Interior", a quien se atribuye la organización de

los atentados, y al periodista don Carlos López Fonseca,

autor de un libro sobre el caso), sin que la Sala lo haya

proveído y sin motivarlo en absoluto en su momento.

Por todo ello, entienden que la denegación sistemática

de pruebas ha impedido el ejercicio del recurso de

revisión, legalmente establecido, ya que la ley exige la

aportación de las que fundamenten la revisión.

4. Tras haber solicitado y recibido testimonio de las

actuaciones, por providencia de 13 de marzo de 2000,

la Sección Primera de este Tribunal acordó admitir a

trámite la demanda de amparo.

5. Por diligencia de ordenación de 30 de marzo de

2000, se acordó dar vista de las actuaciones del presente

recurso de amparo al Ministerio Fiscal y a la

representación procesal de los demandantes, para que en el plazo

común de veinte días presentaran alegaciones.

6. El día 18 de abril de 2000 tuvo entrada en el

Registro General de este Tribunal el escrito de

alegaciones del Ministerio Fiscal, en el que interesa la

denegación del amparo solicitado.

Afirma el Ministerio Fiscal que lo que se contiene

en la exposición de hechos de la demanda no es otra

cosa que una temeraria falta de verdad en la práctica

totalidad de sus afirmaciones, que resultan

desautorizadas con una somera lectura de la resolución recurrida

en amparo. Por ello, reproduce diversos pasajes de los

hechos (ordinales tercero a séptimo) y los razonamientos

jurídicos (primero a cuarto) del citado Auto, en los que

-según el Fiscal- se pone de relieve la inexistencia de

la pretendida denegación sistemática e injustificada de

medios de prueba.

Se destaca que la Sala acordó la declaración de don

Antonio Martín Bellido, con intervención del Ministerio

Fiscal, a presencia del Letrado y Procurador que lo había

propuesto, y ante el Magistrado Ponente, habiendo

señalado el testigo que carecía de medios objetivos de prueba

que acreditaran su participación en los hechos; que la

Sala requirió a la parte promovente la aportación del

testimonio de don Sergio Hernández, a lo que ésta

contestó solicitando un aplazamiento, que le fue concedido,

dejando transcurrir dos meses para facilitar su presencia,

sin que aquél compareciera por temer la actuación de

la justicia española; que se propuso como prueba

testifical la declaración de un periodista que, obviamente,

no había participado en los hechos, y que la Sala, para

mejor proveer, examinó detenidamente la causa

1118/63 y especialmente las diligencias de

reconstrucción de hechos y reconocimiento del lugar. Además, la

Sala resalta la existencia de contradicciones entre lo

manifestado por dos testigos y en la propia declaración

del Sr. Martín Bellido, que los otros no pueden aportar

datos relevantes porque son meros testigos de

referencia, puesto que no participaron en los hechos, y que

el art. 328.6 de la Ley procesal militar exige que las

pruebas en que se fundamente la pretensión revisora

sean indubitadas y suficientes para evidenciar el error,

lo que difícilmente puede predicarse de las propuestas

y practicadas, que la Sala considera escasas y débiles.

Todo lo anterior evidencia -a juicio del Ministerio

público- que el órgano judicial ha dado una respuesta

exhaustiva a las pretensiones de la parte, asumiendo

en todo momento la proposición de las diligencias de

prueba planteadas e incluso acordando de oficio otras

complementarias a aquéllas, sin que se le pueda

reprochar falta de diligencia que pudiera impedir el

conocimiento de la realidad de los hechos y sin que merezca

ningún reproche constitucional la falta de alguna de las

pruebas propuestas, como la comisión rogatoria a

Francia, puesto que el Tribunal no tiene la obligación de

agotar la investigación en los términos que a las partes

convengan, máxime cuando no se trata de una

instrucción penal ordinaria, sino de decidir sobre la procedencia

de un recurso extraordinario, como el de revisión, con

el que se pretende afectar a la eficacia de la cosa juzgada,

que constituye la base de la seguridad jurídica.

7. El día 3 de mayo de 2000, los recurrentes

formulan sus alegaciones, reproduciendo esencialmente lo

expuesto en la demanda de amparo, en el sentido de

que la sistemática denegación de pruebas testificales

relevantes ha generado indefensión.

8. Por providencia de 13 de abril de 2004 se señaló

el día 19 del mismo mes y año para votación y fallo

de la presente Sentencia, dejándose sin efecto dicho

señalamiento por providencia de 4 de junio de 2004.

9. Por acuerdo de 2 de junio de 2004, la Presidenta

del Tribunal Constitucional, haciendo uso de las

facultades que le otorga el art. 80 LOTC, en relación con

el art. 206 LOPJ, designó como nuevo Ponente de este

recurso de amparo al Magistrado don Javier Delgado

Barrio.

10. Por providencia de 7 de julio de 2004, se acordó

un nuevo señalamiento el día 12 de julio de 2004 para

votación y fallo de la presente Sentencia, trámite que

ha finalizado en el día de la fecha.

II. Fundamentos jurídicos

1. El presente recurso de amparo se interpone

contra el Auto de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo

de 3 de marzo de 1999, que acordó denegar la

autorización para interponer recurso de revisión contra la

Sentencia de 13 de agosto de 1963, dictada en el

procedimiento sumarísimo núm. 1118/63, por la que fueron

condenados a muerte don Francisco Granado Gata y

don Joaquín Delgado Martínez.

Los demandantes de amparo denuncian la

vulneración del art. 24.1 y 2 CE, por entender que la sistemática

denegación por la Sala de las pruebas testificales

propuestas les ha generado indefensión, impidiéndoles la

interposición del recurso de revisión, ya que la ley exige

que la parte aporte las pruebas en que se fundamenta

su petición y la denegación de la autorización solicitada

se basa precisamente en la inexistencia de medios de

prueba indubitados que evidencien el error de la

Sentencia que se pretende revisar, conforme a lo previsto

en el art. 328.6 de la Ley procesal militar. Pero, como

ha quedado expuesto en los antecedentes, habida

cuenta del tiempo transcurrido y de la inexistencia de otras

pruebas, la única posible era la testifical propuesta y

no practicada.

El Ministerio Fiscal, en sus alegaciones, afirma que

el órgano judicial dio una respuesta exhaustiva a las

pretensiones de la parte, sin que se le pueda reprochar

falta de diligencia que pudiera impedir el conocimiento

de la realidad de los hechos y sin que la omisión de

la práctica de algunas de las pruebas propuestas merezca

ningún reproche constitucional, puesto que el Tribunal

no tenía la obligación de agotar la investigación, máxime

cuando se trataba de decidir sobre la procedencia de

un recurso extraordinario como es el de revisión, en el

que se pretende afectar a la cosa juzgada, que constituye

la base de la seguridad jurídica.

2. Con carácter previo al examen de la cuestión de

fondo, hemos de analizar de oficio la posible

concurrencia de alguna de las causas de inadmisibilidad previstas

en el art. 50.1 LOTC, pues este Tribunal ha declarado

reiteradamente que los defectos insubsanables de que

pudiera estar afectado el recurso de amparo subsisten

aunque el mismo haya sido inicialmente admitido a

trámite (SSTC 129/2000, de 26 de mayo, FJ 2; 228/2001,

de 26 de noviembre, FJ 2; 18/2002, de 28 de enero,

FJ 3; 158/2002, de 16 de septiembre, FJ 2). En

concreto, hemos de plantearnos si, respecto de la recurrente

doña Françoise Delgado, se ha incumplido el requisito

procesal previsto en el art. 46.1 b) LOTC, dado que no

ha sido parte en el previo proceso, al haberlo acordado

así la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo mediante

Auto de 3 de marzo de 1998.

Como señalábamos en la STC 140/1997, de 22 de

julio, FJ 1, el art. 46.1 b) LOTC, al establecer que están

legitimados para interponer recurso de amparo quienes

hayan sido parte en el proceso judicial correspondiente,

no viene a identificar la legitimación activa con la

exigencia de haber sido parte -pues ello supondría una

restricción al requisito del "interés legítimo" previsto en

los arts. 53.2 y 162.1 CE que determinaría la

inconstitucionalidad del citado precepto- "sino a incorporar,

junto a la legitimación activa, un segundo presupuesto

del ejercicio de los medios de impugnación devolutivos,

cual es la aptitud o derecho de conducción procesal

que, como regla general, impide el ejercicio de un recurso

a quien no haya sido parte en la instancia precedente".

Un presupuesto procesal que este Tribunal ha

interpretado con un marcado carácter flexible, orientado a la

mayor protección de los derechos y libertades

ciudadanas, eximiendo del estricto cumplimiento del mismo

cuando obstaculizara injustificadamente el acceso al

proceso constitucional (por todas, SSTC 46/1982, de 12

de julio, FJ 4; 67/1986, de 27 de mayo, FJ 2;140/1997,

de 22 de julio, FJ 1; 158/2002, de 16 de septiembre,

FJ 2), si bien hemos matizado que tal interpretación no

cabe en aquellos casos en los que el hecho de no haber

sido parte obedezca a la inactividad o negligencia del

recurrente (STC 158/2002, de 16 de septiembre, FJ 2,

citando AATC 373/1986, de 23 de abril, 520/1983,

de 8 de noviembre, 967/1987, de 29 de julio,

1193/1988, de 24 de octubre, y 377/1993, de 20

de diciembre).

Pues bien, en el presente caso, del examen de las

actuaciones remitidas por el órgano judicial, resulta que

el escrito que da origen al proceso se interpone en

nombre de doña Pilar Vaquerizo (viuda de don Francisco

Granado Gata), don Francisco Delgado y doña Françoise

Delgado (respectivamente hermano y sobrina de don

Joaquín Delgado Martínez), solicitándose en el mismo

la revisión de la Sentencia que condenó a muerte a don

Francisco Granado y don Joaquín Delgado. Mediante

Auto de 3 de marzo de 1998, la Sala de lo Militar del

Tribunal Supremo acuerda tener por solicitada la

autorización para interponer recurso de revisión respecto de

dos de los solicitantes -también recurrentes en

amparoy no aceptar la pretensión de doña Françoise Delgado,

por entender que no puede ser parte, dado que su

parentesco con el penado "de conformidad con lo dispuesto

en el antes citado art. 329 de la Ley procesal militar,

no permite la posibilidad de promover o interponer

recurso de revisión". Contra dicha decisión no se interpuso

recurso alguno, siguiéndose todas las actuaciones

procesales subsiguientes con los otros dos solicitantes.

Finalmente, en la demanda de amparo tampoco se

denuncia vulneración alguna derivada de la no

consideración como parte en el proceso de la Sra. Delgado.

En tales circunstancias, no puede invocarse una

aplicación flexible del art. 46.1 b) LOTC, porque doña

Françoise Delgado no ha cuestionado en ningún momento

su no consideración como parte en el proceso, ni ha

acudido en amparo para denunciar en esta vía la

imposibilidad de haber sido parte en el procedimiento por

causas imputables al órgano judicial, con la consiguiente

infracción de su derecho a la tutela judicial efectiva (art.

24.1 CE), sino que su pretensión se dirige per saltum

a obtener de este Tribunal un pronunciamiento sobre

la eventual vulneración de derechos en aquel proceso,

lo cual no puede ser aceptado sin desvirtuar el carácter

subsidiario que la Constitución otorga al recurso de

amparo (en la misma línea, mutatis mutandi, STC

158/2002, de 16 de septiembre, FJ 3). Por lo demás,

las eventuales vulneraciones de derechos fundamentales

que se hubieran producido pueden ser sostenidas en

el presente proceso de amparo por los otros

demandantes, que sí fueron parte en el proceso, quedando

por tanto suficientemente garantizada la tutela de los

mismos.

Por todo ello, procede declarar inadmisible el recurso

de amparo exclusivamente en cuanto a doña Françoise

Delgado, de acuerdo con lo previsto en el art. 50.1 a)

LOTC, en relación con el art. 44.1 a) del mismo texto

legal.

3. Resuelta la anterior cuestión, ha de recordarse

que, conforme a nuestra doctrina, la denegación o

concesión de la autorización para la interposición del recurso

de revisión prevista en el art. 957 LECrim corresponde

en exclusiva a los órganos de la jurisdicción ordinaria,

que habrán de valorar las pruebas aportadas y decidir

si, a la vista de las mismas, concurría o no el motivo

de revisión invocado (STC 7/1981, de 30 de marzo,

FJ 5; AATC 549/1983, de 16 de noviembre, FJ 3;

113/1987, de 4 de febrero, FJ único; 119/2001, de

8 de mayo, FJ 1), sin que este Tribunal pueda revisar

tales decisiones como si de una nueva instancia judicial

se tratase. Nuestro control sobre las mismas ha de

llevarse a cabo desde la perspectiva del derecho a la tutela

judicial efectiva consagrado en el art. 24 CE, cuyas

garantías, al igual que las del proceso debido y, en concreto,

en este caso el derecho a la utilización de los medios

de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE),

alcanzan al recurso de revisión penal (SSTC 124/1984,

de 18 de diciembre, FJ 3; 150/1997, de 20 de

septiembre, FJ 3), con las peculiaridades que puedan

derivarse de su carácter excepcional.

En efecto, "el recurso de revisión, encaminado a la

anulación de una Sentencia firme y que significa, en

consecuencia, una derogación al principio preclusivo de

la cosa juzgada, exigencia de la seguridad jurídica, es

por su propia naturaleza un recurso extraordinario,

históricamente asociado al derecho de gracia y sometido

a condiciones de interpretación estricta. Sin negar que,

como tal recurso extraordinario, obedezca a las

preocupaciones propias del art. 24 de la Constitución, su

existencia se presenta esencialmente como un

imperativo de la justicia, configurada por el art. 1.1 de la

Constitución, junto a la libertad, la igualdad y el pluralismo

político, como uno de los "valores superiores" que

propugna el Estado social y democrático de Derecho en

el que España, en su virtud, se constituye. Es una

exigencia de la justicia, tal y como la entiende el legislador

constituyente, estrechamente vinculada a la dignidad

humana y a la presunción de inocencia, por cuanto el

factor por el que resultó neutralizada ésta en la Sentencia

cuya revisión se pide, resulta a su vez anulado por datos

posteriores que la restablecen en su incolumidad. Bien

cabe afirmar que, dados los supuestos que para su

interposición se exigen, tal recurso, independientemente de

los ya existentes en el procedimiento en aras del

descubrimiento de la verdad penal y de la consecución del

fallo más adecuado, es un postulado inexcusable de la

justicia, por cuanto la circunstancia que permite acudir

a él implica un hecho o medio de prueba que venga

con posterioridad a evidenciar la equivocación del fallo.

Y el fin del proceso penal, como medio para la fijación

de la verdad de los hechos y de su consiguiente

tratamiento legal, no puede conducir a que el efecto

preclusivo de la Sentencia condenatoria pueda prevalecer"

(SSTC 124/1984, de 18 de diciembre, FJ 6; 150/1997,

de 29 de septiembre, FJ 5).

Igualmente hemos destacado que el recurso de

revisión penal está sometido, "como se desprende de una

consideración de Derecho comparado, a condiciones

variables, a modo de cautelas, tendentes a mantener

el necesario equilibrio entre las exigencias de la justicia

y de la seguridad jurídica" (STC 124/1984, de 18 de

diciembre, FJ 8; en el mismo sentido, STC 92/1989,

de 22 de mayo, FJ 2), entre las que, en nuestro

ordenamiento, se encuentra la exigencia del trámite de

autorización previsto en el art. 957 LECrim, cuya finalidad

es, fundamentalmente, la preservación de la seguridad

jurídica que deriva de la intangibilidad de las Sentencias

firmes (STC 150/1997, de 29 de septiembre, FJ 5).

4. Ya más concretamente, ha de señalarse:

a) Que pese a que la Ley de enjuiciamiento criminal

y la Ley procesal militar califiquen la revisión como un

recurso, como afirmábamos en la STC 150/1997, de

29 de septiembre, FJ 3, "en puridad, no estamos ante

una reivindicación relativa al acceso a los sucesivos

recursos -en la que el control que puede efectuar este

Tribunal es puramente el de la existencia de motivación

y que ésta no se arbitraria (STC 137/1995)-, sino que

se trata más bien de una vía de impugnación autónoma

que, a los efectos del problema de constitucionalidad

que nos corresponde enjuiciar, se aproxima más a la

del acceso a la jurisdicción que a la del acceso a los

recursos". Por ello, el enjuiciamiento constitucional "no

debe limitarse a controlar la existencia de motivación

en la decisión de inadmisión y la razonabilidad de la

misma, sino que aquí opera el principio pro actione

"entendido... como la interdicción de aquellas decisiones

de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo

excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara

desproporción entre los fines que aquellas causas

preservan y los intereses que sacrifican" (STC 88/1997,

FJ 2)".

b) Que en este terreno de acceso a la jurisdicción,

recordando como antes señalábamos que el recurso de

revisión obedece a "imperativos de la justicia", el trámite

de autorización previsto en el art. 957 LECrim cumple

una función fundamental por lo que se atribuye a la

Sala, para el caso de que existan dudas razonables, "la

práctica de las diligencias que estime pertinentes".

c) Dicho trámite, como con acierto advierte el Auto

recurrido, proporciona a la Sala elementos para "decidir

si la revisión que se intenta por los promoventes

encuentra, en principio, suficiente amparo en alguna de las

causas que en el precepto de forma tasada se señalan para,

sin prejuzgar cual sea el definitivo resultado del

correspondiente proceso, admitir a trámite la pretensión

revisora, autorizando su interposición y sometiéndola al

procedimiento regulado en el art. 959 de la Ley de

enjuiciamiento criminal, o, en caso de estimar que no concurre

el indicado acogimiento en las causas antes señaladas,

no otorgar la necesaria autorización".

No se trata, pues, de apreciar ya, en ese momento

procesal, si existen "pruebas indubitadas suficientes a

evidenciar el error del fallo", sino de valorar si hay una

base prima facie bastante para dar curso a la revisión.

d) Y como hemos visto, a la Sala, para esa

afirmación prima facie, se le atribuye un claro protagonismo

en la búsqueda de "la verdad de los hechos" practicando

las diligencias pertinentes, cuando existen dudas

razonables.

En definitiva, pues, el trámite del art. 957 LECrim

se incluye en un terreno próximo al acceso a la

jurisdicción y en cuanto que tal acceso, cuando existen

aquellas dudas, exige la práctica de las diligencias pertinentes,

que tienen como finalidad obtener una determinada

convicción de la Sala, habrá que aplicar el canon propio

del derecho a la prueba: del resultado de aquellas

diligencias depende el otorgamiento o la denegación de

la autorización para la interposición del recurso, es decir,

el acceso a la jurisdicción.

5. Por lo que respecta a la consolidada doctrina de

este Tribunal en relación con el derecho a la utilización

de los medios de prueba pertinentes (art. 24.2 CE)

-resumida, entre otras, en las SSTC 26/2000, de 31 de

enero, FJ 2; 165/2001, de 16 de julio, FJ 2; 168/2002,

de 30 de septiembre, FJ 3; 97/2003, de 2 de junio,

FJ 8; 131/2003, de 30 de junio, FJ 3-, ha de tenerse

en cuenta que este derecho fundamental, que opera en

cualquier tipo de proceso, no atribuye a las partes un

ilimitado derecho a que se admitan y practiquen todos

los medios de prueba que se soliciten, sino sólo aquéllos

que, propuestos en tiempo y forma, sean lícitos y

pertinentes, correspondiendo en exclusiva a los órganos de

la jurisdicción ordinaria el examen sobre la legalidad y

pertinencia de las pruebas propuestas, sin que este

Tribunal pueda revisar sus decisiones como si de una nueva

instancia se tratase. El Tribunal Constitucional sólo es

competente para controlar las decisiones judiciales en

esta materia cuando se hubieren inadmitido pruebas

relevantes para la decisión final sin motivación alguna o

mediante una interpretación y aplicación de la legalidad

manifiestamente arbitraria o irrazonable, o cuando,

habiéndose admitido una prueba, la misma no se practica

o se practica erróneamente por causas imputables al

órgano judicial (lo que equivale a una inadmisión

inmotivada).

También hemos declarado que sólo procede el

examen de esta queja en amparo cuando la falta de práctica

de la prueba propuesta haya producido una efectiva

indefensión en el recurrente, por ser "decisiva en términos

de defensa" o, lo que es lo mismo, porque hubiera podido

tener una influencia decisiva en la resolución del pleito.

Y, finalmente, hemos de recordar, como

declarábamos en la STC 81/2002, de 22 de abril, FJ 3, que aunque

el derecho a la tutela judicial efectiva se satisface, en

esencia, con una respuesta jurídicamente fundada,

motivada y razonable de los órganos jurisdiccionales a las

pretensiones de quien acude ante ellos para la defensa

de sus intereses, en ocasiones, la respuesta del órgano

judicial, aunque fundada en Derecho y formalmente

motivada, puede resultar viciada de raíz, entre otros casos,

cuando el órgano judicial, con su actitud, frustra la

práctica de determinada prueba de parte, impidiendo a quien

la propuso, y solicitó su colaboración en su práctica,

la utilización de un medio de prueba pertinente para

su defensa, y después desestima la pretensión con el

argumento de que no ha quedado probado precisamente

lo que se pretendía acreditar con la prueba no practicada.

En estos supuestos, lo relevante no es que las

pretensiones de la parte se hayan desestimado, sino que la

desestimación "sea la consecuencia de la previa

conculcación por el propio órgano judicial de un derecho

fundamental del perjudicado, encubriéndose tras una

aparente resolución judicial fundada en Derecho una

efectiva denegación de justicia (STC 10/2000, de 17

de enero, FJ 2, y, reproduciéndola, STC 208/2001, de

22 de octubre, FJ 3). Hemos dicho concretamente sobre

este particular en la STC 10/2000, de 17 de enero,

FJ 2, que "así puede suceder en el caso de que ese

derecho fundamental previamente vulnerado haya sido

el derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes

para su defensa, causando el órgano judicial indefensión

a la parte al desestimar sus pretensiones por no haberlas

demostrado, cuando no se pudieron acreditar,

precisamente porque ese mismo órgano judicial truncó

irremediablemente la correcta práctica de su prueba (SSTC

217/1998, de 16 de noviembre; 221/1998, de 24 de

noviembre, y 183/1999, de 11 de octubre). Con ello,

el órgano judicial limita los derechos de defensa del

demandante al frustrar los medios de prueba de los que

se pretendía servir para fundar sus alegaciones por

causas que sólo al propio órgano judicial son imputables,

resolviendo desestimarlas, justamente, por no haberlas

acreditado (SSTC 48/1984, de 4 de abril; 90/1987,

de 3 de junio; 29/1990, de 26 de febrero, y 138/1999,

de 22 de julio, entre otras muchas)".

6. La doctrina que acaba de exponerse en los

anteriores fundamentos resulta aplicable al presente caso,

en los términos que a continuación se recogen.

Como con más detalle se expuso en los antecedentes,

del examen de las actuaciones resulta que los

recurrentes interpusieron recurso de revisión contra la Sentencia

de 13 de agosto de 1963, al amparo del art. 328.6

de la Ley procesal militar, conforme al cual habrá lugar

al recurso de revisión "cuando después de dictada

sentencia condenatoria se conociesen pruebas indubitadas

suficientes a evidenciar el error del fallo por ignorancia

de las mismas". Si bien ha de advertirse, como puso

de manifiesto el Tribunal Supremo, que, conforme a lo

previsto en el art. 957 LECrim, con carácter previo a

la tramitación del recurso, existe una fase procesal en

la que la Sala ha de autorizar o denegar la interposición

del mismo, estableciéndose en dicho precepto que

"antes de dictar la resolución la Sala podrá ordenar, si lo

entiende oportuno y dadas las dudas razonables que

suscite el caso, la práctica de las diligencias que estime

pertinentes, a cuyo efecto puede solicitar la cooperación

judicial necesaria".

En su escrito inicial, los promoventes del recurso

interesaron mediante otrosí que se tomara declaración a

don Antonio Martín Bellido, lo que se llevó a cabo el

día 21 de mayo de 1998, ratificándose en sus

declaraciones anteriores, respecto de su participación directa

y personal, junto con don Sergio Hernández, en la

colocación de los explosivos por la que fueron condenados

y ejecutados los familiares de los ahora demandantes

de amparo.

A la vista de estas declaraciones, la Sala acuerda

por dos veces la comparecencia de don Sergio

Hernández a los efectos de tomarle declaración (inicialmente

el día 25 de junio de 1998, solicitando la parte

promovente un aplazamiento, que le fue concedido,

fijándose como nueva fecha el día 24 de septiembre, a los

efectos de que pudiera desplazarse desde París), sin que

el testigo compareciera. Por providencia de 22 de

octubre de 1998, se requiere a la parte para que indique

la fecha en la que el testigo puede desplazarse,

requerimiento al que aquélla contesta señalando que no tiene

certeza alguna de que el testigo fuera a comparecer,

por temor a la justicia española, solicitando que se le

citara personalmente en su domicilio de París, siguiendo

los trámites pertinentes. La Sala no accede a tal petición,

sin proveer nada al respecto, como denuncian los

recurrentes. No obstante, en el Auto recurrido en amparo

se fundamenta tal decisión precisamente en los

sucesivos intentos llevados a cabo por el Tribunal para que

el testigo compareciera, destacando que ello no ha

tenido lugar "por la fútil e inaceptable razón de que el Sr.

Hernández, según manifiesta la Procuradora Sra. Lobera

Argüelles, tiene miedo a la justicia española".

Por otra parte, mediante escrito de fecha 29 de

septiembre de 1998, los recurrentes solicitan que se cite

como testigos a don Octavio Alberola, don Luis Andrés

Edo y don Vicente Martí. Posteriormente, mediante

nuevo escrito registrado en el Tribunal Supremo el día 25

de noviembre, se aporta una declaración firmada por

don Octavio Alberola, en calidad de dirigente de la

organización Defensa Interior, en la que afirma ser él el

organizador y coordinador de las acciones dirigidas a la

colocación de los artefactos explosivos, cuya autoría atribuye

a don Antonio Martín y a don Sergio Hernández,

solicitando que se le cite para declarar como testigo.

Igualmente, se interesa que se tome declaración a una serie

de personas encausadas y condenadas en el mismo

sumario en que lo fueron don Joaquín Delgado y don

Francisco Granado (a fin de que declaren sobre si fueron

sometidos a torturas y malos tratos, así como sobre lo

que conocieran del caso) y que se cite como testigo

a un periodista, autor de un libro sobre el caso

Delgado-Granado, quien se habría entrevistado con muchas

personas en relación con tales hechos. El citado escrito

y los documentos aportados son unidos a las actuaciones

y, sin más trámite, previo traslado al Fiscal, se dicta el

Auto de 3 de marzo de 1999.

En el Auto de 3 de marzo de 1999, la Sala argumenta

que se trata de testimonios de personas que no tuvieron

intervención directa en los hechos, bien porque se

encontraban en el extranjero cuando tuvieron lugar ("aun

cuando hoy, después de tanto tiempo transcurrido, alguno

como don Octavio Alberola se atribuya haber sido

organizador y planificador de un atentado contra la persona

del entonces Jefe del Estado y de otros contra el orden

público en España, proyectos terroristas que, según dice,

se entrecruzaron", analizando la declaración firmada por

el mismo que consta en las actuaciones y destacando

que incurre en contradicciones con lo manifestado por

don Antonio Martín, en perjuicio de la credibilidad de

ambos), bien porque aunque tuvieran relación personal

con los ejecutados y condenados, su procesamiento no

guardó relación alguna con la colocación de las bombas,

"viniendo a ser, por tanto, únicamente testigos de

referencia".

7. Sobre la base de lo expuesto, ha de tenerse en

cuenta que, aunque nos encontremos ante un recurso

de revisión en el que los promoventes han de aportar

las pruebas adecuadas para el esclarecimiento de la

verdad de los hechos, en aras de la exigencia de justicia,

fundamento último de la existencia del procedimiento

de revisión (SSTC 124/1984, de 18 de diciembre, FJ 6;

150/1997, de 29 de septiembre, FJ 5), el órgano judicial

puede ordenar la práctica de las diligencias que estime

pertinentes, solicitando la cooperación judicial necesaria,

si existen dudas razonables en el caso (art. 957 LECrim).

Y, en estos autos, la propia actuación del Tribunal

Supremo pone de relieve la existencia de dudas razonables,

dado que ordenó la práctica de una serie de diligencias,

tomando declaración a don Antonio Martín Bellido y

acordando en dos ocasiones la comparecencia de don Sergio

Hernández, a quien se atribuía la colocación material

de los explosivos y cuyo testimonio, por tanto, la propia

Sala consideró relevante a los efectos de conceder o

denegar la autorización para interponer el recurso de

revisión. Pese a lo cual, cuando la parte promovente

-a quien no puede imputarse falta de diligencia

procesal-, ante el requerimiento para que indique la fecha

en la que el testigo puede comparecer y la resistencia

a comparecer del Sr. Hernández, solicita su citación

personal en París, "siguiendo los trámites pertinentes", es

decir, librando la oportuna comisión rogatoria, no se

accede a tal petición, sin proveer nada al respecto. Y

posteriormente, en el Auto de 3 de marzo de 1999,

se afirma la inexistencia de pruebas indubitadas que

evidencien el error del fallo, teniendo en cuenta, entre otros

argumentos, la incomparecencia de don Sergio

Hernández.

Pues bien, en tales circunstancias, esto es, constatada

la existencia de dudas razonables y la relevancia del

testimonio por la actuación del propio órgano judicial

y las dificultades de la parte para aportarlo, no por falta

de diligencia sino debidas a la resistencia del testigo

a comparecer ante la Justicia española, y teniendo en

cuenta además las excepcionales circunstancias del

presente caso, no resulta constitucionalmente admisible que

la Sala no se pronunciara respecto de lo solicitado por

la parte, con carácter previo a la adopción de una

decisión respecto de la viabilidad o no del recurso de revisión,

y, posteriormente, utilizara como uno de los argumentos

para la denegación de la autorización, precisamente, la

incomparecencia de ese testigo.

Similares reflexiones cabe hacer en relación con la

falta de práctica de la restante prueba testifical

propuesta, respecto de la que, igualmente, nada se provee en

su momento y, posteriormente, el Auto de 3 de marzo

de 1999 afirma que se trataba de personas que no

intervinieron en los hechos. Pese a lo cual analiza, sin haber

examinado personalmente al testigo, como se le solicitó,

la declaración firmada por don Octavio Alberola, que

consta en las actuaciones, y la utiliza para poner de

manifiesto las contradicciones en que incurre con lo

dicho por don Antonio Martín, en perjuicio de la

credibilidad de ambos. Y respecto del resto de los testigos

propuestos, afirma que son meros testigos de referencia,

de escaso valor después del largo tiempo transcurrido,

negando apriorísticamente toda virtualidad probatoria a

lo que es un medio de prueba admisible y de valoración

constitucionalmente permitida, aunque de carácter

excepcional (SSTC 217/1989, de 21 de diciembre, FJ 5;

303/1993, de 25 de octubre, FJ 7; 79/1994, de 14

de marzo, FJ 4, y más recientemente, 209/2001, de

22 de octubre, FJ 4; 68/2002, de 21 de marzo, FJ

10; 195/2002, de 28 de octubre, FJ 4) que, junto con

otras pruebas, hubiera podido avalar la tesis de los

recurrentes.

Así las cosas, siendo las mencionadas pruebas

claramente pertinentes por su relación con los hechos,

habiendo sido propuestas oportunamente en el trámite

previsto en el art. 957 LECrim y resultando clara su

relevancia en cuanto que, acaso, hubieran podido determinar

un resultado diferente respecto de la autorización para

la interposición del recurso de revisión, no puede

entenderse razonable su denegación, por lo que habrá que

concluir que efectivamente se ha vulnerado el derecho

de los demandantes de amparo a utilizar los medios

de prueba pertinentes para su defensa -art. 24.2 CE.

Procedente será, por consecuencia, el

pronunciamiento estimatorio del recurso previsto en el art. 53 a) LOTC.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal

Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN

DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Declarar inadmisible el recurso de amparo interpuesto

por doña Françoise Delgado y otorgar el amparo

solicitado por doña Pilar Vaquerizo y don Francisco Delgado

y, en su virtud:

1.o Reconocer a los demandantes el derecho a

utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa

(art. 24.2 CE).

2.o Declarar la nulidad del Auto de la Sala de lo

Militar del Tribunal Supremo de 3 de marzo de 1999.

3.o Retrotraer las actuaciones al momento procesal

inmediatamente anterior a aquél en que dicha Sala debió

resolver en relación con las diligencias probatorias

solicitadas por la parte, para continuar la tramitación de

conformidad con el contenido constitucional del derecho

reconocido.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del

Estado".

Dada en Madrid, a trece de julio de dos mil

cuatro.-María Emilia Casas Baamonde.-Javier Delgado

Barrio.-Roberto García-Calvo y Montiel.-Jorge

Rodríguez-Zapata Pérez.-Manuel Aragón Reyes.-Pablo Pérez

Tremps.-Firmado y rubricado.

Voto particular que formulan los Magistrados don

Roberto García Calvo y Montiel y don Jorge Rodríguez-Zapata

Pérez, respecto de la Sentencia de la Sala Primera de

13 de julio de 2004, recaída en el recurso de amparo

núm. 1606/99

1. Formulamos este Voto particular en uso de la

facultad que nos concede el apartado 2 del art. 90 LOTC.

El artículo 260.2 LOPJ dispone que quienes tomen parte

en la votación de una sentencia y hubiesen disentido

de la mayoría podrán formular su Voto particular

redactándolo en forma de sentencia y que, en ella, pueden

aceptar, por remisión, los puntos de hecho y

fundamentos de derecho de la Sentencia mayoritaria dictada por

la Sala con los que estuviesen conformes.

La revisión penal militar que se enjuicia en este caso

es un proceso especial, excepcional y autónomo de

conocida complejidad, ya que se dirige a modificar la situación

creada por una sentencia condenatoria y firme,

subordinando el principio de seguridad jurídica, que representa

la cosa juzgada, en aras del valor superior de la Justicia

(art. 1.1 CE). Por ello es pertinente traer a colación en

este caso el art. 260.2 LOPJ que se acaba de citar ya

que nos servirá para exteriorizar con máxima precisión

y claridad cuáles han sido las razones de nuestra

discrepancia con el fallo y la razón de decidir de la Sentencia

de la que, respetuosamente, discrepamos. Además de

regla en la actuación cotidiana de los Tribunales

ordinarios, el art. 260.2 LOPJ puede ser utilizado en el

amparo constitucional ya que, según el artículo 80 de nuestra

Ley Orgánica, se aplican con carácter supletorio a la

Ley del Tribunal Constitucional los preceptos de la Ley

Orgánica del Poder Judicial en materia de deliberación

y votación de sentencias.

2. En virtud de lo expuesto, y conforme al repetido

art. 260.2 LOPJ, hacemos nuestro, por remisión, el

encabezamiento, el extracto de antecedentes de hecho y los

fundamentos de Derecho 1 y 2, ambos inclusive, de

la Sentencia de la mayoría, en cuanto coinciden en todo

con los de la ponencia originaria que había

correspondido a uno de los firmantes de este Voto particular -don

Jorge Rodríguez-Zapata Pérez- cuya posición quedó en

minoría en la votación de la Sala en su composición

de 2 de junio de 2004, motivando la sustitución de

Ponente de que da cuenta el antecedente de hecho

número 9 de esta Sentencia.

Los demás fundamentos de Derecho de la sentencia

debieron, a nuestro juicio, seguir siendo los restantes

de la citada ponencia originaria, que eran del siguiente

tenor:

3. Resuelta la anterior cuestión, conviene aclarar

ahora cuál es el problema de constitucionalidad que se

nos plantea y, en consecuencia, cuál debe ser nuestra

pauta de enjuiciamiento.

En la demanda de amparo se denuncia

genéricamente la vulneración de los arts. 24.1 y 24.2 CE, derivada

de la denegación de una serie de pruebas testificales

que se consideran relevantes para poder acreditar el

error del fallo de la Sentencia condenatoria que se

pretende anular mediante el recurso de revisión. Una

denegación que los recurrentes entienden inmotivada, pues

no se proveyó nada al respecto en el momento de sus

solicitudes, y que habría generado indefensión, al impedir

el ejercicio del recurso de revisión, pues la denegación

de la autorización solicitada se fundamenta -como se

expuso con mayor detalle en los antecedentes-

precisamente en la inexistencia de "pruebas indubitadas

suficientes a evidenciar el error del fallo" de la Sentencia

que se pretende revisar, conforme a lo previsto en el

art. 328.6 de la Ley procesal militar.

A la vista de tales alegaciones, nuestro enjuiciamiento

se llevará a cabo desde la perspectiva del derecho a

la utilización de los medios de prueba pertinentes para

la defensa (art. 24.2 CE), si bien teniendo en cuenta

las peculiaridades que en el análisis del mismo pueden

derivarse del hecho de que nos encontremos ante una

solicitud de autorización para interponer un recurso

extraordinario de revisión. Por otra parte, se analizará

la decisión de denegar la citada autorización desde la

perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva (art.

24.1 CE), dado que este Tribunal no puede revisar

plenamente tal decisión como si de una nueva instancia

judicial se tratase.

4. Para resolver la primera de las cuestiones

planteadas, hemos de comenzar recordando la consolidada

doctrina de este Tribunal en relación con el derecho

a la utilización de los medios de prueba pertinentes (art.

24.2 CE), resumida, entre otras, en las SSTC 26/2000,

de 31 de enero, FJ 2; 165/2001, de 16 de julio, FJ

2; 168/2002, de 30 de septiembre, FJ 3; 97/2003,

de 2 de junio, FJ 8; 131/2003, de 30 de junio, FJ 3.

Conforme a dicha doctrina, este derecho

fundamental, que opera en cualquier tipo de proceso, no atribuye

a las partes un ilimitado derecho a que se admitan y

practiquen todos los medios de prueba que se soliciten,

sino sólo aquellos que, propuestos en tiempo y forma,

sean lícitos y pertinentes, correspondiendo en exclusiva

a los órganos de la jurisdicción ordinaria el examen sobre

la legalidad y pertinencia de las pruebas propuestas, sin

que este Tribunal pueda revisar sus decisiones como

si de una nueva instancia se tratase. El Tribunal

Constitucional sólo es competente para controlar las

decisiones judiciales en esta materia cuando se hubieren

inadmitido pruebas relevantes para la decisión final sin

motivación alguna o mediante una interpretación y

aplicación de la legalidad manifiestamente arbitraria o

irrazonable, o cuando, habiéndose admitido una prueba, la

misma no se practica o se practica erróneamente por

causas imputables al órgano judicial (lo que equivale

a una inadmisión inmotivada).

También hemos declarado que sólo procede el

examen de esta queja de amparo cuando la falta de práctica

de la prueba propuesta haya producido una efectiva

indefensión en el recurrente, por ser "decisiva en términos

de defensa" o, lo que es lo mismo, porque hubiera podido

tener una influencia decisiva en la resolución del pleito.

Carácter decisivo de la prueba que no puede ser

analizado por este Tribunal mediante un examen de oficio

de las circunstancias concurrentes en cada caso, sino

que la carga de la argumentación recae sobre los

solicitantes de amparo, quienes han de alegar y fundamentar

en la demanda las razones por las cuales la omisión

de la prueba propuesta les ha provocado una indefensión

material. Esta exigencia se proyecta en un doble plano:

por una parte, se ha de razonar acerca de la relación

entre los hechos que se quisieron y no se pudieron probar

y las pruebas inadmitidas; por otra, se ha de fundamentar

que la resolución final del pleito hubiera podido ser

distinta de haberse admitido y practicado la prueba objeto

de controversia, como consecuencia de la relación de

los hechos que se quisieron y no se pudieron probar

con el thema decidendi, pues sólo en ese caso es efectivo

menoscabo del derecho fundamental.

5. En el presente caso, como se ha expuesto ya

en detalle en el extracto de antecedentes de esta

Sentencia, del examen de las actuaciones resulta que los

recurrentes, en su escrito inicial por el que pretenden

la interposición del recurso de revisión, solicitaron

mediante otrosí que se tomara declaración a don Antonio

Martín Bellido, declaración que se practica el día 21

de mayo de 1998, en la que ratifica en sus declaraciones

anteriores, respecto de su participación directa y

personal, junto con don Sergio Hernández, en la colocación

de los explosivos que determinó la condena a muerte

y ejecución de los familiares de los ahora demandantes

de amparo.

A la vista de estas declaraciones, la Sala acuerda

por dos veces la comparecencia de don Sergio

Hernández a los efectos de tomarle declaración (inicialmente

el día 25 de junio de 1998, solicitando la parte promotora

un aplazamiento, que le fue concedido, fijándose como

nueva fecha el día 24 de septiembre, a los efectos de

que pudiera desplazarse desde París), sin que el testigo

compareciera. Por providencia de 22 de octubre de

1998, se requiere a la parte que indique la fecha en

la que el testigo puede desplazarse, requerimiento al

que se contesta que no se tiene certeza alguna de que

el testigo fuera a comparecer, por temor a la justicia

española, solicitando que se le citara personalmente en

su domicilio de París, siguiendo los trámites pertinentes.

La Sala no accede a tal petición, sin proveer nada al

respecto, como denuncian los recurrentes.

No obstante, en el Auto recurrido en amparo se

fundamenta tal decisión precisamente en los sucesivos

intentos llevados a cabo por el Tribunal para que el

testigo compareciera, destacando que ello no ha tenido

lugar "por la fútil e inaceptable razón de que el Sr.

Hernández, según manifiesta la Procuradora Sra. Lobera

Argüelles, tiene miedo a la justicia española". En tales

circunstancias, no puede calificarse de irrazonable o

arbitraria la decisión de no acordar que se realizara una

comisión rogatoria, al objeto de tomar declaración en

Francia a una persona, respecto de unos hechos cuya

autoría se le imputa y que se ha negado por dos veces

a comparecer ante la Justicia española. Y ello, como

señala con acierto el Ministerio Fiscal, especialmente

si se tiene en cuenta que no se trataba de una instrucción

penal ordinaria, sino de decidir sobre la procedencia de

un recurso extraordinario de revisión, en el que se

pretende afectar a la eficacia de la cosa juzgada y en el

que es obligación de la parte que lo promueve la

aportación de los elementos de prueba suficientes para

acreditar de forma indubitada el error del fallo que se

pretende revisar, conforme a lo previsto en el art. 328.6

de la Ley procesal militar.

Ciertamente, en orden al esclarecimiento de la verdad

de los hechos y en aras de la exigencia de justicia,

fundamento último de la existencia del procedimiento de

revisión (SSTC 124/1984, de 18 de diciembre, FJ 6;

150/1997, de 29 de septiembre, FJ 5), el órgano judicial

puede ordenar la práctica de las diligencias que estime

pertinentes, solicitando la cooperación judicial necesaria

(art. 957 LECrim), si existen dudas razonables en el caso.

Y, dadas las dificultades probatorias existentes en casos

como el presente -por el tiempo transcurrido y las

circunstancias en que se produjo la Sentencia

condenatoria, que este Tribunal no puede enjuiciar directamente,

dado que la Constitución no tiene efectos retroactivos

y no es aplicable a los actos del poder anteriores a su

entrada en vigor (ATC 262/1990, de 18 de junio, FJ

único)- parece razonable exigir a los órganos judiciales

una aplicación e interpretación de las normas procesales

orientada a propiciar el esclarecimiento de la verdad

material, en aras de la justicia y de favorecer la tutela

del derecho fundamental al honor de quienes pudieron

haber sido condenados injustamente y de sus herederos

legítimos, evitando la indefensión de quienes

demandaban tutela jurisdiccional. Ahora bien, incluso desde

esta perspectiva, puede afirmarse que la Sala de lo Militar

del Tribunal Supremo actuó con toda la diligencia que

le era exigible, acordando inicialmente de oficio, y por

dos veces, la comparecencia de quien,

extraprocesalmente, se había confesado autor de los hechos

(declaración autoinculpatoria producida al margen del proceso

penal respecto de la que hemos afirmado que no es

causa bastante para poner en tela de juicio, ni siquiera

indiciariamente la corrección material de una resolución

judicial dotada de la fuerza de cosa juzgada, STC

92/1989, de 22 de mayo, FJ 3), sin que podamos afirmar

-desde la limitada perspectiva de control que

corresponde a este Tribunal- que resultaba

constitucionalmente exigible, además, solicitar una comisión rogatoria a

los efectos de que se tomara declaración a quien,

estando amparado por el derecho a no declarar contra sí

mismo y a no confesarse culpable (art. 24.2 CE), ya se había

negado en dos ocasiones a declarar en el proceso.

No cabe apreciar, por tanto, la indefensión alegada,

ni vulneración del derecho a la utilización de los medios

de prueba pertinentes para la defensa (art. 24.2 CE),

en relación con la decisión de no acordar la comisión

rogatoria para tomar declaración a don Sergio Hernández

en Francia.

6. Por lo que respecta a las restantes pruebas

propuestas, mediante escrito de 29 de septiembre de 1998,

los recurrentes solicitan que se cite como testigos a don

Octavio Alberola, don Luis Andrés Edo y don Vicente

Martí, solicitud que reiteran en un escrito de fecha 30

de noviembre. Posteriormente, mediante un escrito

registrado en el Tribunal Supremo el día 25 de noviembre,

se aporta una declaración firmada por don Octavio

Alberola, en calidad de dirigente de la organización Defensa

Interior, en la que afirma ser uno de los responsables

de la colocación de los artefactos explosivos, cuya

autoría atribuye a don Antonio Martín y a don Sergio

Hernández, solicitando que se le cite para declarar como

testigo. Igualmente, se interesa que se tome declaración

a una serie de personas encausadas y condenadas en

el mismo sumario en que lo fueron don Joaquín Delgado

y don Francisco Granados (a fin de que declaren sobre

si fueron sometidos a torturas y malos tratos) y que

se cite como testigo a un periodista, autor de un libro

sobre el caso Delgado-Granados, quien se habría

entrevistado con muchas personas en relación con tales

hechos. El citado escrito y los documentos aportados

son unidos a las actuaciones y, sin más trámite, se da

traslado al Fiscal -quien interesa la denegación de la

autorización solicitada- y se dicta el Auto de 3 de marzo

de 1999.

Pues bien, en el Auto de 3 de marzo de 1999, la

Sala argumenta que se trata de testimonios de personas

que no tuvieron intervención directa en los hechos, bien

porque se encontraban en el extranjero cuando tuvieron

lugar ("aun cuando hoy, después de tanto tiempo

transcurrido alguno como don Octavio Alberola se atribuya

haber sido organizador y planificador de un atentado

contra la persona del entonces Jefe del Estado y de

otros contra el orden público en España, proyectos

terroristas que, según dice, se entrecruzaron", analizando la

declaración firmada por el mismo que consta en las

actuaciones y destacando que incurre en

contradicciones con lo manifestado por don Antonio Martín, en

perjuicio de la credibilidad de ambos), bien porque aunque

tuvieran relación personal con los ejecutados y

condenados, su procesamiento no guardó relación alguna con

la colocación de las bombas, "viniendo a ser, por tanto,

únicamente testigos de referencia".

Por tanto, el Auto recurrido ofrece una motivación

de la denegación de la práctica de las pruebas

propuestas, basada en la escasa relevancia de las mismas, ya

que se trata bien de testigos de referencia, o de personas

que se atribuyen un papel en la organización y

planificación de los atentados, más de treinta años después

de sucedidos los hechos, y cuyas manifestaciones se

contradicen con lo expuesto por el único testigo que

ha comparecido. Una motivación que no puede

calificarse de arbitraria o irrazonable, máxime teniendo el

cuenta el tipo de procedimiento y el trámite procesal

en el que nos encontramos, sin que el carácter decisivo

de tales pruebas para la resolución final del pleito,

negada por el órgano judicial, haya quedado acreditada por

los recurrentes, como les correspondía, a lo largo del

presente proceso de amparo, en el que se limitan a

afirmar que la testifical propuesta era de importancia capital

para la resolución de la litis, ante la inexistencia de

pruebas materiales.

Siendo así, tampoco respecto de estas pruebas cabe

apreciar ni indefensión, ni vulneración del derecho a la

utilización de los medios de prueba pertinentes para la

defensa (art. 24.2 CE).

7. Finalmente, y por lo que respecta a la denegación

de la autorización para la interposición del recurso

excepcional de revisión, hemos de recordar que corresponde

en exclusiva a los órganos de la jurisdicción ordinaria

la valoración de las pruebas aportadas y la decisión de

si, a la vista de las mismas, concurría o no el motivo

de revisión invocado (SSTC 7/1981, de 30 de marzo,

FJ 5; AATC 549/1983, de 16 de noviembre, FJ 3;

113/1987, de 4 de febrero, FJ único; 119/2001, de

8 de mayo, FJ 1), sin que este Tribunal pueda revisar

tales decisiones como si de una nueva instancia judicial

se tratase. Nuestro control sobre tales decisiones ha de

llevarse a cabo desde la perspectiva del derecho a la

tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE,

cuyas garantías, al igual que las del proceso debido (art.

24.2 CE), alcanzan al recurso de revisión penal (SSTC

124/1984, de 18 de diciembre, FJ 3; 150/1997, de

20 de septiembre, FJ 3).

Desde esa perspectiva, ha de tenerse en cuenta que,

pese a que la Ley de enjuiciamiento criminal y la Ley

procesal militar califiquen la revisión como un recurso,

como afirmábamos en la STC 150/1997, de 29 de

septiembre, FJ 3, "en puridad, no estamos ante una

reivindicación relativa al acceso a los sucesivos recursos

-en la que el control que puede efectuar este Tribunal

es puramente el de la existencia de motivación y que

ésta no sea arbitraria (STC 137/1995)-, sino que se

trata más bien de una vía de impugnación autónoma

que, a los efectos del problema de constitucionalidad

que nos corresponde enjuiciar, se aproxima más a la

del acceso a la jurisdicción que a la del acceso a los

recursos". Por ello, el enjuiciamiento constitucional "no

debe limitarse a controlar la existencia de motivación

en la decisión de inadmisión y la razonabilidad de la

misma, sino que aquí opera el principio pro actione

``entendido... como la interdicción de aquellas decisiones

de inadmisión que por su rigorismo, por su formalismo

excesivo o por cualquier otra razón revelen una clara

desproporción entre los fines que aquellas causas

preservan y los intereses que sacrifican'' (STC 88/1997,

FJ 2)".

Por otra parte, en el juicio de proporcionalidad de

la decisión de impedir el acceso a la revisión, ha de

tenerse presente que "el recurso de revisión,

encaminado a la anulación de una Sentencia firme y que

significa, en consecuencia, una derogación al principio

preclusivo de la cosa juzgada, exigencia de la seguridad

jurídica, es por su propia naturaleza un recurso

extraordinario, históricamente asociado al derecho de gracia

y sometido a condiciones de interpretación estrictas. Sin

negar que, como tal recurso extraordinario obedezca a

las preocupaciones propias del art. 24 de la Constitución,

su existencia se presenta esencialmente como un

imperativo de la justicia, configurada por el art. 1.1 de la

Constitución, junto a la libertad, la igualdad y el

pluralismo político, como uno de los "valores superiores"

que propugna el Estado social y democrático de Derecho

en el que España, en su virtud, se constituye. Es una

exigencia de la justicia, tal y como la entiende el

legislador constituyente, estrechamente vinculada a la

dignidad humana y a la presunción de inocencia, por cuanto

el factor por el que resultó neutralizada está en la

Sentencia cuya revisión se pide, resulta a su vez anulado

por datos posteriores que la restablecen en su

incolumidad. Bien cabe afirmar que, dados los supuestos que

para su interposición se exigen, tal recurso,

independientemente de los ya existentes en el procedimiento

en aras del descubrimiento de la verdad penal y de la

consecución del fallo más adecuado, es un postulado

inexcusable de la justicia, por cuanto la circunstancia

que permite acudir a él implica un hecho o medio de

prueba que venga con posterioridad a evidenciar la

equivocación del fallo. Y el fin del proceso penal, como medio

para la fijación de la verdad de los hechos y de su

consiguiente tratamiento legal, no puede conducir a que

el efecto preclusivo de la Sentencia condenatoria pueda

prevalecer" (SSTC 124/1984, de 18 de diciembre,

FJ 6; 150/1997, de 29 de septiembre, FJ 5).

Igualmente hemos destacado que el recurso de

revisión penal está sometido, "como se desprende de una

consideración de Derecho comparado, a condiciones

variables, a modo de cautelas, tendentes a mantener

el necesario equilibrio entre las exigencias de la justicia

y de la seguridad jurídica" (STC 124/1984, de 18 de

diciembre, FJ 8; en el mismo sentido, STC 92/1989,

de 22 de mayo, FJ 2), entre las que, en nuestro

Ordenamiento, se encuentra la exigencia del trámite de

autorización previsto en el art. 957 LECrim, cuya finalidad

es, fundamentalmente, la preservación de la seguridad

jurídica que deriva de la intangibilidad de las Sentencias

firmes (STC 150/1997, de 29 de septiembre, FJ 5).

8. En el presente caso, teniendo en cuenta los

medios probatorios aportados por la parte promotora,

la actividad procesal desplegada por el órgano judicial

con carácter previo a la adopción de la decisión de

inadmisión y los razonamientos empleados en el Auto de

3 de marzo de 1999, no cabe afirmar que se haya

impedido el acceso a la revisión mediante una interpretación

excesivamente rigorista o formalista de la legalidad

procesal aplicable, que revele una desproporción entre los

fines que las causas de inadmisión preservan

(fundamentalmente, la seguridad jurídica) y los intereses que

sacrifican (el esclarecimiento de la verdad de los hechos,

en aras de la justicia, y la revisión de un fallo condenatorio

erróneo).

En efecto, solicitada la autorización para interponer

recurso de revisión al amparo del art. 328.6 de la Ley

procesal militar, conforme al cual habrá lugar al recurso

de revisión "cuando después de dictada sentencia

condenatoria se conociesen pruebas indubitadas suficientes

a evidenciar el error del fallo por ignorancia de las

mismas", el Tribunal interesa la remisión de la causa núm.

1118/63, que tiene presente, y ordena la práctica de

la declaración testifical de don Antonio Martín Bellido;

a la vista de las declaraciones de éste, intenta tomar

declaración a don Sergio Hernández, lo que no se

produce por causas no imputables al órgano judicial, que

actuó con la diligencia debida, sino por la decisión

personal del testigo, a quien, como es obvio, no se podía

obligar a declarar contra sí mismo y, finalmente, une

a las actuaciones un escrito de don Octavio Alberola.

A la vista de todo ello, el Auto recurrido en amparo

niega en forma extensa y muy razonada que existan

pruebas indubitadas que evidencien el error del fallo,

teniendo en cuenta no sólo las practicadas, sino también

las propuestas y no practicadas, que valora como

insuficientes para sostener la revisión. Así, se analiza el

testimonio de don Antonio Martín Bellido y sus

manifes

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

taciones por escrito (afirmando que incurre en

contradicciones y recordando que en su declaración reconoció

carecer de cualquier medio objetivo de prueba que

acredite la veracidad de sus manifestaciones); la no

comparecencia como testigo de don Sergio Hernández, a

quien el declarante atribuye la colocación de las bombas,

pese a haberse fijado dos veces fecha y hora para ello,

argumentando que "tiene miedo de la justicia española";

las manifestaciones vertidas en un escrito firmado por

don Octavio Alberola, que se atribuye el papel de

organizador de los atentados, pero que estaba en el extranjero

cuando tuvieron lugar y que incurre en contradicciones

con lo manifestado por don Antonio Martín Bellido, "en

perjuicio de la credibilidad de ambos"; que ninguno de

los otros testigos propuestos tuvo intervención directa

en los hechos, siendo los coencausados con los Sres.

Granados y Delgado meros testigos de referencia, "de

escaso valor después del largo tiempo transcurrido" y,

finalmente, la inexistencia de medios objetivos de prueba

que apoye las declaraciones testificales "prestadas o

pretendidas".

Por tanto, ante la inexistencia de cualquier medio

objetivo de prueba que acredite la veracidad de las

declaraciones de los testigos (lo cual es reconocido por los

propios demandantes de amparo y por el testigo que

se atribuye su participación en los hechos) y la escasa

virtualidad probatoria de la testifical ofrecida (valoración

que sólo al órgano judicial compete y que fundamenta

en el hecho de que se trata de testimonios prestados

treinta y cinco años después de que ocurrieran los

hechos y en los que se detectan contradicciones que

menoscaban su credibilidad), la decisión de no admitir

el recurso de revisión no puede calificarse de

desproporcionada, sino que se funda en una correcta

ponderación entre los diversos intereses en juego, por lo que

no puede valorarse como lesiva del derecho a la tutela

judicial efectiva (art. 24.1 CE).

9. Conforme a los fundamentos de Derecho

transcritos entendemos que el fallo de la Sentencia debió,

además de declarar inadmisible el recurso de amparo

en cuanto a doña Françoise Delgado, desestimar el

recurso formulado en cuanto a doña Pilar Vaquerizo y don

Francisco Delgado.

En tal sentido, reiterando nuestro máximo respeto

a la Sentencia mayoritaria, firmamos este Voto particular

en Madrid, a trece de julio de dos mil cuatro.-Roberto

García-Calvo y Montiel.-Jorge Rodríguez-Zapata

Pérez.-Firmado y rubricado.

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