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Documento BOE-T-2001-331

Pleno. Sentencia 291/2000, de 30 de noviembre de 2000. Recurso de amparo avocado al Pleno 2917/94. Promovido por don Guillermo Mandía frente a la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que desestimó su demanda contra la Delegación en Vigo de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria por una liquidación del IVA, con un recargo del 100 por 100. Supuesta vulneración de los derechos a la tutela judicial y a la legalidad de las sanciones administrativas, y vulneración de los derechos a la tutela judicial sin indefensión y a la defensa en el procedimiento administrativo sancionador: recargo tributario que constituye sanción, establecida por ley pero impuesta de plano y notificada por edictos para iniciar el procedimiento de apremio (STC 276/2000. Cuestión interna de inconstitucionalidad sobre el artículo 61.2 de la Ley General Tributaria (Ley 18/1991). Voto particular.

Publicado en:
«BOE» núm. 4, de 4 de enero de 2001, páginas 93 a 103 (11 págs.)
Sección:
T.C. Suplemento del Tribunal Constitucional
Departamento:
Tribunal Constitucional
Referencia:
BOE-T-2001-331

TEXTO ORIGINAL

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por

don Pedro Cruz Villalón, Presidente, don Carles Viver

Pi-Sunyer, don Rafael de Mendizábal Allende, don Julio

Diego González Campos, don Manuel Jiménez de Parga

y Cabrera, don Tomás S. Vives Antón, don Pablo García

Manzano, don Pablo Cachón Villar, don Fernando Garrido

Falla, don Vicente Conde Martín de Hijas, don Guillermo

Jiménez Sánchez y doña María Emilia Casas Baamonde,

Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 2917/94, promovido

por don Guillermo Mendía Parga, representado por el

Procurador de los Tribunales don Antonio Francisco

García Díaz y asistido por el Letrado don Guillermo Mendía

Sanmartín, contra la Sentencia dictada por el Tribunal

Superior de Justicia de Galicia de 6 de junio de 1994,

recaída en el recurso contencioso-administrativo núm.

03/7492/1994 interpuesto contra la resolución de la

Delegación de Vigo de la Agencia Estatal de la

Administración Tributaria notificada en el "Boletín Oficial de

la Provincia" el 8 de octubre de 1993. Ha sido parte

el Abogado del Estado. Ha intervenido el Ministerio

Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don Carles Viver

Pi-Sunyer, quien expresa el parecer del Tribunal.

I. Antecedentes

1. Por escrito presentado en el Juzgado de guardia

el 6 de agosto de 1994, don Antonio Francisco García

Díaz, Procurador de los Tribunales, en nombre y

representación de don Guillermo Mendía Parga interpuso

recurso de amparo contra la Sentencia a la que se hace

referencia en el encabezamiento.

2. Los hechos en los que se fundamenta la demanda

son, sucintamente expuestos, los siguientes:

a) El recurrente en amparo presentó la declaración

sobre el Impuesto sobre el Valor Añadido

correspondiente al tercer trimestre del año 1992 en la Delegación

de Hacienda de Vigo una vez finalizado el plazo para

su presentación. El plazo venció el 20 de octubre de

1992 y el recurrente presentó la referida declaración

el 15 de enero de 1993. La presentación de esta

declaración no fue acompañada del ingreso de la deuda

tributaria, pues, según alega el recurrente, carecía de

liquidez.

b) El 5 de marzo de 1994 su entidad bancaria le

comunicó que la Delegación de Hacienda de Vigo había

procedido al embargo de su cuenta hasta la cantidad

de 279.500 pesetas.

c) El ahora recurrente se personó en la Delegación

de Hacienda de Vigo donde se le informó que la

notificación de dicha liquidación se le había efectuado a

través del "Boletín Oficial de la Provincia" de 8 de octubre

de 1993 al no haberse podido practicar su notificación

en el domicilio y que el aumento de la deuda tributaria

se debía a la aplicación de lo dispuesto en el art. 61

L.G.T. (en su redacción de la Ley 18/1991, de 6 junio);

precepto en el que se establecía que las declaraciones

que se presentaran fuera de plazo sin ingresar la deuda

tributaria sufrirían un recargo único del 100 por 100.

d) Contra la resolución de la Delegación de Vigo

de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria

notificada en el "Boletín Oficial de la Provincia" el 8 de

octubre de 1993 se interpuso recurso

contencioso-administrativo por el procedimiento regulado en la Ley 62/1978,

de 26 de diciembre. La Sala de lo

Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,

por Sentencia de 6 de junio de 1994, desestimó el

recurso interpuesto.

3. El recurrente, que articula su queja por el cauce

del art. 44 LOTC, aduce, en primer lugar, la nulidad de

la notificación de la resolución recurrida al no haberse

practicado personalmente al interesado a pesar de

encontrarse identificado en el expediente. A juicio del

demandante de amparo esta falta de notificación

personal constituye una infracción que tiene relevancia

constitucional, ya que aunque no le impidiera recurrir

la resolución que se le notificaba, la falta de conocimiento

de la misma sí que le impidió efectuar el pago en el

plazo otorgado para ello y evitar de este modo el

embargo. Por ello sostiene que en este supuesto los defectos

de la notificación determinan una lesión del art. 24.1 C.E.

También se alega que la referida notificación vulnera

el derecho fundamental que consagra el citado precepto

constitucional al carecer de motivación, pues en ella no

se explicitan los motivos que determinaron que la deuda

tributaria se incrementara en un 100 por 100; motivos

estos que si fueron conocidos por el recurrente fue

porque la Administración se los comunicó verbalmente.

El demandante de amparo considera además que el

recargo del 100 por 100 establecido en el art. 61.2

de la Ley General Tributaria (en adelante L.G.T.) es nulo

por infringir el art. 25.1 C.E., ya que, en su opinión,

el referido recargo constituye una sanción única,

objetiva, fija y sin graduación y este tipo de sanciones es,

a su juicio, contrario al derecho fundamental que

consagra dicho precepto constitucional.

Por todo ello solicita de este Tribunal que dicte

Sentencia por la que se revoque la dictada por el Tribunal

Superior de Justicia de Galicia y se declare la nulidad

de la resolución dictada por la Delegación de la Agencia

Estatal de la Administración Tributaria de Vigo notificada

en el "Boletín Oficial de la Provincia" de 8 de octubre

de 1993, por la que se le reclama la declaración del

Impuesto sobre el Valor Añadido correspondiente al

tercer trimestre del año 1992 con un recargo del 100

por 100 y la de los actos posteriores incluyendo, por

tanto, la diligencia de embargo. Solicita también el

recurrente que se declare la inconstitucionalidad del

párrafo tercero del art. 61 L.G.T. (sic) en el que se

establece el referido recargo.

4. Mediante providencia de 30 de enero de 1995,

la Sección Tercera de este Tribunal acordó, de

conformidad con lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder

al demandante de amparo y al Ministerio Fiscal un plazo

común de diez días para que formulasen, con las

aportaciones documentales que procedieran, las alegaciones

que estimaran convenientes en relación con la carencia

manifiesta de contenido constitucional de la demanda

[art. 50.1 c) LOTC].

5. Por escrito registrado en este Tribunal el 24 de

febrero de 1995 el demandante en amparo formuló sus

alegaciones. El recurrente, reiterando en los argumentos

expuestos en su escrito de demanda, considera que la

demanda presentada tiene contenido constitucional,

pues, en su opinión, la notificación efectuada de la

resolución administrativa es contraria al art. 24.1 C.E. tanto

por no haberse efectuado personalmente al interesado

como por carecer de motivación. Por ello entiende que

en este supuesto la ejecutividad del acto administrativo

vulnera el derecho que consagra el referido precepto

constitucional. Junto a estos argumentos alega también

el recurrente la inconstitucionalidad del recargo del 100

por 100 previsto en el art. 61.2 L.G.T. por entender que

dicho recargo constituye una sanción encubierta;

sanción que al tener un carácter objetivo y no permitir su

graduación considera contraria al art. 25.1 C.E.

6. El Ministerio Fiscal pone de manifiesto en primer

lugar que, aunque en la demanda de amparo se afirme

que el recurso se interpone al amparo de lo previsto

en el art. 44.1 LOTC, como el recurso interpuesto se

dirige contra el acto administrativo de liquidación, debe

entenderse interpuesto con fundamento en el art. 43.1

LOTC. Hecha esta precisión, sostiene que, en este caso,

no puede apreciarse que los vicios que el recurrente

imputa a la notificación originen la vulneración del art.

24.1 C.E. alegada por el recurrente. Alega que la falta

de notificación personal de la resolución recaída no

puede considerarse lesiva del derecho fundamental a la

tutela judicial efectiva, ya que esta falta de notificación

personal no le impidió impugnar la referida resolución.

Tampoco considera que dicha notificación sea contraria al

art. 24.1 C.E. por falta de motivación, pues la Delegación

de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria le

indicó los motivos en los que se fundamentaba la

resolución recaída, por lo que el recurrente no padeció

indefensión material alguna.

Por lo que se refiere a la queja por la que se aduce

que el recargo es contrario al art. 25.1 C.E. el Fiscal

considera, que aunque dicha alegación se dirija contra

un recargo establecido en una norma con rango de ley,

no por ello debe inadmitirse, pues aunque en nuestro

ordenamiento no esté previsto el recurso de amparo

contra disposiciones normativas con rango de ley, al haber

sido admitidas a trámite diversas cuestiones de

inconstitucionalidad en las que se plantea la

inconstitucionalidad del precepto en el que se establece el referido

recargo (el art. 61.2 L.G.T.) por considerarlo contrario,

entre otros preceptos, al art. 25.1 C.E., el presente

recurso de amparo debería ser admitido a trámite y diferir

su resolución hasta que se resuelvan las referidas

cuestiones de inconstitucionalidad, dado que las

declaraciones de inconstitucionalidad de las normas no afectan

a las relaciones jurídicas firmes y constituir una cuestión

prejudicial el determinar si el art. 61.2 L.G.T. respeta

o no la Constitución.

En virtud de estas consideraciones el Ministerio Fiscal

sostuvo que lo procedente en este supuesto era admitir

el recurso de amparo únicamente en lo referente a la

alegación por la que se aduce la vulneración del art.

25.1 C.E. y suspender su resolución hasta que se

resuelvan las cuestiones de inconstitucionalidad en las que

se plantea la inconstitucionalidad del art. 61.2 L.G.T.

7. Por providencia de 30 de marzo de 1995, la

Sección Tercera de este Tribunal acordó admitir a trámite

la demanda de amparo y, en aplicación de lo dispuesto

en el art. 51 LOTC, dirigir atenta comunicación a la

Delegación en Vigo de la Agencia Estatal de Administración

Tributaria, a fin de que, en un plazo no superior a diez

días, remitiera certificación o copia adverada del

expediente administrativo en el que recayó la resolución

impugnada y al Tribunal Superior de Justicia para que

en el mismo plazo enviara certificación o fotocopia

adverada de las actuaciones correspondientes al recurso

contencioso-administrativo en el que se dictó la Sentencia

ahora recurrida y para que emplazara a los que hubieran

sido parte en el procedimiento otorgándoles un plazo

de diez días para que pudieran comparecer en el

presente recurso de amparo.

8. Por escrito de 4 de abril de 1995 el Abogado

del Estado se personó en este recurso de amparo.

9. La Sección Cuarta de este Tribunal, por

providencia de 29 de mayo de 1995, de conformidad con

lo previsto en el art. 52.1 LOTC, acordó dar vista de

las actuaciones recibidas a la parte recurrente, al

Abogado del Estado y al Ministerio Fiscal, por un plazo común

de veinte días para que en dicho plazo, si lo estimaban

conveniente, presentasen alegaciones.

10. El 21 de junio de 1995 el Abogado del Estado

formuló alegaciones. Señala en primer lugar que, al

imputarse las infracciones constitucionales alegadas a la

resolución administrativa impugnada en el proceso

contencioso-administrativo y no a la Sentencia recaída en el

mismo, el presente recurso debe entenderse interpuesto

al amparo de lo previsto en el art. 43 LOTC. Por otra

parte, aduce que la pretensión por la que se solicita

que se declare la inconstitucionalidad del párrafo tercero

del art. 61.2 L.G.T. es inadecuada al recurso de amparo

constitucional y contraria a lo dispuesto en el art. 41.3

LOTC; por ello entiende que no debe ser tomada en

consideración.

A juicio del Abogado del Estado ni la falta de

notificación personal de la liquidación ni la falta de

motivación que el recurrente imputa a la notificación vulneran

el art. 24.1 C.E. En su opinión, dado que la falta de

notificación no impidió al recurrente acceder a la

jurisdicción contencioso-administrativa no puede apreciarse

la lesión del derecho a la tutela judicial alegada. Tampoco

considera que la notificación practicada en el "Boletín

Oficial de la Provincia" vulnere el art. 24.1 C.E. por no

encontrarse debidamente motivada, ya que en el edicto

se expresaba no sólo quién era el sujeto tributario, sino

también el concepto tributario (mediante clave), el

período adeudado, la cantidad a ingresar, los plazos de ingreso

y el pie de los recursos. Junto a este argumento alega

además el Abogado del Estado que tanto el escrito de

interposición de recurso como el de demanda

demuestran que el recurrente tenía conocimiento del concepto

al que respondía la cantidad reclamada. En todo caso,

las referidas vulneraciones del art. 24.1 CE que el

recurrente imputa a la notificación, carecen, a juicio del

representante de la Administración, de relevancia

constitucional, ya que entiende que tanto el procedimiento

de gestión tributaria como el procedimiento de apremio

quedan fuera del ámbito de protección del derecho que

consagra este precepto constitucional.

Tampoco considera el Abogado del Estado que el

recargo impuesto al recurrente vulnere el art. 25.1 C.E.

En su opinión, el párrafo segundo del art. 61.2 L.G.T.,

que es donde se establece el referido recargo, no puede

considerarse contrario a dicho precepto constitucional,

y en consecuencia tampoco puede considerarse

inconstitucional el acto administrativo que se dicta en

aplicación del mismo. Sostiene que el recargo no es contrario

al art. 25.1 C.E. porque no tiene naturaleza de sanción.

Así lo demuestra, a su juicio, el hecho de que el propio

legislador excluya en estos supuestos las sanciones;

exclusión, por otra parte, que, en su opinión, no es

arbitraria, ya que este recargo, al excluir también los

intereses moratorios y el recargo de apremio, esta

cumpliendo parcialmente funciones indemnizatorias, lo que, en

su opinión, impediría su conceptualización como

sanción.

El Abogado del Estado considera que el recargo del

párrafo segundo del art. 61.2 L.G.T. carece de carácter

represivo ya que su función no es retributiva sino

disuasoria. En su opinión, tiene como finalidad disuadir de

presentar declaraciones-liquidaciones o

autoliquidaciones extemporáneas sin pago previo o sin solicitar

aplazamiento o fraccionamiento del pago, estimulando, de

este modo, un arrepentimiento espontáneo completo.

Alega que aunque la finalidad disuasoria sea uno de

los fines propios de las penas y sanciones, dicha función

no es exclusiva de estas figuras punitivas, ya que

considera que existen figuras distintas a éstas que tienen

como finalidad disuadir de un determinado

comportamiento sin por ello tener una finalidad represiva que

es, en su opinión, lo que ocurre en el supuesto que

ahora se analiza.

No obstante, reconoce que esta ausencia de carácter

sancionador no determina que a estos recargos no les

sea exigible el requisito de la proporcionalidad, pero esta

exigencia vendría impuesta en virtud del principio de

interdicción de la arbitrariedad que consagra el art.

9.3 C.E.; precepto que al no contener derechos

suscep

tibles de amparo constitucional, impediría dilucidar esta

cuestión en esta vía. En todo caso, señala que la

regulación que efectúa el art. 61.2, párrafo segundo, L.G.T.

de este recargo no puede ser calificada de arbitraria,

ya que este recargo es único (excluye sanciones e

intereses de demora y absorbe el recargo de apremio), por

lo que una parte del mismo tendría función

indemnizatoria y otra disuasoria.

El Abogado del Estado concluye su escrito alegando

que aunque se le reconociera al recargo naturaleza

sancionadora no podría apreciarse la lesión del art. 25.1 C.E.

denunciada por el recurrente, ya que este precepto

constitucional no prohíbe al legislador establecer sanciones

no susceptibles de graduación o individualización. De

igual manera considera que tampoco podría apreciarse

que el recargo impuesto sea contrario al principio de

culpabilidad, ya que la falta de pago que da lugar al

recargo es la voluntaria.

En virtud de estas consideraciones el Abogado del

Estado solicitó la desestimación del recurso de amparo.

11. El Ministerio Fiscal formuló alegaciones en

escrito registrado en este Tribunal el 23 de junio de 1995.

Además de reiterar los argumentos expuestos en su

escrito de alegaciones formulado en el trámite previsto

en el art. 50.3 LOTC señala, en relación con la infracción

del art. 25.1 C.E. denunciada por el recurrente, que

aunque en nuestro ordenamiento no sea admisible el recurso

de amparo contra leyes, la jurisprudencia más reciente

ha admitido una "impugnación indirecta" a través de

la impugnación de los actos dictados en aplicación de

la misma. También aduce que existen otras cuestiones

de inconstitucionalidad pendientes de resolución por

este Tribunal en las que se plantea la inconstitucionalidad

del art. 61.2 L.G.T. No obstante, señala el Fiscal que

a través de estas cuestiones de inconstitucionalidad el

precepto cuestionado no era el precepto vigente en el

momento en que se dictó la resolución ahora impugnada,

ya que en las referidas cuestiones se planteaba la

constitucionalidad del mismo en la redacción que le otorgó

la Ley 46/1985, en la que se establecía un recargo

del 10 por 100, precepto que fue modificado por la

Ley 18/1991, que era la norma vigente en el momento

en que se dictó el acto impugnado. Aduce además el

Ministerio Fiscal que en la cuestión de

inconstitucionalidad núm. 941/95, el Fiscal General del Estado formuló

alegaciones en el trámite previsto en el art. 37 LOTC

y solicitó que se declarara la inconstitucionalidad del

último inciso del art. 61.2 L.G.T. (en la redacción que

le otorgó la Ley 46/1985) por ser contrario a los arts.

25.1 y 24 C.E. Por ello alega que si el Fiscal General

del Estado consideró que un recargo del 10 por 100

era contrario al art. 25.1 C.E. a la misma conclusión

debe llegarse respecto de un recargo cuya cuantía es

del 100 por 100 y de igual manera si entonces se

entendió que el referido recargo vulneraba el art. 24 C.E. debía

llegarse también ahora a la misma conclusión. No

obstante, pone de manifiesto el Fiscal que el presente

recurso de amparo no depende de la resolución de las

cuestiones de inconstitucionalidad aludidas, ya que al

cuest i o n a r s e " o t r o "

art. 61.2 (la redacción que le otorgó la disposición

adicional decimocuarta de la Ley 18/1991) las Sentencias

que resuelvan dichas cuestiones de inconstitucionalidad

únicamente tendrán un valor indiciario a los efectos del

presente recuso de amparo si declaran la

inconstitucionalidad de la norma cuestionada por violación de los

arts. 24 y 25.1 C.E, pero no si la declaran constitucional,

dada la notable diferencia en la cuantía del recargo.

12. El 16 de octubre de 1996 el Pleno de este

Tribunal, a propuesta de la Sala Segunda y de conformidad

con lo previsto en el art. 10.k) LOTC, acodó recabar

para sí el conocimiento del presente recurso de amparo.

13. La Sección Tercera, por providencia de 27 de

abril de 1999, acordó conceder un plazo de diez días

a las partes con el fin de que alegasen lo que estimaran

pertinente sobre la eventual existencia de un motivo

distinto de los alegados, en virtud del art. 84 LOTC, al ser

posible que el recargo que se impuso al recurrente por

presentar la declaración del Impuesto sobre el Valor

Añadido correspondiente al tercer trimestre de 1992 fuera

de plazo y sin ingresar la deuda tributaria pudiera

vulnerar el art. 24.2 C.E.

14. El Abogado del Estado presentó su escrito de

alegaciones el 12 de mayo de 1999. A su juicio, para

apreciar la posible vulneración del art. 24.2 C.E. sería

necesario que el recargo impuesto tuviera naturaleza

sancionadora y, en su opinión, tal y como ha mantenido

en las alegaciones que ha formulado tanto en las

cuestiones de inconstitucionalidad que se han planteado

respecto de dicho precepto como en los distintos recursos

de amparo en los que se ha planteado esta cuestión,

el referido recargo no pudo considerarse una sanción

en sentido propio dada la pluralidad de fines a los que

sirve. No obstante, ello no le impide reconocer que, de

acuerdo con los fundamentos jurídicos 4 y 5 de la STC

164/1995, cabe la posibilidad de que los recargos

puedan transformarse en sanciones cuando su cuantía

alcance o se aproxime al importe de las sanciones, incluso

la de las atenuadas. Ahora bien, a pesar de ello el

Abogado del Estado considera que ni siquiera en estos

supuestos en los que la cuantía del recargo asciende

al 100 por 100 puede considerarse que se trate de una

sanción remitiéndose a las alegaciones efectuadas a las

cuestiones de inconstitucionalidad núms. 662/97 y

1758/97; alegaciones en las que además de reiterar

los argumentos ya expuestos se afirma que dada la

pluralidad de fines que estos recargos cumplen -tienen

una función disuasoria e indemnizatoria-, y teniendo

en cuenta además que el recargo del 100 por 100

absorbe al recargo de apremio, no puede calificarse al referido

recargo como sancionatorio. Estas consideraciones

llevan al representante de la Administración a sostener

que este recargo queda al margen de las garantías que

se deduce de los arts. 24.2 y 25.1 C.E.

Alega también el Abogado del Estado que en el caso

de que este Tribunal apreciara que la resolución

administrativa que impuso el recargo del 100 por 100 es

contraria al art. 24.2 C.E. lo procedente sería, a su juicio,

invalidar dicha resolución y declarar que cuando proceda

imponer el referido recargo la Administración debe

observar las garantías formales y sustantivas que, en

virtud, de los arts. 24.2 C.E. y 25.1 C.E. rigen en el

Derecho administrativo sancionador.

15. El demandante en amparo formuló sus

alegaciones por escrito registrado en este Tribunal el 14 de

mayo de 1999. Según sostiene el recurrente, el recargo

del 100 por 100 que establecía art. 61.2 L.G.T. en la

redacción que le otorgó la Ley 18/1991 lesiona al art.

24.2 C.E. por infringir el principio de presunción de

inocencia. En su opinión, el referido recargo consagra una

presunción de culpabilidad que no puede ser destruida,

ya que al tratarse de actos ejecutivos que se imponen

sin procedimiento contradictorio y sin existir la

posibilidad de practicar prueba, se está ejecutando una sanción

fundamentándola en una presunción de culpabilidad.

16. El 18 de mayo de 1999 el Ministerio Fiscal

presentó su escrito de alegaciones. Aduce el Ministerio

Fiscal que atendiendo a la doctrina establecida en la STC

164/1995, -Sentencia que no había recaído todavía

cuando, al amparo de lo previsto en el art. 52 LOTC,

formuló alegaciones en este recurso de amparo-, el

recargo impuesto en este supuesto podría tener carácter

sancionatorio, ya que en dicha Sentencia se afirma que

si la cuantía del recargo alcanzase o se aproximase al

importe de las sanciones podría concluirse que se trataba

de una sanción. A juicio del Fiscal este es precisamente

el supuesto que se plantea en este caso al ser la cuantía

del recargo del 100 por 100, y por ello entiende que

el referido recargo es una sanción. Señala también que

en este mismo sentido se ha pronunciado el Fiscal

General del Estado en su escrito de alegaciones presentado

en el trámite otorgado al efecto en la cuestión de

inconstitucionalidad núm. 4168/98. No obstante, de este

carácter sancionador que el Fiscal reconoce al recargo

del 100 por 100 regulado en el art. 61.2 L.G.T. en la

redacción que le otorgó la Ley 18/1991, no deduce

que la imposición del mismo sea contraria al art.

25.1 C.E., pues considera que, al estar previsto en una

norma con rango de ley y encontrarse perfectamente

definidos tanto el presupuesto de hecho como la

consecuencia jurídica, no incurre en la vulneración del

derecho fundamental que consagra el referido precepto

constitucional. A juicio del Fiscal el carácter sancionador del

recargo lo que impide es que el mismo se imponga sin

procedimiento alguno, y por ello considera que su

imposición automática lesiona el art. 24.2 C.E.

Alega también el Fiscal que, al existir una cuestión

de inconstitucionalidad en la que se cuestiona la

constitucionalidad del precepto que ha sido aplicado en el

presente caso debería resolverse primero dicha cuestión

de inconstitucionalidad y posteriormente este recurso

de amparo.

Todas estas consideraciones llevan al Ministerio

Público a sostener que debería estimarse el presente recurso

de amparo por ser contrario el acto administrativo

impugnado al art. 24.2 CE, sin que proceda estimar los otros

motivos alegados.

17. Por providencia de 28 de noviembre de 2000,

se señaló para deliberación y votación del presente

recurso de amparo el día 30 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. En el presente recurso de amparo se impugnan,

de un lado, la resolución de la Delegación en Vigo de

la Agencia Estatal de la Administración Tributaria,

notificada a través del "Boletín Oficial de la Provincia" de

8 de octubre de 1993 por la que, en aplicación de lo

previsto en el art. 61.2 L.G.T. en la redacción dada por

la Ley 18/1991 y hoy derogada , se impuso al ahora

recurrente un recargo por un importe del 100 por 100

por haber presentado la declaración del Impuesto sobre

el Valor Añadido correspondiente al tercer trimestre de

1992 fuera de plazo y sin ingresar la deuda tributaria,

y, de otro lado, la Sentencia de la Sección Tercera de

la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal

Superior de Justicia de Galicia, de 6 de junio de 1994

por la que se desestimó el recurso

contencioso-administrativo núm. 03/0007492/1994 tramitado por el

procedimiento especial de protección de derechos

fundamentales regulado en la Ley 62/1978 interpuesto contra

aquella resolución.

Debe señalarse, sin embargo, que, tal y como

sostienen el Abogado del Estado y el Ministerio Fiscal, el

presente recurso de amparo debe entenderse formulado

por el cauce del art. 43 LOTC y no, como pretende el

recurrente, por el previsto en el art. 44 LOTC, ya que

la infracción constitucional se imputa directamente a la

resolución administrativa impugnada y sólo

indirectamente, en la medida en que no la repara, a la resolución

judicial ahora recurrida.

2. Como se ha expuesto detenidamente en los

antecedentes, el recurrente en amparo alega la vulneración

del art. 24.1 C.E. por no haber sido personalmente

notificado de la liquidación efectuada y por falta de

motivación de la notificación edictal. También aduce que el

recargo impuesto es realmente una sanción encubierta,

que conculca el derecho consagrado en el art. 25.1 C.E.

al establecer dicho recargo con carácter objetivo y no

permitir su graduación. Finalmente, tras ser puesta de

manifiesto por este Tribunal a las partes la posible

vulneración del art. 24.2 C.E., alega que la imposición del

recargo sin previo procedimiento contradictorio, ni

posibilidad de practicar prueba, infringe el derecho a la

presunción de inocencia del art. 24.2 C.E.

3. Respecto de la alegación relativa a la vulneración

del art. 24.1 C.E. por haberse procedido a la notificación

edictal sin haberse intentado previamente la notificación

personal de la liquidación por la que se le exigía el pago

de la deuda tributaria, debe advertirse de entrada que,

como señalan el Abogado del Estado y el Ministerio

Fiscal en sus respectivos escritos de alegaciones y como

puso de relieve la Sala de lo Contencioso-Administrativo

en la Sentencia impugnada, en este supuesto la falta

de notificación personal no ha impedido al demandante

acceder a los Tribunales e impugnar la referida

liquidación. Sin embargo, esta constatación no puede llevar

a concluir como sostiene el Abogado del Estado, que

los posibles defectos en la notificación afectan

únicamente al ámbito administrativo -relativo a los

procedimientos de gestión tributaria y de apremio-, y que,

en consecuencia, no tienen trascendencia judicial,

quedando fuera del ámbito de protección del art. 24.1 C.E.,

que se refiere a la tutela judicial.

En efecto, debe tenerse en cuenta en primer lugar

que en el supuesto que ahora enjuiciamos concurren

dos tipos de actuaciones administrativas distintas que

plantean problemas constitucionales también diversos:

de una parte, está el acto administrativo que se pretende

ejecutar (la liquidación efectuada por la Administración

por la que se impone al recurrente la obligación de pagar

la cantidad no ingresada en su declaración del I.V.A.

correspondiente al tercer trimestre de 1992 y el recargo

del 100 por 100 por haber presentado

extemporáneamente esta declaración sin haber efectuado el ingreso

ni haber solicitado el aplazamiento o fraccionamiento

del pago) y, de otra parte, los actos dictados con el

fin de exigir coactivamente el pago de la deuda tributaria,

esto es, el procedimiento de ejecución forzosa. Al

recurrente no le fueron notificados personalmente ni la

liquidación efectuada, ni el acto por el que se iniciaba

la vía de apremio ("la providencia de apremio").

4. Pues bien, aunque ciertamente la ausencia de

notificación personal de estos actos administrativos no

haya impedido al ahora recurrente impugnar

judicialmente la liquidación, no por ello hay que descartar que esta

carencia de toda notificación personal no le haya

originado indefensión. Es más, como ya se ha advertido,

la falta de notificación de estos actos administrativos

puede plantear distintos problemas de

constitucionalidad. Por lo que se refiere a la falta de notificación de

la liquidación puede originar indefensión al haber privado

al recurrente de la posibilidad de pagar la deuda en

período voluntario y evitar de este modo que el ahora

demandante pudiera defenderse de la ejecución forzosa de

dicho acto mediante su cumplimiento voluntario. Con

todo, es cierto que esta indefensión, de haberse

producido, habría tenido lugar en vía administrativa -y con

acceso posterior a la vía judicial-, por ello sólo podría

tener relevancia constitucional en el caso de que se

llegara a la conclusión de que el acto impugnado tiene

efectivamente naturaleza sancionadora, ya que es

doc

trina constitucional que las garantías consagradas en

el art. 24 C.E. sólo resultan de aplicación a los procesos

judiciales y a los procedimientos administrativos

sancionadores (SSTC 18/1981, de 8 de junio, F.J. 2; 42/1989,

de 16 de febrero, F.J. 2; 181/1990, 15 de noviembre,

F.J. 5; 297/1993, de 18 de octubre, F.J. 3; 97/1995,

de 20 de junio, F.J. 2; 127/1996, de 9 de julio, F.J.

2; 128/1996, de 9 de julio, F.J. 2; 45/1997, de 11

de marzo, F.J. 3; 7/1998, de 13 de enero, F.J. 5;

56/1998, de 16 de marzo, F.J. 4; 3/1999, de 25 de

enero, F.J. 1, y 14/1999, de 22 de febrero, F.J. 3.a,

entre otras muchas). Por ello, para determinar si la falta

de notificación de la liquidación originó al recurrente

una indefensión con trascendencia constitucional

deberemos determinar previamente si el recargo impuesto

tiene o no naturaleza sancionadora, cuestión ésta que

abordaremos en los próximos fundamentos jurídicos.

5. Por el contrario, la falta de notificación personal

del inicio de la vía de apremio puede tener relevancia

constitucional cualquiera que sea la naturaleza del acto

impugnado, ya que esta ausencia de notificación ha

podido impedir que el recurrente se opusiera al

procedimiento de apremio, recurriendo judicialmente los actos

dictados en el mismo, lo que podría determinar una lesión

del derecho al acceso a la tutela judicial. Por ello esta

cuestión debe ser analizada con independencia de la

posible indefensión que le haya podido originar al

recurrente el no haber efectuado el pago voluntario por

no haber tenido conocimiento de la existencia de esta

liquidación.

Hay que señalar que en los supuestos en los que

no se notifica la providencia de apremio, el hecho de

que se pueda acceder a la jurisdicción

contencioso-administrativa para impugnar el acto para cuya ejecución

se inició el procedimiento de apremio (la liquidación

tributaria), no permite enjuiciar la actuación administrativa

llevada a cabo durante este procedimiento de ejecución

forzosa, pues, cuando el recurrente tiene conocimiento

del mismo, el embargo ya ha tenido lugar, por lo que

carece de la posibilidad de defenderse en este

procedimiento.

Debe tenerse en cuenta al respecto, que los actos

dictados en el procedimiento de apremio, al tener un

contenido propio, son susceptibles de ser recurridos

autónomamente y por motivos diferentes de los que

pueden ser alegados en el recurso interpuesto contra el

acto que se ejecuta. Por esta razón la posibilidad de

impugnar la liquidación efectuada por la Administración

no sana la indefensión que el recurrente pueda haber

padecido con ocasión de su ejecución. Un

pronunciamiento de los órganos judiciales referente al acto

ejecutado no permite considerar corregida la indefensión

que el recurrente haya podido padecer en el

procedimiento de apremio, ya que lo que ha originado la

indefensión radica en el hecho de no haber tenido la

posibilidad de defenderse en este específico procedimiento;

indefensión que no se reduce al procedimiento

administrativo, sino que al haber impedido que el recurrente

pudiera acudir a los Tribunales, bien cuestionando la

ejecutividad del acto impugnado (es doctrina

constitucional reiterada que la ejecutividad de los actos

administrativos es compatible con las exigencias del art.

24 C.E. siempre que la misma pueda ser sometida al

control de los Jueces y Tribunales -SSTC 66/1984, de

6 de junio, 238/1992, de 17 de diciembre, 148/1993,

de 29 de abril, 78/1996, de 20 de mayo, 199/1998,

de 13 de octubre), bien impugnando los actos

administrativos de ejecución -actividad, además, que no deja

de ser una consecuencia de la referida ejecutividad-,

puede haber determinado una lesión del art. 24.1 C.E.

Resulta por tanto que en este caso la indefensión

originada por la Administración tiene relevancia

constitucional porque el defecto en el que ha incurrido al

notificar el acto ha impedido que el ahora recurrente

pudiera impetrar tutela judicial contra la ejecutividad del

acto administrativo, ya que no sólo le ha privado de

la posibilidad de solicitar la suspensión del acto, sino

que también ha eliminado la posibilidad de que el

interesado pudiera utilizar los medios de impugnación que

el ordenamiento tributario dispone específicamente

contra los actos dictados en este tipo de procedimiento (arts.

136 y 137 L.G.T., en la redacción vigente en el momento

en que se procedió a embargar los bienes del ahora

recurrente; arts. 135 y 138 de la vigente L.G.T.; y arts.

101 y 99 del Real Decreto 1684/1990 por el que se

aprueba el Reglamento General de Recaudación).

En este sentido conviene señalar que, en este caso,

la notificación edictal no puede considerarse bastante

a efectos de garantizar el derecho de defensa. Este

Tribunal, en relación con la falta de emplazamiento personal

en los procesos judiciales, ha declarado de forma

reiterada que el art. 24 C.E. contiene un mandato implícito

al legislador -y al intérprete y aplicador- consistente

en promover la defensión en la medida de lo posible

mediante la correspondiente contradicción. Por ello

hemos proclamado reiteradamente la necesidad de

emplazamiento personal de todos los interesados

siempre que ello sea factible, por ser conocidos e

identificables a partir de los datos que se deduzcan del escrito

de interposición o incluso del expediente (entre otras

muchas, SSTC 9/1981, de 3 de marzo, F.J. 6; 63/1982,

de 20 de octubre, F.J. 3; 181/1985, de 20 de diciembre,

F.J. 2; 97/1991, 9 de mayo, F.J. 2; 129/1991, de 6

de junio, F.J. 1; 78/1993, de 1 de marzo, F.J. 1;

264/1994, de 3 de octubre, F.J. 2; 229/1997, de 16

de diciembre, F.J. 2; 70/1998, de 30 de marzo, F.J.

2; 113/1998, de 1 de junio, F.J. 3; 122/1998, de 15

de junio, F.J. 6; 72/1999, de 26 de abril, F.J. 2). De

esta doctrina, la jurisprudencia constitucional ha

deducido -como resumidamente expone la STC

72/1999la exigencia de tres requisitos para que la falta de

emplazamiento tenga relevancia constitucional: en primer

lugar, es preciso que el no emplazado tenga un derecho

subjetivo o interés legítimo que pueda verse afectado

por la resolución que se adopte en el proceso; en

segundo lugar, es necesario que el no emplazado

personalmente haya padecido una situación de indefensión a

pesar de haber mantenido una actitud diligente (por ello

se considera que cuando los no emplazados tuvieron

conocimiento extraprocesal de la existencia del proceso,

la falta de emplazamiento personal no determina la

invalidez del mismo); y por último, se exige que el interesado

pueda ser identificado a partir de los datos que obran

en el expediente.

Como ya se ha advertido, esta doctrina se aplica a

los supuestos de falta de emplazamiento en los procesos

judiciales; no obstante, no cabe duda de que, en

supuestos como el presente, también debe ser aplicada, como

queda dicho, a la notificación administrativa, ya que es

precisamente la ausencia de notificación de la iniciación

del procedimiento de apremio lo que ha impedido al

recurrente impugnar los actos integrantes de dicho

procedimiento o, simplemente, oponerse a la ejecutividad

del acto, privando de este modo a estos actos de la

posibilidad de ser revisados judicialmente y en

consecuencia impidiendo al recurrente obtener una tutela

judicial efectiva frente a los mismos.

En el caso que ahora nos ocupa es claro que se

cumplen los requisitos que venimos exigiendo para

considerar que dicha falta de emplazamiento tiene relevancia

constitucional: es patente que la resolución recaída

afectaba al recurrente en amparo, ya que la misma tuvo

como consecuencia el embargo de sus cuentas

corrientes; es claro también que no puede considerarse que

sea la falta de diligencia del propio recurrente lo que

le haya puesto en una situación de indefensión, pues

en ningún momento se le ha reprochado falta de

diligencia; y, por lo que se refiere al tercero de los requisitos,

también debe entenderse cumplido, al encontrarse el

ahora demandante de amparo perfectamente

identificado en el expediente, ya que su domicilio consta en

la declaración que extemporáneamente presentó y que

dio lugar a que se dictara la resolución ahora impugnada.

Por el contrario, de lo que no hay constancia en el

expediente es de que la Administración notificara

personalmente la providencia de embargo, ya que las únicas

notificaciones personales que constan en dicho

expediente son las de la diligencia de embargo; notificaciones

que al poner en conocimiento el embargo una vez

efectuado resultan irrelevantes a estos efectos.

Por todas estas consideraciones debemos concluir

que, en este supuesto, la Administración, al no notificar

personalmente la iniciación del procedimiento de

apremio, tal y como establece expresamente el art. 103 del

Reglamento General de Recaudación, incurrió en una

infracción que tiene relevancia constitucional, ya que

al ejecutar "de plano" el acto administrativo colocó al

ahora demandante de amparo en una situación de

indefensión al impedir, no sólo que la ejecutividad de esta

resolución pudiera, en su caso ser controlada por los

Jueces y Tribunales, sino también que los actos dictados

en dicho procedimiento, tras agotar la vía administrativa,

pudieran ser objeto de impugnación ante los Tribunales

Económico-Administrativos (art. 177 Reglamento

General de Recaudación).

A esta vulneración del derecho a la tutela judicial

efectiva puede añadirse, también respecto del

procedimiento de apremio, una infracción del art. 24.2 C.E. en

el supuesto de que el recargo tenga naturaleza

sancionadora y se haya impuesto sin las garantías procesales

de contradicción y defensa cuestión ésta que, como

queda dicho, se abordará en los próximos fundamentos

jurídicos.

6. Ningún contenido constitucional tiene, por el

contrario, la queja por la que se alega que la falta de

motivación de la Resolución que le fue notificada a través

del "Boletín Oficial de la Provincia" vulnera el art.

24.1 C.E. Es doctrina constitucional reiterada que para

que la indefensión alegada tenga relevancia

constitucional es preciso que la misma haya originado al

recurrente un menoscabo real de su derecho de defensa

causándole un perjuicio real y efectivo (SSTC 155/1988,

de 22 de julio, F.J. 4; 212/1994, de 13 de julio, F.J.

4; 137/1996, de 16 de septiembre, F.J. 2; 89/1997,

de 5 de mayo, F.J. 3; 78/1999, de 26 de abril, F.J.

2, entre otras muchas). En el presente caso el recurrente

no ha padecido ninguna indefensión, pues según él

mismo reconoce la Administración le expuso verbalmente

los motivos por los que dicho acto se había dictado.

De este modo, al no haber originado la falta de

motivación que el recurrente imputa a la resolución

impugnada una situación de indefensión material, esta queja

carece de toda relevancia constitucional.

7. Como se ha indicado en los antecedentes, el

demandante de amparo sostiene que el recargo del 100

por 100 que le impuso la Administración por haber

presentado la declaración del Impuesto sobre el Valor

Añadido correspondiente al tercer trimestre de 1992 fuera

de plazo y sin efectuar el ingreso de la deuda tributaria

es contrario al art. 25.1 C.E., pues, a su juicio, el referido

recargo constituye una sanción encubierta que sería

contraria al referido precepto constitucional al no permitir

su graduación y tener carácter objetivo. Resulta, por

tanto, que para poder analizar esta alegación es requisito

indispensable analizar primero si el referido recargo tiene

la naturaleza que el recurrente en amparo le atribuye.

Conviene señalar que el hecho de que el recargo

al que se está haciendo referencia venga establecido

en una norma con rango de ley (art. 61.2, párrafo

segundo, L.G.T. en la redacción que otorgó a este precepto

la Disposición adicional decimocuarta, apartado

segundo, de la Ley 18/1991) no impide que este Tribunal

pueda examinar sus actos de aplicación y a través de

ellos analizar si el precepto legal que ha sido aplicado

respeta los derechos fundamentales que consagra la

Constitución. Una cosa es que a través del recurso de

amparo no se pueda pretender la declaración de

inconstitucionalidad de normas con rango de ley, como viene

insistiendo este Tribunal, "la vía del recurso de amparo

no es la adecuada para la impugnación directa de las

Leyes" (SSTC 206/1990, de 17 de diciembre, F.J. 5;

119/1991, de 3 de junio, F.J. 4; 31/1994, de 31 de

enero, F.J. 4; 120/1998, de 15 de junio, F.J. 1), y otra

muy distinta es que a través de este recurso no podamos

pronunciarnos sobre la posible inconstitucionalidad de

la Ley aplicada en los casos en los que la lesión de

derechos fundamentales que se imputa al acto

impugnado traiga causa directa de la Ley de la que ese acto

es aplicación. Esta posibilidad, además, se encuentra

específicamente prevista en el art. 55.2 LOTC; precepto

que no establece otra peculiaridad que la de que en

estos casos la Sala deberá elevar la cuestión al Pleno

para que en una nueva Sentencia, tramitada por el

procedimiento establecido para las cuestiones de

inconstitucionalidad, se pronuncie sobre la inconstitucionalidad

de la Ley con los efectos que a estas Sentencias les

reconoce el art. 38 LOTC.

8. Como ha señalado este Tribunal en anteriores

ocasiones, no resulta constitucionalmente exigible

extender las garantías constitucionales propias de los actos

que tienen naturaleza punitiva a actos que no tengan

esta naturaleza (SSTC 73/1982, de 2 de diciembre, F.J.

3; 69/1983, de 26 de julio, F.J. 4; 96/1988, de 26

de mayo, F.J. 3; 239/1988, de 14 de diciembre, F.J.

2; y 164/1995, de 13 de noviembre, F.J. 3; ATC

323/1996, de 11 de noviembre, F.J. 3). Sólo a los actos

que tienen carácter sancionador les resulta de aplicación

las garantías constitucionales previstas para este tipo

de actuaciones. De ahí que no quepa atribuir tal

consideración más que a aquellos actos que respondan al

ejercicio del ius puniendi del Estado (STC 276/2000,

de 16 de noviembre, F.J. 3). Por esta razón la primera

cuestión que debe analizarse es si el recargo único del

100 por 100 que establece el párrafo segundo del art.

61.2 L.G.T., en la redacción otorgada por la Ley

18/1991, tiene carácter sancionador, ya que sólo en

tal supuesto le resultarán de aplicación las garantías

propias de este tipo de actos y, en consecuencia, sólo en

ese caso procederá examinar si el recargo ahora

impugnado respeta esas garantías.

Según establece el art. 61.2 L.G.T. en la redacción

anterior a la actualmente vigente:

"Los ingresos correspondientes a declaraciones

liquidaciones o autoliquidaciones realizadas fuera

de plazo sin requerimiento previo, sufrirán un

recargo único del 50 por 100, con exclusión del interés

de demora y de las sanciones que pudieran ser

exigibles. No obstante, el recargo será del 10 por

100 si el ingreso se efectúa dentro de los tres

meses siguientes al término del plazo voluntario

de presentación e ingreso.

Cuando los obligados tributarios no efectúen el

ingreso al tiempo de la presentación de las

declaraciones, liquidaciones o autoliquidaciones

extemporáneas, sin solicitar expresamente el

aplazamien

to o el fraccionamiento del pago, se les exigirá en

vía de apremio con un recargo único del 100 por

100."

Debe advertirse que este Tribunal ya ha tenido

ocasión de pronunciarse sobre la naturaleza jurídica de los

diversos tipos de recargo regulados en el art. 61.2 LGT,

tanto sobre el recargo que regulaba este precepto en

la redacción que le otorgó la Ley 46/1985 como sobre

los recargos regulados por el precepto que se acaba

de transcribir. No obstante, respecto de este último nos

hemos pronunciado sobre los recargos contemplados

en los dos primeros apartados que, entre otras

cuestiones, se refieren a los recargos del 10 y del 50

por 100, pero no respecto del recargo del 100 por 100

contemplado en el segundo apartado, que es el que

ahora nos corresponde examinar.

9. En lo que se refiere al recargo del 10 por 100

este Tribunal llegó a la conclusión de que este recargo

carecía de naturaleza sancionadora al no ser su finalidad

represiva sino "coercitiva, disuasoria o de estímulo".

Según se afirma en la STC 164/1995, de 13 de

noviembre -a cuya doctrina se remiten las SSTC 171/1995,

de 21 de noviembre; 198/1995, de 21 de diciembre,

F.J. 2; 44/1996, de 14 de marzo, y 141/1996, de 16

de septiembre, F.J. 2- la funcionalidad del recargo del

10 por 100 "no es la de una sanción en sentido propio,

pues no supone un castigo por la realización de una

conducta ilícita administrativamente sino un estímulo

para el cumplimiento de las obligaciones tributarias o,

lo que es lo mismo, una disuasión para el

incumplimiento" (F.J. 5); y aplicando esta misma doctrina los AATC

57/1998, de 3 de marzo, F.J. 4, y 237/1998, de 10

de noviembre, F.J. 4, consideraron notoriamente

infundadas las cuestiones por las que se planteaban la

inconstitucionalidad del recargo del 10 por 100 en la regulación

que de este precepto estableció la Ley 18/1991 y

acordaron su inadmisión por este motivo.

Por el contrario, en el caso del recargo del 50 por

100 previsto en el inciso primero del párrafo primero

del art. 61.2 L.G.T. este Tribunal ha entendido que estos

recargos desempeñan una función de castigo, y por ello

hemos sostenido que no pueden justificarse

constitucionalmente más que como una sanción (STC

276/2000, de 16 de noviembre, F.J. 5, in fine).

En la STC 276/2000 llegamos a esta conclusión tras

comprobar que estos recargos desempeñaban, por una

parte, una función disuasoria (la amenaza de incrementar

la deuda tributaria en el 50 por 100 constituye una forma

de disuadir a los contribuyentes de que presenten las

declaraciones liquidaciones o autoliquidaciones fuera de

plazo); función que, aun cuando ciertamente no es

determinante de la naturaleza sancionadora de un acto (por

todas STC 276/2000, F.J. 4), sí que, en determinadas

circunstancias, puede constituir un indicio de su carácter

sancionador. De ahí que para poder apreciar si este

recargo tenía este carácter tuvimos que comprobar que esta

medida restrictiva no cumplía otras funciones que

pusieran de manifiesto que estos tributos no tienen carácter

represivo.

Esta indagación nos llevó a descartar que estos

recargos fueran un medio para constreñir el cumplimiento

de una obligación (su función no es la de asegurar la

ejecución de un acto administrativo, como ocurre con

las multas coercitivas: STC 239/1988, F.J. 2). Tampoco

consideramos que constituyeran una forma coactiva de

asegurar la legalidad conculcada (SSTC 181/1990, de

15 de noviembre, F.J. 4; 119/1993, de 19 de abril,

F.J. 3). Si así fuera la norma que prevé este recargo

se limitaría a ordenar el pago de la deuda tributaria

debida y a aplicar las medidas de neutralización financiera

precisas para compensar a la Administración del coste

que le supone dejar de disponer a tiempo de las

cantidades dinerarias que le son legalmente debidas, lo que

no ocurre en el caso del recargo del 50 por 100, ya

que el pago de la cantidad de dinero en que el recargo

consiste supera ampliamente la establecida en la Ley

como intereses de demora. Y por último descartamos

que estos recargos tuvieran naturaleza tributaria, pues

el plus de la deuda tributaria inicialmente prevista en

las normas reguladoras de los impuestos que implica

el recargo no tiene como fin la exigencia de un tributo

-no existe un nuevo hecho imponible revelador de una

nueva capacidad económica-, sino el pago de una

cantidad adicional por haber incumplido el deber de ingreso

en plazo que la norma tributaria establece.

Por otra parte también se analizó si el recargo del

50 por 100 cumplía una función indemnizatoria y de

estímulo positivo que permitiera excluir la función de

castigo propia de las sanciones. Sin embargo, aunque

apreciamos que este recargo tiene una función

resarcitoria -tiene un componente indemnizatorio- tal

función no excluía el carácter sancionador de esta medida,

pues la cuantía del recargo coincide exactamente con

la sanción mínima prevista en el art. 87.1 L.G.T. para

las infracciones tributarias graves tipificadas en el art.

79 a) L.G.T., y por ello la aplicación de estos recargos

no supone otorgar al contribuyente un trato muy distinto

del que le correspondería si se aplicaran las medidas

que la propia L.G.T. califica como sanciones . De este

modo, al no existir una diferencia importante entre la

cuantía del recargo y la de las sanciones, consideramos

que este recargo cumplía, además de las otras funciones

indicadas, la misma función de castigo que es propia

de los actos sancionadores.

Una vez reconocido el carácter sancionador del

recargo del 50 por 100 la consecuencia no podía ser otra

que la de considerar aplicable a estos recargos las

garantías materiales y procesales aplicables a las sanciones

que se deducen de los arts. 25.1 y 24.2 C.E. Por ello

en la STC 276/2000 (FF.JJ. 6 y 7) examinamos si la

regulación que de este recargo establecía el inciso

primero del art. 61.2 LGT era acorde con las referidas

garantías, y si bien apreciamos que este precepto respetaba

las exigencias de certeza que se derivan del principio

de legalidad que consagra el art. 25.1 C.E., no llegamos

a la misma conclusión respecto de las garantías que

se deducen del art. 24.2, pues dados los términos en

los que se encuentra regulado este recargo, la Ley no

sólo no prevé expresamente que se le apliquen las

garantías propias del procedimiento sancionador, sino que,

además, su literalidad conduce justo a lo contrario: a

su aplicación de plano, lo que estimamos contrario al

art. 24.2 C.E. y conllevó que declarásemos por este

motivo la inconstitucionalidad del inciso primero del art.

61.2 L.G.T.

10. Pues bien, aunque el recargo del 100 por 100

previsto en el párrafo segundo del art. 61.2 L.G.T. posee

características específicas distintas de las

correspondientes a los recargos del 10 y del 50 por 100 -ya que

se refiere a supuestos en los que no se ha ingresado

el importe de la deuda tributaria y en la Ley no se

especifica si del recargo se excluyen los intereses de demora

y las sanciones-, no cabe duda de que lo declarado

respecto del carácter sancionador de estos últimos es

aplicable, salvadas esas diferencias, al recargo aquí

enjuiciado. Así, como sostuvimos en la STC 276/2000, lo

fundamental a efectos de pronunciarnos sobre la

naturaleza jurídica del recargo es comprobar si cumple una

finalidad de castigo, pues el hecho de que pueda cumplir

otros fines distintos de los punitivos no excluye sin más

esta función. En la STC 267/2000 descartamos que

el recargo del 50 por 100 respondiera a otros fines que

pudieran excluir su carácter sancionador. Y a la misma

conclusión debemos llegar ahora puesto que, si en aquel

caso consideramos que al tener el recargo una cuantía

del 50 por 100 no podía considerarse que este recargo

cumpliera una función de estímulo positivo -la cuantía

del recargo coincidía exactamente con la sanción mínima

prevista en el art. 87.1 L.G.T.-, en este supuesto, en

el que la cuantía del recargo es del 100 por 100,

tampoco cabe apreciar que cumpla una función de estímulo

positivo que excluya su carácter sancionador, ni se trata

de un medio para constreñir al cumplimiento de una

obligación, ni, por supuesto, tiene naturaleza tributaria.

11. Una vez reconocido el carácter sancionador de

este recargo debemos examinar si, como sostiene el

recurrente, vulnera las garantías que se deducen del art.

24 y 25.1 C.E. y, en consecuencia, si con su aplicación

se le han lesionado los derechos fundamentales que

estos preceptos consagran.

Pues bien, no puede apreciarse la vulneración del

art. 25.1 C.E. alegada. El recargo del 100 por 100 que

establece el párrafo segundo del art. 61.2 L.G.T., en la

redacción que le dio la Ley 18/1991, respeta la exigencia

de que a través de una norma de rango legal se

predeterminen las conductas ilícitas y las sanciones

correspondientes, que es lo que garantiza el derecho

fundamental que consagra el art. 25.1 C.E. (SSTC 101/1988,

de 8 de junio, F.J. 3; 83/1990, de 4 de mayo, F.J. 2;

305/1993, de 25 de octubre, F.J. 3; 153/1996, de

30 de septiembre, F.J. 3; 14/1998, de 22 de enero,

F.J. 10; 276/2000, F.J. 6, entre otras muchas). Al igual

que ocurría en el recargo del 50 por 100, en este

precepto se encuentra perfectamente definida tanto la

conducta que determina la imposición del recargo como

el recargo mismo. De ahí que las quejas en las que el

recurrente fundamentó la vulneración del art. 25.1 C.E.

-considera lesionado este derecho fundamental al

entender que el recargo del 100 por 100 que le ha

sido impuesto conlleva la imposición de una sanción

objetiva y de carácter fijo- deban ser rechazadas, pues

ni el art. 25.1 C.E. consagra un derecho a la graduación

de la sanción, ni de este precepto legal puede deducirse

que, en la aplicación del recargo, no deban tenerse en

cuenta las exigencias del principio de culpabilidad

-principio que este Tribunal ha considerado que resultaba

de aplicación no sólo en el Derecho Penal sino también

en el ámbito del Derecho administrativo

sancionadorSSTC 76/1990, de 26 de abril, F.J. 4.a), y 246/1991,

de 19 de diciembre, F.J. 2-, por lo que, desde esta

perspectiva, ningún reproche de inconstitucionalidad se

puede efectuar al art. 61.2 L.G.T.

12. Por el contrario, no cabe sostener lo mismo

respecto de los derechos consagrados en el art. 24 C.E.

Como ha quedado expuesto en los antecedentes, el

recargo no sólo se impuso "de plano" al demandante

de amparo, esto es, sin observar procedimiento

contradictorio alguno y, por tanto, privándole de toda

posibilidad de defensa durante la tramitación de este

procedimiento, sino que, además la Administración procedió

a su ejecución, sin ni siquiera otorgarle la posibilidad

de cumplir voluntariamente con el contenido del acto,

ya que no sólo no se le notificó debidamente la iniciación

del procedimiento de apremio, sino que tampoco se le

comunicó la liquidación que a través de dicho

procedimiento se ejecutó.

Es doctrina constitucional reiterada que las "garantías

procesales constitucionalizadas en el art. 24.2 C.E. son

de aplicación al ámbito administrativo sancionador, "en

la medida necesaria para preservar los valores esenciales

que se encuentran en la base del precepto, y la seguridad

jurídica que garantiza el art. 9 de la Constitución"" por

todas, STC 14/1999, de 22 de febrero, F.J.3.a)], y como

dijimos en la STC 18/1981, de 8 de junio, F.J. 3, "tales

valores no quedarían salvaguardados si se admitiera que

la Administración, por razones de orden público, puede

incidir en la esfera jurídica de los ciudadanos

imponiéndoles una sanción sin observar procedimiento alguno,

y, por tanto, sin posibilidad de defensa previa a la toma

de la decisión", pues, como también sostuvimos en la

STC 18/1981 (F.J. 3), "la garantía del orden

constitucional exige que el acuerdo se adopte a través de un

procedimiento en el que el presunto inculpado tenga

oportunidad de aportar y proponer las pruebas que

estime pertinentes y alegar lo que a su derecho convenga".

Por todo ello hay que concluir que al haberse impuesto

al recurrente un recargo de naturaleza sancionadora sin

procedimiento contradictorio alguno, la Administración

ha infringido el art. 24.2 C.E. al no respetar el derecho

fundamental del demandante de amparo a no ser

sancionado si no es a través del correspondiente

procedimiento en el que, con las modulaciones que procedan,

se respeten las garantías que se deducen de este

precepto constitucional.

13. El reconocimiento de la naturaleza

sancionadora del recargo impuesto nos permite resolver la cuestión,

cuya solución dejábamos en suspenso en el fundamento

jurídico 4, de la posible vulneración del art. 24 C.E.

derivada de la falta de notificación personal de la liquidación

cuyo pago fue requerido a través del procedimiento

enjuiciado. Concretamente, nos permite apreciar que la

Administración, al no haber otorgado al recurrente la

posibilidad de efectuar el pago de la deuda tributaria en

período voluntario, vulneró también por este motivo su

derecho de defensa. Como ya se ha puesto de manifiesto,

en este caso la Administración no sólo no le notificó

la iniciación del procedimiento de apremio, sino que

tampoco con anterioridad le había sido notificada la

liquidación cuyo pago fue exigido a través de dicho

procedimiento, por lo que al haber ejecutado forzosamente

un acto de contenido sancionador que no había sido

notificado a su destinatario, -acto, por otra parte, del

que no consta que tuviera conocimiento por otro

medio-, la falta de notificación de dicho acto le impidió

su cumplimiento voluntario y con ello le privó de la

posibilidad de defenderse contra una de las consecuencias

que se derivan de dicho acto de contenido sancionador:

su ejecución forzosa.

14. Al encontrarnos ante un supuesto en el que

el precepto legal que ha sido objeto de aplicación al

presente caso (art. 61.2, párrafo segundo, L.G.T. en la

redacción dada por la Ley 18/1991) pudiera ser

inconstitucional por vulnerar el art. 24.2 C.E., el Pleno, que

en virtud de lo dispuesto en el art. 10 k) LOTC, a

propuesta de la Sala Segunda, avocó el conocimiento del

presente recurso de amparo, plantea la cuestión de

inconstitucionalidad, ya que a pesar de que dicho

precepto se halla hoy derogado por la Ley 25/1995, de

20 de julio, de modificación parcial de la Ley General

Tributaria, no cabe descartar su aplicación a situaciones

jurídicas pendientes (SSTC 140/1986, de 11 de

noviembre, F.J. 9, y 46/1999, de 22 de marzo, F.J. 3).

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal

Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN

DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Estimar el amparo solicitado y, en consecuencia:

1.o Reconocer que se ha vulnerado el derecho del

recurrente en amparo a la tutela judicial efectiva y a

no padecer indefensión en el procedimiento

administrativo sancionador.

2.o Restablecerle en sus derechos y, a tal fin, anular

la Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo

del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 6 de junio

de 1994, recaída en el recurso

contencioso-administrativo núm. 03/7492/1994 interpuesto contra la

resolución de la Delegación en Vigo de la Agencia Estatal

de la Administración Tributaria notificada en el "Boletín

Oficial de la Provincia" el 8 de octubre de 1993, así

como la resolución administrativa por la que se impuso

al recurrente el recargo del 100 por 100 sobre la deuda

tributaria y los actos administrativos que se dictaron en

su ejecución.

3.o Plantear, de acuerdo con el art. 55.2 LOTC,

cuestión de inconstitucionalidad del art. 61.2, párrafo

segundo, de la Ley General Tributaria en la redacción que

le dio la Ley 18/1991 por la posible vulneración del

art. 24.2 C.E.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del

Estado".

Dada en Madrid, a treinta de noviembre de dos

mil.-Pedro Cruz Villalón.-Carles Viver Pi-Sunyer.-Rafael

de Mendizábal Allende.-Julio Diego González

Campos.-Manuel Jiménez de Parga y Cabrera.-Tomás S.

Vives Antón.-Pablo García Manzano.-Pablo Cachón

Villar.-Fernando Garrido Falla.-Vicente Conde Martín de

Hijas.-Guillermo Jiménez Sánchez.-María Emilia Casas

Baamonde.-Firmado y rubricado.

Voto particular que formula el Magistrado don Rafael

de Mendizábal Allende a la Sentencia que resuelve el

recurso de amparo avocado al Pleno número 2917/94

sobre el art. 61.2 de la Ley General Tributaria

Esta "cuestión de inconstitucionalidad" como uno de

los tipos procesales dentro de la panoplia que

comprende la jurisdicción constitucional, tiene por objeto la

impugnación directa pero abstracta del mismo precepto

cuya impugnación indirecta, a través de los actos de

aplicación -la correspondiente liquidación

tributariafue el factor desencadenante del amparo otorgado a

quien lo pedía en la STC 276/2000, de 16 de noviembre.

Dada la coincidencia del precepto en juego, allí ratio

petendi y aquí el objeto de la pretensión, es claro que

en aquella quedó prejuzgado este pleito. A su vez ese

caso guardaba una semejanza sustancial, rayana en la

identidad con un primero que fuera tema de otra de

nuestras Sentencias, la 164/1995, cuya respuesta

consistió en reconocer el ajuste constitucional del art. 61.2

de la Ley General Tributaria en la versión entonces en

tela de juicio y que fue seguida por la STC 44/1996.

Pues bien, en tal oportunidad prediqué desde un principio

la solución contraria, aun cuando pudiera valer para ello

una Sentencia interpretativa que hiciera compatible la

primacía de la Constitución con el principio de

conservación de las normas, siempre y cuando el texto

controvertido se leyera y aplicara a la luz de aquella según

las directrices que exponía. El golpe de timón que ahora

se da, porque esta es la crónica de un overruling

anunciado, lleva a sus últimos efectos aquella propuesta inicial

mía. Pues bien, tan larga parrafada viene a cuento para

explicar o justificar, según se mire, que aquí se

reproduzca literalmente como voz complementaria, desde mi

propia perspectiva, el Voto particular tal y como quedó

en la Sentencia más reciente, aun cuando el contenido

de las cuatro sea el único en sus líneas maestras e incluso

en la mayor parte de su tenor.

1. Empezando por el principio, conviene a nuestro

propósito recordar que la relación jurídica de naturaleza

tributaria ofrece un contenido complejo, en el cual

confluyen distintas obligaciones cuyo origen común está

en la Ley (art. 1089 del Código Civil) y sólo en ella pueden

encontrar su fundamento, con arreglo a nuestra

Constitución (arts. 31 y 133), donde se acoge una milenaria

tradición en la cual está la propia raíz histórica del

nacimiento de las Cortes. Existen, pues, dos clases de

prestaciones a cargo de los sujetos pasivos de los tributos,

uno principal, que consiste en el pago de la deuda

tributaria (también con una estructura compleja) a tiempo,

dentro de los plazos establecidos al efecto para la

llamada recaudación voluntaria y otras de hacer, casi

siempre formales y accesorias o instrumentales, entre las

cuales se encuentran las de formular cuantas

declaraciones y comunicaciones se exijan para cada tributo y

otras muchas que no hacen al caso, así como la de

practicar las operaciones de liquidación tributaria (arts.

10 y 35 L.G.T.).

Pues bien, el deber que bien podría calificarse como

"puntualidad tributaria" puede ser incumplido y ese

incumplimiento desencadena normalmente dos efectos

negativos para el deudor moroso, uno fisiológico, el

interés de demora y otro patológico, la sanción

correspondiente a la infracción tipificada como grave, que consiste

en "dejar de ingresar, dentro de los plazos

reglamentariamente señalados, la totalidad o parte de la deuda

tributaria, de los pagos a cuenta o fraccionados, así como

de las cantidades retenidas o que se hubieran debido

retener" [art. 79 a) L.G.T., versión Ley 10/1985]. Por

su parte, otra Ley, la General Presupuestaria, advierte

que producirán intereses de demora las cantidades

adeudadas a la Hacienda Pública por razón, entre otros

conceptos, de los diversos tributos, con indicación de su

cómputo y del tipo aplicable. Ahora bien, su raíz profunda

se encuadra en el Derecho común, y así, el art. 1108

del Código Civil establece con carácter general que

cuando una obligación consistiere en el pago de una cantidad

de dinero y el deudor incurriera en mora, la

indemnización de daños y perjuicios, no habiendo pacto en

contrario, consistirá en el pago de los intereses convenidos

y, a falta de convenio, en el interés legal, módulo

configurado posteriormente en este ámbito mediante el tipo

básico del Banco de España con ciertas matizaciones

a lo largo del tiempo, que no son del caso en este

momento, aun cuando lo hayan sido en algún otro (STC

206/1993).

Por otra parte, los plazos establecidos para el ingreso

de los tributos en período voluntario equivalen a la

intimación al pago por ministerio de la Ley, para los efectos

del art. 1100.1 y 2 del Código Civil y, en consecuencia,

transcurridos con o sin prórroga empieza el retraso.

Queda claro, pues, que el interés de demora tiene una función

compensatoria del incumplimiento de una obligación o

prestación de dar una cantidad de dinero y, por tanto,

su naturaleza intrínseca es una modalidad

indemnizatoria, según pone de manifiesto con toda nitidez la norma

que en el Código Civil recoge y refleja el principio matriz

de la institución. Dicho desde otra perspectiva que es

ahora la adecuada al caso, el interés de demora no tiene

carácter sancionador, como cuidaba de advertir el texto

originario del art. 78 L.G.T., advertencia cuya

volatilización por obra de la Ley 10/1985 carece de

transcendencia al respecto, ya que el anverso y el reverso de

su auténtica configuración son consecuencia inmediata

de su propia contextura y la realidad no desaparece

aunque lo hagan las palabras. Tal conclusión es más

ostensible y convincente si se repara en que, precisamente

por su diverso talante, son compatibles en todo caso

los intereses y las sanciones que, a su vez, funcionan

con total independencia. Lo dicho hasta aquí no es una

construcción teórica, más o menos convincente, pero

sin sustancia de ius, sino la doctrina del Tribunal

Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo) que, con

valor normativo complementario del ordenamiento

jurídico (art. 1.6 C.C.; SSTC 206/1993; 120/1994,

318/1994 y 325/1994; 2/1995, 15/1995, 31/1995,

37/1995 y 105/1995) nos dice, en el plano de la

legalidad, lo que en este significan los intereses de demora

(Sentencias del Tribunal Supremo 4 noviembre 1986,

4 noviembre 1987 y 28 septiembre 1990).

2. Llegados aquí, es útil traer a la vista el precepto

en entredicho, cuyo texto, según la disposición adicional

decimocuarta segunda de la Ley 18/1991, de 6 de junio,

del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,

dice que "los ingresos correspondientes a declaraciones,

liquidaciones o autoliquidaciones realizadas fuera de

plazo sin requerimiento previo, sufrirán un recargo único

del 50 por 100, con exclusión del interés de demora

y de las sanciones que pudieran ser exigibles. No

obstante, el recargo será del 10 por 100 si el ingreso se

efectúa dentro de los tres meses siguientes al término

del plazo voluntario de presentación e ingreso. Cuando

los obligados tributarios no efectúen el ingreso al tiempo

de la presentación de las declaraciones, liquidaciones

o autoliquidaciones extemporáneas sin solicitar

expresamente el aplazamiento o el fraccionamiento del pago,

se les exigirá en vía de apremio con un recargo único

del 100 por 100".

La disección analítica de la norma transcrita en su

conjunto mantiene, como anticipó su anterior versión,

la excusa absolutoria que luego introduciría la Ley

Orgánica 6/1995, de 29 de junio, para el delito fiscal, pero

extensible por razones de identidad material a la

infracción tributaria (disposición adicional primera). Entonces

y ahora, una conducta antijurídica, tipificada e incluso

culpable, se deja impune por razones de política criminal

conectada a la económica para obtener el cumplimiento

de sus deberes por el contribuyente, aun a deshora y

a trasmano, instrumentándose como una medida de

fomento cuya esencia consiste en conseguir que los

ciudadanos actúen voluntariamente y sin coacción alguna

en el sentido más favorable a un interés público concreto.

Se trata de un estímulo o incentivo con un signo positivo,

un contenido dinerario y una cierta vocación

transaccional, despojando a la deuda tributaria de su

componente represivo, a veces muy gravoso cuantitativamente.

El evento que sirve de frontera y límite de la impunidad

es la investigación inspectora por lo general o la

actuación judicial, pues sólo se produce si el pago se hace

antes de que el deudor sea requerido por su acreedor,

la Hacienda pública, o la regularización se lleva a cabo

antes de conocer fehacientemente que se han iniciado

aquéllas (art. 305. 4 C.P.). No cabe negar a tal situación

un cierto parentesco con el llamado "arrepentimiento

espontáneo" que funciona como circunstancia

atenuante de la responsabilidad, pero sin excluirla ni, por lo

mismo, tampoco la sanción. La finalidad de este perdón

ex lege parece clara y consiste en potenciar la

recaudación de los tributos, como se dijo más arriba.

El interés de demora, que es otra cosa y otro tema,

se mantiene a través del sedicente "recargo" aunque

parezca eliminarse verbalmente por exigencias con su

función compensatoria global, que quiebra sin embargo

en alguno de sus tramos para cumplir una finalidad

disuasoria y, en suma, represiva, como habrá ocasión de ver,

a no ser que nos conformemos con un mero

nominalismo. Las cosas son lo que son y la naturaleza de las

instituciones está en su estructura y en su función, no

en el nombre que les demos, aunque el bautizo lo haga

el legislador. Efectivamente, el perjuicio derivado de un

pago tardío está en directa relación con el tiempo que

dura la tardanza y, por tanto, en proporción a ésta ha

de calcularse aquélla, como pone de manifiesto la

fórmula matemática del interés, cuyos factores son la base,

el tipo o rédito y el tiempo. En definitiva, así se compensa

en principio "con arreglo a un módulo objetivo, el coste

financiero que para la Administración tributaria supone

dejar de disponer a tiempo de cantidades dinerarias que

le son legalmente debidas" (STC 76/1990).

Ahora bien, no ocurre tal en esa fase inicial de la

situación de mora del contribuyente cuya consecuencia

es un "recargo" de la deuda tributaria desde el día

siguiente a su devengo o exigibilidad que se mueve entre

un mínimo del 10 hasta el 50 por 100 si el retraso

superare los tres meses produciéndose un exceso sobre

el interés legal del dinero que en el primer día del

incumplimiento puede adquirir dimensiones desorbitadas más

propias de una sanción, y paradójicamente va

descendiendo según pasa el tiempo hasta desaparecer en un

momento dado, con una progresividad inversa,

regresividad en suma. Esta curva se opone diametralmente

a la esencia de cualquier indemnización y, en la parte

que la supera, significa la exigencia de una cantidad

de dinero como consecuencia del incumplimiento del

deber de ingresar tipificado como infracción tributaria,

sin causa compensatoria. En definitiva, una sanción

pecuniaria o multa (nunca "multa pecuniaria" como siguen

diciendo los arts. 87.1 y 82.1, 2 y 3 L.G.T.).

Es evidente que esta manifestación atípica y

encubierta de la potestad sancionadora de la Hacienda

Pública respeta la reserva de Ley proclamada

constitucionalmente en sus dos vertientes, ya que la infracción está

tipificada legalmente [art. 79 a) L.G.T.] y legalmente

aparece configurada la reacción negativa, el castigo. Sin

embargo, su configuración presenta algún flanco débil,

aun cuando quepa reconducir el texto a una

interpretación correcta desde tal perspectiva en una visión

unitaria del ordenamiento. En efecto, por una parte, la norma

en cuestión establece prima facie un automatismo para

el cálculo de esas cifras porcentuales mínima y máxima

sin atender a las circunstancias subjetivas y objetivas

concurrentes, que sirvan para graduar las sanciones. En

primer plano, el principio de culpabilidad en su doble

dimensión de malicia o negligencia (dolo o culpa), pero

también el factor tiempo y la capacidad económica del

infractor, su "caudal o facultades", en expresión del art.

63 del viejo Código Penal, como principio general para

la ponderación de las sanciones pecuniarias.

Por otra parte, se omite cualquier alusión a un previo

expediente sancionador con audiencia del inculpado

para exigir ese exceso sobre el interés legal. Ningún

parentesco guarda esta situación, en un régimen de

sujeción general, con las facultades presidenciales para

mantener el orden en el curso de las sesiones parlamentarias

(STC 136/1989) o para la "policía de estrados" en las

audiencias judiciales (STC 190/1991) que permiten la

imposición de correcciones sin levantar mano. En el

ámbito de la potestad sancionadora de las

Administraciones públicas no es de recibo su ejercicio de plano,

sine strepito e iuditio, prescindiendo del procedimiento

idóneo y de la audiencia al inculpado, garantías

esenciales no dependientes de que haya o no flagrancia ni

de la cuantía mayor o menor de la sanción (STC

18/1990).

En suma, sólo hubiera resultado viable

constitucionalmente un precepto tal, que configura una multa

atípica, si para aplicarse hubieran podido tenerse en cuenta

las circunstancias concurrentes con respeto a los

principios de culpabilidad y proporcionalidad, en una

resolución motivada que pusiera fin al correspondiente

procedimiento sancionador y en paridad de tratamiento con

las demás infracciones tributarias. No habiéndolo hecho

así el legislador la solución no puede ser otra que la

contenida en el fallo de la Sentencia.

Madrid, a cinco de diciembre de dos mil.-Rafael de

Mendizábal Allende.-Firmado y rubricado.

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