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Documento BOE-T-1991-613

Pleno. Sentencia 210/1990, de 20 de diciembre. Cuestión de inconstitucionalidad 834/1985. En relación con la Disposición transitoria de la Ley 4/1983, de 29 de junio, de reforma del Estatuto de los Trabajadores, en materia de jornada máxima legal y vacaciones mínimas.

TEXTO

EL PLENO DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, COMPUESTO POR DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, PRESIDENTE; DON FRANCISCO RUBIO LLORENTE, DON FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL, DON CARLOS DE LA VEGA BENAYAS, DON MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER, DON JESUS LEGUINA VILLA, DON LUIS LOPEZ GUERRA, DON JOSE LUIS DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS, DON ALVARO RODRIGUEZ BEREIJO, DON VICENTE GIMENO SENDRA Y DON JOSE GABALDON LOPEZ, MAGISTRADOS, HA PRONUNCIADO

EN NOMBRE DEL REY

LA SIGUIENTE

SENTENCIA

EN LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD NUM. 834/1985, PROMOVIDA POR LA MAGISTRATURA DE TRABAJO NUM. 2 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, POR SUPUESTA INCONSTITUCIONALIDAD DEL PARRAFO SEGUNDO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA DE LA LEY 4/1983, DE 29 DE JUNIO, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE JORNADA MAXIMA LEGAL Y DE VACACIONES MINIMAS. HAN COMPARECIDO EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y EL ABOGADO DEL ESTADO, ESTE ULTIMO EN REPRESENTACION DEL GOBIERNO, Y HA SIDO PONENTE, EL PRESIDENTE DON FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE, QUIEN EXPRESA EL PARECER DEL PLENO.

I. ANTECEDENTES

1. EL 26 DE NOVIEMBRE DE 1985 TIENE ENTRADA EN ESTE TRIBUNAL ESCRITO DEL MAGISTRADO DE TRABAJO NUM. 2 DE LAS PALMAS DE GRAN CANARIA AL QUE ACOMPAÑA AUTO DE 15 DE MAYO DE 1985 EN EL QUE PLANTEA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD SOBRE EL PARRAFO SEGUNDO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA DE LA LEY 4/1983, DE REFORMA DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES EN MATERIA DE JORNADA MAXIMA LEGAL Y DE VACACIONES ANUALES MINIMAS.

EN EL AUTO PROPONENTE DE LA CUESTION SE AFIRMA QUE, DE CONFORMIDAD CON EL PARRAFO SEGUNDO DE LA DISPOSICION CITADA, SEGUN HA SIDO INTERPRETADO DE MANERA UNIFORME Y CONSTANTE POR EL TRIBUNAL CENTRAL DE TRABAJO, LA REDUCCION DE LA DURACION MAXIMA DE LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO A CUARENTA HORAS SEMANALES DE TRABAJO EFECTIVO DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY SUSTITUYE A LA JORNADA MAS AMPLIA CONVENIDA COLECTIVAMENTE, PREVALECIENDO LA LEY SOBRE LA CLAUSULA CORRESPONDIENTE DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS VIGENTES EN EL MOMENTO DE ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY, SUSTITUYENDOSE EXCLUSIVAMENTE LA CLAUSULA SOBRE JORNADA POR NULIDAD SOBREVENIDA, MANTENIENDOSE EL RESTO DEL CONVENIO, ASI COMO LA CUANTIA DEL SALARIO CONVENIDO, SIN POSIBLE MERMA PROPORCIONAL A LA REDUCCION DE LA JORNADA. TAL PRECEPTO ES APLICABLE AL PROCESO DE CONFLICTO COLECTIVO DE ORIGEN Y TIENE UNA DIRECTA E INMEDIATA RELACION CON EL FALLO EN CUANTO EL PETITUM DE LA DEMANDA SOLICITA LA MODIFICACION DE LA JORNADA PACTADA EN CONVENIO PARA REDUCIRLA Y ADAPTARLA A LA PREVISION LEGAL DESDE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY. EN DICHO PROCESO, INICIADO EL 7 DE MARZO DE 1983, LAS FEDERACIONES DEL METAL DE LA UNION GENERAL DE TRABAJADORES (UGT) Y DE COMISIONES OBRERAS (CC.OO), DEMANDANDO A LA FEDERACION DE EMPRESARIOS PROVINCIAL DEL METAL DE GRAN CANARIA (FEMEPA) Y SINDICATO OBRERO CANARIO (SOC), PRETENDIAN, EN EFECTO, QUE SE APLICARA DESDE LA FECHA DE SU ENTRADA EN VIGOR LA JORNADA MAXIMA ESTABLECIDA EN LA LEY 4/1983 EN VEZ DE LA SUPERIOR JORNADA PREVISTA EN EL CONVENIO COLECTIVO PROVINCIAL DE SIDEROMETALURGIA CON VIGENCIA DESDE EL 1 DE ABRIL DE 1982 A 31 DE MARZO DE 1984.

SE ENTIENDE POR EL MAGISTRADO PROPONENTE QUE EL PARRAFO SEGUNDO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA MENCIONADA VULNERA EL MODELO DE RELACIONES LABORALES CONTENIDO EN LOS ARTS. 7, 9.2, 28 Y 37 C.E., LA LIBERTAD SINDICAL DE LOS ARTS. 28 Y 7 EN CONEXION CON EL ART. 37.1 C.E., Y, EN FIN, EL DERECHO DE NEGOCIACION COLECTIVA DEL ART.

37.1 C.E. EN INTIMA CONEXION CON LOS ARTS.

7, 14.1, 38 Y 139.1 C.E., ASI COMO CON EL 9.3 DE LA MISMA.

EN SINTESIS, EL QUE UNA NORMA ESTATAL POSTERIOR INCIDA SOBRE UN CONVENIO COLECTIVO QUE HAYA RESPETADO LAS NORMAS DE ORDEN PUBLICO VIGENTES EN EL MOMENTO DE SU SUSCRIPCION IMPLICA DESCONOCER EL MODELO DEMOCRATICO DE RELACIONES LABORALES QUE LA CONSTITUCION ESTABLECE, LA IGUALDAD EN QUE INTERVIENEN LAS PARTES SOCIALES EN EL CONVENIO COLECTIVO (POR LO QUE NO SE DA EL SUPUESTO DEL ART. 9.2 C.E.), EL RESPETO DE LA RESERVA NORMATIVA SINDICAL (QUE CARECERIA DE SENTIDO EN OTRO CASO), Y, FINALMENTE, EL PLURALISMO POLITICO, QUE SUPONE EL RECONOCIMIENTO DE LA LIBRE ACTUACION DE LAS FORMACIONES SOCIALES CON RELEVANCIA CONSTITUCIONAL.

SE VIOLA, ADEMAS, LA LIBERTAD SINDICAL EN SU SIGNIFICADO COLECTIVO, QUE INCLUYE TAMBIEN A LAS ORGANIZACIONES EMPRESARIALES, PUES LA NEGOCIACION COLECTIVA ES EL MEDIO PRIMORDIAL DE ACCION DEL SINDICATO. EN EL PRESENTE CASO, LA MODIFICACION OPERADA EX LEGE DURANTE LA VIGENCIA DEL CONVENIO COLECTIVO IMPLICA VIOLACION Y SUSTITUCION DE LAS FACULTADES NEGOCIADORAS, DE LA LIBERTAD SINDICAL, QUE SI BIEN AFECTA EN ESTE CASO A LA REPRESENTACION PATRONAL TAMBIEN PUEDE AFECTAR EN OTROS O LAS REPRESENTACIONES DE LOS TRABAJADORES. LO CARACTERISTICO DE LA POTESTAD NORMANDI ES EL CONTRAPESO <SINDICATO DE TRABAJADORES-ASOCIACION EMPRESARIAL> A FIN DE OBTENER EL PACTO COLECTIVO QUE ES UN TODO INTERRELACIONADO; POR LO QUE, SI ESTANDO VIGENTE EL CONVENIO EL MISMO SE MODIFICA POR UNA NORMA ESTATAL POSTERIOR, PRIMANDO A UNA DE LAS PARTES, SE VIOLA LA LIBERTAD SINDICAL YA QUE NO SOLO SE DEJA SIN POSIBILIDAD DE DEFENSA DE SUS INTERESES A UNO DE LOS ACTORES SOCIALES, SINO TAMBIEN AL FRUTO OBTENIDO EN LA DEFENSA DE LOS MISMOS A TRAVES DEL PACTO COLECTIVO EFECTUADO.

SE REBASA O DESCONOCE EL CONTENIDO ESENCIAL DEL DERECHO DE NEGOCIACION COLECTIVA CUANDO QUEDA SOMETIDO A LIMITACIONES QUE LO HACEN IMPRACTICABLE MAS ALLA DE LO RAZONABLE. LA NORMA ESTATAL HA DE RESPETAR EL PODER DE REGULACION COLECTIVA, LO CUAL CONLLEVA TANTO EL DEJAR UN ESPACIO PARA DESENVOLVERSE A LA NORMA PACCIONADA, COMO GARANTIZAR LA POSIBILIDAD DE DESARROLLO EFICAZ DE LA AUTONOMIA COLECTIVA. DURANTE LA VIGENCIA DEL CONVENIO COLECTIVO, HA DE GARANTIZARSE <SU FUERZA VINCULANTE>, LA INDEROGABILIDAD DEL MISMO, POR LO QUE SI FUESE LA NORMA LEGAL LA QUE ATENTASE CONTRA SU VIGENCIA INFRINGIRIA EL MANDATO CONSTITUCIONAL AL DESNATURALIZAR EL CONTENIDO BASICO DEL CONVENIO. LA POTENCIACION DE LA AUTONOMIA DE LOS INTERLOCUTORES SOCIALES, QUE DERIVA TAMBIEN DE LOS CONVENIOS INTERNACIONALES RATIFICADOS POR ESPAÑA, IMPLICA EL QUE EL ESTADO NO PUEDE DESVIRTUAR LO YA CONVENIDO MEDIANTE UNA LEY POSTERIOR. POR TANTO, EL DERECHO DE NEGOCIACION COLECTIVA SE VE VULNERADO EN SU CONTENIDO ESENCIAL POR LA DISPOSICION TRANSITORIA CUESTIONADA, TENIENDO EN CUENTA SE DICE QUE DICHO DERECHO ES UN DERECHO FUNDAMENTAL, MIENTRAS QUE LA REDUCCION DE JORNADA ES UN MERO PRINCIPIO RECTOR QUE NO GOZA DE LA PROTECCION PROPIA DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES. LA REDUCCION DE LA JORNADA AFECTA AL RESTO DE LOS ELEMENTOS DEL CONTRATO DE TRABAJO CREANDO DISTORSIONES NO PREVISTAS, NO CREA EMPLEO DADA LA BREVEDAD DE LA REDUCCION, Y PUEDE RETRAER LA OFERTA DE EMPLEO AL GENERAR UN ELEMENTO DE INSEGURIDAD POR LA INCIDENCIA DE LEYES POSTERIORES SOBRE CONVENIOS COLECTIVOS. ESTA RESTRICCION AL DERECHO FUNDAMENTAL DEBE ESTAR JUSTIFICADA Y SER ACORDE CON EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD, PRINCIPIO QUE EN ESTE CASO NO SE CUMPLE NI SE ACREDITA.

PARA REGULAR LAS RELACIONES LEY-CONVENIO COLECTIVO NO PUEDE HABLARSE EN RIGOR DEL PRINCIPIO DE JERARQUIA SINO DEL DE COMPETENCIA, TODA VEZ QUE TANTO LA LEY COMO EL CONVENIO COLECTIVO SON NORMAS PRIMARIAS QUE EMANAN DIRECTAMENTE DE LA CONSTITUCION. JUNTO A LA NORMATIVA ESTATAL, LAS PARTES SOCIALES REGULAN, DENTRO DE SUS COMPETENCIAS, EL MARCO DE SUS RELACIONES LABORALES QUE EL ESTADO DELIMITA EN UN DOBLE SENTIDO; DE UN LADO, Y POR RAZONES DE ORDEN PUBLICO E INTERES GENERAL, FIJA UNOS LIMITES DE DERECHO NECESARIO INMODIFICABLES; Y, DE OTRO, ESTABLECE UNOS MINIMOS MEJORABLES. PERO NO HAY UNA RELACION DE SUBSIDIARIEDAD SINO DE COMPLEMENTARIEDAD ENTRE EL ORDENAMIENTO ESTATAL Y EL INTERSINDICAL. CON BASE EN TAL SUJECION A LA NORMATIVA ESTATAL SE PREVE LA POSIBLE IMPUGNACION DE UN CONVENIO COLECTIVO ANTE LA JURISDICCION LABORAL. EL CONVENIO SUELE TENER UNA ESPECIALIDAD RATIONE MATERIAE , FRECUENTEMENTE RATIONAE TERRITORII , Y FINALMENTE RATIONAE TEMPORIS , LO QUE IMPLICA QUE EN PRINCIPIO UNA LEY DE CARACTER GENERAL NO PUEDE AFECTARLE NI DEROGARLO AL SER EL CONVENIO UNA NORMA COYUNTURAL PARA REGIR UNOS SUPUESTOS ESPECIFICOS, POR EL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD.

LA CONCEPCION ANTERIOR DEL PRINCIPIO Y DE LA NORMA MINIMA ERA SOLO LA CONSECUENCIA GARANTISTA DEL INTERVENCIONISMO ESTATAL INTENTANDO SUPLIR LA FALTA DE LIBERTAD Y AUTONOMIA SINDICAL. SI LA LEY GARANTIZA UNOS MINIMOS DE DERECHO NECESARIO CON CARACTER GENERAL NO CABE DUDA QUE LOS CONVENIOS FUTUROS HAN DE RESPETARLOS; PERO EN NUESTRO ACTUAL ORDENAMIENTO NO PUEDE PARTIRSE DE QUE LA SIMPLE ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY IMPLIQUE LA DEROGACION SIN MAS DEL CONTENIDO PACTADO COLECTIVAMENTE. LA NORMATIVA VIGENTE, EN ESTE CASO EL ART. 3.3 E.T., HA DE INTERPRETARSE EN EL SENTIDO MAS FAVORABLE PARA LA EFECTIVIDAD DEL DERECHO FUNDAMENTAL, DEBIENDO EN ESTE CASO CADA INTERLOCUTOR SOCIAL RESPETAR LO CONVENIDO A CAMBIO DE LAS CONTRAPRESTACIONES DEL OTRO. AUNQUE EN CIERTOS CASOS, COMO EN MATERIA DE INCREMENTOS SALARIALES, LOS SALARIOS MINIMOS ESTATALES INCIDAN SOBRE EL CONVENIO COLECTIVO EN CURSO, ESA MODIFICACION ES CONSECUENCIA DE UNA SERIE DE CIRCUNSTANCIAS QUE PUEDEN PREVERSE DE ANTEMANO, EXISTIENDO CONSULTA CON LAS ORGANIZACIONES SINDICALES Y ASOCIACIONES EMPRESARIALES PARA LA FIJACION DEL SALARIO MINIMO.

POR LO QUE EL SALARIO MINIMO ESTATAL ENMARCA EL CUADRO LEGAL NECESARIO A LA HORA DE CONCERTAR EL PACTO COLECTIVO, LO QUE NO ES EL SUPUESTO DE HECHO DE LA PRESENTE CUESTION.

LA DISPOSICION TRANSITORIA CUESTIONADA DE LA LEY 4/1983 AFECTA TAMBIEN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD DEL ART. 14 EN CONEXION CON EL 38 Y EL 139.1 C.E. SI BIEN, TRABAJADOR Y EMPRESARIO, INDIVIDUALMENTE CONSIDERADOS, NO ESTAN EN POSICION DE IGUALDAD, NO PUEDE DECIRSE LO MISMO DE LAS PARTES SOCIALES COLECTIVAS, PUESTO QUE LAS MISMAS CONTRIBUYEN DESDE UN PLANO DE IGUALDAD A LA DEFENSA Y PROMOCION DE SUS RESPECTIVOS Y CONTRAPUESTOS INTERESES, POR LO QUE DEBE EXISTIR UNA JUSTIFICACION OBJETIVA PARA DAR UN TRATAMIENTO DIFERENTE A QUIENES SON IGUALES. A ELLO SE UNE QUE RIGE EL PRINCIPIO DE EQUIVALENCIA DE PRESTACIONES ENTRE JORNADA Y SALARIO. POR TODO ELLO NO SE PUEDE IMPONER DESDE EL 29 DE JULIO DE 1983, FECHA DE ENTRADA EN VIGOR SE DICE DE LA LEY, UNA REDUCCION DE JORNADA CON MANTENIMIENTO DE LOS SALARIOS A CONVENIOS PACTADOS CONTEMPLANDO DE FORMA INTERRELACIONADA SUS DIVERSAS CLAUSULAS DURANTE EL PERIODO DE TIEMPO DE SU VIGENCIA, PUES ELLO EQUIVALDRIA A FAVORECER SIN JUSTIFICACION OBJETIVA A UNA PARTE SOBRE LA OTRA. ELLO CONTRADICE, ADEMAS, EL ART. 9.3 C.E., EN CUANTO AL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA, AL NO EXISTIR CERTEZA EN CUANTO A UNA POSIBLE ACTUACION LEGAL FUTURA SOBRE EL CONJUNTO CONVENIDO, MAXIME SI SE REDUCE LA JORNADA Y SE MANTIENE INTEGRO EL SALARIO, DESCONOCIENDOSE LA FIJACION DE LA REMUNERACION ANUAL EN FUNCION DE LAS HORAS ANUALES DE TRABAJO (ART. 26.5 E.T.).

2. POR PROVIDENCIA DE 23 DE OCTUBRE DE 1985, LA SECCION ACORDO ADMITIR A TRAMITE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, DAR TRASLADO DE LAS ACTUACIONES AL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS, AL SENADO, AL FISCAL GENERAL DEL ESTADO Y AL GOBIERNO PARA QUE EN EL PLAZO DE QUINCE DIAS PUDIERAN PERSONARSE EN EL PROCEDIMIENTO Y FORMULARAN LAS ALEGACIONES QUE ESTIMASEN CONVENIENTES.

3. EN SU ESCRITO DE ALEGACIONES, PRESENTADO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1985, EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO SOSTIENE, EN PRIMER LUGAR, QUE PROCEDE DESESTIMAR LA CUESTION POR INCIDIR EN DEFECTOS PROCESALES EN SU PLANTEAMIENTO, YA QUE, SEGUN EL ART. 35.2 LOTC, UNA VEZ EVACUADO EL TRAMITE POR LAS PARTES Y EL MINISTERIO FISCAL SOBRE LA DUDA DE CONSTITUCIONALIDAD, EL JUEZ HABRA DE RESOLVER SEGUIDAMENTE Y SIN MAS TRAMITE EN EL PLAZO DE TRES DIAS. EN EL PRESENTE CASO EL MAGISTRADO DE TRABAJO NO SOLO NO RESOLVIO TRAS LOS TRES DIAS, SINO QUE, DESPUES DE LOS ESCRITOS DEL MINISTERIO FISCAL Y DE LAS PARTES PERSONADAS, ADMITIO A TRAMITE UNA SERIE DE SOLICITUDES Y ESCRITOS PROCESALES QUE NINGUNA RELACION GUARDABAN CON EL DEBATE EN TORNO A LA CONVENIENCIA DE PLANTEAR LA CUESTION, POR LO QUE EL ORGANO JUDICIAL NO ACOMODO SU CONDUCTA PROCESAL A LAS EXIGENCIAS DEL CITADO PRECEPTO, LO QUE LLEVARIA CONSIGO LA INADMISION DE LA CUESTION PUESTO QUE EL ART. 37.1 LOTC PREVE LA INADMISION DE LA MISMA CUANDO FALTARAN LAS CONDICIONES PROCESALES. LA FALTA DE CONDICIONES PROCESALES DEBE OBLIGAR AL PLENO A RECHAZAR LA CUESTION PLANTEADA SIN ENTRAR EN EL FONDO, PARA LO QUE NO ES OBICE QUE LA CUESTION SE ADMITIERA EN SU MOMENTO A TRAMITE.

NO OBSTANTE, POR SI EL TRIBUNAL ENTENDIERA QUE EL DEFECTO PROCESAL CARECE DE ENTIDAD SUFICIENTE PARA ACORDAR LA IMPROCEDENCIA DE LA CUESTION, ENTRANDO EN EL FONDO DEL ASUNTO, Y UNA VEZ EXAMINADO EL ALCANCE DEL PRECEPTO CUESTIONADO, SEGUN EL CUAL LA JORNADA DE CUARENTA HORAS SE IMPONE IMPERATIVAMENTE A LOS CONVENIOS O PACTOS COLECTIVOS VIGENTES, EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO RECUERDA QUE LA CUESTION YA HA SIDO PLANTEADA EN DIVERSOS RECURSOS DE AMPARO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL EN RELACION A SI LA PREVALENCIA DE LA LEY SOBRE EL CONVENIO COLECTIVO PUDIERA SUPONER UNA RESTRICCION DE DETERMINADOS DERECHOS FUNDAMENTALES. EL AUTO DE 4 DE ABRIL DE 1984, QUE TIENE SU ORIGEN EN UN CONFLICTO COLECTIVO IDENTICO AL QUE SIRVE DE SOPORTE A ESTA CUESTION, HA RECHAZADO QUE LA APLICACION PREFERENTE DE UNA NORMA ESTATAL FRENTE A UN PACTO COLECTIVO VIGENTE, EN BENEFICIO DE UNA PARTE, VULNERE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD. Y PONIENDO EN RELACION EL ART. 28.1 C.E. CON EL ART. 37 C.E., TAMBIEN HA AFIRMADO DICHO AUTO QUE EL CONVENIO COLECTIVO NO ES FUENTE UNICA DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO NI EXCLUYE EL LEGITIMO EJERCICIO DEL PODER LEGISLATIVO. TAMBIEN LOS AUTOS DE 13 DE FEBRERO Y 14 DE JULIO DE 1985 HAN AFIRMADO QUE NI EL PRINCIPIO DE IGUALDAD NI EL DERECHO DE LIBERTAD SINDICAL NI SU CONTENIDO Y EL CARACTER Y FUERZA DE LOS CONVENIOS EXCLUYEN LA POSIBLE PRIMACIA DE LA LEY SOBRE EL CONVENIO COLECTIVO.

A TRAVES DE ESAS DECISIONES JUDICIALES CONSTITUCIONALES RESULTA PATENTE EL RECONOCIMIENTO DE LA PRIMACIA DE LA LEY SOBRE EL CONVENIO COLECTIVO INCLUSO RESPECTO DE CONVENIOS COLECTIVOS EN CURSO DE APLICACION AL TIEMPO DE PROMULGARSE LA NORMA. TAMBIEN LA LEGISLACION SE HA MOVIDO DENTRO DEL MISMO PLANTEAMIENTO, SEGUN LOS ARTS. 3 Y 85.1 E.T. EN EL CASO CONCRETO DE LA JORNADA DE TRABAJO LA FIJACION DE LA MISMA POR LOS CONVENIOS COLECTIVOS O CONTRATOS INDIVIDUALES DEBE HACERSE DENTRO DE LOS LIMITES ESTABLECIDOS POR LA LEY, Y ASI HA SIDO HISTORICAMENTE ENTRE NOSOTROS DESDE LA LEY DE JORNADA MAXIMA DE 1931. TANTO AL TIEMPO DE SUSCRIBIRSE LOS CONVENIOS COLECTIVOS ANTERIORES A LA LEY 4/1983, COMO A PARTIR DE ELLA, EXISTE UNA CLARA DIFERENCIACION ENTRE LA POSIBILIDAD DE PACTAR UNA JORNADA DE TRABAJO Y LA NECESIDAD DE QUE ESA JORNADA NO SEA NUNCA SUPERIOR A LA ESTABLECIDA POR LA LEY EN CADA MOMENTO, EXISTIENDO UNA DIFERENCIACION CLARA, POR LO TANTO, ENTRE JORNADA PACTADA Y LA JORNADA MAXIMA QUE CORRESPONDE DETERMINAR AL LEGISLADOR. MIENTRAS QUE LA JORNADA CONCRETA PUEDE PACTARSE, LA JORNADA MAXIMA QUEDA AL MARGEN DE LA DISPONIBILIDAD DE LAS VOLUNTADES QUE PACTAN, INDIVIDUAL O COLECTIVAMENTE. COMO LA JORNADA MAXIMA NO PUDO ENTRAR EN EL MARCO CONVENCIONAL, LA MODIFICACION DE LA MISMA POR EL LEGISLADOR NO AFECTA EN TAL ORDEN DE COSAS AL CONVENIO, POR CUANTO NO PUDO CONVENIRSE OTRA QUE LA MARCADA POR AQUEL. NO HAY COLISION ENTRE LEY Y CONVENIO, QUE OCUPAN CAMPOS DISTINTOS, QUEDANDO RESERVADA AL LEGISLADOR LA DETERMINACION DE LA JORNADA MAXIMA LEGAL. EL DERECHO A LA NEGOCIACION COLECTIVA NO SUPONE QUE POR VIA DE CONVENIO PUEDA LIMITARSE O VINCULARSE AL LEGISLADOR, SUSTRAYENDOLE FUNCIONES QUE LE SON ASIGNADAS POR LA PROPIA CONSTITUCION.

ADEMAS EL CONVENIO COLECTIVO TIENE UN MARCO DE APLICACION LIMITADA, MIENTRAS QUE EL LEGISLADOR HA DE PROVEER CON CARACTER GENERAL, Y PARTIENDO DE LAS CIRCUNSTANCIAS CAMBIANTES PUEDE MODIFICAR LO QUE ESTIME RESPONDE A LA ATENCION DE LOS INTERESES GENERALES. EL RESPETO DE LA LEY Y DE LOS DERECHOS DE LOS DEMAS, FUNDAMENTO DEL ORDEN POLITICO Y DE LA PAZ SOCIAL SEGUN EL ART. 10.1 C.E., SE IMPONE TAMBIEN A LA NEGOCIACION COLECTIVA.

LAS POSIBLES PERTURBACIONES QUE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY POSTERIOR SUPONGA SOBRE CONVENIOS COLECTIVOS SUSCRITOS CON ANTERIORIDAD HA SIDO PREVISTA ADEMAS EN EL PARRAFO TERCERO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA DE LA LEY. FINALMENTE SE INDICA QUE SI BIEN EN EL PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION SE ESGRIMEN OTROS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, ELLO SE HACE COMO REFORZAMIENTO DE LOS YA EXAMINADOS.

EN VIRTUD DE LO QUE ANTECEDE, EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO INTERESA LA DESESTIMACION DE LA CUESTION, EN PRIMER LUGAR, POR INCIDIR EN DEFECTOS PROCESALES EN SU PLANTEAMIENTO Y, EN SEGUNDO TERMINO, POR NO SER CONTRARIA LA DISPOSICION CUESTIONADA A LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES ALEGADOS.

4. EL ABOGADO DEL ESTADO EN SU ESCRITO DE ALEGACIONES, PRESENTADO EL 27 DE NOVIEMBRE DE 1985, EXAMINA, EN PRIMER LUGAR, EL ALCANCE DEL PARRAFO CUESTIONADO, QUE ESTIMA SOLO ES UNA REITERACION OCASIONAL FORMULADA CON UN EVIDENTE PROPOSITO ACLARATORIO DE UN EFECTO IMPLICITO DE LA LEY Y DE SU DISPOSICION FINAL.

SEÑALA EL ABOGADO DEL ESTADO QUE EL AUTO SITUA EL PROBLEMA MAS QUE EN UN ENFRENTAMIENTO DE PRECEPTOS EN UN ENFRENTAMIENTO DE MODELOS DE RELACIONES LABORALES ATRIBUYENDO A ESTOS UNA VIGENCIA SUCESIVA EN EL TIEMPO, E IDENTIFICADOS CON CATEGORIAS POLITICAS Y SOCIOLOGICAS, QUE PUEDEN REPRESENTAR CARACTERIZACIONES MAS O MENOS AFORTUNADAS DE LA REALIDAD SOCIAL O DE UNA TENDENCIA LEGISLATIVA, PERO QUE SON INMANEJABLES COMO PARAMETROS EN UN JUICIO DE INCONSTITUCIONALIDAD.

EN CUANTO A LA SUGERENCIA DE LA EXCLUSION DE LA INTERVENCION DEL ESTADO LEGISLADOR PARA DISCIPLINAR AQUELLOS CONTENIDOS NORMATIVOS CON APTITUD PARA SER REGULADOS POR CONVENIOS COLECTIVOS, EL ABOGADO DEL ESTADO RECHAZA QUE EL CONVENIO COLECTIVO NO SE SOMETA AL CONJUNTO NORMATIVO ESTATAL ESTABLECIDO CON EL CARACTER DE DERECHO NECESARIO O DE ORDEN PUBLICO Y SOCIAL, PUES ENTRE LA LEY Y EL CONVENIO COLECTIVO HAY UNA ESTRICTA RELACION DE JERARQUIA, YA RECONOCIDA POR EL PROPIO TRIBUNAL CONSTITUCIONAL (STC 58/1985, FUNDAMENTO JURIDICO 3. ). EL DERECHO A LA NEGOCIACION COLECTIVA SE ENCUENTRA ASI SUJETO A LOS LIMITES DE DERECHO NECESARIO ESTABLECIDOS POR EL LEGISLADOR, Y SOLO QUEDARIA VACIO DE CONTENIDO ESE DERECHO SI LA LEY LLEGARA A REGULAR DE MANERA EXHAUSTIVA TODOS Y CADA UNO DE LOS MAS MINIMOS DETALLES DEL CONTENIDO JURIDICO DE LA RELACION LABORAL, LO QUE NO OCURRE EN EL PRESENTE CASO, EN EL QUE EN MODO ALGUNO LA LEY HA PODIDO INVADIR UNA ESFERA PROPIA Y RESERVADA A CONVENIOS COLECTIVOS, YA QUE DEL ART. 40.2 C.E.

SE DEDUCE LA COMPETENCIA DE LA LEGISLACION ESTATAL PARA LIMITAR LA JORNADA LABORAL. LA LEY FIJA UN TOPE MAXIMO PORQUE LA CONSTITUCION ORDENA SU FIJACION, PERO DENTRO DE ESE MAXIMO LOS CONVENIOS COLECTIVOS ENCUENTRAN UN MUY AMPLIO MARGEN DE DISPOSICION. EN NINGUN PAIS SE HA CUESTIONADO LA POSIBILIDAD DE QUE LA LEY REGULE EL REGIMEN DE JORNADA MAXIMA, Y ESA INTERVENCION LEGISLATIVA ES LA REGLA EN TODOS LOS PAISES DE LA COMUNIDAD EUROPEA.

SE PRECISA, ADEMAS, QUE, EN RELACION CON EL VALOR NORMATIVO Y VALIDEZ JURIDICA DEL CONVENIO COLECTIVO, EL PRECEPTO CUESTIONABLE ES EL ART.

37.1 C.E. Y NO EL 28.1 C.E., CITANDO AL RESPECTO LA DOCTRINA SENTADA EN LA STC 118/1983.

EN CUANTO AL ART. 14 C.E. SE SOSTIENE, EN PRIMER LUGAR, QUE DEL ART. 9.2 C.E. NO SE PUEDE HACER DEPENDER TODA INTERVENCION LEGISLATIVA DEL ESTADO EN LAS RELACIONES LABORALES, AUN MENOS EN EL CASO DE LA JORNADA DONDE EXISTE UNA PREVISION EXPRESA EN EL ART. 40.2 C.E. SI LA LEY VALORA LA OPORTUNIDAD DE UNA LIMITACION EN LA JORNADA DE TRABAJO, LA SITUACION DE EQUILIBRIO ENTRE LOS DISTINTOS INTERESES EN JUEGO ESTA CONTENIDA YA EN LA PROPIA NORMA Y RESULTA SUPERFLUA CUALQUIER VALORACION JUDICIAL QUE SOLO PODRA TENER POR OBJETO LOS PRESUPUESTOS DE LA PROPIA LEY.

POR LO QUE ATAÑE A LA APLICACION EN EL TIEMPO DE LA LEY, EN RELACION CON EL ART.

9.3 C.E., NO ES COMPRENSIBLE QUE SE SOLICITE UNA SENTENCIA INTERPRETATIVA ELIMINADORA DE AMBIGUEDADES.

TODA LA ARGUMENTACION ESTA CENTRADA EN LA IDEA DE QUE LA ESENCIA DE LA SEGURIDAD JURIDICA CONSISTE EN LA POSIBILIDAD DE PREDECIR DE LAS CONSECUENCIAS Y EFECTOS JURIDICOS DE LOS ACTOS, QUE DEBERIA HABER LLEVADO A QUE LA LEY DISPUSIERA LA PERVIVENCIA DE LOS CONVENIOS Y PACTOS ANTERIORES A SU PROMULGACION HASTA LA NATURAL EXTINCION DE SUS EFECTOS. ES DECIR, SE SOLICITA LA ULTRAACTIVIDAD DE LA NORMA ANTERIOR, UNA EXCEPCION A LA REGLA DE LA ENTRADA EN VIGOR DE DISPOSICIONES IMPERATIVAS POR SUSTITUCION DE UNA REGULACION ANTERIOR POR OTRA, LO QUE NO ES CONSTITUCIONALMENTE EXIGIBLE.

EN EL CASO DE QUE LA NUEVA NORMA SUPUSIERA UN CAMBIO ABSOLUTO Y RADICAL DEL EQUILIBRIO DE LAS PRESTACIONES, LA JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL HA PERMITIDO LA APLICACION AL CONVENIO COLECTIVO DE LA CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS , CON LO QUE EL REMEDIO A LA IMPREVISION MAS SUPUESTA QUE REAL DE LOS EFECTOS DE UN CAMBIO LEGISLATIVO NO DISCURRIRIA POR EL CAMINO DE INVALIDAR LA LEY QUE CONSAGRA AQUELLOS EFECTOS, SINO POR EL DE PERMITIR LA ADPTACION DEL CONJUNTO DE RELACIONES JURIDICAS AL GRADO DE NOVEDAD REPRESENTADO POR LA INNOVACION; PERO ESTA CUESTION MERAMENTE TEORICA NO PODIA JUSTIFICAR, NI SIQUIERA A EFECTOS INTERPRETATIVOS, UNA DECLARACION DE INCONSTITUCIONALIDAD.

5. POR PROVIDENCIA DE 18 DE DICIEMBRE DE 1990 SE SEÑALO PARA DELIBERACION Y VOTACION DE ESTA SENTENCIA EL 20 DEL MISMO MES Y AÑO.

II. FUNDAMENTOS JURIDICOS

1. LA FISCALIA GENERAL DEL ESTADO HA PLANTEADO UNA EXCEPCION PROCESAL QUE HA DE EXAMINARSE CON CARACTER PREVIO: LA FALTA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TRAMITES SEÑALADOS EN LA LOTC PARA PLANTEAR LA CUESTION. SEGUN EL ART. 35.2 LOTC, ANTES DE ADOPTAR MEDIANTE AUTO SU DECISION DE PLANTEAR CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD, EL ORGANO JUDICIAL HA DE OIR A LAS PARTES Y AL MINISTERIO FISCAL <RESOLVIENDO EL JUEZ SEGUIDAMENTE Y SIN MAS TRAMITE EN EL PLAZO DE TRES DIAS>. DEL TEXTO DEL PRECEPTO SE DEDUCE, SIN DUDA ALGUNA, QUE EL INCIDENTE DE PLANTEAMIENTO DE LA CUESTION ESTA SOMETIDO A UNOS PLAZOS PERENTORIOS BREVES QUE TRATAN DE EVITAR ALARGAMIENTOS INNECESARIOS E INJUSTIFICADOS DEL PROCEDIMIENTO A QUO PLAZO EXCEDIDO CON CRECES EN EL PRESENTE CASO, TODA VEZ QUE EL 1 DE OCTUBRE DE 1984 SE ACORDO TRAER LOS AUTOS A LA VISTA PARA DICTAR RESOLUCION PROCEDENTE Y HASTA EL 15 DE MAYO DE 1985 NO SE FORMULO EL AUTO POR EL QUE SE PLANTEA LA CUESTION.

NO OBSTANTE ELLO, DEL EXAMEN DE LAS ACTUACIONES SE DESPRENDE QUE EL INCUMPLIMIENTO DEL PLAZO LEGAL SE DEBIO A UNA SERIE DE INCIDENCIAS PROCESALES QUE RELATA EL PROPIO AUTO, EN RELACION, ENTRE OTROS EXTREMOS, CON LA PETICION DE DESISTIMIENTO DE UNA DE LAS PARTES Y CON LAS INICIATIVAS DE ARREGLO CONCILIATORIO DEL CONFLICTO, LO QUE PERMITE JUSTIFICAR SUFICIENTEMENTE EL RETRASO PROCESAL, SIN QUE EL MISMO LLEVE AL RECHAZO DE LA CUESTION POR LA FALTA DE CONDICIONES PROCESALES. NO CABE OLVIDAR QUE EL PROCESO DE ORIGEN ERA UN PROCESO DE CONFLICTO COLECTIVO EN EL QUE LA SOLUCION EXTRAJUDICIAL RESULTA ESPECIALMENTE DESEABLE AL ESTAR EN JUEGO TAMBIEN LA PROPIA AUTONOMIA COLECTIVA. EL FAVORECIMIENTO DE LA SOLUCION CONSENSUADA, QUE EVITARIA LA DECISION EN FORMA DE SENTENCIA (Y TAMBIEN, AL MISMO TIEMPO, LA NECESIDAD DE PLANTEAR LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD) HA PODIDO JUSTIFICAR ASI, EN EL PRESENTE CASO, QUE EL ORGANO JUDICIAL PARALIZASE SU TOMA DE DECISION HASTA EL MOMENTO EN QUE SE FRUSTRARON LAS EXPECTATIVAS DEL ARREGLO, CONSIDERANDO INTERRUMPIDO EN ESE TIEMPO EL PROPIO CURSO DEL PROCESO. HA DE REITERARSE, EN TODO CASO, QUE NO TODO DEFECTO FORMAL ENTRAÑA LA INADMISION DE LA CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD (STC 141/1988, ENTRE OTRAS), DEBIENDO PREDOMINAR, FRENTE A RIGORISMOS FORMALES, LA FINALIDAD DE DEPURACION OBJETIVA DEL ORDENAMIENTO A LA QUE ATIENDE ESTE PROCESO CONSTITUCIONAL Y LA COLABORACION QUE PARA ELLO PRESTAN LOS ORGANOS JURISDICCIONALES (SSTC 127/1987, 155/1987 Y 19/1988, ENTRE OTRAS).

POR CONSIGUIENTE, HAY QUE ESTIMAR QUE NO CONCURREN OBSTACULOS PROCESALES QUE IMPIDAN ENTRAR EN EL FONDO DE LA PRESENTE CUESTION DE INCONSTITUCIONALIDAD.

2.

EL OBJETO DE LA CUESTION ES EL PARRAFO SEGUNDO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA DE LA LEY 4/1983, DE 29 DE JUNIO.

LEY ESTA QUE MODIFICO DETERMINADOS PRECEPTOS DE LA LEY 8/1980, DE 10 DE MARZO, DEL ESTATUTO DE LOS TRABAJADORES (E.T.), Y EN CONCRETO SU ART. 34.2, REDUCIENDO LA DURACION MAXIMA LEGAL DE LA JORNADA ORDINARIA DE TRABAJO A CUARENTA HORAS SEMANALES DE TRABAJO EFECTIVO. EL TENOR LITERAL DEL PARRAFO SEGUNDO MENCIONADO ES EL SIGUIENTE:

<LA PUESTA EN PRACTICA DE LA JORNADA QUE SE ESTABLECE EN LA PRESENTE LEY, NO AFECTARA A LA ORDENACION GLOBAL DE LA JORNADA DE TRABAJO EXISTENTE EN LAS EMPRESAS A LA ENTRADA EN VIGOR DE ESTA LEY, SINO EXCLUSIVAMENTE A SU DURACION, SALVO PACTO EN CONTRARIO.>

COMO DESTACA EL ABOGADO DEL ESTADO, ESTE PARRAFO TIENE UN SIGNIFICADO INTERPRETATIVO O ACLARATORIO DE LA APLICACION INMEDIATA, TRAS LA CORRESPONDIENTE VACATIO LEGIS, DE LA NUEVA DURACION MAXIMA DE LA JORNADA LEGAL, SALVANDO DEL ALCANCE INNOVATORIO DE LA LEY UNICAMENTE LA ORDENACION GLOBAL DE LA JORNADA PREEXISTENTE.

EN PURIDAD, LA ELIMINACION DEL TEXTO COMBATIDO NO EVITARIA QUE LA FIJACION IMPERATIVA DE LA JORNADA MAXIMA QUEDARA DEFINIDA EN LOS LIMITES DEL ART.

1 DE LA LEY Y QUE ENTRARA EN VIGOR TRAS EL PLAZO DE UN MES DESDE LA PUBLICACION DE LA LEY EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO> DEL 30 DE JUNIO DE 1983, QUE ESTATUYE LA DISPOSICION FINAL, NI TAMPOCO QUE ESA FIJACION IMPERATIVA SE APLICARA TAMBIEN A LA REGULACION DE LA JORNADA DE TRABAJO CONTENIDA EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS EN VIGOR EN ESE MOMENTO, QUE ES LO QUE SE CUESTIONA POR EL MAGISTRADO.

SE CUESTIONA, PUES, LA INCIDENCIA INMEDIATA DE LA LEY EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS VIGENTES EN ESE MOMENTO, ES DECIR, EL QUE EL NUEVO LIMITE LEGAL DE LA JORNADA SE APLIQUE INMEDIATAMENTE Y SUSTITUYA (O INCLUSO INVALIDE) LA JORNADA MAS AMPLIA CONVENIDA COLECTIVAMENTE, INCLUSO SI ESTA HUBIESE MEJORADO EL LIMITE MAXIMO LEGAL ANTERIOR.

EL MAGISTRADO PROPONENTE ENTIENDE QUE EL PRECEPTO CUESTIONADO VULNERA EL MODELO DE RELACIONES LABORALES CONTENIDO EN LOS ARTS. 7, 9.2, 28 Y 37 C.E., LA LIBERTAD SINDICAL DE LOS ARTS. 28 Y 7, EN CONEXION CON EL ART.

37.1 C.E., EL DERECHO DE NEGOCIACION COLECTIVA DEL ART. 37.1, EN INTIMA CONEXION CON LOS ARTS. 7, 14.1, 38 Y 139.1, ASI COMO EL ART. 9.3 C.E., TODOS ELLOS INTERRELACIONADOS CON OTROS PRECEPTOS DEL BLOQUE NORMATIVO CONSTITUCIONAL.

ES NECESARIO, ANTES QUE NADA, DELIMITAR ADECUADAMENTE LOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES EN JUEGO. HAN DE QUEDAR FUERA DEL EXAMEN, POR LO PRONTO, Y POR PERTENECER A UNA ESFERA PROPIAMENTE POLITICA, LAS NUMEROSAS CONSIDERACIONES QUE EN EL AUTO SE HACEN RELATIVAS A JUICIOS DE OPORTUNIDAD SOBRE LA MEDIDA LEGAL, SU EFECTO EN EL MERCADO DE TRABAJO Y LAS DISFUNCIONES QUE EN LAS ORGANIZACIONES PRODUCTIVAS PUEDE PROVOCAR LA ENTRADA EN VIGOR INMEDIATA DE LA LEY. TAMBIEN HA DE PRESCINDIRSE DEL COMPLEJO ANALISIS QUE SE HACE SOBRE LA SITUACION LEGAL, DOCTRINAL Y JURISPRUDENCIAL RESPECTO DE LA PROBLEMATICA GENERAL DE LAS POSIBLES INTERRELACIONES ENTRE LA LEY Y EL CONVENIO COLECTIVO. HEMOS DE LIMITARNOS EXCLUSIVAMENTE A VERIFICAR LA COMPATIBILIDAD DEL PRECEPTO CUESTIONADO CON DETERMINADOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES.

A TAL EFECTO RESULTA INSOSTENIBLE PLANTEAR LA CORRESPONDENCIA DE LA NORMA CUESTIONADA CON UN HIPOTETICO MODELO CONSTITUCIONAL DE RELACIONES LABORALES, QUE LA CONSTITUCION NO DISEÑA, AUNQUE ESTABLECE LAS PREMISAS DESDE LAS CUALES, TANTO EL LEGISLADOR COMO LA ACTUACION DE LAS PARTES SOCIALES, PERMITIRAN CONFIGURAR, DE FORMA DINAMICA, CAMBIANTE Y ABIERTA, UN SISTEMA DE RELACIONES LABORALES, DE LOS VARIOS QUE SERIAN COMPATIBLES CON EL ORDEN CONSTITUCIONAL. SON LAS REGLAS CONSTITUCIONALES LOS UNICOS CRITERIOS DE VALORACION DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY, NO PUDIENDO CONVERTIRSE EN PARAMETRO DE CONSTITUCIONALIDAD LA REFERENCIA A UN MODELO QUE LA PROPIA LEY PUEDE TENER COMO FUNCION CONFIRMAR E INCLUSO ALTERAR.

IGUALMENTE HA DE EXCLUIRSE DEL EXAMEN EL PROBLEMA, SOBRE EL QUE SE CENTRAN TANTO EL FISCAL GENERAL DEL ESTADO COMO EL ABOGADO DEL ESTADO, DE LA COMPETENCIA DEL ESTADO PARA REGULAR LA JORNADA MAXIMA LEGAL, Y, POR ELLO, DE LA PROPIA CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY 4/1983. EN LA MATERIA CONCRETA DE REGULACION DEL ESTABLECIMIENTO DE UNA JORNADA MAXIMA DE TRABAJO, LA CONSTITUCION, ASUMIENDO UNA LARGA TRADICION DE INTERVENCION LEGAL EN LA MATERIA, HA IMPUESTO AL LEGISLADOR DE FORMA EXPRESA EL ESTABLECIMIENTO DE LIMITES A LA JORNADA LABORAL (ART. 40.2 C.E.). NO ES CUESTIONABLE, PUES, NI LA COMPETENCIA DE LA LEY EN ESTA MATERIA, NI QUE ESA INTERVENCION DE LA LEY PERMITE, E INCLUSO IMPONE, LA SUJECION DEL CONVENIO COLECTIVO AL MAXIMO DE JORNADA LEGALMENTE ESTABLECIDO. SOLO HA DE LIMITARSE EL PRESENTE ENJUICIAMIENTO DE CONSTITUCIONALIDAD A LA INCIDENCIA DE LA REFORMA LEGAL, QUE REDUCE LA JORNADA MAXIMA, EN LOS CONVENIOS COLECTIVOS EN CURSO, PRESCINDIENDOSE POR ELLO, POR SU MANIFIESTA CARENCIA DE FUNDAMENTO, DE RESPONDER A AQUELLAS AFIRMACIONES QUE MARGINALMENTE SE HACEN EN EL AUTO EN RELACION CON LA SUPUESTA IGUALDAD DE RANGO DE LA LEY Y DEL CONVENIO COLECTIVO, Y LA EVENTUAL APLICACION PREFERENTE DE ESTE EN FUNCION DEL PRINCIPIO DE ESPECIALIDAD. EN LO QUE ATAÑE A LA JORNADA DE TRABAJO, Y SIN NECESIDAD DE HACER REFERENCIA AL ART. 9.1 C.E., LA PREEMINENCIA DE LA LEY, POR LO QUE HACE A LA FIJACION DE LIMITES A LA MISMA, HA SIDO EXPRESAMENTE CONSAGRADA EN EL ART. 40.2 C.E., DE MANERA QUE LOS CONVENIOS COLECTIVOS, Y NO SOLO LOS CONTRATOS DE TRABAJO, HAN DE RESPETAR INELUDIBLEMENTE EL LIMITE LEGAL, EN LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA PROPIA LEY. DESDE UN PLANO MAS GENERAL, PUEDE RECORDARSE, NO OBSTANTE, QUE EN ANTERIORES OCASIONES ESTE TRIBUNAL HA SEÑALDO QUE LA LEY OCUPA EN LA JERARQUIA NORMATIVA UNA SUPERIOR POSICION A LA DEL CONVENIO COLECTIVO, RAZON POR LA CUAL ESTE DEBE RESPETAR Y SOMETERSE A LO DISPUESTO CON CARACTER NECESARIO POR AQUELLA, ASI COMO, MAS GENERICAMENTE, A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE MAYOR RANGO JERARQUICO (SSTC 58/1985, 177/1988 Y 171/1989).

DEBE PRESCINDIRSE ASIMISMO, POR MANIFIESTAMENTE INCONSISTENTE, DE LA REFERENCIA AL ART. 9.2 C.E., PUES LA INVOCACION DE ESTE PRECEPTO NO PUEDE SERVIR PARA LIMITAR UNA FUNCION REGULADORA DEL ESTADO QUE, SEGUN SE HA DICHO, ENCUENTRA FUNDAMENTO AUTONOMO EN EL ART. 40.2 C.E.; SIN QUE, POR LO DEMAS, SE ALEGUE RAZON ALGUNA QUE PUEDA LLEVAR A CONCLUIR QUE LA APLICACION INMEDIATA DE LA REDUCCION LEGAL DE LA JORNADA IMPIDA PROMOVER LAS CONDICIONES PARA QUE LA LIBERTAD Y LA IGUALDAD DEL INDIVIDUO Y DE LOS GRUPOS EN QUE SE INTEGRA SEAN REALES Y EFECTIVAS.

TAMBIEN HA DE RECHAZARSE, SIN NECESIDAD DE UNA DETENIDA ARGUMENTACION, LA PRESUNTA VULNERACION DEL ART. 14 C.E., QUE ADEMAS SE PONE INJUSTIFICADAMENTE EN CONEXION CON EL ART.

139.1 C.E. QUE SE REFIERE A LA IGUALDAD INTERTERRITORIAL DE LOS ESPAÑOLES. COMO RECUERDA EL MINISTERIO FISCAL, ESTE TRIBUNAL HA TENIDO OCASION DE RECHAZAR RECURSOS DE AMPARO EN SUPUESTOS ANALOGOS E INCLUSO IDENTICOS, EN LOS QUE SE INVOCO EL DERECHO A LA IGUALDAD DEL

ART. 14 C.E. EN ESTOS CASOS, EL TRIBUNAL HA AFIRMADO CON REITERACION QUE LA APLICACION PREFERENTE DE LA NORMA ESTATAL NO PUEDE CONSIDERARSE, DESDE LA PERSPECTIVA DE LA IGUALDAD, COMO LA INAPLICACION DE UN PACTO COLECTIVO ROMPIENDO EN BENEFICIO DE UNA PARTE EL ACUERDO DE VOLUNTADES.

SE TRATA, MAS BIEN, DE LA APLICACION PREFERENTE DE UNA NORMA ESTATAL ANTE LA QUE EL ACUERDO DEBE CEDER, SIN QUE PUEDA AFIRMARSE QUE LA APLICACION DE UNA DISPOSICION GENERAL DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO VULNERE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, AUNQUE RESULTE EN ALGUN ASPECTO MAS BENEFICIOSA PARA LA POSICION DE UNA DE LAS PARTES, CUMPLIENDO UNA DE LAS FUNCIONES QUE LA LEY TIENE ATRIBUIDA EN LAS RELACIONES DE TRABAJO (AATC 217/1984, 96/1985, 533/1985). HA DE SUBRAYARSE, ADEMAS, QUE LA NORMA ESTATAL NO TIENE COMO DESTINATARIOS DIRECTOS A LAS PARTES DEL CONVENIO COLECTIVO, SINO A TRABAJADOR Y EMPRESARIO, Y EN EL MARCO DEL CONTRATO DE TRABAJO SON INCUESTIONABLES LAS REGULACIONES LEGALES QUE TRATAN DE REEQUILIBRAR UNA SITUACION DE PARTIDA DESIGUAL, PUESTO QUE LA DIFERENCIA DE REGIMEN JURIDICO ENTRE TRABAJADOR Y EMPRESARIO APARECE EXIGIDA POR EL PROPIO PRINCIPIO DE IGUALDAD MATERIAL (ART.

9.2 C.E.) Y CONSTITUYE INSTRUMENTO INELUDIBLE PARA SU DEBIDA EFECTIVIDAD, COMPENSANDO UNA DESIGUALDAD ECONOMICA DE PARTIDA (STC 3/1983). MAS AUN: SI SE ACEPTARA LA TESIS DE AUTO, LA CONCLUSION A LA QUE SE LLEGARIA PODRIA SER MANIFIESTAMENTE DESIGUALATORIA, AL ENTRAR PAULATINAMENTE EN VIGOR, Y DE FORMA DIVERSA SEGUN LOS SECTORES Y EMPRESAS, LA REDUCCION DE JORNADA, CREANDO UNA DIFERENCIA ENTRE LOS TRABAJADORES, NO QUERIDA POR LA LEY, Y CONSTITUCIONALMENTE CUESTIONABLE, SOMETIDOS UNOS A LA JORNADA MAXIMA LEGAL, Y OTROS, TRANSITORIAMENTE, A JORNADAS CONVENCIONALES SUPERIORES. LA APLICACION INMEDIATA A TODOS LOS TRABAJADORES DE LA REFORMA LEGAL RESULTA MAS ACORDE AL DERECHO A LA IGUALDAD DEL ART. 14 C.E. LO QUE CONFIRMA EL CARACTER NOTORIAMENTE INFUNDADO DE LA CUESTION SUSCITADA EN RELACION CON EL ART. 14 C.E.

ASIMISMO HAN DE CONSIDERARSE REDUNDANTES, Y CARENTES DE ENTIDAD AUTONOMA, LAS REFERENCIAS AL ART. 28.1 Y 7 C.E. Y AL ART. 38 C.E., SOBRE LIBERTAD DE EMPRESA, PUESTO QUE EL DERECHO ESPECIFICO A TENER EN CUENTA EN EL PRESENTE CASO, REFERIDO AL ALCANCE Y AL VALOR NORMATIVO DEL CONVENIO COLECTIVO, ES EL DEL ART. 37.1 C.E., QUE CONSAGRA EL DERECHO DE LA NEGOCIACION COLECTIVA. SOLO SI SE RECONOCIERA LA VIOLACION DE ESE DERECHO PODRIA LLEGAR A PLANTEARSE SI, ADEMAS, ELLO SUPONE LA INFRACCION DE ESOS OTROS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES, TODA VEZ QUE, POR MENCIONAR EL ART.

28.1 C.E. PERO LO MISMO PODRIA DECIRSE DEL ART. 38 C.E. , LA ALEGADA LESION <ES PRESUPUESTO PARA EMPEZAR A HABLAR DE VULNERACION DE LA LIBERTAD SINDICAL> (ATC 815/1985). COMO HEMOS DICHO EN EL AUTO 858/1985, SI DE LO QUE SE TRATA ES DE SI LA LEY PUEDE FIJAR UN LIMITE A LA NEGOCIACION COLECTIVA, EL PROBLEMA SE SITUA EN EL MARCO DEL ART. 37.1 Y NO EN EL DEL ART.

28.1 C.E. TAMBIEN LA SUPUESTA VULNERACION DEL ART. 9.3 C.E. SE ENTIENDE CONECTADA CON LA TEMPORALIDAD DEL CONVENIO COLECTIVO Y CON LA CERTEZA QUE DE ELLO SE DERIVA, POR LO QUE LA ALEGACION DEBE ENTENDERSE NO COMO DE CARACTER AUTONOMO SINO IGUALMENTE EN APOYO DE LA AFIRMADA VIOLACION DEL ART. 37.1 C.E.

EN CONSECUENCIA, HEMOS DE LIMITAR NUESTRO ANALISIS A SI EL PARRAFO SEGUNDO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA DE LA LEY 4/1983 VULNERA EL DERECHO RECONOCIDO EN EL ART 37.1 C.E., BIEN EN SI MISMO, BIEN EN RELACION CON EL ART. 9.3 C.E.

3. LO QUE SE CUESTIONA EN RELACION CON EL ART.

37.1 C.E. ES LA PRIMACIA DE LA LEY EN VIRTUD DEL CARACTER MINIMO DE SU CONTENIDO Y DEL PRINCIPIO DE JERARQUIA NORMATIVA, ENTENDIENDO QUE DE AQUEL PRECEPTO CONSTITUCIONAL SE DERIVARIA LA INMUTABILIDAD DEL CONVENIO COLECTIVO FRENTE A LA NORMA LEGAL SOBREVENIDA HASTA QUE AQUEL AGOTARA SU VIGENCIA TEMPORAL. LOS ARGUMENTOS EN FAVOR DE ESTA TESIS SON, EN CIERTO SENTIDO, CONTRADICTORIOS. EL ORGANO JUDICIAL PARTE, POR UN LADO, DE LA SUJECION DEL CONVENIO COLECTIVO A LAS NORMAS MINIMAS ESTATALES VIGENTES EN EL MOMENTO DE SU CELEBRACION, DISCUTIENDO SOLO LA APLICACION DE LA LEY SOBREVENIDA, PERO, POR OTRO LADO, PARECE CUESTIONAR LA PROPIA SUJECION JERARQUICA DEL CONVENIO COLECTIVO A LA LEY, SUJECION JERARQUICA ESTABLECIDA EN EL ART. 3 E.T. Y QUE SE CONECTA, EN ULTIMA INSTANCIA, CON EL ART. 9.3 C.E.

CLARIFICADO, COMO QUEDO DICHO, QUE EL CONVENIO COLECTIVO HA DE ADECUARSE A LO ESTABLECIDO EN LAS NORMAS DE SUPERIOR RANGO JERARQUICO (SSTC 58/1985, 177/1988 Y 171/1989), HA DE INSISTIRSE, CON TODO, QUE EL PROBLEMA AQUI NO ES DETERMINAR CUALES SON LAS POSIBLES INTERRELACIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE ENTRE LA LEY Y EL CONVENIO COLECTIVO, NI SIQUIERA SI ES LEGITIMA LA DEL ART.

3 E.T., PUESTO QUE DESDE LA CONSTITUCION SE IMPONE UNA LIMITACION LEGAL ERGA OMNES DE LA JORNADA DE TRABAJO.

PARTIENDO DE ESA LIMITACION, SE PLANTEA SOLO LA COMPATIBILIDAD CON EL ART. 37.1 C.E. DEL EFECTO QUE PRODUJO LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA JORNADA MAXIMA LEGAL SOBRE LOS CONVENIOS COLECTIVOS VIGENTES EN ESE MOMENTO. LA DOCTRINA DEL TRIBUNAL CENTRAL DE TRABAJO (TCT) ENTENDIO DESDE EL PRIMER MOMENTO Y DE FORMA UNANIME QUE AQUELLA NUEVA JORNADA MAXIMA LEGAL HABIA DE PREVALECER SOBRE LA EVENTUALMENTE SUPERIOR ESTABLECIDA EN EL CONVENIO COLECTIVO VIGENTE, DEBIENDO APLICARSE LA PRIMERA, Y NO LA SEGUNDA, DESDE EL 30 DE JULIO DE 1983, FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 4/1983 (SENTENCIAS DEL TRIBUNAL CENTRAL DE TRABAJO DE 22 Y 30 DE NOVIEMBRE Y 17 DE DICIEMBRE DE 1983; 24 DE ENERO Y 22 DE MAYO DE 1984, ENTRE OTRAS MUCHAS). EL MAGISTRADO PROPONENTE AFIRMA QUE ESTA INCIDENCIA DE LA LEY SOBRE LOS CONVENIOS COLECTIVOS EN VIGOR ATENTA CONTRA EL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA NEGOCIACION COLECTIVA (ART. 37.1 C.E.), EN CONEXION CON LA SEGURIDAD JURIDICA Y LA RETROACTIVIDAD DE LAS NORMAS (ART. 9.3 C.E.), ENTENDIENDO, EN DEFINITIVA, QUE EL RESPETO DE DICHOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES EXIGIA QUE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY SE HUBIERA POSPUESTO AL MOMENTO EN QUE DICHOS CONVENIOS HUBIERAN PERDIDO SU VIGENCIA.

NO PUEDE COMPARTIRSE EL ANTERIOR PLANTEAMIENTO. QUE LA DURACION DE LA NUEVA JORNADA MAXIMA LEGAL SE IMPONGA DESDE LA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 4/1983 A LOS CONVENIOS COLECTIVOS VIGENTES EN ESE MOMENTO, EN VEZ DE LO SUCEDIDO CON LA ORDENACION GLOBAL DE LA JORNADA PREEXISTENTE (PARRAFO SEGUNDO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA DE DICHA LEY), SERA MAS O MENOS OPORTUNO, PERO DIFICILMENTE PUEDE DECIRSE QUE SEA CONSTITUCIONALMENTE INADMISIBLE. HA DE RECHAZARSE, POR DE PRONTO, QUE ELLO IMPLIQUE UNA APLICACION RETROACTIVA DE LA LEY, PUES, COMO REITERADAMENTE HA DICHO ESTE TRIBUNAL, NO HAY TAL RETROACTIVIDAD CUANDO UNA LEY REGULA DE MANERA DIFERENTE Y PRO FUTURO SITUACIONES JURIDICAS CREADAS CON ANTERIORIDAD A SU ENTRADA EN VIGOR Y CUYOS EFECTOS NO SE HAN CONSUMADO (POR TODAS, STC 227/1988, FUNDAMENTO JURIDICO 9 Y LAS ALLI CITADAS); EN SUMA, NO ES RETROACTIVA UNA LEY PORQUE SE APLIQUE INMEDIATAMENTE DESDE SU ENTRADA EN VIGOR. TAMBIEN HA SEÑALADO ESTE TRIBUNAL QUE NO SE INFRINGE EL PRINCIPIO DE SEGURIDAD JURIDICA PORQUE EL LEGISLADOR LLEVE A CABO MODIFICACIONES EN LAS NORMAS LEGALES, QUE ENTRAN EN EL AMBITO DE LA POTESTAD LEGISLATIVA, QUE NO PUEDE PERMANECER INERME O INACTIVA ANTE LA REALIDAD SOCIAL Y LAS TRANSFORMACIONES QUE LA MISMA IMPONE; MODIFICACIONES QUE OBVIAMENTE INCIDIRAN EN LAS RELACIONES O SITUACIONES JURIDICAS PREEXISTENTES (SSTC 99/1987 Y 70/1988, FUNDAMENTOS JURIDICOS 6, C), Y 4, RESPECTIVAMENTE, ENTRE OTRAS).

LA APLICACION INMEDIATA DE LA LEY 4/1983 DESDE SU ENTRADA EN VIGOR TAMPOCO VULNERA EL ART. 37.1 C.E. POR REPERCUTIR Y PRODUCIR EFECTOS SOBRE LOS CONVENIOS COLECTIVOS VIGENTES EN ESE MOMENTO. EN EFECTO, EL RESPETO AL DERECHO CONSTITUCIONAL A LA NEGOCIACION COLECTIVA NO OBLIGA NECESARIAMENTE AL LEGISLADOR A POSPONER LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NORMA AL MOMENTO DE LA TERMINACION DEL PERIODO DE VIGENCIA DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS, HASTA EL PUNTO QUE, DE NO HACERLO ASI, HAYA DE ESTIMARSE QUE LESIONA AQUEL DERECHO CONSTITUCIONAL. EL ART. 37.1 C.E., NI POR SI MISMO NI EN CONEXION CON EL ART.

9.3 C.E., PUEDE OPONERSE O IMPEDIR LA PRODUCCION DE EFECTOS DE LAS LEYES EN LA FECHA DISPUESTA POR LAS MISMAS. ES EL CONVENIO EL QUE DEBE RESPETAR Y SOMETERSE A LA LEY Y A LAS NORMAS DE MAYOR RANGO JERARQUICO Y NO AL CONTRARIO, SIENDO CONSTITUCIONALMENTE INACEPTABLE QUE UNA LEY NO PUEDA ENTRAR EN VIGOR EN LA FECHA DISPUESTA POR EL LEGISLADOR. LA CUESTION DE CUANDO ENTRA EN VIGOR UNA LEY, Y EN GENERAL DE LA APLICACION EN EL TIEMPO DE LA MISMA, SON MATERIAS EN PRINCIPIO DE PLENA COMPETENCIA DEL LEGISLADOR, TENIENDO ESTE UNA AMPLISIMA LIBERTAD DE CONFIGURACION Y DECISION AL RESPECTO. Y, SI EN USO DE TAL LIBERTAD, EL LEGISLADOR ESTABLECE UNA CONCRETA FECHA DE ENTRADA EN VIGOR, LA LEY HABRA DE ENTRAR EN VIGOR ENTONCES, AUN CUANDO AFECTE A CONVENIOS COLECTIVOS VIGENTES, SIN QUE TAL EFECTO PUEDA ESTIMARSE LESIVO DEL ART. 37.1 C.E., NI ESTE PRECEPTO PUEDA IMPEDIR LA PRODUCCION DE EFECTOS DE LA LEY EN LA FECHA PREVISTA. PUES, COMO YA SE HA ANTICIPADO, DEL ART. 37.1 C.E. NO EMANA NI DERIVA EL SUPUESTO DERECHO A QUE LO ESTABLECIDO EN EL CONVENIO COLECTIVO (EN NUESTRO CASO, EN MATERIA DE JORNADA) PERMANEZCA INALTERADO Y SEA INMUNE A LO ESTABLECIDO EN LA LEY POSTERIOR HASTA EL MOMENTO EN QUE EL CONVENIO PIERDA VIGENCIA, AUN CUANDO LA VOLUNTAD DE DICHA LEY SEA ENTRAR EN VIGOR INMEDIATAMENTE EN LA FECHA EN ELLA DISPUESTA. SI EL LEGISLADOR, DANDO CUMPLIMIENTO A UN EXPRESO MANDATO CONSTITUCIONAL (ART. 40.2 C.E.) Y ATENDIENDO A LAS FINALIDADES PROPIAS DE UN ESTADO SOCIAL Y DEMOCRATICO DE DERECHO, DECIDE QUE LA NUEVA Y MAS REDUCIDA REGULACION DE LA DURACION DE LA JORNADA MAXIMA LEGAL DEBE APLICARSE DESDE EL 30 DE JULIO DE 1983, EN VEZ DE A PARTIR DE LA FECHA DE LA EXPIRACION DE LA VIGENCIA DE LOS CONVENIOS, A ELLO DEBE ESTARSE, SIN QUE LA EXISTENCIA DE DICHOS CONVENIOS PUEDA IMPOSIBILITAR LA PRODUCCION DE EFECTOS DE LA MEDIDA LEGAL EN LA FECHA PREVISTA, LO QUE SERIA TANTO COMO CONTRADECIR EL CLARO MANDATO DE QUIEN REPRESENTA Y TIENE DIRECTA CONEXION CON LA VOLUNTAD POPULAR.

DEL RAZONAMIENTO ANTERIOR SE DERIVA QUE NO ES CONTRARIO AL ART. 37.1 C.E., EN CONEXION CON EL ART. 9.3 C.E., EL PARRAFO SEGUNDO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA DE LA LEY 4/1983, POR NO HABER POSPUESTO LA EFECTIVIDAD Y APLICACION DE LA NUEVA DURACION DE LA JORNADA MAXIMA LEGAL A LA EXPIRACION DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS VIGENTES EN ESE MOMENTO, COMO SI HIZO EN PUNTO A LA ORDENACION GLOBAL DE LA JORNADA PREEXISTENTE. SE PUDO EXTENDER ESTA ULTIMA PREVISION A LA CUESTION DE LA DURACION DE LA JORNADA MAXIMA LEGAL, SIENDO LEGITIMO DEFENDER TAL OPINION. PERO UNA COSA SON LAS ANTERIORES CRITICAS, ENTRE OTRAS QUE PUDIERAN HACERSE, Y OTRA, BIEN DISTINTA, CONCLUIR QUE LA APLICACION INMEDIATA TRAS SU ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY 4/1983 INFRINGE EL ART. 37.1 C.E., EN CONEXION CON EL ART. 9.3 C.E.

FINALMENTE ES CIERTO QUE LA INCIDENCIA INMEDIATA SOBRE UN CONVENIO COLECTIVO EN VIGOR DE LO ESTABLECIDO EN UNA LEY POSTERIOR AL MISMO PUEDE ALTERAR LO QUE SE HA DADO EN LLAMAR EL EQUILIBRIO INTERNO DEL CONVENIO Y LA CONCEPCION DE ESTE COMO UN CONJUNTO INTEGRADO DE PRESTACIONES Y CONTRAPRESTACIONES QUE SE EXPLICAN UNAS EN FUNCION DE LAS OTRAS.

AHORA BIEN, Y AL MARGEN DE LO ANTERIOR, SI SE PUDIERA RAZONABLEMENTE CONCLUIR QUE EL EQUILIBRIO INTERNO DEL CONVENIO HA QUEDADO SUSTANCIALMENTE TRASTOCADO TRAS LA POSTERIOR PROMULGACION DE UNA LEY QUE AFECTARA A SUS CONTENIDOS REGULADORES, ELLO, COMO RECUERDA EL ABOGADO DEL ESTADO CON CITA DE JURISPRUDENCIA CONSTITUCIONAL, NO TENDRIA COMO CONSECUENCIA LA INVALIDACION Y/O INAPLICACION DE LA LEY, SINO, EN SU CASO, LA READAPTACION DEL CONVENIO A LA VISTA DEL CAMBIO DEL CONTEXTO LEGAL EN EL QUE AQUEL FUE SUSCRITO. EN EFECTO, ESTE TRIBUNAL HA DICHO QUE ES POSIBLE RECLAMAR <UNA ALTERACION DEL CONVENIO> EN AQUELLOS CASOS EN LOS QUE SE HAYA PRODUCIDO <UN CAMBIO ABSOLUTO Y RADICAL DE LAS CIRCUNSTANCIAS QUE PERMITAN APLICAR LA LLAMADA CLAUSULA REBUS SIC STANTIBUS (STC 11/1981, FUNDAMENTO JURIDICO 14). EN CONSECUENCIA, QUIEN ALEGUE Y ACREDITE QUE UNA LEY, DICTADA VIGENTE EL CONVENIO COLECTIVO, PROVOCA EL MENCIONADO CAMBIO ABSOLUTO Y RADICAL DE LAS CIRCUNSTANCIAS, PODRIA PEDIR LA RECISION DEL CONVENIO, PERO EN NINGUN CASO PRETENDER, CON AMPARO EN EL ART. 37.1 C.E., LA POSTERGACION DE LA PLENA EFECTIVIDAD DE LA NORMA LEGAL, CONTRAIRANDO ASI LO EN ELLA DECIDIDO RESPECTO A SU APLICACION EN EL TIEMPO.

4. LOS RAZONAMIENTOS ANTERIORES CONDUCEN A RECHAZAR QUE EL PARRAFO SEGUNDO DE LA DISPOSICION TRANSITORIA DE LA LEY 4/1983, AL ESTABLECER LA INMEDIATA APLICACION DESDE SU ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA REGULACION DE LA DURACION MAXIMA DE LA JORNADA LEGAL SIN ESPERAR A LA EXPIRACION DE LOS CONVENIOS COLECTIVOS ENTONCES VIGENTES, HAYA INCURRIDO EN LA VULNERACION DE LOS NUMEROSOS PRECEPTOS CONSTITUCIONALES INVOCADOS.

FALLO

EN ATENCION A TODO LO EXPUESTO, EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE LA NACION ESPAÑOLA,

HA DECIDIDO

DESESTIMAR LA CUESTION.

PUBLIQUESE ESTA SENTENCIA EN EL <BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO>.

DADA EN MADRID A VEINTE DE DICIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA. FRANCISCO TOMAS Y VALIENTE. FRANCISCO RUBIO LLORENTE.

FERNANDO GARCIA-MON Y GONZALEZ-REGUERAL. CARLOS DE LA VEGA BENAYAS. MIGUEL RODRIGUEZ-PIÑERO Y BRAVO-FERRER. JESUS LEGUINA VILLA. LUIS LOPEZ GUERRA.

JOSE LUIS DE LOS MOZOS Y DE LOS MOZOS. ALVARO RODRIGUEZ BEREIJO. VICENTE GIMENO SENDRA. JOSE GABALDON LOPEZ. RUBRICADOS.

Análisis

  • Rango: Sentencia
  • Fecha de disposición: 20/12/1990
  • Fecha de publicación: 10/01/1991
Referencias posteriores

Criterio de ordenación:

  • CORRECCIÓN de errores en suplemento al BOE núm. 48, de 25 de febrero de 1991 (Ref. BOE-T-1991-5284).
Referencias anteriores
  • DICTADA en la Cuestion 834/1985 (Ref. BOE-A-1985-24359).
  • DECLARA la desestimación del mismo en relación con la disposición transitoria de la Ley 4/1983, de 29 de junio (Ref. BOE-A-1983-18136).
Materias
  • Descanso laboral
  • Estatuto de los Trabajadores
  • Jornada laboral
  • Trabajadores
  • Trabajo
  • Tribunal Constitucional
  • Vacaciones

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