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Documento BOE-T-2002-15991

Sala Primera. Sentencia 153/2002, de 15 de julio de 2002. Recurso de amparo 6868-2000. Promovido por Amarilla Golf and Country Club, S. A., frente a las resoluciones del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Santa Cruz de Tenerife y del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, que inadmitieron su demanda contra el Cabildo Insular de Tenerife sobre sanción urbanística. Supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a la justicia): inadmisión de recurso contencioso-administrativo por insuficiencia del poder de representación procesal, que no fue subsanada.

Publicado en:
«BOE» núm. 188, de 7 de agosto de 2002, páginas 46 a 50 (5 págs.)
Sección:
T.C. Suplemento del Tribunal Constitucional
Departamento:
Tribunal Constitucional
Referencia:
BOE-T-2002-15991

TEXTO ORIGINAL

La Sala Primera del Tribunal Constitucional,

compuesta por don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera,

Presidente, don Pablo García Manzano, doña María Emilia

Casas Baamonde, don Javier Delgado Barrio y don

Roberto García-Calvo y Montiel, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 6868-2000, promovido

por la entidad Amarilla Golf and Country Club, S.A.,

representada por la Procuradora de los Tribunales doña

Mercedes Blanco Fernández y asistida por el Abogado don

Juan José Rodríguez Martínez, contra el Auto dictado

por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Canarias, de 24 de noviembre

de 2000, que desestima el recurso de apelación contra

el Auto del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo

núm. 1 de Santa Cruz de Tenerife, de 3 de julio de 2000,

que su vez desestima el recurso de súplica frente al

Auto dictado por el mismo Juzgado, de fecha 5 de mayo

de 2000, recaído en el procedimiento ordinario núm.

825/99, por el que se acuerda el archivo del recurso

contencioso-administrativo. Han intervenido el Ministerio

Fiscal y el Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,

representado y asistido por doña María Isabel Cubas Marrero,

Letrada del Servicio de defensa jurídica y cooperación

jurídica municipal del mismo. Ha sido Ponente la

Magistrada doña María Emilia Casas Baamonde, quien expresa

el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Por escrito presentado en el Juzgado de guardia

el día 26 de diciembre de 2000, registrado en este

Tribunal el 29 de diciembre siguiente, doña Mercedes

Blanco Fernández, Procuradora de los Tribunales, en nombre

y representación de la entidad Amarilla Golf and Country

Club, S.A., interpuso recurso de amparo contra la

resolución judicial citada en el encabezamiento.

2. Los hechos de los que trae causa la demanda

de amparo y relevantes para la resolución del caso son

los siguientes:

a) El Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de

Santa Cruz de Tenerife, don Juan José Rodríguez

Martínez, en nombre de don Antonio Tavio Peña, como

administrador único de la entidad Amarilla Golf and Country

Club, S.A., aquí demandante de amparo, interpuso

recurso contencioso-administrativo contra el Decreto del

Presidente del Cabildo Insular de Tenerife, de 31 de agosto

de 1996, en virtud del cual se impuso a la actora una

sanción de 5.250.002 pesetas como responsable de la

infracción urbanística consistente en el incumplimiento

de los plazos de ejecución previstos en un Plan parcial

del término municipal de San Miguel de Abona. El

recurso fue registrado en el Juzgado de lo

ContenciosoAdministrativo núm. 1 de Santa Cruz de Tenerife como

procedimiento ordinario con el núm. 825/99.

b) Mediante providencia de 20 de octubre de 1999,

el Juzgado tuvo por interpuesto el recurso, y apreciando

la existencia de un defecto subsanable requirió al Letrado

para que en el plazo de diez días acreditase la

representación procesal, con apercibimiento de archivo de

las actuaciones. Dicha resolución se remitió por correo

al domicilio indicado en el escrito de interposición del

recurso y también al que figuraba en el expediente

administrativo, y fue devuelto por el servicio de correos.

c) Por escrito de 24 de enero de 2000, el Letrado

aportó a los autos copia de un poder general para pleitos,

otorgado el 7 de julio de 1994 por don Antonio Tavio

Peña, en su propio nombre y derecho, a favor de los

Procuradores de los Tribunales doña Carmen Blanca

Orive Rodríguez, don Leopoldo Pastor Llanera y doña

Mercedes Blanco Fernández.

El día 27 de enero de 2000 se dictó nueva providencia

requiriendo al Letrado para "que en el plazo de diez

días acredite fehacientemente la representación que dice

ostentar de Amarilla Golf and Country Club, S.A., e

indique dirección concreta de recepción de notificaciones,

para que no sean devueltas". Dicha providencia se

notificó por correo en el domicilio anterior, donde se recibió

el 3 de febrero de 2000.

Por escrito de 15 de febrero de 2000, el Letrado

presentó en el Juzgado, para unir al recurso núm.

835/99, una escritura de sustitución de poder otorgada

ante Notario por la Procuradora de los Tribunales doña

Carmen Blanca Orive Rodríguez a favor de doña

Mercedes Blanco Fernández, Procuradora de los Tribunales

de Madrid, y del Abogado don Juan José Rodríguez

Martínez, para que cualquiera de ellos pudiera actuar en

nombre y representación de don Antonio Tavio Peña,

como administrador de la entidad Amarilla Golf and

Country Club, S.A. En la escritura se dice que doña

Carmen Blanca Orive Rodríguez interviene en nombre y

representación de don Antonio Tavio Peña, como

administrador de la entidad Amarilla Golf and Country Club,

S.A., "lo que acreditará donde proceda".

d) El 5 de mayo de 2000 el Juzgado dictó Auto

acodando el archivo de las actuaciones por no haberse

subsanado en plazo el defecto advertido en la resolución

de 20 de octubre de 1999, consistente en acreditar

la mencionada representación procesal. Dicho Auto fue

notificado en el mismo domicilio.

e) Contra la anterior resolución se interpuso recurso

de súplica, alegando que por error mecanográfico el

poder otorgado se había unido a los autos del recurso

núm. 835/99 del mismo Juzgado, por lo que se

interesaba el desglose de aquél y su unión a los autos del

recurso núm. 825/99, solicitando asimismo que se

dejara sin efecto el Auto recurrido para continuar el

procedimiento.

El recurso fue desestimado por Auto de 3 de julio

de 2000, donde se declara que en la copia de la escritura

de sustitución de poder otorgada por la Procuradora

doña Carmen Blanca Orive Rodríguez a favor de la

Procuradora doña Mercedes Blanco Fernández y del Letrado

don Juan José Rodríguez Martínez, la Sra. Orive

Rodríguez decía actuar en nombre y representación de don

Antonio Tavio Peña, como administrador de la entidad

Amarilla Golf and Country Club, S.A., pero sin acreditar

tal representación ante el propio Notario. De ahí que

para considerar válida la sustitución de poder notarial

a favor del Letrado, antes debió acreditarse ante el

Juzgado que la Procuradora doña Carmen Blanca Orive

Rodríguez era realmente la representante de Amarilla

Golf and Country Club, S.A., lo que no se demostró y

por ello no puede considerarse probado que aquélla

apoderó a su vez al Letrado.

f) Contra el Auto anterior, don Juan José Rodríguez

Martínez interpuso recurso de apelación, alegando

vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial

efectiva, el cual fue desestimado por Auto de la Sala

de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior

de Justicia de Canarias, de 24 de noviembre de 2000.

En dicha resolución se declara que el recurrente subsanó

el defecto de postulación una vez aclarado el error

numérico de los autos, pero ello no desvirtuó el

pronunciamiento de archivo por parte del Juzgado. Y ello porque

si bien la Procuradora doña Carmen Blanca Orive

Rodríguez otorgó poder de sustitución a favor del Letrado

en base al apoderamiento que a su vez le confirió el

Sr. Tavío Peña, en su calidad de representante y

administrador de entidad Amarilla Golf and Country Club, S.A.,

en ningún momento se acreditó documentalmente ese

carácter que el Sr. Tavío Peña afirmaba tener, razón por

la cual no puede ser válido el apoderamiento que la

Procuradora da al Letrado, y por ello no puede

entenderse subsanado el defecto de postulación.

3. En la demanda de amparo se alega vulneración

del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión

(art. 24 CE) por cuanto la resolución recurrida, el Auto

de 24 de noviembre de 2000 de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia

de Canarias, realizó una interpretación de las normas

procesales que se aleja de la doctrina sentada en la

jurisprudencia constitucional sobre subsanación de

vicios procesales, impidiendo a la entidad recurrente el

acceso al proceso. Se aduce que en un primer momento

el Juzgado requirió a la entidad demandante para que

el Letrado acreditase la representación procesal de

aquélla, y se aportó el poder notarial de representación

procesal en el cual la Procuradora doña Carmen Blanca

Orive Rodríguez procedía a sustituir la representación

de la entidad a favor del Letrado. A pesar de ello, el

Auto aquí recurrido no admitió tal representación al

estimar que la citada Procuradora no había acreditado en

la escritura la representación de don Antonio Tavio Peña

en tanto que administrador de la entidad y por ello se

archivó el recurso contencioso-administrativo.

Alega la demandante que dicha actuación infringe

el deber de congruencia entre el defecto puesto de

relieve al recurrente y el que finalmente se aprecia de oficio

para decidir la inadmisión puesto que el Juzgado requirió

al Letrado para que acreditara la representación que

ostentaba en el recurso contencioso-administrativo, y sin

embargo mandó archivar las actuaciones por entender

que no era suficiente el poder general para pleitos

aportado, pues era necesaria además la acreditación de que

el Sr. Tavio Peña era el administrador de la entidad

mercantil. Se vulneró pues el derecho a la tutela judicial

efectiva, y por ello se solicita el otorgamiento del amparo

y la anulación de la resolución impugnada, declarando

el derecho de la recurrente a obtener una Sentencia

de fondo fundada en Derecho.

4. Por providencia de 2 de julio de 2001 la Sección

Segunda de este Tribunal acordó la admisión a trámite

de la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto

en el art. 51 LOTC, dirigió atenta comunicación a los

órganos judiciales para que remitieran certificación

adverada de las actuaciones y emplazaran a quienes hubieran

sido parte en el procedimiento, excepto a la demandante

de amparo, a fin de que en el término de diez días

pudie

ran comparecer en este proceso y formular las

alegaciones pertinentes.

5. Por escrito registrado el 27 de julio de 2001,

la Letrada del Servicio de defensa jurídica y cooperación

jurídica municipal del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,

doña María Isabel Cubas Marrero, se personó en el

proceso de amparo, solicitando que se entendieran con ella

las actuaciones sucesivas.

6. Por providencia de 16 de noviembre de 2001,

la Sección Segunda de este Tribunal acordó tener por

personada y parte en el procedimiento a la Letrada del

Servicio de defensa jurídica y cooperación jurídica

municipal del Cabildo Insular de Tenerife, doña María Isabel

Cubas Marrero, en nombre y representación del Excmo.

Cabildo Insular, y dar vista de las actuaciones recibidas,

por un plazo común de veinte días, a las partes

personadas y al Ministerio Fiscal para que, de conformidad

con el art. 52.1 LOTC, presentaran las alegaciones

pertinentes.

7. En su escrito de alegaciones registrado el 14 de

diciembre de 2001, la recurrente reproduce

esencialmente las vertidas en el recurso de amparo, insistiendo

en que la resolución recurrida vulnera su derecho a la

tutela judicial efectiva (art. 24 CE), en su vertiente de

acceso a la jurisdicción, al decidir mediante una

interpretación rigorista no tener por subsanada la

representación procesal por considerar que en la escritura de

sustitución de poder otorgada por la Procuradora doña

Carmen Blanca Orive Rodríguez no se acreditó la

representación que aquélla ostentaba de don Antonio Tavio

Peña como administrador de la entidad demandante de

amparo. Añade la recurrente que la subsanación exigida

por el Juzgado no fue congruente con la causa por la

que finalmente se archivó el recurso

contencioso-administrativo, en contra de lo establecido por la

jurisprudencia constitucional, que distingue el poder de

postulación de la condición de administrador de una entidad

mercantil, invocando para ello la STC 79/1997.

8. En las alegaciones presentadas el 18 de

diciembre de 2001 por doña María Isabel Cubas Marrero, en

representación del Excmo. Cabildo Insular de Tenerife,

se afirma que la actuación de los órganos judiciales no

vulneró en este caso el derecho a la tutela judicial

efectiva de la recurrente, puesto que fue ajustada a Derecho

(art. 45.3 de la Ley 29/1998 y art. 113.3 LOPJ), ya

que archivó el recurso contencioso-administrativo por

no haber subsanado aquélla en debida forma y tiempo

el defecto señalado en su momento por el Juzgado. A

su juicio, no ha existido la denunciada incongruencia

entre el defecto puesto de relieve por el órgano

jurisdiccional y aquél que finalmente se aprecia de oficio

para decidir la inadmisión, puesto que se trata del mismo

defecto formal. No es por ello trasladable a este caso

la STC 79/1997, invocada por la demandante, por versar

aquélla sobre un supuesto de hecho distinto ya que allí

el defecto que se puso de relieve fue la postulación,

mientras el defecto que ha dado lugar a la inadmisión

en este caso ha sido la no aportación de la decisión

de litigar de la persona jurídica otorgante del poder.

Concluye dicha representación argumentando que habiendo

podido subsanar en debida forma dentro de los diez

días el defecto formal puesto de manifiesto por el órgano

judicial, la recurrente no lo hizo debido a su negligente

actuación, y por ello el amparo debe ser desestimado.

9. El Ministerio Fiscal presentó su escrito de

alegaciones el 19 de diciembre de 2001 interesando la

desestimación del recurso de amparo. A su juicio, las

actuaciones judiciales ponen de manifiesto que no ha

existido en este caso lesión del derecho a la tutela judicial

efectiva, puesto que los órganos judiciales, aparte de

haber concedido dos posibilidades de subsanación, han

dado una respuesta razonada y fundada en Derecho

acerca de los requisitos que ha de ostentar un poder cuando

el recurrente es una persona jurídica: que quien afirma

ser su representante lo acredite fehacientemente y que

quede asimismo acreditada la cadena de poderes

sustitutorios, lo que a su juicio no se ha producido. El hecho

de que el Juzgado habilitara varios trámites de

subsanación no genera un derecho ni una expectativa a

ulteriores requerimientos, ni es trasladable a este caso lo

resuelto por la STC 79/1997, por tratarse de un

supuesto totalmente distinto al presente. Concluye por ello que

es únicamente imputable a la parte, o a su defensa,

la falta de acreditación en tiempo y forma de la

representación que decía ostentar, subsanando el defecto

observado por el Juzgado, y, en consecuencia, no cabe

atribuir a los órganos judiciales la lesión del derecho

a la tutela judicial efectiva.

10. Por providencia de 11 de julio de 2002, se

señaló para deliberación y votación de la presente Sentencia

el día 15 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. La cuestión planteada en el presente recurso de

amparo consiste en determinar si el archivo del recurso

contencioso-administrativo interpuesto en su día por la

actora ha vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva

al impedir su acceso al proceso por un defecto de

postulación subsanable. Como ha quedado reflejado en los

antecedentes de esta Sentencia, el Letrado don Juan

José Rodríguez Martínez, en nombre de don Antonio

Tavio Peña, como administrador único de la entidad

recurrente, interpuso recurso contencioso-administrativo

que fue registrado en el Juzgado de lo

Contencioso-Administrativo núm. 1 de Santa Cruz de Tenerife. Mediante

Auto de 5 de mayo de 2000, el Juzgado acordó su

archivo por no haberse subsanado el defecto advertido

en las anteriores providencias de 20 de octubre de 1999

y de 27 de enero de 2000, consistente en no acreditar

el Letrado la representación procesal de la entidad.

Recurrido el citado Auto en súplica, el posterior Auto

de 3 de julio de 2000 lo confirmó al considerar que

la escritura aportada por el Letrado no acreditaba tal

extremo, pues se trataba de una escritura de sustitución

de poder otorgada por la Procuradora doña Carmen

Blanca Orive Rodríguez a favor del Letrado en la que aquélla

decía actuar en nombre y representación de don Antonio

Tavio Peña, como administrador de la entidad recurrente,

sin probar documentalmente ese carácter.

Finalmente, el Letrado Sr. Rodríguez Martínez

interpuso recurso de apelación frente a la anterior resolución,

que fue desestimado por Auto de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia,

de 24 de noviembre de 2000, el cual constituye

formalmente el objeto del presente recurso de amparo.

Se alega en la demanda de amparo que la resolución

recurrida llevó a cabo una interpretación de las normas

procesales contraria a la subsanación de vicios

procesales sanables, tal como ha sido configurada por la

jurisprudencia constitucional. Y ello porque el Juzgado

requirió al Letrado para que acreditara la representación

procesal respecto de la entidad recurrente, y, sin embargo,

archivó el recurso por considerar que la escritura

aportada no acreditaba que el Sr. Tavío Peña fuera el

administrador de la entidad, infringiendo de este modo el

deber de congruencia que debe existir entre el defecto

puesto de relieve por el órgano judicial y el que

finalmente éste aprecia de oficio para decidir la inadmisión,

lo cual implica una vulneración del derecho a la tutela

judicial efectiva.

Para la representación procesal del Cabildo Insular

de Tenerife, personado en este proceso de amparo, la

demanda debe desestimarse puesto que los órganos

judiciales no vulneraron el derecho a la tutela judicial efectiva

de la recurrente en amparo, ya que su actuación fue

ajustada a Derecho (art. 45.3 LJCA 1998 y art. 113.3

LOPJ). Según su alegato, no existió la denunciada

incongruencia entre el defecto puesto de relieve a la parte

por el Juzgado y aquél que se apreció de oficio para

decidir el archivo del recurso, sin que se pueda trasladar

al caso nuestra STC 79/1997, de 21 de abril, invocada

por la entidad demandante, puesto que en el caso

resuelto por aquélla el defecto advertido fue la postulación,

mientras que en este caso el defecto que condujo a

la inadmisión fue la no aportación de la decisión de litigar

de la entidad otorgante del poder. Siendo así, la

demandante pudo subsanar de forma debida y en plazo el

defecto puesto de relieve por el Juzgado, y no lo hizo debido

a su actuación negligente.

El Ministerio Fiscal, por su parte, interesa también

la desestimación del recurso de amparo, porque

considera que, a la vista de las actuaciones, no ha existido

lesión del derecho a la tutela judicial efectiva dado que

los órganos judiciales dieron respuesta razonada y

fundada acerca de los requisitos que debía ostentar el poder

del recurrente al tratarse de una persona jurídica,

ofreciendo a la defensa varias posibilidades de subsanar la

falta de acreditación que decía ostentar, sin que aquélla

lo hiciera por razones únicamente imputables a la parte.

2. Delimitada la cuestión suscitada en este proceso,

debemos iniciar su examen recordando la reiterada

doctrina constitucional según la cual el derecho a la tutela

judicial efectiva que consagra el art. 24.1 CE no garantiza

el derecho a un pronunciamiento de fondo sobre la

cuestión planteada a los órganos judiciales, siendo posible

una decisión de inadmisión siempre que esta respuesta

sea la aplicación razonada y proporcionada de una causa

legal en la que se prevea esta consecuencia. De igual

modo hemos sostenido que la interpretación de los

requisitos procesales es una cuestión que, en principio, es

de estricta legalidad y por ello, como regla general,

corresponde en exclusiva a los Jueces y Tribunales en

el ejercicio de su función jurisdiccional (art. 117.3 CE).

No obstante, hemos afirmado también que esta regla

tiene excepciones y por ello hemos admitido que, en

determinadas circunstancias, tal cuestión puede adquirir

relevancia constitucional. En concreto, en los supuestos

de acceso a la jurisdicción, que es el caso que ahora

se plantea, hemos mantenido que las decisiones de

inadmisión que incurran en error patente, sean arbitrarias,

manifiestamente irrazonables, excesivamente

formalistas o desproporcionadas deben considerarse contrarias

al derecho fundamental que consagra el art. 24.1 CE.

Debe tenerse en cuenta que, como reiteradamente ha

señalado este Tribunal, el principio pro actione actúa

de forma más intensa en la fase de acceso a la

jurisdicción que en aquellos supuestos en los que se haya

obtenido una primera respuesta judicial. De ahí que en

el presente caso este principio obligue a los órganos

judiciales a interpretar los requisitos procesales de forma

que impida que determinados entendimientos y

aplicaciones de los mismos eliminen u obstaculicen

desproporcionadamente el derecho a que un órgano judicial

conozca y resuelva en Derecho sobre la pretensión a

él sometida, sin que ello suponga, como también ha

señalado este Tribunal, que deba necesariamente

seleccionar la interpretación más favorable a la admisión de

entre todas las posibles, como pudiera deducirse de su

ambigua denominación (SSTC 38/1998, de 18 de

febrero, FJ 2; 207/1998, de 26 de octubre, FJ 3; 35/1999,

de 22 de marzo, FJ 4; 63/1999, de 26 de abril, FJ 2;

78/1999, de 26 de abril, FJ 2; y 122/1999, de 28

de junio, FJ 2; AATC 16/2000, de 17 de enero, FJ 2;

y 72/2002, de 8 de abril, FJ 2).

Por otra parte, debe indicarse también que para que

las decisiones de inadmisión por falta de cumplimiento

de los requisitos procesales sean acordes con el derecho

a la tutela judicial efectiva es preciso, además, que el

requisito incumplido, teniendo en cuenta las

circunstancias concurrentes en el supuesto planteado, no sea

susceptible de subsanación o que, siéndolo, el actor no haya

hecho un uso correcto de tal posibilidad (en el mismo

sentido, entre otras muchas, STC 122/1999, de 28 de

junio, FJ 2).

3. En relación a este concreto aspecto del derecho

a la tutela judicial efectiva, hemos sostenido en una

reiterada doctrina que los órganos judiciales deben

ponderar la entidad real de los defectos que advierten en

los actos procesales de las partes en relación con el

cierre del proceso y el acceso a la jurisdicción, guardando

la debida proporcionalidad entre el defecto apreciado

y la sanción que debe acarrear, y procurar, siempre que

sea posible, su subsanación, al objeto de favorecer la

conservación de la eficacia de los actos procesales y

del proceso, como un instrumento para alcanzar la

efectividad de la tutela judicial. En dicha ponderación debe

atenderse a la entidad del defecto y a su incidencia en

la consecución de la finalidad perseguida por la norma

infringida y a su trascendencia para las garantías

procesales de las demás partes del proceso, así como a

la voluntad y grado de diligencia procesal apreciada en

la parte en orden al cumplimiento del requisito procesal

incumplido o irregularmente observado (SSTC 87/1986,

de 27 de junio, FJ 3; 117/1986, de 13 de octubre,

FJ 2; 33/1990, de 26 de febrero, FJ 3; 331/1994,

de 19 de diciembre, FJ 2; 145/1998, de 30 de junio,

FJ 2; 35/1999, de 22 de marzo, FJ 4; 195/1999, de

25 de octubre, FJ 2; 193/2000, de 18 de julio, FJ 3;

y 285/2000, de 27 de noviembre, FJ 4).

Si el órgano judicial no hace posible la subsanación

del defecto procesal que pudiera considerarse como

subsanable, o impone un rigor en las exigencias formales

más allá de la finalidad a que las mismas responden,

la resolución judicial que cierre la vía del proceso, e

impida el acceso al mismo, será incompatible con la

efectividad del derecho a la tutela judicial ya que los

presupuestos y requisitos formales no son valores

autónomos que tengan sustantividad propia, sino que son

instrumentos para conseguir una finalidad legítima, con

la consecuencia de que, si aquella finalidad puede ser

lograda sin detrimento de otros bienes o derechos dignos

de tutela, debe procederse a la subsanación del defecto

(SSTC 92/1990, de 23 de mayo, FJ 2; 213/1990, de

20 de diciembre, FJ 2; 172/1995, de 21 de noviembre,

FJ 2; 285/2000, de 27 de noviembre, FJ 4; 79/2001,

de 26 de marzo, FJ 6; y 205/2001, de 15 de octubre,

FJ 4).

Así pues, la necesidad de dar ocasión a la subsanación

del defecto advertido, cuando éste, atendida la ratio de

su exigencia procesal, sea susceptible aún de reparación

sin menoscabo de la regularidad del procedimiento y

sin daño de la posición de la parte adversa, y siempre

que, en definitiva, no sea de apreciar una posición

negligente o contumaz en el recurrente, depende, pues, no

de la existencia de previsiones legislativas específicas

en cada procedimiento, sino del contenido normativo

del mismo art. 24.1 CE, regla esta que, según se acaba

de recordar, impone al Juzgador un deber de favorecer

la defensa de los derechos e intereses cuya tutela ante

él se reclame, sin denegar dicha protección mediante

la aplicación desproporcionada de las normas procesales

que prevén una resolución de inadmisión o de eficacia

equiparable (STC 285/2000, de 27 de noviembre, FJ 4).

Por lo que se refiere en concreto a los defectos

advertidos en el requisito de postulación o representación

procesal de las partes, que es el tema planteado en el

presente recurso de amparo, este Tribunal ha mantenido

siempre de forma indubitada que la falta de acreditación

de la representación procesal es subsanable si el defecto

se reduce a esta mera formalidad, y siempre que tal

subsanación sea posible, de modo que en tales

supuestos debe conferirse a las partes la posibilidad de

subsanación antes de impedirles el acceso al proceso o

al recurso legalmente previsto (SSTC 123/1983, de 16

de diciembre; 163/1985, de 2 de diciembre; 132/1987,

de 21 de julio; 174/1988, de 3 de octubre; 92/1990,

de 23 de mayo; 213/1990, de 20 de diciembre;

133/1991, de 17 de junio; 104/1997, de 2 de junio;

67/1999, de 26 de abril, FJ 5; 195/1999, de 25 de

octubre, FJ 2; 285/2000, de 27 de noviembre, FJ 4;

y 205/2001, de 15 de octubre, FJ 4).

4. En el presente caso, según resulta de las

actuaciones judiciales, el Letrado don Juan José Rodríguez

Martínez interpuso recurso contencioso-administrativo

en nombre de don Antonio Tavio Peña, en su calidad

de administrador único de la entidad Amarilla Golf and

Country Club, S.A., demandante de amparo. El Juzgado

dictó una primera providencia, de 20 de octubre de

1999, en la que tuvo por interpuesto el recurso, y

advirtiendo que no se había acreditado la representación

procesal, requirió al Letrado para que subsanara tal defecto.

Aportada copia de un poder general para pleitos

otorgado por don Antonio Tavio Peña, en su propio nombre

y derecho, a favor de los Procuradores de los Tribunales

doña Carmen Blanca Orive Rodríguez, don Leopoldo

Pastor Llanera y doña Mercedes Blanco Fernández, se dictó

nueva providencia de 27 de enero de 2000, notificada

el 3 de febrero siguiente, requiriendo por segunda vez

al Letrado para que en el plazo de diez días acreditara

fehacientemente "la representación que dice ostentar

de Amarilla Golf and Country Club, S.A.". El día 15 de

febrero de 2000 el Letrado presentó una nueva escritura

que por error mecanográfico se unió a otro recurso del

mismo Juzgado (núm. 835/99), y mediante Auto de

5 de mayo de 2000 el Juzgado acordó el archivo de

las actuaciones por no haberse subsanado en plazo el

defecto advertido. Recurrido en súplica el anterior Auto,

el Juzgado aceptó unir el mencionado escrito al recurso

correspondiente (núm. 825/99), pero confirmó la

resolución recurrida al entender que mediante el nuevo

escrito el Letrado no acreditaba la representación procesal

de la entidad recurrente. Y ello porque se trataba de

una escritura de sustitución de poder otorgada por la

Procuradora doña Carmen Blanca Orive Rodríguez a

favor del Letrado y de otra Procuradora, en la que aquélla

decía actuar en nombre y representación de don Antonio

Tavio Peña, como administrador de la entidad, "lo que

acreditará donde proceda". Estimó el Juzgado que para

considerar válida la sustitución de poder notarial a favor

del Letrado antes debió acreditarse ante el mismo

Juzgado que la Procuradora doña Carmen Blanca Orive

Rodríguez era realmente la representante de la entidad,

lo que no se demostró y por ello no se consideró probado

que aquélla apoderó a su vez al Letrado.

De lo anterior resulta que por dos veces el Juzgado

advirtió a la defensa de la entidad recurrente de un

defecto subsanable, a saber, la falta de acreditación de la

representación que decía ostentar el Letrado actuante

respecto de dicha entidad; y que en las dos ocasiones

no se utilizó correctamente la posibilidad de subsanación

ofrecida por el órgano judicial: en la primera se aportó

un poder otorgado por el Sr. Tavio Peña, en su propio

nombre, a favor de la Procuradora Sra. Orive Rodríguez,

mientras en la segunda se aportó una nueva escritura

que, por error de la parte, se adjuntó a otro recurso

del mismo Juzgado. A pesar de ello, el órgano judicial

la examinó al resolver el recurso de súplica, concluyendo

que no era apta para acreditar la representación

requerida, por las razones transcritas. Es obvio, pues, que el

órgano judicial hizo posible la subsanación del defecto

procesal puesto de manifiesto a la parte en reiteradas

ocasiones, y es asimismo evidente la falta de diligencia

procesal de la demandante de amparo, y sobre todo

de su representación procesal, en orden al cumplimiento

del mismo.

5. Se alega en la demanda que el Juzgado infringió

el deber de congruencia entre el defecto puesto de

manifiesto a la parte y aquél que se apreció para decidir

el archivo, señalando la distinción entre poder de

postulación y la condición de administrador mercantil, con

invocación de nuestra STC 79/1997, de 21 de abril.

Sin embargo, como observa el Ministerio Fiscal, la

citada Sentencia resolvió un caso distinto al ahora

planteado, en el que sí hubo incongruencia entre el defecto

advertido por el órgano judicial, la postulación, y el

defecto que dio lugar a la inadmisión, la falta de acreditación

de la decisión de recurrir por parte del sindicato

otorgante del poder. En este caso, por el contrario, el Juzgado

advirtió a la defensa de la actora de un defecto

consistente en no acreditar fehacientemente la

representación procesal del Letrado respecto de la entidad

recurrente (providencias de 20 de octubre de 1999 y

de 27 de enero de 2000), ofreciendo dos oportunidades

para subsanarlo, y decidió el archivo del recurso

contencioso-administrativo por no haberse demostrado

dicha representación (Auto de 3 de julio de 2000,

confirmado en apelación por el Auto de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia

aquí impugnado), respetando, pues, la congruencia

exigida por el art. 24.1 CE.

Los anteriores razonamientos permiten concluir que

las resoluciones impugnadas han permitido la

subsanación de un defecto procesal advertido en dos ocasiones

a la defensa de la recurrente. Por ello, hemos de concluir

que el archivo del recurso no vulneró su derecho a la

tutela judicial efectiva que, como hemos declarado

reiteradamente, en ningún caso puede amparar actitudes

carentes de la diligencia debida por parte del interesado

(SSTC 195/1999, de 25 de octubre, FJ 2; y 205/2001,

de 15 de octubre, FJ 5). En consecuencia, deben ser

desestimadas las quejas vertidas en la demanda,

denegando el amparo solicitado.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal

Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN

DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Denegar el amparo solicitado.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del

Estado".

Dada en Madrid, a quince de julio de dos mil dos.

-Manuel Jiménez de Parga y Cabrera.-Pablo García

Manzano.-María Emilia Casas Baamonde.-Javier Delgado

Barrio.-Roberto García-Calvo y Montiel.-Firmado y

rubricado.

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