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La Audiencia Provincial de Valencia, Sección 3.ª, dictó la sentencia núm. 119/2020 de fecha veinticuatro de febrero de dos mil veinte mediante la que condena a don José María Sánchez Picazo, funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, Subescala Secretaría-Intervención, como criminalmente responsable, en concepto de autor, de un delito continuado de prevaricación y un delito continuado de falsedad contable, en concurso medial para cometer otro delito continuado de malversación, con la concurrencia de la circunstancia atenuante, muy cualificada, de dilaciones indebidas, a la penas de prisión de dos años e inhabilitación absoluta por tiempo de seis años, con pérdida de la condición de funcionario Secretario-Interventor.

La mencionada sentencia de 24 de febrero de 2020 devino firme en la misma fecha, dando lugar a la Ejecutoria 40/2020 en la que se acordó, por auto de 5 de marzo de 2021, la suspensión de la pena de prisión por un plazo de cinco años y, liquidándose la condena de inhabilitación absoluta con pérdida de la condición de funcionario Secretario-Interventor por seis años, comenzando a cumplirla el condenado en fecha de 10 de julio de 2020 y quedará extinguida el 8 de julio de 2026.

Considerando que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 66 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, y en el artículo 138.1.d) del Real Decreto Legislativo 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local, la pena de inhabilitación absoluta impuesta judicialmente comporta para el afectado la pérdida definitiva de la condición de funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, y de acuerdo con las atribuciones conferidas por el artículo 6.2.n) de la Orden TDF/469/2024, de 9 de mayo, sobre fijación de límites para la administración de determinados créditos para gastos y de delegación de competencias.

Esta Secretaría de Estado resuelve:

Declarar la pérdida definitiva de la condición de funcionario de Administración Local con Habilitación de Carácter Nacional, Subescala Secretaría-Intervención, de don José María Sánchez Picazo, de acuerdo con la Sentencia de la Audiencia Provincial de Valencia, Sección 3.ª, núm. 119/2020 de fecha 24 de febrero de 2020 que devino firme en la misma fecha, dando lugar a la Ejecutoria 40/2020 en la que se acordó, por auto de 5 de marzo de 2021, la suspensión de la pena de prisión por un plazo de cinco años y, liquidándose la condena de inhabilitación absoluta con pérdida de la condición de funcionario Secretario-Interventor por seis años, la cual comenzó a cumplir en fecha de diez de julio de 2020 y quedará extinguida el 8 de julio de 2026.

Madrid, 11 de marzo de 2026.–El Ministro para la Transformación Digital y de la Función, P. D. (Orden TDF/469/2024, de 9 de mayo), la Secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo.