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Documento BOE-T-2001-12758

Sala Segunda. Sentencia 125/2001, de 4 de junio de 2001. Recurso de amparo 4705/97. Promovido por don Alberto Flores Valencia frente a la sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo que le condenó por delitos de falsedad en documento mercantil, asociación ilícita y otros, en la causa seguida en relación con Filesa y otras entidades. Supuesta vulneración del derecho a la legalidad penal: condenas por delitos de falsedad y de asociación ilícita fundadas en la Ley.

Publicado en:
«BOE» núm. 158, de 3 de julio de 2001, páginas 66 a 79 (14 págs.)
Sección:
T.C. Suplemento del Tribunal Constitucional
Departamento:
Tribunal Constitucional
Referencia:
BOE-T-2001-12758

TEXTO ORIGINAL

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional,

compuesta por don Carles Viver Pi Sunyer, Presidente, don

Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González

Campos, don Tomás S. Vives Antón, don Vicente Conde

Martín de Hijas y don Guillermo Jiménez Sánchez,

Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 4705/97, promovido

por don Alberto Flores Valencia, representado

inicialmente por la Procuradora de los Tribunales doña María Jesús

González Díez y con posterioridad por la Procuradora

doña María Teresa Sánchez Recio, y asistido por el

Abogado don Jesús Silva Porto, contra la Sentencia de la

Sala Segunda del Tribunal Supremo, dictada el 28 de

octubre de 1997 en la causa especial núm. 880/91,

seguida por los delitos de falsedad en documento

mercantil, asociación ilícita, delito fiscal, apropiación

indebida y otros. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Han

sido partes el Abogado del Estado; doña Aida Álvarez

Álvarez y don Miguel Guillermo Molledo Martín,

representados ambos por el Procurador don Argimiro Vázquez

Guillén y asistidos por los Letrados don Julián

Pérez-Templado y Templado y don José Raúl Dolz Ruiz; don Carlos

Navarro Gómez, representado por el Procurador don

Roberto Granizo Palomeque y asistido por el Letrado

don Horacio Oliva García; don José María Ruiz Mateos

y Jiménez de Tejada y don Christian Jiménez González,

representados por el Procurador don Javier Lorente

Zurdo, si bien posteriormente el Sr. Ruiz Mateos y Jiménez

de Tejada lo ha sido por el Procurador don Jesús Jenaro

Tejada, y asistidos por el Letrado don Marcos García

Montes. Ha sido Ponente el Magistrado don Julio Diego

González Campos, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Por escrito que tuvo entrada en este Tribunal el

17 de noviembre de 1997, la Procuradora de los

Tribunales doña María Jesús González Díez interpuso, en

nombre y representación de don Alberto Flores Valencia,

el recurso de amparo del que ya se ha hecho mención

en el encabezamiento.

2. La demanda de amparo se basa, en síntesis, en

los siguientes hechos:

a) En la Sala Segunda del Tribunal Supremo se

siguió la causa especial núm. 880/91 contra el hoy

recurrente y otros. La causa se tramitó en la Sala

Segunda debido a la condición de aforados de dos de los

imputados (los Sres. Navarro Gómez y Sala i Griso).

b) En el Auto de la misma Sala de 19 de julio de

1997, por el que resolvieron las alegaciones previas

formuladas por las partes al inicio del juicio, en el trámite

previsto en el art. 793.2 LECrim, se declaró en el

fundamento 7 respecto del Sr. Flores Valencia que, al no

mantenerse alguna de las acusaciones, desaparecían las

relativas a los delitos de falsedad en documento privado,

falsedad contable, uso de información privilegiada,

fraude, defraudatorio mediante contrato simulado,

maquinación para alterar el precio de las cosas y asociación

ilícita. Asimismo, en la parte dispositiva de esta

resolución se acordó la continuación del juicio oral respecto

al ahora recurrente de amparo, por delito fiscal, falsedad

continuada en documento mercantil, falsedad en

documento público y apropiación indebida, añadiéndose que

estaba acusado por el Ministerio Fiscal, por el Abogado

del Estado y por la representación del Sr. Ruiz Mateos.

c) Finalizado el juicio oral, la Sala Segunda del

Tribunal Supremo dictó Sentencia el 28 de octubre de

1997, en la que condenó, entre otros, al hoy recurrente

por dos delitos continuados de falsedad en documento

mercantil a las penas de tres años de prisión menor

y multa de 100.000 pesetas por cada uno de los dos

delitos; por un delito de asociación ilícita, a las penas

de dos años de prisión menor, seis años y un día de

inhabilitación especial para cargo público y derecho de

sufragio activo y pasivo, así como a la pena de multa

de 250.000 pesetas; y por un delito contra la Hacienda

pública, a las penas de dos años de prisión menor y

multa de 258.827.765 pesetas. Todas las penas

privativas de libertad llevan como accesorias la suspensión

de todo cargo público y derecho de sufragio durante

el tiempo de las respectivas condenas. En concepto de

responsabilidad civil, el recurrente fue condenado a

abonar al Estado, junto con otros dos, y de manera

mancomunada y solidaria, la cantidad de 258.827.765

pesetas como cuota fiscal defraudada, así como a cuatro

de las veinticincoavas partes de las costas causadas.

3. En la demanda de amparo, el recurrente solicita

de este Tribunal que le otorgue el amparo en atención

a los derechos fundamentales que entiende vulnerados

y anule la Sentencia recurrida. Por otrosí pide, de

conformidad con lo preceptuado en el art. 56 LOTC, que

se acuerde la suspensión de la ejecución de la Sentencia

recurrida hasta que no se resuelva el presente recurso

de amparo, por los perjuicios irreparables que la

ejecución acarrearía. Considera que la Sentencia

impugnada vulnera el principio acusatorio (art. 24.2 CE), el

derecho a la presunción de inocencia ( art. 24.2 CE )

y el principio de legalidad penal (art. 25.1 CE). Al

respecto, las alegaciones contenidas en la demanda son,

sucintamente expuestas, las siguientes:

a) La primera queja entiende que se ha producido

una lesión del principio acusatorio, en relación con el

derecho a la defensa y a no sufrir indefensión, como

consecuencia de la condena del recurrente por el delito

de asociación ilícita, que había sido excluido por la propia

Sala Segunda del Tribunal Supremo de los delitos objeto

de acusación. La Sala Segunda, en el Auto de 19 de

julio de 1997, limitó la continuación del juicio oral contra

el hoy recurrente por "delito fiscal, falsedad continuada

en documento mercantil y apropiación indebida.

Falsedad en documento público". Así se decía expresamente

en la parte dispositiva. Además, en el fundamento 7

de la misma resolución se afirmaba expresamente que

-en relación con el hoy recurrente- desaparecían los

siguientes delitos: "falsedad en documento privado,

falsedad contable, uso de información privilegiada, fraude,

defraudatorio de contrato simulado, maquinación para

alterar el precio de las cosas y asociación ilícita".

No obstante lo anterior, el Sr. Flores Valencia fue

acusado y condenado por el delito de asociación ilícita.

La condena por el delito de asociación ilícita vulnera

el principio acusatorio y los derechos a la defensa y

a conocer la acusación, con resultado de indefensión,

puesto que en el juicio oral el recurrente acomodó su

actuación procesal a defenderse de los únicos delitos

subsistentes, sin tener en cuenta el delito de asociación

ilícita por haber quedado excluido inicialmente del juicio

oral por expresa y concreta resolución del Tribunal.

b) En segundo lugar, el recurrente aduce que se

infringió el principio de legalidad penal (art. 25.1 CE),

como consecuencia de la condena del recurrente por

los delitos de asociación ilícita, falsedad en documento

mercantil y contra la Hacienda pública. La demanda

destaca las consecuencias que la doctrina del Tribunal

Constitucional ha derivado del principio de legalidad penal

y, en particular, la prohibición de una interpretación y

aplicación extensiva de las normas penales, así como

el principio de personalidad de la responsabilidad penal.

La primera consecuencia supone un rechazo de la

analogía como fuente creadora de delitos y penas, de modo

que se encuentra prohibida toda interpretación analógica

o extensiva mediante la cual se pretenda incriminar

conductas o comportamientos que no se hallen expresa,

clara y previamente comprendidos en la descripción

típica. La segunda consecuencia implica que nadie puede

ser responsable por las acciones de otros y determina

que las diversas modalidades de autoría de los tipos

penales tampoco puedan ser interpretadas de manera

extensiva, incluso en tipos abiertos o que describen la

conducta de una manera ambigua.

En el caso de la condena por el delito de asociación

ilícita se ha vulnerado el art. 25.1 CE, puesto que la

Sentencia ha efectuado una interpretación arbitraria,

incongruente y abusiva de la figura delictiva de la

asociación ilícita, que se concreta en la finalidad de cometer

algún delito por parte de ésta y en la calificación como

autor del recurrente de amparo. Por lo que se refiere

a la finalidad delictiva, el tipo penal aplicado -el art.

173.1 del Código Penal de 1973, que se corresponde

con el art. 515.1 del Código Penal de 1995- exige que

la asociación tenga por objeto cometer algún delito.

Antes de este caso la jurisprudencia del Tribunal

Supremo sólo había aplicado esta figura delictiva bien a

agrupaciones de carácter político que encubren actividades

de tipo violento, bien a asociaciones que tienen un

carácter "abiertamente criminal" (STS de 18 de marzo de

1991). Sin embargo, la Sentencia impugnada califica

como asociaciones ilícitas a las entidades mercantiles

Filesa, Malesa y Time Export, S. A., sociedades que no

perseguían la comisión de delitos, sino en todo caso

la realización de infracciones administrativas en virtud

de lo dispuesto por el art. 7 de la Ley 3/1987, sobre

Financiación de los Partidos Políticos. Luego, si el fin

de tales entidades no era la comisión de delitos, no se

realiza el tipo, por mucho que sus gestores hubieran

cometido, individualmente, algún hecho delictivo.

Una asociación con fines lícitos no se convierte en

una asociación ilícita de las previstas en el art. 173.1

del Código Penal de 1973 sólo porque en el desarrollo

de su actividad se cometan delitos. De lo contrario, toda

empresa en la que sus gestores hubieran cometido

delitos (por ejemplo, delitos fiscales) se convertiría en una

asociación ilícita, simplemente porque su financiación

se efectuaba mediante la defraudación a la Hacienda

pública. Es indudable, según criterio del recurrente, que

ése no es el sentido de la ley. Además la Sentencia

impugnada incurre en una contradicción, ya que por un

lado expresa que tales entidades "buscaban, como fin

claro y último, ayudar al partido político en todo cuanto

pudiera suponer su financiación", y por otro, añade a

continuación que la financiación irregular del partido

político no constituye delito alguno, si bien exceptúa los

supuestos de campañas electorales (fundamento 19).

También se ha aplicado extensivamente el tipo de

la asociación ilícita en cuanto a la autoría. La Sentencia

ha considerado al Sr. Flores Valencia como fundador,

director o presidente de las referidas entidades

(fundamento 23), indicando -en referencia conjunta a éste

y al Sr. Oliveró- que "ambos integran las funciones

propias de quienes dirigen y gobiernan realmente la

actividad empresarial". Sin embargo, el hoy recurrente se

convirtió el 30 de noviembre de 1986 en titular fiduciario

del 60 por 100 de Malesa y sólo fue contratado como

Delegado de Filesa en Madrid -y no miembro o directivo

de esta entidad-, cuyos poderes quedaban reducidos

a firmar como apoderado en la cuenta bancaria de un

Banco en Madrid. Y en cuanto a la sociedad Time Export,

S. A., el recurrente carecía de poderes. En consecuencia,

el Sr. Flores Valencia no pudo ser ni fundador de las

entidades, ya que su actividad en las mismas comenzó

a finales de 1989, es decir, cuando ya estaban fundadas,

ni tampoco de director, ya que era un simple Delegado

en Madrid, que seguía instrucciones del Administrador

único, el Sr. Oliveró Capellades.

Por lo que se refiere a las dos condenas por delito

de falsedad, la demanda llama la atención sobre el hecho

de que tanto el Ministerio Fiscal como las acusaciones

privadas, en el momento de efectuar la calificación

provisional, calificaron los hechos como la denominada

"falsedad ideológica" cometida por particular del art. 303

en relación con el art. 302.4 del Código Penal de 1973,

consistente en faltar a la verdad en la narración de los

hechos. Sin embargo, en el momento de la calificación

definitiva, ya en 1997, el nuevo Código Penal de 1995

había desincriminado la "falsedad ideológica" cometida

por particular, y ante ello las acusaciones, sin explicar

por qué, calificaron los hechos como constitutivos del

delito previsto en el art. 390.1.2 del Código Penal de

1995, consistente en simular un documento, en todo

o en parte, de manera que induzca a error sobre su

autenticidad.

Asimismo la Sentencia ha aplicado extensivamente

tres elementos de la norma penal: el concepto de

documento mercantil, la conducta de simular un documento

y la modalidad de autoría que se atribuye al Sr. Flores

Valencia.

En primer lugar, las facturas traen causa de un

contrato de prestación de servicios puramente civil, y por

lo tanto tienen carácter civil y no mercantil, como sin

embargo entiende el Tribunal Supremo al aplicar la

modalidad de falsedad en documento mercantil. En

segundo término, tampoco existe una simulación, ya que

la propia Sentencia impugnada reconoce que las facturas

responden a unas prestaciones o correspondencias que

no pudieron ser acreditadas en el proceso. Por ello, en

el peor de los casos, los hechos serían constitutivos,

no de una simulación, sino de una falta de verdad en

la narración de los hechos, que, cuando la realiza un

particular, es impune según el Código Penal de 1995.

Y en tercer lugar, en el fundamento 32 la Sentencia

impugnada considera que el Sr. Flores Valencia es "autor

por colaboración" de los dos delitos continuados de

falsedad documental, lo que supone una aplicación

extensiva de la norma, dado que por un lado la figura de

"autoría por colaboración" no aparecía en el art. 14 del

Código Penal, y por otro lado la Sala Segunda del Tribunal

Supremo no motiva que la colaboración del Sr. Flores

fuera necesaria, cuando ya existía un autor directo y

un inductor de las referidas falsedades.

Según criterio del recurrente, la condena por delito

fiscal también ha infringido el principio de legalidad, lo

que fundamenta en diversos argumentos. En primer

lugar, se indica que el Sr. Flores Valencia no tenía al

tiempo de los hechos ninguna función ejecutiva en las

sociedades, sino que solamente era formalmente

accionista de Malesa y tenía poderes de disposición bancaria

en la cuenta corriente de Filesa en Madrid. Ahora bien,

la regulación del delito fiscal vigente en el momento

en que acaecieron los hechos era el art. 345 del Código

Penal de 1973, es decir, antes de que se produjera la

modificación operada en este ámbito por la Ley Orgánica

6/1995, de 29 de junio, y lógicamente también antes

de que entrara en vigor el Código Penal de 1995. Aquel

art. 345 del Código Penal de 1973 expresaba que

cometía este delito "el que defraudare a la Hacienda estatal,

autonómica o local, eludiendo el pago de tributos", lo

que exigía una conducta activa. Sin embargo, tras la

reforma operada por la referida Ley Orgánica 6/1995,

el delito quedó definido en los siguientes términos: "el

que por acción u omisión dolosa defraudare a la

Hacienda Pública, estatal ...", lo que permitía que el

comportamiento delictivo fuera tanto activo como omisivo.

Como el comportamiento del Sr. Flores respecto a las

declaraciones tributarias no era activo o ejecutivo, ya

que tales declaraciones las firmaba otra persona en

Barcelona, hay que concluir que resultó vulnerado el

principio de legalidad penal al castigar una conducta omisiva,

cuando la norma penal entonces vigente no contemplaba

la comisión por omisión.

La segunda línea argumental para demostrar la

quiebra del principio de legalidad consiste en que como en

Derecho Penal las personas jurídicas carecen de

responsabilidad (societas delinquere non potest), la

jurisprudencia del Tribunal Supremo ha elaborado la doctrina

del "levantamiento del velo" con el objeto de determinar

cuál es la concreta persona física, que se encuentra

detrás de la pantalla de la sociedad, y que es la que

verdaderamente ha realizado el comportamiento

delictivo. Sin embargo, tal doctrina no se ha seguido en el

presente caso ya que el Tribunal Supremo ha declarado

que "la responsabilidad del delito fiscal hay que atribuirla

en primer lugar a las personas que como socios o

administradores de las empresas ostentaban poder de

decisión dentro de las mismas porque tenían o tienen

conocimiento de las defraudaciones que se van a realizar"

(fundamento 40). Para el demandante de amparo, por

el contrario, no pueden ser autores de un delito fiscal

los meros conocedores de los hechos o simples

accionistas de una persona jurídica. La interpretación del

Tribunal Supremo en la Sentencia impugnada daría lugar

a que en cualquier sociedad mercantil en la que exista

un socio mayoritario no gestor, éste pudiera ser

condenado por acciones u omisiones en las que no participa,

simplemente por el hecho de ser accionista mayoritario,

y sin necesidad de demostrar su participación ejecutiva

en los hechos por los que se le hubiera condenado.

Por último, la condena por el delito contra la Hacienda

pública ha supuesto la lesión del principio de

personalidad de las penas, que supone que en Derecho Penal

se responde únicamente por hechos propios y nunca

por hechos ajenos: sólo merece una pena quien ha

llevado a cabo la conducta delictiva. En virtud de este

principio, resulta necesario determinar ante todo qué

personas físicas firmaban las cuentas anuales y balances

y quiénes presentaban las declaraciones fiscales de

ambas entidades ante la Agencia Tributaria. Puesto que

el Sr. Flores Valencia no tenía competencia para realizar

esas tareas ni tampoco las llevó a cabo en la realidad,

el hecho de que se le aplicara el tipo penal ha vulnerado,

no sólo el referido principio de personalidad, sino

también la prohibición de aplicar extensivamente el tipo

penal a conductas que no se encuentran recogidas en

él.

c) La tercera queja del recurrente alega la lesión

del derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE),

como consecuencia de la inexistencia de actividad

probatoria para fundar la condena del recurrente. Según

éste, el Tribunal Constitucional ha de realizar un examen

más minucioso de esta queja, teniendo en cuenta de

que el Sr. Flores Valencia no ha disfrutado del derecho

a gozar de una segunda instancia, debido a la

circunstancia de que en la causa había dos personas aforadas

que atrajeron la competencia de la Sala Segunda del

Tribunal Supremo. Las alegaciones concretas respecto

a cada uno de los delitos son las siguientes:

Respecto al delito de asociación ilícita, las pruebas

practicadas en el juicio oral y la prueba documental

aportada son concluyentes en cuanto a que el recurrente

comenzó su participación como delegado de Filesa en

Madrid en el mes de noviembre de 1988, adquiriendo

su cualidad formal de accionista del 60 por 100 de

Malesa el 30 de diciembre de 1988. Por lo tanto, su

intervención no puede ser calificada como la propia de

fundador, director o presidente de tal asociación ilícita (art.

517 del Código Penal de 1995), ya que en ningún

momento participó en la creación de Time Export, S. A.,

Filesa o Malesa, siendo un mero delegado y asalariado

de la delegación de Filesa en Madrid.

En cuanto al delito de falsedad documental, la

condición de accionista mayoritario de Malesa no es prueba

suficiente para deducir la coparticipación del recurrente

en los hechos delictivos. Además, de la prueba pericial

y documental aportada a la causa, así como de la amplia

y prolongada prueba testifical realizada en el juicio oral,

en ningún momento se puede concluir que el recurrente

hubiese encargado, realizado o dado factura alguna ni

tuviese relación alguna, ni siquiera de conocimiento, de

las facturas giradas por Time Export, S. A., ni Filesa

correspondientes a los informes reseñados en los hechos

probados de la Sentencia. De la actividad probatoria,

tampoco cabe deducir que el actor de amparo hubiese

hecho gestión alguna, encargo o participase en gestión

concreta con ninguna de las entidades titulares de dichos

informes.

Por último, en lo que se refiere al delito fiscal, la

autoría del mismo sólo puede ser atribuida a la persona

que tenga funciones ejecutivas dentro de las entidades

mercantiles y nunca a los accionistas de las mismas

aunque sean mayoritarios. De las actuaciones no sólo

se desprende que el recurrente no firmó declaración

alguna de los impuestos u obligaciones fiscales, sino que,

conforme a Ley, aun cuando hubiese pretendido hacerlo

tal función no le correspondía.

4. Mediante providencia de 22 de diciembre de

1997, la Sección Cuarta de este Tribunal acordó lo

siguiente:

a) La apertura del trámite previsto en el art. 50.3

LOTC para que, en un plazo no superior a diez días,

el solicitante de amparo y el Ministerio Fiscal se

mani

festaran acerca de la posible concurrencia de la causa

de inadmisión establecida en el art. 50.1 c) LOTC

-carencia manifiesta de contenido que justifique una

decisión sobre el fondo por parte del Tribunal

Constitucionalen relación con la queja que denuncia la infracción del

principio de legalidad penal (art. 25.1 CE), en lo que

se refiere a la condena por los delitos de falsedad en

documento mercantil y de asociación ilícita.

b) La inadmisión de las demás quejas del presente

recurso de amparo por su carencia manifiesta de

contenido que justificara una decisión sobre el fondo del

mismo por parte de este Tribunal [art. 50.1 c) LOTC].

5. Mediante escrito registrado el 5 de enero de

1998, la representación del recurrente presentó el

escrito de alegaciones correspondiente al trámite del art. 50.3

LOTC, en el que solicitaba que se admitiera a trámite

la demanda de amparo, por entender que sí presentaba

contenido constitucional la queja de infracción del

principio de legalidad penal, en cuanto a las condenas por

los delitos de asociación ilícita y de falsedad documental.

El mismo día 5 de enero de 1998 presentó su escrito

de alegaciones el Ministerio Fiscal en el referido trámite

del art. 50.3 LOTC, por el que solicitaba la inadmisión

a trámite de la queja de la demanda referida a la supuesta

infracción del principio de legalidad penal respecto a

las condenas por asociación ilícita y falsedad

documental.

6. Mediante providencia de 28 de enero de 1998,

la Sección Cuarta de este Tribunal acordó la admisión

a trámite de la queja relativa a las condenas por delito

de falsedad en documento mercantil y por asociación

ilícita. Y como consecuencia de esta admisión parcial

de la demanda, declaró procedente la apertura de la

pieza separada para la tramitación y decisión de la

medida cautelar de suspensión solicitada por el recurrente.

Asimismo, la Sección acordó dirigir atenta comunicación

a la Sala Segunda del Tribunal Supremo para que

posibilitara a las partes en el proceso a quo la comparecencia

en este proceso de amparo, relegando a un momento

procesal posterior la decisión relativa a la petición de

actuaciones.

7. En la pieza separada para la tramitación de la

suspensión intervinieron el Ministerio Fiscal y el

recurrente de amparo, este último mediante sendos escritos de

4 y 10 de febrero de 1998, refiriéndose el segundo

de ellos al informe favorable de la Sala sentenciadora

a la concesión de un indulto parcial. La Sala Segunda

de este Tribunal, mediante Auto 47/1998, de 24 de

febrero, acordó no acceder a la suspensión interesada

por el recurrente.

La representación del recurrente, mediante escrito

registrado el 25 de marzo de 1999, solicitó nuevamente

la suspensión de las penas privativas de libertad, en

atención a diversos razonamientos. La Sala dio oportunidad

a las partes para pronunciarse sobre esta nueva solicitud,

y presentaron alegaciones las representaciones del Sr.

Ruiz Mateos y Rodríguez de Tejada, de la Sra. Álvarez

Álvarez y del Sr. Molledo Martín, así como el Abogado

del Estado y el Ministerio Fiscal. Finalmente, la Sala

denegó esta solicitud de suspensión mediante Auto

134/1999, de 26 de mayo.

8. Tras las respectivas solicitudes de personación,

la Sección Tercera de este Tribunal, mediante

providencia de 27 de abril de 1998, acordó tener por personados

y parte en el presente procedimiento al Procurador don

Javier Lorente Zurdo, en nombre y representación de

don José María Ruiz Mateos y Jiménez de Tejada y de

don Christian Jiménez González; al Procurador don

Argimiro Vázquez Guillén, en nombre y representación de

doña Aida Álvarez Álvarez y de don Miguel Guillermo

Molledo Martín; y al Procurador don Roberto Granizo

Palomeque, en nombre y representación de don Carlos

Navarro Gómez, acordándose entender con ellos las

sucesivas actuaciones. Acordó también conceder un

plazo común de veinte días a todas las partes personadas

y al Ministerio Fiscal, para que, de conformidad con lo

previsto en el art. 52.1 LOTC, formularan las alegaciones

que estimaran pertinentes, dándoles vista de las

actuaciones en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, debido

a su volumen, sin perjuicio de que, en caso de que fuera

preciso, la Sala Segunda de este Tribunal Constitucional

pudiera interesar la remisión de parte de las actuaciones.

9. La representación del recurrente presentó el 13

de mayo de 1998 su escrito de alegaciones

correspondiente al trámite del art. 52.1 LOTC. En relación con

la queja de que ha resultado infringido el principio de

legalidad penal al ser condenado por los dos delitos

continuados de falsedad documental, además de reiterar

algunos argumentos ya expuestos anteriormente, indica

que la jurisprudencia del Tribunal Supremo -tanto la

anterior como la posterior en el tiempo a la resolución

aquí impugnada- mantiene una diferente interpretación.

Así la STS de 30 de septiembre de 1997 explica que

la desincriminación en el Código Penal de 1995 de la

falsedad ideológica cometida por particular obedece "al

criterio de que no existe un deber genérico de veracidad

exigible a los particulares bajo la amenaza de la sanción

penal, deber que únicamente se impone con dicho rigor

en supuestos específicos y delimitados, para la

protección de determinados intereses superiores

-declaraciones testificales ante los Tribunales de Justicia (artículos

458 y concordantes), declaraciones ante las Comisiones

Parlamentarias de Investigación (artículo 502.3) o bien

con carácter específico, en determinados documentos

mercantiles (artículos 261, 290 ó 310)". En sentido muy

similar se pronuncia la STS de 27 de abril de 1998.

De otra parte, la STS de 26 de febrero de 1998

destaca que esa desincriminación de la falsedad ideológica

de particular responde también al criterio jurisprudencial

plenamente asentado de que "la simple mentira, por

el mero hecho de que se escriba o documente, no se

convierte en delito de falsedad". Esta resolución advierte

que el aplicador del Derecho, "debe ponerse en guardia

frente a la tentación de continuar teniendo por punible

una conducta que ha sido despenalizada, mediante el

expediente de incardinarla en un tipo penal análogo que

subsiste tras el cambio normativo. Esta tentación puede

venir propiciada, en las falsedades, por la técnica

tradicionalmente seguida por el legislador, que ha

determinado frecuentemente en el intérprete una cierta

confusión entre determinadas conductas falsarias -como

si alguna de ellas fuesen intercambiables- y la

difuminación, a veces, de la diferencia que existe entre la

falsedad material que afecta al documento mismo y la

falsedad ideológica que afecta a su contenido. Es posible

que un cambio normativo como el que ha supuesto la

despenalización de la falsedad ideológica, cuando es

cometida por particulares, obligue a un mayor rigor

interpretativo y a profundizar en la naturaleza de una y otra

clase de falsedad. Aunque no es esta la ocasión de

abordar el problema en toda su complejidad, sí hemos de

decir que la pretensión de que continúa siendo típica

la falsedad, cometida por particular, que afecta

exclusivamente a los hechos que se narran en el documento,

mediante la subsunción sustitutoria de la acción en el

tipo que consiste en simular en todo o en parte un

documento de manera que induzca a error sobre su

autenticidad, supone volver a penalizar una falsedad ideológica

convirtiéndola a tal efecto en falsedad material. Porque

falsedad ideológica es, en la generalidad de los casos,

faltar a la verdad en la narración de los hechos y falsedad

material, por el contrario, es simular en todo o en parte

un documento. Este desplazamiento del hecho desde

el tipo en que era claramente subsumible -y donde ya

no lo puede ser por la soberana decisión del

legislativoa otro al que se atribuye así, en cierto modo, la función

de una cláusula de cierre, presenta riesgos innegables

desde las perspectivas del principio de legalidad y de

la obligada interdicción de toda extensión analógica de

una norma penal".

En cuanto a la quiebra del principio de legalidad penal

derivada de la condena por el delito de asociación ilícita,

el escrito del recurrente de amparo, además de reiterar

alegaciones ya expresadas en trámites anteriores, señala

que en el relato de hechos probados no se describen

cuáles son las concretas acciones que dan pie a ese

delito de asociación ilícita. Además se hace referencia

a la circunstancia de que la Sentencia impugnada

considera que la asociación era ilícita porque perseguía la

comisión de un delito electoral del art. 149 de la Ley

Orgánica 5/1985, del Régimen Electoral General,

consistente en falsear las cuentas electorales. Ahora bien,

según el actor de amparo, la Sentencia -ni en el relato

de hechos probados ni en su fundamentación

jurídicano manifiesta cuáles son las cuentas que han sufrido

tal alteración, ni tampoco describe en qué medida las

cuentas han sido falseadas. Además ese delito electoral

sólo lo pueden cometer "los administradores generales

de los partidos", y sin embargo ninguno de los

condenados desempeñaba tal cargo y mucho menos el Sr.

Flores Valencia, quien ni siquiera es militante del PSOE.

10. En el trámite del art. 52.1 LOTC el Abogado

del Estado presentó sus alegaciones mediante escrito

registrado el 26 de mayo de 1998, en el que solicitaba

que este Tribunal dictara Sentencia denegatoria del

amparo pretendido.

En primer término la Abogacía del Estado resume

la doctrina constitucional en relación con el principio

de legalidad penal, con base en las SSTC 137/1997,

de 21 de julio, FJ 7; 151/1997, de 29 de septiembre,

FJ 4; 232/1997, de 16 de diciembre, FJ 2; 225/1997,

de 15 de diciembre, FJ 4; y 56/1998, de 16 de marzo,

FJ 8; ninguna de las cuales ha sido invocada en la

demanda de amparo. A continuación rechaza que tal doctrina

haya sido inobservada por la Sentencia de la Sala

Segunda del Tribunal Supremo en cuanto a la condena por

los delitos de asociación ilícita y de falsedad documental.

a) En cuanto a la condena por el delito de asociación

ilícita, las alegaciones del recurrente son básicamente

dos: que la constitución de sociedades mercantiles para

financiar a un partido político no se puede calificar

penalmente de asociación ilícita, y que la relación del Sr. Flores

Valencia con estas sociedades no permite su imputación

como autor del delito.

Respecto a la primera cuestión, el Abogado del Estado

entiende que la interpretación y aplicación

jurisprudencial del delito es razonable y previsible. El concepto de

"asociación" del tipo penal no excluye las sociedades

mercantiles, ya que la jurisprudencia del Tribunal

Supremo exige el simple concierto de dos o más personas,

con independencia del nexo o forma jurídica que pueda

aparecer (STS 17 de enero de 1986), admitiendo incluso

los supuestos en que los autores no habían constituido

ninguna clase de ente asociativo con una determinada

cobertura jurídica (STS 3 de febrero de 1992). Y

distingue la asociación ilícita de la figura de la conspiración,

en la mayor estabilidad de aquélla y en el cometido

concreto de ésta (STS 24 de junio de 1993).

La Sentencia objeto de este recurso no sólo no

contiene una interpretación arbitraria, incongruente o

abusiva, sino que se limita a mantener el criterio que venía

aplicando del tipo en el ejercicio de la facultad que

corresponde a los Tribunales en cuanto a la interpretación

y aplicación de las leyes penales (STC 41/1998, de 24

de febrero, FJ 6). En cuanto a la finalidad delictiva

perseguida por la asociación, el tipo delictivo -en contra

de lo afirmado en el recurso- no sólo incluye como

objeto del concierto la comisión de algún delito, sino

también la promoción de la comisión de delitos después

de su constitución, lo que lleva a concluir que, para que

exista el delito de asociación ilícita, no es necesario que

el ente asociativo tenga por objeto cometer directamente

delitos, sino que basta con que exista una actividad que

procure o dé lugar a la comisión de delitos.

Tampoco ha existido una vulneración del principio

de legalidad penal en lo que se refiere a la segunda

cuestión, que es la aplicación del tipo de asociación ilícita

al Sr. Flores Valencia. La jurisprudencia del Tribunal

Supremo ha configurado la asociación ilícita como la

existencia de un concierto de varias personas celebrado

para fines delictivos, con lo que la exigencia de que

los autores ostenten un determinado cargo o condición

en el ente asociativo resulta improcedente, pues en

realidad, como ocurre en este caso, puede no existir una

forma jurídica asociativa. Por ello, como se hace en la

Sentencia recurrida, es necesario examinar si se dan

los requisitos de la autoría atendiendo a los criterios

generales establecidos en Derecho penal, considerando

que los fundadores son los creadores del ente asociativo;

los directores, los que rigen u ordenan la actividad; y

los presidentes, los que desempeñan la plaza de

principal. Sobre la base de los hechos probados, la Sentencia

atribuye al Sr. Flores Valencia la condición de director,

sobre todo por ser accionista de las entidades. Aunque

pudiera llegarse a otra interpretación del tipo penal, la

adoptada en este caso se adapta al tenor literal y además

no es irrazonable, arbitraria ni incoherente, por lo que

de conformidad con la STC 41/1998, de 24 de febrero,

FJ 6, no se ha infringido el principio de legalidad penal.

b) Con respecto a la condena por los delitos de

falsedad, la discrepancia de la defensa del actor con la

Sentencia recurrida se concreta en las siguientes

alegaciones: las acusaciones modificaron en su calificación

definitiva el encuadramiento de la falsedad; yerra la Sala

cuando atribuye carácter mercantil a las facturas, que

responden a relaciones de naturaleza civil; no se simula

un documento, sino que se falta a la verdad en la

narración de los hechos; y no se expresa el carácter y la

necesidad de la colaboración imputada por la Sentencia

al Sr. Flores Valencia.

De estos argumentos, sólo el tercero merece un

examen más detenido. En efecto, en primer lugar el cambio

en la calificación definitiva llevado a cabo por las

acusaciones no supone en sí mismo la vulneración del art.

25.1 CE, único precepto constitucional que debe

considerarse. En segundo término, la Sentencia justifica

sobradamente el carácter mercantil de las facturas, tema

que además carece de relieve constitucional. Por otro

lado, la demanda no razona el carácter civil de las

relaciones, ya que las sociedades eran mercantiles y,

aparentemente, sus relaciones recaían sobre objetos propios

de su tráfico. En tercer lugar, la condena al Sr. Flores

Valencia como "autor por colaboración" significa en la

Sentencia recurrida cooperación necesaria del art. 14.3

del Código Penal de 1973 y no complicidad del art.

16 del mismo Código, como se encarga de especificar

en otro pasaje la propia resolución, donde habla de

"colaborador necesario del art. 14.3 del Código Penal"

(FJ 29).

Frente al argumento de que no existió simulación

documental sino que sólo se faltó a la verdad, la Abogacía

del Estado ya ha contestado en los recursos de amparo

núms. 4805/97 y 4859/97 con las alegaciones que

siguen a continuación. Los razonamientos se centran

en los dos elementos típicos fundamentales de la

modalidad falsaria del art. 302.9 del Código Penal de 1973:

la simulación documental y la autenticidad del

documento.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo anterior y

posterior a la Sentencia ahora impugnada ha mantenido

diferentes líneas interpretativas sobre la simulación

documental, considerándola bien como supuesto de falsedad

material (STS de 2 de abril de 1964), bien como falsedad

ideológica o intelectual (STS de 8 de marzo de 1983).

Algún autor considera que operaba como un "cajón de

sastre" o comodín cuando había dudas respecto a la

subsunción de la conducta en alguno de los otros

números del precepto. La Sentencia que condenó al recurrente

considera que existe simulación cuando la factura es

incierta en su totalidad, al haber un soporte material

falso, no meramente intelectual. Pues bien, esta

interpretación, que ya había sido asumida anteriormente por

la jurisprudencia -la resolución impugnada cita las SSTS

de 21 de marzo de 1989, de 18 de noviembre de 1991,

de 18 de septiembre de 1993 y de 13 de junio de

1997- y que fue reiterada después -así, en las SSTS

de 7 de noviembre de 1997 y 25 de noviembre de

1997-, no puede ser conceptuada de extravagante. En

las palabras "simulando un documento" caben diversas

formas de creación de simulacros o apariencias

documentales, y por lo tanto resulta razonable que se califique

como simulación la factura emitida como justificación

de que se ha realizado un estudio, informe u otro tipo

de prestación, en verdad no efectuada.

En cuanto al elemento típico de que la simulación

debe inducir a error sobre la "autenticidad" del

documento, el Abogado del Estado expresa que el concepto

de autenticidad sólo puede aplicarse en sentido estricto

a los documentos públicos, pues ellos mismos prueban

por sí mismos (son "autosuficientes" en ese sentido)

que provienen del autor indicado en el propio

documento. Ahora bien, como el Código Penal predica la nota

de autenticidad también de los documentos mercantiles

o privados, en los que tal autenticidad no puede ser

la misma, es obvio que este elemento típico de la

"autenticidad" tiene un contenido propio. Tiene pues razón

el Voto particular del Excmo. Sr. Viver Pi-Sunyer a los

Autos de 20 y de 28 de enero de 1998 cuando indica

que hay precedentes en la jurisprudencia del Tribunal

Supremo que entienden la autenticidad no

exclusivamente en sentido subjetivo, es decir, como identidad entre

el autor aparente y el real del documento, sino que

acuden a otras interpretaciones que también caben en el

tipo penal. Es posible entonces considerar una factura

como falsa no porque su autor real no coincida con

el aparente, sino porque es falaz en lo que refleja, porque

pretende documentar en el tráfico jurídico una prestación

(un estudio o informe) absolutamente inexistente.

En consecuencia, concluye el Abogado del Estado,

es cierto que el precepto penal se presta a otras

interpretaciones igualmente constitucionales, pero no se

puede reprochar a la Sentencia que haya infringido el

principio de legalidad penal, ya que ni ha desbordado el

texto literal del precepto ni lo ha interpretado mediante

pautas extravagantes o contrarias a los preceptos,

principios o pautas constitucionales.

11. El 27 de mayo de 1998 presentó su escrito

de alegaciones el Ministerio Fiscal, de conformidad con

lo dispuesto en el art. 52.1 LOTC, en el que interesaba

que se dictara Sentencia que desestimara el presente

recurso de amparo.

Tras resumir las alegaciones de la demanda de

amparo, el Fiscal contempla la doctrina del Tribunal

Constitucional sobre el principio de legalidad penal. El

fundamento jurídico 7 de la STC 137/1997, de 21 de julio,

declara que la determinación, interpretación y aplicación

de la norma son cuestiones de legalidad ordinaria, y

concreta que son dos los supuestos que en esta materia

determinan la vulneración del art. 25.1 CE: el

desconocimiento de la literalidad del precepto aplicado o bien

la afirmación de la tipicidad a través de argumentos

palmariamente extravagantes.

a) Por lo que se refiere a la condena por el delito

de asociación ilícita, el Fiscal señala que el art. 22 CE,

tras comenzar reconociendo el derecho de asociación,

declara en su núm. 2 que "las asociaciones que persigan

fines o utilicen medios tipificados como delitos son

ilegales". Dado que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo

ha considerado probado que el fin del conglomerado

de sociedades era cometer determinado delito, nada dice

el Fiscal respecto de las posibles diferencias observables

entre la definición constitucional de asociaciones ilegales

y la definición penal de asociaciones ilícitas, ya que ha

de considerarse que son sinónimas las expresiones "que

persigan fines ... tipificados como delitos" (art. 22.2 CE)

y "las que tuvieren por objeto cometer algún delito".

El derecho fundamental de asociación, aunque tenga

históricamente un origen esencialmente político, permite

dar cobertura constitucional a las más variadas formas

de organización social, fundamentalmente de origen

privado: manifestaciones constitucionales específicas de

este derecho son los partidos políticos (art. 6 CE) y

sindicatos (art. 7 CE), asociaciones profesionales de toda

índole (empresariales, de Jueces y Fiscales), pero

evidentemente este derecho fundamental no agota su

contenido en ellas, sino que ampara la libertad de

constitución de sociedades de todo tipo (tanto civiles como

mercantiles), y de asociaciones propiamente dichas,

cuyo objeto puede ser de lo más variado (culturales,

deportivas, religiosas, etc. ), sin más limitaciones que

las derivadas de los apartados segundo y cuarto: dicha

libertad se traduce en que su inscripción lo es a los

solos efectos de publicidad -sin perjuicio del carácter

constitutivo que, para determinadas sociedades

mercantiles, pueda tener la misma-, y en la garantía de que

su disolución o la suspensión de sus actividades sólo

puede producirse en virtud de resolución judicial

motivada.

De la lectura de los incisos segundo y quinto del

art. 22 CE se desprende asimismo una distinción

imprescindible: el primero de ellos determina qué ha de

entenderse por asociaciones ilegales; de su definición y

ubicación sistemática se desprende que es preciso

constatar la concurrencia de dichos requisitos en un proceso

judicial para que se declare la legalidad de la asociación

y, en consecuencia, se proceda a su disolución; por el

contrario, las asociaciones secretas o de carácter

paramilitar están expresamente prohibidas por la propia

Constitución, por lo que no pueden constituirse como

tales; el hecho de que unas y otras estén tipificadas

penalmente no significa que no deban diferenciarse

plenamente.

También niega el Fiscal que la Sentencia incurra en

contradicción: la resolución judicial claramente

circunscribe como finalidad delictiva determinante de la

inclusión de los hechos en el tipo penal la circunstancia de

que la financiación del PSOE suponía una infracción de

lo dispuesto en el art. 149 LOREG, excluyendo los demás

delitos que en el ámbito de su actividad se hubiesen

podido cometer y que fueron objeto de sanción

independiente, viniendo a considerar que la prescripción de

este último delito no afectaba en nada al de asociación

ilícita.

Finalmente, según criterio del Fiscal, no puede decirse

que la Sentencia, al relacionar el delito de asociación

ilícita con el falseamiento de las cuentas electorales

tipificado en la Ley Orgánica del Régimen Electoral General,

incurra en quiebra lógica alguna: la existencia de una

doble finalidad -financiación irregular de un partido

político, no constitutiva de delito, y contribución al

falseamiento de las cuentas electorales, dando "cobertura"

ficticia a determinados ingresos, falseamiento que

constituye el delito ya indicado- no obsta a la apreciación

de esta última y, en consecuencia, a entender que

concurren todos los requisitos del delito de asociación ilícita

por el que el Sr. Flores Valencia fue condenado.

En definitiva, bajo la alegación de que se ha infringido

el principio de legalidad penal, lo único que hace el

demandante de amparo es mostrar su disconformidad

con la valoración de la prueba y, en última instancia

con la subsunción de los hechos en la norma, cuestiones

que son ajenas a tal derecho fundamental, por

pertenecer a la legalidad ordinaria.

b) Al examinar la queja de que la Sentencia ha

vulnerado el principio de legalidad penal por las dos

condenas de falsedad en documento mercantil, el Fiscal

examina en primer término los razonamientos de la

resolución y las alegaciones del recurrente. Y a continuación

indica que no puede valorarse como un desconocimiento

de la literalidad del tipo el que la Sentencia impugnada

afirme que la creación ex novo de una factura mendaz

en su integridad -en cuanto que no responde a un

negocio real-, constituye una falsedad "simulando un

documento de manera que induzca a error sobre su

autenticidad". Podrá suscitarse si además el hecho puede

ajustarse a las exigencias de otra de las modalidades falsarias

que el precepto describe, pero carece de fundamento

la afirmación de que no responde a las exigencias del

art. 302.9 del Código Penal de 1973 aplicado.

Y en cuanto al rigor lógico y técnico de los

argumentos que conducen a tal calificación, basta la lectura

de los fundamentos 24, 25 y 26, y muy especialmente

de este último, para comprobar, por un lado, que se

ajustan a las exigencias de la técnica penal y, por otro,

que no constituyen ninguna innovación para este caso,

sino que se inscriben en una continuada línea

jurisprudencial de la Sala Segunda del Tribunal Supremo -la

resolución impugnada cita al efecto las SSTS de 21 de

marzo de 1989, de 18 de septiembre de 1993, de 26

de noviembre de 1993 y de 13 de junio de 1997,

pudiendo observarse que la mayoría de ellas son anteriores

a la entrada en vigor del nuevo Código Penal de

1995que, si en alguna reciente ocasión ha sido alterada

-alteración no aceptada pacíficamente incluso en el seno

de la propia Sala- no por ello eleva el problema

planteado a un rango constitucional desde las exigencias

del art. 25.1 CE.

Tampoco tiene contenido constitucional la queja del

recurrente de amparo por el cambio del título

incriminatorio efectuado en las conclusiones definitivas. Según

aquél, dicho cambio no tendría otra razón de ser que

eludir la despenalización sobrevenida a consecuencia de

la sucesión legislativa entre el Código Penal de 1973

y el Código Penal de 1995. No corresponde a este

Tribunal entrar en una cuestión de legalidad ordinaria, como

es la de determinar si es cierto, como afirma el

demandante, que el Código Penal de 1995, en su art. 392

en relación con el art. 390.1, ha despenalizado la

falsedad ideológica en documento mercantil cuando es

cometida por un particular, pero no está de más recordar

que la expresión falsedad ideológica ha sido en nuestro

País más una construcción doctrinal o jurisprudencial

que legal. La Ley -tanto el art. 302 del anterior Código

Penal, como la normativa actualmente vigente- se ha

limitado a plasmar qué medios comisivos determinan

el correspondiente tipo de falsedad, por lo que la

inclusión de cada uno de ellos en la llamada "falsedad

material" o en la "ideológica" no ha sido nunca cuestión

pacífica en la doctrina.

Según criterio del Fiscal, resulta obvio que el

legislador de 1995 se ha limitado a excluir del tipo penal

el supuesto de falsedad en documento público, oficial

o de comercio, cometida por particular "faltando a la

verdad en la narración de los hechos"; por el contrario,

ha mantenido la ya existente de "simulando un

documento de manera que induzca a error sobre su

autenticidad". Las razones de la despenalización del primer

supuesto -ciertamente criticada por algún sector

doctrinal- parecen responder a un doble criterio: en primer

término, eliminar las dudas interpretativas derivadas de

la determinación de qué datos debían considerarse

jurídicamente trascendentes, a fin de evitar un proceso

penal y eventual condena por datos falsos

intrascendentes; en segundo lugar, evitar en estos supuestos

difíciles problemas concursales, tanto de delitos como de

leyes.

Por el contrario, el mantenimiento de la figura de

simulación de documento -configurada en la Sentencia

impugnada como auténtica falsedad material- se

justifica por la evidente mayor trascendencia de esta

conducta. No se trata ya de incluir datos falsos en un

documento verdadero -en muchas ocasiones, objeto de una

simple comprobación por determinados organismos

oficiales-, sino de crear un objeto de apariencia

documental.

El Fiscal advierte, si bien ello no fue alegado por el

recurrente, que los términos en que se produjo el cambio

del título incriminatorio no han comprometido el

principio acusatorio ni el derecho de defensa (art. 24.2 CE).

Lo primero, porque se produjo en el plano de la legalidad

procesal más estricta cuanto el objeto del proceso aún

no estaba definido en términos inmodificables. Lo

segundo, porque permaneciendo el hecho sin alteración

alguna, la impugnación de la tesis acusatoria no sufrió en

sus posibilidades merma alguna, como demuestra el

hecho de que las defensas no utilizaran la facultad que

les confiere el art. 793.7 LECrim.

El escrito de alegaciones del representante del

Ministerio Público se refiere a la modalidad de "autoría por

participación" que la Sentencia atribuye a la intervención

del Sr. Flores Valencia. Entiende que esta cuestión no

rebasa los límites de la legalidad ordinaria. La Sala ha

considerado probada la cooperación necesaria del

demandante de amparo en dichas falsedades,

excluyendo por tanto que fuera el autor material de las mismas,

en virtud de la prueba plena de determinados extremos

(esencialmente, su importante participación en las

diferentes sociedades, la disponibilidad de la cuenta donde

se realizaron la mayoría de los ingresos procedentes del

cobro de las facturas, y las facultades que le estaban

conferidas para controlar las operaciones de Barcelona).

La Sentencia, a partir del razonamiento lógico de la

prueba indiciaria (ciertamente no declarada

expresamente como tal), llega a considerar probado que el Sr. Flores

tenía el "dominio del hecho" y, en consecuencia, era

partícipe como cooperador necesario en las falsedades

cometidas, considerando por ello probado el dato

indiciario: su participación en la decisión de realizar las

operaciones por las que han sido condenados los diferentes

partícipes en las distintas sociedades. Prescindiendo de

que el demandante de amparo no invoca el derecho

a la presunción de inocencia, estima el Fiscal que dicho

razonamiento no resulta extravagante o contrario a la

lógica, teniendo en cuenta que se trata de un

procedimiento más inductivo que deductivo.

Finalmente el Fiscal se refiere al problema suscitado

por el actor de amparo de la calificación de los

documentos falsos como mercantiles. Según su criterio, este

es un simple problema de subsunción de los hechos

y, por tanto, de legalidad ordinaria, por ser cuestión de

la competencia de los Tribunales del orden penal, tal

y como ha declarado respecto a esta misma cuestión

el ATC 294/1994, de 7 de noviembre, FJ 7.

12. La representación procesal de doña Aida

Álvarez Álvarez y de don Miguel Guillermo Molledo Martín

efectuó las alegaciones dentro del trámite del art. 52.1

LOTC, mediante un escrito registrado el 29 de mayo

de 1998 en el que solicitaba que este Tribunal

concediera el amparo respecto a los motivos de la demanda

admitidos en su día.

13. El mismo día 29 de mayo de 1998 presentó

su escrito de alegaciones, en igual trámite del art. 52.1

LOTC, el Procurador de don Carlos Navarro Gómez, en

el que señalaba que, al guardar el presente recurso de

amparo una estrecha relación con el registrado con núm.

4645/97, reproducía las alegaciones formuladas en el

mismo momento procesal respecto a la vulneración del

principio de legalidad penal derivada de la condena por

los delitos de falsedad documental.

Recuerda en primer término que las acusaciones

calificaron inicialmente los hechos como falsedad ideológica

en documento mercantil cometida por particular, delito

previsto en el art. 303 en relación con el art. 302.4,

ambos del antiguo Código Penal. El Auto del Magistrado

Instructor de 22 de diciembre de 1995 decidió sobreseer

las imputaciones por falsedad, en atención a la

despenalización de la falsedad ideológica cometida por

particular en el nuevo Código Penal de 1995 (art. 392 en

relación con art. 390.1), pero fue revocado por otro de

la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 20 de

diciembre de 1996. Finalmente la Sentencia impugnada

mantuvo intangibles los hechos pero consideró que los

mismos debían ser calificados como dos delitos continuados

de falsedad en documento mercantil en la modalidad

de simulación del art. 303 en relación con el art. 302.9

del Código Penal de 1973, al considerar que dicha norma

era más favorable.

Según criterio del Sr. Navarro Gómez esta forma de

proceder constituye tanto un fraude de ley como una

aplicación analógica in malam partem de tal norma

penal, que vulnera el principio de legalidad penal. No

se trata de que este Tribunal Constitucional entre a

conocer los hechos, sino que los considere de manera

instrumental para examinar la vulneración alegada.

Tampoco se trata de que interprete la norma, para lo que

este Tribunal no tiene competencia, sino que se pretende

que realice un control asimismo instrumental para el

análisis de la infracción del principio de legalidad penal.

La cuestión planteada tiene, pues, alcance

constitucional. La STC 75/1984, de 27 de junio, FJ 6, señala:

"es evidente que si en el ámbito penal no cabe apreciar

el fraude de ley, la extensión de la norma para declarar

punible una conducta no descrita en ella implica una

aplicación analógica incompatible con el derecho a la

legalidad penal". Este método del fraude de ley se

advierte claramente porque sin variar la redacción de los

hechos se ha operado un cambio de calificación, primero

en el juicio oral y luego en la Sentencia condenatoria.

La norma defraudada o eludida es la despenalización

de la falsedad ideológica ("faltando a la verdad en la

narración de los hechos") cuando es realizada por un

particular, despenalización llevada a cabo en el nuevo

Código Penal de 1995 (art. 392 en relación con el art.

390.1 de dicho Código). Esta norma debía ser aplicada

retroactivamente a los hechos por ser más beneficiosa,

en virtud del art. 25.1 CE y del art. 2.2 del mismo Código

Penal de 1995. Sin embargo, la norma de cobertura

ha sido el delito de falsedad en su modalidad de

"simulación documental", prevista en el art. 303 en relación

con el art. 302.9, ambos del Código Penal de 1973

("simulando un documento de manera que induzca a

error sobre su autenticidad"). El fraude consiste, por

tanto, en dejar sin virtualidad el efecto despenalizador

operado por el Código Penal de 1995.

La aplicación de esta norma de cobertura supone

una aplicación analógica in malam partem, que se

encuentra prohibida por el art. 25.1 CE. Dicha norma

ha sido "retorcida" para dar cabida a un supuesto que

no tiene su acomodo en ella, y paralelamente se ha

producido un "estiramiento" de la conducta, con el

objeto de que pudiera ser acogida por la referida norma.

En efecto, la jurisprudencia consideraba que la

"simulación documental" constituía una subespecie de

falsedad material, pero no de la ideológica; en este sentido

algún autor declaraba que un documento es "auténtico"

-y por lo tanto no simulado- cuando la persona que

asume la declaración contenida en el documento la ha

hecho verdaderamente, con independencia de si lo

declarado por dicha persona es o no verdad; por el contrario,

la modalidad de "simulación documental" se refiere a

documentos inciertos en su totalidad, emitidos sin que

ninguno de los conceptos corresponda a una relación

jurídica; en el caso de que tal documento sea una factura,

si el sujeto que la emite y el receptor son reales y si

la fecha no ha sido cuestionada, entonces no es incierta

en su totalidad -y por tanto tampoco constituye

"simulación documental"-, dado que refleja un acuerdo

de voluntades realmente existente entre personas

realmente existentes. En definitiva, la simulación documental

sólo es típica cuando sea material, es decir, cuando lo

que se simula es el documento y no el negocio jurídico

en él descrito. Al contrario, si el documento es genuino

y auténtico, salvo en su contenido por la circunstancia

de faltar a la verdad en su narración, entonces se trata

de una falsedad ideológica, que ya no es típica respecto

a particulares por haber sido derogada la norma que

la preveía del Código Penal de 1973.

Esta aplicación analógica de la norma ha determinado

que el Sr. Navarro Gómez se haya visto sorprendido al

imponérsele una sanción como consecuencia de unos

comportamientos que no son constitutivos de delito. Se

trata además de una aplicación analógica in peius, que

está prohibida por el art. 25.1 CE, precepto que exige

una aplicación rigurosa de las normas penales, de

manera que, como resalta la STC 182/1990, de 15 de

noviembre, "sólo se pueda anudar la sanción prevista a

conductas que reúnan todos los elementos del tipo descrito

y sean objetivamente perseguibles".

Por su parte, el Tribunal sentenciador ha elegido una

vía irrazonable para subsumir la conducta,

verdaderamente atípica, en una norma de cobertura, mediante

el procedimiento de apartarse de criterios exegéticos

y hermenéuticos aceptados pacíficamente, tanto por la

jurisprudencia del propio Tribunal Supremo como por

la doctrina científica.

Así, por lo que se refiere a la jurisprudencia, la

Sentencia de la misma Sala Segunda del Tribunal Supremo,

de 26 de febrero de 1998, recaída tan sólo cuatro meses

después de la aquí impugnada, y en un supuesto idéntico

en cuanto a las características de la factura, ha señalado

que el aplicador del Derecho ha de ponerse "en guardia

frente a la tentación de continuar teniendo por punible

una conducta que ha sido despenalizada, mediante el

expediente de incardinarla en un tipo penal análogo que

subsiste tras el cambio normativo". Y añade esta misma

resolución que "la simple mentira, por el mero hecho

de que se escriba o documente, no se convierte en delito

de falsedad o de otra especie ... La pretensión de que

continúa siendo típica la falsedad, cometida por un

particular, que afecta exclusivamente a los hechos que se

narran en el documento, mediante la subsunción

sustitutoria de la acción en el tipo que consiste en simular

en todo o en parte un documento de manera que induzca

a error sobre su autenticidad, supone volver a penalizar

una falsedad ideológica convirtiéndola a tal efecto en

falsedad material .... Este desplazamiento del hecho

desde el tipo en que era claramente subsumible y donde

ya no lo puede ser por la soberana decisión del legislativo

a otro al que se atribuye así, en cierto modo, la función

de una cáusula de cierre,presenta riesgos innegables

desde la perspectiva del principio de legalidad y de la

obligada interdicción de toda extensión analógica de una

norma penal".

Y en cuanto a la doctrina científica, ya se ha reflejado

la opinión de un autor, entre la de otros muchos que

se pronuncian en el mismo sentido, según la cual la

simulación documental constituye una subespecie de la

falsedad material, pero no de la ideológica.

En último término el escrito del recurrente plantea

como alegación alternativa y subsidiaria que la Sentencia

impugnada ha vulnerado el derecho a la aplicación

retroactiva de la ley penal más favorable, que -de

conformidad con el Voto particular del Excmo. Sr. don Rafael

de Mendizábal Allende a la STC 204/1994, de 11 de

julio- forma parte del contenido del art. 25 CE, en

relación con el art. 9.3 de la misma Norma Fundamental,

así como -a través de la vía del art. 10.2 CE- en relación

con el art. 15.1 del Pacto Internacional de Derechos

Civiles y Políticos.

14. Mediante escrito registrado en este Tribunal el

29 de mayo de 1998, la representación procesal de

don José María Ruiz-Mateos y Jiménez de Tejada

presentó sus alegaciones en el trámite del art. 52.1 LOTC,

en las que solicitaba la desestimación del recurso de

amparo.

Tras recordar la doctrina de este Tribunal acerca del

principio de legalidad penal y de su capacidad de control

al respecto, rechaza que la condena por el delito de

asociación ilícita haya infringido tal principio. La

Sentencia impugnada ha determinado claramente que el

fin delictivo perseguido por las tres empresas era

cometer el delito previsto en el art. 149 LOREG, haciendo

frente a los gastos originados por el PSOE. Lo que

realmente discute el recurrente es la subsunción de los

hechos en el tipo penal del art. 173.1 del Código Penal

de 1973, cuestión esta que está únicamente atribuida

al órgano sentenciador, tal y como previene el art. 117.3

CE. Pero es que además las consideraciones efectuadas

en la Sentencia tampoco suponen un apartamiento del

tenor del precepto aplicado ni la pauta valorativa en

su interpretación es ilógica o extravagante.

En cuanto a la supuesta infracción del referido

principio de legalidad penal derivada de la condena por los

delitos de falsedad en documento mercantil, se considera

que la cualidad mercantil de las facturas está claramente

razonada en la Sentencia impugnada, así como en la

jurisprudencia anterior del Tribunal Supremo.

Nuevamente se discute un problema de subsunción de la conducta

en el tipo del art. 303 en relación con el art. 302.9,

ambos del Código penal de 1973. La aplicación de estos

preceptos no supone ninguna extensión del tipo

-máxime cuando las facturas en su totalidad son falsas- ni

una interpretación irracional o extravagante, sino lógica,

coherente y conectada con las líneas jurisprudenciales

anteriores. El hecho de que al variar la tipificación de

los hechos las acusaciones modificaran sus conclusiones

definitivas, no supone ninguna vulneración del principio

de legalidad penal ni de ningún otro, ya que los hechos

imputados no han sufrido ninguna modificación. Por

último, no tiene cabida en el principio de legalidad la

alegación de que no era posible calificar la conducta del

Sr. Flores Valencia como autoría por colaboración,

además de que la Sentencia recurrida razona

suficientemente este aspecto.

15. Tras la renuncia del Procurador Sr. Lorente

Zurdo a seguir llevando la representación de don José María

Ruiz-Mateos y Rodríguez de Tejada, éste designó como

su representante al Procurador don Jesús Jenaro Tejada,

mediante escrito registrado el 15 de febrero de 1999.

Asimismo la Procuradora doña María Jesús González

Díez renunció a la representación del recurrente de

amparo don Alberto Flores Valencia, por lo que éste

procedió a designar como su representante a la

Procuradora doña María Teresa Sánchez Recio, mediante

escrito de 12 de marzo de 1999. La Sala mediante

sendas providencias de 1 y 18 de marzo de 1999 acordó

tener por personados a los referidos nuevos

Procuradores y entender con ellos las sucesivas diligencias.

16. Por providencia de 31 de mayo de 2001, se

acordó señalar el día 4 de junio de 2001 para la

deliberación y votación de la presente Sentencia.

II. Fundamentos jurídicos

1. El recurrente de amparo fue condenado por la

Sala Segunda del Tribunal Supremo como responsable

de dos delitos continuados de falsedad documental, un

delito de asociación ilícita y otro contra la Hacienda

pública. Contra la Sentencia condenatoria interpuso un

recurso de amparo en el que alegaba la vulneración de

diversos derechos fundamentales. Sin embargo, este Tribunal

tras el trámite previsto en el art. 50.3 LOTC, por

providencia de 28 de enero de 1998, sólo admitió a trámite

la queja que aducía la infracción del principio de legalidad

penal, y dentro de ella únicamente en lo que se refería

a las condenas por los delitos de falsedad y de asociación

ilícita. Nuestro análisis debe centrarse en el examen de

esa única queja, empezando por su proyección respecto

a la condena por dos delitos de falsedad.

2. En ese contexto, destaca el demandante que en

el momento de la calificación provisional las acusaciones

calificaron los hechos como falsedad ideológica

consistente en faltar a la verdad en la narración de los hechos,

en tanto que en 1997, cuando se había despenalizado

esa modalidad falsaria, optaron por entender que los

hechos eran constitutivos de una simulación de

documento, que sí seguía siendo punible. Por otra parte,

considera que se ha producido una aplicación extensiva de

la norma penal, extensión que se concreta en la

naturaleza del documento, en la conducta típica y en la

modalidad de autoría que se le atribuye.

Respecto a la anterior argumentación, conviene

advertir que el recurrente no llega a afirmar

expresamente que el cambio de calificación propuesto por las

acusaciones en el proceso infrinja el principio de

legalidad penal. Pero alega que con tal cambio se pone de

relieve que la Sentencia ha efectuado una interpretación

y aplicación extensiva de la norma penal que prevé la

figura delictiva de la simulación de documento. Por lo

tanto debemos ocuparnos a continuación de la doctrina

de este Tribunal sobre esta cuestión, para determinar

a continuación las consecuencias que se derivan de la

misma en relación con el presente caso.

3. La garantía material del principio de legalidad

comporta el mandato de taxatividad o certeza, que se

traduce en la exigencia de predeterminación normativa

de las conductas punibles y de sus correspondientes

sanciones (lex certa). Esta exigencia tiene implicaciones

no sólo para el legislador, sino también para los órganos

judiciales. En su labor de interpretación y aplicación de

las leyes penales, estos últimos se hallan también

sometidos al principio de tipicidad, en el sentido de que, por

un lado, se encuentran en una situación de sujeción

estricta a la ley penal (SSTC 133/1987, de 21 de julio,

FJ 5; 182/1990, de 15 de noviembre, FJ 3; 156/1996,

de 14 de octubre, FJ 1; 137/1997, de 21 de julio, FJ

6; 151/1997, de 29 de septiembre, FJ 4; 232/1997,

de 16 de diciembre, FJ 2) y, por otro, les está vedada

la interpretación extensiva y la analogía in malam partem

(SSTC 81/1995, de 5 de junio, FJ 5; 34/1996, de 11

de marzo, FJ 5; 64/2001, de 17 de marzo, FJ 4; AATC

3/1993, de 11 de enero, FJ 1; 72/1993, de 1 de marzo,

FJ 1), es decir, la exégesis y aplicación de las normas

fuera de los supuestos y de los límites que ellas mismas

determinan. El que estas técnicas jurídicas, que tan

fértiles resultados producen en otros sectores del

ordenamiento jurídico, estén prohibidas en el ámbito penal y

sancionador obedece a que en caso contrario se

convertirían en fuente creadora de delitos y penas y, por

su parte, el aplicador de la nueva norma así obtenida

invadiría el ámbito que sólo al legislador corresponde,

en contra de los postulados del principio de división de

poderes (SSTC 133/1987, de 21 de julio, FJ 4;

137/1997, de 21 de julio, FJ 6; 142/1999, de 22 de

julio, FJ 3; AATC 263/1995, de 27 de septiembre;

282/1995, de 23 de octubre).

Precisando nuestro canon de control de

constitucionalidad, cabe hablar de aplicación analógica o extensiva

in malam partem, vulneradora de aquel principio de

legalidad, cuando dicha aplicación resulte imprevisible para

sus destinatarios, sea por apartamiento del tenor literal

del precepto, sea por la utilización de pautas valorativas

extravagantes en relación con el ordenamiento

constitucional, sea por el empleo de modelos de interpretación

no aceptados por la comunidad jurídica, comprobado

todo ello a partir de la motivación expresada en las

resoluciones recurridas (SSTC 137/1997, de 21 de julio,

FJ 7; 151/1997, de 29 de septiembre, FJ 4; 225/1997,

de 15 de diciembre, FJ 4; 232/1997, de 16 de

diciembre, FJ 2; 236/1997, de 22 de diciembre, FJ 4;

56/1998, de 16 de marzo, FJ 8; 189/1998, de 28

de septiembre, FJ 7; 25/1999, de 8 de marzo, FJ 3;

42/1999, de 22 de marzo, FJ 4; 142/1999, de 22

de julio, FJ 4; 174/2000, de 26 de junio, FJ 2;

185/2000, de 10 de julio, FJ 4; 195/2000, de 24 de

julio, FJ 4; 278/2000, de 27 de noviembre, FJ 11).

A ello hay que añadir que "aunque en alguna medida

pudiera considerarse que toda interpretación y aplicación

incorrecta de un tipo sancionador puede equivaler a una

sanción de conductas situadas fuera de los supuestos

previstos en la norma", lo primero que debe advertirse

es que resulta "ajena al contenido propio de nuestra

jurisdicción la interpretación última de los tipos

sancionadores" (SSTC 137/1997, FJ 7, y 151/1997, FJ 4).

4. El primer paso a dar en el empleo de ese canon

de constitucionalidad es el de tener en cuenta la

motivación de la Sentencia impugnada (STC 24/1996, de

13 de febrero, FJ 2) por lo que se refiere a la condena

por los dos delitos continuados de falsedad. La Sentencia

impugnada se ocupa de esta calificación en los

fundamentos 24 y siguientes. La Sala Segunda del Tribunal

Supremo se refiere a la determinación del tipo aplicable,

a la identificación de los autores o partícipes de este

delito y a la unidad o pluralidad de infracciones.

Resumidamente sostiene lo siguiente en cada uno de tales

apartados:

Para determinar el tipo aplicable, la resolución parte

de los requisitos subjetivos (dolo falsario o voluntad de

alterar conscientemente la verdad) y objetivos

(inveracidad que recaiga sobre elementos esenciales) del delito

de falsedad (fundamento 24). A continuación argumenta

que las facturas del presente caso tienen carácter de

documento mercantil, sobre la amplia base del art. 2.2

del Código de Comercio -que permite la analogía- y

teniendo en cuenta la jurisprudencia sobre este

concepto, conforme a la cual no es mercantil cualquier

documento que se emplee en el tráfico comercial, sino sólo

aquél que incorpora una especial fuerza probatoria.

Según esto, es mercantil la factura cuando se refiere

a la fase de ejecución o consumación de contratos u

operaciones mercantiles -SSTS de 13 de marzo de

1991, de 16 de mayo de 1991, y de 16 de septiembre

de 1991- (fundamentos 24 y 25).

Tras reconocerse explícitamente que la falsedad

ideológica cometida por particular está despenalizada en el

Código Penal de 1995, se constata la identidad entre

el subtipo de simulación de documento de manera que

induzca a error sobre su autenticidad del art. 302.9 del

Código Penal de 1973 y el subtipo de simular un

documento en todo o en parte de manera que induzca a

error sobre su autenticidad del art. 390.1.2 del Código

Penal de 1995 (fundamento 26).

Lo fundamental es la distinción que realiza la

Sentencia recurrida entre falsedad ideológica -impune

cuando la comete un particular en el nuevo Código- y

simulación total de documento -siempre punible-

(fundamento 26) al afirmar que "En todo caso habría que

distinguir, de un lado, entre una factura cierta, alguna de

cuyas partidas no se ajustan a la realidad, en razón del

servicio, de la entrega facturada o de su importe, lo que

cabría discutir si suponía la simulación o simplemente

faltar a la verdad en la narración de los hechos

contenidos en la factura, como falsedad ideológica, criterio

éste último harto controvertido, y de otro, la factura que

es incierta en su totalidad, esto es que se emite sin

que ninguno de sus conceptos corresponda a una

operación mercantil efectuada, pues en este caso

claramente se está proclamando la simulación documental, y se

está proclamando la existencia de un soporte material

falso, no meramente intelectual". Agregando que

"Cuando el documento en su totalidad constituye una falacia",

se trata de una simulación total que es punible tanto

bajo la vigencia del Código Penal de 1973, como bajo

la vigencia del Código Penal de 1995. En este sentido

se citan las SSTS de 21 de marzo de 1989, 14 de abril

de 1992, 18 de septiembre de 1993, 26 de noviembre

de 1993, y de 13 de junio de 1997.

En consecuencia, el tipo en el que se incardinan los

hechos, según la Sentencia, es el del art. 303 en relación

con el art. 302.9 del Código Penal de 1973, figura

delictiva esta que no desaparece en el Código Penal de 1995.

En segundo lugar, la Sentencia impugnada se ocupa

de atribuir a cada uno de los que intervinieron en estos

hechos la calificación de autor o partícipe, con sus

diferentes modalidades. Por ello, en el fundamento 27 se

dedica a definir las distintas figuras de codelincuencia,

insistiéndose sobre todo en la inducción y en la coautoría.

Aplicada tal doctrina a la conducta del Sr. Flores Valencia,

se considera que éste es "colaborador necesario del art.

14.3 del Código Penal [de 1973]" (fundamento 29) o

bien "autor por colaboración" (fundamento 32).

Por último, en cuanto a la cuestión de si existe unidad

o pluralidad de delitos, la Sentencia en cuestión indica

que el demandante es autor por colaboración de un delito

continuado que abarca veintinueve facturas emitidas por

Filesa y Time Export, S. A., durante 1989, 1990 y 1991;

y de otro delito continuado que comprende seis facturas

emitidas por Distribuidora Express 2020 y Tecnología

Informática 1010 durante el año 1989 (fundamento 32).

5. El núcleo básico de la impugnación efectuada

se centra en la ilegitimidad constitucional, desde las

exigencias dimanantes del art. 25.1 CE, de calificar la

conducta de los recurrentes como simulación de

documentos de modo que induzca a error sobre su autenticidad

(art. 302.9 del Código Penal de 1973).

Antes de aplicar a la subsunción efectuada en el

presente caso el canon constitucional de certeza y

previsibilidad descrito en el fundamento jurídico 3, ha de

advertirse que, como dijimos en la STC 160/1997 (FJ

3) y hemos reiterado en las SSTC 48/1998, de 2 de

marzo, FJ 3 a), y 122/1999, de 28 de junio, FJ 5, resulta

de lo limitado de nuestro control que "este Tribunal,

en algunos casos, pueda llegar a entender que

interpretaciones de la legalidad ordinaria distintas de las que

en el caso sometido a su consideración se hicieron acaso

hubieran respondido más plenamente a los valores

incorporados a los preceptos constitucionales y, muy en

particular a los relativos a los derechos fundamentales, lo

que puede llevarle a sentirse distanciado respecto de

la solución alcanzada". Así, ciertamente, podría discutirse

si la interpretación y aplicación del art. 302.9 CP

efectuada por la Sala Segunda en el presente caso es la

que mejor responde a las exigencias de seguridad

jurídica, la más apegada al tenor literal del precepto o la

llevada a cabo con pautas metodológicas y valorativas

más acordes con las exigencias de la comunidad

científica, cuestión en la que este Tribunal no puede entrar,

pues como observábamos en la Sentencia antes citada

"una cosa es la garantía de los derechos fundamentales

tal como le está encomendada, y otra, necesariamente

muy distinta la de la máxima irradiación de los

contenidos constitucionales en todos y cada uno de los

supuestos de interpretación de la legalidad; esto último puede

no ocurrir sin que ello implique siempre la vulneración

de un derecho fundamental".

Esto sentado, el primer reproche que se articula

contra la subsunción efectuada por la Sala Segunda del

Tribunal Supremo es que reputa inauténtico lo que es

falso. El precepto aplicado entiende por simular un

documento, a juicio de los recurrentes, confeccionarlo de

modo que induzca a error sobre su autenticidad mientras

que para el Tribunal Supremo basta con emitir un

documento totalmente falso. Los recurrentes entienden por

inauténtico el documento no genuino, esto es, el que

carece del origen que dice tener; por el contrario, para

el Tribunal lo que denomina falsedad total determina

también la inautenticidad.

Pues bien: cabe discutir si el sentido más propio de

la autenticidad hace referencia al carácter genuino del

documento y no a la veracidad o inveracidad de su

contenido; pero debe admitirse que también puede

emplearse el término autenticidad en un sentido lato, en el que

puede decirse (y se ha dicho muchas veces en la praxis

penal y, en concreto, en aplicación de los tipos de

falsedad, como ponen de manifiesto tanto la Sentencia

como las alegaciones del Ministerio Fiscal y del Abogado

del Estado) que es inauténtico lo que carece

absolutamente de verdad. Y, si ello es así, no puede afirmarse

que la interpretación efectuada por la Sala Segunda

resulte, desde la perspectiva del seguimiento del tenor

literal del precepto, imprevisible.

No obsta a esa conclusión el segundo reproche que

se hace a dicha interpretación, a la que se tacha de

contradictoria por cuanto admite que la factura responde

a un pago cierto afirmando, a la vez, que incurre en

una simulación total o que constituye en su totalidad

una falacia, pues el hecho de que, en efecto, haya habido

un pago no se contradice con el que, en la forma de

documentarlo, nada responda a la verdad.

El tercer reproche que se articula frente a la aplicación

del art. 302.9 del Código Penal de 1973 es el de que,

aunque se hable de "simulación total" se está siempre

ante un "faltar a la verdad en la narración de los hechos",

esto es, ante el castigo de la infracción de un genérico

deber de veracidad de los particulares en sus relaciones

mercantiles que es, justamente, lo que el legislador de

1995 quiso despenalizar. A tal argumentación cabe

oponer, en primer lugar, que esta alegación del recurrente

no censura el apartamiento del tenor literal del precepto,

como acabamos de descartar y, en segundo lugar, que

no se justifica por el recurrente que el castigo del deber

de veracidad en los casos de simulación total a que

lo contrae la Sentencia sea metodológicamente

extravagante o de algún modo contrario a la Constitución.

Por todo lo cual procede desestimar la aducida

vulneración del art. 25.1 CE al aplicar al caso el art. 302.9

del Código Penal de 1973.

6. El recurrente incluye en su queja otras dos

alegaciones con las que pretende reforzar su conclusión

de que se produjo una aplicación extensiva de la norma

penal: que las facturas carecían de naturaleza mercantil

y que la modalidad de autoría por colaboración que le

atribuye la Sentencia era desconocida en el Código Penal

de 1973 y, además, suponía un desconocimiento del

principio de personalidad de las penas. Ahora bien

considerar mercantiles las facturas contempladas en este

proceso no supone apartarse del tenor literal de los

preceptos aplicados ni desconocer las pautas axiológicas

que presiden nuestro ordenamiento, ni los criterios de

interpretación comúnmente utilizados por la comunidad

jurídica.

El mismo rechazo ha de merecer el segundo

argumento. Con la denominación de "autoría por

colaboración" la Sentencia impugnada no crea una nueva figura

de autoría o de participación, como sin embargo

interpreta la demanda de amparo, sino que, según se deriva

del fundamento 29 de la Sentencia, se está haciendo

referencia al cooperador necesario del art. 14.3 del

Código Penal de 1973, al que le corresponde la pena del

autor. Por otro lado, la Sala Segunda del Tribunal

Supremo sí motiva -en contra de lo afirmado por el recurrente

de amparo- el carácter necesario de la conducta del

Sr. Flores Valencia en el fundamento 29. Y por último,

carece de toda relevancia constitucional la alegación de

que esa necesidad no era predicable respecto al hecho

atribuido al recurrente de amparo, por la circunstancia

de existir ya un autor y un inductor de las falsedades.

El principio de personalidad de las penas, que forma

parte del de legalidad penal y se encuentra, por tanto,

incluido en el art. 25.1 CE, implica que sólo se puede

responder penalmente por los actos propios y no por

los ajenos [SSTC 131/1987, de 20 de julio, FJ 6;

219/1988, de 22 de noviembre, FJ 3; 254/1988, de

21 de diciembre, FJ 5; 246/1991, de 19 de diciembre,

FJ 2; 146/1994, de 12 de mayo, FJ 4 b); 93/1996,

de 28 de mayo, FJ 1, y 137/1997, de 21 de julio, FJ

5], pero la existencia de responsabilidades penales de

terceros no excluye necesariamente la responsabilidad

del recurrente por sus propios actos, ni la posibilidad

de que su cooperación pueda ser reputada necesaria.

De lo que se infiere que no se ha producido la alegada

vulneración de la Constitución.

7. La condena impuesta al recurrente como autor

de un delito de asociación ilícita ha sido impugnada

también por éste desde la perspectiva del principio de

legalidad (art. 25.1 CE). Según resulta de la demanda y de

las alegaciones presentadas por el actor ante este

Tribunal en el trámite previsto en los arts. 50.3 y 52.1

LOTC, el tipo penal aplicado, del art. 173.1 en relación

con el art. 174.1 del Código Penal de 1973 (cuyo

parangón casi mimético cabe encontrarlo en los arts. 515.1

y 517.1 del vigente Código Penal), la Sentencia no

describe la conducta por la que ha sido condenado,

realizando los órganos judiciales una interpretación

extensiva de la descripción típica de la que ha resultado la

lesión del derecho fundamental que se invoca.

Al respecto, alega que no cabe incluir dentro del

concepto de asociación, a los efectos del art. 22 CE, a las

sociedades mercantiles. En su opinión, las asociaciones

configuradas bajo el art. 22 CE se refieren en general

a corporaciones de Derecho Público representativas de

intereses políticos, profesionales o culturales, pero no

a los grupos o holding de sociedades mercantiles cuyo

objeto no es la comisión de delitos sino solamente

coadyuvar a la financiación de un partido político que,

además, sólo en lo que supere los límites legales previstos

en los arts. 4 y 5 de la Ley 3/1987 dará lugar a la

comisión de una infracción administrativa, pero no de

un delito. Una asociación con fines lícitos, dice, no se

convierte en una asociación ilícita por el simple hecho

de que en el desarrollo de su actividad haya cometido

delitos.

También resultaría lesiva del principio de legalidad

la participación que la Sentencia asigna al actor. Este

no formó parte de las personas que fundaron la misma.

Sólo a partir del 30 de noviembre de 1988 entró en

el accionariado como titular fiduciario del 60 por 100

del capital social y es designado Delegado de Filesa en

Madrid a las órdenes del Administrador único, Sr. Oliveró,

pero en ningún momento emitió las supuestas facturas

falsas o encargó informes, sino que esta actividad era

realizada desde Barcelona, nunca en la delegación de

Madrid de la que él era responsable. Por ello, no se

le podría considerar director de la asociación, en una

estricta interpretación del art. 517 del vigente Código

Penal o 174.1 del Código Penal de 1973. Su condena

como cooperador resulta incongruente y arbitraria, y por

tanto contraria al principio de legalidad, en la medida

en que le asigna un grado de participación en el delito

que no se produjo.

8. Como dijimos anteriormente, la condena del

recurrente tuvo lugar, entre otras, por considerarlo el

órgano de enjuiciamiento autor de un delito de

asociación ilícita del 173.1, en relación con el art. 174.1 del

Código Penal de 1973, que la Sala consideró más

favorable a él que los paralelos arts. 515.1 y 517.1 del Código

Penal vigente (extremo este último que la demanda no

discute). Conforme a dichos preceptos son asociaciones

ilícitas "las que tuvieren por objeto cometer algún delito

o, después de constituidas, promuevan su comisión",

conminando a continuación el Código con las penas de

prisión menor, inhabilitación especial y multa de

250.000 a 2.500.000 pesetas "a los fundadores,

directores y presidentes de las asociaciones mencionadas".

Planteada la cuestión en estos términos, conviene

que precisemos la perspectiva constitucional del

enjuiciamiento teniendo en cuenta, que la demanda de

amparo no denuncia específicamente la vulneración del

derecho de asociación (del art. 22 CE) ni tampoco fue

invocada la lesión de este derecho fundamental en la vía

judicial previa [art. 44.1 c) LOTC]. Por tanto debemos

ceñir nuestro enjuiciamiento a la presunta lesión del art.

25.1 CE desde la perspectiva en que ha sido alegada

por el recurrente.

9. La consideración de que los órganos judiciales

han efectuado una interpretación extensiva de la norma

penal, dando entrada con ella a la aplicación analógica

in malam partem de aquélla, la hace descansar el

recurrente en tres aspectos diferentes.

En primer lugar considera como arbitraria,

incongruente, sorpresiva y sin precedentes en la doctrina

jurisprudencial la interpretación de la Sentencia recurrida

cuando califica como asociación ilícita a un grupo o

holding de sociedades mercantiles que, aun cuando en el

desarrollo de su actividad pudiesen haber cometido

delitos, no pueden encuadrarse en el concepto

constitucional de asociación.

Con independencia de que las sociedades mercantiles

se encuadren o no en el concepto constitucional de

asociación, a los efectos de resolver este recurso de amparo

lo determinante es saber si ha existido o no la asociación

ilícita por la que ha sido castigado el recurrente. Pues

bien, el Tribunal Supremo, al aplicar el tipo penal,

entiende por asociación la unión de personas organizadas para

la consecución de determinados fines, unión o

aglutinación que debe tener inexcusablemente la nota de

duradera (STS de 8 de octubre de 1979), debiendo tratarse

de una entidad con existencia diferente de la de sus

integrantes y con una organización más o menos

estructurada (STS 24 de junio de 1993), cuya naturaleza

delictiva dependerá de los fines que persiga o de los medios

que utilice para la consecución de aquéllos, entre los

que no se excluyen los meramente económicos o la

naturaleza mercantil de la asociación (STS de 2 de febrero

de 1992). En definitiva para la Sala de lo Penal del

Tribunal Supremo es indiferente la forma asociativa que

adopte la organización.

Al respecto conviene tener presente que los hechos

probados de la Sentencia recurrida (antecedente de

hecho 12) declaran que "a mediados de 1987 se inició

lo que poco después iba a ser un conglomerado de

sociedades cuyo fin primordial era ... la creación de fondos

económicos necesarios para hacer frente a los gastos

originados al Partido Socialista Obrero Español por las

campañas electorales, Elecciones Generales y Europeas,

del año 1989, con lo cual, sin perjuicio de atender

también a la financiación ordinaria, se soslayaban los límites

cuantitativos establecidos al respecto por la legislación

vigente constituida por la Ley Orgánica 3/1987, de 2

de julio". Continúa relatando cómo a partir del mes de

febrero de 1988 se produjo la creación de varias y

distintas sociedades (Filesa, Malesa y Time Export, S. A.),

o la participación en otras, con objeto de poder llevar

a cabo lo que estaba totalmente programado y

concertado y cómo, para que el control de las diversas

actividades no se llevara únicamente a cabo desde Cataluña

así como para el mejor desenvolvimiento de las distintas

actividades a realizar, se transformó la composición

accionarial, dando entrada al acusado Sr. Flores Valencia

junto con el Sr. Oliveró Capellades, y dando salida a

los originarios accionistas. Fue Filesa, en cambio, la que

absorbió realmente la actividad a desarrollar y se

programó con un sin fin de operaciones (facturas falsas

que daban cobertura a informes inexistentes) tendentes

a la obtención de fondos para el partido. En la sede

de Filesa en Madrid, el Sr. Flores se dedicaba

prefe

rentemente a todas las actividades relacionadas con el

cobro e ingreso de las cantidades obtenidas. La

pretensión de quienes organizaron las referidas empresas

suponía la conculcación de lo dispuesto en el art. 149

LOREG, es decir, una inicial finalidad ilícita en el que

el fin último de la actividad societaria buscaba la

vulneración de un precepto penal (fundamento de

Derecho 20).

En el presente caso, ninguna de las partes discute

que la finalidad verdadera de Filesa, Malesa y Time

Export, S. A., era la de obtener recursos económicos

para financiar los gastos electorales de un partido

político, es decir, que siendo sociedades formalmente

mercantiles, predominaban sobre ellas las relaciones

personales sobre las meramente patrimoniales. De aquí que

no pueda conceptuarse como arbitraria, incongruente

o sorpresiva la interpretación que considera a las mismas

incluidas en el concepto de asociación al que se refiere

el tipo previsto en los arts. 173.1 del Código Penal de

1973. A lo que hay que añadir que no sólo los partidos

políticos strictu sensu, sino también las asociaciones con

finalidad política, como es el caso, pueden entrar en

el campo de aplicación del derecho de asociación

reconocido en el art. 22 CE [SSTC 3/1981, de 2 de febrero,

FJ 1, y 56/1995, de 6 de marzo, FJ 3 c)]. Y con tales

presupuestos, no es posible convenir con el recurrente

que la inclusión de la sociedad mercantil de la que

formaba parte en el ámbito delictivo del art. 173.1 del

Código Penal de 1973 haya vulnerado el principio de

legalidad penal.

10. Desde la perspectiva de la finalidad perseguida

por las citadas sociedades mercantiles, el recurrente

discute que fuese ésta la de cometer algún delito. Señala

al respecto que la financiación de un partido político

no es una finalidad ilícita en sí misma ni una asociación

creada con fines lícitos se convierte en ilícita porque

en el desarrollo de su actividad haya cometido delitos.

En todo caso, si esa financiación superase los límites

legales, se daría lugar con ello a la comisión de una

infracción administrativa (arts. 4, 5 y 7 de la Ley 3/1987),

pero no un delito. Como quiera que la asociación para

cometer infracciones administrativas no está tipificada

por la ley, la condena impuesta por este motivo

lesionaría, desde esta perspectiva, el principio de legalidad.

Para responder a tal alegación hemos de atender

primordialmente a la motivación explícita de la Sentencia

(SSTC 137/1997, de 21 de julio, FJ 7, y 151/1997,

de 29 de septiembre, FJ 4).

Pues bien, como hemos indicado hasta ahora, la

resolución que se impugna en amparo ante este Tribunal

aplica a los hechos enjuiciados la modalidad típica del

art. 173.1 del Código Penal de 1973, esto es, la

asociación ilícita que tuviere por objeto cometer algún delito

o, después de constituida, promoviese su comisión, que

se corresponde con el art. 515.1 del Código Penal

vigente.

Aunque la Sentencia menciona la doble posibilidad

prevista en el art. 173.1 del Código Penal derogado de,

por un lado, asociación que nace ya ilícita, y por otro,

asociación inicialmente legítima que pasa a ser después

ilegítima, parece decantarse por la primera de las

alternativas cuando indica que "consta que algunos de los

acusados se concertaron para constituir un grupo

organizado con una clara finalidad ilícita, inicial o

subsiguiente. Time Export, S. A., Filesa y Malesa se constituyeron,

efectivamente, como grupos que buscaban, como fin

claro y último, ayudar al partido político en todo cuanto

pudiera suponer su financiación. Pero aunque la

financiación irregular del partido no constituyera delito

alguno, salvo tratándose de las campañas electorales, había

sin embargo un concierto previo, asumido por los cuatro

acusados (entre ellos el Sr. Flores), con la intención de

llevar a cabo lo que suponía una evidente infracción

penal, como luego se verá, aunque otros numerosos

delitos surgieran en el transcurso de las numerosas

actividades llevadas a cabo por aquellas sociedades..."

(fundamento19). Más adelante, en el fundamento 20,

concreta cuál era ese objetivo delictivo perseguido por las

sociedades al afirmar que "la pretensión de quienes

organizaron las referidas empresas era la de ayudar a la

financiación de las elecciones electorales [sic] de 1989, las

Generales y las Europeas, de tal modo que como esa

financiación suponía la conculcación del art. 149 de la

Ley Orgánica 5 de 1985, de 19 de junio, del Régimen

Electoral General, aunque el delito electoral se cometiera

por otras personas, era indudable una inicial finalidad

ilícita si el fin último de la actividad societaria buscaba,

directa o indirectamente, la conculcación del precepto

penal". La Sentencia distingue, pues, claramente entre

esa finalidad ilícita (el delito electoral) y otros delitos

cometidos en el "desenvolvimiento societario" tales

como el delito fiscal, las falsedades y las apropiaciones

indebidas.

Pese a que, tal y como indica el recurrente, el

fundamento 19 parta de que la financiación irregular del

partido político no constituye delito, la Sentencia advierte

que ello es así "salvo tratándose de campañas

electorales" y que los fondos que obtuvieron tenían como

destino la financiación de las campañas electorales,

generales y europeas, de 1989. Luego, en los términos en

que viene motivada la Sentencia, la finalidad atribuida

a las entidades en cuestión no era la de cometer ilícitos

administrativos, como entiende el demandante de

amparo, sino la de facilitar la comisión del delito tipificado

en el art. 149 LOREG.

Frente a esta afirmación de la resolución impugnada,

el recurrente, a cuyas alegaciones hemos de atenernos

pues no podemos reconstruir las demandas, no aduce

ningún reparo de índole constitucional; sino que se limita

a afirmar que la finalidad de las sociedades en cuestión

no era esa sino la de realizar estudios sobre prospección

de mercados y la de desarrollar actividades en orden

a la importación y exportación. Por lo tanto, a su juicio,

dicha actividad, con independencia del propósito de

alguno de sus miembros y sin perjuicio de que en su

desarrollo hayan sido cometidos hechos delictivos, no era

directamente criminal; pero esa es una apreciación de hecho

que no compete enjuiciar a este Tribunal, pues no está

entre sus misiones la de revisar la valoración probatoria

o alterar los hechos probados, al ser esta función

exclusiva de los órganos del Poder Judicial (art. 117.3 CE),

tal y como hemos recordado en numerosos

pronunciamientos (SSTC 174/1985, de 23 de noviembre, FJ 3;

323/1993, de 8 de noviembre, FJ 4; 102/1994, de

11 de abril, FJ 1 157/1995, de 6 de noviembre, FJ

2, y 120/1998, de 15 de junio).

11. El último aspecto en que la Sentencia recurrida

se enfrentaría con el principio de legalidad, lo hace recaer

el demandante en la participación que al mismo le

atribuye aquélla, ya que, por un lado, entró en las sociedades

referidas, según dice, cuando ya estaban constituidas,

fue contratado como Delegado de Filesa en Madrid, a

las órdenes del Administrador único, y, por otro, en

ningún momento ha tenido trato alguno con los clientes,

no ha encargado estudios o informes y las facturas

emitidas correspondían a una actividad desarrollada en

Barcelona y no en la Delegación de la que era responsable.

Por ello, a su parecer, no puede ser considerado director

de la asociación ilícita ni la Sentencia concreta acto

alguno de su participación en los hechos sancionados, salvo

la afirmación de que la generalidad de que los acusados

son autores del delito porque cada uno de ellos, en mayor

o menor medida, coadyuvaron desde la asociación a

la finalidad antes indicada.

A la vista del contenido de esta queja y del derecho

fundamental con el que se la asocia (art. 25.1 CE) es

preciso advertir que este Tribunal no puede, a partir de

ella, analizar la prueba de cargo obrante en el proceso

acerca de si ha quedado o no acreditada la intervención

que en los hechos le atribuye la Sentencia condenatoria,

sino, por el contrario, dada dicha intervención, y la forma

en que es descrita en los hechos probados de la

resolución, si de ellos se deduce la autoría del recurrente

en la manera y grado en que ha sido apreciada por

el órgano judicial a los solos efectos de determinar si

la misma se halla descrita en la norma.

Pues bien, con base en el art. 174 del Código Penal

de 1973, la Sentencia aquí impugnada distingue las tres

modalidades de responsabilidad: la del fundador (creador

de la asociación), la del director (el que gobierna, rige

u ordena la actividad de la misma) y la del presidente

(el que desempeña la plaza de principal o superior, al

menos teórico, de la asociación). Y lo que es más

importante, separa estas categorías, sancionadas con la misma

pena, de la del miembro activo (para el que viene fijada

en el Código una penalidad inferior). Esta calificación

de miembro activo viene reservada para "aquéllos que

además de ser afiliados a la sociedad y de haberse

integrado en la misma, han llevado a cabo determinadas

acciones a favor de la sociedad, acciones que son

adicionales a dicha integración".

El Tribunal Supremo señala en su Sentencia que, con

el objeto de que el control de las diversas actividades

de Filesa, Malesa y Time Export, S. A., no se llevara

a cabo únicamente desde Cataluña, y para el mejor

desenvolvimiento de las actividades a realizar, se

transformó la composición accionarial dando entrada al

acusado Sr. Flores Valencia junto con el Sr. Oliveró

Capellades, y dando salida a los originarios accionistas. Como

consecuencia de todo ello, los Sres. Flores y Oliveró

quedaron con el 60 y el 40 por 100 de las acciones,

respectivamente, desde el 30 de diciembre de 1988. En

esas fechas quedaron constituidas las tres empresas de

la siguiente forma: Malesa era la propietaria de todo

el holding por comprar el 31 de diciembre el 100 por

100 de las acciones de Filesa, aunque en Malesa los

acusados referidos seguían siendo a su vez los únicos

accionistas, con el 60 y el 40 por 100 referidos. Es

así por tanto que Filesa era dueña de Time Export, S. A.,

al ser propietaria del 100 por 100 de las acciones, pero

a su vez Filesa pertenecía a Malesa porque ésta era

la propietaria del 100 por 100 de sus acciones. A finales

de 1989 o principios de 1990, Filesa canalizaba toda

la actividad de emisión de informes y pago a

proveedores, tendentes a la obtención de fondos para el partido,

unas veces emitiendo facturas mercantiles

correspondientes a supuestos informes inexistentes o realizados

ficticiamente otras. Los referidos informes se llevaban

a efecto o se concertaban, según los casos, por el Sr.

Oliveró siempre con participación, conocimiento y

consentimiento de los Sres. Navarro, Flores y Sala,

ciertamente que este último en un solo caso.

Continúan relatando los hechos probados que el

grupo funcionaba a través de dos sedes distintas, Barcelona

y Madrid, y en esta última el Sr. Flores se dedicaba

preferentemente a todas las actividades relacionadas con

el cobro e ingreso de las cantidades obtenidas. En el

caso de las facturas falsas emitidas por doña Aida Álvarez

y don Guillermo Molledo, intervino el Sr. Flores Valencia

consintiendo, autorizando y asumiendo las operaciones

en su calidad de accionista mayoritario.

En virtud de los anteriores hechos probados, el

fundamento de Derecho 23 resuelve que los cuatro

acusados (Sres. Sala, Navarro, Oliveró y Flores) "son autores

de la asociación ilícita de los arts. 173.1 y 174.1 del

Código de 1973, en base al art. 14" y que "los cuatro

participaron activamente como fundadores, directores

o presidentes. La responsabilidad del Sr. Flores,

propietario del 60 por 100 de las acciones de Malesa -que

abarcaba a Filesa y a Time Export, S. A.-, es la de

drector,en cuanto participaba de forma importante desde

Madrid. Las conductas de los Sres. Oliveró y Flores

integran las funciones de quienes dirigen y gobiernan

realmente la actividad empresarial".

La Sentencia imputa los hechos al Sr. Flores Valencia

como director o directivo de las entidades en cuestión,

no como fundador ni como presidente de las mismas,

por lo que las alegaciones del actor sobre estas dos

calificaciones carece de relevancia. Justifica que el Sr.

Flores era directivo en razones materiales, esto es, por

razón de la importancia de su contribución respecto de

la actividad desarrollada por las sociedades anónimas,

y no por la denominación del puesto profesional que

desempeñaba en ellas ni por su condición de titular de

las acciones que tenía en dichas sociedades. Pues bien,

a la vista de lo dicho, desde la perspectiva de control

que nos es propia, no se aprecia en este razonamiento

una aplicación extensiva del elemento típico de la autoría

en el delito de asociación ilícita. Aunque lógicamente

haya de existir una relación entre el autor y el hecho

punible, el que esa relación se determine según criterios

materiales y no por la denominación del puesto de

trabajo que desempeñaba el recurrente en las asociaciones,

ni queda fuera del sentido literal posible del término

"director", ni supone la utilización de pautas valorativas

extravagantes, ni, finalmente, implica un método de

interpretación no aceptado por la comunidad jurídica. Dicha

conclusión, con independencia de que no sea la única

posible y de que pueda sostenerse otra con un apoyo

argumental como el que se propone en la demanda de

amparo, se acomoda al tenor literal del precepto, aparece

motivada en la resolución impugnada, con razones que

no pueden tenerse como arbitrarias o carentes de

justificación, y no puede decirse que sea imprevisible para

su destinatario. Por ello, se puede concluir que la misma

es respetuosa con el principio de legalidad al que el

art. 25.1 CE sujeta la imposición de penas y sanciones

administrativas.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal

Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN

DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Desestimar el presente recurso de amparo.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del

Estado".

Dada en Madrid, a cuatro de junio de dos mil

uno.-Carles Viver Pi Sunyer.-Rafael de Mendizábal

Allende.-Julio Diego González Campos.-Tomás S. Vives

Antón.-Vicente Conde Martín de Hijas.-Guillermo

Jiménez Sánchez.-Firmado y rubricado.

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