Está Vd. en

Documento BOE-T-2001-5181

Pleno. Sentencia 47/2001, de 15 de febrero de 2001. Recursos de amparo acumulados 4204/96 y 3042/97. Promovidos por don Carlos Arrieta Martínez de Pisón y doña Elisa Martínez de Miguel frente a las Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que desestimaron sus demandas contra la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por el IRPF de 1993 y 1994. Supuesta vulneración de los derechos a la igualdad, a la intimidad, a la legalidad penal y a la tutela judicial efectiva (motivación): declaración conjunta en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los matrimonios con hijos, en contraste con las parejas de hecho.

Publicado en:
«BOE» núm. 65, de 16 de marzo de 2001, páginas 94 a 110 (17 págs.)
Sección:
T.C. Suplemento del Tribunal Constitucional
Departamento:
Tribunal Constitucional
Referencia:
BOE-T-2001-5181

TEXTO ORIGINAL

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por

don Pedro Cruz Villalón, Presidente, don Carles Viver

Pi-Sunyer, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio

Diego González Campos, don Manuel Jiménez de Parga

y Cabrera, don Tomás S. Vives Antón, don Pablo García

Manzano, don Pablo Cachón Villar, don Fernando Garrido

Falla, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Guillermo

Jiménez Sánchez y doña María Emilia Casas Baamonde,

Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En los recursos de amparo acumulados núms.

4204/96 y 3042/97, promovidos por don Carlos Arrieta

Martínez de Pisón y doña Elisa Martínez de Miguel,

ambos Licenciados en Derecho, en nombre propio,

contra las Sentencias de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

(Secciones Octava y Novena), de 23 de octubre de 1996

y 7 de marzo de 1997, recaídas en los recursos

contencioso-administrativos núms. 1190/96 y 815/96,

respectivamente. Han comparecido el Ministerio Fiscal y

el Abogado del Estado. Ha sido Ponente el Presidente

don Pedro Cruz Villalón, quien expresa el parecer del

Tribunal.

I. Antecedentes

1. Mediante escritos registrados en este Tribunal

los días 20 de noviembre de 1996 y 10 de julio de

1997, don Carlos Arrieta Martínez de Pisón y doña Elisa

Martínez de Miguel, ambos Licenciados en Derecho, en

nombre propio, interpusieron sendos recursos de amparo

contra las Sentencias de 23 de octubre de 1996 y 7

de marzo de 1997 de las Secciones Octava y Novena

de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Madrid, recaídas,

respectivamente, en los recursos contencioso-administrativos núms.

1190/96 y 815/96, por las que se desestiman los

recursos interpuestos contra las liquidaciones provisionales

practicadas el 14 de mayo y el 19 de abril de 1996

por el Administrador de la Administración de Hacienda

de Salamanca (Delegación de Madrid de la Agencia

Estatal de la Administración Tributaria) en concepto de

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas de los

ejercicios 1994 y 1993.

2. Las demandas se basan, en esencia, en los

siguientes hechos:

a) En los años 1993 y 1994, dentro del plazo

reglamentariamente establecido, los recurrentes en amparo,

don Carlos Arrieta y doña Elisa Martínez, casados y con

dos hijos, Carlos y Gonzalo, presentaron cada uno de

ellos sendas declaraciones en concepto de Impuesto

sobre la Renta de las Personas Físicas (en adelante, IRPF)

correspondientes a los citados ejercicios impositivos. En

sus respectivas autoliquidaciones del IRPF cada uno de

los recurrentes, acogiéndose expresamente a la

modalidad de "declaración conjunta", regulada en el art. 87,

apartado 2, de la Ley 18/1991, de 6 de junio, reguladora

del IRPF (en adelante LIRPF), constituyeron una unidad

familiar integrada, la primera de ellas, por el demandante

don Carlos Arrieta y su hijo Carlos, y la segunda, por

la recurrente doña Elisa Martínez y su hijo Gonzalo. Por

otra parte, de la demanda de amparo y del fundamento

de Derecho segundo, apartado 1, de las Sentencias aquí

impugnadas se deduce claramente que, pese a que en

la casilla "Tipo de declaración" de cada una de las

autoliquidaciones los demandantes marcaron con una X el

apartado "Declaración conjunta", se hizo una llamada

en la que se aclaraba que, en todo caso, se renunciaba

a la modalidad del art. 87.1 LIRPF, esto es, a la unidad

familiar integrada por "los cónyuges no separados

legalmente y, si los hubiere, los hijos menores, con excepción

de los que, con el consentimiento de los padres, vivan

independientemente de éstos". Concretamente, se

advertía: "Optamos por la aplicación de los arts. 86 al 92

Ley 6 de junio de 1991, de acuerdo a lo establecido

en el artículo 87.2. En todo caso se renuncia a la

modalidad del artículo 87.1".

b) Las declaraciones de don Carlos Arrieta y su hijo

Carlos arrojaban como resultado una cuota diferencial

a devolver de 859.154 pesetas en el ejercicio 1993

y una cuota a ingresar de 71.774 pesetas en el

ejercicio 1994. Las declaraciones de doña Elisa Martínez

y su hijo Gonzalo supusieron en todo caso una cantidad

a devolver, que en 1993 ascendía a 470.106 pesetas

y en 1994 a 438.842 pesetas.

c) La Administración de Hacienda de Salamanca,

considerando que la modalidad del citado art. 87.2 LIRPF

no resulta aplicable a los matrimonios (sino únicamente

a las parejas de hecho, divorciados o separados),

mediante Acuerdos de su Administrador de 19 de abril y 14

de mayo de 1996 giró a los recurrentes sendas

liquidaciones provisionales en concepto del IRPF de los

ejercicios 1993 y 1994, respectivamente, en las que,

considerando a don Carlos Arrieta, doña Elisa Martínez y

los dos hijos de ambos, una única unidad familiar -esto

es, aplicando el art. 87.1 LIRPF-, se acumulaba las rentas

de todos sus miembros. De dichas liquidaciones

conjuntas resultaba una cuota tributaria a pagar de

2.521.385 en 1993 y 1.875.354 pesetas en 1994.

d) Contra las citadas liquidaciones provisionales los

demandantes de amparo instaron recurso

contencioso-administrativos, turnados con los núms. 815/96

y 1190/96, mediante el procedimiento especial

establecido por la Ley 62/1978, de 26 de diciembre, de

Protección Jurisdiccional de los Derechos

Fundamentales de la Persona. Dichos recursos fueron desestimados,

respectivamente, por Sentencias de 25 de junio de 1997

de la Sección Novena de la Sala de lo Contencioso-

Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,

y de 23 de octubre de 1996 de la Sección Octava de

la citada Sala.

3. Los recurrentes solicitan el amparo con

fundamento en que las Sentencias del Tribunal Superior de

Justicia de Madrid impugnadas vulneran los arts. 14 (en

relación con el 32.1 y 39.1), 18.1, 25 y 24.1, todos

ellos de la Constitución Española, por las razones que

se exponen a continuación:

a) Comienzan los demandantes centrando el objeto

de los recursos de amparo en la determinación de si

la interpretación del art. 87 LIRPF realizada por el

Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha supuesto la

vulneración de los citados derechos fundamentales. Y

a este respecto ponen de relieve que el citado precepto

legal plantea dos cuestiones con relevancia

constitucional: en primer lugar, la aplicación a los casados con

hijos menores de la modalidad de unidad familiar del

art. 87.2 LIRPF, aplicación que los recurrentes estiman

posible y que tanto la Administración como el citado

órgano judicial han rechazado por el solo hecho de la

existencia del vínculo matrimonial; en segundo lugar,

la existencia de unidad familiar contra la voluntad de

sus miembros expresada en tiempo y lugar oportuno.

Antes de analizar en profundidad las citadas

cuestiones, las demandas ponen de manifiesto que la

negación a los recurrentes de la posibilidad de optar por el

régimen previsto en el art. 87.2 LIRPF por el solo hecho

de estar casados les ha supuesto, según cálculos del

propio Tribunal Superior de Justicia de Madrid

manifestados en las Sentencias recurridas, una carga fiscal

adicional que asciende a un total de 4.763.285 pesetas

(2.521.385 pesetas en 1993 y 2.242.423 pesetas

en 1994), sin incluir intereses y recargos. Por ello,

además de considerarse discriminatoriamente tratados, los

recurrentes estiman que los poderes públicos no han

asegurado a su familia la protección social, económica

y jurídica (art. 39.1 CE) que sí habrían obtenido de haber

disuelto su vínculo matrimonial, con grave menoscabo

del derecho constitucional a contraer matrimonio

(art. 32.1 CE). En consecuencia, "y desde un punto de

vista íntimo y subjetivo", los recurrentes dicen sentirse

empujados por el ordenamiento jurídico tributario hacia

la disolución de su matrimonio para iniciar una vida more

uxorio, menos penalizada fiscalmente, lo que les

permitirá atender en mayor medida a la educación y

formación integral de sus hijos (art. 39 CE).

b) A continuación, las demandas argumentan las

razones por las que consideran que se han vulnerado

el derecho a la igualdad ante la ley. La discriminación,

a juicio de los recurrentes, se habría producido porque

las Sentencias se han dictado exclusivamente por la

circunstancia de que han contraído matrimonio o, lo que

es igual, porque de constituir una pareja de hecho o

de haberse divorciado o separado la Administración no

habría acordado la práctica de las liquidaciones

provisionales impugnadas ante el Tribunal Superior de Justicia

de Madrid y ratificadas por éste. Seguidamente las

demandas traen a colación la doctrina de este Tribunal

y del Tribunal Supremo acerca de la igualdad protegida

en los arts. 14 y 31.1 CE para concluir que para que

exista vulneración del derecho fundamental a la igualdad

es preciso que concurran simultáneamente tres

circunstancias: en primer lugar, debe aportarse un término

comparativo válido que permita ilustrar la desigualdad que

se denuncia; en segundo lugar, debe demostrarse que

la ley o su aplicación debida han generado un trato

diferenciado a las situaciones idénticas antes definidas; en

tercer lugar, debe demostrarse que la diferencia de trato

carece de justificación razonable, de manera que las

consecuencias jurídicas que resultan de tal distinción son

adecuadas y proporcionadas al fin que se persigue. Las

demandas dedican las siguientes reflexiones a demostrar

que tales circunstancias concurren en este caso.

En primer lugar, existe término válido de

comparación, que no es otro que las personas integradas en

uniones de hecho con hijos menores. Dicho término

comparativo guarda identidad objetiva con el presupuesto

de hecho de las Sentencias recurridas (dos personas

casadas con hijos menores), dado que la única diferencia

entre uno y otro supuesto es la existencia de vínculo

matrimonial, circunstancia personal que sólo es relevante

para justificar una diferencia de trato a favor de los

casados, nunca en su contra. Por otro lado resulta superfluo

discutir acerca de la idoneidad del término de

comparación que se ofrece, dado que ha sido aceptado por

este Tribunal en las SSTC 209/1988, de 10 de

noviembre (en la que el Tribunal se planteó la autocuestión

de inconstitucionalidad en relación con la tributación de

las personas unidas en matrimonio en la antigua

Ley 44/1978 del IRPF) y 45/1989 (que declaró

inconstitucionales determinados preceptos de la citada

Ley 44/1978).

En segundo lugar, existe un evidente tratamiento

desigual por el mero hecho de la existencia del matrimonio,

tratamiento desigual que se evidencia comparando la

tributación que, conforme a los actos administrativos

y resoluciones judiciales recurridas, corresponde a los

recurrentes como casados (esto es, la que se deduce

de las liquidaciones provisionales giradas por la

Administración), con la mucho menos gravosa -a

devolverque, de acuerdo con la Ley, les correspondería si

convivieran more uxorio (la que resulta de las declaraciones

del IRPF presentadas por los recurrentes). Esto es algo

que reconocen las Sentencias impugnadas al señalar

que "la tributación, en este caso, realizada al amparo

del art. 87.2 es notoriamente más beneficiosa

fiscalmente para los recurrentes que la efectuada por la

Administración al amparo del art. 87.1" (FJ 4). Esa diferencia

de trato, además, se ha producido como consecuencia

de una "debida aplicación de la Ley". En efecto, que

el art. 87.2 LIRPF resulta aplicable a las parejas de hecho

con hijos es algo que no han cuestionado el Ministerio

Fiscal y el Abogado del Estado y que reconocen las

resoluciones judiciales recurridas al señalar que la modalidad

de unidad familiar establecida en dicho precepto "queda

reservada a los supuestos de nulidad, disolución del

matrimonio (por divorcio, muerte o declaración de

fallecimiento de uno de los cónyuges), separación legal y

parejas de hecho" (FJ 4). Y es que, a juicio de los

recurrentes, resulta indiscutible que las personas

integradas en uniones de hecho con dos hijos menores no

pueden elegir la modalidad del apartado 1 del art. 87

LIRPF, pero sí pueden optar por la modalidad de su

apartado 2, pudiendo tributar de acuerdo con cualquiera de

las siguientes opciones: el padre conjuntamente con los

dos hijos y la madre individualmente; la madre

conjuntamente con los dos hijos y el padre individualmente;

y el padre conjuntamente con un hijo y la madre

conjuntamente con el otro. Esta interpretación del art. 87.2

LIRPF, no sólo responde a su dicción literal, sino que

es aceptada por la totalidad de la doctrina que ha

abor

dado el tema con alguna profundidad y por la propia

Administración (se citan a este respecto, dos

Resoluciones de la Dirección General de Tributos de 17 de

mayo de 1995).

A continuación, los recurrentes analizan si, tal y como

aducen tanto el Tribunal Superior de Justicia de Madrid

como el Abogado del Estado y el Fiscal, la supuesta

prohibición a los casados de acogerse al art. 87.2 LIRPF

tiene un fundamento objetivo y razonable que la

justifique. A estos efectos, con fundamento en doctrina de

este Tribunal acerca de la igualdad reconocida en los

arts. 14 y 31.1 CE (SSTC 27/1981, 8/1986, 45/1989

y 76/1990, y el ATC 230/1984), los recurrentes centran

la cuestión en dilucidar si el hecho de haber contraído

matrimonio constituye "una condición social

diferenciada por razones objetivas" que justifique la diferencia de

trato y cuyas consecuencias jurídicas sean apropiadas

al fin perseguido en tal distinción, sin que se generen

"resultados especialmente gravosos o desmedidos". En

esta línea apunta uno de los argumentos utilizados tanto

por el Fiscal como por el Abogado del Estado cuando

afirman que el matrimonio y la convivencia

extramatrimonial no son situaciones equivalentes, por lo que el

legislador puede deducir consecuencias de la diferente

situación de partida. Aunque esta es, a juicio de los

recurrentes, la cuestión fundamental a resolver, antes

dan respuesta en las demandas a otros argumentos

ofrecidos por el órgano judicial, el Abogado del Estado y

el Fiscal.

El primero de estos otros argumentos a los que

responden las demandas es aducido únicamente por el

Tribunal Superior de Justicia de Madrid: aunque la

tributación realizada al amparo del art. 87.2 LIRPF es

notoriamente más beneficiosa fiscalmente para los

recurrentes que la efectuada por la Administración en virtud del

art. 87.1 LIRPF -señalan las Sentencias recurridas-, no

puede concluirse que la Ley somete a un tratamiento

fiscal más favorable a las parejas de hecho con hijos

que a los matrimonios, porque en las declaraciones

presentadas por los actores conforme al art. 87.2 LIRPF

existe un solo perceptor de renta, mientras que en las

liquidaciones practicadas por la Administración en

aplicación del art. 87.1 IRPF existen dos, lo que explica

que ésta sea más gravosa que aquélla, dado que la escala

de gravamen conjunta no llega a atemperar la

progresividad del Impuesto que deriva de la acumulación de

rentas. En fin, para el órgano judicial, al optar por la

unidad familiar del art. 87.2 LIRPF, los actores han

pretendido acogerse a la escala de tributación conjunta pero

sin sufrir las consecuencias de la acumulación de rentas,

por lo que no se advierte vulneración del principio de

igualdad, infracción que sólo se produciría si se impidiese

aplicar el sistema de tributación conjunta a los

matrimonios en los que sólo existiera un perceptor de renta.

Para los recurrentes, la afirmación de que en las

declaraciones presentadas por ellos al amparo del art. 87.2

LIRPF existe un solo perceptor de renta es gratuita, dado

que en éstas procede acumular la del padre o madre

con la de uno de los hijos menores, y el órgano judicial

ignora si los hijos de los actores perciben rentas, dado

que esta cuestión no ha sido debatida en el proceso.

Obviando esta cuestión que las demandas consideran

irrelevante, destacan los recurrentes en amparo que de

las Sentencias impugnadas parece deducirse que sólo

les perjudica el art. 87.1 LIRPF porque ambos cónyuges

perciben rentas, de manera que si solo uno de ellos

obtuviera rentas les resultaría más beneficioso el

art. 87.1 LIRPF. Sin embargo, no comparten este

argumento del Tribunal Superior de Justicia de Madrid por

varios motivos. En primer lugar, porque aun existiendo

un único perceptor de renta les resultaría más

beneficioso el art. 87.2 LIRPF. En este supuesto, en efecto,

ambas modalidades les serían "neutrales" desde el punto

de vista económico, puesto que el perceptor de renta

podría tributar conjuntamente, bien con su cónyuge e

hijos si estuviese casado (art. 87.1), bien con sus hijos

si fuese soltero (art. 87.2), de manera que no obtendría

ninguna ventaja por la existencia del art. 87.1 LIRPF;

pero desde el resto de los puntos de vista seguiría siendo

más perjudicial este último precepto, dado que sería

imposible mantener la reserva frente al cónyuge de las

actividades económicas que desee cada uno, tanto los

cónyuges como los hijos estarían conjunta y

solidariamente obligados respecto a la deuda tributaria, etc. En

segundo lugar, a juicio de los recurrentes, el esgrimido

por el órgano judicial es un intolerable razonamiento

tendente a "devolver a la mujer al hogar" (STC

45/1989). Así es, esta alegación no sólo supone que

se trata desfavorablemente, sin justificación alguna, a

los matrimonios en los que ambos cónyuges son

perceptores de rentas en relación con aquellos en los que

solo uno lo es, sino que además implica aceptar que

la Ley puede penalizar a los cónyuges cuando ambos

trabajan con objeto de beneficiar a los matrimonios en

que sólo trabaja un cónyuge, incentivando, en

consecuencia, la vuelta al hogar de alguno de ellos (en general:

la mujer); y esto es algo que fue objeto de censura por

este Tribunal en la STC 45/1989, FJ 7. En tercer lugar,

en fin, aun aceptando a efectos dialécticos que en el

supuesto de un único perceptor de renta es más

beneficiosa la tributación del art. 87.1 que la del art. 87.2,

para los recurrentes el término comparativo que utiliza

el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es inadmisible,

dado que no se les puede comparar con contribuyentes

que obtienen rentas diferentes a las suyas. Esto es, el

hecho de que el art. 87 no discrimine a los matrimonios

en los que sólo obtiene rentas un cónyuge no significa

que no genere una inadmisible discriminación cuando

ambos cónyuges obtienen rentas. Si se aceptara el

argumento del órgano judicial -se afirma- el sistema de

tributación de la antigua Ley 44/1978 (que sólo

perjudicaba a las familias con más de un perceptor de

rentas) sería inconstitucional. A este respecto, podría

argumentarse que el fin que persigue la norma es beneficiar

a los matrimonios en los que sólo un cónyuge percibe

rentas, que serían mayoría en nuestro país, lo que implica

necesariamente perjudicar a aquéllos en los que ambos

las obtienen. Esta tesis, sin embargo, comporta dos

afirmaciones discutibles. La primera, que para proteger a

unos es necesario penalizar a otros: a juicio de los

recurrentes, permitiendo que los contribuyentes casados

con hijos menores puedan elegir cualquiera de las dos

modalidades del art. 87 IRPF, se evita la discriminación

a los cónyuges perceptores de renta y, al mismo tiempo,

se beneficia a los matrimonios (frente a los no casados)

en los que obtiene rentas un único cónyuge, que pueden

optar por el art. 87.1 o por el 87.2. La segunda, que

en la mayoría de los matrimonios declarantes del IRPF

sólo obtiene rentas un cónyuge: en la mayoría de los

matrimonios -señalan las demandas-, aunque trabaje

un solo cónyuge, el otro percibe rentas que le

corresponden de los frutos generados por los bienes

gananciales (el ahorro familiar), de manera que en estos casos

también es discriminatoria la imposibilidad de aplicar

el art. 87.2 LIRPF.

Para los recurrentes hay un único supuesto en el que,

por aplicación del art. 87 LIRPF, los casados se ven

favorecidos frente a los no casados: el de las parejas sin

hijos menores en las que hay un único perceptor de

rentas (porque si existe más de uno la declaración

conjunta en general no les resultará conveniente). Lo que

conduce al segundo de los argumentos a los que

responden las demandas, esta vez alegado por el Fiscal

y el Abogado del Estado: la fórmula del art. 87.1 pretende

beneficiar a los casados sin hijos. Si esto fuera así, los

recurrentes no entienden por qué es preciso discriminar

a los casados con hijos para proteger a los casados sin

hijos, dado que este último fin se consigue sin la

generación de resultados tan gravosos a través del art. 87.1

LIRPF, para lo cual no es preciso vedar a los casados

con hijos menores la utilización del art. 87.2 (o del

art. 87.1, si les resulta más conveniente). Pero es que,

de todos modos, a juicio de los recurrentes, es

constitucionalmente inadmisible que la protección de los

cónyuges sin hijos se base en la desprotección de la familia

constituída por los cónyuges e hijos menores, hijos que,

en virtud del art. 39 CE (que establece específicamente

medidas de protección a los hijos), son los destinatarios

finales de la protección (social, económica y jurídica)

que deben brindar los poderes públicos a la familia.

En tercer lugar, las demandas de amparo dan

respuesta a uno de los argumentos del Tribunal Superior

de Justicia de Madrid, que reprocha a los actores haberse

querido beneficiar de las ventajas de la modalidad de

unidad familiar del art. 87.2 LIRPF, aplicando la más

ventajosa escala de tributación conjunta sin acumular

las rentas de toda la unidad familiar del art. 87.1 LIRPF,

lo que, por lo demás, para el Fiscal, constituye fraude

de ley. A este respecto, los recurrentes reconocen que

ambos optaron por la modalidad -más beneficiosa- de

unidad familiar del art. 87.2 LIRPF por "puros intereses

personales" (lo que estiman intrascendente a efectos

de determinar si ha existido o no vulneración de derechos

fundamentales) y siendo conscientes de que la

Administración tributaria sólo permitía acogerse a dicho

precepto a las parejas con hijos que no convivieran en

matrimonio. A su juicio, sin embargo, ante esta interpretación

de la Administración -que entienden inconstitucional

por vulnerar el principio de igualdad- sólo les quedaba

dos opciones: en primer lugar, disolver el matrimonio,

solución que no podría ser tachada de fraude de ley,

dado que, para los recurrentes, carece de interés

permanecer casados si la LIRPF les "penaliza de esta forma";

la segunda alternativa -que fue la que finalmente

adoptaron-, era entender que la única interpretación

constitucional del citado art. 87.2 LIRPF era considerarlo

aplicable también a los casados y defender esta tesis ante

los órganos de la jurisdicción. En todo caso, los

demandantes puntualizan que su actuación ha respondido a

la íntima convicción de que aplicaban debidamente la

Ley, respecto de la que ni siquiera tenían una "duda

razonable". Sostienen, en fin, para terminar, que el fraude

de ley al que alude el Fiscal no es más que un recurso

estilístico, dado que no se entiende que se haya querido

eludir el art. 87.1 LIRPF acogiéndose al art. 87.2 LIRPF

cuando bastaba a estos efectos optar por la tributación

individual.

El cuarto de los argumentos a que responden las

demandas de amparo es aducido tanto por el Abogado

del Estado como por el Fiscal: la improcedencia de basar

la comparación en el régimen de tributación conjunta,

por cuanto no es obligatorio, siendo la regla general

la tributación individual. Para los recurrentes dicho

argumento viene a significar que si el contribuyente casado

no quiere verse discriminado debe renunciar al régimen

de tributación conjunta y declarar de forma individual.

Tal razonamiento, empero, sitúa el término comparativo

en un ámbito jurídicamente inadmisible, dado que la

comparación no puede hacerse entre regímenes

jurídicos, entre la tributación conjunta y la tributación

individual, sino entre personas iguales (contribuyentes de

igual capacidad económica, idénticas fuentes de renta,

etcétera) o cuya desigualdad (v.gr., su estado civil) sea

jurídicamente irrelevante. El argumento -señalan las

demandas- equivale a impedir a los contribuyentes

casados, sin fundamento lógico que lo justifique, acogerse

a un régimen al que sí podrían acogerse si no hubieran

contraído matrimonio. El hecho de que ese régimen

constituya la regla general o un tipo de tributación especial

es irrelevante: la cuestión relevante es que implica un

tratamiento fiscal más gravoso para los casados por el

mero hecho de estar casados. De lo que se trata, como

en las SSTC 209/1988 y 45/1989, es de comparar

la tributación de los solteros y de los casados con objeto

de determinar si existen diferencias (y, entre éstas,

procede analizar todas las opciones de tributación que

tienen unos y otros) para evaluar si esa distinción obedece

a un fin razonable y si las consecuencias jurídicas son

adecuadas y proporcionadas a dicho fin, de manera que

no se produzcan resultados especialmente gravosos

o desmedidos. A juicio de los recurrentes, la

STC 146/1994 que alegan el Fiscal y el Abogado del

Estado no viene al caso, dado que en este recurso no

se están comparando unidades familiares con idéntico

nivel de renta (percibida de forma distinta entre los

miembros de una y otra unidad familiar), sino que se comparan

contribuyentes, tomados de forma individual, con

idéntico nivel de rentas. Y tampoco se cuestiona la

inconstitucionalidad per se de la tributación conjunta frente

a la individual, sino que lo que se cuestiona es que se

conceda una fórmula de tributación muy ventajosa a

los casados con hijos menores, y lo que se postula es

la aplicación de esa fórmula a todos los contribuyentes

con hijos menores, estén casados o no. En fin, para los

demandantes de amparo, resolver la cuestión negando

la posibilidad de fundamentar la comparación en el

régimen de tributación conjunta, por cuanto no es

obligatorio, supone la inaplicación del principio de igualdad

a todas las normas que contengan excepciones a la regla

general.

La quinta cuestión planteada por el Abogado del

Estado y el Fiscal que resuelven las demandas de amparo,

es la improcedencia de la comparación entre unidades

familiares de idéntico nivel de renta. A estos efectos

señalan los recurrentes que, aunque efectivamente este

Tribunal ha establecido que no cabe la comparación

entre unidades familiares sino sólo entre individuos

(STC 45/1989), los demandantes no están comparando

su situación con la de otra pareja con hijos con rentas

equivalentes a las suyas, sino que se comparan con

contribuyentes que perciben exactamente las mismas

rentas, en cuantía y clase, que ellos considerados

individualmente; de hecho -se apunta- se comparan con

ellos mismos de no haber contraído matrimonio.

En sexto lugar, los recurrentes rechazan que su tesis

produzca la cadena interminable de discriminaciones

que denuncia el Abogado del Estado. Entienden los

demandantes que si un contribuyente tiene más hijos

que otro, su trato desigual está más que justificado en

virtud del art. 39 CE; y que si un sólo cónyuge trabaja

o trabajan los dos, la comparación no es factible, dado

que ésta no puede hacerse en función de unidades

familiares, sino de forma individual. El único caso de aparente

-no real- discriminación adicional al denunciado en las

demandas sería el que se podría entender que se produce

al vedar a las personas que conviven more uxorio la

posibilidad de acceder a la modalidad de unidad familiar

del art. 87.1 LIRPF. Tal discriminación, sin embargo, sería

meramente aparente por dos razones: en primer lugar,

porque conforme a la STC 45/1989, es

constitucionalmente admisible que la Ley imponga un trato diferencial

a las familias que se originan en el matrimonio, pero

siempre que ese trato les resulte beneficioso, nunca

perjudicial; en segundo lugar, porque la extensión de la

unidad familiar del art. 87.1 LIRPF a las uniones de hecho

se enfrenta, no sólo con la dificultad fáctica de probar

tanto las uniones como las separaciones de hecho, sino

también, como señalara la citada STC 45/1989, con

la imposibilidad que se deriva del art. 18 CE para llevar

a cabo indagaciones que afectan directamente al ámbito

de la intimidad. En suma, la Constitución permite al

legislador establecer un trato favorable a los casados en

rela

ción con los no casados. Por el contrario, negar a los

cónyuges y a sus hijos la posibilidad de acogerse a la

modalidad del art. 87.2 LIRPF constituye una

desigualdad de trato que sólo se justificaría con fundamento

en el mandato constitucional de protección a la familia.

Si la desigualdad de trato implica un tratamiento más

gravoso para los cónyuges y sus hijos, dicha desigualdad

deviene discriminación y, como tal, la norma que la

establezca incurriría en inconstitucionalidad (STC 45/1989).

Seguidamente las demandas llegan a la conclusión

de que la interpretación que del art. 87.1 LIRPF hace

el Tribunal Superior de Justicia de Madrid es

inconstitucional de acuerdo con la doctrina de este Tribunal.

A este respecto recuerdan que, conforme a las

SSTC 209/1988 y 45/1989, la definición de la

capacidad económica y el método para determinarla han de

ser establecidos mediante normas que den a todos los

sujetos un trato igual y no introduzcan entre ellos

diferencias resultantes de su propia condición personal, o

de las relaciones que existan entre ellos y otras personas

cuando ni aquella condición ni estas relaciones son

determinantes del impuesto en cuestión; y que si la carga

que pesa sobre una persona es mayor que la que pesaría

sobre esa misma persona si no constituyera parte de

una familia, a efectos fiscales es evidente que no sólo

se lesiona el principio de igualdad, sino que directamente

se va en contra del mandato constitucional que ordena

la protección de la familia.

A continuación, los demandantes responden al que

consideran reproche fundamental del Fiscal y del

Abogado del Estado a los recursos de amparo que plantean:

conforme a reiterada doctrina de este Tribunal,

matrimonio y convivencia extramatrimonial no son situaciones

equiparables. En este sentido recuerdan los recurrentes

que, en diversos pronunciamientos en relación con la

percepción de pensiones de viudedad, este Tribunal ha

diferenciado entre el matrimonio y las uniones more

uxorio al señalar que, mientras que el matrimonio es una

institución social garantizada por la Constitución, y el

derecho del hombre y la mujer para contraerlo es un

derecho constitucional (art. 32.1 CE), nada de ello ocurre

con la unión de hecho more uxorio, que ni es una

institución jurídicamente garantizada ni hay un derecho

constitucional expreso a su establecimiento

(STC 184/1990). Sin embargo, este Tribunal habría

dejado también muy claro que las diferencias

constitucionales entre uno y otro modo de convivencia sólo pueden

amparar un trato a favor de la familia, nunca al contrario

(SSTC 184/1990, 29/1991, 30/1991, 31/1991,

35/1991 y 38/1991). Los recurrentes, no obstante,

puntualizan que no desean un trato más favorable que los

que convivan sin haberse casado; únicamente desean

el trato del que ellos disfrutan. En fin, para los recurrentes

no responde a un trato igual y constituye una diferencia

basada en las condiciones personales de los

contribuyentes el hecho de que a los contribuyentes no casados

con hijos se les de una ventajosísima opción de

tributación a la que no tienen acceso los casados, sin que

se pueda vislumbrar en absoluto cuál es el fin perseguido

con esa diferenciación que perjudica notablemente a

las familias por el mero hecho de serlo. A su juicio, la

aplicación a los casados con hijos menores del art. 87.2

(y del art. 87.1, si optan por éste) consigue eliminar

cualquier tipo de discriminación por razón de matrimonio

y no genera los resultados especialmente gravosos y

desmedidos que produciría su no aplicación.

La convicción de que la Constitución exige que los

casados con hijos tengan la posibilidad de optar por

el régimen de unidad familiar del art. 87.2 LIRPF,

conduce a los recurrentes a la conclusión de que las

Sentencias recurridas han vulnerado su derecho

fundamental a la igualdad. A su juicio, sin embargo, el art. 87

LIRPF no es inconstitucional porque, como ha señalado

la doctrina científica mayoritaria y se deduce de una

interpretación del citado precepto realizada conforme

a los criterios señalados en el art. 23 LGT, en relación

con el art. 3 CC, el art. 87.2 LIRPF resulta también

aplicable a los casados con hijos menores. Esta sería, en

efecto, la conclusión que se alcanza de la interpretación

literal del art. 87 LIRPF (que no autoriza a prohibir que

los contribuyentes casados con hijos opten por la

modalidad de unidad familiar del apartado 2), de los

antecedentes históricos y legislativos (art. 5 de la

Ley 44/1978, del IRPF, la Exposición de Motivos de

la Ley 18/1991, de 8 de septiembre, del IRPF, y el

Preámbulo del RD 1841/1991, de 30 de diciembre, que

aprueba el reglamento del IRPF), de la realidad social

(interpretar que un padre o una madre no pueden optar por

el régimen de tributación conjunta con sus hijos por

el mero hecho de mantener un vínculo matrimonial de

derecho sería algo "anacrónico y retrógrado") y del

espíritu y finalidad de la norma. En definitiva, para los

recurrentes no cabe argumentar que la Ley 18/1991

es inconstitucional por discriminatoria, dado que el art.

87.2 no sólo es aplicable a los integrantes de uniones

de hecho con hijos menores, sino también a los cónyuges

de las parejas casadas y a sus hijos menores.

Consecuentemente, no es preciso plantear cuestión de

inconstitucionalidad de la Ley, bastando con anular el acto

administrativo impugnado por atentar contra el derecho

fundamental de los recurrentes a la igualdad ante la

Ley recogido en el art. 14 CE, en relación con los arts. 31

y 39 CE.

c) A continuación, los recurrentes expresan las

razones por las que consideran que las resoluciones judiciales

recurridas infringen su derecho a la intimidad personal

y familiar. A este respecto, ponen de manifiesto como

hecho relevante que en las declaraciones del IRPF

de 1993 y 1994 presentadas por cada uno de los

cónyuges, ambos optaron por el tipo de tributación conjunta,

configurando, en consecuencia, dos unidades familiares:

una integrada por don Carlos Arrieta y su hijo Carlos,

y otra por doña Elisa Martínez y su hijo Gonzalo. También

ponen de relieve que en cada una de las declaraciones

se incluía una nota en la que se dejaba claro que en

todo caso se renunciaba a la modalidad del art. 87.1

LIRPF, rechazando, de este modo, expresa y claramente,

la integración de los esposos y sus hijos en la misma

unidad familiar. Pese a esta declaración de voluntad,

la Administración giró liquidaciones provisionales

acumulando las rentas de los recurrentes y las de sus hijos

en una única unidad familiar, revelando así tanto la

cuantía como la naturaleza de las rentas obtenidas. Pues bien,

a juicio de los recurrentes tal actuación administrativa

-ratificada por el Tribunal Superior de Justicia de

Madrid-, no sólo es ilegal sino que, a tenor de la doctrina

sentada en la STC 45/1989, de 20 de febrero, vulnera

su derecho fundamental a la intimidad personal y

familiar. En efecto, recuerdan las demandas de amparo que

en el fundamento jurídico 9 de dicha Sentencia este

Tribunal declaró incompatible con el citado derecho el

deber legal de los cónyuges de presentar una declaración

única, entre otras razones, porque la declaración

conjunta "impone a cada uno de ellos el deber de denunciar

ante la Hacienda Pública las incorrecciones en que, a

su juicio, incurre su respectivo cónyuge en la estimación

de sus propias rentas". Y ponen también de relieve que

dicha Sentencia rechazó en el mismo fundamento

jurídico que el régimen matrimonial de gananciales implique

que los cónyuges conozcan sus respectivas rentas,

porque nuestro sistema jurídico se basa en la libertad de

capitulaciones, sistema "que autoriza a los esposos a

mantener en su relación recíproca la reserva que juzguen

conveniente sobre sus propias actividades económicas".

A juicio de los recurrentes, pues, la acumulación, en

contra de su deseo expresamente indicado, de las rentas

de todos los integrantes de la familia, lesionaría su

derecho a la intimidad personal y familiar; y lo haría en sus

dos vertientes, "interna" y "externa". En su vertiente

interna, porque las liquidaciones provisionales por las

que se acumulaban las rentas -utilizando palabras de

la STC 45/1989- han impedido a los recurrentes

"mantener en su relación recíproca la reserva que juzguen

conveniente sobre sus propias actividades económicas".

En este sentido, sin entrar en las consecuencias

concretas que dichas liquidaciones han podido provocar a

los recurrentes, las demandas llaman la atención sobre

los dramáticos efectos que para la convivencia conyugal

e incluso para la subsistencia del matrimonio podrían

haberse derivado de la actuación del Tribunal Superior

de Justicia de Madrid, proponiendo a estos efectos como

ejemplo un supuesto que no parece "imposible en la

práctica": imagínese -señalan- que alguno de los

esposos mantuviese en secreto una vivienda en la que habite

alguien (una pareja o un hijo extramatrimonial) cuya

existencia desconozca el otro cónyuge.

Por lo que respecta a la vertiente externa del derecho

a la intimidad, destacan los recurrentes que la integración

de ambos cónyuges en la misma unidad familiar

efectuada por la Administración y ratificada por las

resoluciones judiciales impugnadas implica que, conforme

al art. 89.4 LIRPF, quedan conjunta y solidariamente

sometidos al impuesto como sujetos pasivos, lo que

obliga a cada uno de los esposos a revisar la declaración

efectuada por el otro y, en su caso -una vez más se

emplean palabras de la STC 45/1989-, "denunciar ante

la Hacienda Pública las incorrecciones en que, a su juicio,

incurre su respectivo cónyuge en la estimación de sus

propias rentas" y las del hijo con el que éste tributó,

con grave menoscabo de su derecho a la intimidad.

Inciden las demandas en que cada uno de los cónyuges

responderá, no sólo de las cuotas, intereses y recargos

derivados de la incorrecta declaración del otro, sino

también de las sanciones, por lo que habrán de revisar las

liquidaciones provisionales giradas por la Administración

para comprobar, hasta lo que pueda cada uno conocer,

si son correctas las rentas declaradas por el otro cónyuge

y uno de los hijos. Los demandantes de amparo se

preguntan qué sucedería si, tras dicha revisión, alguno de

los cónyuges considerara que el otro o/y el hijo no han

declarado correctamente, teniendo en cuenta que los

esposos no tuvieron por qué ponerse de acuerdo en

los criterios fiscales cuando presentaron sus respectivas

declaraciones del IRPF. Pues bien, a juicio de los

recurrentes no existe vía alguna para solucionar este conflicto

que no implique una vulneración de su derecho a la

intimidad al obligarles a una "manifestación pública de

una discordancia en el seno de la familia". De donde

deducen que si no existe una opción clara y expresa

de todos los miembros de la familia a favor de la

acumulación de rentas o, mucho más, si existe un rechazo

expreso, no es factible la acumulación sin vulnerar el

derecho a la intimidad de los integrantes forzosos de

la unidad familiar. Esta -se señala- es precisamente

la razón por la cual el art. 96.5 LIRPF exige que la

declaración en la tributación conjunta sea suscrita por todos

los miembros de la unidad familiar, y por la que el

art. 88.1 LIRPF obliga a utilizar el régimen individual

cuando un sólo miembro de la unidad familiar opta por

este régimen.

A juicio de los demandantes de amparo, además de

por respeto a su derecho a la intimidad, existen dos

razones por las que la Administración debería haber

practicado sendas liquidaciones provisionales bajo el régimen

de tributación individual. En primer lugar, porque, como

se deduce de la sistemática de la Ley 18/1991 y de

su Exposición de Motivos, el régimen de tributación que

constituye la regla general es el individual, de manera

que la imposición por la Administración de un régimen

de tributación "especial" (la conjunta), cuando los sujetos

pasivos lo han rechazado expresamente, constituye una

manifiesta infracción del ordenamiento jurídico. En

segundo lugar, porque, en virtud del art. 88, párrafo 3,

LIRPF, tanto en los supuestos en que los contribuyentes

no especifican el régimen por el que optan (declaración

individual o conjunta), como cuando, simplemente, no

han presentado la autoliquidación del IRPF, para que

sea aplicable el régimen especial de tributación conjunta

es preciso que conste claramente la voluntad de los

contribuyentes. Voluntad que, según se expresa en las

demandas, no puede entenderse explicitada en este

caso, porque al optar los demandantes por una

alternativa (la de la unidad familiar del art. 87.2 IRPF) que,

en la tesis del Tribunal Superior de Justicia de Madrid,

no es posible, estaríamos ante una "manifestación de

voluntad imposible por ilegal que debe entenderse por

no expresada". En todo caso, a juicio de los recurrentes,

si el Tribunal Superior de Justicia de Madrid consideraba

que existían dudas sobre la opción elegida, debería

haberles requerido para que manifestaran su opinión;

de otro modo, se infringe el art. 88 LIRPF, cuya finalidad

es que la tributación conjunta sólo sea aplicable si los

integrantes de la unidad familiar deciden conformarla.

Para los recurrentes la tesis del órgano judicial, según

la cual, al haber marcado los cónyuges la casilla de

tributación conjunta, corresponde acumular todas las

rentas, vulnera su derecho fundamental a la intimidad

personal y familiar, el principio de personalidad de la pena

y la culpabilidad. Insisten, a este respecto, en que la

opción por la tributación conjunta, al haberse

condicionado a una modalidad (la del art. 87.2 LIRPF) que se

considera no factible por la Administración y el órgano

judicial, debe tenerse por no puesta. Por otro lado, se

destaca que tanto la jurisprudencia (Sentencia del

Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 13 de

noviembre de 1995) como la propia Administración (se cita

una contestación a una consulta planteada a la AEAT,

de fecha 21 de noviembre de 1994), han rechazado

una posición formalista al señalar que, para averiguar

la opción ejercitada por los contribuyentes, no debe

tenerse en cuenta exclusivamente la casilla marcada por

éstos. En suma, en opinión de los recurrentes, las

Sentencias recurridas, al acumular sus rentas y las de sus

hijos, no sólo han vulnerado su derecho a la intimidad

personal y familiar, sino que, además, han infringido la

Ley 18/1991, que exige una manifestación firmada clara

y unánime de todos los miembros de la unidad familiar

que revele su voluntad real de integrarse en dicha unidad

para tributar conjuntamente. Además, el principio fumus

boni iuris (art. 5.3 LOPJ), el derecho a la intimidad

personal de los cónyuges, así como los principios de

personalidad de la pena y de culpabilidad, exigen que no

se acumulen las rentas de los cónyuges y sus hijos sin

una expresa autorización de éstos; menos aun en el caso

en que consta el expreso rechazo de los mismos.

d) Ponen también de manifiesto las demandas de

amparo que la integración forzosa de los recurrentes

y sus hijos en una única unidad familiar implica, en virtud

del art. 89.4 LIRPF, que quedarán "conjunta y

solidariamente sometidos al Impuesto como sujetos pasivos",

lo que, por el juego de dicho precepto y de los arts. 35

y 58.2 LGT, supone que cada uno de los cónyuges

aparecerá como responsable frente a la Hacienda Pública

de las sanciones administrativas y, en su caso, penales,

derivadas de las infracciones cometidas por el otro, sin

que haya mediado siquiera simple negligencia, dado que

cada uno de los esposos no ha podido verificar la

declaración del IRPF elaborada por el otro. Por consiguiente

-se concluye-, la Administración puede dirigirse para

el cobro de la deuda tributaria, incluídas sanciones, no

sólo al miembro de la unidad familiar responsable de

los hechos que hayan generado la sanción, sino también

a los miembros que no hayan cometido ni colaborado

en la realización de las infracciones, vulnerándose de

este modo los principios de personalidad de la pena

y de culpabilidad recogidos en el art. 25 CE, principios

de aplicación, con ciertos matices, al Derecho

administrativo sancionador. Para los recurrentes, en fin, el citado

art. 89.4 LIRPF, siendo constitucional cuando los

miembros de la unidad familiar han optado voluntariamente

por acumular sus rentas, es inconstitucional si se admite

que pueden constituirse unidades familiares "a la fuerza",

en contra, como sucede en este caso, del deseo

manifestado por los contribuyentes.

e) En fin, las Sentencias impugnadas habrían

también conculcado, a juicio de los recurrentes, el derecho

a obtener la tutela judicial efectiva de jueces y tribunales

(art. 24.1 CE), en esencia, al omitir cualquier motivación

sobre una de las quejas que se plantearon en la demanda

contencioso-administrativa, concretamente, la violación

del derecho a la intimidad personal y familiar por las

liquidaciones provisionales impugnadas. En efecto,

según se expresa en las demandas, el fundamento de

Derecho 5 de dichas Sentencias, frente a la vulneración

del derecho a la intimidad que alegaban los recurrentes,

se limita a señalar que la liquidación paralela que se

les practicó se realizó en base a la opción por la

tributación conjunta que éstos expresamente ejercitaron,

modelo de tributación que "ha de acompasarse a las

prescripciones legales, sin que ello suponga injerencia

prohibida en su intimidad personal"; pero, para los

recurrentes, con independencia de que las liquidaciones

paralelas se ajusten o no a las prescripciones legales

-cuestión de legalidad que queda fuera de un proceso

al amparo de la Ley 62/1978-, lo que el Tribunal

Superior de Justicia de Madrid debe fundamentar es si dichas

liquidaciones se han ajustado a las prescripciones

constitucionales (especialmente, los arts. 18, 24 y 25 CE).

Por todo lo expuesto, los recurrentes solicitan el

otorgamiento del amparo y, en consecuencia: que se

declaren nulas, anulen o revoquen y dejen sin efecto

las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de

Madrid objeto de los recursos; que se declare el derecho

de los recurrentes a optar por la tributación que se deriva

del art. 87.2 LIRPF; que se declare el derecho a la

devolución de todos los importes ingresados como

consecuencia de los actos administrativos impugnados,

incluídos intereses y recargos, más los intereses legales

devengados; y que se condene a la Administración pública

al pago de las costas derivadas del procedimiento

seguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid

tramitado por la vía de la Ley 62/1978, en aplicación del

art. 10.3 de dicha norma.

Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 10

de julio de 1997, los recurrentes solicitan la acumulación

de los recursos de amparo núms. 4204/96 y 3042/97.

4. Por providencias de 23 de septiembre de 1996,

dictadas en cada uno de los recursos mencionados, la

Sección Tercera de este Tribunal acordó admitir a trámite

las demandas de amparo presentadas por los Letrados

don Carlos Arrieta Martínez de Pisón y doña Elisa

Martínez de Miguel en nombre propio contra las Sentencias

de 23 de octubre de 1996 de la Sección Octava de

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Madrid, y de 7 de marzo de 1997

de la Sección Novena de dicha Sala. Asimismo, y en

aplicación de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, se acordó

en dichos proveídos requerir atentamente a las

Secciones Octava y Novena de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

y a la Delegación de Hacienda del Distrito de Salamanca

(Delegación de Madrid) de la Agencia Estatal Tributaria

para que remitieran certificación o fotocopia adverada,

respectivamente, de las actuaciones correspondientes

a los recursos contencioso-administrativos núms.

1190/96 y 815/96, y de las correspondientes al

expediente administrativo relativo a la liquidación provisional

A 28612-96180000467; debiendo previamente

emplazarse para que, en el plazo de diez días, pudieran

comparecer en los recursos de amparo, a quienes hubieran

sido parte en el procedimiento, excepto la parte

recurrente en amparo.

5. Por providencias de 9 de febrero y 4 de diciembre

de 1998 la Sección Tercera de este Tribunal acordó

tener por personado y parte en el procedimiento al

Abogado del Estado en la representación que ostenta,

acordándose entender con él las sucesivas actuaciones, así

como dar vista de las actuaciones recibidas a la parte

recurrente, al Abogado del Estado y al Ministerio Fiscal

por plazo común de veinte días para que, conforme

determina el art. 52.1 LOTC, presentaran las alegaciones que

estimaran pertinentes.

6. Los recurrentes formularon sus alegaciones en

escritos registrados en este Tribunal los días 26 de

diciembre de 1997 y 17 de marzo de 1998, en los

que suplican que se otorgue el amparo solicitado.

Mientras que en el primero de los escritos citados se reiteran

las alegaciones vertidas en la demanda de amparo del

recurso núm. 3402/97, en el segundo de ellos se da

traslado a este Tribunal del criterio del Defensor del

Pueblo acerca de la cuestión debatida en este proceso

recogido en el Informe que sobre "Algunos aspectos de la

fiscalidad de la familia" emitió en febrero de 1998. A

juicio de los demandantes en dicho Informe se concluiría

claramente sobre la inconstitucionalidad que supone el

criterio administrativo de impedir a los casados con hijos

acogerse al art. 87.2 LIRPF.

7. El Abogado del Estado formuló sus alegaciones

mediante escritos presentados en el Registro General

de este Tribunal los días 29 de diciembre de 1997 y 6

de marzo de 1998, en los que suplica se dicte Sentencia

totalmente denegatoria del amparo pretendido. En sus

escritos, antes de analizar las vulneraciones de derechos

fundamentales que se alegan, comienza haciendo tres

precisiones. En primer lugar, entiende la representación

pública que, con excepción del derecho a la tutela judicial

efectiva, cuya supuesta lesión puede incluirse en el art.

44 LOTC, nos encontramos ante un amparo mixto que,

en su mayor parte, ha de encuadrarse en el art. 43 LOTC,

ya que las pretendidas lesiones de los arts. 14, 18.1

y 25.1 CE, han de entenderse referidas primariamente

a las liquidaciones provisionales giradas por la

Administración tributaria, pudiendo reprocharse al Tribunal

Superior de Justicia de Madrid sólo en la medida en

que no las ha reparado. Advierte también, en segundo

lugar, que las demandas de amparo no ponen en tela

de juicio la constitucionalidad del art. 87 LIRPF, sino

la interpretación -ratificada o, al menos, no corregida

por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid- con

arreglo a la cual la Administración le ha aplicado el citado

precepto legal. En tercer lugar, considera patente que

las súplicas de las demandas de amparo formulan

algunas pretensiones ajenas a la jurisdicción de este Tribunal.

En particular, a su juicio, mientras resulta lícito pretender

la declaración de nulidad de las liquidaciones

provisionales impugnadas y de las resoluciones judiciales que

se recurren en amparo, resulta incompatible con la

configuración constitucional y legal del amparo solicitar que

se declare el derecho de los recurrentes "a optar por

la tributación que se deriva del art. 87.2 LIRPF", la

devolución de los importes ingresados como consecuencia

de los actos administrativos impugnados, y que se

condene en costas a la Administración en los recursos

contencioso-administrativos seguidos ante el Tribunal

Superior de Justicia de Madrid por la especial vía de

protección jurisdiccional de derechos fundamentales.

Por lo que al fondo de la cuestión respecta, el

Abogado del Estado descarta en primer lugar que el derecho

fundamental a la igualdad del art. 14 CE haya resultado

vulnerado en el presente caso. Para llegar a esta

conclusión comienza destacando la necesidad de determinar

si la presunta infracción del principio de igualdad

denunciada debe enmarcarse en el art. 14 CE (en el que cabe

incluir las diferencias de tratamiento con carácter

"subjetivo") o en el art. 31.1 CE (que integra las diferencias

por razones objetivas "atinentes a la renta o a los

ingresos de los sujetos"), dado que, conforme a reiterada

doctrina de este Tribunal, sólo resulta tutelable en

amparo la discriminación "por razón de cualquiera de las

circunstancias personales o sociales a que se refiere el

art. 14 CE". Antes de situar la presunta discriminación,

no obstante, el Abogado del Estado diferencia entre dos

tipos de "cuestiones constitucionales de igualdad". En

primer lugar, estaría la que nace de una "arbitrariedad

aplicativa", que tendría lugar si la Administración

tributaria hubiera aceptado que dos contribuyentes casados,

perceptores ambos de ingresos sujetos al IRPF y con

dos hijos menores y dependientes, hubieran constituido

al amparo del art. 87.2 LIRPF dos unidades familiares

para la tributación conjunta. A juicio de la representación

pública, sin embargo, una situación como ésta

difícilmente puede alzarse al nivel constitucional, dado que

la aplicación del citado precepto legal a otros cónyuges

en idéntica situación familiar y económica a los

demandantes de amparo sólo podría originarse por dos motivos:

o bien que la Administración hubiera operado conforme

a Derecho, en cuyo caso la inaplicación del art. 87.2

LIRPF a los recurrentes no constituiría una infracción

del principio de igualdad sino un simple acto ilegal; o

bien porque hubiera actuado contra la Ley, supuesto

en el que no cabría invocar el precedente como término

apropiado de comparación, pues no puede reclamarse

"igualdad en la ilegalidad". El segundo tipo de "cuestión

constitucional de igualdad" es la que el Abogado del

Estado denomina "igualdad interna a la norma" (igualdad

en la ley o ante la ley, en la terminología usual),

entendiendo por norma, no sólo el precepto legal o

reglamentario, sino también el criterio para interpretar un

determinado precepto, siempre que dicha interpretación

pudiera entenderse establecida con carácter general y

abstracto para un número indeterminado de casos. Aquí

-señala- se trata de comparar tratamientos jurídicos

diversos para casos no idénticos sino sólo semejantes

en lo esencial, con la peculiaridad de que el elemento

diferenciador es, bien un rasgo que la Constitución

prohíbe que se tome como base de una diferencia de trato,

bien un rasgo que, sin estar constitucionalmente

prohibido, resulta carente de suficiente poder para justificar

o fundamentar el tratamiento diferente.

Hecha esta diferenciación, el Abogado del Estado

pone de manifiesto que, para los demandantes de

amparo, dentro del régimen de tributación conjunta han de

compararse dos situaciones de convivencia familiar: en

primer lugar, una familia -como la de los

demandantesformada por dos personas unidas en matrimonio, ambas

perceptoras de rentas, con dos hijos menores

dependientes; en segundo lugar, una familia sólo diferenciada

de la anterior por la ausencia del vínculo matrimonial.

Según las demandas de amparo, la Administración

tributaria -respaldada por el Tribunal Superior de Justicia

de Madrid- sostiene el criterio interpretativo general de

que, en el caso de la familia en la que existe el vínculo

del matrimonio, debe aplicarse el art. 87.1 LIRPF (de

manera que la unidad familiar para la tributación

conjunta sólo puede ser la integrada por el padre, la madre

y los dos hijos dependientes), mientras que el supuesto

de la familia en la que el vínculo matrimonial no existe

se encuentra comprendido en el art. 87.2 LIRPF, lo que

permite crear dos unidades familiares para la tributación

conjunta y beneficiarse así de la estructura progresiva

de la tarifa.

Descrito así el supuesto, el Abogado del Estado

reconoce que la cuestión de igualdad planteada en la

demanda queda incluida en la esfera del art. 14 CE y no en

la del art. 31.1 CE. Por un lado, el rasgo del que depende

el trato desigual es subjetivo, poseer o no el estado civil

de casado. Por otro, no puede considerarse inapropiado

el término de comparación elegido por los demandantes:

en efecto, el tratamiento que dentro del régimen de

tributación conjunta reciben las rentas de los recurrentes

-casados- es comparado con el que recibirían dos

contribuyentes no casados que, en cuanto a lo demás,

estuvieran en idéntica situación que ellos.

Admitido lo anterior, sin embargo, el Abogado del

Estado considera que existen buenas razones para

sostener que la aplicación del art. 87.1 LIRPF hecha en

el caso por la Administración tributaria y ratificada por el

Tribunal Superior de Justicia de Madrid, no vulneró el

derecho fundamental de igualdad. A este respecto, pone

de relieve que para los recurrentes la interpretación del

art. 87.2 LIRPF por ellos patrocinada es la única concorde

con el art. 14 CE. Efectivamente, para estos últimos,

dos contribuyentes (padre y madre) no casados con su

misma situación económico-familiar podrían ampararse

en el art. 87.2 LIRPF, de manera que la única solución

para evitar la discriminación de los casados reside en

interpretar los dos números del art. 87 LIRPF como

modos alternativos para configurar o delimitar la unidad

familiar en la tributación conjunta, estando los

contribuyentes facultados para elegir libremente una u otra

posibilidad.

A juicio del Abogado del Estado, sin embargo, la

interpretación propuesta por los demandantes no es el único

camino para evitar la discriminación de los casados, sino

que, por el contrario, existen otras interpretaciones del

art. 87 LIRPF respetuosas con el art. 14 CE de las que

se infiere que la libre opción por la tributación conjunta

efectuada por los recurrentes conduce necesariamente

a que la unidad familiar haya de formarse conforme al

art. 87.1 LIRPF, sin facultad de acogerse a lo dispuesto

en el art. 87.2 LIRPF. Hecha esta afirmación, el Abogado

del Estado propone una interpretación de las citadas

características.

A este respecto, comienza el Abogado del Estado

haciendo dos precisiones sobre el régimen de tributación

conjunta establecido en la LIRPF. En primer lugar,

partiendo de que el "régimen tributario normal" del IRPF

es la tributación individual (arts. 86 y 88 LIRPF), entiende

que, en virtud del art. 86 LIRPF, quien opta libremente

por la tributación conjunta acepta de antemano la

aplicación de dicho régimen "en los términos en que ha

sido configurado por el legislador", sin que le sea lícito

seleccionar las reglas más apropiadas para minimizar

la carga tributaria. En segundo lugar, a su juicio, el tenor

del art. 87 LIRPF no permite entender que exista libertad

para elegir entre las dos modalidades de unidad familiar

que recoge, sino que, por el contrario, todos los

supuestos en que se opte por la tributación conjunta deben

encuadrarse en una de ellas.

A continuación, aun reconociendo que el art. 87 LIRPF

es una norma de redacción defectuosa, sostiene el

Abogado del Estado que tales defectos no conducen

necesariamente a su inconstitucionalidad por infracción del

art. 14 CE, sino que pueden ser salvados si se interpreta

y aplica adecuadamente. En este sentido entiende que,

para evitar discriminaciones inconstitucionales, el

art. 87.1 LIRPF, además de a los supuestos

expresamente previstos en el mismo (cónyuges no separados

legalmente e hijos menores dependientes), debe

aplicarse analógicamente a todos los supuestos de unidad

familiar que guarden relación de semejanza con la

legalmente formulada; esto es, a su juicio, "es el número 1

y no el 2 del art. 87 donde deben ser subsumidas las

unidades familiares formadas por hombre y mujer que

conviven more uxorio junto, si los hubiere, con sus hijos

menores dependientes". De este modo -afirma-,

mediante un procedimiento de interpretación e

integración expresamente admitido en nuestro Derecho (art.

4.1 CC) se corrige un defecto en la redacción de la norma

y se racionaliza ésta desde el punto de vista de su

finalidad: el apartado 1 del art. 87 LIRPF comprende todas

las hipótesis de efectiva convivencia biparental (exista

o no vínculo matrimonial), debiéndose excluir, v.gr., los

supuestos de efectiva separación de hecho; y el apartado

2 se reserva a los supuestos de convivencia

monoparental. Integración analógica del art. 87.1 LIRPF que,

a juicio del Abogado del Estado, no está prohibida: en

primer lugar, porque las leyes tributarias no están

incluidas en las categorías del art. 4.2 CC; en segundo lugar,

porque la prohibición de analogía del art. 23.3 LGT sólo

opera respecto del hecho imponible y los beneficios

tributarios; en tercer lugar, en fin, porque en el Derecho

tributario no existe una prohibición general de analogía

in malam partem, más aun si con ésta se evitan

discriminaciones contrarias a la Constitución.

Por otro lado, para el Abogado del Estado, el derecho

de igualdad "no prescribe que el juicio constitucional

de igualdad necesariamente deba orientarse al resultado

que más favorezca a quien deduce la pretensión

igualitaria". Es decir, nada obliga a aceptar la premisa de

que el supuesto de convivencia more uxorio de hombre

y mujer, ambos perceptores de renta, con dos hijos

menores dependientes, debe encuadrarse en el art. 87.2

LIRPF, de manera que el principio de igualdad impone

el mismo trato en favor de los casados en idéntica

situación. Por el contrario, es perfectamente respetuoso con

el art. 14 CE partir de que supuestos como el de los

esposos recurrentes deben subsumirse bajo el art. 87.1

LIRPF, precepto que, además, deberá aplicarse ex

analogía a los casos de uniones more uxorio.

En suma, los recurrentes, que optaron libremente por

el régimen de tributación conjunta, han sido incluidos

correctamente en el supuesto del art. 87.1 LIRPF. Desde

luego, la Administración deberá cuidar que en la

aplicación del art. 87 LIRPF no se produzcan

discriminaciones contrarias al art. 14 CE. Pero los cónyuges

recurrentes no tienen derecho a que el art. 87.1 LIRPF

se aplique también a quienes conviven more uxorio en

sus mismas circunstancias económico-familiares, dado

que el derecho fundamental de igualdad sólo atribuye

una facultad reaccional frente a la propia discriminación.

Por otro lado, entiende el Abogado del Estado que

la condición que los recurrentes añadieron a su opción

por la tributación conjunta ("Optamos por la aplicación

de los artículos 86 al 92 Ley 6 de junio de 1991, de

acuerdo a lo establecido en el artículo 87.2. En todo

caso se renuncia a la modalidad del art. 87.1") debe

entenderse por no puesta, dado que, en virtud del art. 86

LIRPF, las normas que regulan dicho modo de tributación

son imperativas. Norma cogente es, pues, el art. 87

LIRPF, que ni permite optar por uno de sus números,

ni "renunciar" a la modalidad de unidad familiar prevista

en su núm. 1.

Todo lo expuesto lleva a la representación pública

a la conclusión de que la aplicación a los cónyuges

recurrentes del art. 87.1 LIRPF no violó su derecho

fundamental de igualdad reconocido en el art. 14 CE.

A juicio del Abogado del Estado, la aplicación del

art. 87.1 LIRPF a los recurrentes en amparo tampoco

vulneró el derecho fundamental a la intimidad recogido

en el art. 18.1 CE. Para argumentar esta conclusión la

representación pública comienza estableciendo dos

premisas previas: en primer lugar, conforme a reiterada

doctrina de este Tribunal, sólo puede solicitarse amparo

respecto a lesiones de derechos fundamentales reales y

actuales, no respecto a lesiones hipotéticas o basadas

en supuestos imaginarios; en segundo lugar, con arreglo

al art. 118.2 LGT, la Administración tributaria puede

presumir que los recurrentes -lícitamente- elaboraron de

común acuerdo una estrategia tendente a minimizar su

tributación por IRPF mediante la creación de dos

unidades familiares. Esto sentado, advierte que los

recurrentes optaron libremente por la tributación conjunta,

opción que debe ejercerse en los términos en que la

configura la Ley (art. 86 LIRPF), de modo que no cabe

sumar a la opción por el régimen de tributación conjunta

una segunda opción por una determinada manera de

delimitar la unidad familiar. Así pues, a su juicio, debe

entenderse por no puesto el condicionamiento que los

recurrentes hicieron en sus declaraciones del IRPF

de 1993 y 1994 (la opción por la tributación conjunta

"de acuerdo con lo establecido en el art. 87.2",

renunciando "en todo caso" a "la modalidad del art. 87.1"),

de manera que sólo quedaría viva la opción por la

tributación conjunta formulada por ambos cónyuges, que

es lo que ha permitido regularizar su situación tributaria

aplicándoles el art. 87.1 LIRPF, integrando las

declaraciones de las dos unidades familiares (don Carlos e hijo,

doña Elisa e hijo). Ciertamente, también cabría entender

que la imposibilidad legal del condicionamiento

mediante el que se pretendía la aplicación del art. 87.2 LIRPF

lo que determina es la ineficacia de la opción por la

tributación conjunta, por lo que la Agencia Tributaria

hubiera debido proceder requiriendo a cada uno de los

cónyuges para que presentara nueva declaración

ajustada al régimen tributario que eligieran sobre la base

de que, si optaban por la tributación conjunta, la unidad

familiar procedente era la del art. 87.1 LIRPF. Sin

embargo, en opinión del Abogado del Estado, no hay razones

para dar preferencia a esta opción sobre la adoptada

por la Administración tributaria. Todo lo contrario:

estableciendo con precisión la LIRPF a qué alcanza la opción

(exclusivamente por la tributación conjunta en los

estrictos términos legales), de aceptarse que una conducta

como la seguida por los recurrentes les volviera a dar

derecho a elegir el modo de tributar, se perturbaría

gravemente el tráfico jurídico-tributario, se introduciría un

factor de inseguridad en las relaciones jurídicas entre

la Hacienda y los contribuyentes, y se premiaría el ingenio

en la creación de dificultades de gestión tributaria con

daño a la practicabilidad real del IRPF y los importantes

fines que persigue este impuesto cardinal en nuestro

sistema tributario.

De lo anterior, el Abogado del Estado deduce que

la liquidación provisional girada a los cónyuges

recurrentes no ha lesionado su derecho a la intimidad, ni en

su "vertiente interna" ni en la "externa". Por un lado,

en las demandas no se razona en qué punto y por qué

razón ha podido violar la "intimidad interna" entre los

cónyuges la liquidación provisional que se les ha girado,

sino que se limitan a señalar: "imagínese que alguno

de nosotros mantuviera en secreto...". Además, debe

tenerse en cuenta que los demandantes han contribuido

a crear la situación que denuncian al arriesgarse a

sostener una interpretación del art. 87 LIRPF que sabían

que la Administración no compartía. En fin, según se

desprende de sus declaraciones, los cónyuges

recurrentes están sujetos al régimen de gananciales, de manera

que todos los rendimientos que uno y otro declararon

estaban aparentemente sujetos al deber de recíproca

información del art. 1383 CC. Por lo que respecta a

la intimidad en su "vertiente externa", a los recurrentes

no se les ha impuesto ninguna sanción que les obligue

a "revisar" la declaración del cónyuge, ni se les ha

forzado a una exhibición de sus diferencias íntimas ante

la Administración tributaria en todo el procedimiento,

por lo que nos hallamos, una vez más, no ante lesiones

reales o actuales, sino ante meras hipótesis o supuestos

imaginarios. En cuanto al problema de las firmas

exigibles para la declaración conjunta por el art. 96.5 LIRPF,

destaca el Abogado del Estado que los actos impugnados

son liquidaciones provisionales dictadas por un órgano

administrativo con base en los datos proporcionados por

uno y otro cónyuge en declaración autorizada con su

firma. Fueron los propios recurrentes quienes, por su

libre voluntad y en virtud de una interpretación que

suponían defendible, se abstuvieron de presentar y firmar

una única declaración conjunta.

Para concluir, el Abogado del Estado rechaza que

los derechos a la legalidad sancionadora y a la tutela

judicial efectiva hayan resultado quebrantados. Por lo

que al primero de los citados derechos respecta, sostiene

que, no habiéndose impuesto a los recurrentes sanción

alguna, el art. 25 CE no puede haberse vulnerado; una

vez más -señala- los actores razonan aquí respecto

a supuestos imaginarios. Por otro lado, los demandantes

de amparo atribuyen la infracción del art. 24.1 CE a

que las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia

de Madrid no motivan suficientemente por qué no se

ha producido la lesión del derecho fundamental a la

intimidad que denuncian. Para la representación pública,

sin embargo, dicha motivación es suficiente, dado que

la decisión se fundamenta en que, habiendo optado los

actores libremente por la tributación conjunta, han de

aplicarse los preceptos imperativos inherentes a su

régimen legal, entre ellos los relativos a la acumulación de

rentas, que obviamente supone integrar los datos

proporcionados por cada una de las declaraciones firmadas

por cada uno de los recurrentes en su propio nombre

y en el de uno de sus hijos.

Mediante otrosí, en el escrito de alegaciones del

recurso de amparo núm. 4204/96, el Abogado del Estado,

en atención a que concurren las circunstancias previstas

en el art. 83 LOTC, suplica la acumulación del citado

recurso con el núm. 3042/97.

8. El Ministerio Fiscal formuló sus alegaciones

mediante escritos registrados en este Tribunal el 29 de

enero y el 20 de febrero de 1998, en los que se interesa

se dicte Sentencia que estime los recursos de amparo

y declare que tanto los actos administrativos de

liquidación como las Sentencias del Tribunal Superior de

Justicia de Madrid han vulnerado el derecho de los

demandantes de amparo a la igualdad. En dichos

escritos, tras explicar los hechos que han dado lugar a los

presentes recursos y señalar los derechos

constitucionales que se dicen vulnerados (igualdad ante la ley,

intimidad, principios de personalidad y culpabilidad en el

ámbito sancionador y tutela judicial efectiva), comienza

por precisar que, pese a que en el "suplico" de las

demandas se solicita la anulación tanto de las Sentencias como

de los actos administrativos de liquidación impugnados,

los recursos de amparo han de entenderse interpuestos

principalmente contra estos últimos, esto es, por la vía

del art. 43 LOTC y no del 44 de la citada Ley Orgánica.

Aclarado lo anterior, el Ministerio Fiscal comienza

rechazando que se haya vulnerado el derecho a la tutela

judicial efectiva. A este respecto recuerda que, conforme

a reiterada doctrina de este Tribunal, cuando la vía

judicial previa utilizada es, como en este caso, la especial

y sumaria de protección de derechos fundamentales,

ha de entenderse en todo caso agotada dicha vía y entrar

en la cuestión de fondo. Por otro lado -señala-, lo que

vienen a denunciar los demandantes es, precisamente,

la falta de argumentación por el Tribunal Superior de

Justicia de Madrid respecto de alguno de los derechos

alegados (concretamente el derecho a la intimidad), lo

que constituye una desestimación de fondo respecto de

los derechos fundamentales alegados en la vía judicial

previa.

Seguidamente el Fiscal examina la infracción del

principio de igualdad ante la Ley que denuncian las

demandas de amparo. Dicha vulneración -señala- se habría

producido al haber sido obligados los recurrentes a

tributar conjuntamente en la modalidad de unidad familiar

prevista en el apartado 1 del art. 87 LIRPF y no

permitírseles acudir a la establecida en el apartado 2 de

dicho precepto. A continuación, trascribe el art. 87 LIRPF

y advierte que del conjunto de la regulación legal no

se desprende que para formar parte de una unidad

familiar todos sus miembros -o, al menos, más de uno de

ellos- deban percibir rentas sometidas al IRPF.

Entienden los demandantes -prosigue el Ministerio

Fiscalque el art. 87 LIRPF no impide a los cónyuges separados

legalmente recurrir a la modalidad de unidad familiar

descrita en su apartado 2 (aplicable claramente en los

casos de convivencia more uxorio, separación, nulidad

del matrimonio y divorcio), aunque reconocen que, por

el contrario, los convivientes de hecho no podrían

acogerse al supuesto previsto en el apartado 1. Asimismo,

afirman que la imposibilidad para los recurrentes de

constituir unidades familiares del art. 87.2 LIRPF, establecida

tanto en las resoluciones administrativas como en las

judiciales, constituye un caso de discriminación ante la

Ley contrario al art. 14 CE, si se compara la situación

que se les impone con los casos de personas que, en

identidad de situación -convivencia con dos hijos- no

están unidos por vínculo matrimonial.

Seguidamente el Fiscal destaca que el sistema de

tributación establecido en la Ley 18/1991 ha supuesto

la concesión a los contribuyentes de una opción entre

las llamadas "tributación individual" y "tributación

conjunta" de los integrantes de la unidad familiar, siendo

los tipos tributarios de la declaración individual más

gravosos que los de la conjunta, con el fin de compensar

el aumento de la base imponible que normalmente

conlleva esta última, al acumular las rentas percibidas por

los distintos integrantes de la unidad familiar. Sostiene

también que la opción del art. 87.2 LIRPF supone un

trato favorable para el contribuyente, tanto si se compara

con la auténtica tributación individual (puesto que en

este caso el tipo impositivo es mayor), como si se

contrasta con la conjunta del art. 87.1 LIRPF (que da lugar

a una acumulación de rentas y, en consecuencia, a un

aumento de la base imponible). Sin embargo -advierte-,

no es ésta la cuestión aquí suscitada, sino el diferente

trato que, según los recurrentes, supone imponerles la

modalidad de unidad familiar prevista en el art. 87.1

LIRPF, impidiéndoles, de este modo, frente a los

progenitores con hijos comunes que conviven more uxorio,

acudir a la modalidad configurada en el art. 87.2 LIRPF.

Así centrado el problema, el Fiscal observa que, a

diferencia de la antigua Ley 44/1978, reguladora del

IRPF (art. 5), el art. 87.2 LIRPF no exige para su aplicación

la existencia de nulidad, disolución del matrimonio o

separación judicial, ni que se trate del caso de padres

solteros y sus hijos, aunque mantiene la prohibición de

pertenencia a dos unidades familiares; aparte de que

la Ley 18/1991, a diferencia de la anterior, no impone

la tributación conjunta en todos los casos de unidad

familiar, sino que permite optar entre ésta (para cuyo

caso establece lo que denomina "modalidades de unidad

familiar") y la tributación individual.

Seguidamente pone de manifiesto el Ministerio Fiscal

que no todo trato desigual es contrario al art. 14 CE,

sino sólo el que, por carecer de una razón fundada, puede

considerarse discriminatorio. A estos efectos -advierte-,

no es preciso que la norma -o su interpretación y

aplicación- tiendan a la discriminación, sino que basta con

que den lugar a un trato diferente no justificado por

alguna de las causas establecidas en el art. 14 CE, entre

las que se encuentra "cualquier otra condición o

circunstancia personal o social" y, en consecuencia, incluye

el matrimonio y la situación familiar, especialmente

protegida en nuestra Constitución.

El principio de igualdad ante la Ley exige para ser

protegido que se aporte término válido de comparación

y, a juicio del Fiscal, en el presente caso se ha aportado,

no tanto -señala- sobre la base de una aplicación real

a un caso determinado, sino de estudios doctrinales y,

especialmente, de las Resoluciones de la Dirección

General de Tributos mencionadas en los folios 24 y 25 de

las demandas de amparo, particularmente la de 17 de

mayo de 1995. Por otra parte, estos términos de

comparación, unidos a la propia previsión del art. 87.2 LIRPF,

impiden en opinión del Fiscal considerar que la utilización

de la modalidad de unidad familiar prevista en dicho

precepto en convivientes more uxorio con hijos comunes

constituya lo que se conoce como "fraude a la ley

tributaria", pues tanto ésta como la propia resolución

mencionada consideran correcta la aplicación del art. 87.2

a los casos de uniones de hecho con varios hijos.

En definitiva, considera el Ministerio Fiscal que tanto

los actos administrativos como las resoluciones

recurridas, en cuanto imposibilitan la opción del art. 87.2 LIRPF

a quienes están unidos por vínculo matrimonial frente

a los que, en la misma situación, no lo están, determinan

que, a igualdad de condiciones -esencialmente de renta

y cargas familiares-, se produzca una diferencia de trato

desfavorable y no justificada y, en consecuencia,

contraria al art. 14 CE. A su juicio, no es la propia ley la

que consagra un trato discriminatorio de forma evidente,

dado que la redacción literal del art. 87.2 LIRPF, al no

precisar nada, permite una interpretación acorde con

la suscitada por los demandantes, prescindiendo de cuál

fuese la voluntad del legislador; en consecuencia,

estamos ante un supuesto de discriminación en la aplicación

de la ley, no de violación del principio de igualdad ante

aquélla.

Por lo que concierne a la alegada vulneración del

art. 25 CE, entiende el Ministerio Fiscal que es retórica

y carente de contenido, dado que, según se desprende

de las actuaciones, no se ha impuesto a los recurrentes

sanción alguna, y carecen de este carácter los intereses

de demora, por lo que la simple previsión de una

responsabilidad solidaria por el pago de una deuda tributaria

que no conlleva sanción no supone infracción del citado

precepto constitucional.

A su juicio, también carece de contenido

constitucional la denunciada vulneración del derecho a la

intimidad en su vertiente interna y externa, dado que los

recurrentes se limitan a reproducir las hipótesis

mencionadas en la STC 45/1989, sin alegar en ningún

momento (tampoco se desprende de las actuaciones,

más bien se excluye) que hayan tenido que efectuar

alguno de los actos que, según ellos, determinan tal

vulneración, al menos en lo que se refiere a lo que

denominan "vertiente externa"; sin que, respecto a la

"vertiente interna", sea suficiente para entender producida

tal infracción constitucional la simple referencia al

respeto al "magro ámbito de la intimidad que nos resta"

(folio 72 de las demandas). Entiende el Fiscal que

tampoco puede ser atendido el argumento de que la

Administración no debió efectuar liquidaciones conjuntas sino

separadas, puesto que los demandantes no alegan

derecho fundamental alguno en apoyo de su tesis y, en todo

caso, se trata de una cuestión de legalidad ordinaria

que es ajena a las funciones de este Tribunal.

Por todo lo expuesto, el Fiscal interesa se dicte

Sentencia que estime los recursos de amparo y declare que

tanto los actos administrativos de liquidación como las

Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

han vulnerado el derecho de los demandantes de amparo

a la igualdad; y, en consecuencia, anule los citados actos

y resoluciones judiciales, determinando la retroacción

del procedimiento administrativo al momento

inmediatamente anterior a practicarse las liquidaciones

provisionales, sin que proceda pronunciarse sobre la condena

en costas a la Administración ni a los intereses, por ser

cuestiones que ha de resolver la propia Administración, y

desestime el recurso por los demás motivos. Mediante otrosí,

en el escrito de alegaciones del recurso de amparo núm.

4204/96, el Ministerio Fiscal pone de manifiesto la identidad

sustancial de dicho recurso con el núm. 3042/97, a los

efectos de la posible acumulación de ambos, conforme

a lo dispuesto en el art. 83 LOTC.

9. Mediante providencia de 23 de marzo de 1998,

la Sección Tercera de este Tribunal acordó conceder

a los recurrentes en amparo un plazo de diez días para

que alegasen lo que estimasen oportuno respecto a la

posible acumulación, interesada por el Abogado del

Estado y el Ministerio Fiscal, del recurso de amparo núm.

4204/96 al núm. 3402/97, pronunciándose aquéllos

en sentido favorable. Por Auto de 11 de octubre de

1999 la Sala Segunda de este Tribunal acordó la

acumulación de los recursos 4204/96 y 3042/97.

10. Por providencia de 13 de diciembre de 2000,

el Pleno de este Tribunal, conforme establece el art. 10.k

LOTC, a propuesta de la Sala Segunda del mismo,

acuerda recabar para sí el conocimiento de los recursos de

amparo acumulados núms. 4204/96 y 3042/97.

11. Por Acuerdo de 24 de enero de 2001, de

conformidad con lo dispuesto en los arts. 15 y 80 LOTC,

el Presidente asume la ponencia de los recursos de

amparo núms. 4204/96 y 3042/97 acumulados, en

sustitución del Magistrado don Julio Diego González Campos.

12. Por providencia de 13 de febrero de 2001, se

señaló para deliberación y votación de la presente

Sentencia el día 15 del presente mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. Alegan los demandantes de amparo que las

Sentencias dictadas por las Secciones Octava y Novena de

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid de 23

de octubre de 1996 y 7 de marzo de 1997 han vulnerado

su derecho fundamental a la igualdad ante la ley (art. 14

CE), en relación con el deber de contribuir establecido

en el art. 31.1 CE, el derecho a contraer matrimonio

que recoge el art. 32.1 CE y la protección social,

económica y jurídica de la familia que el art. 39.1 CE ordena

a todos los poderes públicos; su derecho a la intimidad

personal y familiar (art. 18 CE); los principios de

personalidad de la pena y de culpabilidad (art. 25 CE); y,

en fin, el derecho a obtener la tutela judicial efectiva

de Jueces y Tribunales sin que, en ningún caso, se

produzca indefensión (art. 24.1 CE). Dichas Sentencias

desestiman, respectivamente, los recursos

contencioso-administrativos núms. 1190/96 y 815/96

interpuestos contra sendas liquidaciones provisionales

practicadas el 14 de mayo y el 19 de abril de 1996 por el

Administrador de la Administración de Hacienda de

Salamanca (Delegación de Hacienda de Madrid de la Agencia

Estatal de la Administración Tributaria) en concepto de

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (en

adelante, IRPF) de los ejercicios 1994 y 1993; por su parte,

las citadas liquidaciones tributarias fueron practicadas

con fundamento en la regulación de la unidad familiar

que, a efectos de la tributación conjunta, establecía el

art. 87 de la Ley 18/1991, de 6 de junio, reguladora

del IRPF (LIRPF).

2. Más concretamente, exponen los recurrentes que

el derecho a la igualdad habría resultado desconocido

al interpretar las Sentencias impugnadas que mientras

que los matrimonios con hijos, como es el caso de los

demandantes, no pueden constituir la modalidad de

unidad familiar establecida en el art. 87.2 LIRPF (esto es,

la formada por el padre o la madre con los hijos menores),

ésta es una opción a la que sí pueden acogerse las

parejas que conviven more uxorio, lo que se traduciría en

la práctica en un trato fiscal más favorable para estas

últimas que no sólo carece de justificación razonable,

sino que además contradice los arts. 32.1 y 39 CE. La

supuesta contradicción con el art. 18 CE se habría

producido porque, al practicar la Administración una

liquidación paralela acumulando las rentas de los recurrentes

y sus hijos, pese a que ambos cónyuges renunciaron

expresamente en sus declaraciones a la aplicación del

art. 87.1 LIRPF, ha impedido a los miembros de la familia

mantener en su relación recíproca la reserva que

juzgaran conveniente sobre sus respectivas actividades

económicas, obligando, al mismo tiempo, a cada cónyuge,

en virtud de la responsabilidad solidaria de los miembros

de la unidad familiar establecida en el art. 89.4 LIRPF,

a revisar la declaración del otro y denunciar ante la

Hacienda Pública las irregularidades en que hubiera

incurrido en la estimación de sus propias rentas y las

del hijo con que tributó. La infracción del art. 25 CE,

por su parte, habría tenido lugar porque la liquidación

paralela practicada por la Administración y ratificada por

el órgano judicial implica, en virtud del citado art. 89.4

LIRPF y de los arts. 35.1 y 58.2 e) de la Ley General

Tributaria (en adelante, LGT), que cada uno de los

cónyuges es responsable frente a la Hacienda pública de

las sanciones administrativas y, en su caso, penales,

derivadas de las infracciones cometidas por el otro, sin que

haya mediado siquiera la simple negligencia que exige

el art. 77.1 LGT. En fin, las resoluciones judiciales

impugnadas habrían conculcado también el art. 24.1 CE al

omitir cualquier respuesta acerca de la vulneración del

derecho a la intimidad personal y familiar por las

liquidaciones tributarias que se denunciaron en las demandas

contencioso-administrativas.

El Abogado del Estado se opone a la pretensión de

amparo. A su juicio, no se ha producido la infracción

del art. 14 CE invocada porque, amén de la interpretación

del art. 87 LIRPF propuesta por los demandantes, existe

otra que permite también evitar la discriminación de los

casados manteniendo intacta las liquidaciones tributarias

cuestionadas: considerar, mediante una integración

analógica que permite el art. 23.3 LGT, que, al igual que

los cónyuges no separados legalmente, las parejas que

conviven more uxorio pueden acogerse a la modalidad

de unidad familiar del apartado 1 del art. 87 LIRPF.

También niega la representación pública que las liquidaciones

paralelas practicadas por la Administración hayan

ignorado el derecho a la intimidad de los recurrentes, ni

en su vertiente interna, dado que al estar sujetos los

cónyuges al régimen de gananciales tienen el deber de

recíproca información acerca de sus actividades y

rendimientos económicos (art. 1383 CC), ni en su vertiente

externa, ya que a los recurrentes no se les ha impuesto

ninguna sanción que les obligue a revisar la declaración

del cónyuge ni se les ha forzado a exhibir sus diferencias

íntimas ante la Administración tributaria en todo el

procedimiento. No habiéndose impuesto a los recurrentes

sanción alguna, tampoco considera el Abogado del

Estado que se haya podido vulnerar el art. 25 CE. En fin,

a su juicio, al señalar las sentencias impugnadas que

la libre elección por los recurrentes de la tributación

conjunta supone la aceptación de todos los preceptos

inherentes a su régimen legal -entre ellos los relativos

a la acumulación de rentas-, han motivado

suficientemente por qué no existe la lesión del derecho a la

intimidad denunciada en sede contenciosa, por lo que no

se ha infringido tampoco el art. 24.1 CE.

El Ministerio Fiscal, en cambio, considera que se ha

vulnerado el principio de igualdad. A su juicio, en efecto,

imposibilitar, como hacen los actos administrativos y

resoluciones judiciales impugnadas, la opción por la

modalidad de unidad familiar del art. 87.2 LIRPF a

quienes están unidos por vínculo matrimonial frente a los

que, en la misma situación, no lo están, determina que,

a igualdad de renta y cargas familiares, se produzca una

diferencia de trato desfavorable y no justificada y, por

tanto, contraria al art. 14 CE. Entiende, sin embargo,

que ni se ha infringido el art. 24.1 CE, porque la falta

de argumentación del órgano judicial sobre la presunta

vulneración del derecho a la intimidad equivaldría a una

desestimación sobre el fondo, ni se ha desconocido el

art. 25 CE, porque no se ha impuesto sanción alguna

a los recurrentes, ni, en fin, puede entenderse vulnerado

el art. 18 CE con fundamento en las meras hipótesis

a las que aluden los recurrentes.

3. Fijados así los términos de la controversia, antes

de comenzar el análisis de cada uno de los motivos

aludidos en los recursos de amparo acumulados, es preciso

delimitar los actos contra los que se suscitan. En el

encabezamiento de las demandas, los recurrentes de amparo

afirman interponer los recursos contra las Sentencias

de las Secciones Octava y Novena de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia

de la Comunidad de Madrid. Basta, sin embargo, la mera

lectura de la fundamentación jurídica y del suplico de

las demandas para constatar que en realidad nos

encontramos en este caso ante recursos de amparo de carácter

mixto. En efecto, por un lado, como advierte el Abogado

del Estado, se utiliza el cauce habilitado en el art. 43

LOTC al imputar a las liquidaciones provisionales

practicadas por el Administrador de la correspondiente

Administración de Hacienda la vulneración de los derechos

fundamentales a la igualdad (art. 14 CE) y a la intimidad

personal y familiar (art. 18 CE), así como de los principios

de personalidad de la pena y culpabilidad (art. 25 CE),

reprochándose únicamente a las citadas Sentencias del

Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid

no haber reparado la supuesta lesión; por otro lado, se

achaca directa y exclusivamente a dichas resoluciones

judiciales la vulneración del derecho a obtener la tutela

judicial efectiva de Jueces y Tribunales establecido en

el art. 24.1 CE, acudiéndose, de este modo a la vía del

art. 44 LOTC.

Finalmente conviene precisar que los actos

administrativos de cuya constitucionalidad se duda son, como

hemos señalado, liquidaciones provisionales en

concepto de IRPF de los ejercicios 1993 y 1994, en las que

la Administración tributaria, en aplicación del núm. 1

del art. 87 LIRPF, acumula las rentas de los recurrentes

y sus hijos al considerar improcedentes las declaraciones

presentadas por cada uno de los cónyuges con uno de

los hijos con arreglo al núm. 2 del mencionado precepto.

4. Delimitado así el objeto de los recursos, procede

examinar en primer término las quejas que se dirigen

contra las liquidaciones provisionales dictadas por la

Administración tributaria, comenzando por la

denunciada vulneración del derecho fundamental a la igualdad

ante la ley garantizado en el art. 14 CE, para abordar

después los reproches dirigidos directamente contra las

resoluciones judiciales impugnadas. Como hemos

señalado, en opinión de los recurrentes -juicio con el que

coincide el Ministerio Fiscal-, los actos administrativos

y las resoluciones judiciales impugnadas incurren en la

discriminación prohibida por el citado precepto

constitucional, desconociendo, al mismo tiempo, las

prescripciones de los arts. 32.1 y 39 CE, al impedir que los

matrimonios con hijos puedan constituir la unidad

familiar del núm. 2 del art. 87 LIRPF, modalidad más favorable

fiscalmente en ocasiones a la que, sin embargo,

conforme a dos Resoluciones de la Dirección General de

Tributos y a las Sentencias del Tribunal Superior de

Justicia de la Comunidad de Madrid frente a las que se

dirigen los amparos, sí podrían acogerse las uniones de

hecho. Expresada la queja en estos términos, antes de

abordar el fondo de los presentes recursos de amparo,

es necesario hacer varias aclaraciones.

En primer lugar, es de tener en cuenta que el art. 87

LIRPF, hoy derogado, rezaba, literalmente, así:

"Unidad familiar. Constituyen modalidades de unidad

familiar las siguientes:

1. La integrada por los cónyuges no separados

legalmente y, si los hubiere, los hijos menores, con excepción

de los que, con el consentimiento de los padres, vivan

independientemente de éstos.

2. La formada por el padre o la madre y los hijos

que reúnan los requisitos a que se refiere la regla anterior.

Nadie podrá formar parte de dos unidades familiares

al mismo tiempo."

En segundo lugar, es preciso advertir que tanto los

recurrentes como el Ministerio Fiscal atribuyen la

vulneración del art. 14 CE, no al art. 87 LIRPF, sino a la

interpretación que del mismo hacen tanto la

Administración tributaria como el Tribunal Superior de Justicia

de la Comunidad de Madrid. Desde su punto de vista,

en efecto, una interpretación del citado precepto legal

realizada, como establece el art. 23 LGT, "con arreglo

a los criterios admitidos en Derecho" (criterios que

concreta el art. 3 CC), permite sin dificultad entender que

el núm. 2 del art. 87 LIRPF resulta también aplicable

a los casados con hijos menores que convivan con ellos.

El propio Abogado del Estado parece partir de la misma

premisa -esto es, de que la interpretación del órgano

judicial contradice el art. 14 CE- cuando considera que,

amén de la propuesta por los recurrentes, existe otra

interpretación del art. 87 LIRPF que permite evitar la

discriminación de quienes conviven en matrimonio: la

aplicación analógica del núm. 1 de dicho precepto

(analogía que, desde su punto de vista, permitiría el art. 23.2

LGT) a las uniones de hecho con hijos menores.

En tercer lugar, no es objeto de discusión en los

presentes procesos de amparo que para aquellos

matrimonios con hijos en los que, como sucede en el caso de

los recurrentes, ambos cónyuges perciben rentas sujetas

a tributación en el IRPF, en determinados supuestos

puede resultar más favorable, desde un punto de vista

tributario, que cada uno de los cónyuges, en aplicación

del art. 87.2 LIRPF, constituya una unidad familiar con

alguno o algunos de los hijos. Ésta es la premisa de

la que arrancan las demandas de amparo para denunciar

la discriminación y comparten expresamente tanto el

Abogado del Estado como el Ministerio Fiscal. En todo

caso, como hemos señalado en los antecedentes, según

cálculos del propio Tribunal Superior de Justicia de la

Comunidad de Madrid expresados en las sentencias

recurridas, la negación a los recurrentes de la posibilidad

de optar por el régimen de tributación conjunta previsto

en el núm. 2 del art. 87 LIRPF les ha supuesto una

carga fiscal adicional que asciende a un total de

4.763.284 pesetas (2.521.385 pesetas en 1993 y

2.242.423 pesetas en 1994).

5. La Ley 18/1991, dictada a raíz de la STC

45/1989, de 20 de febrero, establece como regla

general la tributación individual, siendo el régimen de

tributación conjunta una mera opción a la que pueden

acogerse alternativamente las personas físicas integradas

en alguna de las unidades familiares previstas por la

Ley (art. 86 LIRPF). No plantea dudas que la tributación

conjunta es una opción más beneficiosa para aquellas

unidades familiares recogidas en el art. 87 LRPF cuyas

rentas no sean muy elevadas; en este sentido, puede

afirmarse sin temor a errar que con el régimen de

tributación conjunta regulado en la Ley 18/1991 el

legislador pretendió favorecer especialmente a las familias

cuyos integrantes percibieran rentas medias o bajas,

utilizando así dicho régimen, "como es casi inexcusable,

para cumplir la obligación de proteger la familia que

le impone el art. 39.1 de la Constitución" (STC 45/1989,

FJ 5).

Obviamente, las únicas familias a las que la norma

beneficia desde la perspectiva fiscal son las que encajan

en la definición que de "unidad familiar" establece el

art. 87 LIRPF. Y de la literalidad del citado precepto

se deduce que éste establece dos modalidades de unidad

familiar: en primer lugar, "la integrada por los cónyuges

no separados legalmente y, si los hubiere, los hijos

menores" que con ellos convivan; en segundo lugar, "la

formada por el padre o la madre y los hijos" que reúnan

los citados requisitos. Como destacan las resoluciones

impugnadas en esta sede (fundamento jurídico cuarto)

y el Abogado del Estado, la pertenencia a una u otra

unidad familiar no queda al arbitrio del sujeto pasivo

del impuesto, sino que se predetermina en la Ley con

carácter imperativo.

Pues bien, resulta claro que, conforme al citado

precepto legal, los recurrentes, cónyuges no separados

legalmente, en el supuesto de que opten por la

declaración conjunta, deben acogerse, junto con sus dos hijos

menores no emancipados, a la modalidad de unidad

familiar prevista en apartado 1 del art. 87 LIRPF. Sin embargo,

como se ha expuesto en los antecedentes, los cónyuges

demandantes pretenden que la Administración tributaria

les permita a cada uno de ellos constituir una unidad

familiar de las recogidas en el art. 87.2 LIRPF con uno

de los hijos, escindiendo así artificiosamente en dos, no

sólo la "unidad familiar" tal y como está legalmente

configurada en el citado art. 87 LIRPF, sino incluso, de algún

modo, la propia familia en cuanto sustrato de la referida

categoría.

Los recurrentes fundamentan su pretensión en que

el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha interpretado

que el art. 87.2 LIRPF regula, entre otros supuestos,

la situación de las llamadas parejas de hecho, a las que,

de este modo, alcanzaría también la posibilidad de optar

por el régimen de declaración conjunta. Bajo estas

premisas, la LIRPF establecería un trato fiscal más favorable

para quienes conviven more uxorio frente a los casados,

dado que, a diferencia de estos últimos, quienes forman

una pareja de hecho no tienen que acumular sus rentas

entre sí en el caso de que opten por la declaración

conjunta, lo que supondría una discriminación contraria al

art. 14 CE, en relación con los arts. 32 y 39 CE. Para

ilustrar la vulneración que denuncian, los demandantes

ofrecen como término de comparación la situación de

dos contribuyentes que conviven more uxorio y tienen

dos hijos comunes, supuesto en el que, a su juicio, la

Ley permite que cada uno de los progenitores constituya

una unidad familiar con uno de los hijos.

En definitiva, descrita en estos términos, la cuestión

suscitada por los recurrentes es la de la interpretación

que, en abstracto, exigiría el art. 87.2 LIRPF a fin de

que éste pueda entenderse respetuoso con el art. 14

CE, en relación con los arts. 31 y 39 CE. En su opinión,

y desde el momento en que entienden aplicable el

repetido art. 87.2 LIRPF a las parejas de hecho, el principio

de igualdad obligaría a considerar que dicho precepto

legal comprende también a los sujetos pasivos que

conviven en matrimonio. Estaríamos, pues, ante un problema

de igualdad en la ley, por más que éste haya sido

suscitado con ocasión de la aplicación de aquélla.

6. A fin de dar respuesta a esta cuestión, conviene

comenzar recordando que, conforme a constante

doctrina de este Tribunal, el principio de igualdad en la ley

reconocido en el art. 14 CE, "impone al legislador el

deber de dispensar un mismo tratamiento a quienes se

encuentran en situaciones jurídicas iguales, con

prohibición de toda desigualdad que, desde el punto de vista

de la finalidad de la norma cuestionada, carezca de

justificación objetiva y razonable o resulte

desproporcionada en relación con dicha justificación" (SSTC

134/1996, de 22 de julio, FJ 5; en el mismo sentido,

entre otras muchas, SSTC 76/1990, de 26 de abril, FJ 9;

214/1994, de 14 de julio, FJ 8; 117/1998, de 2 de

junio, FJ 8; 46/1999, de 22 de marzo, FJ 2).

Para poder apreciar una vulneración del art. 14 CE

es, pues, conditio sine qua non que se ofrezca un término

de comparación que permita ilustrar la desigualdad que

se denuncia. Y este es un requisito esencial que,

claramente, no concurre en este caso. Porque, frente a lo

que señalan los recurrentes, ni el art. 87 LIRPF regula

desde la perspectiva tributaria las llamadas parejas de

hecho -de manera que difícilmente puede sostenerse

que establezca para las mismas un régimen jurídico más

favorable que para quienes conviven en matrimonio-;

ni del tenor literal de la LIRPF o de la interpretación

que de la misma se hace en las Sentencias impugnadas

puede deducirse que, a efectos de realizar la declaración

conjunta del IRPF, los padres no casados, viudos o

separados puedan constituir una unidad familiar con sólo

alguno o algunos de los hijos menores a su cargo; ni,

en fin, las citadas resoluciones judiciales se han

fundamentado en la posibilidad de que las parejas de hecho

constituyan la modalidad de unidad familiar del art. 87.2

LIRPF.

En efecto, en primer lugar, la mera lectura del art. 87

LIRPF permite concluir que éste no regula en ninguno

de sus dos apartados la situación de las llamadas parejas

de hecho, sino que, al igual que en otros sectores del

ordenamiento (así, en el art. 3.2 de la Ley 1/1996, de 10

de enero, de asistencia jurídica gratuita), se limita a

definir como unidades familiares, a efectos fiscales, a las

integradas por los cónyuges no separados legalmente

y -si los hubiere- los hijos menores a su cargo (núm. 1),

y el padre o la madre con los hijos menores que de

ellos dependan (núm. 2).

En definitiva, son de dos órdenes las situaciones en

las que la Ley permite la declaración conjunta. El primero

de ellos engloba los supuestos en los que existe un

vínculo matrimonial, con independencia de que los

cónyuges tengan o no hijos menores a su cargo: los hijos,

especifica claramente la norma, únicamente se

integrarán en la unidad familiar "si los hubiere". El segundo,

abarca los supuestos de las familias monoparentales,

esto es, las formadas por el padre o la madre con sus

hijos, con independencia de que éstos hayan sido

adoptados, sean el fruto de una anterior relación matrimonial

o hayan sido concebidos fuera del matrimonio.

Así pues, parece que el art. 87 LIRPF no pretende

regular a efectos del gravamen en el IRPF la situación

de las parejas de hecho. Y no lo hace ni, como reconocen

los propios recurrentes, en su apartado 1, que reclama

para configurar la unidad familiar la existencia de vínculo

matrimonial, ni en su número 2, que únicamente tiene

en consideración las relaciones paterno-filiales.

Constituye un indicio de que las uniones more uxorio no son,

como tales, tenidas en cuenta por la citada norma la

circunstancia de que, mientras que, como hemos

señalado, no cabe la menor duda de que las personas que

han contraído matrimonio, aunque no tengan hijos,

siempre pueden constituir con su cónyuge la unidad familiar

del art. 87.1 LIRPF, de la dicción del precepto puede

deducirse que aquellas otras que mantienen una mera

relación de hecho no podrían constituir a efectos

tributarios unidad familiar con su pareja, sino únicamente

con los hijos respecto de los que mantengan la patria

potestad.

En segundo lugar, tampoco parece correcto partir de

la afirmación de que los padres o madres que no están

casados pueden constituir una unidad familiar sólo con

uno o algunos de sus hijos. Desde luego, ésta no es

una posibilidad que pueda desprenderse directamente

de la literalidad del apartado 2 del art. 87 LIRPF, que,

al definir como unidad familiar la formada por "el padre

o la madre y los hijos" menores que con ellos convivan,

parece estar reclamando que la declaración conjunta

incluya al progenitor con todos sus hijos. De hecho, esta

es la interpretación que parece reclamar el art. 88 LIRPF,

en virtud del cual, la opción por la tributación conjunta

"debe abarcar a la totalidad de los miembros de la unidad

familiar". Y, desde luego, es la que mantiene la vigente

norma reguladora del IRPF (la Ley 40/1998, de 9 de

diciembre), cuyo art. 68.1.2 especifica que en los

supuestos en los que no exista matrimonio la unidad familiar

estará formada por el padre o la madre "y todos los

hijos que convivan con uno u otro". En fin, tampoco

en los fundamentos jurídicos de las Sentencias recurridas

en amparo se afirma que el art. 87.2 LIRPF autorice

la constitución de unidades familiares formadas por un

progenitor y sólo alguno de los hijos a su cargo.

Por último, como hemos señalado, tampoco pueden

los demandantes de amparo apoyar su pretensión en

la interpretación que del art. 87 LIRPF hacen las

Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Madrid

recurridas, dado que éstas, lejos de apoyar su decisión

en la posibilidad de que las parejas de hecho puedan

optar por la modalidad de unidad familiar del art. 87.2

LIRPF, han desestimado los recursos planteados con

fundamento en que, de acuerdo con Ley, los sujetos pasivos

que conviven en matrimonio sólo pueden constituir la

modalidad de unidad familiar del art. 87.1 LIRPF. En

efecto, de acuerdo con el fundamento jurídico cuarto

de dichas resoluciones, el órgano judicial confirmó las

liquidaciones provisionales impugnadas al considerar

que, habiendo los recurrentes optado por el régimen

de tributación conjunta, la Administración tributaria, "al

calcular la deuda tributaria sobre las rentas acumuladas

de los dos cónyuges, integrantes con carácter

imperativo de la unidad familiar prevista en el núm. 1 del art. 87

de la Ley, no hace sino aplicar estricta y

escrupulosamente dicho precepto". Es cierto que, como subrayan

los recurrentes, en el mismo fundamento jurídico el

órgano judicial desliza la afirmación de que el apartado 2

del art. 87 resulta aplicable en los supuestos de "nulidad,

disolución del matrimonio ..., separación legal y parejas

de hecho". Pero es evidente que esta escueta afirmación,

que se hace obiter dicta, carece de entidad para

fundamentar la existencia de una discriminación entre los

sujetos pasivos del IRPF que viven en matrimonio y

quienes lo hacen more uxorio.

7. Que, como hemos dicho, el art. 87 LIRPF no

pretenda establecer una regulación fiscal más benévola para

quienes mantienen una relación de hecho que para los

sujetos pasivos casados, no significa que detrás de una

relación paterno-filial a las que se refiere el núm. 2 del

precepto no pueda existir además una unión more uxorio.

Es posible, en efecto, que el padre o la madre que

constituye una unidad familiar con sus hijos conviva

establemente con el progenitor de los mismos. Y tampoco

es inimaginable que, debido al escaso nivel de renta

de los miembros de la familia y a que la ley no obliga

a acumular las rentas de quienes no están unidos por

el vínculo matrimonial, el sujeto pasivo tribute en estos

casos por una cantidad inferior a la que le correspondería

si, estando casado, optara por la declaración conjunta.

Semejante eventualidad, sin embargo, no permite

afirmar que la LIRPF discrimina a los sujetos pasivos casados

frente a quienes no lo están.

Pues, para que el art. 14 CE resulte vulnerado por

el legislador, no basta con que en situaciones puntuales,

al margen de los objetivos perseguidos por la Ley,

determinados sujetos pasivos, con un determinado nivel de

renta, puedan verse ocasionalmente beneficiados en su

declaración del IRPF por el hecho de no mantener una

relación matrimonial. Como hemos señalado en diversas

ocasiones, las leyes "en su pretensión de racionalidad

se proyectan sobre la normalidad de los casos, sin que

baste la aparición de un supuesto no previsto para

determinar su inconstitucionalidad" (SSTC 73/1996, de 30

de abril, FJ 5; y 289/2000, de 30 de noviembre, FJ 6).

Por el contrario, la discriminación denunciada sólo podría

apreciarse si un análisis de la regulación del IRPF llevara

a la conclusión de que la Ley establece un régimen

tributario más gravoso en su conjunto para los sujetos

pasivos casados que para quienes no lo están, en

atención, precisamente, a su vínculo matrimonial. Pero nada

de esto puede deducirse ni del art. 87 LIRPF, que como

hemos señalado establece expresamente la posibilidad

de que los cónyuges no separados legalmente opten

por el régimen de tributación conjunta cuando lo estimen

conveniente, ni del resto de los preceptos de la

Ley 18/1991, que regulan los elementos que inciden

en la cuantificación del IRPF sin atender en absoluto

al estado civil de los sujetos pasivos.

8. Seguidamente, procede examinar la denunciada

violación del derecho a la intimidad personal y familiar

establecido en el art. 18 CE. A juicio de los recurrentes,

dicha vulneración se habría producido porque, pese a

que en las autoliquidaciones del IRPF de 1993 y 1994

presentadas por cada uno de los cónyuges ambos

optaron por la tributación conjunta regulada en el art. 87.2

LIRPF (don Carlos Arrieta constituyó unidad familiar con

su hijo Carlos y doña Elisa Martínez con su hijo Gonzalo),

incluyendo en cada una de las declaraciones una nota

en la que se renunciaba a la modalidad del art. 87.1

LIRPF, la correspondiente Administración de Hacienda

practicó sendas liquidaciones provisionales en las que,

integrando a los esposos y sus dos hijos en una sola

unidad familiar, acumuló las rentas de todos ellos.

Como ha quedado expresado en los antecedentes,

las demandas de amparo ponen de manifiesto que los

actos administrativos impugnados han incidido

inconstitucionalmente en su derecho a la intimidad personal

y familiar en lo que denominan sus vertientes "interna"

y "externa". En la "interna", porque las citadas

liquidaciones provisionales, en abierta pugna con la doctrina

que sentamos en la STC 45/1989, habrían impedido

a los esposos mantener en su relación recíproca la

reserva que juzguen conveniente sobre sus propias

actividades económicas. En este punto, en las demandas de

amparo se renuncia expresamente a precisar "las

consecuencias concretas que dichas liquidaciones

provisionales han podido provocar a los recurrentes", porque

dichas consecuencias -se dice- "de existir, forman parte

del magro ámbito de intimidad" que les resta,

limitándose a aventurar los "dramáticos efectos que para la

convivencia conyugal e incluso para la subsistencia del

matrimonio podrían haberse derivado" de la

acumulación de rentas si, por ejemplo, las liquidaciones hubieran

revelado que uno de los cónyuges mantenía en secreto

una vivienda en la que habitaba una pareja o hijo

extramatrimonial. Por lo que respecta a la vertiente externa

de la intimidad, ésta habría resultado lesionada porque

cada uno de los cónyuges se vería obligado a revisar

la declaración del otro y denunciar ante la Hacienda

pública las incorrecciones en que, a su juicio, incurre,

con el fin de evitar la responsabilidad solidaria de los

miembros de la unidad familiar que el art. 89.4 LIRPF

establecería, no sólo respecto de cuota e intereses de

demora, sino también de las sanciones. En suma, en

opinión de los recurrentes, "si no existe una opción clara

y expresa de todos los miembros de la familia en favor

de la acumulación de rentas" no es posible practicar

ésta sin vulnerar al mismo tiempo el derecho a la

intimidad.

Así planteada, la resolución de esta queja debe partir

necesariamente del reconocimiento de que en las

declaraciones del IRPF se ponen de manifiesto datos que

pertenecen a la intimidad constitucionalmente tutelada de

los sujetos pasivos. Así lo hemos recordado en la reciente

STC 233/1999, de 16 de diciembre, FJ 7, al señalar

que la información con trascendencia tributaria "puede

incidir en la intimidad de los ciudadanos (SSTC

110/1984, 45/1989, 142/1993; ATC 462/1996)".

Derecho a la intimidad personal que, como reflejamos

en la citada STC 45/1989, no puede desconocerse en

el ámbito de las relaciones matrimoniales, dado que

nuestro sistema jurídico, "en lo que se refiere al régimen

económico del matrimonio se basa en la libertad de

capitulaciones (art. 1315 CC), que no puede dispensar a

los esposos ciertamente del deber de socorro mutuo

(art. 68 CC) ni de contribuir a los gastos comunes en

una u otra forma, pero que sí les autoriza, claro está,

a mantener en su relación recíproca la reserva que

juzguen conveniente sobre sus propias actividades

económicas" (FJ 9). En fin, como concluíamos en el mismo

lugar, el "límite de tal reserva viene dado por las normas

que determinan el régimen económico-matrimonial", y

aunque, como advierte el Abogado del Estado, según

se desprende de sus declaraciones, los recurrentes están

sujetos al régimen legal de gananciales, de manera que

ambos cónyuges están recíprocamente obligados a

"informarse recíproca y periódicamente sobre la situación

y rendimientos de cualquier actividad económica suya"

(art. 1383 CC), es evidente que dicho régimen no excluye

la existencia de bienes privativos de cada uno de los

cónyuges (arts. 1346,1348 a 1361 y 1381 CC), respecto

de los cuales la ley no establece ningún deber de

información.

9. Lo que antecede, sin embargo, no permite llegar

a la conclusión de que los actos administrativos dictados

por la correspondiente Administración de Hacienda han

vulnerado el derecho a la intimidad de los cónyuges

recurrentes. A este respecto, en primer lugar, debe

advertirse, con el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal,

que, ni los recurrentes especifican qué concretas

actividades económicas cuya reserva habían decidido

mantener habrían sido desveladas a cada cónyuge con la

notificación de las liquidaciones provisionales, ni de las

actuaciones o sus alegaciones se desprende que alguno

de los esposos se haya visto obligado a manifestar

públicamente su discordancia respecto de los datos

declarados por el otro o, en fin, a responder de las cuotas,

intereses o sanciones derivadas de la incorrecta

declaración de su pareja. Los demandantes de amparo, pues,

se limitan a hacer una invocación abstracta de la

incidencia que las citadas liquidaciones podría haber tenido

en su intimidad personal.

Ahora bien, como ha señalado este Tribunal de forma

reiterada, el recurso de amparo tiene como finalidad

reparar las lesiones reales, efectivas e individualizadas

de los derechos fundamentales, no prevenir las

futuras, eventuales o hipotéticas (entre muchas otras,

SSTC 83/2000, de 27 de marzo, FFJJ 2 y 3; 78/1997,

de 21 de abril, FFJJ 3 y 4; 114/1995, de 6 de julio,

FJ 2; y 37/1989, de 15 de febrero, FJ 6); no basta,

pues, "con el peligro, más o menos probable, sino que

es requisito sine qua non el resultado dañoso para la

libertad o el derecho fundamental" (STC 186/1995, de

11 de diciembre, FJ 4). Y esto es algo que, como hemos

señalado, no se acredita en las demandas de amparo,

sin que sea suficiente a estos efectos plantear las

consecuencias que para el matrimonio "podrían haberse

derivado" si las liquidaciones hubieran revelado la

infi

delidad de uno de los cónyuges, ni imaginar las

desavenencias en el seno de la familia que podrían haberse

puesto de manifiesto si uno de los cónyuges no hubiera

estado de acuerdo con la declaración presentada por

el otro. En realidad, como advierte el Abogado del Estado,

atendiendo a las circunstancias del caso, no resulta

irrazonable deducir que ambos cónyuges elaboraron

-lícitamente- de común acuerdo una estrategia tendente

a minimizar su tributación en el IRPF mediante la creación

de dos unidades familiares, lo que precisa de una mutua

comunicación de los datos relativos a sus actividades

económicas y rentas obtenidas o, lo que es igual,

desvelar esos aspectos de su intimidad personal que afirman

ha sido violentada por las liquidaciones dictadas por la

Administración tributaria.

Por otro lado, la vulneración del derecho a la intimidad

constitucionalmente reconocido sólo podría haberse

llegado a producir en el supuesto de que se hubiera

obligado legalmente a los cónyuges a tributar

conjuntamente acumulando sus rentas en una sola declaración. Esta

fue precisamente la razón de que en la STC 45/1989,

FJ 9, señaláramos que el art. 34.3 de la Ley 44/1978,

reguladora del IRPF, al establecer que las unidades

familiares integradas por un matrimonio, con o sin hijos

menores, habían de presentar forzosamente una

declaración única que debía ir suscrita por ambos cónyuges

era "desde luego, claramente incompatible con el

derecho a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 CE)".

Pues bien, de una parte, como ya hemos señalado,

a diferencia de su antecesora, en la Ley 18/1991 la

regla general es la tributación individual, configurándose

como una mera opción para los integrantes de una

unidad familiar la posibilidad de tributar acumuladamente.

De otra parte, tanto la correspondiente Administración

de Hacienda como el Tribunal Superior de Justicia de

la Comunidad de Madrid (FJ 5 de las resoluciones

judiciales), llegaron a la conclusión de que los cónyuges

habían efectuado una opción por la tributación conjunta

como tal; lo que no puede reputarse irrazonable o

arbitrario a la luz de la legalidad vigente y de las

circunstancias concurrentes. Cabe destacar que en la casilla

"Tipo de declaración" de cada una de las

autoliquidaciones presentadas por los demandantes de amparo

éstos marcaron con una X el apartado "Declaración

conjunta". Y aunque, ciertamente, los cónyuges también

hicieron una llamada especificando que se renunciaba

a la modalidad de unidad familiar del art. 87.1 LIRPF,

existen varias razones que autorizaban a la

Administración y al órgano judicial a tener por no puesta dicha

anotación.

En primer lugar, como señala el Abogado del Estado,

con arreglo al art. 86 LIRPF, la opción por la tributación

conjunta implica la aceptación de las normas de carácter

preceptivo que regulan dicho régimen de tributación,

normas entre las que se encuentra el art. 87 LIRPF, que

sólo permite a los cónyuges no separados legalmente

configurar con sus hijos menores la unidad familiar

prevista en su núm. 1. En segundo lugar, debe hacerse

notar que los cónyuges renunciaron a la modalidad del

art. 87.2 LIRPF mediante una nota añadida en unos

impresos de declaración en los que no se autoriza a

rellenar más que los casilleros o recuadros que se

especifican, contraviniendo, de este modo, el art. 96.4 LIRPF,

en virtud del cual la declaración se efectuará en la forma

e impresos que establezca el Ministerio de Economía

y Hacienda. También debe recordarse que los

recurrentes presentaron las declaraciones del IRPF dentro del

plazo reglamentariamente señalado, y la LIRPF sólo

ordena a la Administración aplicar de oficio a los cónyuges

el régimen de declaración individual "en caso de falta

de declaración" (art. 88, párrafo 2, LIRPF). Por último,

los propios recurrentes reconocen que sabían que la

Administración tributaria rechazaría el establecimiento

de dos unidades familiares del núm. 2 del art. 87 LIRPF

y que su "declaración debería ser objeto de defensa

ante los tribunales de justicia" (folios 44 y 41 de las

demandas de amparo). Con todos estos datos, en fin,

no resulta aventurado afirmar que los demandantes de

amparo previeron y aceptaron la actuación

administrativa que ahora impugnan.

Es verdad que, como señalan los recurrentes, ante

la consideración de que el art. 87.2 LIRPF no resultaba

de aplicación a las parejas que conviven en matrimonio,

en lugar de acumular las rentas de ambos esposos, la

Administración tributaria pudo, bien girar liquidación

individual a cada uno de ellos, bien requerirles para que

optaran entre la liquidación individual y la tributación

conjunta del art. 87.1 LIRPF. Sin embargo, esta última

posibilidad, ni, como hemos visto, viene exigida por la

ley, ni, como manifiesta el Abogado del Estado, habiendo

optado expresamente los sujetos pasivos en el impreso

de declaración por la tributación conjunta y siendo clara

la dicción del art. 87 LIRPF y la interpretación que del

mismo mantienen tanto la Administración como los

Tribunales de justicia, puede exigirse a la Administración

que otorgue a los cónyuges un nuevo plazo -que la ley

no prevé- para que opten por la tributación individual

o la conjunta, retrasando, de este modo, la gestión en

un impuesto que, como dijimos en la STC 182/1997,

de 28 de octubre, FJ 9, no sólo constituye "uno de

los pilares estructurales de nuestro sistema tributario",

sino que "es tal vez, el instrumento más idóneo para

alcanzar los objetivos de redistribución de la renta

(art. 131.1 CE) y de solidaridad (art. 138.1 CE) que la

Constitución española propugna (STC 19/1987, FJ 4)

y que dotan de contenido al Estado social y democrático

de Derecho (art. 1.1 CE)".

10. Consideran los recurrentes que las liquidaciones

provisionales giradas por la correspondiente

Administración de Hacienda y ratificadas por las Sentencias

impugnadas vulneran los principios de personalidad de

la pena y culpabilidad garantizados en el art. 25 CE,

dado que, como consecuencia de la aplicación conjunta

de los arts. 89.4 LIRPF, 35 LGT y 58.2.e LGT,

determinarían que cada cónyuge sería responsable frente al

Fisco, con independencia de su conocimiento de los

hechos, su participación en los mismos o la concurrencia

de culpabilidad, de las sanciones administrativas y, en

su caso, penales, derivadas de las infracciones cometidas

por el otro.

Tampoco en esta ocasión puede compartirse la tesis

de los demandantes de amparo. Con independencia de

que los recurrentes se refieren una vez más a lesiones

que eventualmente pudieran llegar a producirse en el

futuro, no a reales y efectivas vulneraciones de derechos

fundamentales, tal como venimos exigiendo, y sin que

sea preciso hacer otras consideraciones de fondo, ya

hemos advertido en distintas ocasiones que las garantías

recogidas en el art. 25 CE únicamente resultan aplicables

a medidas que responden verdaderamente al ejercicio

del ius puniendi del Estado o tienen un verdadero sentido

sancionador (entre otras, SSTC 239/1988, de 14 de

diciembre, FJ 2; 164/1995, de 8 de noviembre, FJ 4;

ATC 323/1996, de 11 de noviembre, FJ 3), siendo así

que, como advierten tanto el Abogado del Estado como

el Ministerio Fiscal, las liquidaciones provisionales

recurridas no tienen naturaleza sancionadora, ni se

enmarcan en ningún procedimiento de carácter punitivo.

11. En fin, tampoco cabe acoger el alegato relativo

a la falta de motivación, vulneradora del art. 24.1 CE,

en la que, según los demandantes de amparo, han

incurrido las resoluciones judiciales impugnadas al omitir

cualquier explicación razonable sobre la posible

contradicción de las liquidaciones provisionales practicadas por la

Administración -en la que se integraban las rentas de

todos los componentes de la unidad familiar- y el derecho

a la intimidad personal y familiar de los recurrentes.

Conforme a reiterada y consolidada doctrina de este

Tribunal, que resume la STC 86/2000, FJ 4, "el derecho

a la tutela judicial efectiva incluye el derecho a obtener

de los órganos judiciales una respuesta razonada,

motivada, fundada en Derecho y congruente con las

pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por

cuanto la motivación de las resoluciones judiciales,

aparte de venir institucionalizada en el artículo 120.3 CE,

es una exigencia derivada del artículo 24.1 CE que

permite conocer las razones de la decisión que aquéllas

contienen y que posibilita su control mediante el sistema

de los recursos" (entre otras muchas, SSTC 169/1994,

de 6 de junio, FJ 2; 146/1995, de 16 de octubre, FJ 2;

2/1997, de 13 de enero, FJ 3; 235/1998, de 14 de

diciembre, FJ 2; y 214/1999, de 29 de noviembre, FJ 5).

"En el sentido expuesto, incurre en el vicio de la

incongruencia omisiva o ex silentio, denegadora de la justicia

solicitada, que lesiona el derecho a la tutela judicial

efectiva sin indefensión que se reconoce en el artículo 24.1

CE, la sentencia o la resolución que ponga fin al

procedimiento cuando guarde silencio o no se pronuncie

sobre alguna de las pretensiones de las partes, dejando

imprejuzgada o sin respuesta la cuestión planteada a

la consideración del órgano judicial, aun estando

motivada" (entre otras muchas, SSTC 26/1997, de 11 de

febrero, FJ 4; 16/1998, de 26 de enero, FJ 4;

215/1999, de 29 de noviembre, FJ 3; 124/2000, de 16

de mayo, FJ 3; y 212/2000, de 18 de septiembre, FJ 4).

Es evidente, sin embargo, que el Tribunal Superior

de Justicia de la Comunidad de Madrid no ha incurrido

en la incongruencia omisiva que denuncian los

recurrentes, dado que las sentencias impugnadas ponen

claramente de manifiesto la razón por la que el órgano judicial

considera que las liquidaciones tributarias que aglutinan

las bases imponibles de los recurrentes no vulneran el

art. 18 CE, al señalar en el fundamento de Derecho

quinto: "alegan los actores vulneración del derecho a la

intimidad en su vertiente interna y externa por parte del

acto recurrido. Olvidan que la paralela realizada por la

Administración -ciertamente muy perjudicial,

fiscalmente hablando, para los demandantes- se ha realizado en

base a una opción que expresamente ejercitaron: sistema

de tributación conjunta, pero tal forma de tributación,

obviamente, ha de acompasarse a las prescripciones

legales, sin que ello suponga injerencia prohibida en su

intimidad personal".

El órgano judicial, partiendo de que la eventual

violación del derecho a la intimidad sólo podría llegar a

producirse si se obligara a los esposos a realizar una

declaración conjunta, llega a la conclusión de que tal

cosa nunca ha sucedido porque los recurrentes, al

marcar con una X la casilla "Declaración conjunta", aunque

en una modalidad legalmente no prevista -la del art.

87.2 LIRPF-, estaban optando expresamente por la

acumulación de sus rentas y las de sus hijos. Ésta, como

reconocen los propios recurrentes (folios 85-86 y 78

de las demandas de amparo), es la explicación por la

que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid entendió

que la acumulación de rentas no vulneró el derecho a

la intimidad de los recurrentes, lo que configura una

argumentación que no puede tacharse de arbitraria,

irrazonable o consecuencia de un error patente, únicos

supuestos en los que este Tribunal podría sustituir al

órgano judicial en su función de interpretar la legalidad

ordinaria (entre otras muchas, SSTC 232/1997, de 16

de diciembre, FJ 2; 238/1998, de 15 de diciembre,

FJ 9; 165/1999, de 27 de septiembre, FJ 3; y

226/2000, de 2 de octubre, FJ 3).

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal

Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN

DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Denegar el amparo solicitado por don Carlos Arrieta

Martínez de Pisón y doña Elisa Martínez de Miguel.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del

Estado".

Dada en Madrid, a quince de febrero de dos mil

uno.-Pedro Cruz Villalón.-Carles Viver Pi-Sunyer.

-Rafael de Mendizábal Allende.-Julio Diego González

Campos.-Manuel Jiménez de Parga y Cabrera.-Tomás S.

Vives Antón.-Pablo García Manzano.-Pablo Cachón

Villar.-Fernando Garrido Falla.-Vicente Conde Martín de

Hijas.-Guillermo Jiménez Sánchez.-María Emilia Casas

Baamonde.-Firmado y rubricado.

subir

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid