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Documento BOE-T-2000-1166

Sala Segunda. STC 224/1999, de 13 de diciembre de 1999. Recurso de amparo 892/1995. Promovido por doña Ana María Izquierdo Esteban frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia que, revocando la Sentencia del Juzgado de lo Social de Vigo, desestimó su demanda de protección de derechos fundamentales por acoso sexual en el trabajo. Vulneración del derecho a la intimidad: comportamiento libidinoso del empleador, lo suficientemente grave como para crear un entorno laboral que es objetivamente hostil, y que no fue deseado ni tolerado, sin que sea imprescindible una reacción inmediata y contundente.

  • Publicado en:

    «BOE» núm. 17, de 20 de enero de 2000, páginas 4 a 9 (6 págs.)

  • Sección:

    Suplemento del Tribunal Constitucional

  • Departamento:

    Tribunal Constitucional

  • Referencia:

    BOE-T-2000-1166

TEXTO

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional,

compuesta por don Carles Viver Pi-Sunyer, Presidente; don

Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González

Campos, don Tomás S. Vives Antón, don Vicente Conde

Martín de Hijas y don Guillermo Jiménez Sánchez,

Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 892/95, interpuesto

por doña Ana María Izquierdo Esteban, representada por

el Procurador de los Tribunales don Juan Carlos Estévez

Fernández-Novoa, y con la asistencia letrada de don José

Luis Borrego Feijoo, contra la Sentencia de la Sala de

lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia,

de 9 de febrero de 1995. Ha sido parte, además del

Ministerio Fiscal, don Salvador Beloso Arenosa,

representado por la Procuradora doña Reyes Pinzas de Miguel,

y asistido por el Letrado don Francisco Pazos Pesado.

Ha sido Ponente el Magistrado don Rafael de Mendizábal

Allende, quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado en el Juzgado de

Guardia el 10 de marzo de 1995 y registrado en el

Tribunal el 13 de marzo de 1995, doña Ana María Izquierdo

Esteban, representada por el Procurador de los

Tribunales don Juan Carlos Estévez Fernández-Novoa,

interpuso el recurso de amparo de que se hace mérito en

el encabezamiento y en la demanda se nos dice que

la actora prestó servicios para la "Organización de

Tiendas de Galicia, S. L.", desde el día 1 de junio de 1994

en virtud de contrato de aprendizaje pactado con una

duración de seis meses. Con fecha de 20 de octubre

de 1994, la actora, en situación de baja laboral desde

el 17 de agosto de 1994, formuló demanda sobre

protección de derechos fundamentales contra la citada

empresa y contra don Salvador Beloso Arenosa,

denunciando ser víctima de acoso sexual por parte del citado

señor Beloso, e invocando la vulneración del art. 4.2

e) del Estatuto de los Trabajadores, y de los arts. 10,

14, 15 y 18 de la Constitución Española. El Juez de

lo Social núm. 2 de Vigo en Sentencia de 19 de

noviembre de 1994, estimó parcialmente la demanda y declaró

la existencia de vulneración de los derechos a la

integridad física y moral y a la intimidad personal de la ahora

recurrente como consecuencia del acoso sexual

padecido y condenó solidariamente a los demandados a

indemnizarla en la cantidad de 775.000 pesetas por

los daños materiales, físicos y morales sufridos,

declarando probados los siguientes hechos:

"1. La actora viene prestando servicios con la

categoría profesional de dependienta, con contrato de

aprendizaje de seis meses de duración. La actora presta

servicios en un vídeo-club. La "Organización Tiendas de

Galicia, S. L.", está constituida por don Salvador Beloso

Arenosa y su esposa. En el video-club solían estar, además

de la actora, el señor Beloso y a veces su esposa.

2. La actora prestó servicios en la empresa

Alcampo, como cajera-dependienta con contratos de

naturaleza temporal desde el 8 de junio de 1992, y entre los

períodos de verano y Navidad.

3. En mayo de 1994 la actora fue llamada por la

empresa Alcampo para su contratación temporal a partir

del 30 de mayo de 1994, y por tres meses, no aceptando

dicho trabajo por haber encontrado otro como encargada

de un vídeo-club.

4. La actora estuvo de baja por incapacidad laboral

transitoria desde el 4 de julio de 1994 hasta el 11 de

julio de 1994, por dolor en un brazo.

5. El 1 de agosto de 1994 la actora empezó a

disfrutar de sus vacaciones hasta el 16 de agosto de 1994,

y el 17 de agosto de 1994 fue dada de baja por ILT

con el diagnóstico de depresión.

6. El día 24 de julio de 1994 la actora estuvo

comiendo con su esposo y su hija y con el señor Beloso

y su esposa, en la casa que éstos tienen en Gondomar.

7. El 26 de julio de 1994 la actora invitó a tomar

un café después de comer y porque era su santo, al

señor Beloso y a Emilio Casal (que ayuda a su padre

en un bar que está frente al vídeo-club donde la actora

prestaba servicios), pero éstos no fueron.

8. A finales de junio de 1994 la actora comentó

a Emilio Casal, que era muy conocido del jefe..., que

se sobrepasaba con ella.

9. El señor Beloso en una ocasión tocó a la actora

en el trasero y ella le amenazó con darle una hostia

si volvía a hacerlo, ante lo cual el señor Beloso le pidió

disculpas. En múltiples ocasiones el demandado señor

Beloso hizo alusiones sexuales a la actora, que la

incomodaban, como que podía acostarse con él, seguir

felizmente casada y que ello reforzaría la vida matrimonial,

o que se le iban las manos a la blusa que llevaba la

actora, o que no tuviera complejos de pechos grandes

porque él veía que los tenía muy bonitos. El señor Beloso

provocaba roces físicos continuos con la actora, sólo

por el hecho de cruzarse en la tienda y llegó a ofrecerle

las llaves de una casa que tenía y hacerle

manifestaciones como "cuando lo hagas conmigo verás la

diferencia".

10. El 8 de agosto de 1994 y estando de vacaciones

la actora, que se encontraba incómoda por los

comportamientos del demandado y no quería volver a trabajar

al finalizar sus vacaciones, acude al Servicio de

información y asesoramiento de los derechos de la mujer,

dependiente del Concello de Vigo y cuenta a la asesora

jurídica sus problemas en el trabajo, quien le aconseja

que denuncie y que hable con la psicóloga.

11. La psicóloga adscrita al centro de información

citado examina a la actora y emite informe en el que

diagnostica que la actora presenta un cuadro ansioso,

con síntomas de tipo nervioso, y es dada de baja laboral

el día 17 de agosto de 1994 con el diagnóstico de

depresión secundaria y stress laboral."

La Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia

de Galicia dictó en suplicación la Sentencia de 9 de

febrero de 1995 y estimando el recurso, revocó la

Sentencia de instancia y declaró que la actora no había

sido agredida sexualmente por el empresario, ni se

habían vulnerado sus derechos fundamentales. A tal

efecto, la Sala admitió la revisión del hecho probado

5.o solicitada por el recurrente en suplicación, en el

sentido de adicionar el dato relativo a que la situación de

incapacidad laboral transitoria que inició la actora el 17

de agosto de 1994 subsistía el 12 de noviembre del

mismo año (fundamento de Derecho primero). Por otra

parte, respondiendo al motivo de infracción normativa

articulado en el recurso, la Sala, con base en el concepto

de acoso sexual utilizado por la Sentencia de instancia,

afirmó que exige un acto inicial que ha de ser una

manifestación de claro contenido sexual o libidinoso, ya sea

de forma física o de palabra, directa o a través de

insinuaciones que claramente persigan aquella finalidad, y

en el supuesto de autos puede entenderse que ha

concurrido dicho acto inicial, pues efectivamente, y según

se recoge en los hechos probados, las aproximaciones

físicas del empresario a la trabajadora y sus reiteradas

manifestaciones verbales directas, referidas a cuestiones

de sexo, configuran desde un punto de vista objetivo

una conducta que puede resultar atentatoria de la

libertad sexual e intimidad de la mujer.

Pero, a juicio de la Sala, es exigible también la

concurrencia de un segundo elemento esencial "cual es la

negativa clara, terminante e inmediata por parte de la

mujer afectada, al mantenimiento de dicha situación,

a través de actos que pongan de relieve el rechazo total

y absoluto a la actitud del empresario, pues en caso

contrario, lo que para una persona puede ser ofensivo,

para otra puede ser simplemente incómodo y para una

tercera absolutamente indiferente. Y en este extremo

la Sala entiende que la reacción de la trabajadora no

es consecuente con su afirmación de persecución

constante e intolerable por parte del empresario, por las

razones que se expondrán a continuación" (fundamento de

Derecho cuarto). Por otra parte la Sala dice también

que "si la conducta del empresario se inició desde el

comienzo de la relación laboral, resulta obligado que

la actora reaccione de inmediato, ya sea denunciándolo,

ya sea planteando una resolución contractual o a través

de los medios que estime oportunos, pero resulta muy

poco defendible que admita la situación, continúe en

el trabajo, y se limite a comentar con unos y otros el

evento en cuestión, además de hacer partícipes de su

incomodidad por la persecución del empresario a

conocidas y vecinas a las que no resulta lógico se le hagan

confidencias de dicha índole, y menos todavía al señor

Casal, en su condición de amigo del empresario, con

el fútil pretexto de si podría intervenir ante aquél, para

que cesase la susodicha persecución...

Si efectivamente la actora se considera intimidada,

vejada y sexualmente perseguida a lo largo del mes de

junio y julio de 1994, tampoco se explica cómo acude

en unión de su marido a comer a casa del empresario

el 24 de julio y menos todavía que le invite a su casa

a tomar café el día 26 del mismo mes. Aunque no

existiese situación de persecución o acoso y sí tan sólo

alguna insinuación o alusión de contenido sexual, por parte

del empresario, que la actora considerase compatible

con su trabajo, en modo alguno se compaginaría con

esa concurrencia a su domicilio e invitaciones mutuas,

que sólo se admiten dentro de un clima de amistad y

cordialidad, pretender explicarlas como medio o fórmula

para ver si se resolvía la situación que la actora venía

soportando, resulta absolutamente increíble. Admitido

pues que por lo menos hasta las fechas citadas la actora

no se sentía esencialmente intimidada en su libertad

sexual, ni por ello agredida, menos todavía puede

sostenerse que la situación haya variado en los días que

median entre el 27 y el 31 de julio, ya que el 1 de

agosto se fue de vacaciones.

Pero es que incluso una vez de vacaciones tampoco

surge la necesidad de solventar la intolerable situación

que dice soportaba, pues esto se produce cuando por

conversaciones con compañeras y amigas, llega a su

conocimiento la posibilidad de ejercitar determinados

derechos, que se concretan una vez que acude a la

oficina ya citada del Ayuntamiento de Vigo, pero esto

sucede el día 8 y con posterioridad obtiene la baja por

incapacidad laboral transitoria en la fecha, 17 de agosto,

en que tendría que incorporarse al trabajo. Aludir como

explicación y justificación de no haber producido antes

su denuncia, a que hasta la fecha en cuestión no tuvo

conocimiento de sus derechos, es algo que ha de

rechazarse de plano. Cuando se trata de una vulneración de

derechos fundamentales, cuya íntima relación con los

derechos naturales es patente, no es preciso

asesoramiento de clase alguna, cualquier mujer en edad adulta

sabe sobradamente qué conductas son o no reprobables

y más aún y de forma espontánea, cuál debe ser su

reacción ante actos de terceros que afecten a su dignidad

de persona o a su intimidad o libertad de mujer. A nadie

se le ocurre suponer que quien es agredido físicamente

o atracado en la vía pública haya de asesorarse para

consultar cuáles son sus derechos, sino que de inmediato

reacciona denunciando lo sucedido ante los organismos

competentes, ninguna asesoría precisa decirle a la mujer

qué conductas son simples manifestaciones amistosas,

y cuáles atentan velada o directamente a su intimidad

sexual, por ello resulta inacogible la explicación de la

trabajadora en orden a los extremos que venimos

analizando" (fundamento de Derecho quinto).

En definitiva y como conclusión la Sala afirma que

"han existido unas conductas por parte del empresario

que objetiva y teóricamente pudieran tipificarse dentro

del marco de la agresión sexual, pero sin embargo,

referidas a su alcance respecto al sujeto pasivo cual es la

trabajadora, no han dado lugar a que ésta se sintiese

afectada agredida o intimidada en su libertad sexual,

ni mucho menos en su dignidad personal y por ello no

se ha vulnerado ningún derecho fundamental"

(fundamento de Derecho quinto).

2. Se interpone recurso de amparo contra la

Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de

Justicia de Galicia de 9 de febrero de 1995, interesando

su nulidad, al no haber reparado el acoso sexual en el

trabajo padecido por la actora, contrario a su dignidad

personal (art. 10.1 C.E.), y lesionando el derecho a no

padecer discriminaciones por razón de sexo en el mundo

del trabajo (art. 14 C.E.). El acoso sexual -argumenta

la demandante- constituye un atentado a la dignidad

de la persona y a su condición específica de mujer y,

por tanto, una vulneración de la igualdad que consagra

el art. 14 C.E. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia

supedita la tutela del derecho fundamental a que la

agredida en el ámbito laboral reaccione ante el acoso

padecido planteando la resolución de su contrato, pues la

continuidad en el trabajo implicaría la conformidad con

el acoso. Considera que decae la tutela por demorar

la demanda a raíz de un previo e indispensable

asesoramiento y conocimiento de sus derechos, que

parecen estar sujetos a plazos preclusivos. Consagra pues

la Sentencia impugnada la idea de que toda

discriminación prohibida por la Constitución que lleve al ánimo

del discriminado resignación en su situación, conlleva

que su derecho no sea protegible, pues por un lado

no habría reaccionado de forma inmediata, y por otro

la información sobre sus derechos y la consiguiente

acción judicial resultarían ineficaces. En definitiva, la tesis

de la Sentencia parte de consideraciones sobre la

naturaleza de los derechos fundamentales del siguiente tenor:

El derecho a la igualdad es un derecho estrictamente

subjetivo, cuya protección depende de la conducta del

ciudadano agredido en su derecho; este derecho estaría

sujeto a un plazo preclusivo para obtener su tutela, pues

la protección decae si no se articula de forma inmediata;

la vulneración de un derecho fundamental se puede

perpetuar sobre el ciudadano afectado si no tiene la

convicción o no conoce que el ordenamiento jurídico le

protege frente a tal vulneración. Por último se alega que,

según la Sala, para obtener la tutela de su derecho a

no ser discriminada por razón de sexo la actora ha de

renunciar a otros derechos fundamentales como son el

derecho al trabajo, pues trabajar en una situación de

discriminación supone la aceptación de la misma, o los

derechos a la educación y a la información.

3. La Sección Tercera, mediante providencia de 21

de febrero de 1996, acordó admitir a trámite la demanda

de amparo, y a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC,

requerir al Juzgado de lo Social núm. 2 de Vigo, y a

la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia

de Galicia, para que, en el plazo de diez días, remitieran

testimonio de los autos 876/94, y del recurso de

suplicación núm. 320/95; y para la práctica de los

emplazamientos pertinentes.

En el escrito presentado en el Juzgado de Guardia

el 23 de marzo de 1996 y registrado en el Tribunal

el 25 de marzo de 1996, doña Reyes Pinzas de Miguel,

Procuradora de los Tribunales, se persona en las

actuaciones en nombre de don Salvador Beloso Arenosa. Por

providencia de 25 de abril de 1996, la Sección Cuarta

acordó tenerla por personada y dar vista de las

actuaciones recibidas a las partes y al Ministerio Fiscal por

plazo común de veinte días, para que presentaran las

alegaciones que estimasen pertinentes.

4. El primero en evacuar tal trámite fue de don

Salvador Beloso Arenosa, y lo hizo en el escrito registrado

el 23 de mayo de 1996, interesando la desestimación

de la demanda de amparo. Entiende que en el presente

supuesto, tal y como ha declarado la Sentencia

impugnada, existen elementos que desnaturalizan la existencia

de acoso sexual, así se destacan dos hitos, la aceptación

por la actora de la invitación del empresario de celebrar

una comida familiar, así como la invitación al día

siguiente de la recurrente al empresario a tomar café, que ponen

de relieve que con anterioridad pudieron existir episodios

aislados frente a los que la actora haya podido mostrar

su rechazo puntual, pero que en modo alguno alcanzaron

la categoría de agresión sexual, ni tampoco la actitud

continuada configuradora del acoso sexual puesto que

la relación era amistosa hasta el punto de comer juntas

ambas familias, el entorno laboral no era hostil o

intimidatorio sino particularmente amistoso pues era libre

la actora de rechazar invitaciones fuera del entorno

laboral. No ha existido el denunciado acoso porque la actora

lejos de rechazar la conducta del empresario o

simplemente mantener una actitud pasiva, ha efectuado actos

que revelan, cuando menos, una actitud amistosa. El

escrito de alegaciones de la parte demandada realiza

en apoyo de la Sentencia impugnada consideraciones

finales afirmando que pretender que todas las personas

sean protegidas frente a conductas de naturaleza sexual

en el ámbito laboral aunque sean deseadas y

consentidas, equivale a negar la autonomía de la voluntad o

la libertad de las personas para saber lo que sexualmente

resulta agradable, reprobable o indiferente, y que el éxito

de la acción de tutela frente a un acoso sexual depende

de que sea inmediato el rechazo de la conducta ofensiva

en lugar de tolerarla e incluso alentarla, convirtiendo

la situación en comportamientos amistosos.

5. La demandante, a su vez, formuló sus alegaciones

por escrito registrado el 24 de mayo, donde se aduce

que según la Sentencia impugnada el comportamiento

del empresario configuró objetivamente un atentado a

la libertad sexual y a la intimidad de la actora, sin

embargo introduce requisitos para el otorgamiento de tutela

para llegar a concluir, vía excusa absolutoria, que no

procede otorgar tutela de un derecho fundamental

vulnerado a la persona que no realiza lo que la Sala

considera que habría hecho "cualquier mujer en edad

adulta". Esta concepción en sí misma vulnera el art. 14 C.E.

al exigir a la recurrente se comporte específicamente

como mujer, a la que el juzgador viste con unos

determinados atributos precisamente por su condición de

mujer. Los referidos condicionamientos o requisitos que

la Sentencia impugnada exige para obtener la tutela de

un derecho fundamental obligan, como ya se afirmara

en la demanda de amparo, a hacer dejación de otros

derechos fundamentales. La Sala mantiene una

concepción estrictamente subjetiva del derecho a la dignidad

y a la libertad sexual de la mujer en el trabajo,

dependiente del comportamiento de la misma frente al acoso

sexual, que ancla a la mujer al pasado, sujetándola a

normas sociales de comportamiento pretéritas, e

impidiendo poner fin a la situación histórica de inferioridad

de la población femenina en la vida social y jurídica.

6. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional, en escrito

de 27 de mayo de 1996, solicitó la desestimación del

amparo por estimar que la Sentencia impugnada no

lesiona derechos fundamentales. En el presente caso la actora

aportó con carácter indiciario elementos probatorios del

denunciado acoso sexual del empresario en el trabajo,

que la Sentencia de instancia dio por acreditados sin

aceptar la negativa y las alegaciones y prueba del

demandado, pero éstas existieron, y consiguientemente se

cumplió no sólo la inversión de la carga de la prueba exigida

en estos casos, sino que el empresario aportó pruebas

valorables por el órgano judicial. A continuación el Fiscal

se refiere a la prueba propuesta por el empresario.

A juicio, pues, del Ministerio Público, la Sentencia

del Tribunal Superior de Justicia impugnada, ha

efectuado su valoración de la prueba, de manera fundada,

sin que haya prescindido de la exigencia al empresario

de una justificación de su negativa a lo denunciado en

la demanda, lo que ha tenido lugar cumplidamente.

Constatada la prueba y el cumplimiento de su inversión en

este caso así como la razonada y no arbitraria

ponderación de la misma que ha hecho el Tribunal Superior

de Justicia, no procede más que estar a ella, pues los

jueces ordinarios son los guardianes naturales de los

derechos fundamentales (ATC 2/1991). El Fiscal estima

que la conclusión a la que llegó la Sala que reconoció

que la denunciada actuación del empresario se había

producido, pero que se ha acreditado que la actora no

rechazó esos actos por no sentirse agredida o intimidada

en su libertad sexual, y mucho menos en su dignidad

personal, no es irrazonable, y responde a una

argumentada interpretación de los testimonios obrantes en la

causa y de los hechos probados.

7. Por providencia de 9 de diciembre de 1999, se

señaló para la deliberación y votación de la presente

Sentencia el siguiente día 13 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. El presente proceso constitucional de amparo

tiene como objeto, por una parte, la Sentencia que el 9

de febrero de 1995 dictó en suplicación la Sala de lo

Social del Tribunal Superior de Justicia de Galicia y, por

otra, la pretensión de su nulidad y la razón en que se

funda o causa petendi, así como la oposición formulada

de contrario, que acotan de consuno el ámbito en esta

sede. No es ocioso en este lugar y en este momento

ofrecer una panorámica esquemática de esas

contrapuestas posiciones dialécticas para mayor claridad del

razonamiento que ha de seguir. Pues bien, la

demandante nos dice que tal decisión judicial vulneró su

derecho a no ser discriminada por razón de sexo (art. 14

C.E.) en cuanto no reparó las agresiones de naturaleza

libidinosa que padeció -según su versión-, con

menoscabo de su dignidad personal (art. 10.1 C.E.). La

Sentencia impugnada habría consumado, a su juicio, una

lesión de los derechos fundamentales afectados en un

supuesto de "acoso sexual en el trabajo" y ello a través

de una argumentación jurídica que en sí misma es lesiva

del art. 14 C.E., por perpetuar estereotipos de conducta

sólo exigibles a una persona en cuanto mujer. Más en

concreto, denuncia que, habiendo sido víctima de

ofensas físicas y verbales de significado claramente libidinoso

por el empresario, frente a las cuales reaccionó siempre

expresando su rechazo e incomodidad, tal y como se

desprende de los hechos probados, la Sentencia

impugnada consideró, sin embargo, que esa reacción no fue

suficiente ni adecuada, induciendo de ello el carácter

tolerado o consentido de tal conducta, por lo cual,

reconociendo que constituyó objetivamente acoso sexual,

llegó a la conclusión de que, subjetivamente, la

trabajadora no se sintió intimidada o agredida.

En la posición procesal contraria se sitúa,

naturalmente, el presunto agresor que niega tal acoso porque

su empleada, lejos de rechazar el comportamiento

denunciado o simplemente soportarlo pasivamente,

exteriorizó siempre una actitud amistosa hacia él, como

revela el hecho, destacado en la Sentencia de

suplicación, de haber comido juntas ambas familias en alguna

ocasión. Por su parte, al Ministerio Público no le parece

que se hubiera producido la pretendida lesión de

derechos fundamentales, pues la conclusión más arriba

mencionada a la cual llegó la Sala responde a una

interpretación razonada y razonable de los hechos que dio

por probados el Juez a quo.

2. La cuestión así planteada ante este Tribunal

estriba en determinar si una trabajadora, como consecuencia

de la conducta libidinosa del empresario, ha visto

vulnerados sus derechos fundamentales y concretamente

el que le garantiza la intimidad personal en el art. 18.1

C.E., pues en éste se inscribe el derecho a la protección

del trabajador contra el conocido también como "acoso

sexual" en el ámbito laboral por cuanto se trata de un

sonalísima como es la sexualidad, en desdoro de la

dignidad humana (art. 10.1 C.E.), sin olvidar tampoco la

conexión que en ocasiones pueda trabarse con el

derecho de la mujer a no ser discriminada por razón de su

sexo cuando tales comportamientos agresivos,

contrarios a los valores constitucionales, puedan afectar todavía

en el día de hoy, más a las mujeres que a los hombres

(art. 14 C.E.). Es cierto que aquella norma constitucional

no se ha invocado en ningún momento por su número

ni por su nombre, pero no lo es menos que los hechos

determinantes y el agravio que constituyen son

suficientemente significativos por sí mismos y permiten, sin

esfuerzo, identificar el derecho fundamental agredido

con el soporte de la dignidad humana que se adujo

siempre como raíz de la reacción judicial de la víctima. Esto

ha de ser suficiente para nosotros y en tal sentido nos

hemos pronunciado tantas veces que hace superflua la

cita de los precedentes.

En efecto, una de las varias circunstancias que, como

presupuestos de la admisibilidad de pretensión de

amparo, sirven de protección a su talante subsidiario, como

ultima ratio para garantizar los derechos fundamentales,

cuya primera línea de defensa son los Jueces y

Tribunales que componen el Poder Judicial, consiste en la

alegación de haberse puesto en peligro o lesionado

cualesquiera de aquéllos, el que se aduzca en sede judicial

y cuya vulneración actúe como soporte de la protección

que se pida al Tribunal Constitucional, para que el

juzgador, en su ámbito propio, pueda remediar por sí mismo

la violación del derecho o libertad fundamental, a cuyo

efecto ha de brindársele la oportunidad de tal

subsanación, haciendo innecesario así el acudir al amparo.

La protesta, denuncia o invocación ha de ser expresa

y unívoca e inteligible pero no explícita necesariamente

y aun cuando "formal", seria y consistente, se predica

del derecho sedicente atacado, no del precepto

constitucional que lo cobija y menos aun del ordinal en la

Constitución o de su nombre en el lenguaje jurídico,

nomen iuris. Preferir una lectura tal del requisito sería

incurrir en el defecto de formalismo, corrupción de la

forma cuya función consiste en la garantía, que nunca

puede ni debe volverse contra sí misma. No puede

cerrarse la puerta, pues, a la eventualidad de que el tema

se introduzca en el debate no ya implícita sino también

tácitamente si se aduce el contenido con suficiente

claridad en las alegaciones o se induce de la pretensión.

Esto es lo que ha ocurrido en este caso, como pone

de manifiesto la lectura de los antecedentes, desde la

primera reclamación ante el Juez de lo Social hasta la

demanda de amparo.

3. Comprobada, pues, la dimensión constitucional

del problema en tela de juicio conviene iniciar el

razonamiento jurídico desde el concepto que, según la

terminología acuñada en la jurisdicción social, se conoce

como "acoso sexual en el trabajo", para averiguar si

se ha producido, o no, un atentado a la intimidad personal

(art. 18.1 C.E.). Esta primera delimitación conceptual

dejaría a salvo, claro está, el diverso significado del acoso

sexual tipificado como delito en el art. 184 del vigente

Código Penal. Un paso más en ese camino nos lleva

al ámbito del Estatuto de los Trabajadores donde se

proclama su derecho a que sea respetada su intimidad y

a recibir la consideración debida a su dignidad,

comprendida la protección frente a ofensas verbales,

gestuales y físicas de tendencia libidinosa [art. 4.2 e)].

En el ámbito de esa salvaguardia queda así prohibido

no sólo el acoso en el cual el sometimiento de la mujer

o el hombre a tales requerimientos no queridos ni

pedidos de empleadores o compañeros, se erige en un peligro

de la estabilidad en el empleo, la promoción, o la

formación profesional o cualesquiera otras condiciones en

el trabajo o en el salario, sino también el acoso sexual

consiste en un comportamiento de carácter libidinoso

no deseado por generar un ambiente laboral

desagradable, incómodo, intimidatorio, hostil, ofensivo o

humillante para el trabajador (Resolución del Consejo de las

Comunidades Europeas de 29 de mayo de 1990 y art.

1 de la Recomendación de la Comisión de las

Comunidades Europeas de 27 de noviembre de 1991, para

la protección de la dignidad de la mujer y del hombre

en el trabajo). En tal situación constituye un elemento

esencial que esa conducta sea lo suficientemente grave

como para crear tal entorno negativo y lo sea, por otra

parte, no sólo según la percepción subjetiva o la

sensibilidad particular de quien lo padece, sino

objetivamente considerada. Por tanto, en esta modalidad del acoso

hay algo más que una repercusión negativa sobre una

concreta condición de trabajo del acosado o una explícita

discriminación en las condiciones de trabajo.

En resumen, pues, para que exista un acoso sexual

ambiental constitucionalmente recusable ha de

exteriorizarse, en primer lugar, una conducta de tal talante por

medio de un comportamiento físico o verbal

manifestado, en actos, gestos o palabras, comportamiento que

además se perciba como indeseado e indeseable por

su víctima o destinataria, y que, finalmente, sea grave,

capaz de crear un clima radicalmente odioso e ingrato,

gravedad que se erige en elemento importante del

concepto. En efecto, la prohibición del acoso no pretende

en absoluto un medio laboral aséptico y totalmente ajeno

a tal dimensión de la persona, sino exclusivamente

eliminar aquellas conductas que generen, objetivamente,

y no sólo para la acosada, un ambiente en el trabajo

hosco e incómodo. En tal sentido, la práctica judicial

de otros países pone de manifiesto que ese carácter

hostil no puede depender tan sólo de la sensibilidad

de la víctima de la agresión libidinosa, aun cuando sea

muy de tener en cuenta, sino que debe ser ponderado

objetivamente, atendiendo al conjunto de las

circunstancias concurrentes en cada caso, como la intensidad

de la conducta, su reiteración, si se han producido

contactos corporales humillantes o sólo un amago o quedó

en licencias o excesos verbales y si el comportamiento

ha afectado al cumplimiento de la prestación laboral,

siendo por otra parte relevantes los efectos sobre el

equilibrio psicológico de la víctima para determinar si

encontró opresivo el ambiente en el trabajo. Así, fuera de tal

concepto quedarían aquellas conductas que sean fruto

de una relación libremente asumida, vale decir

previamente deseadas y, en cualquier caso, consentidas o,

al menos, toleradas.

4. En el presente caso la Sala de lo Social en su

Sentencia negó que se hubiera vulnerado derecho

fundamental alguno, aun cuando reconociera que "han

existido unas conductas por parte del empresario que

objetiva y teóricamente pudieran tipificarse dentro del marco

de la agresión sexual, pero sin embargo, referidas a su

alcance respecto al sujeto pasivo cual es la trabajadora,

no han dado lugar a que ésta se sintiese afectada

agredida o intimidada en su libertad sexual, ni mucho menos

en su dignidad personal". En su opinión, la existencia

de acoso sexual exige la concurrencia de un elemento

esencial "cual es la negativa clara, terminante e

inmediata por parte de la mujer afectada al mantenimiento

de dicha situación, a través de actos que pongan de

relieve el rechazo total y absoluto a la actitud del

empresario". No habiendo sido ésta la reacción de la empleada,

ésta -según la Sala- no se sintió víctima de tal agresión

por el empresario, cuyo comportamiento era en efecto

objetivamente tan grave como para configurar un

supuesto de acoso sexual laboral, aun cuando no pudiera

calificarse de indeseado, ya que existía una relación

amistosa entre la trabajadora y su empleador en cuyo seno

las insinuaciones de éste eran toleradas por aquélla y

sólo a partir del momento en que recabó asesoramiento

sobre sus derechos empezó a considerar intolerable tal

situación, así como adolecer de un menoscabo de su

salud mental.

Sin embargo, en el caso presente, atendiendo a la

secuencia de los hechos probados y pacíficamente

reconocidos por los protagonistas, no puede admitirse tal

conclusión del Tribunal Superior, sin que la discrepancia

suponga una revisión de la valoración de la prueba hecha

por el juzgador, función privativa suya, sino una

interpretación nuestra de ese relato a la luz de los valores

constitucionales. Es cierto que, como se ha dicho más

arriba la configuración constitucional del acoso sexual,

como atentado a la intimidad personal del trabajador

(art. 18.1 C.E.), protege exclusivamente frente a

comportamientos de significado libidinoso que no sean

asumidos por la persona destinataria de los mismos. En

tal sentido, como se sigue del código de conducta de

la Recomendación de la Comisión ya citada, lo que

distingue al acoso sexual del comportamiento amistoso es

que aquél es unilateral e indeseado, y el otro, voluntario

y recíproco, correspondiendo a cada individuo la libre

opción de aceptarlo o rechazarlo por ofensivo. En

consecuencia, parece razonable que, salvo casos extremos,

una señal del carácter no querido de tal conducta por

parte de su destinataria sea conveniente para deshacer

cualquier equívoco o ambigüedad al respecto como

ocurrió en este caso sin que en consecuencia quepa

hablar de tolerancia por su parte. Debe ser rechazado,

pues, el razonamiento judicial, que parece imponer al

eventual afectado por un acto de acoso sexual la carga

de reaccionar con carácter inmediato y con una

contundencia incompatible con la interpretación predicada

por la sobredicha Recomendación.

Por otra parte, pueden espigarse datos en el relato

de lo sucedido, que revelan la reacción airada de la

víctima frente a los primeros avances así como su

incomodidad y desagrado ante los requerimientos del

empresario, con indicios racionales de que tal conducta no

era deseada ni deseable, como son el que comunicara

lo sucedido no sólo a compañeras en su anterior empresa

(cuyos testimonios se recogen en el acta del juicio), y

se quejara de ello a un amigo del propio empresario.

En el mismo sentido debe interpretarse el hecho de que

la empleada se dirigiera al Servicio de información y

asesoramiento de los derechos de la mujer dependiente

del Concello de Vigo para recabar asesoramiento jurídico

y médico sobre la persecución de la cual se creía víctima

y que iniciada la relación de trabajo en junio de 1994,

ya en el mes de octubre planteara la reclamación en

sede judicial. Sobre el empresario recaía entonces la

carga de probar que su comportamiento fue alentado,

consentido o al menos tolerado por la trabajadora, sin

que a tal fin tenga eficacia persuasiva el que en alguna

ocasión ambas familias almorzaran juntas o que el día

de su onomástica ella invitara sin éxito a un café al

empresario y a un amigo de éste.

5. Es claro, por tanto, que en el presente supuesto

se dan los elementos definidores del acoso sexual. En

primer lugar, no hay duda de que se produjo una

conducta con tendencia libidinosa y, en concreto,

tocamientos ocasionales o comentarios verbales de tal naturaleza.

En segundo lugar, también ha quedado claro que la

conducta no era deseada por la destinataria y finalmente

que fue lo suficientemente grave, por su intensidad,

reiteración y efectos sobre la salud mental de la trabajadora,

generando así un entorno laboral hostil e incómodo

objetivamente considerado, no sólo sentido como tal por

la víctima, con menoscabo de su derecho a cumplir la

prestación laboral en un ambiente despejado de ofensas

de palabra y obra que atenten a su intimidad personal.

Las anteriores consideraciones conducen

directamente a la concesión del amparo pedido por haberse

vul

nerado tal derecho fundamental de quien lo demanda,

sin desconocer por ello, como se advirtió al principio,

que el acoso sexual en el ámbito profesional puede

también tener un engarce constitucional con la interdicción

de la discriminación en el trabajo por razón de sexo

(art. 14 C.E.), presente siempre en el trasfondo, por

afectar notoriamente con mayor frecuencia y más intensidad

a la mujer que al hombre, como consecuencia de

condiciones históricas de inferioridad o debilidad de ellas

en el mercado de trabajo y en el lugar de su prestación.

No puede permitirse hoy, ni siquiera residualmente, la

perpetuación de actitudes con las cuales implícitamente

se pretende cosificarla, tratándola como un objeto, con

desprecio de su condición femenina y en desdoro de

su dignidad personal.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal

Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN

DE LA NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Otorgar el amparo solicitado por doña Ana María

Izquierdo Esteban y, en consecuencia:

1.o Reconocer que se ha vulnerado el derecho

fundamental de la demandante a su intimidad en desdoro

de su dignidad personal (arts. 10 y 18.1 C.E.)

2.o Restablecerla en su derecho y, a tal fin, declarar

la nulidad de la Sentencia que la Sala de lo Social del

Tribunal Superior de Justicia de Galicia, dictó el 9 de

febrero de 1995, recaída en el recurso de suplicación

núm. 320/95.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del

Estado".

Dada en Madrid, a trece de diciembre de mil

novecientos noventa y nueve.-Carles Viver Pi-Sunyer.-Rafael

de Mendizábal Allende.-Julio Diego González

Campos.-Tomás S. Vives Antón.-Vicente Conde Martín de

Hijas.-Guillermo Jiménez Sánchez.-Firmado y

rubricado.

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