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Documento BOE-T-2000-15252

Sala Primera. Sentencia 185/2000, de 10 de julio de 2000. Recursos de amparo 1.255/1997, 1.271/1997 y 1.292/1997 (acumulados). Promovidos por don José Espinosa Pastor y otros frente a la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que, estimando un recurso de casación interpuesto por la Sindicatura de la Quiebra de "Talleres Besán, Sociedad Anónima", les condenó como autores de un delito de quiebra fraudulenta de dicha empresa. Supuesta vulneración de los derechos a la legalidad penal, a la tutela judicial efectiva, a la presunción de inocencia y a la igualdad en la aplicación de la ley: condena penal de los directivos de una empresa quebrada que no aplica retroactivamente el Código Penal, que no es irracional, que se funda en pruebas de cargo y que no se aparta de la doctrina jurisprudencial.

Publicado en:
«BOE» núm. 192, de 11 de agosto de 2000, páginas 19 a 29 (11 págs.)
Sección:
T.C. Suplemento del Tribunal Constitucional
Departamento:
Tribunal Constitucional
Referencia:
BOE-T-2000-15252

TEXTO ORIGINAL

La Sala Primera del Tribunal Constitucional,

compuesta por don Pedro Cruz Villalón, Presidente, don Manuel

Jiménez de Parga y Cabrera, don Pablo García Manzano,

don Pablo Cachón Villar, don Fernando Garrido Falla y

doña María Emilia Casas Baamonde, Magistrados, ha

pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En los recursos de amparo acumulados núms.

1.255/97, 1.271/97 y 1.292/97, promovidos: el

primero, por don José Espinosa Pastor, representado por

el Procurador de los Tribunales don Carlos Ibáñez de

la Cadiniere y asistido por el Letrado don Isidro Serna

Muñoz; el segundo, por don Antonio Antón Navarro,

representado por el Procurador don Rafael Rodríguez

Montaut y asistido por el Letrado don Alfredo Sánchez

García; y el tercero, por don José Antonio Belmonte

Sánchez, representado por el Procurador don Felipe Ramos

Cea y asistido por el Letrado don Javier Gerona Pérez.

Tienen por objeto los tres recursos de amparo la

Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de

12 de febrero de 1997, que estimó el recurso de

casación núm. 1.375/95 interpuesto por la acusación

particular contra la dictada por la Sección Segunda de la

Audiencia Provincial de Alicante de 16 de marzo de

1995, en causa seguida por delito de quiebra

fraudulenta. Han sido parte la Sindicatura de la Quiebra de

"Talleres Besán, S.A.", representada por el Procurador

don Luis Pastor Ferrer y asistida por el Letrado don

Evaristo Manero Pérez, y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente

el Magistrado don Pablo Cachón Villar, quien expresa

el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito, registrado en este Tribunal el

25 de marzo de 1997, el Procurador de los Tribunales

don Carlos Ibáñez de la Cadiniere, en nombre y

representación de don José Espinosa Pastor, formuló recurso

de amparo contra la Sentencia de la Sala Segunda del

Tribunal Supremo de 12 de febrero de 1997, que había

estimado el recurso de casación núm. 1.375/95

interpuesto por la Sindicatura de la Quiebra de "Talleres

Besán, S.A.", contra la Sentencia dictada por la Sección

Segunda de la Audiencia Provincial de Alicante el 16

de marzo de 1995.

2. Los hechos que fundamentan la demanda de

amparo son, sustancialmente, los siguientes:

a) El Juzgado de Instrucción núm. 5 de Alicante

instruyó el sumario núm. 72/85, por supuesto delito

de quiebra fraudulenta, contra dicho demandante de

amparo y otros (concretamente, quienes formulan los

demás recursos de amparo que han sido acumulados

a éste), todos ellos administradores que fueron, en

distintas etapas, de la empresa "Talleres Besán, S. A.",

dedicada a la fabricación de elementos accesorios del mueble

y decoración.

b) La Sección Segunda de la Audiencia Provincial

de Alicante dictó Sentencia el 16 de marzo de 1995,

que absolvía a los actores del expresado delito, del que

eran acusados por el Ministerio Fiscal y por la acusación

particular (en este caso, la Sindicatura de la Quiebra

de "Talleres Besán, S. A.").

c) La acusación particular interpuso recurso de

casación contra dicha Sentencia. La Sala de lo Penal del

Tribunal Supremo dictó Sentencia el 12 de febrero de

1997 que, acogiendo el sexto de los motivos del recurso,

condenó a los entonces querellados y recurridos como

autores del delito de quiebra.

La parte dispositiva de la segunda de las Sentencias

del Tribunal Supremo dice textualmente lo siguiente:

"FALLAMOS: Que debemos condenar y condenamos a

José Espinosa Pastor, Antonio Belmonte Sánchez,

Antonio Antón Navarro y Tomás Antón Navarro, como autores

de un delito de quiebra a la pena a cada uno de ellos

de dos años de prisión menor y ocho meses de multa

(doscientos cuarenta días) a razón de 25.000 pts. por

cada día de multa (total: 6.000.000 pts)".

d) Según el punto a) del fundamento jurídico único

de dicha segunda Sentencia, "los hechos motivo de

acusación se subsumen bajo el tipo del art. 520 C.P. de

1973 y deben ser sancionados en el marco penal del

art. 260 C.P. (Ley Orgánica 10/1995) de acuerdo con

los fundamentos expuestos en la primera Sentencia".

Y de acuerdo con ello se dice, respecto de la pena, en

el punto d) del expresado fundamento jurídico que "dada

la reforma operada por el Código Penal (Ley Orgánica

10/1995), que establece una pena más favorable al

acusado, se debe aplicar la ley mas favorable a los mismos

y graduar la sanción dentro del nuevo marco penal que

la ley penal vigente establece".

e) Asimismo, en el punto b) del fundamento jurídico

único de dicha segunda Sentencia se decía que los

autores de los hechos enjuiciados eran "José Espinosa Pastor,

José Antonio Belmonte Sánchez y Tomás Pastor

Navarro". Solicitada aclaración de la Sentencia por la

acusación particular, visto el texto de este fundamento

jurídico y el de la parte dispositiva, la Sala de lo Penal

del Tribunal Supremo procedió a su aclaración, mediante

Auto de 25 de abril de 1997, con posterioridad, por

lo tanto, a la interposición de la demanda de amparo,

en el sentido de que, según expresamente dice su parte

dispositiva, "en el Fundamento Jurídico Único, punto b)

de la Segunda Sentencia, dictada en el recurso de

casación núm. 1.375/95, donde dice Tomás Pastor Navarro,

debe decir Antonio Antón Navarro, y que en el fallo de

dicha Sentencia se debe eliminar el nombre de Tomás

Antón Navarro".

f) El relato de hechos probados de la Sentencia de

instancia, que no fue rectificado en el recurso de

casación, dice literalmente lo siguiente: "Se declara expresa

y terminantemente probado que, los procesados en esta

causa, José Espinosa Pastor, nacido el 27 de mayo de

1937, José Antonio Belmonte Sánchez, nacido el 13

de mayo de 1938, Antonio Antón Navarro, nacido el

22 de enero de 1931, y su hermano, Tomás Antón

Navarro, nacido el 27 de junio de 1932, todos de

ignorada conducta y sin antecedentes penales, fueron

administradores sucesivos de la Empresa "Talleres Besán,

S. A.", domiciliada en Alicante y dedicada a la fabricación

de elementos accesorios del mueble y decoración,

actuando en la referida gestión, sucesivamente el Sr.

Espinosa Pastor, que además era socio de la entidad,

compartida con el hoy fallecido Tomás Antón Pérez, por

razón de ser titular del 66,5 por 100 de las acciones

este último, y el 33,5 por 100 el referido Espinosa Pastor,

el cual actuó como único administrador desde 1971

hasta finales de 1973, en que se incorporó a la actividad

de administrador el procesado Sr. Belmonte Sánchez,

actuando ambos de forma compartida y conjunta hasta

1977 en que es cesado el Sr. Espinosa Pastor, siguiendo

con la gestión única y exclusiva el Sr. Belmonte Sánchez,

el cual cesa en noviembre de 1980, siendo nombrado

el procesado Antonio Antón Navarro, precisamente hijo

del socio fallecido Sr. Antón Pérez, desempeñando este

procesado las funciones de administrador único y

exclusivo hasta marzo de 1981 en que cesa, siendo sustituido

en aquella actividad por su hermano, el también

procesado Tomás Pastor Navarro, el cual no obstante ser

designado como apoderado dispone de plenos poderes

de gestión, que apenas lleva a cabo, puesto que

enseguida interviene en el balance de la suspensión de pagos

de la empresa y su presentación en el Juzgado de

Primera Instancia núm. 1 de Alicante, sobreseyéndose el

expediente y pasando a situación de quiebra necesaria,

en virtud de declaración de la misma, efectuada el 6

de marzo de 1982, a instancia de la entidad acreedora,

mercantil "Transmecha S. L." y tramitada en el Juzgado

de 1.a Instancia núm. 5 de Alicante, con el núm. 148

de 1982 y en la que recayó sentencia, con fecha 8

de noviembre de 1983, confirmada por la, entonces,

Audiencia Territorial de Valencia, con fecha 16 de febrero

de 1985, calificando de fraudulenta la quiebra de la

citada empresa "Talleres Besán S. A.". Durante dicho

periodo de tiempo en que ejercieron la gestión los procesados,

la empresa, por medio de su primer administrador, el

Sr. Espinosa Pastor, adquirió un terreno de 10.880

metros cuadrados, con fecha 10 de noviembre de 1971,

en el lugar conocido por "Pla de la Vallonga" de Alicante,

pagándose por ello la suma de 5.444.000 pesetas más

intereses, por medio de letras aceptadas y pagaderas

en periodos regulares hasta su completo pago. Con fecha

28 de diciembre de 1972, adquirió de la misma Empresa

anterior, otra parcela, lindante con la anterior, de 7.832

metros cuadrados que, igualmente, fue abonada por

medio de letras, por importe global de 3.132.000

pesetas más intereses. Ante Notario, con fechas 3 de octubre

de 1974, respecto de la primera parcela y 12 de abril

de 1975 la segunda, se otorgaron las correspondientes

escrituras públicas a favor de los querellados

personalmente, y en la proporción idéntica a sus respectivas

participaciones en el capital de la sociedad, en los términos

antes expuestos. Se construyen unas naves industriales

en tales parcelas, por cuenta de la empresa, y una vez

ultimados, se produce al traslado de la misma, en razón

de un contrato de alquiler que llevan a cabo los titulares

de la parcela y naves, con aquélla, que de esta forma

queda instalada definitivamente en dicho lugar.

Asimismo, durante estos periodos en que los procesados eran

administradores, cada uno en el periodo de actuación

que le correspondía, se efectuaron transferencias de

fondos sociales a favor de los dos socios, los cuales

aparecían como acreedores de la empresa, a razón de

5.038.500 pesetas a favor del Sr. Espinosa Pastor y

de 10.060.953 y 12.400.000 pesetas a favor del Sr.

Antón Pérez (fallecido), a cuenta de pretendidos créditos

a su favor. En periodo de suspensión de pagos, en el

informe emitido por técnicos al efecto, se dictamina que

el balance de la situación económica de "Besán S. A.",

el 27 de abril de 1981, era de: activo, 208.492.000

pesetas y pasivo 118.698.876 pesetas, y en las distintas

conversaciones llevadas a cabo con los acreedores se

intentan acuerdos encaminados a mantener el

funcionamiento de aquella entidad, al contar con el informe

de la Delegación de Trabajo, de fecha 21 de mayo de

1981, en el que se llega a la conclusión de que existe

posibilidades de rentabilidad muy importantes,

apuntando la necesidad de una pequeña reestructuración de

secciones y una inyección financiera, que no llegan a

feliz término por falta de acuerdo con la base laboral

y ausencia de quorum' con los acreedores; por todo ello,

se llega a la prueba necesaria y su culminación en la

declaración de insolvencia fraudulenta, base de este

procedimiento. En ambos casos, por la abundante prueba

documental y testifical, que la empresa "Talleres Besán,

S. A." fue plenamente solvente, con un próspero

régimen de trabajo y beneficios que fue manteniéndose a

lo largo de los años 1973, 1974, 1975, 1976, 1977

y 1978, iniciándose problemas desde entonces con los

acreedores, derivados de la situación económico-social

planteada por entonces, con posiciones radicales de la

base trabajadora, huelgas y pretensiones de difícil

realización, que repercutió en la producción, en el pago

de acreedores con regularidad, ocasionando

renovaciones aunque se siguió trabajando hasta 1981, en que

la actuación se agrava, hasta hacerse insostenible,

desembocando primero en la referida suspensión y luego

en la quiebra, en los términos dichos".

3. La demanda de amparo denuncia la vulneración

del principio de legalidad penal (art. 25.1 C.E.), del

derecho a la tutela judicial efectiva sin causar indefensión

(art. 24.1 C.E.) y del derecho a la presunción de inocencia

(art. 24.2 C.E.) solicitando la anulación de las dos

sentencias del Tribunal Supremo de 12 de febrero de 1997.

a) En relación con el principio de legalidad penal

alega el demandante de amparo que no concurrían los

elementos típicos necesarios para considerar los hechos

subsumibles en el art. 520 del Código Penal (texto

refundido de 1973), pues éstos había acaecido con

anterioridad a la vigencia del art. 15 bis de dicho Código Penal,

debido a la reforma de 1983, que es el precepto que

permitió extender el tipo penal del art. 520 a los

directivos, órganos o representantes de las sociedades

quebradas.

b) La vulneración del derecho a la tutela judicial

efectiva se habría producido, según la demanda, por

contener la Sentencia impugnada una motivación arbitraria

y manifiestamente irrazonable en la interpretación del

tipo delictivo, ajena además a la doctrina jurisprudencial

sobre la materia, en detrimento de la seguridad jurídica

garantizada por la Constitución. En primer lugar, se

refiere a la afirmación hecha en la Sentencia impugnada

de que "la declaración de quiebra no forma parte del

tipo objetivo y, consecuentemente, no requiere haber

sido alcanzada por el dolo del autor en el momento de

realizar la acción" (fundamento de Derecho cuarto,

letra d). En segundo lugar, se afirma la existencia de

un punto de contradicción en la Sentencia, también en

su fundamento jurídico 4, al decirse, por un lado, que

el tipo penal se produce, entre otros supuestos, cuando

las operaciones dolosas agravan la situación crítica de

la entidad, entendiéndose por agravación "el perjuicio

injustificado de la masa de acreedores", y al expresarse,

por otro lado, que "la ley penal y su complemento

normativo mercantil (art. 890 Código de Comercio) no

requiere un mínimo de perjuicio patrimonial". En tercer

lugar, se alude a la afirmación, hecha en el fundamento

jurídico ya citado, de que "el dolo se debe apreciar

cuando el autor, al menos, sabe que la realización del tipo

por su acción no es improbable". Todo ello, al entender

del recurrente de amparo, es contrario a la exigencia

de seguridad y precisión con que deben establecerse

e interpretarse los tipos penales.

c) Para fundamentar la supuesta infracción del

derecho a la presunción de inocencia se refiere la demanda

de amparo a extremos tales como la sentencia

absolutoria dictada en la instancia, la impugnación del recurso

de casación en todos sus motivos por el Ministerio Fiscal

y la supuesta vulneración de los derechos a la legalidad

penal y tutela judicial efectiva por la Sentencia ahora

recurrida en amparo.

4. El recurso fue admitido a trámite, con el número

1.255/97, mediante providencia de 12 de enero de

1998, en la que asimismo se acordó requerir a los

órganos judiciales para que remitieran testimonio de las

respectivas actuaciones practicadas ante ellos y, al propio

tiempo, emplazaran a quienes hubieran sido parte en

el procedimiento a fin de que comparecieran en este

proceso constitucional, si les interesara, en el plazo de

diez días. Asimismo se acordó formar la correspondiente

pieza separada de suspensión.

Por Auto de 26 de enero de 1998 se acordó

suspender la ejecución de la Sentencia impugnada, respecto

de la pena privativa de libertad, y no suspender la

ejecución en cuanto a la pena de multa, salvo que ésta

llegare a transformarse en responsabilidad personal

subsidiaria, en cuyo caso procedería la suspensión.

5. Mediante escrito, registrado en este Tribunal el

2 de febrero de 1998, el Procurador don Luis Pastor

Ferrer solicitó ser tenido por parte en este recurso en

nombre y representación de la Sindicatura de la Quiebra

de "Talleres Besán, S. A.", y por otrosí interesó la

acumulación a este recurso de los recursos de amparo

números 1.271/97 y 1.292/97. Asimismo, mediante escritos

registrados respectivamente los días 9 y 11 de febrero

de 1998 los Procuradores don Felipe Ramos Cea, en

representación de don José Antonio Belmonte Sánchez,

y don Rafael Rodríguez Montaut, en representación de

don Antonio Antón Navarro, solicitaron ser tenidos por

parte, en dichas correspondientes representaciones, en

el presente recurso de amparo.

Por providencia de 23 de febrero de 1998 se acordó

tener por personados y partes a dichos Procuradores

en las expresadas y respectivas representaciones.

Igualmente, conforme a lo dispuesto por el art. 52 LOTC,

se acordó dar vista de las actuaciones por plazo común

de veinte días al Ministerio Fiscal, solicitantes del amparo

y demás partes personadas a fin de que hicieran las

alegaciones que estimaran pertinentes, haciendo

extensivo dicho plazo para hacer alegaciones sobre la

acumulación solicitada.

6. Mediante escrito presentado el 18 de marzo de

1998 formuló alegaciones el Procurador Sr. Pastor

Ferrer, en nombre de la Sindicatura de la Quiebra de

"Talleres Besán, S. A.".

Respecto de la supuesta vulneración del principio de

legalidad, señala que no se invocó en ningún momento

del procedimiento, incumpliéndose así las exigencias del

art. 44.1 c) de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional

(LOTC), y añade que, en todo caso, no existe violación

alguna del principio de legalidad sino aplicación de las

normas vigentes de nuestro Ordenamiento jurídico en

cuanto a la autoría y a la representación de las

sociedades, citando, al respecto, diversas sentencias del

Tribunal Supremo en este sentido. Tampoco, a su juicio,

se ha producido vulneración alguna del derecho a la

tutela judicial efectiva por contener presuntamente la

Sentencia impugnada un razonamiento ilógico,

irrazonable y confuso, pues lo cierto es que dicha Sentencia

recoge claramente los requisitos establecidos por la

jurisprudencia del Tribunal Supremo respecto del delito de

quiebra y conviene en que los mismos concurren en

los hechos enjuiciados. Por último, alega que en la

demanda de amparo se afirma la vulneración del derecho

a la presunción de inocencia, mas tal afirmación se hace

sin argumentar nada sobre el particular. Por todo ello

solicita la desestimación íntegra del recurso de amparo.

7. Con fecha 23 de marzo de 1998 presentó el

Ministerio Fiscal el correspondiente escrito de

alegaciones, en el que solicita se dicte Sentencia desestimatoria

del amparo pretendido.

Comienza el Ministerio Fiscal el examen de la

demanda de amparo analizando la alegada vulneración del

derecho a la presunción de inocencia, que niega se haya

producido. Dice que ni siquiera se desarrolla en la

demanda tal motivo, solamente enunciado, pues el demandante

de amparo en ningún momento ha atacado el relato

de hechos probados recogido en la instancia y hecho

suyo por la Sentencia del Tribunal Supremo, relato en

el que se reconocía la realización de un conjunto de

operaciones de compra de terrenos y titulación de los

mismos efectuadas, entre otras personas, por el propio

recurrente de amparo, a cuyo favor se expidieron las

escrituras públicas de titularidad de las parcelas,

figurando en ellas como titular de las mismas en proporción

semejante a la que ostentaba como partícipe de la

sociedad. En consecuencia, no discute el recurrente que haya

existido prueba de los hechos y de su participación en

éstos, que le fueron imputados en el proceso penal; lo

que sí impugna son las consecuencias jurídicas que a

dichos hechos ha anudado el Tribunal Supremo.

Respecto de la supuesta vulneración del principio de

legalidad penal (art. 25.1 C.E.), en relación con la figura

delictiva típica del art. 520 del Código Penal de 1973,

señala el Ministerio Fiscal que, antes de analizar el motivo

de fondo invocado, es preciso poner de manifiesto la

invocación ex novo de dicho motivo por parte del

recurrente en amparo. Afirma, al efecto, que de la lectura

de las actuaciones penales se desprende que en ningún

momento la representación procesal de quien ahora

solicita el amparo hizo alusión alguna a la falta del

presupuesto de legalidad, por lo que ello supondría el

planteamiento per saltum de esta cuestión en el recurso

de amparo, sin haber dado opción a los órganos

jurisdiccionales a su toma en consideración y ulterior

resolución. Tal circunstancia, a juicio del Ministerio Fiscal,

sería ya razón suficiente para la desestimación del motivo

invocado, en aras de la preservación y observancia del

principio de subsidiariedad del amparo, tal y como

reiteradamente ha venido estableciendo el Tribunal

Constitucional (SSTC 106/1984, 46/1986, 55/1991,

185/1992 y 253/1993, entre otras). No obstante lo

expuesto, y para el eventual supuesto de que se

entendiera que tal cuestión había sido formalmente invocada

en vía judicial, examina el Ministerio Fiscal la cuestión

de fondo. Señala, al efecto, que se trata

fundamentalmente de determinar si la interpretación del término

"quebrado" que ha hecho la Sala de lo Penal del Tribunal

Supremo constituye una extensión analógica a un

supuesto situado fuera del tipo delictivo establecido en

el art. 520 del Código Penal de 1973, abarcando no

sólo al quebrado que es persona física, sino también

a quien hubiera actuado como representante legal o

administrador de una persona jurídica en momento

anterior al de la vigencia del art. 15 bis del mismo Código.

La conclusión a la que ha de llegarse, según su parecer,

es que no ha habido tal vicio de interpretación analógica.

Cierto es que, señala, la regulación normativa de la

responsabilidad penal de los que actúan como directivos

o representantes de una persona jurídica no cristaliza

hasta la reforma del Código Penal, llevada a cabo por

la Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio, pero ello no

era obstáculo para que la jurisprudencia reiterada

hubiera depositado la cuota de responsabilidad penal exigible

en las personas dirigentes de dichas sociedades. Con

ello, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo realiza

una interpretación integradora y sistemática del

Ordenamiento jurídico en su conjunto, incluido lógicamente

el Derecho Mercantil y, en especial, las normas

reguladoras de los distintos tipos de sociedades mercantiles,

elaborando una doctrina perfectamente acorde con las

previsiones del art. 14 del Código Penal de 1973, ya

fuera a título de autoría directa ya fuera a título de

cooperación necesaria. Por otra parte, dice también el

Ministerio Fiscal que los actos de descapitalización de la

Sociedad, según el relato de hechos probados, fueron

realizados por los dos únicos socios de ella, entre los que

se encontraba el propio demandante de amparo que,

además, era el administrador único cuando se adquirió

el primero de los terrenos, y ostentaba dicha

administración compartida en el segundo de los casos, por lo

que tampoco sería necesario un especial esfuerzo

interpretativo para incardinar su actuación dentro de alguna

de las formas de autoría que regulaba el anterior

art. 14 del Código Penal de 1973. En consecuencia,

a juicio del Ministerio Fiscal, aunque se abordara la

problemática de fondo planteada por el recurrente, habría

de ser rechazado este motivo del recurso de amparo.

Finalmente examina el Ministerio Fiscal el tercero de

los motivos de amparo, relativo a la supuesta vulneración

del derecho a la tutela judicial afectiva por ser la

Sen

tencia ahora impugnada una resolución arbitraria y

manifiestamente irrazonable, amén de haberse apartado de

la reiterada doctrina jurisprudencial sobre el delito de

quiebra. Sostiene el Ministerio Fiscal que el motivo debe

ser rechazado a limine ya que lo que hace el recurrente

es plantear una cuestión de estricta legalidad ordinaria.

El fundamento jurídico 4 de la Sentencia del Tribunal

Supremo aporta un conjunto de razones por las que

se aprecia la existencia de una relación de causalidad

entre las operaciones de compra realizadas por el

recurrente de amparo y el agravamiento de la situación

económica de la empresa declarada posteriormente en

quiebra, realizando, además, una serie de

consideraciones sobre el dolo del autor en este tipo delictivo y el

carácter de condición objetiva de punibilidad que tenía

en el tipo la previa declaración judicial de quiebra

fraudulenta realizada por la jurisdicción civil, cuestiones

todas ellas que forman parte del ámbito exclusivo de

la jurisdicción ordinaria.

8. Mediante escrito registrado el 24 de marzo de

1998 formuló alegaciones el Procurador don Felipe

Ramos Cea, en representación de don José Antonio

Belmonte Sánchez. En él hace suyas las alegaciones de

la demanda de amparo de don José Espinosa Pastor,

por entender que se han producido las denunciadas

vulneraciones de los derechos fundamentales a la legalidad

penal, tutela judicial efectiva y presunción de inocencia,

y solicita la estimación de dicho recurso. Estima

igualmente procedente la acumulación de autos instada por

la Sindicatura de la Quiebra de "Talleres Besán, S. A."

9. Por escrito presentado el 24 de marzo de 1998

el Procurador don Carlos Ibáñez de la Cadiniere, en

representación del recurrente don José Espinosa Pastor,

señala que nada tiene que oponer a la expresada

acumulación.

10. Mediante escrito, registrado con fecha 26 de

marzo de 1997, el Procurador de los Tribunales don

Rafael Rodríguez Montaut, en representación de don

Antonio Antón Navarro, formuló recurso de amparo

contra la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal

Supremo, de fecha 12 de febrero de 1997, de la que ya se

ha hecho mérito en estos antecedentes.

Los hechos que fundamentan esta demanda de

amparo son, en síntesis, los que se exponen en el segundo

de los antecedentes de esta Sentencia, referidos a la

demanda de amparo del recurso núm. 1255/97, si bien

con la particularidad que se expone a continuación. Se

dice expresamente en la demanda de amparo del Sr.

Antón Navarro que el fundamento jurídico único de la

segunda Sentencia del Tribunal Supremo, tras definir

los hechos como constitutivos del delito de quiebra del

art. 520 del Código Penal de 1973, afirma en su punto b)

que "autores de estos hechos son los procesados José

Espinosa Pastor, José Antonio Belmonte Sánchez y

Tomás Pastor Navarro...", y que, sin embargo, en la parte

dispositiva de la Sentencia, se incluye expresamente

entre los condenados a "Antonio Antón Navarro", es

decir, al propio recurrente en amparo, no mencionado

en la fundamentación jurídica entre los autores de los

hechos.

Se alega en la demanda de amparo que "de lo anterior

se desprende claramente la infracción del art. 24.1 de

la Constitución Española, al haber sido vulnerado el

derecho constitucional y fundamental que le asiste a don

Antonio Antón Navarro a la tutela judicial efectiva que

debe obtener de los Jueces y Tribunales al condenársele

por un delito de cuya autoría nunca ha sido reconocido

por el Tribunal que lo ha condenado".

11. El recurso fue admitido a trámite, con el número

1.271/97, por providencia de 12 de enero de 1998,

en la que, tras hacerse constar que la remisión de las

actuaciones penales ya había sido interesada en el

recurso 1.255/97, se acordó requerir a la Audiencia Provincial

de Alicante para que emplazara a quienes habían sido

parte en el sumario a fines de comparecencia, en plazo

de diez días, en este proceso constitucional. Asimismo

se acordó formar la correspondiente pieza separada de

suspensión.

Por Auto de 26 de enero de 1998 se acordó

suspender la ejecución de la Sentencia de la Sala de lo

Penal del Tribunal Supremo, de fecha 12 de febrero de

1997, respecto de la pena privativa de libertad impuesta

a don Antonio Antón Navarro, y no suspender la

ejecución del pago de la multa, salvo que ésta llegare a

transformarse en responsabilidad personal subsidiaria,

en cuyo caso procedería la suspensión de su ejecución.

12. Mediante escrito presentado el 2 de febrero de

1998 el Procurador don Carlos Ibáñez de la Cadiniere

solicitó se le tuviera por personado y parte en este

recurso de amparo, en nombre y representación de don José

Espinosa Pastor. Igualmente, el Procurador don Luis

Pastor Ferrer, actuando en representación de la Sindicatura

de la Quiebra de "Talleres Besán, S. A.", solicitó, por

escrito presentado el mismo día 2 de febrero de 1998,

se le tuviera por personado y parte en el recurso,

interesando también la acumulación de este recurso con

los recursos 1.255/97 y 1.292/97. Asimismo, el

Procurador don Felipe Ramos Cea, mediante escrito

presentado el 9 de febrero de 1998, solicitó se le tuviera

por personado y parte en el recurso, en nombre y

representación de don José Antonio Belmonte Sánchez.

Por providencia de 23 de febrero de 1998 se tuvo

a dichos Procuradores por personados y partes en este

recurso en sus respectivas representaciones y, a los fines

del art. 52 LOTC, se acordó dar vista de lo actuado por

un plazo común de veinte días al Ministerio Fiscal y

demás partes personadas, siendo extensivo dicho plazo

para formular alegaciones sobre la procedencia de la

acumulación instada.

13. El Procurador Sr. Pastor Ferrer, en

representación de la Sindicatura de la Quiebra de "Talleres Besán,

S. A.", formuló las correspondientes alegaciones en

escrito presentado el 18 de marzo de 1998. Interesaba

en el mismo la denegación del amparo al entender que

no se había producido vulneración de derecho

fundamental alguno, por haberse fundado el recurso de

amparo en un mero error material sufrido por la Sentencia

impugnada, salvado mediante el Auto de aclaración de

25 de abril de 1997 [recogido, en lo sustancial, en el

antecedente 2 c)].

14. El Ministerio Fiscal formuló sus alegaciones en

escrito presentado el 24 de marzo de 1998. Afirma que

con el Auto de aclaración, de 25 de abril de 1997, "se

acomoda, con carácter ya definitivo, la fundamentación

y el fallo de la sentencia, que queda integrada con la

nueva resolución", en la que "se estima autor de los

hechos al aquí recurrente en concordancia con el fallo

condenatorio". Señala que de esta forma, la lesión inicial

del derecho fundamental queda anulada por la propia

actuación de la jurisdicción ordinaria, por lo que se está

ante "una carencia sobrevenida de objeto", procediendo,

en consecuencia, la denegación del amparo solicitado.

Entiende, asimismo, que procede la acumulación de los

tres citados recursos de amparo.

15. Mediante escrito registrado el 24 de marzo de

1998 manifestó el Procurador Sr. Ramos Cea, en la

representación que ostenta de don José Antonio Belmonte

Sánchez, que estimaba procedente la acumulación de

dichos recursos de amparo.

Asimismo, por escrito de igual fecha el Procurador

don Carlos Ibáñez la Cadiniere, en representación de

don José Espinosa Pastor, mostró su conformidad con

la solicitud de amparo formulada por don Antonio Antón

Navarro y con la acumulación instada de los meritados

recursos de amparo.

16. El Procurador Sr. Rodríguez Montaut, en

representación de don Antonio Antón Navarro, presentó el

escrito de alegaciones en fecha 24 de marzo de 1998,

en el que invoca, como vulnerados por la Sentencia

recurrida en amparo, los derechos fundamentales a la

tutela judicial efectiva (art. 24 C.E.), legalidad penal

(art. 25 C.E.), igualdad (art. 14 C.E.) y libertad (art. 17

C.E.), si bien respecto de los dos últimos no hace

desarrollo expositivo alguno.

Señala, en primer lugar, que hay una clara

incongruencia interna e incoherencia entre el fallo de la

Sentencia y su argumentación o fundamentación, aun

habiéndose dictado el Auto de aclaración. Se dice, al

efecto, con referencia al ahora recurrente en amparo,

que "no se motiva ni se explica qué acción u omisión

ha llevado a cabo", habiéndosele condenado solamente

"por el hecho de figurar formalmente como

administrador de la mercantil quebrada durante el período

comprendido entre diciembre de 1980 a marzo de 1981".

Se alude a la insuficiente motivación de la Sentencia,

con invocación del art. 120.3 C.E.

En segundo lugar, y en relación con el principio de

legalidad penal, se afirma en dicho escrito de alegaciones

que "con anterioridad a la aprobación de la Ley

Orgánica 8/1983, de 25 de junio, de reforma parcial y urgente

del Código Penal, no existía legislación que diera

cobertura a la incriminación de las personas físicas que

actuaran en nombre de las personas jurídicas en los delitos

especiales propios".

Finalmente dice el recurrente en amparo que estima

procedente la acumulación de los recursos de amparo.

17. Mediante escrito, registrado en este Tribunal el

26 de marzo de 1997, el Procurador don Felipe Ramos

Cea, en nombre y representación de don José Antonio

Belmonte Sánchez y de don Tomás Antón Navarro,

formuló recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala

Segunda del Tribunal Supremo, de fecha 12 de febrero

de 1997, de que ya se ha hecho mérito en estos

antecedentes de la presente Sentencia.

Los hechos en los que se fundamenta esta demanda

de amparo son los mismos que se exponen en el segundo

de los antecedentes de esta Sentencia.

18. Los derechos que se invocan como vulnerados

en esta demanda de amparo son el derecho a la legalidad

penal (art. 25 C.E.), a la tutela judicial efectiva en

relación con el derecho a la motivación de las sentencias

(arts. 24.1 y 120.3 C.E.), a la igualdad (art. 14 C.E.)

y a la presunción de inocencia (art. 24.2 C.E.). Se dice

asimismo en la demanda de amparo que "la invocación

formal en el proceso penal correspondiente de los

derechos constitucionales vulnerados no ha sido posible por

haberse producido en la resolución judicial que cierra

la vía ordinaria", es decir, precisamente en la Sentencia

del Tribunal Supremo que se recurre.

a) La supuesta vulneración del art. 25 C.E., que a

su vez también es relacionada por la demanda de amparo

con el derecho a la libertad (art. 17 C.E.), se fundamenta

en que la Sentencia impugnada sanciona unas conductas

que no eran constitutivas de infracción penal, "al

extender el destinatario de la norma -únicamente el

quebrado- a otras personas, cuya previsión legal no existía

en aquel momento, lo que se practica a través del recurso

a la analogía in malam partem". Se afirma igualmente

que en la fecha de los hechos, concretamente, con

anterioridad a la vigencia de la Ley Orgánica de 27 de junio

de 1983, "no existía legislación que diera cobertura a

la incriminación de las personas físicas que actuaran

en nombre de las personas jurídicas en los delitos

especiales propios".

Se alega que también se conculca el principio de

legalidad porque, desde otra perspectiva, la conducta

imputada a los ahora recurrentes en amparo no es ni

fue constitutiva de infracción penal. Se señala, al

respecto, que se les condena "por el mero hecho de ser

administradores cuando se efectuaron las transferencias

o las compraventas a que se alude", pero sin que se

indique que ello fuera consecuencia de acciones u

omisiones de los demandantes de amparo, de modo que

"no se llega a determinar la autoría de quienes realizaron

los mismos sin indicarse aquí si los administradores

fueron meramente formales o, por el contrario, los

ejecutores de las referidas acciones u omisiones, lo cual es

la clave para determinar su posible responsabilidad".

b) En relación con la motivación de la Sentencia,

se dice que no se explica qué acción u omisión hubieran

llevado a cabo los ahora recurrentes, amén de la falta

de concordancia que existe, respecto de la condena de

don Tomás Antón Navarro, entre el fallo y la

fundamentación jurídica.

c) La alegada vulneración del derecho a la igualdad

se vincula a la consideración de los recurrentes como

autores penalmente responsables por el mero hecho de

ser administradores en los períodos en que se efectuaron

las acciones típicas, cuando en otras ocasiones se ha

exigido la efectiva realización por la persona física de

la acción típica. Se citan al efecto diversas sentencias

de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, posteriores

todas ellas a 1983, pues se dice expresamente en la

demanda de amparo que "no nos vamos a referir a la

inexistente regulación anterior al año 1983, dado que

los criterios eran dispares y no eran más que un criterio

jurisprudencial".

d) Se alega la vulneración del derecho a la

presunción de inocencia afirmando que se condenó a los ahora

recurrentes en amparo "con ausencia de prueba

respecto a la autoría de los hechos típicos por parte de

los mismos", de modo que la Sentencia impugnada

"única y exclusivamente ha establecido que los mismos eran

administradores al tiempo en que se produjeron los

hechos, pero no ha determinado quiénes fueran,

efectivamente, la persona o personas que llevaran a cabo

la acción prohibida".

Termina la demanda de amparo con la solicitud de

que se declare la nulidad de la Sentencia impugnada,

con el reconocimiento de la vulneración de los derechos

fundamentales invocados. Se pide igualmente, mediante

otrosí la suspensión de la ejecución de la Sentencia

condenatoria impugnada.

19. Mediante providencia de 12 de enero de 1998

se admitió a trámite el expresado recurso de amparo,

al que se dio el número 1.292/97. En dicha providencia,

en la que se hace constar que ya había sido solicitado

el testimonio de las actuaciones penales en el recurso

de amparo núm. 1.255/97, se acordó interesar de la

Audiencia Provincial se emplazase a quienes hubieran

sido parte en el procedimiento penal a fin de que

comparecieran, si les interesara, en el presente recurso de

amparo en el plazo de diez días, y asimismo se acordó

la formación de la pieza separada de suspensión.

Por Auto de 26 de enero de 1998 se acordó

suspender la ejecución de la Sentencia condenatoria

recurrida, respecto de la pena de privación de libertad, y no

suspender la ejecución del pago de la multa, salvo que

llegare a transformarse en responsabilidad personal

subsidiaria, en cuyo caso procedería la suspensión de la

ejecución.

20. El Procurador Sr. Ramos Cea, en la

representación expresada de los Sres. Belmonte Sánchez y Antón

Navarro, presentó escrito el 19 de enero de 1998,

acompañado de copia del Auto de aclaración de 25 de abril

de 1997, manifestando que desistía del recurso respecto

de don Tomás Antón Navarro ya que, al resultar éste

absuelto, había quedado sin objeto el recurso formulado

en su nombre. Asimismo manifestaba expresamente que

se mantenía en todos sus términos el recurso interpuesto

en representación de don José Antonio Belmonte

Sánchez. Por Auto de 11 de febrero de 1998, y previa

audiencia del Ministerio Fiscal, se tuvo por desistido del recurso

a don Tomás Antón Navarro y se acordó continuar la

tramitación del recurso respecto de don José Antonio

Belmonte Sánchez.

21. Por escrito presentado el 2 de febrero de 1998

el Procurador Sr. Pastor Ferrer, en representación de

la Sindicatura de la Quiebra de "Talleres Besán, S. A.",

solicitó ser tenido por personado y parte en el recurso

e interesó la acumulación de este recurso a los recursos

de amparo núms. 1.255 y 1.271 de 1997. Por escrito

presentado en la misma fecha el Procurador Sr. Ibáñez

de la Cadiniere solicitó ser tenido por personado y parte

en el recurso en representación de don José Espinosa

Pastor.

22. Por providencia de 23 de febrero de 1998 se

tuvo por partes en el recurso a los mencionados

Procuradores, en sus respectivas representaciones, y se

acordó dar vista de lo actuado, por plazo común de veinte

días, al Ministerio Fiscal y partes personadas, a fin de

hacer las alegaciones que estimaren pertinentes,

conforme al art. 52 LOTC, siendo extensivo el plazo para

formular alegaciones en relación con la acumulación

instada.

23. El Procurador Sr. Pastor Ferrer, en la

representación que ostenta, presentó el escrito de alegaciones

en fecha 18 de marzo de 1998. Respecto de la supuesta

violación del principio de legalidad alega que no se

invocó en ningún momento del procedimiento penal. Añade

que, con independencia de ello, no se vulneró tal

principio sino que se aplicaron correctamente las normas

vigentes de nuestro Ordenamiento jurídico en cuanto

a la autoría y a la representación de las sociedades,

señalando, al efecto, que, en todo caso, en la Sentencia

no sólo consta la condición del recurrente como

administrador de la sociedad sino también que fueron los

administradores de ésta los que habían efectuado, como

autores materiales, las disposiciones de fondos. Contra

las alegaciones de deficiente motivación de la Sentencia

afirma que en ella se razona sobradamente sobre la

participación en los hechos y responsabilidad de los

condenados, a salvo el error material habido respecto de

don Tomás Antón Navarro, salvado con el Auto de

aclaración. Respecto de la pretendida vulneración del

derecho a la igualdad, dice que en absoluto se ha apartado

el Tribunal Supremo de su doctrina constante y reiterada,

relativa a la no imposición de condena de modo objetivo

por el mero hecho de ostentar un cargo, pues en el

presente caso se ha acreditado la autoría material de

los hechos comprendidos en el tipo delictivo. Por último,

afirma que no se ha vulnerado el derecho a la presunción

de inocencia porque ha quedado suficientemente

probada la participación de quienes resultaron condenados

en las transmisiones de inmuebles y transferencias de

saldos, efectuadas a los socios de manera injustificada.

24. Mediante escrito presentado el 24 de marzo

de 1998 formula sus alegaciones el ahora recurrente

en amparo, Sr. Belmonte Sánchez. Reitera las

manifestaciones contenidas en la demanda de amparo, con la

solicitud de su estimación. Asimismo entiende que es

procedente la acumulación de los recursos de que se

ha hecho mérito.

Asimismo, mediante escrito de igual fecha el

Procurador Sr. Ibáñez de la Cadiniere, en nombre y

representación de don José Espinosa Pastor, manifiesta su

conformidad con la pretensión de amparo deducida por

don José Antonio Belmonte Sánchez e, igualmente, con

la acumulación de recursos interesada.

25. El Ministerio Fiscal formuló sus alegaciones en

escrito presentado el 26 de marzo de 1998, en el que

interesa la denegación del amparo solicitado,

manifestando por otrosí su conformidad con la acumulación

solicitada.

Comienza señalando, respecto de la supuesta

vulneración del principio de legalidad, que no se ha agotado

la vía judicial previa y no se ha respetado la

subsidiariedad del recurso de amparo, al no haberse alegado

nunca en el proceso penal el derecho fundamental que

se dice vulnerado. Concurre, en consecuencia, la causa

de inadmisión prevista en el art. 44.1 c) LOTC. Por otra

parte, y con independencia de ello, dice que de los

propios antecedentes aportados por la parte se puede

deducir, ante la reiteración de los pronunciamientos al

respecto, que se ha seguido aplicando en la Sentencia

recurrida el mismo e inveterado criterio sentado con

anterioridad por el Tribunal Supremo, y que ya el mismo

recurrente recogía, sin cuestionarlo, en su primera

calificación, en la que negaba solamente su actuación

relevante. Afirma el Ministerio Fiscal que el planteamiento

queda relegado a un tema de calificación y valoración

de la conducta, que corresponde a los órganos judiciales,

lo que, por otra parte, se dice en la STC 150/1989

(FJ 6).

Continúa el Fiscal señalando que, desde otro punto

de vista, fundamenta también el recurrente la

vulneración del principio de legalidad en que no se le imputa

ninguna acción u omisión típica, pues la conducta por

la que ha sido condenado, el mero hecho de ser

administrador cuando se efectuaron las transferencias o se

otorgaron las escrituras públicas, no era ni es, de suyo,

constitutiva de infracción penal. Más que aludirse a una

cuestión de legalidad, entiende el Fiscal que se alude

a una vulneración del derecho a la presunción de

inocencia. La actividad considerada delictiva consistió en

hacer salir del patrimonio social parte del mismo, como

es el dinero destinado a la adquisición de las parcelas

de autos, así como la inversión que con dinero de aquella

entidad se llevó a cabo al construirse las naves o

instalaciones que luego fueron puestas a nombre de los

socios en proporción a sus respectivas participaciones

sociales, quedando la empresa como arrendataria y

debiendo, por ello, pagar el arrendamiento. Asimismo

hay descapitalizaciones consistentes en las entregas

efectuadas por los administradores de sumas de dinero,

a cuenta de pretendidos préstamos, también a los socios.

Así pues, se trata de actos de administración, teniendo

el recurrente, como funciones, ya de forma compartida

ya en solitario, las de administrar y gestionar la sociedad

posteriormente declarada en quiebra, teniendo, en

consecuencia, el dominio funcional de la misma. En este

sentido, todo el relato fáctico es una descripción palmaria

de la participación e intervención del recurrente en los

hechos puesto que fueron los actos de administración

que él tenía encomendada los que se consideraron que

habían agravado el estado de insolvencia de la entidad,

con perjuicio de los intereses de los acreedores.

En cuanto a la alegada falta de motivación de la

condena impuesta, señala el Ministerio Fiscal que la

motivación existe y se advierte con facilidad, si se tiene en

cuenta que se ha considerado probado que el recurrente,

como administrador, efectuó transferencias de los

fondos sociales a favor de los socios y que, siendo él

admi

nistrador, se escrituró a nombre privativo de los socios

un importante bien social, pasando la sociedad a ser

arrendataria y a pagar el alquiler. En consecuencia,

aparecen sin esfuerzo los argumentos relativos a la

participación del recurrente en la acción típica.

Finalmente, se refiere el Ministerio Público a las

denunciadas vulneraciones de los derechos a la igualdad

y a la presunción de inocencia. Manifiesta el Ministerio

Fiscal, respecto de la primera de dichas cuestiones, que

el Tribunal Supremo no se ha apartado en el presente

supuesto de su clásica doctrina, por lo que es obvio

que no se ha producido la vulneración constitucional

alegada. En cuanto a la presunción de inocencia, basta

la mera lectura de las actuaciones y de la Sentencia

de instancia para constatar no sólo la atribución de los

actos típicos sino la prueba de los mismos, dado su

evidente rastro documental, aludiéndose también, entre

otros elementos probatorios, a las declaraciones de los

testigos, los síndicos de la quiebra, el dictamen técnico

de la suspensión y el informe de la Inspección de Trabajo.

26. Por Auto de la Sala Primera, de fecha 20 de

abril de 1998, se acordó la acumulación de los recursos

números 1.255, 1.271 y 1.292 de 1997, de los que

se dice en su parte dispositiva que "seguirán una misma

tramitación hasta su resolución también única, desde

el común estado procesal en que se hallan, pendientes

de señalamiento para deliberación y votación cuando

por turno corresponda".

27. Por providencia de 7 de junio de 2000 se señaló

para deliberación, votación y fallo de la presente

Sentencia el día 12 del mismo mes y año, día en el que

se inició el trámite que ha finalizado en el día de la

fecha.

II. Fundamentos jurídicos

1. Los presentes recursos de amparo núms. 1.255,

1.271 y 1.292, todos ellos de 1997, en los que son

recurrentes, respectivamente, don José Espinosa Pastor,

don Antonio Antón Navarro y don José-Antonio

Belmonte Sánchez, se dirigen contra la Sentencia de la Sala

de lo Penal del Tribunal Supremo, dictada el 12 de

febrero de 1997 en el recurso de casación núm. 1.375/95,

interpuesto por la Sindicatura de la Quiebra de "Talleres

Besán, S. A.", acusación particular en el correspondiente

procedimiento penal, seguido por supuesto delito de

quiebra fraudulenta, contra la Sentencia de la Audiencia

Provincial de Alicante, de fecha 16 de marzo de 1995,

que había absuelto a los entonces procesados del delito

de que se les acusaba. La expresada Sentencia del

Tribunal Supremo casó y anuló la Sentencia entonces

recurrida y condenó a los ahora recurrentes en amparo,

como autores de un delito de quiebra fraudulenta, a las

penas, a cada uno, de dos años de prisión menor y ocho

meses de multa, a razón de veinticinco mil pesetas por

cada día de multa. Según consta en la Sentencia, el

mencionado delito es el previsto en el art. 520 del Código

Penal, texto refundido de 1973, vigente cuando

sucedieron los hechos enjuiciados, si bien la pena es la que

corresponde dentro del marco penal del art. 260 del

vigente Código Penal de 1995, conforme a las

previsiones del art. 2.2 del mismo.

En los expresados recursos de amparo se solicita la

anulación de la Sentencia del Tribunal Supremo por

vulneración de los derechos a la legalidad penal, a la tutela

judicial efectiva, a la presunción de inocencia y a la

igualdad, en los términos que seguidamente se exponen.

2. En primer lugar, ha de examinarse si, respecto

de la supuesta vulneración del derecho a la legalidad

penal (art. 25.1 C.E.), que se alega en los recursos de

amparo núms. 1.255/97 y 1.292/97, formulados en

representación, respectivamente, de los Sres. Espinosa

Pastor y Belmonte Sánchez, concurre el defecto de falta

de invocación formal en el proceso, según exponen el

Ministerio Fiscal y la Sindicatura de la Quiebra de

"Talleres Besán, S. A.", defecto que el art. 44.1.c) de la

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) prevé

como causa de inadmisión.

Se fundamenta la imputación de vulneración del

principio de legalidad penal en que la Sentencia ahora

recurrida hizo una interpretación analógica in malam partem

del art. 520 del Código Penal de 1973. Afirman, al efecto,

los recurrentes en amparo que, antes de la reforma

introducida en dicho Código Penal por la Ley Orgánica

8/1983, de 25 de junio, y, en consecuencia, antes de

la vigencia del art. 15 bis del citado Código, no era

posible imputar el delito de quiebra a los directivos o

administradores de una sociedad por los hechos realizados

en el ejercicio de sus funciones, ya que la condición

de "quebrado", exigida por el citado art. 520, no podía

ser atribuida a dichas personas físicas sino solamente

a la entidad mercantil correspondiente.

3. Como se recuerda en la STC 114/1999, de 14

de junio, FJ 2, "la viabilidad del examen de los requisitos

exigidos para la admisión a trámite en el momento de

dictar Sentencia ha sido reiterada en numerosas

ocasiones por este Tribunal. Desde la STC 14/1982 hemos

afirmado que el carácter tasado de los pronunciamientos

previstos en el art. 53 LOTC no es obstáculo que pueda

vedar, en momento distinto del previsto para la admisión

de los recursos de amparo, un pronunciamiento de

inadmisión por la falta de presupuestos procesales en la

acción de estas demandas. En tal caso, nuestro

pronunciamiento no podrá ser otro más que el de inadmisión

del amparo solicitado... (SSTC 5/1997, 185/1997,

205/1997, 51/1998, 76/1998, 90/1998 y

146/1998)".

Ahora bien, como es obvio, el requisito del art. 44.1 c)

LOTC "sólo es exigible en aquellos casos en que el

recurrente ha tenido oportunidad de realizar tal

invocación, lo que no ocurre cuando la lesión se imputa

a una decisión que pone fin al proceso, sin que existan

otras vías jurisdiccionales útiles, pues, en estos

supuestos, no hay oportunidad procesal para hacer tal

invocación (SSTC 17/1982, 50/1982, 62/1988 y

134/1988)", según se dice expresamente en la STC

97/1994, de 21 de marzo, FJ 3.

La invocación del derecho fundamental, bajo la

premisa del papel subsidiario del Tribunal Constitucional,

extiende su razón de ser a los derechos de la otra parte

del proceso, a la que debe también darse oportunidad

de argumentar y defenderse frente a la alegación de

una lesión de trascendencia constitucional (SSTC

77/1989, de 27 de abril, FJ 2; 168/1995, de 20 de

noviembre, FJ único; 121/1998, de 15 de junio, FJ 3).

Esta finalidad requiere por tanto, no sólo la necesidad

de invocar el derecho lesionado sino también la de

hacerlo en tiempo, es decir, como precisa el art. 44.1 c) LOTC,

"tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiere

lugar para ello" (STC 187/1995, de 18 de diciembre,

FJ 2). Así pues, no es exigible la invocación de un derecho

fundamental cuando su vulneración aún no se ha

producido, y ello de acuerdo con el tenor literal del art.

44.1 c) LOTC y con la finalidad de dicha exigencia, que

no es otra sino la de posibilitar el restablecimiento del

derecho constitucional transgredido dentro la propia

jurisdicción ordinaria (STC 137/1995, de 25 de

septiembre, FJ 2).

Pues bien, la presunta violación del derecho a la

legalidad penal, ex art. 25.1 C.E., sólo fue conocida una vez

dictada la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal

Supremo, habida cuenta de que la Sentencia de instancia

era absolutoria. Por lo tanto, la invocación del derecho

alegado por los recurrentes, Sres. Espinosa Pastor y

Belmonte Sánchez, se ha llevado a cabo "en el momento

procesal oportuno" (STC 274/1994, de 17 de octubre,

FJ único), pues en estas condiciones no hay otra

oportunidad para la invocación y, por eso mismo, el requisito

de la previa invocación de tal derecho es inexigible, como

se colige del art. 44.1 c) LOTC cuando señala en su

expresión final "hubiere lugar para ello" (SSTC 50/1982,

de 15 de julio, FJ 2; 73/1982, de 2 de diciembre, FJ

1; 62/1988, de 8 de abril, FJ 1).

4. Centrándonos, pues, y en primer lugar, en la

denunciada vulneración del principio de legalidad penal,

formulada en los recursos núms. 1.255/97 y 1.292/97

en los términos ya expuestos, ha de comenzarse por

señalar que, según reiterada jurisprudencia

constitucional, la función de interpretar y aplicar la legislación

vigente, subsumiendo en las normas los hechos que llevan

a su conocimiento, es una función que, de acuerdo con

lo establecido en el art. 117.3 C.E., corresponde en

exclusiva a los Jueces y Tribunales ordinarios, sin que este

Tribunal pueda sustituirlos en el ejercicio de dicha tarea

(SSTC 16/1981, de 18 de mayo, FJ 2; 89/1983, de

2 de noviembre, FJ 2; 105/1983, de 23 de noviembre,

FJ 1; 111/1993, de 25 de marzo, FJ 5; y 31/1996,

de 27 de febrero, FJ 10, entre otras muchas).

Ahora bien, una aplicación defectuosa de la Ley penal

puede implicar, eventualmente, la vulneración de un

derecho constitucionalmente garantizado, protegido

mediante el recurso de amparo. Cuando se alega tal

cosa, como en el presente caso ocurre, este Tribunal

ha de analizar, desde el punto de vista del derecho

constitucionalmente garantizado, la interpretación y

aplicación que el Juez ordinario ha hecho de la norma penal

(SSTC 75/1984, de 27 de junio, FJ 3; 111/1993, de

25 de marzo, FJ 5), sin olvidar que el principio de

legalidad no puede ser entendido de forma tan mecánica

que anule la libertad del Juez, cuando en uso de ésta

ni se crean nuevas figuras delictivas ni se aplican penas

no previstas en el ordenamiento (SSTC 89/1983, de

2 de noviembre, FJ 3; 75/1984, de 27 de junio, FJ 3;

111/1993, de 25 de marzo, FJ 5).

Pues bien, en el presente caso y como señala el

Ministerio Fiscal, no es posible apreciar que la Sentencia

recurrida realice una interpretación extensiva o analógica

de las normas reguladoras de la autoría en los tipos

penales por haber subsumido los hechos en el art. 520

del Código Penal (texto refundido de 1973). En primer

término, sólo puede hablarse de una aplicación analógica

o extensiva in malam partem, vulneradora del principio

de legalidad penal, cuando "dicha aplicación carezca de

tal modo de razonabilidad que resulte imprevisible para

sus destinatarios, sea por apartamiento del tenor literal

del precepto, sea por la utilización de pautas valorativas

extravagantes en relación con el ordenamiento

constitucional, sea por el empleo de modelos de interpretación

no aceptados por la comunidad jurídica, comprobado

todo ello a partir de la motivación expresada en las

resoluciones recurridas (SSTC 137/1997, 151/1997,

225/1997, 232/1997, 236/1997, 56/1998,

189/1998 y 43/1999)", como se recuerda en la STC

142/1999, de 22 de julio, FJ 4. En este caso, basta

la lectura de la Sentencia impugnada para comprobar

que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha hecho

una aplicación razonada de las normas del Código Penal

reguladoras de la autoría, vigentes en las fechas de

realización de los hechos, en relación con el tipo penal

aplicado y con base en una reiterada línea jurisprudencial,

sin que haya aplicado retroactivamente el art. 15 bis

del Código Penal (texto refundido de 1973), incorporado

al mismo por la Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio,

precepto al que hacen referencia los recurrentes. Por

ello no cabe apreciar vulneración, desde la expuesta

perspectiva constitucional, en la interpretación y aplicación

que de las normas sobre la autoría, en relación con el

delito tipificado en el art. 520 del citado Código Penal,

efectuó dicha Sentencia de la Sala de lo Penal del

Tribunal Supremo.

En segundo término, si se aceptase la identificación

que los recurrentes hacen entre infracción de Ley e

infracción constitucional, el recurso constitucional de

amparo "resultaría desnaturalizado para transformarse

en un recurso universal de casación, violentando lo

dispuesto en los arts. 53.2, 161.1 b) C.E. y 41 y 44 LOTC...,

pero ni la Constitución garantiza, ni el recurso de amparo

protege el hipotético derecho, que aquí se conecta con

el principio de legalidad penal, a obtener de los tribunales

de justicia decisiones que coincidan con el criterio que

los mismos justiciables tienen sobre la cuestión" (STC

41/1998, de 24 de febrero, FJ 6).

No ha habido, pues, la vulneración del principio de

legalidad penal, en relación con el art. 25.1 C.E., que,

en los términos concretados en el anterior fundamento

jurídico 2, párrafo 2, de esta Sentencia, se alega en las

ya referidas demandas de amparo.

5. En el recurso de amparo 1.292/97, interpuesto

en representación del Sr. Belmonte Sánchez, se alega

que también se conculca el principio de legalidad porque,

desde otra perspectiva, la conducta imputada a aquél

no fue ni es constitutiva de infracción penal ya que se

le condena por el mero hecho de ser administrador

cuando se efectuaron las transferencias o compraventas a

que se alude en la Sentencia, mas sin expresar que éstas

hubieran sido consecuencia de acciones u omisiones

del demandante de amparo y sin indicar qué concreta

acción u omisión típica hubiera éste llevado a cabo.

Sobre tal alegación se sustenta también, en el mismo

recurso de amparo, la invocación del derecho a la tutela

judicial efectiva como vulnerado por falta de motivación

de la Sentencia (art. 24.1 en relación con el 120.3,

ambos de la C.E.).

Carece de fundamento tal alegación, como resulta

del simple examen de las dos Sentencias del Tribunal

Supremo, en las que expresamente se imputa a quienes

resultaron condenados -entre ellos el citado recurrente

en amparo, en su condición de administrador de la

sociedad- la realización, en sus respectivos casos, de los

actos que se describen en el relato de hechos probados.

Así, amén de las referencias de dicho relato al

otorgamiento de escrituras y transferencias de fondos dentro

del período en que dicho recurrente era administrador,

se dice en la primera de dichas Sentencias,

concretamente en el fundamento jurídico 4, al acoger y estimar

el motivo sexto del recurso de casación, al referirse a

la escrituración de parcelas, construcción de naves y

simulación de créditos, que de las posibilidades

económicas que pudiera tener la empresa "no surge ningún

derecho de los administradores a utilizar en propio

beneficio los fondos sociales" y que "tales circunstancias no

justifican la disminución del activo causada por los

administradores". Además, en el contexto de tales

afirmaciones ha de entenderse las que se contienen en la

segunda de las Sentencias, al referirse, estimando la

autoría de todos los ahora recurrentes en amparo, a las

transferencias de fondos sociales y al otorgamiento de

escrituras públicas a favor de los socios.

6. También en el recurso de amparo 1.255/97,

interpuesto en representación del Sr. Espinosa Pastor,

se invoca la vulneración del derecho a la tutela judicial

efectiva por contener una interpretación del tipo delictivo

arbitraria y manifiestamente irrazonable (art. 24.1 C.E.).

Ya queda indicado que en el fundamento jurídico 4 de

la citada Sentencia del Tribunal Supremo se contiene

una serie de argumentos expresivos de las razones de

la estimación del recurso de casación que había

interpuesto la acusación particular. No se aprecia la

irracionalidad o arbitrariedad que pudieran justificar la revisión

de tales razonamientos en el presente recurso de

amparo, respecto de los extremos a los que se refiere el

recurrente en este particular. Así, la Sentencia recurrida

aporta motivación suficiente para apreciar la existencia

de una relación de causalidad entre las operaciones

realizadas por los recurrentes en amparo y el agravamiento

de la situación económica de la empresa, e igualmente

ofrece una serie de consideraciones, que en absoluto

cabe calificar de arbitrarias o irrazonables, sobre el dolo

del autor en esta figura delictiva, así como sobre el

carácter de condición objetiva de punibilidad de la previa

declaración de quiebra fraudulenta por el Juez civil. Se

trata, en definitiva, de cuestiones cuyo examen y

determinación corresponden a la jurisdicción ordinaria, en

cuanto insertas en el ámbito de la interpretación de la

legalidad ordinaria.

7. El derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2

C.E.) se invoca como vulnerado en los expresados

recursos de amparo núms. 1.255 y 1.292/97. Es doctrina

reiterada de este Tribunal que, cuando se alega la

vulneración del derecho a la presunción de inocencia, ha

de tenerse en cuenta que ni el art. 24.2 C.E. cuestiona

la específica función judicial de calificación y subsunción

de los hechos probados en las normas jurídicas

aplicables, ni compete en amparo a este Tribunal evaluar

la actividad probatoria con arreglo a criterios de calidad

u oportunidad. Como dice la STC 189/1998, de 28 de

septiembre (y, en igual sentido, entre otras, las SSTC

220/1998, de 20 de noviembre, y 120/1999, de 28

de junio), "sólo cabrá constatar una vulneración del

derecho a la presunción de inocencia cuando no haya

pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos

judiciales hayan valorado una actividad probatoria lesiva de

otros derechos fundamentales o carente de garantías,

o cuando no se motive el resultado de dicha valoración,

o, finalmente, cuando por ilógico o insuficiente no sea

razonable el iter discursivo que conduce de la prueba

al hecho probado".

En lo que se refiere al recurso núm. 1.255/97 en

ningún momento, fuera de la invocación formal del

derecho, se desarrollan los motivos por los cuales tal

vulneración se ha podido producir. Debe resaltarse, en todo

caso, que, como indica el Ministerio Fiscal, ni siquiera

se pone en tela de juicio la existencia de prueba de

cargo, limitándose la discrepancia a las consecuencias

jurídicas que establece el Tribunal Supremo.

Respecto del recurso núm. 1.292/97, ya queda

indicado que la invocación de la vulneración de este derecho

se hace en relación con la omisión de efectiva realización

de hechos típicos por parte del recurrente en amparo.

Ya se ha dado respuesta a esta alegación, concretamente

en el fundamento jurídico 4 de esta Sentencia. Se indica,

asimismo, la ausencia de prueba respecto de la autoría,

imputada al recurrente, de tales hechos típicos. La

abundante prueba practicada en el procedimiento -las

propias declaraciones de los acusados así como de los

testigos en el juicio oral, la documental-, a la que también

se alude en la Sentencia de instancia, prueba sobre la

que se sustenta el relato fáctico, impide que pueda

estimarse infringido tal derecho fundamental.

8. Se alega también en el recurso núm. 1.292/97

la vulneración del derecho a la igualdad en la aplicación

de la Ley (art. 14 C.E.). Pues bien, en el presente caso

no puede decirse que la Sala de lo Penal del Tribunal

Supremo haya dictado una resolución que se aparte de

su consolidada doctrina sobre responsabilidad penal de

los administradores de las sociedades, en virtud de los

hechos por ellos realizados y que conducen (atendiendo

al supuesto que ahora se considera) a la declaración

de quiebra de éstas, declaración incluida en el tipo penal.

En primer lugar, ya se ha indicado que en la Sentencia

recurrida no se fundamenta la imputación penal en la

mera condición formal de administrador social de los

ahora recurrentes en amparo, sino en la efectiva

realización por éstos de los actos típicos penales. En

segundo lugar, si bien es cierto que hasta la introducción en

el Código Penal del art. 15 bis (por la Ley Orgánica

8/1983) tal atribución de responsabilidad criminal no

se hallaba explícitamente establecida por ley, también

lo es que dicha atribución de responsabilidad era la

solución reiteradamente adoptada por la Sala de lo Penal

del Tribunal Supremo, conforme a criterios de

interpretación sistemática y teleológica, que es precisamente

la solución adoptada en este caso por la Sentencia ahora

recurrida.

9. Finalmente, y en lo que respecta al recurso núm.

1.271/97, promovido por don Antonio Antón Navarro,

ha de entenderse, de conformidad con el Ministerio

Fiscal, que se ha producido una carencia sobrevenida de

objeto, una vez que la propia Sala de lo Penal del Tribunal

Supremo dictó el Auto de aclaración de 25 de abril de

1997 (posterior a la demanda de amparo) en los

términos que se expresan en el apartado e) del segundo

de los antecedentes de esta Sentencia. Con ello se

subsanó el evidente error deslizado en la segunda de las

Sentencias del Tribunal Supremo, haciendo con ello que

sean coherentes el fundamento jurídico único (en el que,

al sustituir la mención de un supuesto "Tomás Pastor

Navarro" por "Antonio Antón Navarro", se viene a decir

que es éste uno de los autores de los hechos) con el

fallo (en el que ya se condenaba al expresado Antonio

Antón Navarro). En consecuencia, ya no puede hablarse,

en relación con ello, de incongruencia interna o

incoherencia que fuera generadora de falta de la tutela

judicial efectiva que proclama el art. 24.1 C.E. En efecto,

la pretensión de amparo, relativa a la nulidad de la

Sentencia del Tribunal Supremo, tenía como único

fundamento la incongruencia interna o incoherencia apreciada

entre la fundamentación jurídica y el fallo de dicha

Sentencia. Por ello, y dado que el recurso ha quedado sin

contenido, ha de desestimarse el mismo.

Por último, debe recordarse que, de acuerdo con

reiterada doctrina de este Tribunal (STC 39/1999, de 22

de marzo, FJ 2, y las que en ella se citan), la demanda

de amparo fija el objeto del proceso constitucional, sin

que sea posible una modificación ulterior (por ejemplo,

en el trámite previsto en el art. 52 LOTC) con la cita

de nuevos derechos fundamentales supuestamente

vulnerados. Deben quedar, por lo tanto, al margen de toda

consideración en el presente recurso núm. 1.271/97

las referencias que al derecho a la tutela judicial efectiva

(bien que sobre la base de hechos diferentes de los

relacionados en la demanda), al derecho a la legalidad penal,

a la igualdad y a la libertad se hacen por primera vez

en el escrito de alegaciones que el recurrente en amparo

presentó el 24 de marzo de 1998, en el trámite del

citado art. 52 LOTC.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal

Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN

DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Desestimar los presentes recursos de amparo.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del

Estado".

Madrid, a 10 de julio de 2000.-Pedro Cruz Villalón.

Manuel Jiménez de Parga y Cabrera.-Pablo García

Manzano.-Pablo Cachón Villar.-Fernando Garrido

Falla.-María Emilia Casas Baamonde.-Firmado y

rubricado.

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