Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado

El ciclo del agua urbana, desde que el recurso se capta hasta que, una vez usado, se devuelve a la naturaleza o se reutiliza, se puede dividir en tres fases: abastecimiento o suministro de agua, saneamiento y reutilización.

El abastecimiento o suministro de agua abarca las fases desde la captación de agua hasta que llega a las acometidas para su uso, el saneamiento se encarga del agua que sale de las viviendas ya utilizada y la devuelve a su cauce natural respetando el medio ambiente, y la reutilización, que se lleva a cabo en algunos casos, aprovecha el agua para usos distintos al consumo humano como el riego de jardines, la agricultura o algunos usos industriales.

La gestión del ciclo integral del agua urbana abarca, por tanto, la completa y compleja labor de manejo de los sistemas o procesos que permiten el suministro de agua para su uso y reutilización, así como el saneamiento de las aguas residuales generadas. A lo largo de todo este ciclo integral existen actores encargados de los aspectos técnicos y de la gestión comercial, sistema de tarifas, atención al cliente, análisis de indicadores y datos, y elaboración de estándares y normativa técnica.

En el caso de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y la Comunidad Autónoma de Canarias, su condición de insularidad, la escasez de aguas superficiales y la imposibilidad de obtención de recursos hídricos imprescindibles mediante sistemas convencionales, como ocurre en el resto de cuencas hidrográficas en territorio peninsular, acentúa la complejidad de resolver adecuadamente el abastecimiento de sus poblaciones con seguridad, siendo necesaria la adopción de medidas que permitan garantizar la mejora de sus sistemas de saneamiento y depuración, permitiendo en determinados casos la reutilización del agua mediante su regeneración.

Los Presupuestos Generales del Estado vigentes en el año 2025, prorrogados para 2026, recogen en el estado de gastos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico un crédito presupuestario por importe total de 20.000.000 euros, para financiar inversiones en actuaciones relativas al ciclo integral del agua en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears (aplicación presupuestaria 23.05.452A.755) y un crédito presupuestario por importe total de 20.000.000 euros, para financiar inversiones en actuaciones relativas al ciclo integral del agua en la Comunidad Autónoma de Canarias (aplicación presupuestaria 23.05.452A.753).

En atención a lo expuesto, y de acuerdo con lo previsto en los artículos 22.2.c) y 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con carácter excepcional y entendiendo que existen razones de interés público y social, se aprueba el presente real decreto.

Por todo ello, el Estado tiene interés en colaborar, a través del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con las Comunidades Autónomas de las Illes Balears y Canarias para que puedan acometer inversiones en actuaciones relativas al ciclo integral del agua que permitirán una utilización más racional y eficiente de los recursos hídricos, protegiendo el medio ambiente y evitando una sobreexplotación de los mismos, y contribuirán a la mejora de la calidad de vida de las poblaciones balear y canaria, mediante la concesión directa de dos subvenciones, una de ellas a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y la otra a la Comunidad Autónoma de Canarias. Las subvenciones contempladas en este real decreto son coherentes con la planificación hidrológica aprobada por el Gobierno.

Este real decreto regula la concesión directa de las mencionadas subvenciones en cumplimiento del artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, al tratarse de una subvención que puede concederse de forma directa al amparo de lo previsto en el artículo 22.2 de la citada norma.

Así, el artículo 28.2 de la Ley 38/2023, de 17 de noviembre, dispone que «El Gobierno aprobará por real decreto, a propuesta del ministro competente y previo informe del Ministerio de Hacienda, las normas especiales reguladoras de las subvenciones reguladas en el párrafo c) del apartado 2 del artículo 22 de esta ley.» Y por lo que respecta al artículo 22.2.c) «con carácter excepcional, aquellas otras subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública».

En este contexto, las razones de interés público, social y económico se fundamentan en la lejanía e insularidad de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y la Comunidad Autónoma de Canarias, así como en la limitada disponibilidad de recursos hídricos convencionales. Por ello, se les concede una subvención directa destinada a financiar actuaciones orientadas a mejorar la gestión del ciclo integral del agua, garantizando la seguridad y sostenibilidad en el abastecimiento y la depuración para sus habitantes, así como la protección del medio ambiente, tal como se detalla en el artículo 3 de la norma.

Es importante destacar que en el año 2025 ambas comunidades autónomas fueron beneficiarias de dos subvenciones similares previstas nominativamente en los Presupuestos Generales del Estado para financiar actuaciones relativas al ciclo integral del agua, mediante sendas Resoluciones del Secretario de Estado de Medio Ambiente de fecha 4 de diciembre de 2025 que han sido destinadas a actuaciones relativas a la mejora de la dotación de recursos hídricos para abastecimiento y saneamiento. Estas actuaciones, para que sean efectivas, requieren una continuidad en su ejecución, por lo que, en este sentido, es necesario dotar nuevamente a dichas comunidades autónomas de los recursos económicos necesarios que les permitan continuar con las actuaciones necesarias para la mejora integral de su sistema de abastecimiento y saneamiento.

Por lo tanto, se considera que la tramitación de este real decreto de concesión directa está justificada por la necesidad de garantizar la continuidad del esfuerzo que se viene realizando por ambas comunidades autónomas, ya que la paralización del apoyo comprometería la viabilidad de los proyectos que se vienen desarrollando por éstas, lo que supondría un enorme retroceso en los avances realizados, condicionando la eficacia y eficiencia de los recursos públicos invertidos al no poder dar una continuidad al trabajo que se ha estado llevando a cabo.

La concesión de subvenciones de esta naturaleza está comprendida entre las funciones del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, según lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, estas dos subvenciones forman parte del Plan Estratégico de Subvenciones para el período 2025-2027 del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, aprobado por la Orden de la Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico de 16 de enero de 2025 y están incluidas dentro del Objetivo Estratégico 6: Alcanzar el buen estado de las masas de agua, la seguridad hídrica y la depuración de aguas residuales. Compatibilizar estas acciones con la conservación del medio ambiente, la restauración de ecosistemas y su biodiversidad, contribuyendo además a la adaptación al cambio climático en el sector del agua y a la mitigación de los impactos de inundaciones y sequías, en particular, en la línea de subvención 6D16: Actuaciones en materia de agua en las islas Canarias y Baleares, contribuyendo al logro de dicho objetivo mediante la mejora de la calidad de las aguas, el incremento de la garantía del suministro de recursos hídricos y la adaptación y protección frente a fenómenos extremos.

El presente real decreto se adecúa a los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas: necesidad, eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, transparencia, y eficiencia. En este sentido, el principio de necesidad tiene su razón de ser en el interés general de mejorar la seguridad hídrica y calidad del abastecimiento, así como los sistemas de saneamiento y depuración en las Comunidades Autónomas de las Illes Balears y Canarias, permitiendo en determinados casos la reutilización del agua y contribuyendo de esta forma a una gestión más sostenible de los recursos hídricos.

Por su parte, el principio de eficacia se cumple con la aprobación de dicha norma mediante real decreto, al ser el instrumento adecuado para ello, estando previsto de esta forma en el artículo 67 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio (en adelante, Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre), que dispone que el Consejo de Ministros aprobará por real decreto, a propuesta del ministro competente y previo informe del Ministerio de Economía y Hacienda, las normas especiales reguladoras de las subvenciones a que se refiere la letra c) del apartado 2 del artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Asimismo, se cumple el principio de proporcionalidad dado que este real decreto contiene únicamente la regulación imprescindible para atender la necesidad de superar la situación de escasez estructural hídrica de los archipiélagos balear y canario mediante mejoras en el abastecimiento y saneamiento.

Respecto al principio de seguridad jurídica es necesario destacar que el presente real decreto sigue lo expuesto en la normativa existente a tal efecto, siendo acorde a la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, al Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y a la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno, generando un marco normativo estable, predecible, integrado, claro y de certidumbre, que facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, la actuación y toma de decisiones de las personas, administraciones y empresas que participen en los trabajos emanados del mismo.

En relación con el principio de transparencia, en la elaboración del proyecto la norma se ha sometido al trámite de audiencia e información pública previsto en el artículo 26.6 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.

Por último, respecto al principio de eficiencia, con la aprobación de la presente norma si bien se produce un incremento de las cargas administrativas de los beneficiarios, éstas son compensadas notablemente con el beneficio que obtendrán las poblaciones balear y canaria en su calidad de vida mediante la mejora de la seguridad y calidad del abastecimiento, así como de los sistemas de saneamiento y depuración.

Con su aprobación se entiende otorgada la autorización del Consejo de Ministros exigida en el artículo 10.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Esta autorización no implica la aprobación del gasto.

Este real decreto se ha sometido a informe de la Abogacía del Estado en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Asimismo, se ha recabado, entre otros, informe del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, conforme al artículo 26.5 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre; y del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, conforme al artículo 26.9 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, el artículo 149.1.16.ª de la misma norma, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación general de la sanidad, y el 149.1.23.ª, que establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación básica de protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección.

En su virtud, a propuesta de la Vicepresidenta Tercera del Gobierno y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con la aprobación previa del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, con el informe del Ministerio de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de noviembre de 2026,

DISPONGO:

Artículo 1. Objeto.

Este real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de dos subvenciones, una de ellas a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y la otra a la Comunidad Autónoma de Canarias, por razones de interés público, social y económico, para financiar un plan global de inversiones relativas al ciclo integral del agua integrado por las actuaciones del artículo 3.2, de acuerdo con lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en relación con el artículo 28.2 y 3 de la misma ley.

Dichas actuaciones se configuran como un presupuesto conjunto de carácter fungible, permitiendo a cada beneficiario reasignar los fondos entre ellas según las necesidades efectivas de ejecución, siempre que se justifique la inversión total de la subvención.

Artículo 2. Régimen jurídico aplicable.

1. Estas dos subvenciones se regirán, además de por lo particularmente dispuesto en este real decreto y en la resolución de concesión, por lo previsto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones (en adelante, Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre), salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, y por lo previsto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten de aplicación.

2. Las solicitudes, comunicaciones y demás trámites derivados de los procedimientos y actuaciones que se recogen en este real decreto se realizarán por medios electrónicos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre y en el artículo 3.2 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, a través de la sede electrónica asociada del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Las notificaciones en todos estos casos se realizarán a través de la puesta a disposición en la Dirección Electrónica Habilitada única y, de forma complementaria, en la sede electrónica asociada del departamento.

Artículo 3. Entidades beneficiarias, actuaciones a financiar y gastos subvencionables.

1. Serán entidades beneficiarias de estas dos subvenciones la Comunidad Autónoma de las Illes Balears y la Comunidad Autónoma de Canarias, respectivamente.

2. Las actuaciones a financiar son las siguientes:

a) Actuaciones relativas a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears:

1.º Islas de Mallorca y Menorca:

i. Instalación de plantas desalinizadoras modulares para el abastecimiento en sa Coma (Sant Llorenç des Cardassar), la Colònia de Sant Pere (Artà), sa Ràpita (Campos), Santanyí y Maó.

ii. Instalación de dispensadores de agua en Petra, Bunyola, Alcúdia y Ciutadella.

iii. Reforma y ampliación de la EDAR de Consell.

2.º Isla de Ibiza:

i. Construcción de depósito y rebombeo en el ramal este de la red de suministro de agua en alta.

3.º Isla de Formentera:

i. Instalación de un segundo dispensador de agua para camiones.

b) Actuaciones relativas a la Comunidad Autónoma de Canarias:

1.º Isla de Lanzarote:

i. Renovación de redes de distribución de agua para el abastecimiento de Arrecife.

ii. Mejora de la canalización del barranco de Guacimeta.

2.º Isla de Gran Canaria:

i. Ampliación de la EDAR Puerto de Mogán, incluyendo la adecuación del tratamiento terciario.

3.º Isla de El Hierro:

i. Ejecución de depósito de agua en San Andrés.

4.º Isla de La Gomera:

i. Tramitación de lodos procedentes de EDAR y fosas sépticas mediante secado solar en el T.M. de San Sebastián de la Gomera.

5.º Isla de La Palma:

i. Evolución tecnológica del Canal General La Palma I. Entubado del Canal en el Tramo Aduares - Fuencaliente (Fases I y II).

6.º Isla de Fuerteventura:

i. Ampliación, mejora y tratamiento terciario de la EDAR de La Lajita, T.M. Pájara.

7.º Isla de Tenerife:

i. Sistema territorial de saneamiento y depuración Metropolitano I. Tratamiento terciario en la EDAR de Buenos Aires mediante electrodiálisis reversible.

3. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, tendrán consideración de gastos subvencionables los siguientes:

a) En la Comunidad Autónoma de las Illes Balears los costes derivados de la instalación de plantas desalinizadoras modulares para el abastecimiento en sa Coma (Sant Llorenç des Cardassar), la Colònia de Sant Pere (Artà), sa Ràpita (Campos), Santanyí y Maó, de la instalación de dispensadores de agua en Petra, Bunyola, Alcúdia y Ciutadella y de la reforma y ampliación de la EDAR de Consell en las islas de Mallorca y Menorca, de la construcción de un depósito y rebombeo en el ramal este de la red de suministro de agua en alta en la isla de Ibiza, así como de la instalación de un segundo dispensador de agua para camiones en la isla de Formentera.

b) En la Comunidad Autónoma de Canarias los costes derivados de la renovación de redes de distribución de agua para el abastecimiento de Arrecife y de la mejora de la canalización del barranco de Guacimeta en la isla de Lanzarote, de la ampliación de la EDAR Puerto de Mogán, incluyendo la adecuación del tratamiento terciario, en la isla de Gran Canaria, de la ejecución de depósito de agua en San Andrés en la isla de El Hierro, de la tramitación de lodos procedentes de EDAR y fosas sépticas mediante secado solar en el T.M. de San Sebastián de la Gomera en la isla de La Gomera, de la evolución tecnológica del Canal General La Palma I mediante entubado del Canal en el Tramo Aduares - Fuencaliente (Fases I y II) en la isla de La Palma, de la ampliación, mejora y tratamiento terciario de la EDAR de La Lajita, T.M. Pájara, en la isla de Fuerteventura, así como de la implantación de un tratamiento terciario en la EDAR de Buenos Aires mediante electrodiálisis reversible en el sistema territorial de saneamiento y depuración Metropolitano I en la isla de Tenerife.

4. Asimismo, se consideran también subvencionables, tanto en la Comunidad Autónoma de las Illes Balears como en la Comunidad Autónoma de Canarias, los gastos financieros (aquellos gastos derivados de la tramitación de transferencias bancarias), los gastos de asesoría jurídica o financiera, los gastos notariales y registrales y los gastos periciales para la realización del proyecto subvencionado y los de administración específicos que estén directamente relacionados con la actividad subvencionada y sean indispensables para la adecuada preparación o ejecución de la misma, así como el gasto derivado de la revisión de la cuenta justificativa por el auditor y los gastos del personal de la beneficiaria dedicado a la gestión de la subvención. El otorgamiento de la subvención no supone relación alguna entre el personal de la beneficiaria y el órgano concedente.

5. Respecto a los gastos de personal, para ser financiables, deberán aportarse partes de trabajo firmados con periodicidad mensual, respecto del personal imputado a la ejecución de la actividad financiada, indicándose, igualmente, que en los partes se describirán las horas de dedicación de la jornada laboral de dicho personal a la actividad subvencionada, así como a otras actividades que realicen, financiadas o no con ayudas.

En ningún caso tendrán el carácter de gastos subvencionables las indemnizaciones por despido.

6. De acuerdo con lo previsto en el artículo 91.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se autoriza expresamente la compensación de los costes entre las distintas actuaciones enumeradas en el artículo 3.2. Cada beneficiario podrá distribuir libremente el importe total de la subvención entre dichas actuaciones en función de las necesidades técnicas y económicas de su ejecución.

Artículo 4. Cuantía y financiación.

1. El importe de la subvención concedida a la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, 20.000.000 de euros, se abonará con cargo al presupuesto de gastos de la Dirección General del Agua previsto en la prórroga para 2026 de los Presupuestos Generales del Estado vigentes en 2025, aplicación presupuestaria 23.05.452A.755, en concepto de «A la Comunidad Autónoma de Baleares, para financiar inversiones en actuaciones relativas al ciclo integral del agua».

2. El importe de la subvención concedida a la Comunidad Autónoma de Canarias, 20.000.000 de euros, se abonará con cargo al presupuesto de gastos de la Dirección General del Agua previsto en la prórroga para 2026 de los Presupuestos Generales del Estado vigentes en 2025, aplicación presupuestaria 23.05.452A.753, en concepto de «A la Comunidad Autónoma de Canarias, para financiar inversiones en actuaciones relativas al ciclo integral del agua».

3. Estas aportaciones serán compatibles con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos procedentes de cualquier administración pública, de otros entes públicos o privados, de la Unión Europea o de organismos internacionales, que obtengan las entidades beneficiarias para la misma o similar finalidad. La cuantía global de las subvenciones, ayudas, ingresos o recursos percibidos no podrá ser superior, aislada o conjuntamente, al coste total de la actividad subvencionada, en cuyo caso las presentes subvenciones se reducirán necesariamente en ese exceso.

La entidad beneficiaria deberá comunicar al órgano concedente la obtención de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.

Artículo 5. Procedimiento de concesión directa y pago de las subvenciones.

1. La concesión de las dos subvenciones previstas se efectuará por sendas resoluciones de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, conforme a lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se abonará con carácter anticipado para la financiación de las actuaciones referidas en el artículo 3 de este real decreto, de conformidad con el artículo 34.4 de la citada ley.

El pago de las dos subvenciones se hará sin necesidad de constitución de fianza o garantía, de conformidad con lo previsto en el artículo 42.2.a) del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

2. Cada Comunidad Autónoma beneficiaria, con anterioridad al dictado de la resolución de concesión, deberá presentar, en el plazo de quince (15) días hábiles desde la publicación de este real decreto, una declaración responsable en la que se manifieste el cumplimiento de las obligaciones por reintegro de subvenciones, así como de que no está incurso en ninguna de las demás causas de prohibición para la obtención de la subvención mencionadas en el artículo 13.2, excepto la señalada en el párrafo e), de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

La presentación de dicha declaración conllevará la autorización para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de que el beneficiario está al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, a través de certificados telemáticos. No obstante, podrá denegar este consentimiento, debiendo aportar entonces tales certificados.

La resolución de concesión se dictará y notificará en el plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días desde la publicación de este real decreto.

3. Con carácter previo al pago, las entidades beneficiarias deberán aceptar la subvención y las condiciones fijadas en el plazo máximo de quince (15) días hábiles a contar desde el siguiente al de la notificación de la resolución de concesión, mediante la remisión de una comunicación expresa. En caso contrario, se entenderá que el beneficiario renuncia a la subvención concedida.

Asimismo, con carácter previo a la ordenación del pago, deberá quedar acreditado que las entidades beneficiarias se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, con la aportación, en su caso, de las certificaciones con anterioridad al libramiento, y declarar que no son deudoras por resolución de procedencia de reintegro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

No será necesario aportar nuevas certificaciones si las aportadas con carácter previo a la adopción de la resolución, no han rebasado el plazo de seis meses de validez, según prevé el artículo 88 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Artículo 6. Plazo de ejecución y modificación de la resolución de concesión.

1. La actividad financiada habrá de realizarse por las comunidades autónomas beneficiarias dentro de los cuarenta y ocho (48) meses siguientes desde la fecha de recepción de los fondos.

Se podrán subvencionar actuaciones que se encuentren en ejecución o cuya ejecución haya finalizado con anterioridad a la fecha de recepción de los fondos, siempre que se correspondan con las especificadas en el artículo 3.2 del presente real decreto y se cumpla con lo dispuesto en el artículo 4.3 relativo a la compatibilidad de subvenciones.

2. En caso de que resulte imposible la realización de la actividad financiada en el plazo indicado, el órgano concedente de la subvención podrá ampliar dicho plazo hasta un máximo de cuarenta y ocho (48) meses adicionales, siempre que los beneficiarios lo soliciten antes de que concluya el plazo para la realización de su actividad, cuando concurran circunstancias sobrevenidas y con ello no se perjudiquen derechos de terceros, de conformidad con lo establecido en el artículo 17.3.l) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 64 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. La solicitud será presentada a través de medios electrónicos ante la persona titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, entendiéndose desestimada de no concederse mediante resolución expresa en el plazo de tres (3) meses. El silencio tendrá efectos desestimatorios de acuerdo con lo previsto en el artículo 25.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Las circunstancias sobrevenidas serán todas aquellas no previstas inicialmente que puedan afectar al cumplimiento del plazo de ejecución de las actuaciones subvencionables provocando que no se puedan llevar a cabo en el plazo previsto en las respectivas resoluciones de concesión, entre otros, la falta de los terrenos necesarios o demoras en las autorizaciones requeridas para la ejecución de las actuaciones, incluidos los trámites medioambientales, así como la necesidad de tramitar modificaciones de las actuaciones previstas o la falta de suministros o materiales necesarios para la ejecución, sin que sea una enumeración exhaustiva. Cada caso deberá ser evaluado individualmente y de manera excepcional por el órgano concedente de la subvención.

Artículo 7. Régimen de ejecución y contratación.

Las comunidades autónomas beneficiarias ejecutarán las actuaciones sujetándose a lo dispuesto en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre y en las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten de aplicación. Dichas actuaciones quedan excluidas del concepto de subcontratación, de conformidad con lo previsto en el artículo 29.1, inciso segundo, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, al tratarse de gastos en que debe incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.

Artículo 8. Justificación.

1. La presentación de la justificación de estas dos subvenciones por los beneficiarios de las mismas se realizará ante la Secretaría de Estado de Medio Ambiente en un plazo máximo de seis (6) meses a contar desde la finalización del plazo de ejecución previsto en el artículo 6.1 de este real decreto.

En caso de que el plazo de cuarenta y ocho (48) meses para la realización de la actividad financiada sea ampliado, el plazo para presentar la justificación empezará a contar desde la finalización de la ampliación de plazo otorgada.

2. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 70 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el artículo 32 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, el órgano concedente de la subvención podrá otorgar una ampliación del plazo establecido para la justificación siempre que el beneficiario lo solicite antes de la expiración del plazo de presentación de la justificación, sin que pueda exceder de la mitad del plazo establecido.

3. De acuerdo con lo previsto en los artículos 69 y 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, los beneficiarios justificarán la subvención recibida a través de una cuenta justificativa acompañada de un informe de un auditor de cuentas inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependiente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, que se pronuncie sobre la adecuación de la justificación de la subvención.

La cuenta justificativa deberá contener una memoria de cumplimiento con indicación de las actividades realizadas y resultados obtenidos. Para cada actuación subvencionada conforme al artículo 3, dicha memoria incorporará los indicadores pertinentes establecidos en el anexo del presente real decreto. Asimismo, deberá adjuntarse una memoria económica abreviada de los gastos incurridos en la realización de la actividad subvencionada. Esta última contendrá los siguientes extremos:

a) Relación de gastos de la actividad subvencionada, facturas o documentos de valor probatorio y pagos realizados.

b) Una declaración que contenga la relación detallada de otros ingresos, recursos, subvenciones o ayudas que hayan financiado la actividad subvencionada con indicación del importe y su procedencia o, en su caso, la inexistencia de los mismos.

c) En su caso, la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos. Para ello, en el momento de presentar la justificación los beneficiarios deberán solicitar el modelo 069 al órgano concedente de la concesión y así cumplir con la obligación de presentar la carta de pago exigida como parte de la justificación.

4. En cuanto al alcance de los trabajos a realizar por el auditor y el contenido del informe a emitir una vez finalizada la revisión de la cuenta justificativa, estos se regirán por la Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, por la que se aprueba la norma de actuación de los auditores de cuentas en la realización de los trabajos de revisión de cuentas justificativas de subvenciones, en el ámbito del sector público estatal, previstos en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

En relación con la cuenta justificativa, de conformidad con lo establecido en la mencionada Orden EHA/1434/2007, de 17 de mayo, el auditor revisará la memoria de cumplimiento, así como la memoria económica abreviada. Respecto a esta última, el auditor comprobará los siguientes extremos:

a) Que la información económica contenida en la memoria está soportada por una relación de gastos de la actividad subvencionada, facturas o documentos de valor probatorio y pagos realizados.

b) Que los gastos e inversiones que integran la relación cumplen los requisitos para tener la consideración de gasto subvencionable, conforme a lo establecido en el artículo 3.3 del presente real decreto.

c) Que se produce la necesaria coherencia entre los gastos e inversiones justificados y la naturaleza de las actividades subvencionadas.

d) Que incluye una declaración que contenga una relación detallada de otros ingresos, recursos, subvenciones o ayudas que hayan financiado la actividad subvencionada, con indicación de su importe y procedencia o, en su caso, la inexistencia de los mismos. Sobre la base de esta información y de las condiciones impuestas al beneficiario para la percepción de la subvención objeto de revisión, el auditor analizará la concurrencia de subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, a efectos de determinar la posible incompatibilidad y, en su caso, el exceso de financiación.

e) En su caso, comprobación de la carta de pago de reintegro en el supuesto de remanentes no aplicados, así como de los intereses derivados de los mismos.

Será obligación de las entidades beneficiarias la de designar al auditor que redactará el informe regulado en este apartado.

5. La entidad beneficiaria estará sometida a las siguientes obligaciones:

a) Poner a disposición del auditor de cuentas cuantos libros, registros y documentos le sean exigibles en aplicación de lo dispuesto en el apartado f) del artículo 14.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

b) Conservar toda la documentación original, justificativa de la aplicación de los fondos recibidos, en tanto no prescriba el derecho de la Administración para exigir el reintegro.

c) Someterse a las actuaciones de comprobación a realizar por parte del órgano concedente de la subvención, así como a las de control financiero que se lleven a cabo por parte de la Intervención General de la Administración del Estado.

Artículo 9. Incumplimientos y reintegros.

1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, así como la exigencia del interés de demora correspondiente, desde el momento del pago de la subvención hasta la fecha en que se acuerde la procedencia del reintegro, o la fecha en que el deudor ingrese el reintegro si es anterior a ésta, en los términos y por las causas previstas en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

Igualmente, en el caso de otros ingresos, recursos, subvenciones o ayudas que hayan financiado la actividad subvencionada procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la actividad subvencionada, así como la exigencia del interés de demora correspondiente.

2. La justificación parcial o el incumplimiento parcial por los beneficiarios de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención dará lugar a un reintegro proporcional de la subvención otorgada.

En todo caso, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17.3.n) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se establecen los siguientes criterios para la graduación de los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo del otorgamiento de la subvención con los porcentajes a reintegrar en cada caso:

a) Obtención de la subvención falseando datos u ocultando condiciones. Porcentaje a reintegrar: cien por ciento.

b) Incumplimiento total de los fines para los que se otorgó la subvención. Porcentaje a reintegrar: cien por ciento.

c) Incumplimiento parcial de los fines para los que se otorgó la subvención. Porcentaje a reintegrar: proporcional a los fines no cumplidos.

No se considerará incumplimiento parcial de los fines la falta de ejecución de alguna de las actuaciones individuales previstas en el artículo 3.2, siempre que la suma de los gastos justificados en el resto de actuaciones alcance o supere el importe total de la subvención concedida (20.000.000 de euros por beneficiario) y se cumpla la finalidad de mejora del ciclo integral del agua.

d) Incumplimiento total de la obligación de justificación. Porcentaje a reintegrar: cien por ciento.

e) Incumplimiento parcial de la obligación de justificación de la subvención. Porcentaje a reintegrar: importe no justificado.

f) Incumplimiento de la obligación de publicidad: Porcentaje a reintegrar: cien por ciento.

Se aplicará en el caso de no atender lo dispuesto en el artículo 11.2.

Dichos criterios serán de aplicación para determinar el importe que finalmente haya de reintegrar la entidad beneficiaria y responden al principio de proporcionalidad.

3. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el capítulo II del título III del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.

4. El órgano competente para exigir el reintegro de las dos subvenciones concedidas es la persona titular de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente.

Artículo 10. Publicidad y difusión.

1. La información sobre las subvenciones concedidas se hará constar en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en los artículos 18 y 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el artículo 30 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.

2. Conforme al artículo 28.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el 31.1 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre para dar la adecuada publicidad al carácter público de la financiación de las actuaciones previstas en este real decreto, los beneficiarios deberán incluir la imagen corporativa del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico en los documentos y paneles informativos que se establezcan, así como en todo el material que, en su caso, deba ser impreso, y en cualquier otra difusión que se haga por cualquier soporte de las actividades derivadas de la subvención concedida.

En caso de concurrencia de la subvención objeto de regulación con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, los medios de difusión de la subvención concedida, así como su relevancia, deberán ser análogos a los empleados respecto a las otras fuentes de financiación.

Las obligaciones de publicidad deberán cumplirse en los términos previstos en el artículo 31 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aplicándose en especial lo indicado en su apartado 3. En caso de incumplimiento el órgano concedente requerirá al beneficiario para que, en un plazo máximo de quince días (15), adopte las medidas de difusión exigidas o, cuando ello no sea posible, las medidas alternativas que garanticen una publicidad equivalente.

Transcurrido dicho plazo sin que el requerimiento sea atendido se aplicará lo dispuesto en el artículo 9.2 f) de este real decreto.

Disposición final primera. Título competencial.

Este real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, el artículo 149.1.16.ª, que atribuye al Estado la competencia sobre bases y coordinación general de la sanidad, y el 149.1.23.ª, que establece que el Estado tiene competencia exclusiva sobre la legislación básica de protección del medio ambiente, sin perjuicio de las facultades de las comunidades autónomas de establecer normas adicionales de protección.

Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo y ejecución.

Se habilita a la persona titular del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico para adoptar, en el ámbito de sus competencias, cuantas disposiciones sean necesarias para el desarrollo y ejecución de este real decreto.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

El presente real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Dado el 11 de noviembre de 2026.

FELIPE R.

La Vicepresidenta Tercera del Gobierno
y Ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico,

SARA AAGESEN MUÑOZ

ANEXO

Indicadores de impacto por actuación

Indicador	Valor	Unidades
Ahorro anual de agua.	Uso anual absoluto de agua antes y después del proyecto.	m3/año.
Volumen anual de aguas tratadas o evitadas.	Cantidad anual absoluta de aguas residuales tratadas o evitadas antes y después del proyecto.	m3/año.
Mejora de las medidas para reducir el riesgo de efectos adversos de las inundaciones.	Número de personas que se benefician de medidas de abastecimiento que permitan mitigar las consecuencias de las inundaciones.	N.º habitantes.
Mejora de las medidas para reducir el riesgo de efectos adversos de las sequías.	Número de personas que se benefician de medidas de abastecimiento que permitan mitigar las consecuencias de las sequías.	N.º habitantes.
Volumen anual de agua reutilizada.	Cantidad anual absoluta de agua reutilizada antes y después del proyecto	m3/año.
Reducción anual de pérdidas en redes.	Cantidad anual absoluta de agua perdida en la red antes y después del proyecto.	m3/año.
Consumo anual energético específico.	Energía anual absoluta consumida por volumen de agua producido o tratado antes y después del proyecto	kWh/m3.