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En fecha 18 de diciembre de 2025 ha tenido entrada en la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado el escrito de la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Cáceres proponiendo el nombramiento de don José Manuel Rubio de la Iglesia, Fiscal destinado en la Sección Territorial de Plasencia como fiscal Delegado de la Jurisdicción Civil. Su recepción determinó la apertura del presente Expediente Gubernativo.

Practicadas las diligencias que se entendieron necesarias por la Inspección Fiscal, el día 7 de enero de 2026 se recibió escrito de la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial aclarando que la proposición abarcaba también la especialidad de protección de personas con discapacidad y mayores.

Hechos

La Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Cáceres el día 20 de octubre de 2025 procedió a incoar el Expediente Gubernativo 55/25 con la finalidad de proponer el nombramiento de delegado de la Jurisdicción Civil, comunicando a todos los miembros de la plantilla que quien estuviera interesado debería formular la correspondiente solicitud. El único peticionario fue don José Manuel Rubio de la Iglesia, Fiscal destinado en la Sección Territorial de Plasencia que, según recoge en la propuesta la Fiscal Jefe Provincial, tiene acreditada experiencia y formación.

La propuesta de nombramiento ha sido elevada, con fecha 18 de diciembre, a la Fiscalía General del Estado señalando los méritos y la capacidad del candidato que le hacen idóneo para desempeñar el cargo.

Mediante escritos de fecha 16 y 22 de enero de 2026 la Fiscal de Sala de la Jurisdicción Civil del Tribunal Supremo y la Fiscal de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores no formularon objeción al nombramiento propuesto (art. 62.2 párrafo tercero RMF). El Consejo Fiscal informó en igual sentido (art. 62. 2. párrafo tercero RMF).

Fundamentos

Primero.

El Reglamento del Ministerio Fiscal señala que los fiscales delegados especialistas, tanto autonómicos como provinciales, serán nombrados y, en su caso, relevados, mediante Decreto dictado por la persona titular de la Fiscalía General del Estado, a propuesta del Fiscal Jefe respectivo.

Una vez recibida por la Inspección Fiscal, se dará traslado al respectivo Fiscal de Sala, que podrá efectuar las consideraciones que estime pertinentes, resolviendo seguidamente la persona titular de la Fiscalía General del Estado, previa audiencia del Consejo Fiscal (art. 62.2 RMF).

Asimismo, el nombramiento y cese debe publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» (art. 62.3 RMF).

Segundo.

Se han cumplido, por tanto, todos los trámites establecidos para proceder al cese interesado.

En consecuencia, de conformidad con las previsiones del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal y de su Reglamento, se acuerda:

1. Nombrar a don José Manuel Rubio de la Iglesia, Fiscal destinado en la Sección Territorial de Plasencia como Fiscal Delegado de la Jurisdicción Civil incluida la Protección de Personas con Discapacidad y Mayores de la Fiscalía Provincial de Cáceres.

2. Notificar lo acordado a la Fiscal Jefa Inspectora, a la Fiscal de Sala de la Jurisdicción Civil del Tribunal Supremo, a la Fiscal de Sala de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, a la Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Cáceres, que trasladará copia del presente Decreto al Fiscal interesado, poniéndolo en conocimiento de todos los Fiscales de la plantilla.

3. Publíquese el presente Decreto en el «Boletín Oficial del Estado».

4. Contra el presente Decreto, que pone fin a la vía administrativa de conformidad con lo dispuesto en el artículo 114.1.c) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (art. 13.2 EOMF; STS 20/07/2015 Rec. Cas. 2099/2014; Orden de Servicio Inspección Fiscal 24/09/2015), cabe interponer en el plazo de un mes recurso potestativo de reposición, a contar desde el día siguiente a su notificación, ante la Inspección Fiscal de la Fiscalía General del Estado (C/Fortuny, núm. 4, Madrid 28010) en los términos establecidos por el artículo 123 y concordantes de aquella Ley o, alternativamente, recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, según lo establecido en el artículo 12.1.b) de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente a su notificación, conforme a lo dispuesto en el artículo 46 de esta misma Ley, si se dispusiera de legitimación para ello.

Madrid, 2 de febrero de 2026.–El Fiscal General del Estado, Teresa Peramato Martín.