Butlletí Oficial de l'Estat

Mediante Resolución de fecha 11 de junio de 2013, la Directora General de Política Interior, en uso de las atribuciones en ella delegadas en el apartado octavo, n.º 1.2 de la Orden INT/985/2005, de 7 de abril (BOE del 15 de abril), ha resuelto desestimar el recurso de alzada interpuesto por Jonathan Gregorio Guardado, contra resolución de la Subdelegación del Gobierno en Lugo de fecha 12/12/2011 por la que se le impuso la sanción de trescientos cinco euros (305 €), por la comisión de los hechos constitutivos de la infracción prevista en el apartado 1 del artículo 25 de la Ley Orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la Seguridad Ciudadana, que se confirma en todas sus partes.

Lo que ese hace público de conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, tras primer y segundo intento fallido en domicilio conocido, advirtiéndole que contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa (artículo 109.a) de la Ley 30/1992), puede interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-administrativo en cuya circunscripción tenga Vd. su domicilio, o se halle la sede del órgano autor del acto originario impugnado, a su elección, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 8.º, n.º 3, en relación con el artículo 14, n.º 1, Segunda, ambos de la Ley 29/1.998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de notificación de la presente, de conformidad con lo previsto en el artículo 46, n.º 1, de la Ley últimamente citada.

Madrid, 7 de enero de 2014.- El Subdirector General de Recursos, Antonio Doz Orrit.