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Con fecha de 11 de octubre de 2026 se ha suscrito el convenio entre el Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes y la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) para el acceso a datos de personas fallecidas inscritos en el Registro Civil.
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de dicho convenio, que figura como anexo a esta resolución.
Madrid, 4 de noviembre de 2026.–El Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo Palacios.
En Madrid, firmado electrónicamente.
De una parte, don Manuel Olmedo Palacios, Secretario de Estado de Justicia, en nombre y representación del Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, en virtud de las competencias atribuidas por el artículo 62.2.g) de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público; de su nombramiento, realizado mediante el Real Decreto 949/2023, de 28 de noviembre (BOE de 29 de noviembre de 2023).
De otra parte, don Ángel Sánchez Cánovas, en calidad de Director General de la ONCE, en nombre y representación de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, Corporación de Derecho Público regulada por el Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo, por el que se reordena la Organización Nacional de Ciegos Españoles, con CIF G72872815 y domicilio en Calle Prado, 24, 28014 Madrid. Actúa en ejercicio de las funciones de Director General de la ONCE, nombrado por el Pleno del Consejo General, en su primera sesión celebrada, con carácter extraordinario, el día 18 de enero de 2023, mediante acuerdo núm. 1(E)/2023-10.1, de 18 de enero, y en virtud de las facultades que le fueron otorgadas mediante escritura de poder de fecha 31 de enero de 2023 ante el notario de Madrid, don Enrique Javier de Bernado Martínez-Piñeiro, bajo el número 224 de su protocolo.
EXPONEN
I. Naturaleza Jurídica y funciones que realiza la ONCE
La ONCE, como Corporación de Derecho Público sometida a la tutela estatal a través del Consejo de Protectorado del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, desarrolla funciones públicas por delegación orientadas a garantizar la integración, autonomía personal y plena inclusión de personas ciegas y con deficiencia visual grave, en cumplimiento del artículo 1.1 del Real Decreto 358/1991, de 15 de marzo.
Estas funciones –ejercidas por delegación en exclusiva por la ONCE– incluyen determinadas facultades de gestión de prestaciones económicas y materiales, programas de inclusión, servicios sociales personalizados, así como actividades formativas y de inserción laboral, conforme también al Acuerdo General ONCE-Gobierno 2022‑2031 y a los Estatutos de la Organización (Orden SCB/1240/2019, de 18 de diciembre).
De lo expuesto resulta que la ONCE es una corporación de Derecho Público que ejerce funciones delegadas de las Administraciones públicas.
II. Necesidad del acceso a los datos de defunciones
Para el correcto ejercicio de estas funciones públicas, la ONCE debe conocer en cada momento el número real de personas afiliadas vivas, a fin de:
– Gestionar adecuadamente prestaciones económicas y materiales.
– Dimensionar los recursos del Modelo de Servicios Sociales.
– Prevenir y detectar fraudes o pagos indebidos.
– Actualizar sus bases de datos internas en ausencia de comunicación por parte de familiares.
– Elaborar estadísticas fiables necesarias para la planificación social.
El acceso a los datos del Registro Civil constituye la única fuente pública oficial y fidedigna que garantiza la actualización exacta de los fallecimientos.
III. El Registro Civil como fuente pública
La Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, establece que el Registro Civil constituye un registro público (artículo 4 y 15) que da fe de los hechos referentes al estado civil de las personas, incluyendo la defunción (artículo 46). Y el acceso a la información registral se realiza por los medios de publicidad previstos en los artículos 80 y siguientes de la citada ley.
Dicha ley permite el acceso a datos cuando exista un interés legítimo y se respeten los principios de protección de datos y las restricciones de publicidad registral.
Por todo lo anterior, ambas partes
ACUERDAN
El presente convenio tiene por objeto habilitar un mecanismo estable, seguro y jurídicamente ajustado que permita a la ONCE acceder a datos estrictamente necesarios relativos a personas fallecidas inscritas en el Registro Civil, para fines de gestión de prestaciones, control de beneficiarios, actualización de registros y planificación de servicios sociales.
Para el cumplimiento del objeto del convenio, el Ministerio de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, asume las siguientes obligaciones:
Se habilitarán los accesos al nuevo servicio de descarga. Este servicio sirve para descargarse los ficheros masivos que se crean de forma diaria, semanal y mensual en DICIREG con los hechos registrados en dicho sistema. Estos ficheros se mantienen en el sistema DICIREG durante un tiempo, según sea la periodicidad con la que se crean.
El Ministerio trasmitirá el fichero estándar de defunciones.
A continuación, se detallan los datos respecto a las inscripciones de defunción que son objeto del presente convenio.
– Tipo de fichero: estándar.
– Periodicidad: mensual.
– Contenido del fichero estándar: datos del hecho inscrito y datos del inscrito.
La transmisión de datos objeto del presente convenio no implicara el acceso a datos especialmente protegidos.
1. La ONCE será responsable respecto de la utilización que sus usuarios realicen de la información recibida, en especial de la proporcionalidad, adecuación y pertinencia de los datos a los que se acceda.
2. En ningún caso podrá procederse a un tratamiento ulterior de los datos para fines incompatibles con el fin para el cual se recogieron inicialmente los datos personales.
3. La ONCE es responsable de establecer los medios de identificación de los usuarios que accedan a los datos transmitidos, conforme al artículo 15.3 LRC.
El presente convenio obliga a las partes firmantes a prestarse la adecuada colaboración, en aras al mejor logro de los fines perseguidos. A tal efecto, una vez que el convenio sea eficaz, se establecerá una Comisión de Seguimiento integrada por tres representantes nombrados por la Directora General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, uno de los cuales actuará de Presidente, y otros tres representantes nombrados por quien presida la ONCE. La Comisión de Seguimiento velará por el cumplimiento de las obligaciones de ambas partes, adoptará cuantas medidas y especificaciones técnicas sean precisas y resolverá las cuestiones que puedan plantearse sobre la interpretación y cumplimiento del convenio.
Cuando se considere necesario y, en calidad de asesores, solo con derecho de voz, podrán incorporarse otros funcionarios públicos o representantes de la Administración u otros miembros representantes de la ONCE.
La Comisión de Seguimiento se constituirá en el plazo de dos meses a contar desde que el convenio sea eficaz según el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (modificado por disposición final segunda. Uno del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia).
La Comisión de Seguimiento se reunirá ordinariamente una vez al año, a fin de verificar y comprobar el resultado de las obligaciones contraídas, examinar los resultados e incidencias que surjan de la colaboración realizada y establecer las directrices e instrucciones que considere oportunas.
Celebrará asimismo cuantas sesiones extraordinarias sean necesarias para el cumplimiento de sus fines, previa convocatoria al efecto de su Presidente, por propia iniciativa o teniendo en cuenta las peticiones de los demás miembros.
Su funcionamiento, en lo no previsto en este convenio, se regirá por la normativa vigente sobre órganos colegiados.
Esta Comisión de Seguimiento se encargará de:
a) Resolver los problemas de interpretación y cumplimiento que se deriven del presente convenio.
b) Seguir la evolución de las tecnologías, técnicas y métodos de aplicación a la ejecución del convenio, proponiendo a las partes la modificación de las actuaciones a realizar, siempre que no suponga alteración del objeto del mismo ni afecte al contenido mínimo y esencial del convenio.
c) Proponer la ampliación del ámbito de aplicación del convenio a otros procedimientos.
En lo no previsto en este convenio, la comisión se regirá por las disposiciones relativas a los órganos colegiados de la Administración General del Estado contenidas en los artículos 15 a 22 de la Ley 40/2015.
Las controversias que puedan surgir sobre la interpretación, modificación, resolución y efectos que puedan derivarse del presente convenio se resolverán entre las partes en el marco de la Comisión de Seguimiento de conformidad con lo dispuesto en la cláusula cuarta.
Una vez agotada esta vía, el orden jurisdiccional contencioso-administrativo será el competente para resolver las cuestiones litigiosas que pudieran suscitarse entre las partes, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1 y 2 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de dicha jurisdicción.
El cumplimiento y desarrollo de los compromisos adquiridos en el presente convenio no genera contraprestaciones ni obligaciones económicas entre las partes, asumiendo cada una, en el marco de sus presupuestos, los propios gastos que el desarrollo del convenio les pudiera ocasionar.
El presente convenio podrá modificarse, por mutuo acuerdo, mediante adenda firmada por ambas partes, cuando resulte necesario para la mejor realización de su objeto. Esa adenda deberá formalizarse por las partes mediante la tramitación de la correspondiente adenda, previa sustanciación de los trámites previstos normativamente. Dicha adenda surtirá efectos con su inscripción en REOICO antes de la fecha de extinción del convenio. Asimismo, la adenda será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
1. El convenio se extinguirá por el cumplimiento de su objeto o por incurrir en causa de resolución.
Podrá resolverse por las siguientes causas:
a) Por el transcurso del plazo de vigencia del convenio sin haberse acordado la prórroga de este.
b) Por el mutuo acuerdo de las partes firmantes manifestado por escrito.
c) Por la denuncia del convenio hecha por cualquiera de las partes en cualquier momento, surtiendo efectos a los tres meses de su notificación fehaciente.
d) Por el incumplimiento de las obligaciones y compromisos asumidos por parte de alguno de los firmantes.
En este caso, cualquiera de las partes podrá notificar a la parte incumplidora un requerimiento para que cumpla con las obligaciones o compromisos que se consideran incumplidos. Este requerimiento será comunicado además al Presidente de la Comisión de Seguimiento. Si trascurrido el plazo indicado en el requerimiento persistiera el incumplimiento, la parte que lo dirigió notificará a la otra parte la concurrencia de la causa de resolución y se entenderá resuelto el convenio. Dicha notificación indicará la fecha en la que tendrá efecto la resolución del convenio.
En caso de existir actuaciones en curso de ejecución, las partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento, podrán acordar la continuación de las actuaciones en curso que se consideren oportunas, estableciendo un plazo improrrogable para su finalización.
e) Por decisión judicial declaratoria de la nulidad del convenio.
f) Por cualquier otra causa prevista en las leyes.
El presente convenio resultará eficaz una vez inscrito, en el plazo de cinco días hábiles desde su formalización, en el Registro Electrónico estatal de Órganos e Instrumentos de Cooperación del sector público estatal, al que se refiere la disposición adicional séptima de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, de conformidad con el artículo 48.8 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (modificado por disposición final segunda. Uno del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia). Asimismo, deberá ser publicado en el plazo de diez días hábiles desde su formalización en el «Boletín Oficial del Estado».
La vigencia del convenio será de cuatro años desde su eficacia. No obstante, en cualquier momento antes de su finalización las partes podrán acordar unánimemente su extinción o su prórroga por un período de hasta cuatro años adicionales mediante la tramitación de la correspondiente adenda, previa sustanciación de los trámites previstos normativamente. Dicha adenda de prórroga surtirá efectos con su inscripción en REOICO antes de la fecha de extinción del convenio. Asimismo, la adenda será publicada en el «Boletín Oficial del Estado».
Este convenio tiene naturaleza administrativa de acuerdo con el artículo 47 y siguientes de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, y por tanto queda sometido al régimen jurídico de convenios previsto en el capítulo VI del título preliminar de la citada Ley 40/2015. Asimismo, el convenio se enmarca en lo previsto en el artículo 80 de la ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
Y, en prueba de conformidad, suscriben electrónicamente el presente convenio.–El Secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo Palacios.–El Director General de la Organización Nacional de Ciegos Españoles, Ángel Sánchez Cánovas.
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