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Documento BOE-T-2000-12312

Sala Segunda. Sentencia 141/2000, de 29 de mayo de 2000. Recurso de amparo 4.233/1996. Promovido por don Pedro Carrasco Carrasco frente a la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia que, estimando parcialmente la apelación interpuesta por su esposa, redujo el régimen de visitas a los hijos del matrimonio que había fijado el Juzgado de Primera Instancia. Vulneración del derecho a la libertad de creencias: restricción de los derechos de visita de un padre, miembro del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de España, justificada únicamente por su pertenencia a un movimiento espiritual, sin prueba alguna sobre riesgos o perjuicios para sus hijos menores de edad.

Publicado en:
«BOE» núm. 156, de 30 de junio de 2000, páginas 40 a 46 (7 págs.)
Sección:
T.C. Suplemento del Tribunal Constitucional
Departamento:
Tribunal Constitucional
Referencia:
BOE-T-2000-12312

TEXTO ORIGINAL

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional,

compuesta por don Carles Viver Pi-Sunyer, Presidente; don

Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González

Campos, don Tomás S. Vives Antón, don Vicente Conde

Martín de Hijas y don Guillermo Jiménez Sánchez,

Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 4.233/96, promovido

por don Pedro Carrasco Carrasco, representado por el

Procurador de los Tribunales don Isacio Calleja García,

y asistido por el Letrado don Juan A. López Carrillo,

contra la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia,

Sección Séptima, de 24 de octubre de 1996, recaída

en autos del juicio de separación núm. 696/95. Han

intervenido doña Carmen García Ribes, representada por

el Procurador de los Tribunales don Federico Pinilla Peco

y asistida por la Letrada doña Herminia Royo García,

y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado

don Tomás S. Vives Antón, quien expresa el parecer

de la Sala.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el

21 de noviembre de 1996, proviniente del Juzgado de

guardia de los de Madrid, en el que había sido presentado

el 19 de noviembre del mismo año, el Procurador de

los Tribunales don Isacio Calleja García, en nombre y

representación de don Pedro Carrasco Carrasco, y con

la asistencia letrada de don Juan A. López Carrillo,

interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la

Audiencia Provincial de Valencia, Sección Séptima, de 24 de

octubre de 1996, recaída en autos del juicio de

separación y divorcio núm. 696/95, por presunta vulneración

del derecho a la libertad ideológica y religiosa (art. 16.1

C.E.).

2. Los hechos de los que trae causa la demanda

de amparo relevantes para la resolución del caso son,

en síntesis, los siguientes:

a) Con fecha de 18 de mayo de 1995, doña Carmen

García Ribes formuló demanda de separación

matrimonial contenciosa contra don Pedro Carrasco Carrasco,

en la que entre otros extremos señalaba que desde la

incorporación de su esposo al denominado "Movimiento

Gnóstico Cristiano Universal de España", el señor

Carrasco había hecho dejación de sus obligaciones familiares,

"presionado" a su esposa para que se adhiriera a dicha

organización, condicionado las relaciones íntimas de la

pareja a los preceptos de dicha organización e incluso

abandonado el hogar conyugal para residir en otra

vivienda de propiedad de la sociedad de gananciales. Entre

las medidas solicitadas se interesaba la restricción del

régimen de visitas del señor Carrasco a los dos hijos

habidos en el matrimonio, ambos menores de edad (de

cinco y doce años), como consecuencia de su

pertenencia a dicho movimiento y por el proselitismo que

de su ideario hacía tanto para con su esposa como para

con sus hijos "por su deseo de liquidar sus bienes e

ir a vivir con sus compañeros de militancia", resultando

conveniente, se seguía diciendo en la demanda de

separación, "mantener a los menores al margen de cualquier

tipo de adoctrinamiento que les pueda acarrear

perjuicios en su desarrollo psicológico y en su educación".

Se solicitaba también un régimen de visitas en fin de

semana atendiendo al "peculiar hábito alimenticio que

sigue el padre según los preceptos del movimiento al

que pertenece".

El ahora demandante de amparo, señor Carrasco,

contestó a la demanda y reconvino, oponiéndose en

particular a las restricciones al régimen de visitas solicitadas

por su esposa, señora García. En su contestación,

argumentaba el señor Carrasco que de ningún modo había

hecho proselitismo de sus creencias en el seno de su

familia, y que su conducta en todo caso resultaba

amparada por el ejercicio de la libertad religiosa garantizada

en el art. 16 C.E. A su juicio, la causa de la ruptura

matrimonial estaba en el desafecto entre ambos

cónyuges y el deterioro de sus relaciones, hasta el punto

de haber motivado su traslado a otra vivienda propiedad

del matrimonio. Junto con la contestación a la demanda,

el ahora recurrente en amparo aportó copia de los

Estatutos del "Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de

España", inscrita en el Registro de Asociaciones, según

diligencia de 4 de febrero de 1991 del Ministerio del

Interior y un folleto explicativo del fin social y las

actividades de dicha asociación.

b) Entre las diversas pruebas practicadas en el

proceso civil, debe señalarse por su relevancia para el

presente recurso de amparo el Informe del Equipo

Psicosocial, de 8 de noviembre de 1995, en el cual se concluye

que aunque el señor Carrasco no ha supuesto una

influencia negativa para la educación y socialización de

los menores, sí se han advertido síntomas de alteración

emocional o pérdida de capacidad de percepción de la

realidad. Por ello, el Informe también constató que no

se habían apreciado razones en contra para que la

relación paterno-filial se desarrollase mediante un régimen

ordinario de visitas. No obstante, se advierte en dicho

Informe, de la información obrante en autos sobre la

asociación podría desprenderse el carácter de "secta

destructiva" de la misma "y, en consecuencia, la relación

de los niños con la misma tendría un potencial efecto

negativo en su desarrollo, por lo que se estima debería

evitarse dicho contacto excluyéndolo, explícitamente, en

la regulación del régimen de visitas".

c) El Juzgado de Primera Instancia núm. 8 de

Valencia dictó Sentencia el 11 de diciembre de 1995

estimando parcialmente la demanda y la reconvención

formuladas por ambos cónyuges, declarando la separación

matrimonial dada la ausencia de affectio maritalis entre

ambos, incumpliendo sus deberes de respeto, ayuda y

mutuo socorro (fundamento de derecho 2). La Sentencia

acordó también la disolución de la sociedad de

gananciales y las siguientes medidas sobre los hijos menores:

Atribuir su guarda y custodia a la esposa, compartiendo

ambos progenitores la patria potestad, y estableciendo

como régimen de visitas a favor del padre los fines de

semana alternos desde las veinte horas del viernes hasta

las veinte horas del domingo, la mitad de las vacaciones

de Navidad, Semana Santa, Fallas y de verano,

añadiendo, "con prohibición expresa al padre de hacer partícipe

a sus hijos de sus creencias religiosas así como la

asistencia de los menores a cualquier tipo de acto que tenga

relación con aquéllas".

d) La señora García Ribes apeló la Sentencia de

instancia, impugnando la cuantía de la pensión de alimentos

acordada para los hijos del matrimonio y lo relativo a

las medidas adoptadas para preservar a los menores

de las creencias y actividades de su padre como miembro

del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de España,

al tenerlas por insuficientes, invocando a tal efecto el

art. 27.3 C.E. Por su parte, el Ministerio Fiscal y el

apelado, ahora demandante de amparo, señor Carrasco,

solicitaron la confirmación íntegra de la Sentencia apelada.

La Audiencia Provincial de Valencia, Sección Séptima,

dictó Sentencia el 24 de octubre de 1996 estimando

parcialmente el recurso de apelación, acordando

respecto del régimen de visitas su limitación a fines de semana

alternos desde las diez horas hasta las veinte horas,

sábados y domingos, "sin pernoctar en domicilio del apelado,

suprimiendo todos los períodos vacacionales,

confirmando la sentencia sic de instancia en el resto de sus

pronunciamientos". Razonaba la Audiencia Provincial

(apartado B del fundamento de derecho 1) que la apelante

estimó insuficientes las medidas acordadas en la

instancia para preservar el interés de los menores frente

a la influencia de las ideas y prácticas del citado

Movimiento, que la esposa tiene por "secta", en el que

profesaba su padre, siendo justamente esta circunstancia

el motivo último sobre el que se estribó la demanda

de separación. Decía la Sentencia de apelación que no

cabía duda sobre la incompatibilidad entre la "vida

interior y la exterior" del señor Carrasco, "colisionando con

la forma de vida actual", lo que a juicio del órgano judicial,

hacía preciso examinar si concurrían en el caso

circunstancias de tal gravedad como para aconsejar la limitación

de su régimen de visitas a los hijos, menores de edad.

A la vista del Informe del Equipo Psicosocial que

constaba en las actuaciones, la organización a la que el señor

Carrasco podía ser considerada una "secta destructiva",

en contra de lo alegado por éste quien la calificó de

"asociación religiosa", lo que llevaba en aquel Informe

a concluir la conveniencia de que, si bien habían de

mantenerse las relaciones paterno-filiales, el régimen de

visitas debiera someterse a ciertas restricciones para

preservar a los menores de dicha organización. La Audiencia

Provincial, ante el conflicto planteado entre las partes,

pues una, el apelado, invocó el art. 16 C.E., y la otra,

la apelante, hizo lo propio con el art. 27.3 C.E. (derecho

de los padres a que sus hijos reciban la formación

religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias

convicciones), al considerar el primero que la restricción

del régimen de visitas por razón de su profesión en la

mentada asociación vulneraría su libertad ideológica y

religiosa, y argüir la segunda que el régimen de visitas

estipulado en la instancia resultaba insuficiente al poder

producirse en su desarrollo la lesión de su derecho

garantizado en el art. 27.3 C.E., pues de hecho los menores

ya habían asistido a alguna de las reuniones del

Movimiento Gnóstico, fundó su fallo en los siguientes

términos:

"A la vista del conjunto de actuaciones, y de la causa

inmediata de la separación, cese de la convivencia por

incompatibilidad ideológica-religiosa con la apelante, sin

que haya existido posibilidad de continuar en la

convivencia pese a esa dualidad de creencias, este órgano

debe tutelar el derecho de los menores de que su

formación, religiosa y moral, continúe desarrollándose en

la forma que ambos progenitores decidieron de común

acuerdo, precisando que no pueden ser sometidos los

menores a dos tipos de formación moral, totalmente

incompatibles entre sí, más como este órgano ha

formado una convicción de que el apelado no separa en

su relación con los menores sus vivencias en el referido

Movimiento Gnóstico Cristiano Universal, y que el

contenido ideológico del mismo puede afectar

psíquicamente a los dos hijos menores, dada la invocación a

planteamientos ideológicos esotéricos (oculto, solo

perceptible para iniciados), el desdoblamiento Astral en una

quinta dimensión, el culto desmesurado al Fundador, la

teoría sobre las relaciones sexuales como algo nocivo,

etc., debe imponerse una restricción superior a la

establecida en la sentencia de instancia, de forma tal que

no exista la posibilidad de asistencia y participación de

los menores en el Movimiento, y que la apelante, a quien

se le ha atribuido la guarda y custodia, pueda tener una

continua comunicación con los menores, de ahí que se

supriman todos los períodos vacacionales, y que los fines

de semana alternos se desarrollaran a elección del

apelado, desde las diez horas hasta las veinte horas del

sábado y domingo, sin que pernocten en el domicilio

del apelado, por lo que debe estimarse en parte el recurso

en este particular."

3. El recurrente en amparo, señor Carrasco,

impugna únicamente la Sentencia de la Audiencia Provincial,

al considerar que la misma ha vulnerado su derecho

a la libertad ideológica y religiosa (art. 16.1 C.E.) al

restringir su régimen de visitas a sus hijos menores con

motivo de su pertenencia al Movimiento Gnóstico

Cristiano Universal de España. A su juicio, el derecho de

visitas no tiene por finalidad satisfacer los deseos de

los padres, sino el interés del menor y la garantía y

protección que merece su desarrollo personal equilibrado

y armónico, para lo que el contacto cotidiano con sus

progenitores es indispensable. A partir de este criterio

general, el art. 94 C.C. permite la limitación del derecho

de visita sólo en el caso de que concurran circunstancias

reales y ciertas de suma gravedad que puedan afectar

a aquel desarrollo adecuado de la personalidad del

menor. Por ello, resulta indispensable que se produzca

semejante perjuicio y que éste pueda interferir en el

desarrollo personal del menor para fundar la limitación

del derecho de visita. De no probarse la concurrencia

palmaria e inequívoca de tan excepcionales

circunstancias debe primarse el espíritu de la norma. Al hilo de

lo dicho, concluye el demandante de amparo que la mera

pertenencia a la mentada Asociación ha llevado a la

Audiencia Provincial, con conculcación del art. 16 C.E.,

a considerar que ha habido una colisión con la formación

ya recibida por los menores, aconsejando se mantenga

la acordada en su día por ambos progenitores.

Aduce el recurrente sobre este extremo que no se

ha probado en las actuaciones que en efecto hubiese

tal acuerdo entre los cónyuges y que la educación elegida

hubiese sido la cristiana, sin que deba soslayarse, sigue

diciendo, que en este caso ambos progenitores profesan

creencias diversas y, justamente, esta diversidad puede

aumentar la riqueza de la formación de los menores

con el conocimiento de diferentes creencias, por lo que

no es conforme a la Constitución limitar el contacto

paterno-filial por mostrar un criterio ideológico y religioso

diverso al de la madre. No se ha probado tampoco la

existencia de hechos graves que entorpezcan o

menoscaben el adecuado desarrollo personal de los menores,

ni se ha acreditado que la pertenencia del recurrente

al Movimiento Gnóstico citado haya perjudicado o

impe

dido dicho desarrollo, sin que le sea exigible la prueba

diabólica de que, en efecto, no los perjudicó. Por todo

ello, la Resolución de la Audiencia Provincial habría

vulnerado su libertad ideológica y de religión.

4. Por providencia de 21 de marzo de 1997, la

Sección Tercera de este Tribunal acordó admitir a trámite

la demanda de amparo, y, a tenor de lo dispuesto en

el art. 51 LOTC, requerir de la Sección Séptima de la

Audiencia Provincial de Valencia testimonio del rollo de

apelación núm. 13/96 y al Juzgado de Primera Instancia

núm. 8 de Valencia el de las actuaciones del juicio de

separación 696/95, debiendo emplazar previamente a

quienes hubiesen sido parte en dicho procedimiento, a

excepción de los recurrentes en amparo, para que

puedan comparecer si lo estimasen conveniente en este

proceso constitucional.

Mediante providencia de la misma fecha, la Sección

acordó formar la oportuna pieza separada para la

tramitación del incidente de suspensión de la ejecución

de la Sentencia de 15 de abril de 1997, que fue

denegada por Auto núm. 153/1997, de 19 de mayo de 1997,

de la Sala Segunda.

5. Mediante escrito registrado en este Tribunal el

23 de abril de 1997, interesó su personación en el

presente recurso de amparo doña Carmen García Ribes,

representada por el Procurador de los Tribunales don

Federico Pinilla Peco y asistida por su Letrada doña

Herminia Royo García.

6. La Sección Cuarta acordó mediante providencia

de 29 de mayo de 1997 tener por personado y parte

en el procedimiento a la señora García Ribes, y dar vista

de las actuaciones recibidas a las partes personadas y

al Ministerio Fiscal para que, a tenor de lo dispuesto

en el art. 52.1 LOTC, pudieren presentar en el oportuno

plazo cuantas alegaciones estimaren pertinentes.

7. Por escrito registrado en este Tribunal el 27 de

junio de 1997, proviniente del Juzgado de guardia donde

ingresó el 28 de junio, elevó sus alegaciones el

recurrente en amparo, reproduciendo las ya hechas en su

demanda de amparo.

8. La señora García Ribes elevó sus alegatos por

escrito registrado en este Tribunal el 10 de junio de

1997, interesando la desestimación del recurso de

amparo. Razona en su escrito que la Sentencia de la Audiencia

Provincial no ha vulnerado la libertad ideológica y

religiosa del demandante de amparo, sino que se limita

a adoptar las medidas pertinentes, con arreglo a lo

dispuesto en el art. 94 C.C., en interés de los menores,

con el objeto de preservarles de los graves perjuicios

que a su desarrollo personal pudiere irrogarle la

influencia de las creencias que profesa su padre. Abunda en

su alegato la parte señalando que el Movimiento

Gnóstico Cristiano Universal de España posee todas las

características de ser una secta regida por principios contrarios

a la libertad individual que pudieren menoscabar

gravemente la de los menores en cuestión, habida cuenta

además de su corta edad.

9. Mediante escrito registrado en este Tribunal

el 1 de julio de 1997, elevó sus alegaciones el Ministerio

Fiscal solicitando la estimación del amparo. El Ministerio

Público inicia sus alegatos señalando que, aun cuando

no se ha impugnado la Sentencia del Juzgado de Primera

Instancia, considera que debe paliarse esta deficiencia

de la demanda, ampliando, si éste fuere el caso, el fallo

de la Sentencia de amparo que estimase la violación

del art. 16 C.E. a la de instancia, pues también incurriría

en la misma infracción que se le reprocha a la de la

Audiencia Provincial. A continuación sigue razonando

el Fiscal, coincidiendo con el demandante de amparo

en este extremo, que en el caso no se han acreditado

las concurrencias de las graves circunstancias que con

arreglo al art. 94 C.C. autorizan al Juez para la limitar

la relación paterno-filial, lo que, en el caso de autos,

supuso también la infracción del art. 16 C.E. al acordar

un poder público la limitación al régimen de visitas con

ocasión de la ideología del recurrente como miembro

del Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de España.

El Ministerio Fiscal acude a la doctrina del Tribunal

Constitucional (con cita de las SSTC 20/1990,

120/1990, 137/1990, ATC 19/1992) para recordar

que éste ha señalado que la libertad ideológica del art.

16 C.E. posee una dimensión externa consistente en

el derecho a actuar acorde con las propias creencias,

sin que por ello pueda recibirse perjuicio alguno,

operando el art. 16 como una cláusula de indemnidad frente

a los actos de los poderes públicos. Como también se

dijo en esa jurisprudencia que debían ponderarse los

intereses en presencia. Pues bien, aduce el Ministerio

Fiscal, en el caso de autos, tanto el Juzgado como la

Audiencia, imponen al ahora demandante de amparo

un deber de abstención de hacer partícipes a sus hijos

de sus creencias fundado únicamente en el hecho de

profesar en el citado Movimiento sin prueba fehaciente

que sustente lo dañoso de esa influencia y sin

fundamento legal para dicha restricción. Arguye el Fiscal que

la Audiencia Provincial en particular no tuvo en cuenta

la libertad ideológica del recurrente (art. 16 C.E.), sino

que estribó toda su argumentación en el derecho a la

educación invocado por la esposa y madre de los

menores (art. 27.3 C.E.), sin ponderar ambos derechos; no

examinó la prueba practicada y si sus resultados

demostraban efectivamente lo pernicioso de la creencia y de

su influencia en los menores, además de que la Audiencia

apoyó su fallo en un posible daño futuro, y no sobre

la acreditación de un daño real y actual.

Concluye el Ministerio Fiscal señalando que los

órganos judiciales no han hecho en sus Sentencias, sino

sancionar al ahora demandante de amparo con ocasión de

sus creencias religiosas, sin que dicha restricción a su

libertad ideológica y religiosa se funde en la acreditación

de un daño realmente existente para el desarrollo

personal de los menores, sino que parte del riesgo de un

daño potencial en su formación.

10. Por providencia de 25 de mayo de 2000, se

señaló para la deliberación y votación de la presente

Sentencia el día 29 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. En el presente recurso, el señor Carrasco solicita

nuestro amparo frente a la Sentencia de la Audiencia

Provincial de Valencia que, estimando el recurso de

apelación promovido por su esposa en los autos de su

proceso de mutua separación, no se limitó a confirmar las

medidas acordadas por el Juez de Primera Instancia,

sino que además restringió el régimen de visitas

dispuesto en la instancia privándole de las que le

correspondían en las vacaciones de verano, Navidad, Semana

Santa y las Fallas, y reduciendo las visitas de fin de

semana alternos desde las diez horas hasta las veinte

horas del sábado y el domingo, con expresa prohibición

de que los menores pernoctasen con su padre. La

Audiencia Provincial adoptó semejantes medidas como

una forma de resolver el conflicto entre la libertad

ideológica y religiosa del padre (art. 16.1 C.E.) y el derecho

que asiste a los padres de que sus hijos reciban una

formación religiosa y moral conforme a sus convicciones

(art. 27.3 C.E.). El órgano judicial fundó su resolución

principalmente en el Informe Psicosocial que constaba

en las actuaciones, de cuyas conclusiones se subrayó

la circunstancia de que el citado movimiento podía ser

una secta destructiva, aconsejando la adopción de

medi

das que impidiesen al padre hacer partícipe a sus hijos

de las creencias profesadas por él como miembro de

aquella, habida cuenta de la corta edad de los menores

(doce y cuatro años) y su vulnerabilidad. La apelación,

en aplicación de lo dispuesto en el art. 94 C.C., consideró

que en el caso concurrían graves circunstancias que

aconsejaban la alteración del régimen ordinario de visitas

con el objeto de prevenir el riesgo de que los menores

pudieren ver alterado su desarrollo personal,

considerando a tal efecto insuficientes las medidas acordadas

por el Juez de Primera Instancia.

El señor Carrasco invoca frente a dicha Sentencia

de apelación el art. 16.1 C.E., aduciendo que su libertad,

que en unos casos el recurrente identifica con la

ideológica y en otros con la religiosa, ha sido vulnerada

porque la única razón sobre la que se sustenta aquella

resolución judicial, y más en concreto, la severa restricción

de sus derechos de visita a sus hijos menores consiste,

justamente, en las creencias que profesa como miembro

y practicante del Movimiento Gnóstico Cristiano

Universal de España, sin que se haya probado ni que sus

creencias sean efectivamente peligrosas o perjudiciales para

el desarrollo personal de sus hijos, ni que hubiese

acuerdo alguno entre los cónyuges, padres de dichos menores,

por el cual la formación religiosa y moral que debieran

recibir fuese la profesada por la madre. En opinión del

recurrente, la Audiencia Provincial ha presumido de su

pertenencia a dicho movimiento la existencia de graves

riesgos para el desarrollo personal de sus hijos, de

hacerles partícipes de sus creencias, imponiéndole la prueba

de que no existía semejante riesgo grave.

La esposa del señor Carrasco, madre de los menores,

personada en este proceso constitucional, alega la

existencia de un riesgo cierto sobre el desarrollo personal

de los hijos menores de edad de no impedir de modo

efectivo que su padre les inculque sus creencias y les

haga partícipe de las mismas, habida cuenta de que

la organización a la que pertenece es, a su juicio, una

secta destructiva de la libertad y personalidad de

aquéllos que ingresan en la misma, constándole que ya les

ha acompañado a algún acto de la misma. Por su parte

el Ministerio Fiscal solicita el otorgamiento del amparo

señalando que la Sentencia de apelación, y también la

de instancia, han sancionado civilmente al recurrente

en amparo con ocasión de sus creencias religiosas, sin

que dicha restricción a su libertad ideológica y religiosa

se haya fundado en la prueba cierta de un daño real

y actual para el desarrollo personal de los menores, sino

a partir de la presunción de un riesgo potencial de que

así podría ser a la vista de las creencias que profesa

su padre.

Estos son los términos en los que ha transcurrido

el debate entre quienes han intervenido en este amparo,

a los que se limita el objeto del mismo sin que quepa,

como sugiere el Ministerio Fiscal, ampliar la demanda,

entendiendo impugnada la Sentencia del Juzgado de

Primera Instancia y, con ella, las prohibiciones de hacer

a los hijos menores de edad partícipes de las creencias

del padre o de las manifestaciones externas de dichas

creencias.

2. Para un mejor entendimiento del caso y de su

resolución, es preciso acotar con exactitud en qué

consiste realmente la aducida lesión de la genérica libertad

de creencias del señor Carrasco, que, en definitiva,

resulta ser el objeto último protegido en el art. 16 C.E., y

el único invocado por el demandante de amparo, al que,

por tanto, debe atenerse nuestro examen.

Pues bien, de lo que no cabe duda, es que el

recurrente señor Carrasco considera que la Sentencia dictada

por la Audiencia Provincial ha vulnerado su libertad de

creencias, sean éstas de índole religioso o secular,

determinación que resulta irrelevante para la adecuada

resolución del caso, como se desprende de las SSTC

292/1993, de 18 de octubre, FJ 5, y 173/1995, de

21 de noviembre, FJ 1, que cita en su demanda, dado

que, como puntualiza ulteriormente, con cita de la STC

20/1990, de 28 de febrero, no debe olvidarse que este

Tribunal ha afirmado que la libertad de creencias

garantizada en el art. 16.1 C.E. protege frente a cualquier

clase de compulsión externa de un poder público en

materia de conciencia que impida o sancione a una

persona por creer en lo que desea (dimensión interna) y

hacer manifiesta su creencia si así lo quiere (dimensión

externa). Esta, justamente, es la queja vertida por el

demandante de amparo: Que la Audiencia Provincial ha

presumido que sus convicciones personales son

gravemente dañinas para el libre desarrollo de sus hijos,

restringiendo, en consecuencia, sin justificación alguna los

derechos civiles que le corresponden en su condición

de padre y, por consiguiente, discriminándole por

aquéllas. De esta forma, sostiene el señor Carrasco, un poder

público ha conculcado la garantía de indemnidad que

contiene el art. 16.1 C.E.

3. El Juez de Primera Instancia atendió a la

pretensión de la madre de que se impidiese al esposo, y

padre de los menores, que hiciese partícipes a éstos

de sus creencias, las cuales, a juicio de la madre, fueron

la causa de la crisis matrimonial y profesadas por una

"secta destructiva", en opinión, una vez más, de la madre.

Con tal motivo, y con la documentación aportada por

el ahora recurrente en amparo sobre el ideario del

Movimiento Gnóstico Cristiano Universal de España, y el

Informe Psicosocial del que se ha hecho mérito en los

antecedentes, acordó prohibir al padre hacer partícipes a

sus hijos de sus creencias y su asistencia a cualquier

acto de manifestación de las mismas. Esta fue la única

medida adoptada, pues ni privó al padre de la patria

potestad sobre sus hijos, compartida con la esposa quien

conservaba la guarda y custodia (extremo en ningún

momento discutido en este amparo ni anudado a la

eventual lesión de la libertad de creencias del padre), ni alteró

sustancialmente el régimen de visitas con arreglo a lo

dispuesto en el art. 94 C.C., y habitualmente acordado

por los tribunales de justicia. Así pues, la medida judicial

afectaba no al régimen y tratamiento jurídico de las

relaciones paterno-filiales, sino al uso que el progenitor podía

dar al tiempo de disfrute y convivencia con sus hijos,

sin que se le impida cualquier otro tipo de actividad.

Por el contrario, la Audiencia Provincial, ante la queja

de la madre de los menores acerca de la insuficiencia

de las medidas adoptadas en la instancia, y sin que

conste la práctica de nuevas pruebas, decide extender la

medida reduciendo de forma drástica el régimen de

visitas acordado inicialmente, privando al padre de los

períodos vacacionales y reduciendo las visitas de fines de

semana, impidiendo que los menores pernocten con su

padre. Es patente, en fin, que la Audiencia Provincial

ha adoptado una medida (que no es cautelar, pues forma

parte del régimen del matrimonio disuelto, sin perjuicio

de su revisibilidad, de darse las condiciones del art. 91

C.C.) cualitativamente distinta a la adoptada por el Juez

de Primera Instancia, pues no sólo veda la posibilidad

de que el padre haga uso del tiempo de visita y de

contacto con sus hijos para hacer proselitismo de sus

creencias, sino también restringe de forma harto severa

el régimen de las mismas.

A la vista de los autos, tan indiscutible es que la

libertad de creencias del señor Carrasco, padre de los

menores, se ha visto concernida por las resoluciones

judiciales, como que tanto una resolución del Juzgado,

no impugnada, como la de la Audiencia, que es objeto

de este recurso de amparo, representan limitaciones a

la libertad de creencias del padre, constriñéndose la

cuestión litigiosa a examinar si el recurrente, dado su agere<!--BORRAR--!><!--NEW_PAGE_156_T_00044.pst.asc2>

licere constitucionalmente garantizado por el art. 16.1

C.E., debe soportar las limitaciones que el Tribunal de

apelación le ha impuesto, que no inciden directamente

en sus convicciones, pero sí lo hacen en el estatuto

jurídico que de las mismas deriva (SSTC 19/1985, de 13

de febrero, FJ 2; 166/1996, de 28 de octubre, FJ 2;

177/1996, de 11 de noviembre, FJ 9; SSTEDH, caso

Kokkinakis 32 y 36, y Larisiss 38 y 45; como

ocurrió, mutatis mutandis, en el caso Hoffmann, resuelto

por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos). Habida

cuenta de que, como ya ha dicho este Tribunal, los límites

a la libertad de creencias están sometidos a una

interpretación estricta y restricta (SSTC 20/1990, de 15 de

febrero, FFJJ 3 y 5; 120/1990, de 27 de junio, FJ 10,

y 137/1990, de 19 de julio, FJ 8).

4. La libertad de creencias, sea cual sea su

naturaleza, religiosa o secular, representa el reconocimiento

de un ámbito de actuación constitucionalmente inmune

a la coacción estatal garantizado por el art. 16 C.E., "sin

más limitación, en sus manifestaciones, que las

necesarias para el mantenimiento del orden público protegido

por la ley". Ampara, pues, un agere licere consistente,

por lo que ahora importa, en profesar las creencias que

se desee y conducirse de acuerdo con ellas, así como

mantenerlas frente a terceros y poder hacer proselitismo

de las mismas. Esa facultad constitucional tiene una

particular manifestación en el derecho a no ser discriminado

por razón de credo o religión, de modo que las diferentes

creencias no pueden sustentar diferencias de trato

jurídico (SSTC 1/1981, de 26 de enero, FJ 5; AATC

271/1984, de 9 de mayo; 180/1986, de 21 de febrero;

480/1989, de 2 de octubre; 40/1999, de 22 de febrero;

STEDH caso Hoffmann, 33 y 36, por remisión del

38), posee una distinta intensidad según se proyecte

sobre la propia conducta y la disposición que sobre la

misma haga cada cual, o bien lo haga sobre la

repercusión que esa conducta conforme con las propias

creencias tenga en terceros, sean éstos el propio Estado o

los particulares, bien pretendiendo de ellos la

observancia de un deber de abstenerse de interferir en nuestra

libertad de creencias o bien pretendiendo que se

constituyan en objeto y destinatarios de esas mismas

creencias. Cuando el art. 16.1 C.E. se invoca para el amparo

de la propia conducta, sin incidencia directa sobre la

ajena, la libertad de creencias dispensa una protección

plena que únicamente vendrá delimitada por la

coexistencia de dicha libertad con otros derechos

fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos.

Sin embargo, cuando esa misma protección se reclama

para efectuar manifestaciones externas de creencias,

esto es, no para defenderse frente a las inmisiones de

terceros en la libertad de creer o no creer, sino para

reivindicar el derecho a hacerles partícipes de un modo

u otro de las propias convicciones e incidir o condicionar

el comportamiento ajeno en función de las mismas, la

cuestión es bien distinta.

Desde el momento en que sus convicciones y la

adecuación de su conducta a las mismas se hace externa,

y no se constriñe a su esfera privada e individual,

haciéndose manifiesta a terceros hasta el punto de afectarles,

el creyente no puede pretender, amparado en la libertad

de creencias del art. 16.1 C.E., que todo límite a ese

comportamiento constituya sin más una restricción de

su libertad infractora del precepto constitucional citado;

ni alterar con el sólo sustento de su libertad de creencias

el tráfico jurídico privado o la obligatoriedad misma de

los mandatos legales con ocasión del ejercicio de dicha

libertad, so pena de relativizarlos hasta un punto

intolerable para la subsistencia del propio Estado

democrático de Derecho del que también es principio jurídico

fundamental la seguridad jurídica (SSTC 160/1987, de

27 de octubre, FJ 3, 20/1990, FFJJ 3 y 4). El derecho

que asiste al creyente de creer y conducirse

personalmente conforme a sus convicciones no está sometido

a más límites que los que le imponen el respeto a los

derechos fundamentales ajenos y otros bienes jurídicos

protegidos constitucionalmente; pero el derecho a

manifestar sus creencias frente a terceros mediante su

profesión pública, y el proselitismo de las mismas, suma

a los primeros los límites indispensables para mantener

el orden público protegido por la Ley. Los poderes

públicos conculcarán dicha libertad, por tanto, si la restringen

al margen o con infracción de los límites que la

Constitución ha previsto; o, aun cuando amparen sus actos

en dichos límites, si perturban o impiden de algún modo

la adopción, el mantenimiento o la expresión de

determinadas creencias cuando exista un nexo causal entre

la actuación de los poderes públicos y dichas

restricciones y éstas resulten de todo punto desproporcionadas

(SSTC 120/1990; 137/1998; SSTEDH caso Hoffmann,

36; caso Manoussakis, 47, 51, 53; caso Larissis,

54).

La libertad de creencias encuentra, por otra parte,

su límite más evidente en esa misma libertad, en su

manifestación negativa, esto es, en el derecho del tercero

afectado a no creer o a no compartir o a no soportar

los actos de proselitismo ajenos (SSTEDH de 25 de mayo

de 1993, caso Kokkinakis, 42 a 44 y 47; de 24

de febrero de 1998, caso Larissis, 45 y 47); así como

también resulta un evidente límite de esa libertad de

creencias la integridad moral (art. 15 C.E.) de quien sufra

las manifestaciones externas de su profesión, pues bien

pudiere conllevar las mismas una cierta intimidación

moral, en incluso tratos inhumanos o degradantes (SSTC

2/1982, de 29 de enero, FJ 5; 120/1990, FJ 8;

215/1994, de 14 de julio, FJ 4; 332/1994, de 29 de

diciembre, FJ 6; 137/1997, de 21 de julio, FJ 3; AATC

71/1992, de 9 de marzo, FJ 3; 333/1997, de 13 de

octubre, FJ 5; SSTEDH caso Kokkinakis, 48; caso

Larissis, 53).

A la vista de lo dicho, cumple examinar si la resolución

judicial impugnada impuso un límite justificado en aras

de un fin constitucionalmente legítimo a la libertad de

creencias del recurrente y, en su caso, si lo aplicó de

modo proporcionado al sacrificio de dicha libertad.

5. Desde la perspectiva del art. 16 C.E. los menores

de edad son titulares plenos de sus derechos

fundamentales, en este caso, de sus derechos a la libertad

de creencias y a su integridad moral, sin que el ejercicio

de los mismos y la facultad de disponer sobre ellos se

abandonen por entero a lo que al respecto puedan

decidir aquellos que tengan atribuida su guarda y custodia

o, como en este caso, su patria potestad, cuya incidencia

sobre el disfrute del menor de sus derechos

fundamentales se modulará en función de la madurez del niño

y los distintos estadios en que la legislación gradúa su

capacidad de obrar (arts. 162.1, 322 y 323 C.C. o el

art. 30 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común). Así pues, sobre los

poderes públicos, y muy en especial sobre los órganos

judiciales, pesa el deber de velar porque el ejercicio de

esas potestades por sus padres o tutores, o por quienes

tengan atribuida su protección y defensa, se haga en

interés del menor, y no al servicio de otros intereses,

que por muy lícitos y respetables que puedan ser, deben

postergarse ante el "superior" del niño (SSTC 215/1994,

de 14 de julio; 260/1994, de 3 de octubre; 60/1995,

de 17 de marzo; 134/1999, de 15 de julio; STEDH de

23 de junio de 1993, caso Hoffmann).

En resumen, frente a la libertad de creencias de sus

progenitores y su derecho a hacer proselitismo de las

mismas con sus hijos, se alza como límite, además de

la intangibilidad de la integridad moral de estos últimos,

aquella misma libertad de creencias que asiste a los

menores de edad, manifestada en su derecho a no

compartir las convicciones de sus padres o a no sufrir sus

actos de proselitismo, o más sencillamente, a mantener

creencias diversas a las de sus padres, máxime cuando

las de éstos pudieran afectar negativamente a su

desarrollo personal. Libertades y derechos de unos y otros que,

de surgir el conflicto, deberán ser ponderados teniendo

siempre presente el "interés superior" de los menores

de edad (arts. 15 y 16.1 C.E. en relación con el art.

39 C.E.).

Tratándose, como se trata en el caso de autos, de

la supuesta afectación de dos menores de edad por las

prácticas de su padre de conformidad con sus creencias,

no deben dejar de ser tenidas en cuenta las normas

internacionales de protección de la infancia, que son

de aplicación en España. Y, entre ellas, muy en particular,

la Convención de la Naciones Unidas sobre los Derechos

del Niño (ratificada por España por Instrumento de 30

de noviembre de 1990) y la Resolución del Parlamento

Europeo relativa a la Carta Europea de los Derechos

del Niño (Resolución A 3-0172/92, de 8 de julio), que

conforman junto con la Ley Orgánica 1/1996, de 15

de enero, de Protección Jurídica del Menor, vigente al

tiempo de la Sentencia de apelación, el estatuto jurídico

indisponible de los menores de edad dentro del territorio

nacional, en desarrollo de lo dispuesto en el art. 39 C.E.,

y muy en particular, en su apartado 4. A estos efectos,

el estatuto del menor es, sin duda, una norma de orden

público, de inexcusable observancia para todos los

poderes públicos, que constituye un legítimo límite a la

libertad de manifestación de las propias creencias mediante

su exposición a terceros, incluso de sus progenitores.

Así, el art. 14 de la Convención de Derechos del Niño

dispone que "los Estados Partes respetarán el derecho

del niño a la libertad de pensamiento, de conciencia

y de religión". Añadiendo en sus apartados 2 y 3 que

"los Estados Partes respetarán los derechos y deberes

de los padres y, en su caso, de los representantes legales,

de guiar al niño en el ejercicio de su derecho de modo

conforme a la evolución de sus facultades" y "la libertad

de profesar la propia religión o las propias creencias

estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas

por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad,

el orden, la moral o la salud públicos o los derechos

y libertades fundamentales de los demás" (apartados

25 y 27 del 8 de la Resolución relativa a la Carta

Europea).

Por lo tanto, ha de concluirse que el sacrificio de

su libertad de creencias impuesto al recurrente por la

Sentencia de la Audiencia Provincial que aquí se

impugna, obedeció a una finalidad constitucionalmente

legítima. Estamos ante una limitación de la libertad de

creencias de un padre, consistente en una restricción adicional

del régimen de visitas que, al hallarse dirigida a tutelar

un interés que constitucionalmente le está

supraordenado no resulta, desde la perspectiva de su finalidad,

discriminatoria.

6. Esto sentado, debe decirse desde ahora que la

desproporción de las medidas adoptadas por la

Audiencia Provincial conduce directamente a la conclusión

contraria, esto es, a afirmar que el recurrente ha sido

discriminado en virtud de sus creencias y, por lo tanto,

a la estimación del amparo.

Esa desproporción se pone en evidencia con sólo

comprobar que, como ha aducido el demandante de

amparo, falta toda justificación de la necesidad de las

medidas restrictivas adicionales adoptadas por la

Audiencia Provincial, habida cuenta de que los riesgos

que para los menores pudieran dimanar de sus creencias

habían sido ya prevenidos con la prohibición, adoptada

en instancia, de hacer partícipes de ellas a sus hijos,

sin que conste en absoluto que tal prohibición hubiese

sido violada, ni siquiera que hubiese riesgo de que lo

fuese.

Por lo tanto, y dado el canon estricto a que deben

someterse las restricciones de la libertad de creencias,

que comporta la atribución, a los poderes públicos que

las impongan, de la carga de justificarlas, ha de

concluirse, a falta de tal justificación, que la restricción del

régimen de visitas impuesta por la Audiencia Provincial

constriñe indebidamente la libertad de creencias del

recurrente.

7. En efecto, la Sentencia de apelación ha supuesto

un cambio cualitativo en la restricción de la libertad de

creencias sufrida por el demandante de amparo, que

ha excedido los contenidos términos a los que la

constriñó el Juez de Primera Instancia, para extenderla más

allá de lo probado y argumentado como exigible en el

caso de autos, representando, por tanto, una injerencia

grave en la libertad de creencias del recurrente. Y ello

es así porque la inicial restricción impuesta a una

manifestación de la libertad de creencias del señor Carrasco

respecto de sus hijos menores de edad, se ha

transformado, lisa y llanamente, por la Audiencia Provincial

en la adopción, frente al demandante de amparo, de

una restricción de derechos justificada únicamente en

su pertenencia a cierto movimiento espiritual, que la

Audiencia Provincial ha presumido peligroso; sin que se

haya acreditado que exista un riesgo adicional, no

conjurado previamente por la prohibición de hacer partícipe

a los hijos de sus creencias y llevarlos a cualquier tipo

de acto que tenga relación con ellas impuesta en

instancia.

En apelación no se ha practicado prueba distinta a

la que ya obraba en las actuaciones ante el Juez de

Primera Instancia, y ésta consistió en las declaraciones

de la madre de los menores, la abundante

documentación aportada por el recurrente sobre el Movimiento

Gnóstico Cristiano Universal de España y el Informe del

Equipo Psicosocial. Ninguna de ellas arroja resultados

que permitan afirmar la mayor intensidad del riesgo en

cuestión. No hay en la causa datos objetivos que lo

acrediten, deduciéndose el mismo por el órgano judicial a

partir de meras conjeturas sobre las características de

las creencias profesadas por dicho movimiento, que ni

siquiera son desgranadas en la Sentencia de apelación.

Tampoco se ha probado en forma alguna que los

menores hayan participado en actos de dicha organización

o sufrido género alguno de adoctrinamiento o

intimidación por su padre o por el movimiento al que

pertenece, ni que hayan padecido alteración alguna de su

carácter o conducta. La Audiencia Provincial, pese a la

gravedad de la cuestión sometida a su conocimiento,

no expresa en momento alguno de su Sentencia en qué

hechos funda su convicción de la necesidad de extender

las medidas limitativas acordadas en la instancia. Ni

siquiera trata de razonar los motivos por los que

considera adecuadas al caso las restricciones temporales

del derecho de visita del recurrente, ni la relevancia e

incidencia que pueda tener el que los menores no

pernocten con su padre los fines de semana

correspondientes o no disfruten con él de los períodos

vacacionales, a los efectos de evitar el grave riesgo que

semejante contacto pudiere acarrear para el desarrollo

personal de sus hijos.

Así pues, y para concluir, con la Sentencia de

apelación impugnada, la Audiencia Provincial ha dispensado

al recurrente un trato jurídico desfavorable a causa de

sus creencias personales, lesionando así su libertad

ideológica, por lo que no cabe sino estimar el amparo

solicitado.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal

Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN

DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Estimar el amparo solicitado y:

1.o Declarar que ha sido lesionada la libertad

ideológica (art. 16.1 C.E.) del señor Carrasco Carrasco.

2.o Restablecer al recurrente en el pleno disfrute

de su derecho fundamental y, a tal fin, anular

parcialmente la Sentencia de la Audiencia Provincial de

Valencia, Sección Séptima, de 24 de octubre de 1996, recaída

en autos del juicio de separación núm. 696/95,

únicamente en lo relativo a las medidas restrictivas del

derecho de visitas del recurrente en amparo.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del

Estado".

Dada en Madrid, a veintinueve de mayo de dos

mil.-Carles Viver Pi-Sunyer.-Rafael de Mendizábal

Allende.-Julio Diego González Campos.-Tomás S. Vives

Antón.-Vicente Conde Martín de Hijas.-Guillermo

Jiménez Sánchez.-Firmado y rubricado.

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