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ECLI:ES:TC:2026:66

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por la magistrada doña Inmaculada Montalbán Huertas, presidenta, y las magistradas y magistrados doña María Luisa Balaguer Callejón, don Ramón Sáez Valcárcel, don Enrique Arnaldo Alcubilla, don César Tolosa Tribiño y doña Laura Díez Bueso, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 4827-2025, promovido por doña Ana Abril Egea, representada por el procurador de los tribunales don Pedro Arcas Barnes y bajo la asistencia letrada de don Álvaro Hidalgo Gomariz, contra el auto núm. 115/2025, de 5 de junio, del Juzgado de lo Social núm. 5 de Murcia por el que se desestimó el incidente de nulidad de actuaciones, recaído en la pieza de nulidad de actuaciones ordinarias núm. 2-2025, dimanante del procedimiento de despido núm. 216-2022. Ha comparecido y formulado alegaciones doña Sonia Jiménez Borgoñoz, representada por la procuradora de los tribunales doña María de la Paloma Ortiz-Cañavate Levenfeld y asistida por el abogado don Juan Carlos Peñarrubia Blanch. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido ponente la magistrada doña Laura Díez Bueso.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito presentado el 27 de junio de 2025 en el registro general del Tribunal Constitucional, doña Ana Abril Egea, representada por el procurador de los tribunales don Pedro Arcas Barnes y bajo la asistencia letrada de don Álvaro Hidalgo Gomariz, interpuso recurso de amparo registrado con el núm. 4827-2025, contra el auto núm. 115/2025, de 5 de junio, del Juzgado de lo Social núm. 5 de Murcia por el que se desestimó el incidente de nulidad de actuaciones, recaído en la pieza de nulidad de actuaciones ordinarias núm. 2-2025 dimanante del procedimiento de despido núm. 216-2022.

2. El recurso de amparo tiene su origen en los siguientes antecedentes:

a) El 10 de marzo de 2022, doña Sonia Jiménez Borgoñoz, representada y asistida por el letrado don Juan Carlos Peñarrubia Blanch, interpuso demanda sobre despido y reclamación de cantidad contra doña Ana Abril Egea. En la demanda, se consignaba como «domicilio social» de la parte demandada el sito en la calle Orfeón Fernández Caballero núm. 47, CP 30890 Puerto Lumbreras (Murcia). Acto seguido, «como quiera que dicho domicilio ha resultado ‘desconocido’ en el intento de emplazamiento para el acto de conciliación», se indicaba como «domicilio a efectos de notificaciones» el sito en la avenida de las Fuerzas Armadas núm. 18, CP 30800 Lorca (Murcia). Esta dirección figuraba en la carta de despido, aportada como documento núm. 4 de la demanda, y también coincidía con la ubicación del centro de trabajo según el contrato de trabajo temporal suscrito, acompañado como documento núm. 2 con la demanda.

b) La demanda se turnó al Juzgado de lo Social núm. 5 de Murcia, iniciándose con ella el procedimiento de despido núm. 216-2022. La demanda fue admitida por decreto de 11 de abril de 2022, acordando citar a las partes para los actos de conciliación y de juicio el día 16 de febrero de 2023.

c) Se realizó un primer intento de notificación a doña Ana Abril Egea en el domicilio de la calle Orfeón Fernández Caballero núm. 47, de Puerto Lumbreras el día 29 de abril de 2022, a las 11:10 horas, con resultado ausente. Resultando también ausente en el segundo intento realizado el 3 de mayo de 2022 a las 15:51 horas, se dejó el correspondiente aviso en buzón.

Se intentó de nuevo la notificación del emplazamiento en dicho domicilio el día 23 de junio de 2022 a las 11:08 horas, con resultado «desconocido».

d) El juzgado practicó una consulta de domicilio de la demandada a través del Punto Neutro Judicial el día 6 de julio de 2022, obteniéndose del Instituto Nacional de Estadística la dirección de camino Cañaveral núm. 30, sito en Campillo, Lorca (Murcia). Se practicó un intento de notificación a través de correo certificado en dicha dirección, con resultado «desconocido» el día 19 de julio de 2022, a las 12:00 horas.

Tras ello, se acordó dirigir el correspondiente exhorto al Juzgado Decano de Lorca para que procediera a la notificación personal de doña Ana Abril Egea en la referida dirección, que nuevamente resultó infructuosa.

e) Habiendo resultado negativo el intento de notificación y citación por correo certificado y de forma personal a la demandada doña Ana Abril Egea, por diligencia de ordenación de 21 de septiembre de 2022 se acordó su citación por medio de edicto a publicar en el tablón edictal judicial único del «Boletín Oficial del Estado».

f) Tras diversas vicisitudes procesales, el día 18 de diciembre de 2023 tuvo lugar el acto de conciliación que, al no comparecer la parte demandada, se tuvo por intentado sin efecto. Celebrado el acto del juicio, en ausencia de la parte demandada, el Juzgado de lo Social núm. 5 de Murcia dictó sentencia núm. 263/2023, de 19 de diciembre, cuya parte dispositiva es la siguiente:

«Que estimando íntegramente la demanda de despido interpuesta por doña Sonia Jiménez Borgoñoz, contra la empresa Ana Abril Egea, debo declarar la improcedencia del despido producido; y vista la imposibilidad de readmitir y la solicitud de la parte actora, resuelvo con la fecha de esta Sentencia la relación laboral y condeno a la empresa al pago al actor de las cantidades que se dirán; y condeno al FOGASA, subsidiariamente, al abono de las cantidades, dentro de sus límites legales.

Por indemnización: 6.525,75 € brutos.

Por salarios de trámite: 27.685,00 € brutos.

Junto a ello se condena a la empresa al abono de la cantidad de 1.067,85 € brutos por los conceptos reclamados en la demanda, con responsabilidad subsidiaria del FOGASA en sus límites, más el 10 % de interés desde el 12 de enero de 2022.»

g) La sentencia fue notificada a las partes, intentándose también el día 3 de enero de 2024 a las 11:06 horas la notificación a la parte empresarial demandada, en el domicilio sito en la calle Orfeón Fernández Caballero núm. 47, de Puerto Lumbreras, con resultado desconocido. Tras ello, la sentencia fue objeto de notificación mediante publicación del correspondiente edicto el 26 de septiembre de 2024 en el tablón edictal judicial único.

h) La sentencia de 19 de diciembre de 2023 se declaró firme mediante diligencia de ordenación de 14 de octubre de 2024.

i) Presentada demanda de ejecución ordinaria, el Juzgado de lo Social núm. 5 de Murcia dictó auto de 4 de diciembre de 2024 despachando ejecución frente a doña Ana Abril Egea (procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 117-2024), que también fue notificado por medio de edictos.

j) Al tener conocimiento del proceso por despido con ocasión del embargo de sus cuentas bancarias, el día 15 de enero de 2025, doña Ana Abril Egea se personó en el procedimiento por despido núm. 216-2022, interponiendo incidente de nulidad de actuaciones, instando la nulidad del procedimiento y de la sentencia dictada, a fin de que se repusieran las actuaciones al momento anterior al emplazamiento por edictos. En dicho escrito denunciaba la vulneración de su derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), al haber acudido el órgano judicial a su emplazamiento mediante edictos, sin intentar la notificación personal en la dirección expresamente designada por la demandante en el escrito de demanda (avenida de las Fuerzas Armadas núm. 18, de Lorca, Murcia).

k) Tramitado el incidente (pieza de nulidad de actuaciones ordinarias núm. 2-2025), el Juzgado de lo Social núm. 5 de Murcia dictó auto núm. 115/2025, de 5 de junio, desestimándolo y ratificando la sentencia dictada el 19 de diciembre de 2023. La desestimación se basó en los dos siguientes argumentos.

El auto razonó, en primer lugar, que contra la sentencia cabía recurso de suplicación y que antes de acudir al incidente de nulidad de actuaciones es preciso agotar el trámite de recurso ordinario.

En segundo lugar, explicó que se intentó la notificación en el domicilio que figuraba en el contrato de trabajo y en las nóminas extendidas a la trabajadora. Asimismo, indicó que no podía pretenderse una búsqueda detectivesca del domicilio de la empleadora por parte del trabajador y del órgano judicial, cumpliéndose con la citación a través del domicilio social que le consta a través de la documentación elaborada por la propia mercantil y también cumpliéndose por el juzgado con el intento de citación en el domicilio social fijado libremente por el empleador. Adujo también que, si había cambiado su domicilio social, debió haberlo comunicado a la trabajadora y que, cumplido el trámite por el órgano judicial, «las razones por las cuales la empresa no recibe las notificaciones en el domicilio que libremente señala como domicilio social son de su exclusiva responsabilidad».

l) Consta en las actuaciones que, mediante auto de 18 de noviembre de 2025, el Juzgado de lo Social núm. 5 de Murcia acordó la homologación del acuerdo alcanzado entre las partes en seno del procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 117-2024.

3. En el recurso de amparo se impugna el auto de 5 de junio de 2025 del Juzgado de lo Social núm. 5 de Murcia, que desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la demandante de amparo.

La demanda denuncia la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), como consecuencia de las sucesivas infracciones cometidas por el órgano judicial en la práctica de la diligencia de emplazamiento, dando como resultado que no tuviera conocimiento del procedimiento de despido núm. 216-2022 hasta el 10 de enero de 2025, con ocasión del embargo de sus cuentas bancarias. Sostiene que el órgano judicial, antes de acudir a los edictos, debió haber intentado la notificación personal en el domicilio que se había indicado en la demanda, en el que desarrolla su actividad profesional, y que además era la dirección que figuraba tanto en la carta de despido como en el contrato de trabajo, ambos documentos aportados con la demanda. El hecho de no agotar todas las posibilidades razonables de emplazamiento a disposición del juzgado antes de acordar la notificación edictal contravino la doctrina constitucional.

En cuanto a la especial trascendencia constitucional, la demandante defiende que el Juzgado de lo Social núm. 5 de Murcia incurrió en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina constitucional [STC 155/2009, de 25 de junio, FJ 2 f)], citando al efecto, entre otras, las SSTC 235/1993, de 12 de julio; 134/2002, de 3 de junio; 28/2023, de 17 de abril, y 41/2023, de 8 de mayo.

Por ello, solicita la estimación de la demanda de amparo y, en consecuencia, que se declare la nulidad del auto núm. 115/2025, de 5 de junio, del Juzgado de lo Social núm. 5 de Murcia, así como la nulidad del procedimiento de despido núm. 216-2022, reponiendo las actuaciones al momento inmediatamente anterior al defecto causante de la nulidad, procediéndose a su emplazamiento en la dirección sita en la avenida de las Fuerzas Armadas núm. 18, CP 30800 Lorca (Murcia).

Mediante otrosí digo, con fundamento en el art. 56 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC), solicita la suspensión cautelar de la ejecución de la sentencia que se tramita en el procedimiento de ejecución de títulos judiciales núm. 117-2024 ante el Juzgado de lo Social núm. 5 de Murcia.

4. Mediante providencia de 25 de mayo de 2026, se acordó la admisión a trámite del presente recurso de amparo, apreciando que concurre en el mismo una especial trascendencia constitucional (art. 50.1 LOTC) como consecuencia de que el órgano judicial pudiera haber incurrido en una negativa manifiesta del deber de acatamiento de la doctrina de este tribunal [STC 155/2009, FJ 2 f)].

En relación con la solicitud de suspensión cautelar de las resoluciones recurridas, mediante providencia de la misma fecha se acordó formar la correspondiente pieza separada para la sustanciación de dicha petición y, de conformidad con el art. 56 LOTC, se concedió plazo común de tres días al Ministerio Fiscal y a la demandante de amparo para que alegaran los que estimasen pertinente en relación con la petición de suspensión interesada.

5. El 28 de mayo de 2026, la representación procesal de doña Ana Abril Egea manifestó su voluntad de desistir de la solicitud de suspensión. El desistimiento de la parte actora fue aceptado por ATC 36/2026, de 22 de junio, de la Sala Segunda del Tribunal Constitucional y, en consecuencia, se acordó el archivo de la pieza separada de suspensión.

6. Por escrito registrado el 23 de junio de 2026, doña Sonia Jiménez Borgoñoz, representada por la procuradora de los tribunales doña María de la Paloma Ortiz-Cañavate Levenfeld y bajo la dirección técnica del letrado don Juan Carlos Peñarrubia Blanch, solicitó que se la tuviera por comparecida en el presente recurso de amparo.

7. Mediante diligencia de ordenación de la Secretaría de Justicia de la Sala Segunda se tuvo por personada y parte en el procedimiento a la procuradora doña María de la Paloma Ortiz-Cañavate Levenfeld, en representación de doña Sonia Jiménez Borgoñoz. Conforme determina el art. 52 LOTC, se acordó dar vista de las actuaciones recibidas a las partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo común de veinte días para que dentro de dicho término pudieran presentar las alegaciones que a su derecho conviniera.

8. El 23 de julio de 2026, el fiscal ante el Tribunal Constitucional presentó alegaciones interesando la estimación del recurso de amparo.

El fiscal expone los antecedentes del caso y señala que el recurso de amparo cumple con los requisitos procesales para su admisión. En cuanto al fondo, expone la regulación legal de los actos de comunicación procesal, refiriéndose en particular a los arts. 155, 156, 158 y 164 de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de enjuiciamiento civil. También señala que, con arreglo a la doctrina constitucional, los órganos judiciales deben extremar la diligencia para la averiguación del domicilio o paradero de los interesados, utilizando para ellos los medios de averiguación que estén razonablemente a su alcance. Esto es, antes de proceder a la notificación por medio de edictos, pesa sobre los órganos judiciales la obligación de agotar las posibilidades de averiguación razonables. Cita al efecto las SSTC 89/2015, de 11 de mayo; 41/2023, y 156/2025, así como la STEDH de 15 de diciembre de 2020, asunto Karesvaara y Njie c. España.

En relación con las circunstancias del caso concreto, el fiscal afirma que no puede hablarse de una absoluta pasividad del órgano judicial: intentó la notificación en el domicilio social de la empresa y, tras resultar infructuosa, antes de acudir a la comunicación por edictos, efectuó una consulta a través del punto neutro judicial, intentando la notificación en el nuevo domicilio obtenido, también con resultado negativo. Ahora bien, lo decisivo y reprochable para el fiscal es que el órgano judicial no intentara la notificación en el segundo domicilio consignado en la demanda. El órgano judicial no necesitaba desarrollar ninguna labor «detectivesca» para conocer esta dirección, pues se la había proporcionado la demandante. La no utilización del domicilio indicado en la demanda constituye una negligencia del órgano judicial, que pudo reparar con ocasión del incidente de nulidad de actuaciones y, sin embargo, no lo hizo, manteniendo la vigencia de lo acordado al denegar la nulidad.

Por lo tanto, la actividad del órgano judicial no colmó los cánones de «sacrificio» que le eran exigibles. Todo ello no constituyó una mera infracción de las normas procesales, sino que causó indefensión material a la recurrente en amparo, que solo tuvo conocimiento del asunto en fase de ejecución de sentencia, cuando se acordó el embargo de sus cuentas corrientes, cuando ya no era posible desplegar ninguna actividad de defensa frente a la reclamación instada en dicho proceso.

En consecuencia, el Ministerio Fiscal suplica la estimación del recurso de amparo, la declaración de que ha sido vulnerado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), declarando la nulidad del auto núm. 115/2025, de 5 de junio, del Juzgado de lo Social núm. 5 de Murcia y ordenando la retroacción de actuaciones al momento anterior al emplazamiento de los demandados en el procedimiento por despido núm. 216-2022.

9. Mediante escrito presentado el 1 de septiembre de 2026, la representación procesal de doña Sonia Jiménez Borgoñoz interesó la desestimación del recurso de amparo.

La parte comparecida no niega que en la demanda de despido constaran dos referencias domiciliarias. Sin embargo, considera que, si se atiende a la secuencia completa de las actuaciones, cabe apreciar que existió una actividad positiva de averiguación por parte del órgano judicial, de manera que, tras el primer intento fallido de notificación, se procedió a realizar un segundo intento de localización personal en el domicilio obtenido a través de las herramientas judiciales disponibles.

Además, refiere que el primer domicilio utilizado tenía una conexión objetiva directa con la recurrente, al tratarse del domicilio empresarial que figuraba en el contrato de trabajo. Por lo tanto, el primer intento de comunicación no se intentó en una dirección manifiestamente ajena a la empleadora ni carente de fundamento.

Considera que debe tenerse en cuenta que el órgano judicial realizó una averiguación domiciliaria a través del punto neutro judicial, obteniéndose una nueva dirección en la que se practicó un segundo intento de notificación, que resultó también infructuoso.

A juicio de la parte, el hecho de que en las actuaciones figurara la dirección de avenida de las Fuerzas Armadas núm. 18, de Lorca, no resulta determinante para el otorgamiento del amparo, pues la actividad judicial desplegada no debe calificarse como constitucionalmente insuficiente, toda vez que existió una actividad real y objetivamente encaminada a la localización personal de la demandada antes de acudir a los edictos. Por lo tanto, la exigencia constitucional de desplegar esfuerzos razonables y proporcionados de localización debe considerarse satisfecha en el presente caso.

Finalmente, indica que en el procedimiento de ejecución 117/2024 se alcanzó voluntariamente un acuerdo transaccional entre las partes, homologado por auto de 18 de noviembre de 2025. El proceso ejecutivo concluyó por decreto de 13 de julio de 2026 de la Sección de lo Social del Tribunal de Instancia de Murcia, Plaza núm. 5. Si bien tal circunstancia no ha de impedir la prosecución del recurso de amparo hasta su resolución por sentencia ni implica una renuncia a las pretensiones ejercitadas por la demandante de amparo, entiende la parte comparecida que la existencia de dicho acuerdo debe ser tenida en cuenta a la hora de modular los efectos de una eventual sentencia estimatoria.

10. Por escrito registrado el 1 de septiembre de 2026 la demandante de amparo formuló alegaciones ratificándose en la demanda de amparo, invocando en apoyo de sus pretensiones la doctrina constitucional recogida en la STC 157/2025, de 6 de octubre.

11. Por providencia de 29 de septiembre de 2026 se señaló para deliberación y votación de la presente sentencia el día 5 de octubre de 2026.

II. Fundamentos jurídicos

1. Objeto del recurso y pretensiones de las partes.

El presente recurso de amparo se dirige contra el auto de 5 de junio de 2025 del Juzgado de lo Social núm. 5 de Murcia, por el que se desestimó el incidente de nulidad de actuaciones promovido por la recurrente en el procedimiento de despido núm. 216-2022.

La recurrente en amparo sostiene que el órgano judicial vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), porque acudió a la notificación edictal sin intentar la notificación personal en el domicilio expresamente indicado en la demanda y reflejado, también, en documentos que la acompañaban. Como consecuencia de ello, no tuvo conocimiento del procedimiento de despido hasta la fase de ejecución de sentencia, cuando tuvo lugar el embargo de sus cuentas bancarias, lo que le impidió ejercer su derecho de defensa.

La parte personada, actora en el proceso a quo, interesa la desestimación del recurso de amparo, considerando que la actividad del órgano judicial no puede calificarse como constitucionalmente insuficiente, pues llevó a cabo una actividad real y objetivamente encaminada a la localización personal de la demandante de amparo.

El Ministerio Fiscal interesa la estimación del recurso de amparo por considerar lesionado el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE) de la recurrente. A su juicio, el órgano judicial acudió al emplazamiento por edictos sin agotar la diligencia debida, pese a que en las actuaciones obraba un domicilio expresamente señalado para notificaciones que permitía intentar la notificación personal.

2. Doctrina constitucional sobre el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE), en relación con los actos de comunicación procesal.

Son numerosas las ocasiones en las que este tribunal se ha pronunciado sobre la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en relación con los actos de comunicación procesal y, en concreto, en relación con la citación mediante edictos.

Como recuerda la STC 2/2025, de 13 de enero, FJ 2, este tribunal ha insistido reiteradamente en la importancia de los actos de comunicación para la correcta constitución de la relación jurídica procesal que garantice el derecho de defensa reconocido en el art. 24 CE, que implica la posibilidad de un juicio contradictorio en el que las partes puedan hacer valer sus derechos e intereses legítimos (SSTC 30/2014, de 24 de febrero; 181/2015, de 7 de septiembre; 39/2018, de 25 de abril; 123/2019, de 28 de octubre; 62/2020, de 15 de junio, y 20/2021, de 15 de febrero). En consecuencia, se impone a los órganos judiciales un especial deber de diligencia en la realización de los actos de comunicación procesal que asegure, en la medida de lo posible, su recepción por parte de los destinatarios, para darles la oportunidad de defensa y evitar indefensión (SSTC 167/1992, de 26 de octubre; 103/1993, de 22 de marzo; 216/1993, de 30 de junio; 108/1994, de 11 de abril; 186/1997, de 10 de noviembre; 59/2002, de 11 de marzo, y 91/2022, de 11 de julio).

En este sentido la jurisprudencia constitucional insiste en la necesidad de que el órgano judicial agote las posibilidades de averiguación del domicilio real antes de acudir a la notificación por edictos. Por ello, cuando del examen de los autos o de la documentación aportada por las partes se deduzca la existencia de un domicilio que haga factible la notificación personal al demandado, esta debe intentarse antes de acudir a la notificación por edictos (SSTC 40/2005, de 28 de febrero, FJ 2; 293/2005, de 21 de noviembre, FJ 2; 245/2006, de 24 de julio, FJ 2, y 122/2013, de 20 de mayo, FJ 3). E incluso cuando no conste ese domicilio en las actuaciones, el órgano judicial deberá realizar otras gestiones en orden a la averiguación del domicilio real del demandado, siempre que ello no suponga exigirle una desmedida actividad investigadora (SSTC 126/1999, de 28 de junio, FJ 4; 113/2001, de 7 de mayo, FJ 5; 131/2014, de 21 de julio, FJ 2; 83/2018, de 16 de julio, FJ 4, y 181/2021, de 25 de octubre, FJ 2).

No obstante, este deber que se impone a los órganos judiciales no puede llegar a significar que se pueda exigir al juez o tribunal correspondiente el despliegue de una desmedida labor investigadora, lo que llevaría más bien a la indebida restricción de los derechos de defensa de los restantes personados en el proceso (SSTC 126/1999, FJ 4; 268/2000, de 13 de noviembre, FJ 4; 34/2001, de 12 de febrero, FJ 2; 55/2003, de 24 de marzo, FJ 2; 76/2006, de 13 de marzo, FJ 3, y 131/2014, FJ 2). Asimismo, venimos considerando que la indefensión del demandado por falta de emplazamiento personal cede cuando la situación de incomunicación sea imputable a la propia conducta del afectado, que voluntaria o negligentemente se ha situado al margen del proceso. En efecto, el conocimiento extraprocesal del afectado o su posible negligencia, descuido o impericia impide apreciar la vulneración del derecho fundamental, aunque debe tenerse en cuenta que tales situaciones no pueden fundarse en simples conjeturas, sino que debe acreditarse fehacientemente para que pueda invalidar la tacha de indefensión (SSTC 219/1999, de 29 de noviembre, FJ 2; 128/2000, de 16 de mayo, FJ 5; 268/2000, FJ 4, y 20/2021, FJ 2). Además, a propósito de esta cuestión hemos precisado que el conocimiento extraprocesal del litigio ha de verificarse mediante una prueba suficiente, que no excluye las reglas del criterio humano que rigen la prueba de presunciones (por todas, SSTC 102/2003, de 2 de junio, FJ 2; 102/2004, de 2 de junio, FJ 3; 207/2005, de 18 de julio, FJ 2; 246/2005, de 10 de octubre, FJ 3; 124/2006, de 24 de abril, FJ 2, y 136/2014, de 8 de septiembre, FJ 2).

Así lo hemos declarado también, precisamente, en relación con el emplazamiento y citación para el acto del juicio en el proceso laboral, en las SSTC 41/2023, de 8 de mayo, FJ 2, y 156/2025, de 6 de octubre, FJ 2.

3. Aplicación de la doctrina constitucional al caso planteado: estimación del recurso de amparo.

La aplicación de la doctrina al caso planteado debe conducir a la estimación de la presente demanda de amparo.

Del testimonio de las actuaciones del procedimiento de despido núm. 216-2022 se desprende, claramente, que la actuación del Juzgado de lo Social núm. 5 de Murcia en relación con la práctica de los actos de comunicación no satisfizo las exigencias constitucionales a fin de garantizar el derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente en amparo. Aunque el órgano judicial no permaneció absolutamente pasivo, pues consta acreditado que intentó la averiguación domiciliaria de la parte empresarial en el litigio antes de proceder a su emplazamiento por medio de edictos, sí que debe reconocerse que incurrió en una evidente falta de diligencia que cabe calificar como constitucionalmente relevante. En este sentido, el examen de las actuaciones revela que el órgano judicial no solo obvió el domicilio a efectos de notificaciones, identificado como tal expresamente en el escrito de demanda y que además figuraba en la carta de despido y en el contrato de trabajo, sino que además intentó la práctica de las notificaciones en una dirección donde ya había resultado imposible la localización de la recurrente en amparo durante la conciliación previa a la vía jurisdiccional social.

El tribunal constata que al órgano judicial le habría bastado con examinar atentamente el escrito rector del procedimiento para advertir la existencia de un domicilio designado precisamente para la realización de las notificaciones a la parte demandada en el procedimiento de despido y practicar allí el emplazamiento de la recurrente en amparo. En lugar de hacerlo, reiteró varios intentos de notificación en una dirección donde ya se sabía que comunicaciones anteriores habían resultado infructuosas y practicó una averiguación domiciliaria totalmente innecesaria, sin agotar previamente el domicilio indicado por la propia demandante. Por tanto, la cuestión no radica en que resultara exigible una labor investigadora adicional o exhaustiva por parte del órgano judicial, sino en no haber utilizado de forma razonablemente diligente la información que ya obraba en las actuaciones.

En definitiva, el juzgado causó a la recurrente en amparo una indefensión constitucionalmente relevante al tramitar sin su conocimiento el procedimiento de despido núm. 216-2022 en su integridad, impidiéndole desplegar cualquier posibilidad de defensa en el mismo. Solo tuvo conocimiento del proceso en fase de ejecución, con ocasión del embargo de sus cuentas bancarias, cuando la sentencia ya había sido dictada. En consecuencia, la falta de diligencia del órgano judicial a la hora de realizar el emplazamiento de la recurrente en amparo vulneró su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).

En consecuencia, procede estimar el recurso de amparo y reconocer que se ha vulnerado el derecho de la demandante de amparo a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE). Sin embargo, con posterioridad a la admisión del recurso de amparo tuvo lugar el archivo del procedimiento de ejecución con la conformidad de ambas partes, por decreto de 3 de julio de 2026, y se cumplió el acuerdo por ellas alcanzado que fue aprobado por auto de 18 de noviembre de 2025. Esto hace que los efectos de la estimación del recurso de amparo, de acuerdo con lo previsto en el art. 55.1 LOTC, deban circunscribirse a la mera declaración de la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, sin declaración de nulidad ni retroacción de las actuaciones judiciales.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, por la autoridad que le confiere la Constitución de la Nación española, ha decidido estimar el recurso de amparo interpuesto por doña Ana Abril Egea y, en consecuencia, declarar que se ha vulnerado su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión (art. 24.1 CE).

Publíquese esta sentencia en el «Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid, a cinco de octubre de dos mil veintiséis.–Inmaculada Montalbán Huertas.–María Luisa Balaguer Callejón.–Ramón Sáez Valcárcel.–Enrique Arnaldo Alcubilla.–César Tolosa Tribiño.–Laura Díez Bueso.–Firmado y rubricado.