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Documento BOE-A-2026-24119

Real Decreto-ley 37/2026, de 17 de noviembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones del personal al servicio del sector público.

Publicado en:
«BOE» núm. 287, de 18 de noviembre de 2026, páginas 155661 a 155665 (5 págs.)
Sección:
I. Disposiciones generales
Departamento:
Jefatura del Estado
Referencia:
BOE-A-2026-24119

TEXTO ORIGINAL

I

El Acuerdo marco por la mejora del empleo público y el servicio a la ciudadanía, firmado en 2025 por el Gobierno de España y las organizaciones sindicales UGT, CSIF y CC. OO., establece un marco plurianual de incremento retributivo para el personal al servicio de las Administraciones públicas que se extiende entre los años 2025 y 2028.

En este Acuerdo se prevé para los citados años un incremento salarial cuya efectividad está supeditada a su aprobación por las leyes de presupuestos generales del Estado.

Asimismo, al objeto de tratar el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público en el periodo 2025-2028, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37 del texto refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público, aprobado por Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas se reunió el 1 de diciembre de 2025.

Como quiera que, tras la aprobación del Real Decreto 806/2026, de 5 de octubre, de disolución del Congreso de los Diputados y del Senado y de convocatoria de elecciones, la situación de prórroga presupuestaria se mantendrá al inicio de 2027, se hace necesario aprobar esta norma de manera que permita hacer efectiva la parte del incremento correspondiente a 2027.

II

El presente real decreto-ley se limita a regular aquellos aspectos indispensables para aprobar con efectos de 1 de enero de 2027 el incremento retributivo del personal al servicio del sector público en 2027, incluyendo las disposiciones necesarias para que dicho incremento se pueda hacer efectivo desde el 1 de enero.

En concreto, para el año 2027 se establece en el sector público una subida salarial del 4,5 por ciento respecto a los importes vigentes a 31 de diciembre de 2026. Asimismo, los gastos de acción social del personal del sector público se podrán incrementar en términos globales en ese mismo porcentaje máximo.

Las disposiciones que regulan el incremento retributivo contenidas en este real decreto-ley, en tanto se les atribuye la naturaleza de norma básica, se extienden no solo al personal al servicio del sector público estatal, sino también al del sector público autonómico y local, salvo los puntos concretos que regulan elementos retributivos propios del sector público estatal.

III

El artículo 86 de la Constitución Española faculta al Gobierno para dictar disposiciones legislativas provisionales en forma de decretos-leyes en caso de extraordinaria y urgente necesidad, siempre que no afecten al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución, al régimen de las Comunidades Autónomas ni al Derecho electoral general.

De acuerdo con ello, el real decreto-ley constituye un instrumento constitucionalmente lícito siempre que, tal y como reiteradamente ha exigido nuestro Tribunal Constitucional (Sentencias 6/1983, de 4 de febrero, F. 5; 11/2002, de 17 de enero, F. 4; 137/2003, de 3 de julio, F. 3, y 189/2005, de 7 julio, F. 3; 68/2007, F. 10, y 137/2011, F. 7), el fin que justifica la legislación de urgencia sea subvenir a una situación concreta, dentro de los objetivos gubernamentales que, por razones difíciles de prever, requiere una acción normativa inmediata en un plazo más breve que el requerido por la vía ordinaria o por el procedimiento de urgencia para la tramitación parlamentaria de las leyes, máxime cuando la determinación de dicho procedimiento no depende del Gobierno.

Así, para la concurrencia del presupuesto de la extraordinaria y urgente necesidad, la jurisprudencia del Alto Tribunal exige, por un lado, «la presentación explícita y razonada de los motivos que han sido tenidos en cuenta por el Gobierno para su aprobación», es decir, lo que ha venido a denominarse la situación de urgencia; y, por otro, «la existencia de una necesaria conexión entre la situación de urgencia definida y la medida concreta adoptada para subvenir a ella» (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 3; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 3, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 4, 61/2018, de 7 de junio, FJ 4).

En cuanto a la definición de la situación de urgencia, se ha precisado que no es necesario que tal definición expresa de la extraordinaria y urgente necesidad haya de contenerse siempre en el propio Real Decreto-ley, sino que tal presupuesto cabe deducirlo igualmente de una pluralidad de elementos. El examen de la concurrencia del presupuesto habilitante de la «extraordinaria y urgente necesidad» siempre se ha de llevar a cabo mediante la valoración conjunta de todos aquellos factores que determinaron al Gobierno a dictar la disposición legal excepcional y que son, básicamente, los que quedan reflejados en la exposición de motivos de la norma, y en el propio expediente de elaboración de la misma (SSTC 29/1982, de 31 de mayo, FJ 4; 182/1997, de 28 de octubre, FJ 4; 11/2002, de 17 de enero, FJ 4, y 137/2003, de 3 de julio, FJ 3).

En el presente caso, existe una conexión directa entre la situación de extraordinaria y urgente necesidad descrita y las medidas contenidas en este real decreto-ley. La extraordinaria y urgente necesidad del incremento retributivo para el personal al servicio del sector público en el año 2027 viene justificada por la necesidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Acuerdo firmado el 27 de noviembre de 2025 por el Gobierno de España y las organizaciones sindicales UGT, CSIF y CC. OO., que establece el compromiso de promover los cambios legislativos y normativos para alcanzar un incremento retributivo en las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas y de su sector público institucional con un horizonte temporal a cuatro años (2025-2028). Dado que para llevar a cabo la ejecución de este compromiso es necesaria una norma de rango legal, y habida cuenta de la situación de disolución de las Cortes Generales, es necesaria la aprobación de un real decreto-ley para posibilitar el incremento de las retribuciones del personal al servicio del sector público previsto en el citado acuerdo y con efectos de 1 de enero de 2027.

El contenido material del real decreto-ley se ajusta asimismo a las exigencias del precepto constitucional, no sobrepasando sus límites al no regular materias relativas al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título I de la Constitución Española, al régimen de las comunidades autónomas ni al Derecho electoral general.

IV

Este real decreto-ley se adecua a los principios de buena regulación establecidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones públicas, toda vez que el principio de necesidad ha quedado sobradamente justificado anteriormente con la explicación y concurrencia del presupuesto habilitante exigido por el artículo 86.1 de la Constitución Española para la aprobación por el Gobierno de reales decretos-leyes.

En lo que concierne a los principios de seguridad jurídica, proporcionalidad y eficacia, debe destacarse que la modificación se limita estrictamente a abordar de forma puntual, precisa y clara este aspecto mediante la mejor alternativa posible, la aprobación de un real decreto-ley, dado el rango legal exigible y la urgente necesidad ya referida. De acuerdo con lo antes expuesto, esta norma está justificada, persigue unos fines claros y determinados y es el instrumento más adecuado para garantizar su consecución. Asimismo, contiene la regulación imprescindible para atender la necesidad que se pretende cubrir, sin incluir medidas restrictivas de derechos ni imponer obligaciones a los ciudadanos o empresas, y es coherente con el resto del ordenamiento jurídico.

En cuanto al principio de transparencia, si bien la norma está exenta de los trámites de consulta pública, audiencia e información pública, tal y como autoriza el artículo 26.11 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, se definen claramente sus objetivos, reflejados tanto en su parte expositiva como en la Memoria que lo acompaña. Finalmente, respecto del principio de eficiencia, la norma no genera cargas administrativas para la ciudadanía y contribuirá a racionalizar la gestión de los recursos públicos.

Este real decreto-ley es dictado al amparo de lo dispuesto en la regla 13.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.

En su virtud, haciendo uso de la autorización contenida en el artículo 86 de la Constitución Española, a propuesta conjunta del Ministro de Hacienda y del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 17 de noviembre de 2026,

DISPONGO:

Artículo 1. Incremento retributivo del personal al servicio del sector público para el año 2027.

1. En el año 2027, las retribuciones del personal al servicio del sector público podrán experimentar un incremento global máximo del 4,5 por ciento, respecto de las vigentes a 31 de diciembre de 2026, incluidos en estas últimas los incrementos que puedan resultar de lo previsto en el artículo 2.2 del Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes en materia de retribuciones en el ámbito del sector público. El incremento retributivo se considerará en términos de homogeneidad para los dos períodos de la comparación, tanto en lo que respecta a efectivos de personal como a la antigüedad de éste y tendrá efectos económicos desde el 1 de enero de 2027.

2. Con efectos de 1 de enero de 2027, los gastos de acción social podrán incrementarse, en términos globales, respecto a los de 2026, en el mismo porcentaje previsto en el apartado anterior. A este respecto, se considera que los gastos en concepto de acción social son beneficios, complementos o mejoras distintos a las contraprestaciones por el trabajo realizado cuya finalidad es satisfacer determinadas necesidades consecuencia de circunstancias personales del citado personal al servicio del sector público.

3. En el sector público se podrán realizar aportaciones a planes de pensiones de empleo o contratos de seguro colectivos siempre que no se supere el incremento global fijado en el apartado 1.

4. La masa salarial del personal laboral podrá incrementarse en el mismo porcentaje máximo previsto en el apartado 1.

5. Sin perjuicio de lo previsto en el apartado 1, los gastos de acción social y la productividad o retribución variable del personal laboral se determinarán en términos de homogeneidad respecto al número de efectivos.

6. Con efectos de 1 de enero de 2027, las cantidades previstas en el artículo 14, capítulos I y II del título III, artículos 31, 32.Uno y en las disposiciones adicionales vigésima sexta, vigésima séptima y vigésima novena de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2023, actualizadas por lo dispuesto en el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, se incrementarán en los términos establecidos en el apartado 1 de este artículo.

7. Durante el año 2027, la indemnización por residencia del personal en activo del sector público estatal continuará devengándose en las áreas del territorio nacional que la tienen reconocida, en las mismas cuantías vigentes a 31 de diciembre de 2026, con el incremento máximo previsto en el apartado 1.

No obstante, quienes vinieran percibiendo la indemnización por residencia en cuantías superiores a las establecidas para el personal del sector público estatal continuarán devengándola sin incremento alguno en el año 2027 o con el que proceda para alcanzar estas últimas.

8. Las cantidades previstas en el artículo 13 y los anexos IV y V de la Ley 31/2022, de 23 de diciembre, actualizadas conforme a lo dispuesto en el Real Decreto-ley 14/2025, de 2 de diciembre, se incrementarán con efectos de 1 de enero de 2027 en los términos establecidos en el apartado 1 de este artículo. Dichas cuantías se incrementarán con la parte de la cuota del Mecanismo de Equidad Intergeneracional correspondiente al empleador aplicándose lo previsto en el artículo 127 bis y la disposición transitoria cuadragésima tercera del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre.

Artículo 2. Concesión de un crédito extraordinario en el Presupuesto de la Sección 15 «Ministerio de Hacienda» y autorización para efectuar transferencias de crédito.

1. Para atender los gastos del personal del sector público estatal, se concede un crédito extraordinario en el presupuesto vigente a 1 de enero de 2027 de la Sección 15 «Ministerio de Hacienda», Servicio 12 «Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos», Programa 931 N «Política Presupuestaria», Capítulo 1 «Gastos de personal», Artículo 12 «Funcionarios», Concepto 121 «Retribuciones complementarias», Subconcepto 121.82 «Cobertura presupuestaria retributiva correspondiente a 2027. Real Decreto-ley 37/2026, de 17 de noviembre», por importe de 4.965.219 miles de euros.

La financiación del crédito extraordinario anterior se realizará de conformidad con el artículo 59 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria.

2. A las transferencias que se realicen a las diferentes secciones presupuestarias para atender sus insuficiencias de gastos de personal, que serán competencia del titular del Ministerio de Hacienda, no les serán de aplicación las limitaciones establecidas en el artículo 52.1 de la Ley 47/2003, de 26 de noviembre.

Disposición adicional única. Habilitación en materia de actualización de las cuantías de las retribuciones vigentes.

En el ámbito estatal, se habilita a la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos para actualizar en 2027 las cuantías de las retribuciones vigentes a 31 de diciembre de 2026 así como para dictar las instrucciones necesarias para su abono.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto-ley tiene carácter básico y se dicta al amparo de las competencias exclusivas atribuidas al Estado en materia de bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica y coordinación con la Hacienda estatal por los artículos 149.1.13.ª y 156.1 de la Constitución Española, salvo las previsiones que afectan exclusivamente a las retribuciones del personal del sector público estatal.

Disposición final segunda. Desarrollo reglamentario.

El Gobierno podrá dictar las normas reglamentarias necesarias para el desarrollo de lo dispuesto en este real decreto-ley.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto-ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado el 17 de noviembre de 2026.

FELIPE R.

El Presidente del Gobierno,

PEDRO SÁNCHEZ PÉREZ-CASTEJÓN

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