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La Comisión Mixta para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, en su sesión del día 9 de diciembre de 2025, a la vista del Informe remitido por ese Alto Tribunal acerca del Informe de fiscalización de las actuaciones realizadas por los ayuntamientos beneficiarios de las subvenciones convocadas correspondientes a 2021 destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ejercicios 2021 a 2023, acuerda:

1. Asumir el contenido y las conclusiones comprendidas del Informe de fiscalización de las actuaciones realizadas por los ayuntamientos beneficiarios de las subvenciones convocadas correspondientes a 2021 destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ejercicios 2021 a 2023.

2. Mostrar su acuerdo con el Informe de fiscalización de las actuaciones realizadas por los ayuntamientos beneficiarios de las subvenciones convocadas correspondientes a 2021 destinadas a la transformación digital y modernización de las administraciones de las entidades locales, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, ejercicios 2021 a 2023, tomando nota de las deficiencias señaladas por el Tribunal de Cuentas, que limitan y afectan a su representatividad.

3. Instar al Gobierno a:

– Llevar a cabo las medidas que sean necesarias para aumentar el apoyo técnico a las entidades locales, así como simplificar los procedimientos de gestión, ejecución, seguimiento y justificación de los proyectos financiados con cargo al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia a los que se enfrentan las entidades locales.

– Estudiar e incluir criterios para la asignación individual de las ayudas que completen y mejoren el uso exclusivo del criterio poblacional.

– Diferenciar, en cada convocatoria, cuantías específicas para aquellas líneas estratégicas consideradas como prioritarias, asegurando la realización preferente de esas actuaciones y admitiendo, al tiempo, que las restantes cuantías puedan destinarse también a esas finalidades prioritarias si las entidades beneficiarias lo consideran necesario o conveniente.

– Ampliar, desde la convocatoria inicial, los plazos de ejecución de los proyectos, evitando la necesidad de solicitud de prórrogas por los beneficiarios.

– Establecer líneas de ayudas específicas para aquellos ayuntamientos que no dispongan de planificación estratégica en materia de tecnologías de la información y la comunicación.

– Definir un manual para la solicitud y gestión de las ayudas que resuelva las cuestiones necesarias relativas a la definición, presupuestación o programación temporal de las actuaciones, con la finalidad de evitar necesidades de modificación del contenido y ampliaciones en los periodos de ejecución y la consecuente supresión de proyectos.

– Establecer plazos de ejecución lo suficientemente amplios como para permitir la ejecución de los proyectos subvencionados.

– Destinar los recursos de las ayudas que, por renuncias o reintegros, no hayan sido abonadas a los beneficiarios, a financiar proyectos alternativos, en el ámbito de la modernización y digitalización de las entidades locales, que permitan el correcto aprovechamiento de los fondos y el adecuado cumplimiento de los objetivos.

– Introducir un Fondo de Estabilización Financiera Municipal, destinado a anticipar recursos para la cofinanciación de proyectos europeos y crear un mecanismo de prefinanciación estatal para anticipar el 100 % del coste subvencionable en aquellas actuaciones que supongan un importante esfuerzo económico y de tesorería para las entidades beneficiarias.

– Diseñar programas de formación continua en materias de digitalización administrativa, control financiero y ejecución de proyectos.

4. Instar a los ayuntamientos objeto de la fiscalización a:

– Atender las recomendaciones y sugerencias que hace el Tribunal de Cuentas en su informe.

5. Instar a las entidades locales beneficiarias (entidades ejecutoras) a:

– Adoptar el máximo rigor en la selección de los proyectos para garantizar su adecuada realización, teniendo en cuenta su complejidad técnica y las necesidades derivadas de su inclusión en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

– Asignar los recursos necesarios que permitan la realización de los proyectos conforme a las condiciones previstas en la solicitud de la subvención, además de un adecuado seguimiento de su ejecución, el cual permita detectar y corregir desviaciones y, en su caso, proceder a solicitar las autorizaciones de las modificaciones oportunas sobre los proyectos aprobados.

– Reforzar los sistemas de seguimiento y control de los proyectos, así como la comunicación con el órgano instructor para asegurar el cumplimiento, durante la ejecución de los proyectos, de las condiciones establecidas en su concesión y evitar (en la medida de lo posible) situaciones que acaben produciendo la pérdida total o parcial de la financiación procedente de la subvención y costes adicionales a la entidad.

6. Instar a los ayuntamientos que no dispongan de estrategia en materia de digitalización a:

– Elaborar y aprobar una planificación estratégica de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, alineada con la Agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas, que permita un diseño adecuado de los proyectos y definición de los apoyos. Asimismo, esta planificación estratégica deberá ser coherente con los recursos disponibles y permitir su ejecución dentro de los plazos previstos. Y, en el caso de los municipios con población inferior a 20.000 habitantes, instar a las diputaciones provinciales de régimen común y de régimen foral, cabildos, consejos insulares, y las comunidades autónomas uniprovinciales a ejercer su función como las entidades beneficiarias y ejecutoras de los proyectos de digitalización, de conformidad con la normativa reguladora de los fondos europeos, a fin de garantizar la necesaria asistencia técnica y económica y la coherencia en la ejecución de las actuaciones en los plazos previstos.

Palacio del Congreso de los Diputados, 9 de diciembre de 2025.–El Presidente de la Comisión, Juan Francisco Serrano Martínez.–El Secretario Primero de la Comisión, Salvador de Foronda Vaquero.