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Documento BOE-A-2026-23978

Resolución de 5 de noviembre de 2026, de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, por la que se publica el Convenio con el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, para la actualización en sus respectivos ámbitos territoriales del registro y censo de víctimas previstos en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática y en la correspondiente legislación de Memoria Democrática de Euskadi.

Publicado en:
«BOE» núm. 285, de 16 de noviembre de 2026, páginas 154281 a 154288 (8 págs.)
Sección:
III. Otras disposiciones
Departamento:
Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática
Referencia:
BOE-A-2026-23978

TEXTO ORIGINAL

El Secretario de Estado de Memoria Democrática y el Director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (en adelante Gogora), Alberto Alonso Martín, han firmado el 20 de octubre de 2026 el Convenio entre la Secretaría de Estado de Memoria Democrática y el Departamento de Justicia y Derechos Humanos del Gobierno vasco para la actualización en sus respectivos ámbitos territoriales de los mapas de localización de personas desaparecidas y del registro y censo de víctimas previstos en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática y en la Ley 9/2023, de 28 de septiembre, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi.

Para general conocimiento, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, dispongo la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del referido convenio como anexo a la presente resolución.

Madrid, 5 de noviembre de 2026.–El Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López.

ANEXO
Convenio entre la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática y el Gobierno vasco, a través del Departamento de Justicia y Derechos Humanos, para la actualización en sus respectivos ámbitos territoriales del registro y censo de víctimas previstos en la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática y en la correspondiente legislación de Memoria Democrática de Euskadi

20 de octubre de 2026.

REUNIDOS

De una parte, don Fernando Martínez López, Secretario de Estado de Memoria Democrática, nombrado por Real Decreto 95/2020, de 17 de enero, que interviene en nombre y representación del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática (MPTMD), conforme al artículo 62.2 g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que atribuye al Secretario de Estado la celebración de convenios no reservados al Ministro del que dependan.

De otra parte, Alberto Alonso Martín, Director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos (en adelante Gogora), nombrado mediante Decreto 126/2024, de 9 de julio, por el que se nombra Director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos («Boletín Oficial del País Vasco» de 12 de julio de 2024), organismo autónomo adscrito al Departamento de Justicia y Derechos Humanos en virtud del artículo 20.2 de Decreto 18/2024, de 23 de junio, del Lehendakari, de creación, supresión y modificación de los Departamentos de la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco y de determinación de funciones y áreas de actuación de los mismos y el artículo 3.2 Decreto 326/2024, de 5 de noviembre, por el que se establece la estructura orgánica y funcional del Departamento de Justicia y Derechos Humanos, en el ejercicio de las atribuciones que tiene conferidas en el artículo 2.2 de la Ley 4/2014, de 27 de noviembre, de creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos.

Las partes, que actúan en razón de sus respectivos cargos, declaran y manifiestan que intervienen con capacidad legal necesaria y competencia suficiente para suscribir el correspondiente convenio en nombre de las instituciones que representan y, a tal efecto

MANIFIESTAN

I. Que según establece el Real Decreto 273/2024, de 19 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, (MPTMD) depende de dicho Departamento la Secretaría de Estado de Memoria Democrática.

Por su parte, el mismo real decreto determina que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática (SEMD) tiene entre sus funciones la promoción y coordinación de programas de cooperación en materia de Memoria Democrática con las comunidades autónomas, corporaciones locales y otros organismos, en el desarrollo de acciones dirigidas al conocimiento y divulgación de la Memoria Democrática, que incluyan el relato de las víctimas y específicamente la memoria de las mujeres y el exilio.

Adicionalmente el Real Decreto 273/2024, de 19 de marzo, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática establece que de la SEMD depende la Dirección General de Atención a las Víctimas.

Este real decreto determina en su artículo 8 que la Dirección General tiene entre sus funciones la confección y mantenimiento del Registro y Censo Estatal de Víctimas, así como la gestión y actualización del Mapa Integrado de localización de personas desaparecidas, y la cooperación con otras administraciones públicas a fin de coordinar los diferentes mapas que puedan existir.

II. Que el apartado tercero del artículo 7 de la Ley 9/2023, de 28 de septiembre, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, bajo el título Informe de vulneraciones de derechos humanos en Euskadi durante la Guerra Civil y el franquismo, entre 1936 y 1978, establece:

«3. A partir de esta investigación, se hará público un censo de víctimas mortales de la Guerra Civil en Euskadi, que formará parte de un futuro censo de víctimas. En este se recogerán aquellas personas con vecindad administrativa en Euskadi, así como aquellas que en el momento de su fallecimiento se encontrarán en el País Vasco. Este censo se podrá coordinar, en su caso, con el censo estatal de víctimas».

Asimismo, el artículo 22 del mismo cuerpo legal, bajo el título Mapa de localización de restos, establece:

«1. Gogora mantendrá actualizado el mapa de las zonas del territorio del País Vasco en las que se localicen o, de acuerdo con los datos disponibles, se presuma que puedan localizarse restos de víctimas desaparecidas.

2. La información del mapa será remitida para su inclusión en el mapa integrado de todo el territorio del Estado español.

3. La documentación cartográfica y geográfica, con las localizaciones a las que se refiere el apartado 1, y la información complementaria disponible estarán a disposición de las personas interesadas y del público en general».

Por su parte, los apartados primero y segundo del artículo 3 de la Ley 4/2014, de 27 de noviembre, de creación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos dispone como finalidad propia del Instituto la participación en el diseño, promoción, desarrollo y ejecución de la política pública relativa a los valores éticos y los principios democráticos que resulten sustanciales a la memoria de la lucha por la libertad, la garantía de los derechos humanos y la convivencia democrática de la sociedad vasca. El apartado segundo, dispone como finalidad del Instituto ser un agente activo en la permanente conmemoración de los valores políticos y sociales que garanticen el conocimiento, comprensión y conciencia de la ciudadanía respecto al proceso sostenido a lo largo de décadas en defensa de la libertad y del desarrollo de la democracia en nuestro país.

Asimismo, el apartado primero del artículo 4 de la Ley 4/2024 establece que la función primordial del instituto es la coordinación de la política pública relativa a la finalidad que se le encomienda en el artículo anterior. Para ello coordinará la actuación de los órganos, servicios o entidades integradas en el sector público de la Comunidad Autónoma que guarde relación con la definida política pública y promoverá con esta finalidad la cooperación y colaboración con cualquier otra administración o institución pública.

III. Que, a los efectos de este convenio, ambas partes asumen como definición de «víctima» la contenida en el artículo 3 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.

IV. Que el artículo 9 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, dedicado al Registro y Censo Estatal de Víctimas, establece que «el departamento que asuma las competencias en materia de memoria democrática (…) será el responsable de mantener un registro de las víctimas a que se refiere el artículo 3.1 con datos recabados de archivos, de bases de datos documentales y obras de referencia especializadas, así como suministrados por las diferentes administraciones públicas y por los organismos y entidades del sector público institucional, víctimas, organizaciones memorialistas, grupos de investigación universitarios y cualquier otra fuente, nacional o internacional, que cuente con información relevante para el mismo».

V. Que el artículo 17 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, dedicado al Mapa integrado de localización de personas desaparecidas, establece que «La Administración General del Estado confeccionará un mapa integrado de localización de personas desaparecidas que comprenda todo el territorio español, al que se incorporarán los datos remitidos por las distintas administraciones públicas competentes».

VI. Que el apartado tercero del artículo 7 de la Ley 9/2023, de 28 de septiembre, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi, establece que, a partir de la investigación de vulneraciones de derechos humanos en Euskadi durante la Guerra Civil y el franquismo, entre 1936 y 1978, se hará público un censo de víctimas mortales de la Guerra Civil en Euskadi, que formará parte de un futuro censo de víctimas. En este se recogerán aquellas personas con vecindad administrativa en Euskadi, así como aquellas que en el momento de su fallecimiento se encontrarán en el País Vasco. Este censo se podrá coordinar, en su caso, con el censo estatal de víctimas.

VII. Que ambas partes disponen de un Registro y Censo de víctimas, así como de un mapa de localización de personas desaparecidas en sus respectivos ámbitos territoriales. Para la gestión de dichos instrumentos, ambas se comprometen al uso de la aplicación informática de código abierto, denominada «Dédalo», que facilitará significativamente la interoperabilidad y la transmisión de información entre las partes.

VIII. Que ambas partes manifiestan su interés en desarrollar un proyecto común orientado a la actualización del Registro y Censo de víctimas, así como del mapa de localización de personas desaparecidas en sus respectivos ámbitos territoriales. Este proyecto resulta de especial relevancia para el cumplimiento coordinado de sus objetivos institucionales y contribuye de manera decisiva a la garantía del derecho a la verdad y a la justicia de las víctimas de la Guerra de España (1936-1939) y de la dictadura franquista.

Las partes consideran que cumplen finalidades de naturaleza coincidente y complementaria y, en consecuencia, expresan su acuerdo para firmar este convenio con el propósito de llevar a cabo el proyecto común y mejorar sus respectivos cometidos, que se regirá con arreglo a las siguientes

CLÁUSULAS

Primera. Objeto del convenio.

El presente convenio tiene por objeto establecer las bases de colaboración entre el MTPMD y el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, para la transferencia mutua de datos e información que permita la actualización coordinada del Registro y Censo de víctimas, así como del mapa de localización de personas desaparecidas que ambas administraciones gestionan en sus respectivos ámbitos territoriales.

Segunda. Compromisos de las partes.

Los compromisos concretos de cada una de las partes serán los siguientes:

1. Al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática le corresponderá:

– Poner a disposición, alojar y dar mantenimiento en los servidores informáticos del Ministerio a la aplicación informática «Dédalo» para el Registro y Censo de víctimas, así como para el mapa de localización de personas de ámbito estatal.

– Proporcionar al Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, de la forma más eficiente e interoperable posible cuantos datos disponga relativos a fosas y víctimas que le permitan a esta garantizar la consecución del objeto en su ámbito territorial.

– Actualizar el Registro y Censo de víctimas y el mapa de localización de personas de ámbito estatal con la información facilitada por el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora.

– Una vez mostrada la información del Registro y Censo de víctimas, y del mapa de localización de personas de ámbito estatal en el portal web del Ministerio, mantener la visibilidad del origen de la información.

– Establecer la posibilidad de acceder mediante un link, desde el portal del Ministerio, al portal web del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, y/o en el portal web del Gobierno Vasco en la que se contenga la información original de cada dato cuando corresponda.

2. Al Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, le corresponderá:

– Poner a disposición, alojar y dar mantenimiento en sus servidores informáticos a la aplicación informática «Dédalo» para el Registro y Censo de víctimas, así como para el mapa de localización de personas en su ámbito autonómico.

– Proporcionar al MPTMD de la forma más eficiente e interoperable posible cuantos datos disponga relativos a fosas y víctimas que le permitan a esta garantizar la consecución del objeto en su ámbito territorial.

– Actualizar el Registro y Censo de víctimas y el mapa de localización de personas de su ámbito autonómico con la información facilitada por el MPTMD.

– Una vez mostrada la información del Registro y Censo de víctimas y del mapa de localización de personas de ámbito autonómico el portal web del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, y/o en el portal web del Gobierno Vasco mantener la visibilidad del origen de la información.

– Establecer la posibilidad de acceder mediante un link, desde el portal web del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, y/o en el portal web del Gobierno Vasco, a la web del Ministerio en la que se contenga la información original de cada dato cuando corresponda.

Tercera. Financiación del convenio.

El presente acuerdo no conlleva traspaso alguno de aportación económica entre las partes, quedando obligada cada una a financiar respectivamente las obligaciones y compromisos económicos derivados de la ejecución de las actividades que deban llevar a cabo conforme a la cláusula segunda de este convenio y a lo que pudiese establecerse en futuras adendas al mismo.

Cuarta. Publicidad y divulgación.

Las partes se comprometen a dar máxima publicidad a este convenio.

Las partes se reconocen entre sí, como entidades coorganizadoras en las citadas actividades, el mismo nivel de representación. De este modo, se comprometen a incluir y difundir la presente colaboración en todo el material divulgativo y publicitario que se edite, en cualquier soporte, con motivo de la colaboración prevista en la cláusula primera del presente convenio.

A efectos de lo previsto en la presente cláusula, las partes se proporcionarán mutuamente los modelos de marcas o logotipos que deban ser difundidos, y se ajustarán en todo caso, cualquiera que sea el material en el que se inserten, a los diseños facilitados que no podrán modificar ni alterar de ninguna manera sin el consentimiento previo de la otra parte.

La utilización de materiales gráficos o de imagen vinculados a la colaboración se limita exclusivamente a los fines de la presente colaboración sin que ello suponga la concesión a favor, ni del MPTMD, ni del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, ni del Gobierno Vasco de ningún derecho, sea de la naturaleza que sea, sobre el logotipo ni sobre la marca de la contraparte, y se realizará de acuerdo con las correspondientes normas gráficas de cada una de las partes.

Quinta. Seguimiento y control.

Para el adecuado seguimiento, coordinación, control e interpretación de lo establecido en el presente convenio se crea una comisión de seguimiento paritaria, integrada por dos representantes designados por cada una de las partes firmantes del presente convenio.

La comisión se reunirá tantas veces como sea necesario para la buena marcha de las actuaciones a desarrollar en el marco del convenio y tendrá, entre otras, las siguientes funciones:

i) Hacer un seguimiento de la ejecución acordando, en su caso, detalles relativos a la ejecución del contenido del convenio.

ii) Aclarar y decidir cuantas dudas puedan plantarse en la interpretación y ejecución del mismo.

iii) Resolver las posibles controversias entre las partes firmantes.

El régimen de funcionamiento y toma de acuerdos de la Comisión de Seguimiento se ajustará a lo establecido en la sección tercera del capítulo II del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.

Sexta. Eficacia y vigencia.

En cumplimiento con lo establecido en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente convenio se perfecciona por la prestación del consentimiento de las partes y resultará eficaz, una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación (REOICO) del sector público estatal. Asimismo, deberá publicarse en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».

La vigencia del convenio será de cuatro años a partir de inscripción en el REOICO, pudiendo ser prorrogado antes de su extinción por acuerdo expreso de las partes por un periodo de hasta cuatro años adicionales, conforme a lo dispuesto en el artículo 49.f) de la citada Ley 40/2015, de 1 de octubre.

En el caso de que se produzca una prórroga esta se formalizará mediante la correspondiente adenda y deberá ser inscrita igualmente en el REOICO antes de la extinción del convenio.

Séptima. Modificaciones del convenio.

Cualquier modificación de los términos del presente convenio, solamente tendrá valor si es acordada por las partes en cualquier momento antes de su extinción, siempre y cuando no altere el objeto del presente convenio. Se formalizará mediante adenda, conforme a los requisitos legalmente establecidos y deberá ser inscrita en el REOICO.

Octava. Extinción del convenio y consecuencias en caso de incumplimiento.

Según se recoge en el artículo 51 de la ley 40/2015, de 1 de octubre, el presente convenio se extinguirá por el cumplimiento de las actuaciones que constituyen su objeto, o por incurrir en alguna de las siguientes causas de resolución:

– El transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado su prórroga.

– El acuerdo unánime de todos los firmantes.

– El incumplimiento de los compromisos asumidos por alguna de las partes firmantes. En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla en un determinado plazo con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado a la comisión de seguimiento y control. Si transcurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a las partes firmantes la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. La resolución del convenio por esta causa no conllevará indemnización de los perjuicios causados, salvo acuerdo posterior en este sentido por la Comisión de seguimiento.

– Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.

– Por cualquier otra causa distinta de las anteriores prevista en el convenio o en otras leyes.

Ninguna de las partes será responsable por el incumplimiento de las obligaciones contempladas en el convenio si dicho incumplimiento se debiera a causas de fuerza mayor, u otras circunstancias, siempre y cuando no puedan atribuirse las mismas a la voluntad, negligencia o falta de medidas de precaución razonables de la parte afectada.

Novena. Protección de datos.

1. Marco normativo y régimen de las partes. Las partes se comprometen a cumplir la normativa vigente en materia de protección de datos personales, en particular el Reglamento (UE) 2016/679 (RGPD) y la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre (LOPDGDD), así como el artículo 155 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, regulador de las transmisiones de datos entre Administraciones Públicas. Cada parte mantiene la condición de responsable del tratamiento independiente respecto de su propio Registro, Censo y mapa. Las comunicaciones de datos previstas en este convenio tienen la naturaleza de cesión de datos entre responsables, sin que constituyan un encargo de tratamiento (artículo 28 RGPD) ni un supuesto de corresponsabilidad (artículo 26 RGPD).

2. Base jurídica y limitación de finalidad. La comunicación de datos se ampara en el artículo 6.1, letras c) y e), del RGPD, en relación con los artículos 9 y 17 de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática, que prevén el suministro recíproco de información entre administraciones. Cuando la comunicación afecte a categorías especiales de datos respecto de personas vivas, se amparará adicionalmente en el artículo 9.2.g) del RGPD y en el artículo 9.2 de la LOPDGDD, por razones de interés público esencial. Los datos comunicados se utilizarán exclusivamente para las finalidades previstas en la cláusula primera. Conforme al artículo 155.2 de la Ley 40/2015 y al artículo 5.1.b) del RGPD, no se considerará incompatible su tratamiento ulterior con fines de archivo en interés público o de investigación científica e histórica; cualquier otra finalidad requerirá la comunicación previa a la parte cedente en los términos del artículo 155.3 de la Ley 40/2015.

3. Registro, Censo y datos de personas fallecidas. En lo que respecta a la elaboración, actualización, intercambio y difusión del Registro y del Censo de víctimas contemplados en el artículo 9 de la Ley 20/2022, las partes reconocen la diferencia jurídica entre ambos instrumentos: el Registro incluye a todas las víctimas reconocidas y no tiene carácter público, mientras que el Censo, de carácter público, se limita a personas fallecidas o a personas vivas que hayan otorgado su consentimiento expreso para su inclusión, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 6 y en el apartado tercero del artículo 7 de la Ley 9/2023, de 28 de septiembre, de Memoria Histórica y Democrática de Euskadi. En consecuencia, cada parte se compromete a respetar el carácter jurídico (Registro o Censo) de los datos recibidos de la otra, garantizando que no hará uso ni difusión de dichos datos en un ámbito distinto al que les corresponda conforme a su naturaleza, finalidad y régimen jurídico de publicidad. Los datos de personas fallecidas quedan fuera del ámbito de aplicación del RGPD y de la LOPDGDD conforme al artículo 2.2.b) de esta última, sin perjuicio de los derechos que puedan ejercer las personas vinculadas al fallecido en los términos del artículo 3 de la LOPDGDD.

4. Seguridad de la transmisión y notificación de violaciones de seguridad. Las condiciones, protocolos y criterios técnicos de la transmisión de datos se establecerán de común acuerdo en el seno de la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula quinta, garantizando la seguridad, integridad, confidencialidad y disponibilidad de la información, conforme al artículo 155.1 de la Ley 40/2015, al artículo 32 del RGPD y al Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad, en la categoría que resulte aplicable. Asimismo, las partes se informarán mutuamente, sin dilación indebida, de cualquier violación de la seguridad de los datos personales que afecte a la información intercambiada, a fin de permitir el cumplimiento de las obligaciones previstas en los artículos 33 y 34 del RGPD por el responsable que corresponda.

5. Cooperación en el ejercicio de derechos y Delegados de Protección de Datos. Cuando una solicitud de ejercicio de los derechos reconocidos en los artículos 15 a 22 del RGPD se dirija a una de las partes respecto de datos cuya fuente original sea la otra, ambas se prestarán la cooperación necesaria para su correcta atención por el responsable competente, sin perjuicio para el interesado. Las consultas, incidencias y comunicaciones derivadas de la presente cláusula se canalizarán a través de los respectivos Delegados de Protección de Datos, que actuarán como punto de contacto entre las partes.

Las partes se comprometen a cumplir con la normativa vigente en materia de protección de datos personales, en particular lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 (Reglamento General de Protección de Datos), y en la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.

Décima. Transparencia.

El convenio suscrito será puesto a disposición de los ciudadanos en el correspondiente Portal de Transparencia en aplicación de lo dispuesto en la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno y demás normativa de desarrollo de la misma.

Undécima. Propiedad intelectual y derechos de imagen.

Para la ejecución de los compromisos vinculados a las actividades objeto del presente convenio, las partes acuerdan compartir los derechos de explotación (reproducción, distribución, comunicación pública y transformación), así como cualesquiera otros derechos derivados de la propiedad intelectual, industrial, de imagen o de naturaleza análoga, que sean necesarios tanto para la realización de dichas actividades como para su difusión.

Duodécima. Naturaleza jurídica y resolución de conflictos.

El presente convenio tiene naturaleza administrativa, de acuerdo con lo establecido en el capítulo VI del título preliminar, de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.

En todo caso, de acuerdo con lo establecido en el citado capítulo VI del título preliminar, de dicha ley, las dudas o lagunas que en la interpretación y aplicación de este convenio puedan suscitarse, se resolverán aplicando los principios contenidos en dicha ley.

Las discrepancias que pudieran surgir sobre la interpretación, desarrollo, modificación, resolución y efectos que pudieran derivarse de la aplicación del presente convenio, que no hayan sido resueltas por la Comisión de Seguimiento prevista en la cláusula quinta del mismo, deberán solventarse por las partes. Las cuestiones litigiosas que puedan suscitarse entre las partes serán competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

Y en prueba de conformidad con todo lo expuesto, en el ejercicio de las facultades que legalmente corresponden a cada uno de los firmantes, obligando con ello a las instituciones que representan, suscriben el presente convenio por duplicado.–El Secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez López.–El Director del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, Gogora, Alberto Alonso Martín.

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