Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

Adoptado por la Comisión Ejecutiva del Banco

de España, en su sesión de 8 de noviembre de 2002,

acuerdo de incoación del procedimiento previsto

en el título II de la Ley 26/88, de 29 de julio,

sobre Disciplina e Intervención de las Entidades

de Crédito, a "Caja Hipotecaria Centro Sur, S. A."

y a don José Ignacio Montero Amirola, seguido

en su tramitación bajo la referencia IE/LDI-2/2002,

habiéndose dictado resolución en el mismo, y

constando en el expediente la imposibilidad de su

notificación en el domicilio social de la entidad

expedientada, de conformidad con lo previsto en los

artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones

Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común, se procede a dar publicación en los

términos que señala el citado artículo 61, en el Boletín

Oficial del Estado, de la Resolución del consejo

de Gobierno del Banco de España, de fecha 27

de febrero de 2004, la cual, tras la exposición de

hecho y fundamentos jurídicos contenidos en la

propuesta de resolución, a la que los expedientados

no han presentado alegaciones, concluye con el

siguiente fallo:

Primero.-Imponer a "Caja Hipotecaria Centro

Sur, S. A.", conforme a lo dispuesto en el artículo

29 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, de Disciplina

e Intervención de las Entidades de Crédito, multa

por importe de 30.050,61 euros (treinta mil

cincuenta euros con sesenta y un céntimos) por la

comisión de una infracción prevista en el artículo

28.1 de la Ley citada, consistente en la utilización

sin autorización de una denominación que induce

a confusión con denominaciones genéricas

reservadas a entidades de crédito, y sobreseer el

procedimiento por lo que se refiere a la imputación

de responsabilidades a don José Ignacio Montero

Amirola.

Segundo.-Requerir a "Caja Hipotecaria Centro

Sur, S. A." para que cese inmediatamente en el

uso en territorio español de su actual denominación,

o cualquier otra reservada a las entidades de crédito,

o que igualmente induzca a confusión con ellas,

apercibiéndole de que si continuase utilizándola,

será sancionada con multa por importe de hasta

60.101,21 euros (sesenta mil ciento uno euros con

veintiún céntimos), que podrá ser reiterada con

ocasión de posteriores requerimientos.

Contra esta resolución podrá interponerse recurso

de alzada ante el Ministro de Economía en el plazo

de un mes, previsto en los artículos 114 y 115 de

la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común.

En cumplimiento igualmente de lo establecido en

el artículo 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, se concede a los expedientados el plazo de

diez días a contar desde el siguiente al de la presente

publicación, para que tomen conocimiento íntegro

de la resolución, la cual estará puesta de manifiesto

en la central del Banco de España, en Madrid, calle

de Alcalá, n.o 50, Departamento Jurídico, Unidad

de Expedientes.

Madrid, 22 de marzo de 2004.-El Secretario

General, José Antonio Alepuz Sánchez.-11.542.