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Vistos los procedimientos sancionadores que figuran relacionados en el Anexo de la presente resolución y analizados los siguientes

ANTECEDENTES DE HECHO

ÚNICO.- La Delegación del Gobierno en Canarias dictó en su momento resolución sancionadora respecto del procedimiento objeto de la presente resolución, por incumplimiento de los apartados 1, 3 o 5 del artículo 7 del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, de conformidad con las instrucciones cursadas por el Ministro del Interior a las Delegaciones del Gobierno, en las que se consideraba que el incumplimiento de tales preceptos constituía desobediencia a las órdenes del Gobierno y su inobservancia subsumida dentro de la infracción grave del artículo 36.6 de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

SEGUNDO.- En la mencionada resolución se imponía sanción de multa, no constando que se haya procedido al pago de la misma.

Y teniendo en cuenta los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El artículo 57 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, dispone que ''El órgano administrativo que inicie o tramite un procedimiento, cualquier que haya sido la forma de su iniciación, podrá disponer, de oficio o a instancia de parte, su acumulación a otros con los que guarde identidad sustancial o íntima conexión, siempre que sea el mismo órgano que deba tramitar y resolver el procedimiento. Contra el acuerdo de acumulación no procederá recurso alguno''.

SEGUNDO.- La Sentencia del Tribunal Constitucional, Pleno, número 148/2021, de 14 de julio, estimó parcialmente el recurso de inconstitucionalidad nº 2054-2020 interpuesto contra el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, y declaró inconstitucionales y nulos los apartados 1, 3 y 5 de su artículo 7, con el alcance y efectos señalados por la propia sentencia.

TERCERO.- El artículo 40.1 de la Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional establece que ''Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad''.

CUARTO.- De acuerdo con el artículo 109.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas ''Las Administraciones Públicas podrán revocar, mientras no haya transcurrido el plazo de prescripción, sus actos de gravamen o desfavorables, siempre que tal revocación no constituya dispensa o exención no permitida por las leyes, ni sea contraria al principio de igualdad, al interés público o al ordenamiento jurídico''.

QUINTO.- La competencia para dictar la presente resolución sobre revocación corresponde a este órgano, toda vez que la competencia para la resolución de procedimientos administrativos sancionadores por infracciones graves en este ámbito la ostentan los Delegados del Gobierno en las Comunidades Autónomas y en las Ciudades de Ceuta y Melilla, de conformidad con el artículo 32.1.c) de la Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana.

En consecuencia con todo lo anterior, vistos los antecedentes y fundamentos mencionados y en uso de las facultades conferidas,

RESUELVO

PRIMERO.- Acordar la acumulación y la revocación de los procedimientos que figuran relacionados en el Anexo de la presente resolución, anulando las resoluciones sancionadoras emitidas.

SEGUNDO.- Disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Estado de conformidad con el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, al apreciar razones de interés público.

La presente resolución no pone fin a la vía administrativa por lo que, de acuerdo con el artículo 121 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, contra la misma cabe interponer recurso de Alzada ante el Ministro del Interior, en el plazo máximo de UN MES contado desde el día siguiente a aquél en que se publique la presente resolución.

ANEXO RESOLUCIÓN

EXPEDIENTE NIF/NIE

P.S. 801/2020 Y7059494A

P.S. 802/2020 78526376Y

P.S. 804/2020 X7487010G

P.S. 806/2020 X8610307G

P.S. 807/2020 X2301319P

P.S. 809/2020 X6416454Y

P.S. 815/2020 Y2475748L

P.S. 816/2020 Y2475748L

P.S. 817/2020 Y2836312N

P.S. 818/2020 Y7611962B

P.S. 819/2020 Y5419499T

P.S. 820/2020 X6841339N

P.S. 821/2020 78421966Q

P.S. 822/2020 78831612D

P.S. 823/2020 79374768C

P.S. 827/2020 X4156464L

P.S. 828/2020 Y2036725C

P.S. 829/2020 X9104594K

P.S. 832/2020 Y4642403M

P.S. 833/2020 X5077894T

P.S. 838/2020 42883242H

P.S. 841/2020 44741331Y

P.S. 842/2020 44315892K

P.S. 844/2020 42886836R

P.S. 845/2020 78452715Z

P.S. 846/2020 42886208V

P.S. 848/2020 Y0591372X

P.S. 849/2020 42881988Y

P.S. 854/2020 42805122Y

P.S. 859/2020 Y1788170A

P.S. 860/2020 X2678580T

P.S. 861/2020 X4547494A

P.S. 862/2020 78852079Y

P.S. 865/2020 Y4344235D

P.S. 866/2020 78528842B

P.S. 867/2020 Y2241477A

P.S. 869/2020 44733775V

P.S. 870/2020 78595850C

P.S. 871/2020 Y5524875J

P.S. 872/2020 X5022331M

P.S. 874/2020 Y5229706A

P.S. 875/2020 Y5229700C

P.S. 876/2020 X5591823V

P.S. 877/2020 72394809D

P.S. 880/2020 78830369P

P.S. 881/2020 49077420C

P.S. 884/2020 Y3394977F

P.S. 885/2020 X4080155R

P.S. 886/2020 79375423P

P.S. 887/2020 42886685B

P.S. 888/2020 42886685B

P.S. 891/2020 78538888Y

P.S. 892/2020 X5106524H

P.S. 895/2020 X7614024N

P.S. 900/2020 52476230M

Las Palmas de Gran Canaria, 21 de octubre de 2021.- El Delegado del Gobierno en Canarias, Anselmo Francisco Pestana Padrón.