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Examinado el expediente de referencia, una vez

practicada la información pública prevista por los

artículos 18 y siguientes de la vigente Ley de

Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954;

Vistos los documentos que presenta el Perito de

la Administración en el expediente, en los que se

ha tenido en cuenta el resultado de la referida

información pública;

Habida cuenta del informe favorable de la

Asesoría Jurídica del Estado, emitido con fecha 21 de

marzo de 2002, y a propuesta de la Secretaría

General de este organismo,

La Presidencia de esta Confederación, en uso de

las atribuciones que le confiere la vigente legislación,

ha resuelto con esta fecha:

Declarar la necesidad de la ocupación de los

bienes a que se refiere el indicado expediente y de

los cuales son propietarios los sujetos y entidades

que se relacionan en los anuncios publicados en

el diario del Alto Aragón de Huesca de fecha 13

de septiembre de 2001, "Boletín Oficial del Estado"

número 226 y "Boletín Oficial de la Provincia de

Huesca" número 219, ambos de septiembre de 2001.

No habiéndose presentado reclamación alguna

contra el expediente, según certifica el Ayuntamiento

de Sangarrén (Huesca) con fecha 15 de febrero

de 2002.

Lo que se hace público para conocimiento de

los interesados, a quienes se entregará por mediación

de la Alcaldía una cédula-inventario con la exacta

descripción del bien que se expropia, advirtiendo

que contra la presente Resolución, que agota la vía

administrativa, cabe imponer, con carácter

potestativo, recurso de reposición ante este mismo órgano

en el plazo de un mes, contado a partir del día

siguiente al de la notificación de la presente

Resolución, o bien puede optar por la interposición de

un recurso contencioso-administrativo ante la Sala

de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia

de la Comunidad Autónoma competente por razón

del territorio en el plazo de dos meses desde la

fecha de la notificación, todo ello de conformidad

con lo dispuesto en los artículos 109 y siguientes

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen

Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en la redacción

dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, que la

modifica; en los artículos 14, 25 y 46 de la Ley

29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción

Contencioso-Administrativa, y en el artículo 20.2

de la Ley 29/1985, de 2 de agosto, de Aguas.

Zaragoza, 24 de julio de 2002.-El Secretario

general, Carlos de Miguel Domínguez.-36.802.