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Mediante resolución de 10 de abril de 2008, de la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa de la Junta de Andalucía en Córdoba, se otorgó a la entidad mercantil «Gas Natural Transporte SDG, S.L.», autorización administrativa, reconocimiento, en concreto, de la utilidad pública, y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones de gas natural «Addenda 2 al Proyecto Ramal APB (Gaseoducto de Transporte Secundario) Lucena-Cabra-Baena», en el término municipal de Cabra (Córdoba). Dicha declaración de utilidad pública, de acuerdo con lo previsto en el artículo 105 de la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del Sector de Hidrocarburos, lleva implícita la necesidad de ocupación de los bienes y derechos afectados e implica la urgente ocupación, a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, de 16 de diciembre de 1954. En su virtud, esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa, convoca a los titulares de los bienes y derechos por el citado proyecto de instalaciones de gas natural, que se indican en el anexo a este anuncio, para que comparezcan en el Ayuntamiento de Cabra, el día y la hora que se señalen como punto de reunión para, de conformidad con el procedimiento que establece el precitado artículo, llevar a cabo el levantamiento de actas previas a la ocupación y, si procediera, el acta de ocupación definitiva. En el expediente expropiatorio la entidad mercantil «Gas Natural Transporte SDG, S.L.», asumirá la condición de beneficiaria. Todos los interesados, así como las personas que sean titulares de cualesquiera clase de derechos o intereses sobre los bienes y derechos afectados, deberán acudir personalmente o representados por persona debidamente autorizada, aportando los documentos acreditativos de su titularidad y el último recibo del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, pudiéndose acompañar de Peritos y un Notario, si lo estiman oportuno, con gastos a su costa.

Esta publicación se realiza, igualmente, a los efectos que determina el artículo 59. 5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, para que la notificación en los casos de titular desconocido, domicilio ignorado o aquellos en los que intentada la notificación no se hubiese podido practicar.

Córdoba, 28 de agosto de 2008.-La Delegada Provincial, María Sol Calzado García.