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Documento BOE-T-2001-4073

Sala Segunda. Sentencia 13/2001, de 29 de enero de 2001. Recurso de amparo 490/97. Promovido por doña Rosalind Williams Lecraft y otros frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que desestimó su demanda de responsabilidad patrimonial de la Administración General del Estado contra el Ministerio del Interior. Supuesta vulneración del derecho a no ser discriminado por razón de la raza: Diligencia policial de identificación en una estación de ferrocarril, que no fue humillante ni desconsiderada, y que utilizó el criterio racial como indicio de una mayor probabilidad de que la requerida era extranjera. Voto particular.

Publicado en:
«BOE» núm. 52, de 1 de marzo de 2001, páginas 16 a 23 (8 págs.)
Sección:
T.C. Suplemento del Tribunal Constitucional
Departamento:
Tribunal Constitucional
Referencia:
BOE-T-2001-4073

TEXTO ORIGINAL

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional,

compuesta por don Carles Viver Pi-Sunyer, Presidente, don

Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González

Campos, don Tomás S. Vives Antón, don Vicente Conde

Martín de Hijas y don Guillermo Jiménez Sánchez,

Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 490/97, interpuesto

por doña Rosalind Williams Lecraft, don Federico Agustín

Calabuig-París y don Iván Agustín Calabuig Williams, hijo

de los anteriores, representados por la Procuradora de

los Tribunales doña María Jesús González Díez y

defendidos por el Letrado don Diego López Garrido, contra

la Resolución de 7 de febrero de 1994, del Ministerio

del Interior, en virtud de la cual se desestima la

reclamación de responsabilidad patrimonial deducida por la

actuación policial desarrollada el 6 de diciembre de 1992

en la estación de ferrocarril de Valladolid, y contra la

Sentencia de 29 de noviembre de 1996, dictada por

la Sección Primera de la Sala de lo

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, que desestimó el

recurso interpuesto contra la indicada Resolución. Han

intervenido el Ministerio Fiscal y el Abogado del Estado.

Ha sido Ponente el Magistrado don Guillermo Jiménez

Sánchez, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Juzgado de

guardia de Madrid el 5 de febrero de 1997 la

Procuradora de los Tribunales doña María Jesús González Díez,

en la representación que queda indicada, interpuso

demanda de amparo contra la Resolución y la Sentencia

reseñadas en el encabezamiento.

2. Los hechos de los que trae causa la demanda

de amparo relevantes para la resolución del caso son,

en síntesis, los siguientes:

a) Como consecuencia de que el día 6 de diciembre

de 1992, en la estación de ferrocarril de Valladolid, un

funcionario de la Policía Nacional requiriese a la Sra.

Williams Lecraft para que se identificase, los

demandantes de amparo presentaron una denuncia que dio

lugar a las diligencias previas núm. 4392/92 del Juzgado

de Instrucción núm. 5 de aquella localidad, diligencias

que fueron sobreseídas provisionalmente por no resultar

justificada la perpetración de delito alguno.

Posteriormente, el 15 de febrero de 1993 los recurrentes

presentaron un escrito en el Registro General del Ministerio

del Interior en el cual incluyeron una doble solicitud:

a) Por un lado recurrieron en alzada la orden (no

manifestada por escrito) del Ministerio del Interior de proceder

a pedir la documentación a personas de color, orden

que habría sido ejecutada en la persona de la Sra.

Williams Lecraft el día 6 de diciembre referido. b) Por

otro formularon solicitud de responsabilidad patrimonial

de la Administración General del Estado ante el Ministro

del Interior, basando su reclamación en que el

requerimiento de identificación se realizó exclusivamente

sobre la Sra. Williams Lecraft por ser de raza negra,

lo que implicaba un comportamiento racista que había

producido lesiones morales y psicológicas a la requerida

y a sus familiares fruto de la humillación sufrida, de la

indignación que genera saber que la raza ha sido

considerada criterio determinante para la actuación policial

y, finalmente, de la inquietud de ser requerida por la

policía para ser identificada, porque de ello parece lógico

entender que el solo hecho de una diferencia racial es

considerado base para la sospecha de que se infringe

el Ordenamiento jurídico.

b) La primera solicitud, dio lugar a una Resolución

administrativa declarando inadmisible el recurso por falta

de acto administrativo recurrible. Se razonó al efecto

que no existe orden, circular, disposición general o acto

administrativo de ninguna clase que obligue a los

funcionarios de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del

Estado a identificar a las personas según su raza. Dicha

Resolución fue impugnada ante la Sala de lo

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional, la cual,

en Sentencia de 15 de marzo de 1996, desestimó el

recurso.

c) La segunda solicitud fue tramitada conforme al

procedimiento previsto para las reclamaciones de

responsabilidad patrimonial de la Administración pública,

en cuyo curso emitieron informes la Brigada Móvil de

Valladolid que había intervenido en el caso, la Jefatura

Superior de Policía de esa localidad y la Delegación del

Gobierno en Castilla y León, así como el Servicio Jurídico

del Estado. Este último razonó que la petición policial

de identificación surgió de la creencia de estar ante una

persona extranjera, y que tal creencia se fundamentó,

a su vez, en el hecho de que la interesada era de raza

negra, sin que existiesen otras circunstancias o hechos

que justificasen la intervención policial, tal y como pone

de relieve el hecho de que no se recabase la

identificación del esposo de la reclamante, al ser este último

de raza blanca. Por ello se mostró favorable a la

estimación de la reclamación, si bien consideraba excesiva

la cantidad de 5.000.000 de pesetas que reclamaban

los demandantes. La Resolución del Ministro del Interior,

siguiendo esencialmente la versión de los hechos

facilitada por los funcionarios actuantes, asumió por entero

el dictamen del Consejo de Estado y, en consecuencia,

desestimó la reclamación formulada. Esencialmente

razona que los funcionarios policiales actuaron dentro

del marco de sus competencias de control de la

inmigración ilegal y respondiendo a la apariencia extranjera

de la interesada, para cuya apreciación los agentes

pueden tener en cuenta las características raciales de la

actual población española. En consecuencia entiende

que no se produjo una solicitud de identificación por

ser la interesada de raza negra, sino que ese factor fue

valorado como un posible indicio de la condición de

extranjera de ella. Finaliza afirmando que, admitido por

los interesados y los funcionarios intervinientes que la

Sra. Williams Lecraft y su esposo se negaron a

identificarse, y que solicitaron la identificación de los policías

actuantes, no resultó desproporcionado que unos y otros

se dirigiesen a los locales habilitados al propósito en

la estación de ferrocarril y que en ellos se procediera

a tomar los datos identificativos de los interesados, sin

que, de otra parte, exista dato alguno que permita afirmar

que se produjera desproporción o abuso en la actuación

desarrollada.

d) Frente a la Resolución desestimatoria de su

pretensión de responsabilidad administrativa los

demandantes interpusieron recurso contencioso-administrativo

ante la Audiencia Nacional, la cual dictó la Sentencia

de 29 de noviembre de 1996 cuyos fundamentos

jurídicos, transcritos literalmente, dicen:

"Primero.-Que en la Sentencia de esta Sala de 15

de marzo de 1996, se desestimó el recurso 1/450/93

interpuesto por los recurrentes contra la orden o

instrucción que recibieron los policías que identificaron a

la señora Williams Lecraft y que se refería genéricamente

a la identificación de extranjeros, siendo la citada

recurrente de raza negra, lo cual no es óbice para

plantear ante la Sala la responsabilidad patrimonial de la

Administración por aquella actuación pues es también

título de imputación el funcionamiento normal de los

servicios públicos y son indemnizables como daño

efectivo, individualizado y económicamente evaluable los de

signo moral o inmaterial.

Segundo.-No obstante lo dicho la demanda debe ser

desestimada desde el momento en que, de entre los

elementos que integran el instituto de la responsabilidad

patrimonial de las Administraciones públicas, no

concurre en el caso de autos el de la antijuridicidad ya que

el requerimiento de identificación por razón más que

de raza, de nacionalidad, se enmarca en lo que se ha

dado en llamar las cargas de la vida social o en sociedad.

Tercero.-Que la actuación policial de la que fue

objeto la recurrente tuvo su origen en la aplicación de

régimen de extranjería (cf. Artículo 72,1 del entonces vigente

Reglamento de ejecución de la LO 7/85) de forma que

teniendo órdenes los agentes actuantes de identificar

a los extranjeros que hubiese en la Estación de ferrocarril

de Valladolid, al ser la recurrente de raza negra no era

desproporcionado el requerimiento de identificación; es

más, el citado artículo 72,1, conforme al cual actuó la

Policía, debe relacionarse con el artículo 20,1 de la

LO 1/92, de Seguridad Ciudadana, que apodera a la

Administración para ese tipo de actuaciones en general,

y que fija el criterio de proporcionalidad en la regla de

que serán pertinentes tales requerimientos ``siempre que

el conocimiento de la identidad de las personas

requeridas fuese necesario para el ejercicio de las funciones

de protección de la seguridad...''.

Cuarto.-Que a lo dicho debe añadirse que tampoco

queda acreditado en autos que la actuación policial

fuese, partiendo de su legalidad, desconsiderada o

humillante pues, repetimos, el daño se cifra por la recurrente

en el hecho en sí de exigírsele su identificación por razón

de nacionalidad y raza."

3. Los demandantes de amparo entienden que la

actuación policial convalidada por la Resolución del

Ministerio del Interior y por la Sentencia de la Audiencia

Nacional es contraria al art. 14 CE, en relación con los

arts. 17 (derecho a la libertad y a la seguridad), 19

(libertad de circulación) y 24.1 (presunción de inocencia)

de nuestra Norma Fundamental. El art. 20.1 de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección

de la Seguridad Ciudadana, a cuyo amparo se efectuó

la identificación, no ampara que ésta se produzca

atendiendo sólo y exclusivamente al color de la piel de las

personas, pues el art. 14 CE impide toda discriminación

por razón de la raza. Por ello se habría vulnerado también

el derecho a la libertad y a la seguridad (art. 17 CE),

en la medida en que la Sra. Williams Lecraft fue retenida

para identificación durante un espacio superior a treinta

minutos, y además el derecho a la presunción de

inocencia (art. 24.2 CE), pues al utilizar el criterio racial

para seleccionar a las personas a las que se exigió la

identificación se presumió que éstas tenían mayor

peligrosidad y capacidad de infracción del Ordenamiento

jurídico. Completan el catálogo de preceptos vulnerados

los arts. 5, 6 y 14 del Convenio Europeo de Derechos

Humanos.

Los demandantes razonan que la mayoría de las veces

es muy difícil probar que el criterio racial ha sido el

utilizado, sin embargo en el presente caso el policía que

intervino admitió que tenía órdenes de pedir la

documentación a personas "como ella", es decir, a personas

de raza negra. Su raza fue lo único que determinó que

se le pidiese la documentación, pues a ninguna otra

persona que bajó del tren se solicitó que se identificara.

Es más, el informe policial incorporado a la Resolución

administrativa impugnada alude a la existencia de

caracteres raciales no españoles como criterio para la

identificación de extranjeros, lo que, dado que España ha

sido y sigue siendo crisol de diferentes culturas, no puede

admitirse, a la vez que pone de relieve un menosprecio

y rechazo velado por parte de la policía hacia la raza

negra, puesto que se prejuzga la situación ilegal de sus

miembros en España. En definitiva, se ha producido la

lesión del derecho a no ser discriminado por la raza

y ello ha causado unos prejuicios morales que pueden

y deben ser indemnizados, pues de la lesión de los

derechos fundamentales se deriva directamente el derecho

a la indemnización sin necesidad de alegar mayor daño

que el propio derecho constitucional lesionado.

A la Sentencia de la Audiencia Nacional le reprochan

los demandantes de amparo el haber incurrido en

incongruencia omisiva lesiva del derecho a la tutela judicial

efectiva (art. 24.1 CE), pues, pese a que en la demanda

se argumenta extensamente la violación de derechos

fundamentales, la Sentencia no estudia dicha

argumentación y resuelve el proceso en un corto fundamento

de Derecho que obvia cualquier referencia a los

preceptos de la Constitución y del Convenio Europeo de

Derechos Humanos aducidos. En cuanto al fondo de su

argumentación, se estima que la Sentencia viene a

profundizar en la lesión del derecho a no ser discriminado

en función de la raza, pues confiesa paladinamente que

la identificación se realizó con dicho criterio y concluye

que ello no resulta desproporcionado.

Finalizan los demandantes con una referencia al

carácter indemnizable, a tenor de los arts 106.2 CE y 40 de

la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del

Estado, de los perjuicios morales sufridos tanto por la Sra.

Williams Lecraft como por su esposo e hijo, quienes

también fueron afectados en su vida familiar, lo que merece

protección a tenor de lo establecido en el art. 39.1 CE.

Como consecuencia del anterior razonamiento los

demandantes suplican de este Tribunal que se declare

contraria a Derecho la actuación policial, se acuerde la

nulidad de la Resolución administrativa y de la Sentencia

impugnadas, se reconozca el derecho de la Sra. Williams

Lecraft a no ser discriminada por razón de raza y se

condene a la Administración pública a indemnizar a los

recurrentes en 5.000.000 de pesetas.

4. Por providencia de 5 de octubre de 1998 la

Sección Tercera acordó admitir a trámite el recurso de

amparo y, de conformidad con el art. 51 LOTC, dirigir atenta

comunicación a la Subdirección General de Recursos

del Ministerio del Interior y a la Sala de lo

Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional para que, en

plazo que no excediese de diez días, remitiesen

certificación o fotocopia adverada de las actuaciones

correspondientes al expediente administrativo núm. 292/94

y al recurso contencioso-administrativo núm. 1/643/94,

respectivamente, debiéndose emplazar a quienes

hubieran sido parte en el recurso citado, salvo a los

demandantes de amparo, a fin de que, en el plazo de diez

días, pudieran comparecer en el presente ante este

Tribunal.

5. El Abogado del Estado se personó mediante

escrito presentado en el Registro General de este Tribunal

el 8 de octubre de 1998, siendo tenido por parte

mediante providencia de 4 de febrero de 1999, en la que

igualmente se acordó dar vista de las actuaciones recibidas

a las partes personadas y al Ministerio Fiscal para que,

en el plazo común de veinte días, presentasen las

alegaciones que estimaran pertinentes, conforme

determina el art. 52.1 LOTC.

6. El Abogado del Estado formuló sus alegaciones

el 26 de febrero de 1999, interesando la inadmisión

o, en su caso, la desestimación del recurso de amparo.

Comienza por descartar que este Tribunal pueda

condenar al pago de una indemnización, ya que a lo sumo

únicamente podría declarar la existencia de una

discriminación a modo de título que sirviera de fundamento

o presupuesto para un ulterior ejercicio de las acciones

indemnizatorias oportunas. Entiende que el hecho de

pedir la documentación es, en sí mismo considerado,

parte de una actuación de naturaleza rutinaria que sólo

si las circunstancias concurrentes revelan un exceso en

las formas o una finalidad desviada de la estrictamente

identificativa puede llegar a ser discriminatoria, pasando

así a constituir una lesión susceptible de servir de

presupuesto a la exigencia de una reparación

compensatoria. Según el Abogado del Estado la demanda de

amparo se mantiene en un plano abstracto que omite cualquier

referencia a las circunstancias del caso concreto,

pretendiendo un pronunciamiento general sobre si es o no

lícito que la policía seleccione preferentemente un

género determinado de personas como objeto de sus

actuaciones de investigación y prevención. En relación con

este extremo sostiene el defensor de la Administración

que la discriminación en actuaciones como la

denunciada sólo puede producirse, bien por los modos

circunstanciales de llevarse a cabo, bien por la selección

arbitraria e inadecuada de los géneros o grupos de

personas sometidos a especial vigilancia, dándose esto

último cuando quepa apreciar una patente discordancia

entre los colectivos investigados y los objetivos

preventivos o represivos de la acción policial, o sea, cuando

los requerimientos para identificación no tengan

conexión lógica con los tipos de infracción legal que

se pretendan investigar o reprimir. Frente al reproche

de los demandantes de amparo (que, sin reprobar el

uso de métodos de tanteo para la localización de

extranjeros ilegales, se centra en que se haya recurrido al

criterio racial para determinar la persona sometida a

investigación policial) afirma que el razonamiento de la

demanda conduce a que, dado que no es posible según ella

la identificación de un canon racial español, la

identificación de la Sra. Williams Lecraft tuvo que ser producto

del azar y no de su raza. Pero es que no cabe desconocer

que ciertos rasgos raciales son estadísticamente

indiciarios de diversos orígenes nacionales. Concluye

afirmando que la finalidad estrictamente identificadora de

la medida empleada, orientada a la localización de

extranjeros en situación de entrada ilegal, justifica plenamente

la legitimidad de la acción policial.

7. Los demandantes de amparo presentaron

alegaciones el 5 de marzo de 1999, remitiéndose a la

fundamentación y peticiones formuladas en la demanda.

8. El Ministerio Fiscal formuló sus alegaciones

mediante escrito presentado el 10 de marzo de 1999,

en el que solicitó el dictado de Sentencia denegatoria

del amparo pedido por los demandantes. Inicia su

argumentación afirmando que, como ha existido un trato

diferencial, consistente en que se pidió la documentación

a la Sra. Williams Lecraft y no a su esposo u otras

personas, pesa sobre la Administración la carga de la prueba

de la licitud de esa diferenciación. Para ello se ofrece

la argumentación de que se trataba de una actuación

policial de control de extranjeros en una estación de

ferrocarril de paso frecuente entre Francia y Portugal,

por lo que no es sino una exigencia de sentido común

que se comenzase por aquellas personas que

presentaban algún indicio de poder ser de nacionalidad

extranjera, pues no toda diferencia de trato constituye una

discriminación, sino sólo aquella que está desprovista

de una justificación objetiva y razonable. Y desde este

punto de vista, afirma el Fiscal, pocas justificaciones

pueden resultar más razonables para indagar la presencia

de posibles extranjeros (a los efectos legales oportunos)

que el hecho objetivo de atender a caracteres raciales

estadísticamente menos frecuentes entre los españoles.

En suma, entiende el Ministerio Público que el indicio

de discriminación que revela el trato diferencial de que

fue objeto la Sra. Williams Lecraft ha sido justificado

por la Administración con una argumentación objetiva

y razonable que impide apreciar quiebra constitucional

alguna.

Para concluir el Fiscal realiza dos precisiones. La

primera, que sólo la Sra. Williams Lecraft sufrió el trato

desigual, por lo que los otros dos recurrentes, esposo

e hijo de la anterior, estarían persiguiendo la defensa

de intereses ajenos. La segunda, que la alegada quiebra

de los arts. 17, 18 y 24.2 CE no resulta debidamente

argumentada en la demanda de amparo, pues la

privación de libertad estuvo ocasionada por la necesidad

de solicitar la documentación, y la lesión del derecho

al honor y a la presunción de inocencia no pasan de

ser menciones de derechos fundamentales, no

correspondiendo al Tribunal Constitucional la construcción de

oficio de las demandas. En cualquier caso, de prosperar

la demanda, solo podría concluir en la declaración de

la lesión del derecho fundamental como base para

ulteriores reclamaciones, pero no en una condena al pago

de una indemnización como pretenden los demandantes.

9. Por providencia de 25 de enero de 2001 se

señaló para la deliberación y votación de la presente

Sentencia el día 29 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. En el presente recurso de amparo se impugna

la Resolución del Ministerio del Interior citada en el

encabezamiento, por medio de la cual se denegó la solicitud

de responsabilidad patrimonial de la Administración

General del Estado, así como la Sentencia de la Sala

de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia

Nacional que desestimó el recurso deducido contra aquella

Resolución. Los demandantes de amparo habían

reclamado una indemnización de 5.000.000 de pesetas por

los daños morales sufridos por la Sra. Williams Lecraft,

su esposo y el hijo de ambos como consecuencia de

una actuación policial que los demandantes

consideraban discriminatoria por motivos raciales. Dicha actuación

habría consistido en que el 6 de diciembre de 1992,

cuando la Sra. Williams Lecraft, su marido y su hijo

descendieron de un tren en la estación ferroviaria de

Valladolid la policía solicitó la documentación exclusivamente

a la indicada señora sólo por ser de color. Ante las

protestas del Sr. Calabuig-París, basadas en la discriminación

racial que ello implicaba, se produjo un traslado a las

dependencias policiales existentes en la misma estación,

en las cuales, tras comprobar que la Sra. Williams Lecraft

era española, la policía le pidió disculpas y dejó marchar

a los tres demandantes.

2. Hemos de comenzar por el estudio de la aducida

vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art.

24.1 CE) en que, según los demandantes, habría

incurrido la Sentencia de la Audiencia Nacional al no haber

dado respuesta a las alegaciones sobre la vulneración

de derechos fundamentales en que se basaba la

demanda presentada ante ella.

Al respecto conviene recordar que el deber de los

órganos judiciales de motivar sus resoluciones es una

exigencia implícita en el art. 24.1 CE, que se hace patente

en una interpretación sistemática de este precepto

constitucional en relación con el art. 120.3 CE, pues en un

Estado de Derecho hay que dar razón del Derecho

judicialmente interpretado y aplicado, y que responde a una

doble finalidad: a) de un lado, la de exteriorizar el

fundamento de la decisión, haciendo explícito que ésta

corresponde a una determinada aplicación de la Ley;

b) y, de otro, permitir su eventual control jurisdiccional

mediante el ejercicio de los recursos. Ahora bien, de

acuerdo con una consolidada doctrina constitucional,

desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial

efectiva, como derecho a obtener una decisión fundada en

Derecho, no es exigible un razonamiento judicial

exhaustivo y pormenorizado de todos los aspectos y

perspectivas que las partes puedan tener de la cuestión que

se debate, sino que basta con que el Juzgador exprese

las razones jurídicas en las que se apoya para tomar

su decisión, de modo que deben considerarse

suficientemente motivadas aquellas resoluciones judiciales que

vengan apoyadas en razones que permitan conocer

cuáles han sido los criterios jurídicos esenciales

fundamentadores de la decisión, esto es, la ratio decidendi que

determina aquélla. No existe, por lo tanto, un derecho

fundamental del justiciable a una determinada extensión

de la motivación, puesto que su función se limita a

comprobar si existe fundamentación jurídica y, en su caso,

si el razonamiento que contiene constituye, lógica y

jurídicamente, suficiente motivación de la decisión

adoptada, cualquiera que sea su brevedad y concisión, incluso

en supuestos de motivación por remisión (por todas,

SSTC 184/1998, de 28 de septiembre, FJ 2; 187/1998,

de 28 de septiembre, FJ 9; 215/1998, de 11 de

noviembre, FJ 3; 206/1999, de 8 de noviembre, FJ 3,

187/2000, FJ 2).

3. La aplicación de los anteriores principios, dentro

de los que debe moverse el control constitucional, a

la Sentencia objeto de este recurso de amparo ha de

conducir a la desestimación de la queja de los

recurrentes, pues la lectura de los fundamentos jurídicos de la

Sentencia, reproducidos en los antecedentes, evidencia

que la Audiencia Nacional no omitió la consideración

constitucional de la cuestión que había sido planteada.

Antes al contrario, denegó la pretensión de

indemnización por falta de uno de los requisitos de la

responsabilidad administrativa, la antijuricidad de la lesión, y

ésta, a su vez, fue descartada por entender, entre otras

cosas, que la actuación policial no resultó discriminatoria,

"ya que el requerimiento de identificación por razón más

que de raza, de nacionalidad, se enmarca en lo que se

ha dado en llamar las cargas de la vida social o en

sociedad". Cuestión distinta será la de si el razonamiento

apuntado es o no en sí mismo lesivo del derecho a no sufrir

discriminación racial, lo que habrá de ser analizado en

el marco de la queja sustantiva que los demandantes

fundan en el art. 14 CE y que más adelante abordaremos.

4. Una segunda cuestión de preferente tratamiento

es la relativa a la falta de legitimación del esposo y el

hijo de la Sra. Williams Lecraft, si bien tan sólo en relación

a la aducida vulneración del derecho a no ser

discriminados en función de la raza, pues no cabe duda de

que, en la medida en que fueron parte en el proceso

judicial previo y denuncian la incongruencia de la

Sentencia, sí ostentan legitimación para realizar tal queja.

Pues bien, dado que la Sra. Williams Lecraft fue la única

persona de color a la que se le requirió la presentación

de documentación identificativa, no cabe considerar que

don Federico Agustín Calabuig París o don Iván Agustín

Calabuig Williams fueran objeto de la actuación policial

que se dice lesiva del derecho a no ser discriminados

por motivo de su raza, por lo que, conforme argumenta

el Ministerio Fiscal en el último inciso de sus alegaciones,

estarían pretendiendo la defensa de intereses ajenos.

Reiteradamente hemos dicho que a efectos de entender

que existe legitimación para recurrir en amparo no basta

con haber sido parte en el proceso judicial precedente,

sino que además es necesario que el recurrente se

encuentre respecto del derecho fundamental que se

estima vulnerado en una situación jurídico-material

identificable, no con un interés genérico en la preservación

de derechos, sino con un interés cualificado y específico

(por todas STC 148/1993, de 29 de abril, FJ 2); interés

que, como ha señalado la STC 293/1994, de 27 de

octubre, FJ 1, halla su expresión normal en la titularidad

del derecho fundamental invocado en el recurso. De ahí

que, a efectos de comprobar si existe esta legitimación,

basta con examinar si prima facie esa titularidad existe,

y para ello es suficiente, en principio, con comprobar

que el actor invoca una vulneración de un derecho

fun

damental y que dicha vulneración puede afectar a su

ámbito de intereses. Ahora bien, si la ajenidad puede

predicarse respecto del derecho a no sufrir

discriminación racial, no cabe decir lo mismo en cuanto a la queja

relativa a la vulneración del derecho a la tutela judicial

efectiva, pues al haber sido parte en el proceso judicial

precedente tenían derecho a ella. Lo que ocurre es que

esta última queja ha sido rechazada de conformidad con

lo expuesto en el fundamento jurídico precedente.

5. Para concluir con las cuestiones de preferente

tratamiento hemos de rechazar las quejas formuladas

sobre vulneración de los derechos a la libertad y

seguridad, a la libertad de circulación y a la presunción de

inocencia (arts. 17, 19 y 24.2 CE), pues su falta de

invocación en la vía judicial previa [arts. 50.1 a) y 43.1 LOTC]

con merma del carácter subsidiario del recurso de

amparo (STC 201/2000, de 24 de julio, por todas) las hace

inadmisibles.

6. Conviene precisar a continuación que el acto del

poder público al que primeramente se imputa la lesión

del derecho a no ser discriminado por razón de raza

está constituido por una Resolución administrativa

denegatoria de la solicitud de responsabilidad patrimonial por

funcionamiento de la Administración pública. A la

Sentencia de la Audiencia Nacional, en lo que a la

vulneración del derecho reconocido en el art. 14 CE se refiere,

no se le achaca una lesión autónoma, sino el no haber

reparado y haber profundizado en la lesión ya producida

por la Resolución administrativa.

Pues bien, aunque la lesión de derechos

fundamentales, de existir, sería imputable a la actuación material

de la Administración, consistente en la solicitud de

documentación formulada a la Sra. Williams Lecraft y no a

la Resolución administrativa que negó la existencia de

responsabilidad patrimonial, lo cierto es que esta

Resolución se sustenta esencialmente en la legalidad y

corrección de la actuación policial de intervención en la esfera

del administrado, cuestión de legalidad ordinaria que no

ha suscitado reparo alguno sobre su constitucionalidad,

lo cual reduce el ámbito de nuestro análisis al tema de

si la concreta solicitud de documentación formulada a

la Sra. Williams Lecraft en la estación de ferrocarril de

Valladolid el día 6 de diciembre de 1992 supuso una

discriminación racial vulneradora del art. 14 CE. Si de

ello se ha de derivar o no la existencia de responsabilidad

patrimonial de la Administración en función de la

concurrencia del resto de los presupuestos constitucional

y legalmente exigibles al efecto es cuestión reservada

a la jurisdicción ordinaria y no susceptible de amparo

constitucional (SSTC 36/1984, de 14 de marzo,

40/1988, de 10 de marzo, 114/1990, de 21 de junio,

y 209/1992, de 30 de noviembre).

7. Centrándonos ya en la cuestión de fondo (la

aducida discriminación racial), hemos de recordar que este

Tribunal se ha manifestado ya, en las ocasiones en que,

aun desde otra perspectiva, se le han planteado

cuestiones sobre discriminación racial o étnica, afirmando

tajantemente el carácter odioso de la aludida forma de

discriminación, prohibida en forma expresa tanto por el

art. 14 de nuestra Constitución como por el Convenio

Europeo de Derechos Humanos (art. 14). Así, en la STC

126/1986, de 22 de octubre (FJ 1), calificamos la

discriminación racial de perversión jurídica, y en la STC

214/1991, de 11 de noviembre, hemos rechazado

rotundamente que, bajo el manto protector de la libertad

ideológica (art. 16 CE) o de la libertad de expresión (art.

20 CE), puedan cobijarse manifestaciones, expresiones

o campañas de carácter racista o xenófobo, "puesto

que ... ello es contrario no sólo al derecho al honor de

la persona o personas directamente afectadas, sino a

otros bienes constitucionales como el de la dignidad

humana (art. 10 CE), que han de respetar tanto los

poderes públicos como los propios ciudadanos, de acuerdo

con lo dispuesto en los arts. 9 y 10 CE. La dignidad

como rango o categoría de la persona como tal, del

que deriva y en el que se proyecta el derecho al honor

(art. 18.1 CE), no admite discriminación alguna por razón

de nacimiento, raza o sexo, opiniones o creencias. El

odio y el desprecio a todo un pueblo o a una etnia (a

cualquier pueblo o a cualquier etnia) son incompatibles

con el respeto a la dignidad humana, que sólo se cumple

si se atribuye por igual a todo hombre, a toda etnia,

a todos los pueblos". Y si bien las aludidas

manifestaciones las efectuábamos en relación con el ataque al

honor dirigido contra todo un pueblo (en el caso

considerado, el judío), tal rechazo absoluto es predicable

también de aquellas conductas que, proyectadas sobre

un solo individuo, encuentran su motivación en la

pertenencia de éste a un determinado grupo racial, étnico

o religioso. Finalmente en la STC 176/1995, de 11 de

diciembre, (FJ 4, párrafo 4) tuvimos ocasión de afirmar,

como colofón de todo el razonamiento desarrollado en

ella, que el mensaje racista está en contradicción abierta

con los principios de un sistema democrático de

convivencia pacífica.

8. En el estudio de las discriminaciones fundadas

en razones expresamente prohibidas en el art. 14 CE,

que han sido objeto de nuestra atención especialmente

en el ámbito de las relaciones laborales (STC 198/1996,

de 3 de diciembre, y las en ella citadas, sobre

discriminación por razón de sexo), hemos de partir de que

la prohibición de discriminación consagrada en el art.

14 CE comprende no sólo la discriminación patente, es

decir, el tratamiento jurídico manifiesta e

injustificadamente diferenciado y desfavorable de unas personas

respecto a otras, sino también la encubierta, esto es, aquel

tratamiento formal o aparentemente neutro o no

discriminatorio del que se deriva, por las diversas

circunstancias de hecho concurrentes en el caso, un impacto

adverso sobre la persona objeto de la práctica o conducta

constitucionalmente censurable en cuanto la medida que

produce el efecto adverso carece de justificación (no

se funda en una exigencia objetiva e indispensable para

la consecución de un objetivo legítimo) o no resulta

idónea para el logro de tal objetivo.

Los requerimientos policiales de identificación

efectuados a fin de controlar el cumplimiento de la legislación

de extranjería encuentran cobertura normativa en el

art. 72.1 del Real Decreto 1119/1986, de 26 de mayo,

por el que se aprueba el Reglamento de ejecución de

la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio, sobre Derechos

y Libertades de los Extranjeros en España, que obliga

a los extranjeros a llevar consigo el pasaporte o

documento con base en el cual hubieran efectuado su entrada

en España, y, en su caso, el permiso de residencia, y

a exhibirlos, cuando fueran requeridos por las

autoridades o sus agentes, sin perjuicio de poder demostrar

su identidad por cualquier otro medio si no los llevaran

consigo. Del mismo modo el art. 11 de la Ley Orgánica

1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la

seguridad ciudadana, dispone que "los extranjeros que se

encuentren en territorio español están obligados a

disponer de la documentación que acredite su identidad

y el hecho de hallarse legalmente en España, con arreglo

a lo dispuesto en las normas vigentes", pudiendo ser

requerida su identificación a tenor del art. 20.1 de dicha

norma. Pues bien, es en el marco del ejercicio de esta

potestad, amparada legalmente cuando no se desvía de

la finalidad para la que se otorgó, en el que ha de

inda

garse si se produjo una discriminación encubierta por

motivos raciales. A tal efecto, forzoso es reconocer que,

cuando los controles policiales sirven a tal finalidad,

determinadas características físicas o étnicas pueden ser

tomadas en consideración en ellos como

razonablemente indiciarias del origen no nacional de la persona que

las reúne.

A esto cabe añadir que el lugar y el momento en

el que dicha persona se encuentra, en los cuales es

usual que lleve consigo la documentación acreditativa

de su identidad, hace que no resulte ilógico realizar en

ellos estos controles, que, por las circunstancias

indicadas, resultan menos gravosos para aquél cuya

identificación se requiera. La variedad de circunstancias de

esta índole (lugares de tránsito de viajeros, de hospedaje,

zonas con especial incidencia de la inmigración, etc.)

determina que su valoración sea eminentemente

casuística. A lo anterior ha de añadirse que, aun contando

con cobertura legal y ejercitándose el requerimiento para

el cumplimiento del fin previsto normativamente, el

ejercicio de las facultades de identificación ha de llevarse

a cabo de forma proporcionada, respetuosa, cortés y,

en definitiva, del modo que menos incidencia genere

en la esfera del individuo. La transgresión de esta

condición de ejercicio, no sólo hace a éste contrario al

Ordenamiento, sino que puede ser reveladora de que, la que

en principio puede parecer una razonable selección de

las personas a identificar en el ejercicio de las funciones

policiales, no es tal, sino que ha sido efectuada o

aprovechada para infligir un daño especial o adicional a

quienes pertenecen a determinado grupo racial o étnico. Es

decir, que bajo el manto protector del ejercicio de unas

funciones legalmente previstas se encubre un móvil

racista o xenófobo en la decisión misma de ejercitar

dichas funciones o en el modo concreto en que,

atendidas las circunstancias, se llevaron a cabo.

9. En el presente caso ha de desecharse que

el requerimiento de identificación efectuado a la

Sra. Williams Lecraft obedeciera a una discriminación

patente. En efecto, ha quedado descartado que existiese

una orden o instrucción específica de identificar a los

individuos de una determinada raza, pues el recurso de

alzada contra la supuesta instrucción general en ese

sentido fue inadmitido por la inexistencia de tal instrucción,

y la resolución administrativa correspondiente fue

confirmada por la Audiencia Nacional en vía

contencioso-administrativa, sin que se haya acudido en amparo ante

este Tribunal en relación con estos pronunciamientos.

En orden a indagar si se produjo o no una

discriminación racial encubierta en la concreta forma de

ejercicio de la potestad policial de identificación, es decir,

si el requerimiento de identificación produjo a la Sra.

Williams Lecraft, en su calidad de integrante de un grupo

racial concreto, un impacto adverso que, atendidas las

circunstancias concurrentes, resulta objetivamente

injustificado o inidóneo para el cumplimiento de la finalidad

en función de la cual se confirió la potestad para llevar

a cabo el requerimiento identificatorio cuestionado,

habrá de observarse si existe algún dato de entre los

tenidos por probados que permita afirmar que las

características raciales de la Sra. Williams Lecraft fueron

tomadas en consideración para pedirle la documentación por

algún otro motivo que el de su genérico carácter

indiciario de una mayor probabilidad de que la interesada

fuese extranjera. A tales efectos conviene recordar que,

aun advirtiendo de la prudencia con la que deben usarse

las referencias de carácter étnico para evitar

malentendidos, su utilización con carácter descriptivo, en sí misma

considerada, no resulta por principio discriminatoria (STC

126/1986, FJ 1). Para realizar esta valoración no es

superfluo recordar que este Tribunal ha de respetar los

hechos declarados probados por la Sentencia que agotó

la vía judicial [art. 44.1 b) LOTC], pues fue ante la

jurisdicción ordinaria donde el demandante dispuso de la

posibilidad de impugnar la apreciación de los hechos

efectuada por la Administración en la Resolución

desestimatoria de la reclamación de responsabilidad. Hemos

de partir, por tanto, de los hechos explícita o

implícitamente admitidos por la Sentencia de la Audiencia

Nacional y centrar nuestro análisis en su significación

en orden a la existencia o no de una discriminación por

motivos raciales en la actuación policial. Para ello se

ha de resaltar que la Sentencia de la Audiencia Nacional

afirma expresamente que no queda acreditado en los

autos que la actuación policial fuese desconsiderada o

humillante. Es más, los demandantes de amparo no

denuncian que se produjese un trato ni siquiera

incorrecto, sino que atacan la utilización del color de la piel

de la Sra. Williams Lecraft como criterio determinante

de que se le pidiese su documentación.

Pues bien, del relato de hechos de la Resolución

administrativa recurrida, no desvirtuada en el proceso judicial

previo a este recurso de amparo, se desprende que la

actuación policial usó el criterio racial como meramente

indicativo de una mayor probabilidad de que la

interesada no fuera española. Ninguna de las circunstancias

acaecidas en dicha intervención indica que el

comportamiento del funcionario de la Policía Nacional actuante

fuese guiado por un prejuicio racista o por una especial

prevención contra los integrantes de un determinado

grupo étnico, como se alega en la demanda. Así, la

actuación policial se produjo en un lugar de tránsito de

viajeros, una estación de ferrocarril, en el que, de una parte,

no es ilógico pensar que exista mayor probabilidad que

en otros lugares de que las personas a las que

selectivamente se solicita la identificación puedan ser

extranjeras, y, de otro, las incomodidades que todo

requerimiento de identificación genera son menores, así como

razonablemente asumibles como cargas inherentes a la

vida social. De hecho los requerimientos de identificación

en función de las apariencias que permitían

razonablemente presumir la condición de extranjeros de

determinadas personas hicieron posible que la actividad de

la Brigada Móvil de Valladolid diera lugar a la localización

de 126 extranjeros en situación ilegal durante 1992.

Finalmente, como queda dicho, no aparece tampoco

acreditado que los funcionarios policiales desplegasen

su actuación de forma desconsiderada, ofensiva o

gratuitamente obstaculizante de la libertad de circulación

de la demandante de amparo, pues la intervención

policial se prolongó únicamente lo imprescindible para lograr

la identificación. Finalmente puede descartarse que los

agentes de policía actuasen de un modo airado o

llamativo que hiciese pasar a la Sra. Williams Lecraft y

sus acompañantes a un primer plano que les resultase

afrentoso o incómodo frente a la colectividad de

ciudadanos que hubiese en la propia estación de ferrocarril,

sino que la toma de los datos de identidad se produjo

en las dependencias policiales existentes en la misma

estación.

Lo discriminatorio hubiera sido la utilización de un

criterio (en este caso el racial) que careciese de toda

relevancia en orden a la individualización de las personas

para las que el Ordenamiento jurídico ha previsto la

medida de intervención administrativa, en este caso los

ciudadanos extranjeros. Estos, como ha quedado expuesto,

están obligados a exhibir los documentos justificativos

de su estancia legal en España, obligación de

identificarse que, por lo demás, afecta a la generalidad de

los ciudadanos según resulta del art. 20.1 de la Ley

Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección

de la seguridad ciudadana, en relación con su art. 9

y el art. 12 del Decreto núm. 196/1976, de 6 de febrero,

por el que se regula el Documento Nacional de Identidad,

en la redacción dada por el Real Decreto 1245/1985,

de 17 de julio.

10. En atención a lo hasta ahora dicho hemos de

concluir que, conforme a las líneas generales la doctrina

que sobre la distribución de la carga de la prueba se

contiene ya en la STC 26/1981, de 17 de julio, al haber

alegado por la Sra. Williams Lecraft un indicio de

discriminación consistente en un trato desigual, por ser

ella de color y haber sido la única persona requerida

para mostrar su documentación, se ha trasladado a la

Administración la carga de justificar que su actuación

goza de cobertura legal y se ajusta a criterios de

razonabilidad y proporcionalidad, lo que se ha efectuado

adecuadamente, según acabamos de exponer. Asimismo ha

de admitirse que de lo actuado no resulta que la policía

haya infligido a la Sra. Williams Lecraft un trato

humillante o simplemente desconsiderado, pues, aparte de

la discusión en torno a la obligación de identificarse

propiciada esencialmente por el Sr. Calabuig-París, la

intervención policial se agotó en la constatación de que la

Sra. Williams Lecraft era española, ajustándose así al

principio de proporcionalidad que ha de presidir este

tipo de actuaciones.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal

Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN

DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Desestimar la demanda de amparo.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del

Estado".

Dada en Madrid, a veintinueve de enero de dos mil

uno.-Carles Viver Pi-Sunyer.-Rafael de Mendizábal

Allende.-Julio Diego González Campos.-Tomás S. Vives

Antón.-Vicente Conde Martín de Hijas.-Guillermo

Jiménez Sánchez.-Firmado y rubricado.

Voto particular que formula el Magistrado don Julio

Diego González Campos a la Sentencia de la Sala

Segunda de 29 de enero de 2001, recaída en el recurso de

amparo 490/97

1. No puedo compartir el parecer de la mayoría de

la Sala, del que respetuosamente discrepo tanto en lo

que respecta al fallo como a su fundamentación, por

las razones que a continuación expondré. Pues los

hechos de los que trae causa la demanda de amparo,

más allá de su concreta incidencia individual, suscitan

a mi entender un problema más general ante el que

este Tribunal, por la función que la Constitución le ha

encomendado en materia de protección de derechos

fundamentales, no puede ser insensible si presta

atención, como es obligado, no sólo a los preceptos,

principios y valores de nuestra Norma Fundamental, sino

también a la realidad social sobre la que se proyectan:

el control policial de los extranjeros en territorio español

cuando España es una sociedad con una pluralidad de

situaciones de extranjería y los efectos negativos de tal

control si éste se practica en atención a la raza o a

otras circunstancias personales que el art. 14 CE prohíbe.

2. En efecto, al referirse la Sentencia en su FJ 7

al control de extranjeros en el territorio nacional y

limitarse a afirmar su cobertura legal, se está soslayando

que tal control opera sobre una realidad social muy

diversa. Pues basta reparar en que cada año más de cuarenta

millones de extranjeros acuden a España por razones

de turismo, fenómeno que tradicionalmente se ha

querido impulsar por el beneficio que produce para la

economía nacional. Y es, además, el país en el que han

buscado su bienestar y residen, todo el año o la mayor

parte del mismo, muchos miles de extranjeros que

disponen de una residencia propia, lo que también ha

impulsado el crecimiento económico en ciertas zonas. A lo

que se une el hecho de que España, por razones

geográficas, constituya un país de tránsito de extranjeros,

tanto hacia el país vecino de la península como hacia

el Norte de África, generalmente con un doble

desplazamiento anual. Lo que requiere facilitar estos

desplazamientos.

En contrapartida, al igual que otros Estados de la

Unión Europea, España es un objetivo de los

movimientos migratorios, desde otros continentes o desde Europa

oriental, en busca de trabajo. Y por su posición geográfica

es la vía para lograr el acceso al espacio comunitario.

Lo que ha conducido a un creciente fenómeno de

inmigración ilegal, con las secuelas nada deseables de un

tráfico organizado de personas en busca de trabajo, que

entraña con excesiva frecuencia el riesgo de la propia

vida para alcanzar el territorio nacional, así como la

existencia de penosas condiciones de trabajo y vivienda en

diversas zonas donde los inmigrantes sin permiso de

residencia y de trabajo se cuentan por miles. Como nos

informan los medios de comunicación, que en las últimas

semanas han llegado a mostrarnos, como paradoja

última de esta situación, tanto encierros como incluso

manifestaciones de miles de extranjeros carentes de dicha

documentación. Y, por último, en una dimensión distinta

pero nada desdeñable, las actividades no infrecuentes

en España de extranjeros vinculados con el crimen

organizado.

3. Es indudable que esta realidad plural, que muy

sumariamente se ha descrito, genera contradicciones en

cuanto a los objetivos de política legislativa en esta

materia. Y debía haber conducido a que nos formulásemos

ciertas preguntas. Entre ellas s constitucionalmente

legítimo un control general de los extranjeros? s

admisible un control no discriminatorio de los extranjeros ante

una diversidad de situaciones como las indicadas?

ómo puede llevarse a cabo ese control sin que su práctica

afecte a la dignidad de la persona (art. 10.1 CE)?

4. Respecto a lo primero, el dato relevante es que

las modificaciones de la legislación española sobre

extranjería, desde la Ley Orgánica 7/1985, de 1 de julio,

hasta la Ley 4/2000, de 11 de enero, han ido

acentuando con intensidad creciente el objetivo de "control

de extranjeros", al igual que en otros Estados de la

Europa comunitaria.

Por ello, era procedente a mi entender que la

Sentencia de la que discrepo hubiera llevado a cabo el

contraste de este objetivo con la cláusula general del "Estado

social y democrático de Derecho" del art. 1.1 CE. Pues

habría puesto de relieve un dato significativo: que dicho

control sólo constituye un residuo histórico del "Estado

policía" y, como consecuencia, que la "policía de

extranjeros", entendida como control de alcance general, se

acomoda mal, en principio, con los valores de un Estado

democrático y social de Derecho. Lo que hubiera debido

llevar a la Sentencia de la que discrepo a una

interpretación bien excluyente o, cuando menos, restrictiva

y sujeta a estrictas condiciones del control general de

los extranjeros en cualquier lugar del territorio nacional.

A lo que cabe agregar otro dato relevante: que si

se pretende buscar su legitimación en otros bienes

cons

titucionalmente relevantes, como la seguridad ciudadana

o la protección del mercado nacional de trabajo, las

medidas adoptadas para control general de los extranjeros,

a mi entender, han de someterse necesariamente a un

juicio de proporcionalidad para que sus fines no resulten

distorsionados y, en particular, para determinar si tales

medidas, aun siendo acordes con esa finalidad, son en

sí misma proporcionadas. Lo que no ha llevado a cabo

la Sentencia de la que discrepo pese a que basta reparar,

para justificar este juicio de proporcionalidad, en que

las consecuencias que se producen desde dichas

perspectivas no son en modo alguno deseables. En efecto,

en el primer caso no sólo conduce a una mayor

intensidad del control, sino a que se atribuya a los extranjeros

una imagen socialmente negativa, susceptible de

provocar, como ha ocurrido en varios países europeos,

reacciones xenófobas. Mientras que desde la perspectiva del

mercado de trabajo puede conducir, paradójicamente,

tanto a la ausencia de control policial como una

tolerancia en las condiciones de trabajo y vivienda de los

inmigrantes en aquellas zonas del territorio nacional en

las que existe demanda de mano de obra extranjera.

Por lo que, aun admitiendo que no cabe pretender la

igualdad en la ilegalidad, resulta poco oportuno, como

ha hecho la Sentencia de la que discrepo, aludir a la

localización de 126 extranjeros en situación ilegal

durante 1992 en Valladolid, cuando muchos miles quedaron

al margen de todo control en otras zonas del territorio

nacional.

5. En relación con las dos últimas cuestiones, ha

de tenerse presente que el control general de los

extranjeros se ha potenciado en España a partir de 1994, tras

la adhesión al Convenio de aplicación del Acuerdo de

Schengen de 14 de junio de 1985. Si bien no cabe

estimar que dicho control, con carácter general respecto

a las personas y efectuado en cualquier zona del territorio

nacional, venga impuesto por el Derecho comunitario.

En efecto, uno de los objetivos básicos de la Unión

Europea según el Tratado de Amsterdam de 2 de octubre

de 1997 es el de mantener y desarrollar la Unión "como

un espacio de libertad, seguridad y justicia, en el que

esté garantizada la libre circulación de personas". A lo

que ciertamente se agrega, "conjuntamente con

medidas adecuadas respecto al control de las fronteras

exteriores, el asilo, la inmigración y la prevención y la lucha

contra la delincuencia" (art. 2). Pero ello no significa

que estas medidas estén destinadas a restringir la

libertad de circulación sino que poseen otra finalidad: el

control del acceso por nacionales de terceros Estados al

espacio comunitario. Lo que se corrobora en el nuevo

Título IV del Tratado constitutivo de la Comunidad

europea reformado por el Tratado anteriormente citado, pues

su art. 62 contrapone claramente, de un lado, "la

ausencia de controles sobre las personas en el cruce de las

fronteras interiores", tanto de los ciudadanos de la Unión

como de los nacionales de terceros países (apartado 1),

con las "medidas sobre el cruce de las fronteras

exteriores de los Estados miembros", que en diferentes

extremos indicados en este precepto condicionan el acceso

de los extranjeros al espacio de la Comunidad europea

(apartado 2).

Este dato, a mi entender, es relevante para el caso

resuelto por la Sentencia de la que discrepo, dado que

el control de extranjeros no se ha llevado a cabo en

su ámbito natural, esto es, en los puestos autorizados

para su entrada en las fronteras de los Estados miembros,

sino en el interior del país y lejos de éstas. Lo que hace

que sea cuestionable que la medida, en atención a este

dato, pueda considerarse proporcionada en relación con

su finalidad. Y ello se refuerza si se contrasta con el

objetivo antes indicado del Derecho comunitario, la libre

circulación de personas, pues mal se compadece con

este objetivo un control de carácter general y que se

lleva a cabo en cualquier lugar del territorio español.

6. Por último, la introducción de un criterio basado

en la pertenencia de una persona a un grupo racial

determinado resulta a mi entender contrario al art. 14 CE,

pues nos encontramos ante una discriminación

expresamente prohibida por este precepto, ya sea directa o

sólo indirecta. Distinción de la que parece partir la

Sentencia de la que discrepo para admitir la segunda cuando

del control de extranjeros se trata. Pues me resulta difícil

aceptar, y esta es la razón fundamental de mi

discrepancia con la Sentencia, que "determinadas

características físicas o étnicas pueden ser tomadas en

consideración" en los controles policiales de carácter general

"como racionalmente indiciarias del origen no nacional

de la persona que las reúne", según se afirma en el

FJ 7.

El resultado al que se llega, pues, según el parecer

de la mayoría de la Sala, es que la generalidad del control

de extranjeros y su práctica en cualquier lugar del

territorio nacional puede tener una justificación adicional en

una circunstancia personal, la raza, aun cuando el art.

14 CE la prohíba expresamente. Conclusión que más

adelante se reitera cuando se advierte, un tanto

retóricamente a mi entender, sobre posibles excesos en la

adopción de la medida, al afirmar que se trata de una

"razonable selección de las personas a identificar en el

ejercicio de las funciones policiales" que no puede ser

desvirtuada indebidamente para infringir un daño

"especial o adicional" a quienes pertenecen a un

determinado grupo racial o étnico.

Aquí, de nuevo, se imponía el contraste de tales

medidas con la cláusula general del art. 10.1 CE y, en

particular, con la referencia a "la dignidad de la persona"

como valor superior de todo nuestro ordenamiento

jurídico. Lo que desgraciadamente no se ha hecho en la

Sentencia de la que discrepo. Pues es suficiente observar

al respecto, de un lado, que el daño al que alude la

Sentencia no se produce sólo en supuestos de

discriminación directa como los indicados, sino que también

puede producirse como efecto normal si se acepta,

según el parecer de la mayoría, que sea un criterio

apropiado para "la razonable selección" de las personas que

pueden ser sometidas a control como extranjeros. De

otro lado, que con tal aceptación se soslaya otro dato

social relevante en orden a la aplicación de las normas

sobre extranjería: que España, al igual que muchos

Estados europeos, ya es una "sociedad multirracial", en la

que convive un número no desdeñable de personas de

otras razas. Y estas personas son tanto extranjeros en

una situación regular como nacionales españoles.

Un dato que, por sí sólo debe excluir la introducción

de la raza como criterio de selección en el control de

extranjeros, en atención a sus previsibles efectos

negativos para la dignidad de las personas. Pues basta reparar,

en relación con los extranjeros del primer grupo, que

si pueden quedar sujetos a la posibilidad de reiterados

controles por razón de la raza, con tales medidas no

sólo se está afectando negativamente a un elemento

de la identidad de las personas que su dignidad como

tales exige que sea respetado, sino que se está frustrando

el objetivo de integración de los extranjeros en la

sociedad española. Y respecto a los segundos, puede conducir

a una consecuencia no menos grave: que se produzca

una discriminación entre nacionales por razón de la raza,

también atentatoria a su dignidad personal, como a mi

entender ha sucedido en el presente caso.

Madrid, a dos de febrero de dos mil uno.-Julio Diego

González Campos.-Firmado y rubricado.

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