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Documento BOE-T-1999-18103

Sala Segunda. Sentencia 138/1999, de 22 de julio de 1999. Recurso de amparo 1.691/1995. Contra Sentencia de la Audiencia Provincial de Santander que revocó la dictada por el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Santander en causa seguida por delito de injurias. Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva: Sentencia dictada inaudita parte.

  • Publicado en:

    «BOE» núm. 204, de 26 de agosto de 1999, páginas 6 a 9 (4 págs.)

  • Sección:

    Suplemento del Tribunal Constitucional

  • Departamento:

    Tribunal Constitucional

  • Referencia:

    BOE-T-1999-18103

TEXTO

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional,

compuesta por don Carles Viver Pi-Sunyer, Presidente; don

Rafael de Mendizábal Allende, don Julio Diego González

Campos, don Tomás S. Vives Antón, don Vicente Conde

Martín de Hijas y don Guillermo Jiménez Sánchez,

Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 1.691/95, promovido

por don Armando Lanuza Torre y doña María Luisa

Lagunilla Ruiloba, representados por el Procurador de los

Tribunales don Juan Antonio García San Miguel y Orueta,

bajo la dirección letrada de la propia doña María Luisa

Lagunilla Ruiloba, contra la Sentencia de la Sección

Primera de la Audiencia Provincial de Santander de 27

de marzo de 1995 (rollo de apelación núm. 48/95),

que resolvió el recurso interpuesto contra la dictada por

el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Santander el 7 de

febrero de 1995, en el procedimiento abreviado

núm. 117/90, seguido por delito de injurias. Ha sido

parte el Ministerio Fiscal, siendo Ponente el Magistrado

don Guillermo Jiménez Sánchez, quien expresa el

parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Por medio de escrito registrado en el Juzgado

de Guardia el 8 de mayo de 1995, y remitido al día

siguiente a este Tribunal por dicho órgano judicial, don

Juan Antonio García San Miguel y Orueta, Procurador

de los Tribunales y de don Armando Lanuza Torre y

doña María Luisa Lagunilla Ruiloba, interpone recurso

de amparo contra la Sentencia dictada por la Sección

Primera de la Audiencia Provincial de Santander el 27

de marzo de 1995, en el rollo de apelación núm. 48/95,

resolviendo el recurso interpuesto contra la dictada por

el Juzgado de lo Penal núm. 1 de Santander el 7 de

febrero de 1995, en el procedimiento abreviado

núm. 117/90 seguido por presunto delito de injurias

graves.

2. Los hechos, en síntesis, son los siguientes:

a) Los esposos recurrentes interpusieron denuncia

contra don Francisco Ramón García Llata por un presunto

delito de injurias graves; incoadas las diligencias

oportunas por el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Santander

se siguieron los trámites del procedimiento abreviado

con el núm. 117/90, dictándose Sentencia el 7 de

febrero de 1995 por el Juzgado de lo Penal núm. 1. En ella

se condenó al denunciado, como autor responsable de

un delito de injurias graves, a las penas de 30.000

pesetas de multa, a la de destierro durante seis meses y

un día (consistente en la prohibición de que el condenado

entre o se aproxime al lugar de residencia de los

denunciantes, así como su entrada o visita en el término

municipal de Santander), y a indemnizar a los perjudicados

en una peseta.

b) Interpuesto recurso de apelación por el penado,

se dispuso el traslado del escrito de recurso a las partes

personadas para que alegaran lo que estimaran oportuno

por término de diez días. Así lo hicieron los actores;

sin embargo, su escrito de oposición no fue unido a

la causa ni, en consecuencia, remitido a la Audiencia

Provincial para la sustanciación del recurso.

c) Con fecha 27 de marzo de 1995, la Sección

Primera de la Audiencia Provincial de Santander dictó

Sentencia estimando el recurso, revocando la de instancia

y absolviendo al apelante. La estimación la fundamentó

la Audiencia en la prescripción del delito.

d) Recibida una providencia del Juzgado en la que

se reconocía que el escrito de impugnación aún se

encontraba en éste sin unir a la causa, y teniendo noticia

de que la Audiencia ya había dictado Sentencia

resolviendo la apelación, los actores solicitaron la "nulidad

de actuaciones" por haberse conculcado el art. 24.1 C.E.

La Audiencia Provincial dictó providencia el 12 de abril

de 1995, señalando que, una vez recaída Sentencia

firme, no cabe modificarla, "sin perjuicio del recurso de

amparo".

3. La representación procesal de los actores

denunció la vulneración de los derechos a obtener la tutela

efectiva de los Jueces y Tribunales, sin que pueda

producirse indefensión,yaunproceso con todas las

garantías, protegidos en el art. 24 C.E.

Alegó al respecto, en síntesis, que se había producido

la indefensión denunciada al no haber aportado el

Juzgado a los autos remitidos a la Audiencia Provincial el

escrito de impugnación del recurso, ocasionando a sus

mandantes la imposibilidad de que sus alegaciones

fueran tomadas en consideración por la Sala. Tal

circunstancia acarreó que en la segunda instancia no se tuviese

ni siquiera como parte a sus representados ni se

conocieran sus alegaciones, dictándose así una resolución

inaudita parte.

Por todo ello solicitó de este Tribunal que reconozca

la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva

y a no padecer indefensión, anule la resolución

impugnada y ordene retrotraer las actuaciones al momento

inmediatamente anterior a la remisión de la causa a la

Audiencia Provincial, con la finalidad de que se dicte

nueva Sentencia en la que la Sala falle conociendo y

teniendo en cuenta el contenido del citado escrito.

4. Por providencia de 20 de marzo de 1996, la

Sección Tercera de este Tribunal acordó admitir a trámite

la demanda de amparo. En aplicación de lo dispuesto

en el art. 51 LOTC se solicitó del Juzgado de lo Penal

núm. 1 de Santander y de la Sección Primera de la

Audiencia Provincial de dicha ciudad la remisión de

testimonios de las actuaciones, así como el emplazamiento

de cuantos hubieran sido parte en el proceso judicial

antecedente, excepto los recurrentes en amparo, para

su posible comparecencia en este recurso.

5. Recibidas las actuaciones, la Sección acordó, por

providencia de 16 de mayo de 1996, dar vista de ellas

a la parte recurrente y al Ministerio Fiscal por plazo

común de veinte días, para que pudieran presentar las

alegaciones que estimaran pertinentes.

6. Mediante escrito registrado el 13 de junio

de 1996, el Procurador de los Tribunales señor García

San Miguel manifestó dar por reproducidas las

alegaciones contenidas en la demanda de amparo.

7. El Fiscal, ante el Tribunal Constitucional, evacuó

el trámite conferido mediante escrito registrado también

el día 13 de junio de 1996. En él interesó la concesión

del amparo pedido, dado que, a su juicio, se ha lesionado

el derecho de los recurrentes a la tutela judicial efectiva,

sin indefensión, que proclama el art. 24.1 C.E.

Señaló al respecto, en síntesis, que en el escrito de

impugnación del recurso de apelación se argumentaba

la improcedencia de estimar la prescripción del delito,

causa que fue la determinante de la revocación de la

Sentencia de instancia. La Audiencia Provincial era libre

de tomar en consideración o no tales alegaciones, pero

para ello resultaba imprescindible que las conociera. No

ocurrió así por un error de la Secretaria del Juzgado

de lo Penal, que no dio traslado del escrito en que se

contenían, pese a haber sido formuladas en tiempo y

forma. La trascendencia constitucional de la irregularidad

procesal resulta patente.

Que los errores de los órganos judiciales no deben

producir efectos negativos en la esfera jurídica de los

justiciables es doctrina reiterada de este Tribunal (por

todas, SSTC 43/1983, 172/1985 y 376/1993). En

consecuencia, el amparo debe prosperar, a juicio del

Ministerio Fiscal, y su alcance (art. 55.1 LOTC) no debe ser

otro que la retroacción de las actuaciones al momento

en el cual el Juzgado de lo Penal debió remitir las

alegaciones de los solicitantes de amparo a la Audiencia

Provincial de Santander, para dar ocasión a que ésta

dictase la resolución que estimara procedente en

Derecho después de oír a ambas partes.

8. Por providencia de 19 de julio de 1999 se señaló

para la deliberación, votación y fallo de la presente

Sentencia el día 22 del mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. La cuestión planteada en el presente recurso

consiste en determinar si la Sentencia dictada por la Sección

Primera de la Audiencia Provincial de Santander, al

resolver el recurso de apelación sin haber tenido la

oportunidad de estudiar el escrito de impugnación de los

recurrentes como consecuencia de no haber sido

remitido por el Juzgado, ha vulnerado el derecho de aquéllos

a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 C.E.).

2. Para determinar si efectivamente se vieron

privados los actores de su derecho de defensa en el

procedimiento que concluyó en Sentencia que modificó

radicalmente la condena del apelante obtenida en la

primera instancia, el juicio de este Tribunal debe

limitarse simplemente a comprobar, tras el examen de las

actuaciones, y conforme a su reiterada jurisprudencia:

1. o que la decisión fue efectivamente adoptada

inaudita parte, siendo indiferente que tal indefensión se haya

producido sólo en segunda instancia, pues también en

ésta ha de preservarse el derecho constitucional de

defensa (SSTC 102/1987, 196/1992 y 178/1995, por

todas); 2. o que ello no ocurrió por voluntad expresa

o tácita o negligencia imputable a los ahora recurrentes

(SSTC 112/1987, 66/1988, 237/1988, 327/1994

y 25/1997, entre otras muchas), y 3. o que la ausencia

de posibilidad de defensa deparó a éstos un perjuicio

real y efectivo en sus derechos e intereses legítimos

(STC 367/1993, por todas). En definitiva, de darse estos

requisitos nos encontraríamos en presencia de una

actuación judicial que ha causado indefensión, por lo

que bastará comprobar la realidad de estos elementos

para decidir sobre la viabilidad del amparo solicitado.

3. En el presente caso, el examen de las actuaciones

evidencia que las alegaciones fácticas de los solicitantes

de amparo responden a la realidad. En efecto, el 14

de marzo de 1995 el Secretario del Juzgado de lo Penal

núm. 1 de Santander dictó diligencia de ordenación en

la que se acordó lo siguiente: "Transcurrido el término

concedido a las partes, remítanse las presentes

actuaciones y piezas separadas a la Sección Primera de la

Audiencia Provincial de Santander".

Ahora bien, en esa misma fecha fue notificada al

Procurador de los demandantes la providencia que les dió

traslado para alegaciones. En consecuencia, y pese a

que los mismos evacuaron el traslado dentro del término

de diez días que les había sido otorgado, su escrito no

fue remitido a la Audiencia Provincial. Que tales hechos

sucedieron así se deduce indubitadamente de la

diligencia que obra al folio 217 de las actuaciones, la cual,

literalmente, dice: "En Santandera7deabril de 1995.

La extiendo yo, la Secretaria, para hacer constar que

al interesarse la Procuradora señora Escudero por su

escrito de impugnación del recurso de apelación en la

presente causa y que no constaba unido a las

actuaciones, éste aparece en la oficina sin unir a la causa,

constando presentado, en tiempo y forma, en el Juzgado

de Guardia siendo remitido a este Juzgado en fecha

28 de marzo de 1995 registrado con el número 186/95

en el Libro de Registro de escritos, doy fe".

A continuación obra una providencia del Juez, con

la misma fecha, ordenando lo siguiente: "Dada cuenta,

vista la anterior diligencia remítase el anterior escrito

y la causa a la Sección Primera de la Audiencia Provincial

por si hubiere infracción de los principios de audiencia,

asistencia y defensa que hubieran producido

indefensión". Por su parte, la Sección Primera de la Audiencia

Provincial de Santander, al recibir el anterior escrito, dictó

providencia de fecha 12 de abril de 1995, acordando

que "visto que ha recaído Sentencia firme y que la

jurisdicción se ha trasladado al Juzgado, no cabe modificar

la Sentencia, sin perjuicio del recurso de amparo

(art. 18.1 L.O.P.J.)".

4. El derecho fundamental a obtener la tutela

judicial efectiva reconocido en el art. 24.1 C.E. comporta

la exigencia de que en ningún momento pueda

producirse indefensión, lo que significa que en todo proceso

judicial debe respetarse el derecho de defensa

contradictoria de las partes contendientes, mediante la

oportunidad de alegar y probar procesalmente sus derechos

o intereses. El derecho a la tutela judicial efectiva supone,

no solamente el derecho de acceso al proceso, con

respeto de los principios de bilateralidad, contradicción e

igualdad de armas procesales (STC 180/1995), así como

a los recursos legalmente establecidos, sino también el

adecuado ejercicio del derecho de audiencia y defensa

para que las partes puedan hacer valer sus derechos

e intereses, excluyendo así la indefensión prohibida por

el art. 24 C.E. El principio de contradicción, en cualquiera

de las instancias procesales, constituye una exigencia

ineludible vinculada al derecho a un proceso con todas las

garantías (STC 102/1998). Además, la regla de

interdicción de la indefensión requiere del órgano

jurisdiccional un indudable esfuerzo a fin de preservar los

derechos de defensa de las partes, correspondiendo a los

órganos judiciales procurar que en un proceso se dé la

necesaria contradicción entre las partes, así como que

posean idénticas posibilidades de alegar o probar y, en

definitiva, de ejercer su derecho de defensa en cada una

de las instancias que lo componen (SSTC 226/1988,

162/1993, 110/1994, 175/1994 y 102/1998).

El hecho de que el escrito de impugnación no fuera

unido a la causa ni, en consecuencia, remitido a la

Audiencia Provincial, no es achacable a la pasividad o

negligencia de la parte, sino a un patente error del órgano

judicial que ha dado lugar a un resultado material de

indefensión, al revocarse un fallo favorable a los derechos

e intereses legítimos de los demandantes de amparo sin

que, de acuerdo con la normativa entonces vigente, fuera

posible solicitar la nulidad de actuaciones después de

dictada Sentencia firme (art. 240 L.O.P.J. antes de la

reforma introducida por la Ley Orgánica 5/1997, de 4 de

diciembre), como hemos reconocido en la STC 4/1999,

aun cuando los actores lo intentasen. Así las cosas, y

teniendo en cuenta que los errores de los órganos

judiciales no deben ni pueden producir efectos negativos

en la esfera jurídica de los ciudadanos (SSTC 43/1983,

172/1985, 130/1987, 101/1992, 22/1993, 9/1997

y 140/1997), pues, de ser así, se estaría causando

una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva

(SSTC 107/1987, 190/1990, 117/1996 y 160/1996,

hay que concluir en que, en el presente caso, se ha

causado tal lesión a los demandantes.

Por lo tanto, al haberse menoscabado real y

efectivamente el derecho de defensa y contradicción de los

demandantes en amparo, se ha conculcado el principio

de contradicción y bilateralidad y se ha producido

indefensión efectiva, infringiéndose así el derecho a la

defensayalatutela judicial efectiva, lo que obliga a otorgar

el amparo.

5. Dicho amparo, en el caso presente, ha de implicar

la retroacción de las actuaciones a aquel momento en

el cual el Juzgado de lo Penal debió remitir las

alegaciones de los apelantes a la Audiencia Provincial, con

el objeto de que ésta dicte una nueva resolución teniendo

presente el escrito anteriormente no remitido.

En efecto, ha de observarse, ante todo, que los

recurrentes no son unos simples denunciantes o

acusadores particulares, desprovistos de otra razón de

salvaguardia de sus derechos o intereses que la derivada

de su carácter de tales, sino que su condición de partes

en las actuaciones penales tiene su origen en la

titularidad de un derecho fundamental garantizado en el

art. 18.1 C.E. y, consiguientemente, protegible en

amparo, cuya violación, como consecuencia de la comisión

por el denunciado de una agresión ilegítima a través

de un delito de injurias graves, constituye el objeto

central del proceso en el que se aprecia la infracción del

derecho a la tutela judicial efectiva y cuyo proceso sólo

a su instancia puede ser iniciado.

Ciertamente, según ha declarado reiteradamente este

Tribunal, no existe un derecho fundamental

constitucionalmente protegido a obtener la condena penal de otra

persona (SSTC 157/1990, 31/1996, 199/96 y 41/1997,

y ATC 228/1987). Específicamente en la STC 41/1997

(fundamento jurídico 5. o ) dijimos que al ius ut procedatur

en que al derecho de acción penal consiste le son

aplicables las garantías del art. 24.2 C.E. En consecuencia,

y estableciendo una doctrina que resulta singularmente

relevante en los extremos ahora considerados, hemos

proclamado que: "no cabe sostener que el haz de

derechos cobijados en el art. 24 C.E. a la hora de configurar

la efectividad de la tutela judicial se agote, en el proceso

penal, con el mero respeto de las garantías allí

establecidas en favor del imputado, procesado o acusado,

según las distintas fases de aquél. Tal norma incorpora,

también, el interés público, cuya relevancia

constitucional no es posible, y ni siquiera deseable, desconocer

en un juicio justo donde queden intactas tales garantías

de todos sus partícipes" (STC 116/1997).

La doctrina transcrita encuentra cabal y plena

aplicación al referirse a un caso en el que, como ocurre

en el planteado por el presente recurso de amparo, el

Juzgado de lo Penal condenó como autor responsable

de un delito de injurias graves al denunciado, y la

absolución de éste por la Audiencia Provincial se produjo

sin la debida toma en consideración del escrito de

oposición presentado en tiempo y forma por los hoy

recurrentes en amparo, lo cual supuso una absoluta falta de

la contradicción que se encuentra, como consecuencia

lógica de la configuración constitucional del derecho de

las partes a obtener la tutela efectiva de los Jueces y

Tribunales, en la base o esencia misma de la existencia

de un juicio justo.

De ello ha de concluirse que la falta de unión a la

causa y, en consecuencia, de remisión a la Audiencia

Provincial, del escrito de oposición a la apelación

presentada por el denunciado inicialmente condenado se

produjo con un quebrantamiento tal de las exigencias

propias del correcto desarrollo del procedimiento en

curso que impiden considerar constitucionalmente

admisible las actuaciones seguidas, por lo que procede

acordar su retroacción al momento en el que se produjo

la violación procesal que cerró la posibilidad de apreciar

los términos del debate planteado entre las partes.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal

Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA C ONSTITUCIÓN

DE LA N ACIÓN E SPAÑOLA,

Ha decidido

Otorgar el amparo solicitado y, en su virtud:

1. o Reconocer que la actuación del Juzgado de lo

Penal núm. 1 de Santander vulneró el derecho a la tutela

judicial efectiva sin indefensión.

2. o Restablecer a los recurrentes en su derecho y,

a tal fin, declarar la nulidad de la Sentencia dictada

el 27 de marzo de 1995 por la Sección Primera de

la Audiencia Provincial de Santander en el rollo de

apelación núm. 48/95.

3. o Retrotraer las actuaciones al momento

inmediatamente anterior a aquel en el cual debieron remitirse

por el Juzgado los autos a la Audiencia Provincial, a

fin de que por ésta se dicte nueva Sentencia a la vista

del escrito no incorporado a la causa.

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del

Estado".

Dada en Madrid a veintidós de julio de mil novecientos

noventa y nueve.-Carles Viver Pi-Sunyer.-Rafael de

Mendizábal Allende.-Julio Diego González

Campos.-Tomás S. Vives Antón.-Vicente Conde Martín de

Hijas.-Guillermo Jiménez Sánchez.-Firmados y

rubricados.

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