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Documento BOE-T-1999-17663

Sala Primera. Sentencia 134/1999, de 15 de julio de 1999. Recurso de amparo 209/1996. Contra Sentencia de la Sala Primera del Tribunal Supremo que estimó el recurso de casación interpuesto contra la pronunciada en apelación por la Audiencia Provincial de Barcelona que revocó otra del Juzgado de Primera Instancia número 7 de Barcelona recaída en procedimiento sobre protección del derecho al honor y la intimidad. Supuesta vulneración del derecho a comunicar libremente información veraz: el derecho al honor como límite a la libertad de información.

Publicado en:
«BOE» núm. 197, de 18 de agosto de 1999, páginas 11 a 21 (11 págs.)
Sección:
T.C. Suplemento del Tribunal Constitucional
Departamento:
Tribunal Constitucional
Referencia:
BOE-T-1999-17663

TEXTO ORIGINAL

La Sala Primera del Tribunal Constitucional,

compuesta por don Pedro Cruz Villalón, Presidente; don Manuel

Jiménez de Parga y Cabrera, don Pablo García Manzano,

don Pablo Cachón Villar, don Fernando Garrido Falla y

doña María Emilia Casas Baamonde, Magistrados, ha

pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 209/96, promovido

por "Publicaciones Heres, S. A.", representada por el

Procurador de los Tribunales don Francisco Velasco

Muñoz Cuéllar y bajo la dirección del Letrado don José

Colls Alsius, contra la Sentencia del Tribunal Supremo,

Sala Primera, de 7 de diciembre de 1995, estimatoria

del recurso de casación interpuesto contra la de la

Audiencia Provincial de Barcelona, Sección Decimosexta,

de 13 de septiembre de 1991, mediante la que se revocó

la dictada por el Juzgado de Primera Instancia núm. 7

de Barcelona el 26 de septiembre de 1990, recaída en

Autos sobre protección civil del derecho al honor y la

intimidad núm. 334/89. Han sido parte don José Tous

Barberán y doña María Antonia Abad Fernández, en

nombre de sus hijos don José Zeus y doña Thais Tous Abad,

representados por el Procurador don José Caballero

Aguado, y asistidos por el Letrado don Carlos Usúa, y

el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Magistrada doña

María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer

de la Sala.

I. Antecedentes

1. El 16 de enero de 1996 tuvo entrada en el

Registro de este Tribunal el escrito de "Publicaciones

Heres, S. A.", representada por el Procurador de los

Tribunales don Francisco Velasco Muñoz Cuellar, y bajo

la dirección del Letrado don José Colls Alsius, por el

que interpuso el recurso de amparo núm. 209/96 contra

la Sentencia del Tribunal Supremo, Sala Primera, de 7

de diciembre de 1995, desestimatoria del recurso de

casación interpuesto contra la de la Audiencia Provincial

de Barcelona, Sección Decimosexta, de 13 de

septiembre de 1991, mediante la que se revocó la dictada por

el Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Barcelona

el 26 de septiembre de 1990, recaída en Autos sobre

protección civil del derecho al honor y la intimidad núm.

334/89, por presunta vulneración del derecho a

comunicar libremente información veraz por cualquier medio

de difusión [art. 20.1 d) LOTC] y del derecho a la tutela

judicial efectiva (art. 24.1 C.E.).

2. Los hechos de los que trae causa la demanda

de amparo relevantes para la resolución del caso son,

en síntesis, los siguientes:

a) Don José Zeus y doña Thais Tous Abad,

representados por sus padres, don José Tous Barberán y doña

María Antonia Abad Fernández, con motivo de la

publicación por la revista "Pronto" de un reportaje con

entrevista a doña Gisela Martínez Planas, incoaron juicio

incidental núm. 334/89 de protección del derecho al honor

y a la intimidad conforme a lo establecido en la Ley

Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil

del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar

y a la Propia Imagen, del que conoció el Juzgado de

Primera Instancia núm. 7 de Barcelona. Dicho Juzgado

dictó Sentencia el 26 de septiembre de 1990, estimando

la demanda y condenando a "Publicaciones Heres, S. A.",

editora de la revista "Pronto", al pago de una

indemnización de dos millones de pesetasyalapublicación

íntegra de la Sentencia en la citada publicación.

b) Contra la Sentencia dictada por el Juez de

Primera Instancia núm. 7 de Barcelona se interpuso recurso

de apelación por todas las partes en el proceso y por

el Ministerio Fiscal, tramitándose ante la Audiencia

Provincial de Barcelona, Sección Decimosexta. Dicha

Audiencia Provincial dictó Sentencia el 13 de septiembre

de 1991, revocando la Sentencia de instancia y

absolviendo a los demandados. El fundamento de revocación

de la Sentencia de instancia radica, a juicio de la

Audiencia Provincial, en el hecho de que el citado reportaje

no desveló ningún dato que no fuese conocido ya por

la opinión pública, bien porque así fue difundido por

los padres adoptivos de los menores, bien por otros

reportajes periodísticos publicados con motivo de las

investigaciones policiales y judiciales seguidas respecto

del eventual "tráfico de niños" en la ciudad de Alicante,

lugar en el que tuvo lugar la adopción de los menores

por don José Tous y doña María Antonia Abad. Razona

la Audiencia Provincial que el ámbito de reserva de la

vida privada viene determinado por los actos propios

de los demandantes en representación de los menores.

Así pues, la invasión en la intimidad denunciada posee

escasa relevancia para poder considerarla un límite

efectivo a la libertad de expresión, con arreglo a lo dispuesto

en el art. 2.1 de la aludida Ley Orgánica 1/1982.

c) Don José Tous y doña María Antonia Abad, en

representación de sus hijos menores de edad,

interpusieron recurso de casación por infracción de ley al

amparo de lo previsto en el art.

7.3y4delaLeyOrgánica 1/1982 y por error en la apreciación de la prueba.

El Tribunal Supremo, Sala Primera, dictó Sentencia el

7 de diciembre de 1995 estimando la casación,

confirmando parcialmente la Sentencia del Juzgado de

Primera Instancia núm. 7 de Barcelona, y elevando la

indemnización de dos a diez millones de pesetas El Tribunal

Supremo sostuvo que los datos divulgados no fueron

antes difundidos por medio de comunicación alguno,

ni por los padres de los menores, además de carecer

de la relevancia pública necesaria para justificar su

difusión. A juicio del Tribunal Supremo, la revista "Pronto"

ha revelado en dicho reportaje datos de la intimidad

de los menores obtenidos mediante su labor

investigadora e invadiendo el derecho al honoryalaintimidad

de don José Zeus Tous y de doña Thais Tous Abad.

3. El recurrente en la presente demanda de amparo,

"Publicaciones Heres, S. A.", interpone recurso contra

las Sentencias del Tribunal Supremo y del Juzgado de

Primera Instancia núm. 7 de Barcelona al considerar que

ambas resoluciones judiciales han vulnerado su derecho

a comunicar libremente información reconocido en el

art. 20.1 C.E., invocación a la que añaden en su escrito

de interposición del recurso de amparo la infracción por

la Sentencia del Tribunal Supremo del art. 24.1 C.E. La

recurrente funda su demanda de amparo en la

jurisprudencia del Tribunal Constitucional (en particular, en la

STC 171/1990) y asegura que la información era veraz

y estaba dotada de interés general y relevancia pública,

lo que reviste a la misma de una posición preferente

respecto de los derechos garantizados en el art. 18.1 C.E.

Sostiene el recurrente, respecto de la veracidad de

la información divulgada, que ninguna de las partes

intervinientes en el proceso ordinario han discutido a lo largo

del mismo la veracidad de dicha información. Don José

Tous y doña María Antonia Abad, en nombre y

representación de sus hijos adoptivos menores de edad, han

atacado la noticia por desvelar la relación existente entre

el hijo varón de ambos, don José Zeus Tous Abad, con

la señora doña Gisela Martínez Plana, quien dice ser

su madre biológica en la mentada entrevista. Cuestión

que fue objeto también de la STC 197/1991, a cuyo

antecedente 3. o se remite para demostrar que la aludida

información era veraz, en particular respecto del dato

relativo a que el matrimonio Tous-Abad pagó por el niño

a la que dice ser su madre biológica. Afirmación en la

que la recurrente abunda con la referencia a la

calificación provisional evacuada por el Ministerio Fiscal en

el sumario penal núm. 79/86 seguido ante el Juzgado

de Instrucción núm. 1 de Alicante por la presunta

existencia de una trama de venta de niños.

Sigue razonando la demandante de amparo, ahora

respecto del interés general y la relevancia pública de

la información divulgada, que el asunto en cuestión

poseía interés para el público, porque son los padres

adoptivos, don José Tous y doña María Antonia Abad,

quienes difundieron primero el dato de la adopción,

mintiendo sobre el origen del menor, divulgándose con

posterioridad la existencia de una investigación sobre una

supuesta red de tráfico de niños en Alicante, en la que

parecen resultar implicados los señores Tous-Abad. Con

motivo de dicha información se hizo un gran despliegue

informativo, dado el impacto público de los hechos y

de quienes podían verse implicados en los mismos. El

periódico "YA" y la revista "Pronto" publicaron, próximo

a celebrarse el juicio en el que doña Gisela Martínez

era una de las principales implicadas en el referido

sumario por el tráfico de menores, una serie de noticias

relativas a estos hechos. La gravedad de los hechos y el

carácter público de los personajes en ellos implicados

dotaba a las declaraciones de doña Gisela Martínez en

aquel momento de una capital importancia por el sumo

interés periodístico de las mismas al ser fuente de

información directa de los hechos, que gozaban de gran

interés informativo. Por esa razón, la revista "Pronto" localizó

a doña Gisela Martínez y concertó, previo pago de cierta

cantidad, la exclusiva de sus declaraciones. El recurrente

afirma que la revista "Pronto" se limitó a transcribir las

declaraciones de doña Gisela Martínez.

La demandante de amparo sigue razonando, en su

recurso, que, en primer lugar, el reportaje objeto de la

demanda de la familia Tous-Abad no desveló ningún dato

que no fuese ya conocido tras lo publicado en el

periódico "YA" (que fue, a su vez, objeto de la STC 297/1991)

y del que se hicieron eco los restantes medios de

comunicación, cifrando en esta circunstancia el hecho capital

que distingue el presente caso del resuelto en la ya

aludida STC 197/1991. En segundo lugar, el objeto de

la entrevista era informar al público sobre los avatares

de la vida de doña Gisela Martínez, y no sobre la relación

que supuestamente existía entre ella y el hijo adoptivo

menor de don José Tous y doña María Antonia Abad,

pues el interés periodístico y general de la información

radicaba en el hecho de ser doña Gisela una de las

implicadas en la investigación judicial sobre la existencia de

una presunta red de tráfico de niños en la ciudad de

Alicante. En tercer lugar, las posibles alusiones a la

familia Tous-Abad fueron siempre en tono respetuoso. Y en

cuarto y último lugar, no se podía evitar la alusión a

la familia Tous-Abad, porque la causa de la implicación

de doña Gisela en la presunta red de tráfico de menores

consistía, justamente, en la venta a través de un

intermediario de este menor a don José Tous y doña María

Antonia Abad.

Para finalizar su demanda de amparo, la recurrente

sostiene, como alegato último, que los actores en el

proceso ordinario, don José Tous y, en particular, doña María

Antonia Abad, no pueden pretender que doña Gisela

Martínez oculte una parte de su propia vida, negándole

su derecho a expresarse con libertad, siendo la revista

"Pronto" un simple canal para la divulgación de sus

opiniones. Y ello es así porque doña María Antonia Abad

no ha tenido reparo alguno en divulgar información sobre

su hijo adoptivo y sobre sus relaciones íntimas con

terceros (en alusión a la publicación de sus memorias por

entregas en otra revista de ámbito nacional). La

recurrente no sólo cuestiona la legitimidad de doña María Antonia

Abad para revelar datos íntimos sobre su hijo o sobre

terceros, sino que, además, le reprocha que, mientras

ella puede ejercer su libertad de expresión, informando

sobre su vida, le niegue igual derecho a doña Gisela

Martínez, y en especial cuando ésta se refiere a datos

ciertos de su biografía. A ello añade la recurrente que

los señores Tous-Abad no han reservado para su hijo

José Zeus ese mismo ámbito de privacidad tan riguroso

que ahora le exigen a terceros.

La demandante de amparo aduce, también, en su

recurso que el Tribunal Supremo infringió su derecho

a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión

(art. 24 C.E.) al pronunciarse sobre la cuantía de la

indemnización que debería satisfacer en concepto de daños

y perjuicios a la familia Tous-Abad, cuando uno de los

motivos inadmitidos por el Tribunal Supremo en el

referido recurso de casación, mediante su Auto de 3 de

junio de 1993, fue precisamente el relativo a la cuantía

de la indemnización a satisfacer. Razona la recurrente

que la inadmisión de este motivo sustrajo del debate

procesal en el trámite de casación la discusión en torno

a la cuantía de la indemnización. Sin embargo, el Tribunal

Supremo fijó una nueva indemnización, revocando la

acordada en la Sentencia del Juzgado de Primera

Instancia. Considera la demandante de amparo que este

proceder del Tribunal Supremo le causó indefensión,

pues, una vez inadmitido el motivo de casación relativo

a la cuantía de la indemnización, sustrayéndola del

debate procesal, no permitió al recurrente discutir dicho

extremo, y, en particular, el fundamento de la petición de

la familia Abad-Tous de una mayor indemnización, a

saber, el supuesto beneficio económico obtenido por

el recurrente con motivo de la publicación de la polémica

noticia. Abunda en su argumento la demandante de

amparo, señalando que la indemnización había sido

concedida por los daños morales eventualmente

ocasionados con la divulgación de la entrevista de doña Gisela

Martínez, y no por el supuesto enriquecimiento injusto

de la recurrente. Sigue diciendo la demandante de

amparo que el propio Tribunal Supremo ha dicho, en reiterada

jurisprudencia, que en casación no son revisables las

cuantías de las indemnizaciones en asuntos de

protección del derecho al honoroalaintimidad, porque el

recurso de casación no es un remedo de tercera

instancia. Además, no se ha probado ese beneficio

económico, ni se ha podido probar en la medida en que

no fue el fundamento de la indemnización interesada,

ni en la primera instancia, ni tampoco en el recurso de

casación, en el que justamente el motivo relativo a la

revisión de la cuantía de la indemnización fue inadmitido

por el propio Tribunal Supremo en su Auto de 3 de

julio de 1993. Recuerda la recurrente lo que sobre el

particular ha venido diciendo el Tribunal Constitucional,

sobre todo tras su Sentencia 20/1992, según la cual

este Tribunal podría examinar las cuantías

indemnizatorias si incurriesen en arbitrariedad o fuesen del todo

irrazonables, como sucede en el presente caso.

La recurrente de amparo pone fin a su demanda,

interesando en la misma que se reconozca su derecho

a comunicar libremente información veraz (art. 20.1 C.E.)

y su derecho a la tutela judicial efectiva sin padecer

indefensión (art. 24.1 C.E.). Solicita, por ello, que se

anulen las Sentencias del Tribunal Supremo y del Juez

de Primera Instancia núm. 7 de Barcelona, y, de no

acceder a dicha nulidad, que se anule el incremento

de la indemnización a satisfacer acordado por la

Sentencia del Tribunal Supremo y, por último, que se acuerde

la suspensión de la publicación íntegra de la Sentencia

y del pago de la indemnización acordada.

4. Por providencia de 15 de abril de 1996, la Sala

Primera, Sección Primera, de este Tribunal admitió a

trámite el presente recurso de amparo, y, con arreglo a

lo dispuesto en el art. 51 LOTC, acordó interesar del

Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Barcelona, de

la Sección Decimosexta de la Audiencia Provincial de

Barcelona y de la Sala Primera del Tribunal Supremo,

la remisión de los Autos y el emplazamiento de cuantos

hayan sido parte en el procedimiento judicial, con

excepción de la recurrente, para que en el plazo de diez días

compareciesen en este proceso constitucional. En esa

misma providencia, se ordenó la apertura de la

correspondiente pieza separada de suspensión, que fue

acordada mediante Auto de 27 de mayo de 1996 en cuanto

a la condena a publicar la Sentencia dictada por el

Juzgado de Primera Instancia núm. 7 de Barcelona,

denegándose, en cambio, la suspensión del pago de la

indemnización.

5. Por escrito registrado en este Tribunal el 9 de

mayo de 1996, la representación procesal de don José

Zeus y de doña Thais Tous Abad interesó que se la

tuviese por personada en el presente recurso de amparo.

6. Por providencia de 1 de julio de 1996, la Sala

Primera, Sección Primera, de este Tribunal tuvo por

recibidos los testimonios de las actuaciones, y, a tenor de

lo dispuesto en el art. 52 LOTC, acordó dar vista de

todas las actuaciones por un plazo común de veinte días

al Ministerio Fiscal, y a los Procuradores señores Velasco

Muñoz Cuéllar y Caballero Aguado para que dentro de

dicho término presentasen cuantas alegaciones

estimasen convenientes.

7. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 15

de julio de 1996, elevó sus alegatos el Ministerio Fiscal,

interesando la desestimación del presente recurso de

amparo. Razona el Ministerio Fiscal en su escrito que,

con arreglo a la doctrina del Tribunal Constitucional, en

especial la establecida en sus Sentencias 231/1988

y 191/1991, el derecho a la intimidad personal y familiar

del art. 18.1 C.E. actúa como límite frente al derecho

a comunicar libremente información, garantizando un

ámbito vedado al conocimiento de terceros,

constituyendo ese reducto el contenido esencial del mencionado

art. 18, que debe preservarse mediante el

reconocimiento de los oportunos mecanismos de garantía frente a

una publicidad no deseada, innecesaria e imprevista.

Es cierto, dice el Ministerio Fiscal, que los personajes

públicos, por su actividad profesional, deben sufrir

mayores intromisiones en su vida privada que los simples

particulares, pero no lo es menos que su condición de

figura pública no les priva por entero del disfrute del

derecho a la intimidad, y menos aún del derecho de

sus familiares. El elemento decisivo para determinar si

ha habido o no una intromisión ilegítima en la intimidad

de las figuras o personajes públicos es el dato objetivo

de la relevancia publica de lo divulgado, así como que

su relevancia esté justificada en función del interés

público del asunto sobre el que se informa o del interés

legítimo del público en su conocimiento. Sin olvidar que

la revelación de ciertos eventos acaecidos a los

miembros de la familia tienen, normalmente y dentro de las

pautas culturales de nuestra sociedad, trascendencia

para el individuo, al poder incidir negativamente en su

personalidad su indebida revelación.

En el caso de Autos, la intimidad que debe protegerse

es la del menor, José Zeus Tous Abad, que debe

salvaguardarse, no sólo respecto de terceras personas, sino

también de sus propios familiares, pues ni siquiera la

patria potestad que pueda ejercerse sobre el menor

atribuye un derecho a quien sea su titular de disposición

sobre la intimidad de ese menor, y, en todo caso, el

ejercicio de esa patria potestad debiera ser para su

protección. Los datos revelados carecen, además, de interés

general, y no son relativos a un personaje público, pues

se refieren a don José Zeus Tous, menor de edad e

hijo adoptivo de quienes en su nombre han demandado

civilmente al ahora recurrente en amparo. Téngase en

cuenta, añade el Ministerio Fiscal, que en los datos

revelados sobre la vida de don José Zeus Tous (revelación

de quién puede ser su madre biológica, los

acontecimientos acaecidos en la vida de ésta y su profesión)

pueden resultar ofensivos para la sensibilidad de una

persona razonable (con expresa referencia a lo dicho

sobre el particular en la STC 197/1991). Juicio que no

se ve afectado por las manifestaciones y/o actividades

de los padres adoptivos, sea cual sea la índole de las

mismas. Así pues, la información que revelan esos datos

supone una grave intromisión en la intimidad personal

y familiar del menor don José Zeus Tous, extremos todos

ellos que fueron debidamente ponderados por el Tribunal

Supremo en la Sentencia impugnada en el presente

recurso de amparo.

Respecto de la alegada infracción del art. 24.1 C.E.,

el Ministerio Fiscal considera que no hubo tal, porque,

en primer lugar, el Tribunal Supremo en su más reciente

jurisprudencia considera que es competente para revisar

la indemnización otorgada en la instancia por no ser

ésta una cuestión de hecho, pues el incumplimiento por

la Sentencia de instancia de las bases indemnizatorias

fijadas en el art. 9.3 de la Ley Orgánica 1/1982 supone

una infracción de la Ley que puede ser examinada en

casación por el Tribunal Supremo (siempre que no se

exceda de la cuantía pedida en el proceso a quo), y,

en segundo lugar, y por lo que se refiere a la precisión

de la cuantía de la indemnización, es ésta una cuestión

de mera legalidad ordinaria, que, habiendo sido resuelta

por el Tribunal Supremo sin incurrir en irrazonabilidad

o arbitrariedad, limitándose tan sólo a indicar que la

Sentencia de instancia no ha tenido en cuenta todas las

bases legalmente fijadas para establecer dicha cuantía

(según el Ministerio Fiscal, el Tribunal Supremo

exclusivamente señaló que el Tribunal de instancia no tuvo

en cuenta el posible enriquecimiento injusto del ahora

recurrente en amparo por el beneficio obtenido con la

divulgación de dicha información), por lo que no cabe

afirmar que no ha habido lesión alguna con relevancia

constitucional del art. 24.1 C.E.

8. Por escrito registrado en este Tribunal el 26

de julio de 1996, la representación de "Publicaciones

Heres, S. A." interesa la corrección de un error material

apreciado en su escrito de interposición de la presente

demanda de amparo respecto de la fecha exacta de

la STC 20/1992.

9. Por escrito registrado en este Tribunal el 30 de

julio de 1996, los menores don Zeus Tous y doña Thais

Tous, representados por sus padres adoptivos don José

Tous y doña María Antonia Abad, solicitaron la

desestimación del recurso de amparo y la condena en costas

por temeridad al recurrente. Consideran que la

divulgación de la presumida filiación materna del menor don

José Zeus Tous como hijo de una prostituta supone una

indiscutible intromisión, más que en el honor del citado

menor, en el derecho a la intimidad de la familia entera.

El asunto, señalan, es sustancialmente el mismo que el

resuelto en la Sentencia de este Tribunal núm. 197/1991,

debiendo tenerse por antecedentes

jurídico-constitucionales del presente amparo tanto los criterios establecidos

por el Ministerio Fiscal, como los sentados por el propio

Tribunal Constitucional en aquella ocasión, y que

coinciden también sustancialmente con los expuestos en

este caso por el Ministerio Fiscal en sus alegatos

respecto de la infracción del art. 18.1 C.E. Así, también,

argumentan que deben ser tenidos como "hechos

antecedentes" vinculantes para la presente resolución

aquellas decisiones de diversos órganos jurisdiccionales

relativas a la difusión de la mentada y supuesta filiación

del menor, que fueron en todas ellas considerada como

una ilegitima intromisión en el derecho a la intimidad

personal y familiar de la familia Tous-Abad, e incluso

se tuvieron por conductas delictivas. Todos ellos,

insisten, son hechos que deben tenerse en cuenta para la

adecuada resolución del presente caso, y que

constituyen doctrina jurídica consolidada, incluso desde la

perspectiva constitucional, en cuanto a lo sucedido a

dicha familia y, en particular, a los menores adoptados.

Sostiene esta parte que los arts. 20.1 y 18.1, ambos

de la C.E., no garantizan intereses contrapuestos, sino

absolutamente complementarios, orientados al

reforzamiento de la convivencia social, propia de una sociedad

democrática avanzada. Pero el relato de las truculentas

y luctuosas peripecias vitales de un tercero, en esta

ocasión de quien dice ser la madre biológica del menor

don José Zeus Tous, arrastra tras de sí al menor citado

al que esa información también refiere, haciéndole

desmerecer socialmente, al igual que lo hace de aquella

que declara ser su madre biológica. La posición

preferente de la libertad de información no la hace ilimitada,

pues la misma se halla restringida por el debido respeto

a la intimidad personal y familiar (art. 18.1 C.E.) y a

la protección de la infancia y la juventud (art. 20.4 C.E.),

que también son fundamento del orden político y de

la paz social (art. 10.1 C.E.). Esta misma ponderación

de la concurrencia de ambos derechos fundamentales

a la luz de las circunstancias concretas del caso fue

hecha por el Juzgado de Primera Instancia de Barcelona

y por el Tribunal Supremo, que no imponen una

injustificada restricción del derecho a comunicar información

protegido por el art. 20.1 C.E., sino que simplemente

efectúan una ponderación que no coincide con la

concepción que el recurrente mantiene sobre la preferencia

del derecho fundamental a comunicar información

respecto del derecho también fundamental a la intimidad

personal y familiar. Son, pues, los órganos judiciales,

y sólo estos, quienes deben realizar dicha ponderación,

y hecha ésta, al Tribunal Constitucional sólo le cabe

examinar si ésta es o no razonable (SSTC 120/1983

y 104/1986).

Añaden los representantes de los menores Tous-Abad

que, aunque la información fuese veraz, su contenido

difamante para los terceros y el menor es tan evidente

que su eventual veracidad no excusa su legítima

intromisión en su vida privada. Además, ni siquiera es veraz,

pues no se ha comprobado diligentemente lo dicho por

doña Gisela Martínez en el reportaje, que no es la mera

reproducción de las declaraciones espontáneas de esta

persona, sino un interrogatorio gestado y pergeñado por

el periodista que realiza el mismo, quien buscó y pujó

con otros por la exclusiva de las declaraciones de la

señora Martínez. Así pues, aún cuando la información

pudiera ser veraz, que no lo es, tampoco por ello dejaría

de ser lesiva del derecho al honor. Por otro lado, la

información no sólo carece de la cualidad de noticiosa por

estar ayuna de relevancia pública, sino que con su

divulgación los periodistas han hecho un uso desviado e

ilegítimo de la libertad de información. Los demandantes

de amparo pretenden que el dato de la referencia a

don José Zeus Tous y a su madre adoptiva, doña María

Antonia Abad, es adjetivo y accidental. Sin embargo,

no cabe duda que constituye el fin buscado por el

reportaje establecer esa relación entre doña Gisela Martínez,

que se confiesa prostituta de profesión, el hijo adoptivo

de doña María Antonia Abad, don José Zeus Tous y

con la propia doña María Antonia Abad, que es conocida

públicamente con el nombre de "Sara Montiel", y

conectar a esta última infamantemente con el tráfico de

menores, siendo indiferente que las expresiones vertidas en

el reportaje no sean formalmente injuriosas, pues el

animus iniurandi no opera en el ámbito de la protección

civil del derecho al honoryalaintimidad.

Siguen razonando que es incierto que no se desvelen

hechos nuevos, como sostienen los recurrentes, pues

el reportaje suma a lo ya divulgado con anterioridad

nuevos datos sobre la vida privada de doña Gisela

Martínez, que, sin duda, hacen desmerecer aún más al menor

de quien doña Gisela pretende ser madre biológica.

Sin perjuicio de que en lo que es mera repetición de

datos ya divulgados, no por serlo, son menos lesivos

del art. 18 C.E.

Respecto de la supuesta limitación expuesta a la

libertad de expresión de doña Gisela Martínez, resulta

indudable que puede ejercerla, pero, no por ello, en el legítimo

ejercicio de su libertad de expresión puede afectar

impunemente con el relato de su propia vida a la intimidad

y al honor de terceros, que incluso pueden, como es

el caso, desconocer su hipotética relación o parentesco

con doña Gisela Martínez, quien desvela hechos

concernientes a la adopción de don José Zeus Tous. Pero

la propia ilicitud de ejercicio de la libertad de expresión

por doña Gisela Martínez, en cuanto revela información

lesiva para la intimidad y el honor de un tercero, se

transmite al ejercicio de la libertad de información de

la revista "Pronto", pues reproduce hechos ilícitos, y así

lo han declarado judicialmente diversos órganos de la

jurisdicción ordinaria, porque no se limita a transcribir

las palabras de doña Gisela Martínez, sino que

confecciona las declaraciones de la misma, siendo el periodista

un coautor por cooperación necesaria del delito de

injurias, lo que también es aplicable al campo de las injurias

civiles. Y ello es así porque esas declaraciones fueron

pagadas y no espontáneas y libres, y la revista ha

amplificado aún más si cabe con su publicación las

declaraciones de doña Gisela Martínez.

Es cierto, siguen diciendo, que los padres adoptivos

de los menores desvelaron la existencia de la adopción.

Pero no lo es menos que esa fue la única información

desvelada y que fueron muy cuidadosos en preservar

las circunstancias concretas en las que se había

efectuado, hasta el punto de dar información falsa para

encubrir los datos reales de la adopción con el objeto de

proteger la intimidad y el honor del menor adoptado.

La revelación de esos datos, que no han sido divulgados

por los padres adoptivos, constituye una intromisión

ilícita en la intimidad, que fue celosamente preservada

de su conocimiento público por los padres de los

menores, como también se ha reconocido por los órganos

judiciales.

Respecto de la invocada lesión del art. 24 C.E., aduce

esta parte recordando la doctrina de este Tribunal

Constitucional sobre su incompetencia para pronunciarse

sobre las indemnizaciones por daños y perjuicios,

cuestión de exclusivo conocimiento de la jurisdicción

ordinaria, y que no se ha variado por la doctrina de la

STC 20/1992 como pretenden los recurrentes, pues

dicha Sentencia únicamente añade a lo ya dicho que

el Tribunal Constitucional podrá revisar las decisiones

judiciales sobre indemnizaciones cuando sean

manifiestamente desproporcionadas o irrazonables. La

recurrente, razonan, tachó a la indemnización de irrazonable,

apoyándose en la ausencia de prueba del beneficio que

habría obtenido como resultado de la venta de la revista

que contenía el discutido reportaje, y por el hecho de

que se haya inadmitido el motivo casacional relativo a

la cuantía de la indemnización. En realidad, siguen

diciendo, el Tribunal Supremo obró como Tribunal de instancia

en el momento de determinar dicha cuantía, una vez

casada la Sentencia de la Audiencia Provincial, conforme

a lo dispuesto en el art. 1.715.1.3. o de la L.E.C. Así pues,

el Tribunal Supremo cuando inadmite por razones

formales el motivo de casación tercero aducido en su

recurso por los ahora demandantes de amparo, lo sustrae

al debate procesal y coloca en igual posición a

recurrentes en casación y partes intervinientes en la misma, que

ya nada podrán decir sobre el particular, lo que, en contra

de lo dicho por la recurrente, no produce indefensión.

Una vez casada la Sentencia de apelación, y actuando

como instancia, el Tribunal Supremo resolvió el fondo

en los términos debatidos, entre los que indudablemente

se encontraba la cuantía de los perjuicios irrogados al

menor por la publicación de la mentada entrevista, sobre

la que sí pudo alegar y defenderse también ante el

Tribunal Supremo la recurrente. Una vez hecho esto, el

Tribunal Supremo razona sobradamente el asunto de

la indemnización. No siendo tampoco de recibo la cita

de Sentencias de este Tribunal, pues todas ellas son

anteriores a la moficiación introducida en la L.E.C. por

la Ley 19/1992, que es la que autorizó al Tribunal

Supremo, a partir de su entrada en vigor, a realizar el control

de la cuantía indemnizatoria. El Tribunal Supremo se

limitó a revisar en casación las bases para fijar dicha

cuantía, pero no la cuantía misma, aunque de resultas

de aquel examen acordara fijar una indemnización

distinta a la establecida en primera instancia.

10. Por providencia de 11 de junio de 1999, se

señaló para la deliberación de la presente Sentencia el

día 14 de junio, en el que se inició el trámite y que

ha finalizado en el día de la fecha.

II. Fundamentos jurídicos

1. La sociedad recurrente dirige su demanda de

amparo contra la Sentencia del Tribunal Supremo de 7

de diciembre de 1995, que revocó la de la Audiencia

Provincial de Barcelona de 13 de septiembre de 1991,

por la que se la absolvía de la demanda de protección

del derecho al honor y a la intimidad promovida, en

nombre de don José Zeus y de doña Thais Tous Abad,

por sus padres adoptivos, don José Tous Barberán y

doña María Antonia Abad Fernández. La citada demanda

y el posterior litigio se produjeron con motivo de dos

informaciones periodísticas publicadas en la revista

"Pronto", de la que es editora la demandante del

presente amparo, en las que se transcribía una extensa

entrevista realizada a doña Gisela Martínez Plana y un

reportaje sobre un luctuoso suceso acaecido a esta

última. El presente recurso de amparo trae de nuevo ante

este Tribunal hechos similares a los que motivaron su

STC 197/1991, pues, en ambos, la polémica

información ha consistido en la divulgación por un medio de

comunicación social de datos relativos a la filiación

biológica de un menor de edad adoptado, a la biografía

y situación personal de quien dice ser su madre biológica

y a los avatares que rodearon dicha adopción.

La recurrente sostiene en su demanda de amparo

que las Sentencias del Juez de Primera Instancia y del

Tribunal Supremo han vulnerado tanto su derecho

fundamental a comunicar libremente información veraz

[art. 20.1.d) C.E.] como su derecho a la tutela judicial

efectiva sin padecer indefensión (art. 24.1 C.E.). Aduce,

en el primer caso, que la información por cuya

divulgación ha sido condenada civilmente por una eventual

lesión de los derechos al honoryalaintimidad personal

y familiar de los citados menores era veraz, como así

se desprende de la misma STC 197/1991, pues los

hechos divulgados son los mismos en un caso y otro;

y, además, la información transmitida versaba sobre una

cuestión de interés general, pues, según parece, los

adoptantes, personajes dotados de notoriedad pública,

podrían estar implicados en una hipotética red de tráfico

de niños por la que ha sido procesada la señora Martínez,

protagonista de ambos reportajes. Razona la recurrente

que la información publicada no sólo transcribe lo

declarado por quien dice ser la madre biológica del menor

adoptado, cuya vida es el objeto del reportaje, y no la

hipotética relación con el menor o las circunstancias

de su adopción, sino que, además, no hace sino referir

hechos que ya eran de dominio público. Abunda en su

defensa "Publicaciones Heres, S. A.", señalando que las

alusiones a la familia Tous-Abad eran inevitables en el

contexto de ambos reportajes, alusiones que, en todo

caso, siempre lo fueron en tono respetuoso, sin que

puedan los padres adoptivos de los menores cuya intimidad

y honor ha sido supuestamente afectados impedir con

su demanda que doña Gisela Martínez se exprese

libremente y divulgue su biografía, como ha hecho la propia

señora Abad, no sólo respecto de sus hijos adoptivos,

sino también en relación con otros terceros.

La parte personada en este procedimiento en

representación de los menores adoptados, don José Zeus

y doña Thais Tous Abad, y el Ministerio Fiscal, coinciden

en interesar la desestimación de este recurso de amparo

y la confirmación de la Sentencia del Tribunal Supremo,

fundando sus alegatos en la circunstancia de que la

intimidad y el honor que se tratan de salvaguardar son

los de los referidos menores, quienes ni son personajes

públicos que deban tolerar una aminoración de sus

derechos del art. 18.1 C.E., ni el asunto posee relevancia

pública, y los datos revelados sobre la vida de quien

dice ser la madre biológica del primero pueden resultar

ofensivos para los menores y la familia Tous-Abad.

Mientras que el Juez de Primera Instancia y el Tribunal

Supremo han considerado que la revelación de esa

información constituyó una intromisión ilegítima en los

derechos al honoryalaintimidad personal y familiar de

los menores adoptados, la Audiencia Provincial, por el

contrario, absolvió al medio de comunicación al estimar

que la revista "Pronto" no había revelado datos que no

estuviesen ya divulgados, bien porque los padres

adoptivos de ambos menores los habían difundido con

anterioridad, bien porque otras informaciones periodísticas

habían dado cuenta de los mismos. Como en aquella

otra ocasión resuelta por la mencionada STC 197/1991,

se trata también ahora de examinar si los reportajes

periodísticos en cuestión gozan de la protección del

derecho fundamental a comunicar libremente información

veraz [art. 20.1 d) C.E.] como así lo sostiene la recurrente,

o si se está, una vez más, ante una intromisión en la

intimidad personal y familiar y en el honor de los menores

de edad y de sus padres adoptivos lesiva del art. 18.1 C.E.

Así pues, daremos respuesta en primer lugar a esta

cuestión, examinando a continuación la lesión, también

invocada por la demandante de amparo, del derecho

a la tutela judicial efectiva sin padecer indefensión

(art. 24.1 C.E.) al haberse pronunciado el Tribunal

Supremo sobre la cuantía de la indemnización a las que se

les condenó en primera instancia.

2. Como en tantas otras ocasiones, los alegatos de

las partes personadas en este recurso de amparo han

insistido en el examen de la corrección y razonabilidad

de la ponderación de los derechos fundamentales

invocados hecha por los órganos judiciales. Sin embargo,

y al margen de que esos órganos judiciales hayan

cumplido con su obligación de efectuar tal ponderación en

el caso concreto, no por ello la competencia de este

Tribunal debe limitarse a examinar la suficiencia y

consistencia de la motivación de sus resoluciones judiciales,

pues no se trata aquí de comprobar si dichas

resoluciones han infringido o no el art. 24.1 C.E., sino de

resolver un eventual conflicto entre el derecho fundamental

a comunicar libremente información veraz [art. 20.1 d)

C.E.] y los derechos al honoryalaintimidad personal

y familiar (art. 18.3 C.E.). Así pues, a este Tribunal

Constitucional, en su condición de garante máximo de los

derechos fundamentales, le corresponde examinar si la

ponderación hecha por los órganos judiciales ha sido

realizada de acuerdo con el contenido que

constitucionalmente corresponde a cada uno de ellos y, en caso

afirmativo, confirmar la resolución judicial, aunque, para

ello, sea preciso utilizar criterios distintos de los aplicados

por aquéllos en cuanto sus razones no vinculan a este

Tribunal ni reducen su jurisdicción a la simple revisión

de la motivación de las resoluciones judiciales

(STC 200/1998).

3. Conviene, antes de identificar el derecho

fundamental del art. 20.1 C.E. o del art. 18.1 C.E.

eventualmente ejercidos en el presente caso, recordar, aunque

sea sucintamente, el contenido de ambos reportajes

periodísticos publicados en la revista "Pronto".

En el primero de ellos, anunciado en la portada del

número de la revista en el que se publicó, se transcribe

una larga entrevista concedida en exclusiva por doña

Gisela Martínez a la mentada publicación, según indica

la cabecera de la misma. Tras un titular en el que se

hace referencia a la libertad provisional de la entrevistada

en espera de un juicio, que más adelante se identifica

como el relativo a la existencia de una red ilegal de

compraventa de menores, y a que quien es entrevistada

en exclusiva es "la madre natural de Zeus", se añade

la expresión: "Jamás quitaré mi hijo a ªSara Montielº".

El texto introductorio, que da pie a la entrevista de doña

Gisela Martínez, identifica en diversas ocasiones a la

entrevistada como la persona procesada con ocasión

de las diligencias penales abiertas por la posible

existencia de una red de tráfico de compraventa de niños.

Asimismo, se señala que vendió sus dos hijos, siendo

uno de ellos don José Zeus, hijo adoptivo de "Sara

Montiel", nombre artístico de la señora Abad, y que esta

última declaró en el sumario de dicho proceso que su

hijo adoptivo había nacido en Alicante, ciudad donde

se habrían sucedido los hechos investigados, y no en

América Latina, como había revelado inicialmente a los

medios de comunicación.

Tras describir la búsqueda y localización por los

periodistas de la entrevistada, el reportaje reproduce la larga

entrevista sostenida entre los informadores y doña Gisela

Martínez, en la que narra diversos extremos de su

biografía, entre los que cabe destacar ahora el relato sobre

su embarazo de quien identifica como su segundo hijo,

Zeus, a quien dio en adopción con la intermediación

de una tercera persona, que sabía que la pareja que

lo iba a adoptar eran "Sara Montiel" y su esposo, José

Tous, quien se preocupó en diversas ocasiones por la

marcha del embarazo, negando que hubiera recibido

dinero por la entrega del menor. Relata también que

ejerció la prostitución durante el embarazo, que nunca

ha tenido contacto con el menor, ni lo considera

conveniente, y tranquiliza a la familia, afirmando que no

se lo quitará. El artículo se cierra alabando la actitud

de "Sara Montiel", proporcionando a "estos niños una

vida digna". Este reportaje se ilustra con diversas

fotografías de la entrevistada, de "Sara Montiel", del propio

menor, y de la familia Tous-Abad, así como de las

fotocopias de las hojas de un libro de familia correspondiente

a dos "hijos" en los que aparecen los nombres de los

menores y sus padres adoptivos. Asimismo, se

sobreimpresionan recortes de periódicos relativos a los

mencionados avatares de la adopción.

La segunda información se encabeza con un título

referido al homicidio de una tercera persona vinculada

a doña Gisela Martínez, reiterando en una breve cabecera

las referencias a la trama de compraventa de menores

y a la condición de "madre natural del hijo menor de

ªSara Montielº", con mención del anterior reportaje. En

esta ocasión, el cuerpo central de la información es un

extenso texto elaborado por los periodistas de la revista,

que se cierra con la transcripción de una breve entrevista

a doña Gisela Martínez sobre tan luctuoso suceso.

Reportaje que es ilustrado con fotografías de la aludida y el

fallecido, así como con las de un talón que la revista

habría extendido a su favor. En este segundo reportaje,

se vuelve a insistir en la existencia de un proceso penal

sobre la presunta existencia de una red de tráfico de

niños, en la que se implica a "Sara Montiel", quien habría

adquirido a su hijo adoptivo, José Zeus Tous, sirviéndose

de aquella red.

A la vista del reportaje periodístico, no cabe duda

de que el ejercido ha sido el derecho a comunicar

libremente información, pues su contenido no es otro que

la narración de diversos hechos relativos a las

indagaciones efectuadas por los periodistas para dar con el

paradero de doña Gisela Martínez, y sobre la vida de

la entrevistada y de la de don José Zeus Tous y de

doña María Antonia Abad, "Sara Montiel". No es éste

uno de aquellos casos en los que no es fácil separar

la expresión de pensamientos, ideas y opiniones de la

simple narración de unos hechos. Los reportajes

periodísticos que aquí debemos enjuiciar poseen dos

mensajes perfectamente diferenciables: uno consistente en

la narración elaborada por la revista de los diversos

hechos referidos a la entrevistada y al menor adoptado

y a su madre adoptiva, y otro compuesto por las

declaraciones de la entrevistada, que la revista, ciertamente,

se limita a transcribir. No obstante, aunque no se trata

aquí de uno más de tantos supuestos en los que se

divulga una noticia, esto es, la narración de unos hechos

al hilo de los cuales se formula una crítica, es aconsejable

examinar de consuno, en primer lugar, la veracidad de

aquella narración y transcripción de las palabras de un

tercero, y, a continuación, la ausencia de expresiones

formalmente injuriosas o innecesarias en uno u otro caso

(SSTC 6/1988, 107/1988, 59/1989, 105/1990, 171

y 172 de 1990, 190/1992, 123/1993, 178/1993,

76/1995, 138/1996, 204/1997 y 1/1998), dado que

el art. 20.1 C.E. ni protege la divulgación de hechos

que, defraudando el derecho de todos a recibir

información veraz, no son sino simples rumores, invenciones

o insinuaciones carentes de fundamento, ni tampoco

proporciona amparo a las insidias o insultos (SSTC

105/1990 y 178/1993).

En consecuencia, tanto la narración de los avatares

biográficos de la entrevistada, su conexión con una red

de tráfico de menores, y la revelación de la identidad

de un menor de quien dice ser madre biológica, y al

que dio en adopción, y de la madre adoptiva de éste,

cuanto la publicación de las declaraciones de la

entrevistada, bien pueden considerarse, en principio,

información de la protegida en el art. 20.1 d) C.E. Para

determinar si es efectivamente así, antes habrá que

comprobar si se trata de una información veraz, no pudiendo

emplear el mismo canon de veracidad para el cuerpo

de dicha información elaborado por la propia revista,

que para el de aquella parte del reportaje que no es

sino la reproducción de las declaraciones de doña Gisela

Martínez.

4. Con arreglo a la doctrina reiterada de este

Tribunal, la exigencia de que la información deba ser veraz

para encontrar protección en el art. 20.1 d) C.E. no va

dirigida tanto a la imposición de una rigurosa y total

exactitud en el contenido de la información, cuanto a

negar la protección constitucional a la transmisión como

hechos verdaderos bien de simples rumores, carentes

de toda constatación, bien de meras invenciones o

insinuaciones, sin comprobar su veracidad mediante las

oportunas averiguaciones propias de un profesional

diligente, y ello, a pesar de que su total exactitud pueda

ser controvertida o se incurra en errores circunstanciales

que no afecten a la esencia de lo informado

(SSTC 6/1988, 107/1988, 105/1990, 171/1990

y 172/1990). Respecto de lo primero, y con arreglo

a la doctrina de este Tribunal sobre lo que haya de

considerarse información veraz, resulta probado que los

periodistas obraron con la diligencia profesional debida

en la comprobación y cotejo con datos objetivos de la

información divulgada (SSTC 219/1992, 240/1992,

178/1993, 28/1996 y 200/1998), pues parece estar

abierto un sumario penal en el que se investiga la aludida

red de compraventa de menores, donde está procesada

doña Gisela Martínez, lo que ella misma reconoce, entre

cuyas diligencias se halla una declaración de doña María

Antonia Abad sobre el lugar de nacimiento de su hijo

adoptivo, don José Zeus Tous; y por veraces se tuvieron

estos hechos en la STC 197/1991. Sin embargo, las

partes no discrepan sobre la veracidad de esta

información, sino de la vertida en la entrevista, en particular

la condición de madre biológica del menor que se

atribuye la entrevistada, suscitando de lleno la cuestión

de los reportajes neutrales, y si esta doctrina puede

aplicarse a aquellos casos en los que el medio de

comunicación no se limita a transcribir lo dicho por otro

espontáneamente, sino que busca al tercero, le formula una

serie de preguntas a las que éste contesta, y esas

declaraciones se publican encuadradas en un reportaje más

amplio.

Este Tribunal viene diciendo, desde hace tiempo, que

en aquellas ocasiones en las que el medio de

comunicación social no hace sino reproducir lo que un tercero

ha dicho o escrito, divulgando lo que así ha transcrito,

no sólo actúa como soporte y medio de difusión de las

opiniones o informaciones trasmitidas por ese tercero,

a cuya responsabilidad deben imputarse por entero, sino

que, además, el medio de comunicación ejerce su

derecho a comunicar libremente información veraz con tal

reproducción de las declaraciones de otro. Así pues, lo

relevante en estos casos no es si el medio de

comunicación ha obrado como simple canal de difusión de

lo que otros han dicho (SSTC 159/1986, 15/1993,

336/1993, 4/1996 y 3/1997), o si, como en el que

ahora nos ocupa, es el propio medio de comunicación

quien pergeña una entrevista que luego publicará,

incluso en el caso de que medie un pago en metálico por

ello, sino la neutralidad del medio de comunicación en

la transcripción de lo declarado por ese tercero. Por tanto,

estaremos ante un reportaje neutral si el medio de

comunicación se ha limitado a cumplir su función transmisora

de lo dicho por otro, aunque él haya provocado esa

información, siempre que no la manipule mediante su artero

fraccionamiento en el seno de un reportaje de mayor

extensión, interfiriendo en su discurrir con

manifestaciones propias, componiéndolo con textos o imágenes

cuyo propósito sea, precisamente, quebrar la neutralidad

del medio de comunicación respecto de lo transcrito,

de suerte que esa información haya dejado de tener

su fuente en un tercero, para hacerla suya el medio de

comunicación que la reproduce y difunde; es decir,

cuando el medio, haya permanecido o no ajeno a la

generación de la información, no lo fuera, y esto es lo que

importa, respecto de la forma en la que lo ha transmitido

al público (SSTC 41/1994 y 22/1995).

En casos como el que nos ocupa, en los que se puede

calificar de neutral al reportaje, no es posible considerar

al medio de comunicación como autor y responsable

de lo dicho o escrito, razón por la que el canon de

veracidad posee aquí una distinta dimensión. La veracidad

exigida no lo es de lo transcrito, sino de la transcripción

misma, esto es, la diligencia debida que debe probar

el medio consiste, justamente, en la demostración de

su neutralidad respecto de lo transcrito. En efecto, el

medio de comunicación debe acreditar la conexión

material de las declaraciones del tercero con el objeto del

reportaje en el que esas declaraciones se integran, así

como la ausencia de indicios racionales de falsedad

evidente de lo transcrito, para evitar que el reportaje neutro

sirva indebidamente a la divulgación de simples rumores

o insidias. Una ausencia de indicios de falsedad que se

prueba con la acreditación fehaciente de que lo transcrito

existe y coincide fielmente con lo dicho o lo escrito por

el tercero, y de que, a aquel a quien se le imputa lo

reproducido sea en efecto la fuente de lo transcrito, al

que, además, se debe identificar con exactitud o estar

en disposición de poder hacerlo (SSTC 41/1994,

22/1995 y 3/1997). Si el medio de comunicación

cumple con ese deber de diligencia, prueba de su neutralidad,

el responsable de cuanto se diga en las declaraciones

reproducidas será su autor material, esto es, quien las

hace, pero no quien las reproduce (STC 3/1997,

Sentencia del T.E.D.H., asunto Jersild, de 23 de septiembre

de 1994).

En el caso presente, no sólo no se ha discutido que

el medio se limitó a reproducir fielmente lo dicho por

un tercero sin someter sus declaraciones a torticeras

manipulaciones, sino que ni siquiera fue objeto de

controversia el hecho de que fuera, en efecto, doña Gisela

Martínez quien hiciera las controvertidas declaraciones,

simplemente reproducidas por la revista "Pronto". El

debate se centró, pues, en que, a juicio de la

representación de los menores de edad, no eran declaraciones

espontáneas, lo que, como se acaba de decir, es

irrelevante a los efectos de determinar la neutralidad del

reportaje, en lo relativo a la mentada entrevista. Todo

ello sin perjuicio de que esas declaraciones se encuadren

en una información más amplia, de la que ya hemos

comprobado también su veracidad.

En suma, la información, toda ella, puede calificarse

de veraz, y ninguna de las expresiones vertidas para

narrar los hechos en alusión al menor adoptado y a su

madre adoptiva pueden considerarse, ciertamente,

injuriosas o innecesarias respecto de lo que se desea narrar.

Así pues, sólo resta para comprobar si la información

goza o no de protección constitucional, examinar si se

ha extralimitado por injerir en la vida privada personal

y familiar de un tercero (art. 20.4, en relación con el

art. 18.1, ambos de la C.E.).

5. Cumple ahora precisar si los datos divulgados

sobre la vida de doña Gisela Martínez, la filiación del

menor don José Zeus y los avatares relativos a su

adopción, constituyen o no circunstancias cuya revelación

vendría proscrita por el art. 18.1 C.E., en la medida en

que garantiza los derechos al honor, a la intimidad

personal y familiaryalapropia imagen. Antes de dar

respuesta a esta cuestión, se hace necesario determinar

qué derechos de los garantizados en el art. 18.1 C.E.

pueden verse afectados por la información difundida y

quién es el titular de los mismos.

En nuestra STC 197/1991, dijimos ya que el hecho

mismo de la adopción no es de suyo afrentoso o lesivo

de la honorabilidad de quienes en ella hayan intervenido

(fundamento jurídico 3. o ). El derecho fundamental que

podría estar afectado a consecuencia de la divulgación

de la identidad de quien dice ser la madre biológica

del menor adoptado, su particular profesión, y, en

definitiva, de la filiación e identificación del origen del menor

adoptado, según resulta de nuestra Sentencia

(STC 114/1997, fundamento jurídico 3. o ), es el derecho

a la intimidad personal de don José Zeus Tous. Y no

sólo a la personal, sino también a su intimidad familiar,

pues, como asimismo señalamos en la STC 197/1991

(ibidem) , el derecho a la intimidad se extiende también

a determinados aspectos de otras personas con las que

se guarde una personal y estrecha vinculación familiar,

aspectos que, por esa relación o vínculo familiar, inciden

en la propia esfera de la personalidad del individuo que

los derechos del art. 18 C.E. protegen. No cabe duda

de que ciertos sucesos que pueden afectar a padres,

cónyuges o hijos tienen, normalmente y dentro de las

pautas culturales de nuestra sociedad, tal trascendencia

para el individuo que su indebida publicidad o difusión

incide directamente en la propia esfera de su

personalidad. Por lo que existe, al respecto, un derecho -propio

y noajeno a la intimidad, constitucionalmente

protegido (STC 231/1988).

En esta medida, los reportajes periodísticos

examinados en el presente caso han revelado y divulgado,

una vez más, información propia de la intimidad personal

y familiar de don José Zeus Tous, de suerte que también

se entrometen en la intimidad familiar de su hermana

adoptiva, doña Thais Tous, quien, según lo que se acaba

de decir, ha visto desvelados aspectos de la vida de

su familia, que indudablemente le afectan, pudiendo ser

tenidos, incluso por ofensivos o, al menos, molestos,

tanto en un caso como en el otro.

El derecho a la intimidad salvaguardado en el art. 18.1

C.E. tiene por objeto garantizar al individuo un ámbito

reservado de su vida frente a la acción y al conocimiento

de terceros, sean estos poderes públicos o simples

particulares, que está ligado al respeto de su dignidad (SSTC

73/1982, 110/1984, 107/1987, 231/1988,

197/1991, 143/1994 y 151/1997). El derecho a la

intimidad atribuye a su titular el poder de resguardar

ese ámbito reservado por el individuo para sí y su familia

de una publicidad no querida. El art. 18.1 C.E. no

garantiza una "intimidad" determinada, sino el derecho a

poseerla, a tener vida privada, disponiendo de un poder

de control sobre la publicidad de la información relativa

a la persona y su familia, con independencia del

contenido de aquello que se desea mantener al abrigo del

conocimiento público. Lo que el art. 18.1 garantiza es

un derecho al secreto, a ser desconocido, a que los

demás no sepan qué somos o lo que hacemos, vedando

que terceros, sean particulares o poderes públicos,

decidan cuáles sean los lindes de nuestra vida privada,

pudiendo cada persona reservarse un espacio

resguardado de la curiosidad ajena, sea cual sea lo contenido

en ese espacio. Del precepto constitucional se deduce

que el derecho a la intimidad garantiza al individuo un

poder jurídico sobre la información relativa a su persona

o a la de su familia, pudiendo imponer a terceros su

voluntad de no dar a conocer dicha información o

prohibiendo su difusión no consentida, lo que ha de

encontrar sus límites, como es obvio, en los restantes derechos

fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente

protegidos. A nadie se le puede exigir que soporte

pasivamente la revelación de datos, reales o supuestos, de

su vida privada personal o familiar (SSTC 73/1982,

110/1984, 170/1987, 231/1988, 20/1992,

143/1994, 151/1997, y Sentencias del T.E.D.H., Caso X

e Y, de 26 de marzo de 1985; Caso Leander, de 26

de marzo de 1987; Caso Gaskin, de 7 de julio de 1989;

Caso Costello-Roberts, de 25 de marzo de 1993; Caso Z,

de 25 de febrero de 1997).

6. Por consiguiente, el legítimo interés de ambos

menores de que no se divulguen datos relativos a su

vida personal o familiar, como aquí sucede, parece

imponer un límite infranqueable tanto a la libertad de

expresión [art. 20.1 a) C.E.] de doña Gisela Martínez, como

al derecho fundamental a comunicar libremente

información veraz [art. 20.1 d) C.E.] de la revista "Pronto",

que es lo que ahora importa, sin que la supuesta

veracidad de lo revelado exonere al medio de comunicación

de responsabilidad por la intromisión en la vida privada

de ambos menores. En estos casos, el que la información

sea o no veraz, por indisociable que sea del juicio sobre

el inicial encuadramiento del mensaje en el art. 20.1.d)

C.E. a efectos de determinar si el mismo merece

protección constitucional, es irrelevante para establecer si

ha habido o no lesión del art. 18.1 C.E., ya que, si la

información transgrede uno de sus límites (art. 20.4 C.E.),

su veracidad no excusa la violación de otro derecho o

bien constitucional (SSTC 171 y 172/1990, 197/1991

y 20/1992). Como también es del todo irrelevante que

los datos divulgados fuesen ya de dominio público, pues

si en aquella ocasión ya dijo este Tribunal que su

revelación, haya sido su fuente la que haya sido, podía ser

una intromisión en la intimidad lesiva del art. 18.1 C.E.

(STC 197/1991), no lo será ahora en menor medida.

7. Sólo resta por comprobar si, no obstante todo

lo dicho hasta el momento, los menores deben tolerar

la divulgación de la información contenida en los

reportajes periodísticos, y ver limitado su derecho a la intimidad

personal y familiar (art. 18.1 C.E.), en atención a que lo

divulgado posee relevancia pública (SSTC 172/1990,

197/1991, 20/1992 y 143/1994). El medio de

comunicación trata de demostrar esa relevancia, apelando al

interés periodístico que tenían las circunstancias en las

que se habían revelado los datos sobre la filiación del

menor. Sostenía la revista que tanto la revelación por

parte de los padres adoptivos de información falsa sobre

los avatares de la adopción, así como la eventual

conexión que pudo tener ésta con la presunta existencia

de una red de compraventa de menores en la que se

habrían visto envueltas por motivos bien distintos tanto

doña Gisela Martínez, quien dice ser la madre biológica

de don José Zeus Tous, como doña María Antonia Abad,

su madre adoptiva, y la condición de personaje público

de esta última, justifican la publicación de lo revelado

en ambos reportajes periodísticos.

A la vista de este alegato, es obvio que el medio

de comunicación no apela, como así se hizo en la

STC 197/1991, a un remedo de inexistente ius

retorquendi dirigido contra quien hace pública información

falsa (SSTC 197/1991, 85/1992, 42/1995; AATC

20/1993 y 268/1996), sino a la supuesta condición

de personaje público de la madre adoptiva del menor.

En efecto, doña María Antonia Abad, conocida por su

nombre artístico "Sara Montiel", puede ser uno de esos

personajes que alcanzan notoriedad pública tanto por

su actividad profesional, como por la habitual divulgación

en medios de comunicación de circunstancias diversas

de su vida privada personal y familiar. Sin embargo, una

vez más hay que traer a colación la STC 197/1991

y recordar, como allí dijimos, que la intimidad desvelada

no es la de "Sara Montiel", sino la de sus dos hijos

adoptivos.

Puede ser cierto que doña María Antonia Abad, "Sara

Montiel", sea un personaje con notoriedad pública, y,

como tenemos dicho, estos personajes, que poseen tal

notoriedad por la actividad profesional que desarrollan

o por difundir habitualmente hechos y acontecimientos

de su vida privada, corren el riesgo de que, tanto su

actividad profesional en el primero de los casos, cuanto

la información revelada sobre su vida privada, en el

segundo, se pueda ver sometida a una mayor difusión

de la pretendida por su fuente o a la opinión, refutación

y crítica de terceros. Estos personajes con notoriedad

pública asumen un riesgo frente a aquellas

informaciones, críticas u opiniones que pueden ser molestas o

hirientes, no por ser en puridad personajes públicos,

categoría que ha de reservarse únicamente para todo aquel

que tenga atribuida la administración del poder público,

en el sentido de que su conducta, su imagen, sus

opiniones están sometidas al escrutinio de los ciudadanos,

que tienen un interés legítimo, garantizado por el

derecho a recibir información del art. 20.1 d) C.E., a saber

cómo se ejerce aquel poder en su nombre, sino porque

su notoriedad pública se alcanza por ser ellos quienes

exponen al conocimiento de terceros su actividad

profesional o su vida particular. Con todo, en ninguno de

los dos casos, cuando lo divulgado o la crítica vertida

vengan acompañadas de expresiones formalmente

injuriosas o se refieran a cuestiones cuya revelación o

divulgación es innecesaria para la información y crítica

relacionada con el desempeño del cargo público, la actividad

profesional por la que el individuo es conocido o la

información que previamente ha difundido, ese personaje

es, a todos los efectos, un particular como otro cualquiera

que podrá hacer valer su derecho al honor, a la intimidad

o a la propia imagen frente a esas opiniones, críticas

o informaciones lesivas del art. 18 C.E. (SSTC 104/1986,

171 y 172/1990, 197/1991, 85/1992, 336/1993,

117/1994, 320/1994, 6/1995, 76/1995, 132/1995,

19/1996, 3/1997; ATC 15/1998, y Sentencias del

T.E.D.H., caso Sunday Times, de 26 de abril de 1979;

caso Lingens, de 8 de julio de 1986; caso Schwabe,

de 28 de agosto de 1992; Caso Praeger y Oberschlick,

de 26 de abril de 1995; caso Tolstoy Miloslavski, de

13 de julio de 1995; caso Worm, de 29 de agosto de

1997, y caso Fressoz y Roire, de 21 de enero de 1999).

Así pues, el riesgo asumido por el personaje con

notoriedad pública no implica aminoración de su derecho

a la intimidad o al honoroalapropia imagen, cuya

extensión y eficacia sigue siendo la misma que la de

cualquier otro individuo. Tan sólo significa que no pueden

imponer el silencio a quienes únicamente divulgan,

comentan o critican lo que ellos mismos han revelado,

sin perjuicio de que la disposición sobre una información

hecha pública por su propia fuente no justifique el

empleo de expresiones formalmente injuriosas o

innecesarias, ni la revelación de otros datos no divulgados

con antelación por el tercero o que no posean una

evidente y directa conexión con aquello que fue revelado.

Dicho esto, no cabe duda de que no fueron los

menores adoptados quienes, ciertamente, divulgaron la

controvertida información, sino sus padres adoptivos,

quienes no han ejercido, es cierto, su patria potestad para

proteger con su prudente silencio la intimidad personal

y familiar de ambos menores, sin que esta circunstancia

pueda servir de excusa, como pretende la recurrente,

para hacer público lo que legítimamente don José Zeus

y doña Thais Tous pueden reservarse para sí y su familia

al resguardo de la curiosidad ajena. Ninguno de los dos

eran, obviamente, personas con notoriedad pública, pues

sólo lo podrían ser a consecuencia de una actividad

profesional que nunca desempeñaron o de la revelación

de aspectos de su vida privada, que nunca hicieron; y

no lo son, aunque sus padres adoptivos lo puedan ser

y en su condición de tales sí hayan revelado

indebidamente información sobre la intimidad de ambos. Ni la

revelación de información por dichos padres adoptivos,

que ellos mismos han reconocido falsa, ni el ser éstos

personajes con notoriedad pública, ni el eventual

conocimiento y difusión que esa aludida información pudo

haber tenido con antelación, ni que su fuente haya sido

uno de sus protagonistas, que dice ser la madre biológica

de uno de los menores, justifican semejante menoscabo

del art. 18.1 C.E., ya que los datos revelados no sólo

se refieren a las personas de los padres adoptivos o

de la supuesta madre biológica de uno de los menores,

sino a aquellos eventos de la vida de ambos menores

que ya hemos calificado propios de su intimidad personal

y familiar, y que legítimamente deben quedar al abrigo

de la curiosidad ajena mientras los citados menores

adoptados no puedan ejercer su poder de disposición

sobre esa información, en ejercicio de sus derechos

garantizados en el art. 18.1 C.E. (STC 197/1991).

8. La recurrente ha tratado de fundar la relevancia

pública de la información transmitida en el interés

periodístico que la misma tenía tanto por los hechos como

por las personas a las que estaban ligados; esto es, en

su cualidad de noticiosos. Pues bien, no debe confundirse

la relevancia pública de una determinada información

con el carácter noticioso que pueda tener, pues ni son

los medios de comunicación los llamados por la C.E.

para determinar qué sea o no de relevancia pública, ni

esto puede confudirse con el difuso objeto de un

inexistente derecho a satisfacer la curiosidad ajena

(STC 20/1992, fundamento jurídico 3. o ). El art. 20.1

d) C.E., al garantizar los derechos a comunicar y a recibir

libremente información, no protege la satisfacción de

la mera curiosidad de los que componen el público en

general, sino el interés colectivo en la información, lo

que no debe identificarse sin más con lo que para el

medio de comunicación puede resultar noticioso

(SSTC 105/1983, 159/1986 y 168/1986).

Una información posee relevancia pública porque

sirve al interés general en la información, y lo hace por

referirse a un asunto público, es decir, a unos hechos

o a un acontecimiento que afecta al conjunto de los

ciudadanos, no por narrar los detalles relativos a una

adopción y a sus protagonistas. Aún en el caso de que

se convenga en que la existencia de un proceso judicial

sobre la presunta existencia de una red de compraventa

de menores sea un asunto dotado de dicha relevancia

pública, y al margen de que no es éste el asunto sobre

el que versan los reportajes periodísticos en cuestión,

tal circunstancia no justifica, por absolutamente

innecesario, revelar información sobre dos menores cuya

única relación con tan desagradables hechos es que, quien

dice ser su madre biológica, está implicada en ellos.

En el caso que nos ocupa, como lo fue también en

el que resolvió la STC 197/1991, el derecho a la intimidad

de don José Zeus Tous no debe soportar límite alguno

derivado del eventual ejercicio por el medio de

comunicación de su derecho fundamental a comunicar

libremente información veraz [art. 20.1 d) C.E.] o de doña

Gisela Martínez a expresarse libremente [art. 20.1 a) C.E.]

narrando su vida. Todo lo contrario, son estos últimos

derechos de libertad los que deben soportar en esta

ocasión el infranqueable límite del derecho a la intimidad

de los menores adoptados, quienes no tienen por qué

sufrir la divulgación de hechos relativos a lo que, ya en

la STC 197/1991, hemos declarado constituye su vida

privada, y del que sólo ellos, ni siquiera sus padres

adoptivos o biológicos, son titulares. No siendo así, y no

tratándose de datos relativos a un asunto público,

no cabe sino desestimar el presente recurso de amparo

en cuanto a la invocada infracción del art. 20.1 d) C.E.

9. La recurrente en amparo también invoca la lesión

de su derecho a la tutela judicial efectiva sin padecer

indefensión (art. 24.1 C.E.), al haberse pronunciado el

Tribunal Supremo en la Sentencia resolutoria del recurso

de casación sobre la cuantía de la indemnización fijada

en la instancia, cuando justamente había inadmitido por

Auto el motivo del recurso que la tenía por objeto. A

juicio de la demandante en el presente recurso, el

Tribunal Supremo habría incurrido en una incongruencia

ultra petita lesiva del art. 24.1 C.E.

La representación procesal de los menores personada

en este recurso y el Ministerio Fiscal coinciden, respecto

de la denunciada infracción del art. 24.1 C.E., en refutar

la eventual incongruencia ultra petita en la que, según

la recurrente en amparo, habría incurrido la Sentencia

del Tribunal Supremo. A juicio de ambos, el Tribunal

Supremo se limitó a actuar como Tribunal de instancia

tras casar la Sentencia recurrida de la Audiencia

Provincial (art. 1.715.1.3. o L.E.C.), valorando de nuevo los

daños y perjuicios que la publicación de aquellas

informaciones han ocasionado a los mencionados menores,

conforme a los baremos establecidos en el art. 9.3 de

la Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de Protección

del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y Familiar,

y a la Propia Imagen.

El fundamento de la queja elevada a este Tribunal

por la recurrente radicaría en el hecho de que el Tribunal

Supremo habría excluido del debate procesal en la

casación las cuestiones relativas a la cuantía de la

indemnización, tanto por ser jurisprudencia suya constante que

no puede revisarse en casación la cuantía

indemnizatoria, cuanto, y esto es lo que importa a los efectos

del presente amparo, porque excluyó expresamente esta

cuestión del recurso de casación interpuesto por la

representación jurídica y procesal de los menores mediante

su Auto de 3 de abril de 1993, por el que inadmitió

el motivo tercero del recurso por manifiesta falta de

fundamento del alegado error de hecho en la apreciación

de la prueba respecto de la fijación de la cuantía de

la indemnización (con arreglo a lo dispuesto en el

art. 1.710.2.4. o L.E.C., en su dicción previa a la reforma

de 1992, contenido hoy en el vigente art. 1.710.1.4. o ).

La demandante de amparo trae a colación nuestra

STC 20/1992 para fundamentar nuestra competencia

en la revisión de la indemnización acordada por el

Tribunal Supremo en su desproporción e irrazonabilidad.

Es cierto que en esa STC 20/1992 el recurso de

amparo planteó, con invocación de los arts. 14 y 24 C.E.,

una discusión sobre la cuantía de la indemnización. Pero

no lo es menos, que en dicha Sentencia lo que se dice,

y sobre ello han guardado silencio los recurrentes que

tratan de esgrimir esa resolución en apoyo de su

pretensión, es que la discusión en torno a la cuantía de

las indemnizaciones es una cuestión ajena a la

jurisdicción de este Tribunal Constitucional, y de

competencia exclusiva de los órganos judiciales ordinarios, excepto

si la imposición de dicha cuantía resulta manifiestamente

irrazonable o desproporcionada [SSTC 20/1992,

fundamento jurídico 1. o , 59/1997, fundamento jurídico 2. o ,

y en este sentido ya se habían pronunciado los AATC

458/1984, fundamento jurídico 3. o y el 314/1985,

fundamento jurídico 4. o f)]. Sin embargo, lo impugnado en

el presente recurso de amparo no es la cuantía de la

indemnización, o la competencia del Tribunal Supremo

para fijar una distinta a la acordada en la Sentencia

condenatoria de primera instancia, sino una posible

incongruencia por exceso que tendría su origen en el Auto

de inadmisión mencionado, que supuestamente habría

excluido del debate en la casación todo lo relativo a

la imposición de una indemnización distinta a la acordada

en la instancia.

Sin embargo, no pueden aceptarse las razones

aducidas por la recurrente para fundar su invocación del

art. 24.1 C.E., porque, a pesar de su alegato, en realidad

no ha habido alteración alguna del debate procesal

seguido ante el Tribunal Supremo que le causara indefensión,

ni tampoco respecto del suscitado en las instancias

judiciales que precedieron al recurso de casación, condición

indispensable con arreglo a nuestra jurisprudencia para

apreciar una posible incongruencia lesiva de los

derechos del art. 24.1 C.E. Desde la STC 20/1992, es

doctrina reiterada de este Tribunal que el vicio de

incongruencia, entendido como desajuste entre el fallo judicial

y los términos en que las partes formularon sus

pretensiones, concediendo más o menos o cosa distinta

de lo pedido, puede entrañar una vulneración del

principio de contradicción constitutiva de una efectiva

denegación del derecho a la tutela judicial, siempre y cuando

la desviación sea de tal naturaleza que suponga una

sustancial modificación de los términos en que discurrió

la controversia procesal (SSTC 177/1985, 191/1987,

88/1992, 369/1993, 172/1994, 311/1994,

111/1997, 220/1997 y 136/1998). La denominada

incongruencia por exceso se da cuando el

pronunciamiento judicial recae sobre un tema que no estaba

incluido en las pretensiones procesales, de tal modo que se

haya impedido así a las partes la posibilidad de efectuar

las alegaciones pertinentes en defensa de sus intereses,

provocando su indefensión al defraudar el principio de

contradicción (SSTC 154/1991, 172/1994, 116/1995,

60/1996 y 98/1996, entre otras).

Pues bien, de la simple lectura del motivo tercero

del recurso de casación, del Auto que lo inadmite, y

del fundamento de derecho 3. o de la Sentencia del

Tribunal Supremo que impone una nueva indemnización

a la recurrente, se hace evidente la inexistencia de

incongruencia alguna. En el mentado motivo, los recurrentes

en casación intentaron acreditar ante el Tribunal

Supremo una errónea apreciación de las bases para la fijación

de la indemnización por comparación con lo resuelto

en sendas Sentencias de la Audiencia Territorial y del

propio Tribunal Supremo que pretendían aportarse como

"documentos" de contraste que pondrían de manifiesto

el error de hecho en la apreciación de la prueba cometido

por la Audiencia Provincial al absolver a los, en aquel

entonces, demandados, y ahora recurrentes en el

presente recurso de amparo. En consecuencia, la inadmisión

de este motivo por razones formales, en puridad, no

ha sustraído del debate procesal la fijación de una

indemnización en caso de revocar la Sentencia recurrida de

la Audiencia Provincial, sino la falta de idoneidad de

ciertos "documentos" para acreditar la errónea

absolución en apelación de los periodistas demandados, y,

por consiguiente, de la valoración de los baremos

indemnizatorios. Excluido del debate procesal en casación este

extremo, permanece, obviamente, el relativo a aquellos

otros motivos admitidos por el Tribunal Supremo que

impugnan aquella absolución, y contra los que no consta

en el rollo de actuaciones que los recurridos y ahora

demandantes de amparo hayan formulado impugnación

alguna. El Tribunal Supremo, una vez estimada la casación,

y con arreglo a lo dispuesto en el art. 1.715.3. o L.E.C.,

actuó como Tribunal de instancia resolviendo sobre el

fondo de la cuestión, confirmando parcialmente la

Sentencia del Juzgado, e imponiendo una indemnización

más elevada que la fijada en aquélla tras valorar de nuevo

los baremos establecidos en el art. 9.3 de la Ley Orgánica

1/1982, de 5 de mayo, de Protección del Derecho al

Honor, a la Intimidad Personal y Familiar,yalaPropia

Imagen, cuestión esta de pura legalidad procesal y, como

tal, ajena a nuestro enjuiciamiento.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal

Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA C ONSTITUCIÓN

DE LA N ACIÓN E SPAÑOLA,

Ha decidido

Desestimar el recurso de amparo interpuesto por

"Publicaciones Heres, S. A.".

Publíquese esta Sentencia en el "Boletín Oficial del

Estado".

Dada en Madrid a quince de julio de mil novecientos

noventa y nueve.-Pedro Cruz Villalón.-Manuel Jiménez

de Parga y Cabrera.-Pablo García Manzano.-Pablo

Cachón Villar.-Fernando Garrido Falla.-María Emilia

Casas Baamonde.-Firmado y rubricado.

ANÁLISIS

  • Rango: Sentencia
  • Fecha de disposición: 15/07/1999
  • Fecha de publicación: 18/08/1999
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • CORRECCIÓN de errores en BOE núm. 263 de 3 de noviembre de 1999 (Ref. BOE-T-1999-21327).

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