Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
La Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, señala que la política de cooperación para el desarrollo sostenible es aquella que define los principios, objetivos, prioridades, instrumentos y recursos que España despliega, como política pública, a través de su acción exterior para contribuir, de manera coherente y en todas sus dimensiones, a las metas globales de desarrollo sostenible establecidas por las Naciones Unidas, en la actualidad la Agenda 2030, la Agenda de Financiación del Desarrollo Sostenible, la Alianza Global para la Cooperación Eficaz al Desarrollo, el Acuerdo de París en el ámbito climático, la Unión Europea y otras instancias multilaterales y la estrategia española de desarrollo sostenible en su dimensión exterior.
De conformidad con el artículo 16 del Real Decreto 1184/2024, de 28 de noviembre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional (SECI) es el órgano superior del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación directamente responsable de la planificación y la ejecución de la acción del Gobierno en el ámbito de la política de cooperación para el desarrollo sostenible, y ejerce la dirección política de la cooperación para el desarrollo sostenible de la Administración General del Estado y organismos dependientes. Asiste a la persona titular del Departamento en la planificación, dirección, ejecución y evaluación de la política de cooperación para el desarrollo sostenible y, de acuerdo con la dirección de esta última, coordina la política de cooperación para el desarrollo sostenible y administra los recursos de cooperación para el desarrollo sostenible gestionados por el departamento. Asimismo, asegura la participación española en las organizaciones internacionales de cooperación al desarrollo, define la posición de España en la formulación de la política de cooperación para el desarrollo sostenible de la Unión Europea, y asegura la presencia institucional y la participación en los órganos de dirección de fondos y entidades de cooperación para el desarrollo sostenible de acuerdo con sus estatutos.
El artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, así como el artículo 67 de su reglamento, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, establece que podrán concederse de forma directa, y con carácter excepcional, aquellas subvenciones en que se acrediten razones de interés público, social, económico o humanitario, u otras debidamente justificadas que dificulten su convocatoria pública. De conformidad con lo previsto en el artículo 28.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las normas especiales reguladoras de las subvenciones previstas en el artículo 22.2.c) deberán ser aprobadas por real decreto, a propuesta del ministro o ministra competente y previo informe del Ministerio de Hacienda.
En este contexto, se prevé la concesión directa de ocho subvenciones a instituciones identificadas como socias singulares de la SECI, fundamentales para dar cumplimiento a las competencias que le han sido encomendadas.
La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) es la asociación que agrupa a la práctica totalidad de los municipios españoles, constituida al amparo de lo previsto en la disposición adicional quinta de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y declarada de utilidad pública por acuerdo del Consejo de Ministros de 26 de junio de 1985. Forman parte de ella ayuntamientos, diputaciones, consejos y cabildos insulares y se trata, por tanto, de una entidad ampliamente representativa, clave en el marco de la cooperación descentralizada, cuya importancia en el sistema de la Cooperación Española reconoce el artículo 37 de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, además de ser una socia estratégica de larga data de la Secretaría de Estado. Se justifica la concesión de una subvención directa dado que la FEMP es la única asociación que agrupa a la práctica totalidad de los municipios españoles, así como por la necesidad de articular y reforzar la colaboración para asegurar un adecuado reporte al Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) los datos de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) del conjunto de las entidades locales españolas. Dado su carácter representativo, su trayectoria institucional y su experiencia técnica, no existe otra entidad que reúna condiciones equivalentes para asumir estas funciones con la misma legitimidad y alcance.
La Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (CONFOCOS) es la entidad que constituye el marco de coordinación y de representación conjunta de los distintos fondos de cooperación y solidaridad municipales existentes en España, en todas las temáticas que, por su importancia, afectan a sus intereses comunes. Se trata de una referente de la cooperación municipalista y, por tanto, una actora clave de la cooperación descentralizada española. El mencionado artículo 37 de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, hace referencia expresa a los fondos municipales de cooperación y a su papel destacado en la Cooperación Española. La justificación de la concesión de una subvención directa radica en que esta confederación supone la única red y entidad representativa de los fondos de solidaridad municipal que existen en España, y su estructura organizativa, basada en la asociación de dichos fondos, le permite ofrecer una interlocución conjunta que combina legitimidad institucional, especialización técnica y una profunda implantación territorial.
La Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE) es una asociación sin ánimo de lucro formada por un total de 77 universidades españolas (50 públicas y 27 privadas). Se trata de la principal interlocutora de las universidades con el Gobierno y funciona como una red integrada de universidades entre cuyos objetivos comunes se cuentan la promoción y la puesta en común de las políticas universitarias de cooperación internacional, facilitando el intercambio de información, contactos y buenas prácticas en materia de cooperación universitaria para el desarrollo sostenible. Se trata, por lo tanto, de una interlocutora fundamental en la relación estratégica entre la Secretaría de Estado y las universidades, consagradas como actores centrales del sistema de la Cooperación Española en el artículo 41 de la Ley 1/2023, de 20 de febrero. Se justifica la concesión de una subvención directa a CRUE como única representante de las universidades españolas, y dada la necesidad de articular y reforzar la colaboración para asegurar un adecuado reporte y de poder hacer públicos de manera anual el Informe de la Cooperación Universitaria para el Desarrollo Sostenible. No existe ninguna otra entidad que pueda ejercer estas funciones con la misma legitimidad institucional, representatividad sectorial y capacidad técnica en el ámbito universitario.
La Red Española para el Desarrollo Sostenible (REDS) es una red multiactor de referencia que aglutina a más de cien organizaciones (universidades, Administraciones públicas, empresas y sociedad civil) con la misión de apoyar desde España la implementación de la Agenda 2030 y la cooperación internacional para el desarrollo social, con especial foco en la movilización de la Universidad y su conexión con otros agentes, con el objetivo de contribuir a la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible y el impulso de alianzas multinivel. Además, es el capítulo en España de la Red Global de Soluciones para el Desarrollo Sostenible (SDSN), que aglutina a más de dos mil instituciones a nivel mundial, especialmente universidades y centros académicos especializados en materia de desarrollo, coordinador por diversas redes regionales; promueve la colaboración para la investigación de excelencia en materia de desarrollo sostenible, para la elaboración de soluciones innovadoras a nivel global y para la localización de los ODS, y elabora los Informes de Desarrollo Sostenible de carácter anual. Se trata por lo tanto de una actora fundamental para dar cumplimiento al mandato de impulsar la difusión de estudios y análisis en materia de políticas de desarrollo sostenible que tiene encomendada la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible de la SECI, de acuerdo con el artículo 17.2.i) del Real Decreto 1184/2024, de 28 de noviembre. Se justifica la concesión de una subvención directa a REDS por la necesidad de dar continuidad a iniciativas ya consolidadas y profundizar en temáticas estratégicas de interés común entre la SECI y REDS. En particular, las actividades se centrarán en la creación y difusión de narrativas sobre la relevancia y objetivos de la política de cooperación para el desarrollo sostenible, y en la difusión en España de los datos sobre el desarrollo sostenible a nivel mundial de la SDSN, con el objetivo de movilizar a las universidades, grupos de reflexión y centros de investigación para el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. REDS constituye el único nodo acreditado de esta red internacional en España, lo que la convierte en una agente singular.
La Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO), sindicato fundado en 1976, y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores de España (UGT), confederación sindical constituida en 1888. Ambas forman parte del Consejo Superior de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, de acuerdo con lo previsto en el artículo 8.1 del Real Decreto 898/2025, de 8 de octubre, y son los sindicatos más representativos con los que, de acuerdo con el artículo 40 de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, «se fomentarán los partenariados y las alianzas (…) para promover sociedades abiertas, equitativas y democráticas en el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible y los derechos fundamentales en el trabajo en los países socios». Los sindicatos más representativos son, por tanto, actores clave del sistema español de cooperación internacional para el desarrollo sostenible, como expresamente se contempla en la citada Ley 1/2023, y no existe ninguna otra organización que combine el nivel de representatividad, legitimidad institucional, capacidad de movilización de alianzas internacionales y capacidad de acción en el ámbito de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible de Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadoras y Trabajadores para trasladar la voz del mundo del trabajo al ámbito internacional.
La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), fundada en 1977, que integra con carácter voluntario a dos millones de empresas y autónomos de todos los sectores de actividad, que se vinculan a través de más de 4.500 asociaciones de base. Es la principal representante de las empresas en España ante la Administración, los organismos del Estado, las organizaciones sindicales, los partidos políticos y las instituciones internacionales. El sector privado empresarial es un actor fundamental del sistema español de cooperación internacional para el desarrollo sostenible, siendo mencionado en el artículo 39 de la de Ley 1/2023, de 20 de febrero. Se justifica la concesión de una subvención directa a CEOE por su condición de organización empresarial de ámbito estatal con mayor representatividad e implantación, así como por su capacidad singular para articular la participación del tejido empresarial español en las alianzas, partenariados y actuaciones impulsadas en el marco de la Cooperación Española.
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES), constituida en 1992, es una organización empresarial de ámbito estatal representativa de la economía social en España. Como organización aglutinadora de las diversas actuaciones económicas de la economía social, integra a 34 organizaciones, que representan los intereses de cooperativas, sociedades laborales, mutualidades, empresas de inserción, centros especiales de empleo de iniciativa social, cofradías de pescadores y asociaciones del sector de la discapacidad. La economía social en España contabiliza 127.532 empresas y entidades, con una facturación en 2023 de 169.691 millones de euros –el 11,1 % del PIB–; sostiene más de 2,25 millones de empleos directos e indirectos; y es una actora fundamental del sistema español de cooperación internacional para el desarrollo sostenible, siendo mencionada en el artículo 39 de la de Ley 1/2023, de 20 de febrero. Se justifica la concesión de una subvención directa a CEPES por su condición de entidad estatal más representativa de la economía social española y por su capacidad singular para canalizar la participación de este sector en la política española de cooperación para el desarrollo sostenible, incorporando un modelo empresarial orientado a la cohesión social, el empleo inclusivo, la sostenibilidad y la participación. No existe ninguna otra entidad que concentre, con igual legitimidad, representatividad y capacidad técnica, la interlocución del conjunto de la economía social española.
De cuanto antecede se concluye que no cabe aplicar el principio de concurrencia en el otorgamiento de las subvenciones porque se financian actuaciones concretas que no pueden ser realizadas por entidades diferentes de las beneficiarias. Asimismo, de las consideraciones anteriores se desprende el interés público, institucional y social expuesto e inherente a las instituciones beneficiarias, que justifica la concesión directa de las subvenciones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 8.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, estas subvenciones forman parte del Plan Estratégico de Subvenciones 2024-2026 del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, si bien con carácter de subvenciones nominativas. Al no haber presupuesto propio del ejercicio 2026, sino prórroga para 2026 de los presupuestos generales del Estado de 2023, se tramitan como subvenciones de concesión directa mediante este real decreto. La necesidad de mantener la financiación de la SECI a las actividades de las entidades beneficiarias hace necesario acudir al mecanismo que la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, contempla en su artículo 22.2.c).
La presente norma se adecua a los principios de buena regulación contenidos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, particularmente a los de necesidad y eficacia, al estar justificada por razones de interés general, basarse en una identificación clara de los fines perseguidos y resultar el instrumento más indicado para la consecución de sus objetivos. Es proporcional porque contiene la regulación y obligaciones necesarias que exige la normativa sobre subvenciones, una vez constatado que no existen otras medidas menos restrictivas de derechos o que impongan menos obligaciones a sus destinatarios. Dota al ordenamiento de seguridad jurídica ya que es coherente y completa, con la necesaria aprobación de bases reguladoras mediante real decreto de acuerdo con la normativa de subvenciones. Por lo demás, la norma cumple con los principios de transparencia, al quedar claros sus objetivos y finalidad tanto en este preámbulo como en la memoria del análisis de impacto normativo y la memoria justificativa del carácter singular de las subvenciones, y de eficiencia, en tanto que asegura la máxima eficacia de sus postulados con los menores costes posibles inherentes a su aplicación, evitando cargas administrativas innecesarias o accesorias y racionaliza, en su aplicación, la gestión de los recursos públicos.
El presente real decreto se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 149.1.3.ª de la Constitución Española, que atribuye la competencia exclusiva al Estado en materia de relaciones internacionales.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, con la aprobación previa del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, con el informe del Ministerio de Hacienda, y previa deliberación del Consejo de Ministros en su reunión del día 10 de noviembre de 2026,
DISPONGO:
El presente real decreto tiene por objeto regular la concesión directa de subvenciones en materia de cooperación internacional al desarrollo sostenible a las entidades que se indican en el artículo 4, en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en relación con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de dicha ley, y en el artículo 67 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Estas subvenciones se regirán, además de por lo particularmente dispuesto en este real decreto, en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo en lo que afecte a los principios de publicidad y concurrencia, en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la Ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global, y por lo previsto en las demás disposiciones legales y reglamentarias que resulten de aplicación.
Las subvenciones se conceden de forma directa en aplicación de lo previsto en el artículo 22.2.c) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en relación con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 28 de dicha ley, y en el artículo 67 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, por concurrir razones de interés público, institucional y social.
Las subvenciones reguladas en este real decreto tienen carácter singular, derivado de la necesidad de mantener y complementar las actividades de cooperación que realizan en los ámbitos regional, educativo y social las entidades beneficiarias previstas en el artículo 4, al financiarse actuaciones concretas que no pueden ser realizadas por entidades diferentes de las beneficiarias. Esas circunstancias justifican la concesión directa dado que no resulta posible una convocatoria en pública concurrencia.
1. Las entidades beneficiarias de estas subvenciones serán las siguientes:
a) Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
b) Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (CONFOCOS).
c) Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE).
d) Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT).
e) Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO).
f) Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS).
g) Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE).
h) Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES).
2. La ejecución, en todo o en parte, podrá llevarse a cabo por un socio local o por una contraparte extranjera, que deberá figurar adecuadamente identificada en la propuesta del proyecto o actuación y en la resolución de concesión.
3. La ejecución total o parcial de la subvención por parte de un socio local o de una contraparte extranjera no será considerada como subcontratación del artículo 14 de este real decreto, a los efectos del artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
4. El socio local o la contraparte extranjera no tendrá la consideración de entidad beneficiaria a los efectos de exigencia de responsabilidades derivadas de la concesión de las subvenciones previstas en este real decreto. A todos los efectos, la ejecución de la intervención por un socio local o una contraparte extranjera se considera como ejecución por sí misma de la entidad beneficiaria, siendo esta la única responsable ante el órgano concedente de su ejecución y correcta justificación.
Las actividades a financiar tendrán las siguientes finalidades:
a) Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP): la finalidad de la subvención será la recogida y tratamiento de datos de ayuda oficial al desarrollo (AOD) y ayuda oficial total al desarrollo sostenible (TOSSD) proveniente de entidades locales, como aporte indispensable para la estadística oficial que la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional tiene encomendado remitir al CAD de la OCDE con carácter anual, y el refuerzo de las capacidades de la FEMP en materia de cooperación internacional. Su papel vertebrador en la recogida de datos de AOD local y su capacidad para movilizar a los gobiernos locales en torno a la Agenda 2030 hacen que la concesión directa resulte plenamente justificada, en consonancia con lo recogido en el artículo 37 de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, sobre el papel de los entes locales en la política de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global española.
b) Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad (Confocos): la finalidad de la subvención será contribuir al refuerzo del reconocimiento, la visibilidad y la participación activa de los gobiernos municipales y los fondos de solidaridad municipalistas como agentes de cooperación internacional, mediante el apoyo a la organización de un encuentro estatal sobre cooperación al desarrollo sostenible de gobiernos locales y la puesta en marcha de una campaña de comunicación dirigida a impulsar a nivel local el conocimiento de la ciudadanía de la política de cooperación internacional para el desarrollo sostenible y la implicación de los municipios en la misma, en consonancia con lo recogido en el artículo 37 de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, sobre el papel de los entes locales en la política de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global.
c) Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas (CRUE): la finalidad de la subvención será la elaboración del informe sobre la cooperación universitaria para el desarrollo sostenible en España en el año 2025, la elaboración de la encuesta de la AOD universitaria de cara al reporte anual del conjunto de la AOD española, y el mantenimiento de las herramientas de comunicación del Observatorio de la Cooperación Universitaria al Desarrollo (OCUD). Estas actividades requieren un conocimiento exhaustivo del sistema universitario y una capacidad de coordinación institucional que solo puede ejercer CRUE, como entidad que agrupa a las universidades españolas, en consonancia con lo recogido en el artículo 41 de la Ley 1/2023, de 20 de febrero, sobre el papel de las universidades en la política de cooperación para el desarrollo sostenible y la solidaridad global.
d) Unión General de Trabajadoras y Trabajadores (UGT): la finalidad de la subvención será avanzar en el fortalecimiento del sindicalismo como garante del trabajo decente, los derechos humanos y la democracia a través de la cooperación internacional para el desarrollo sostenible. Para ello, se apoyará la celebración de dos seminarios sobre sindicalismo, derechos humanos y trabajo decente centrados en África, uno en España y otro en el continente africano, y se apoyará una línea de trabajo para contribuir al fortalecimiento de la libertad sindical y la negociación colectiva en Ecuador.
e) Confederación Sindical de Comisiones Obreras (CCOO): la finalidad de la subvención será el apoyo a la celebración de un seminario sobre el papel del sindicalismo en la cooperación internacional para el desarrollo sostenible cooperación sindical y su relación con los acuerdos comerciales, las cadenas globales de valor y el trabajo decente, y otro sobre paz, democracia, Agenda 2030 y sindicalismo.
f) Red Española de Desarrollo Sostenible (REDS): la finalidad de la subvención será seguir apoyando el trabajo en materia de generación y diseminación de datos de cooperación internacional y el desarrollo sostenible a partir de la evidencia, en materia de comunicación y en la elaboración de nuevas narrativas sobre la cooperación para el desarrollo sostenible mediante un itinerario centrado en un enfoque territorial que implique, en diferentes municipios, a diversos sectores de población y colectivos profesionales amplios, con talleres y encuentros tanto presenciales como en línea.
g) Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE): la finalidad de la subvención será apoyar la organización en España de una jornada sobre movilización de financiación e inversiones con impacto en desarrollo sostenible, en línea con los resultados de la Cuarta Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo que se celebró en Sevilla en 2025 y alineada con la presidencia española del Grupo de Gobiernos del Pacto Mundial de Naciones Unidas en 2026.
h) Confederación Empresarial Española de la Economía Social (CEPES): la finalidad de la subvención será apoyar las tareas de actualización de la base de datos de proyectos en clave de canalización de ayuda oficial al desarrollo (AOD), la identificación y sistematización de experiencias de la economía social española en clave de apoyo oficial total al desarrollo sostenible (TOSSD), y la realización de un análisis sistemático de la contribución de la economía social a la igualdad de género y a la implementación de la Estrategia de Cooperación Feminista de la Cooperación Española, identificando su impacto en las distintas líneas estratégicas y áreas de trabajo de dicha estrategia, así como recomendaciones acerca de los ámbitos en los que profundizar y reforzar su participación.
1. El plazo de ejecución de las actividades objeto de las subvenciones será, para cada una de las entidades, el siguiente:
a) FEMP: de 1 de febrero de 2026 a 31 de enero de 2027.
b) CONFOCOS: de 1 de octubre de 2026 a 30 de septiembre de 2027.
c) CRUE: de 1 de junio de 2026 a 31 de mayo de 2027.
d) UGT: de 1 de mayo 2026 a 31 de diciembre de 2026.
e) CCOO: de 1 de septiembre 2026 a 31 de marzo de 2027.
f) REDS: de 1 de febrero de 2026 a 31 de enero de 2027.
g) CEOE: de 1 de abril de 2026 a 31 de diciembre de 2026.
h) CEPES: de 1 de abril de 2026 a 31 de diciembre de 2026.
2. Las ampliaciones del plazo de ejecución previsto en el apartado anterior requerirán de autorización previa del órgano concedente en los términos establecidos en el artículo 16 de este real decreto.
El importe de las subvenciones, con cargo al ejercicio presupuestario de 2026, será el siguiente:
a) Federación Española de Municipios y Provincias: 130.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 12.03.20.143A.481.08.
b) Confederación de Fondos de Cooperación y Solidaridad: 100.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 12.03.20.143A.481.07.
c) Conferencia de Rectores y Rectoras de las Universidades Españolas: 30.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 12.03.20.143A.481.12.
d) Unión General de Trabajadoras y Trabajadores: 30.000 euros, con cargo a la aplicación presupuestaria 12.03.20.143A.481.18.
e) Confederación Sindical de Comisiones Obreras: 30.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 12.03.20.143A.481.19.
f) Red Española para el Desarrollo Sostenible: 30.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 12.03.20.143A.481.05.
g) Confederación Española de Organizaciones Empresariales: 21.400 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 12.03.20.143A.481.20.
h) Confederación Empresarial Española de la Economía Social: 20.000 euros con cargo a la aplicación presupuestaria 12.03.20.143A.481.21.
1. El procedimiento de concesión directa de cada subvención se inicia de oficio a partir de la entrada en vigor del presente real decreto.
Cada entidad beneficiaria presentará una solicitud (véase anexo I), dirigida a la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible, en el plazo máximo de diez días desde la entrada en vigor de este real decreto en el Registro Electrónico General de la Administración General del Estado accesible a través del Punto de Acceso General electrónico (PAGe). Junto con la solicitud, se aportará la siguiente documentación:
a) Memoria descriptiva de las actuaciones a las que se propone destinar la subvención con la identificación, en su caso, del socio local o contraparte extranjera que participe en su ejecución. En este último caso, se aportará el convenio de colaboración existente con el socio local o contraparte extranjera.
b) Memoria económica con el presupuesto previsto para las actividades propuestas para la subvención, desagregado en, al menos, gastos directos vinculados a la ejecución de la actividad (gastos del personal cuyas funciones y tareas estén directamente relacionadas con las actividades, gastos de los servicios técnicos y profesionales necesarios para la realización de las mismas, gastos en materiales y equipos, gastos en viajes) y gastos indirectos (gastos de gestión y administración específicos para el desarrollo de las actividades subvencionadas, así como los costes generales de estructura y funcionamiento necesarios e indispensables para la adecuada ejecución de la misma, imputándose los incurridos dentro del período de ejecución de las actividades hasta un importe máximo del 12 % del total de la subvención concedida).
c) Declaración responsable de que la entidad no está incursa en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13.2, letras a), b), c), d), f), h), i) y j) y 3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, ni es deudora de obligaciones por reintegro de subvenciones (véase anexo II).
d) Copia de los estatutos de la entidad solicitante. Las entidades beneficiarias que ya remitieran los estatutos en el marco del Real Decreto 1121/2025, de 10 de diciembre, por el que se regula la concesión directa de subvenciones para cooperación internacional al desarrollo sostenible por la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, podrán sustituir su presentación por una declaración responsable de la representación de la entidad indicando que no ha habido modificaciones que hayan motivado la expedición de documentación diferente a la ya presentada.
e) Copia de los poderes de representación de la persona que haga la presentación de la solicitud, salvo que sea posible su acreditación a través del Registro Electrónico de Apoderamientos.
f) Comunicación de los datos de la cuenta bancaria en la que se realizaría el ingreso de la subvención.
La presentación de la solicitud de subvención conllevará la autorización de la entidad solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en cuyo caso la entidad solicitante no deberá aportar la correspondiente certificación. No obstante, la solicitante podrá denegar este consentimiento, debiendo aportar entonces los certificados correspondientes.
La falta de presentación de la solicitud en el plazo establecido determinará la pérdida del derecho al cobro de la subvención.
Si las solicitudes no estuvieran debidamente cumplimentadas, no reunieran los requisitos exigidos o no se acompañaran de los documentos preceptivos, el órgano instructor requerirá a la persona solicitante para que en el plazo de diez días, subsanase la falta o acompañase los documentos, indicándole que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistida de su solicitud, previa resolución que deberá ser dictada en los términos previstos en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
2. El órgano instructor del procedimiento será la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible, correspondiéndole comprobar los datos en virtud de los cuales deban formular la propuesta de resolución.
3. La propuesta de resolución provisional será notificada a la entidad interesada, que dispondrá de un plazo de diez días hábiles para formular alegaciones, en su caso.
Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y pruebas que las aducidas por la entidad interesada. En este caso, la propuesta de resolución formulada tendrá el carácter de definitiva.
La propuesta de resolución definitiva se notificará a la entidad interesada, para que en el plazo de diez días comunique su aceptación.
4. En la resolución de concesión de la subvención se hará constar, al menos:
a) Identificación completa del beneficiario y, en su caso, del socio local o contraparte extranjera.
b) Finalidad de la subvención.
c) Cuantía y forma de entrega.
5. La competencia para la concesión de estas subvenciones corresponde a la persona titular de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución será de dos meses desde la entrada en vigor de este real decreto.
El vencimiento del plazo máximo sin haberse notificado la resolución legitima a la entidad interesada para entender desestimada por silencio administrativo su solicitud de subvención.
La resolución pondrá fin a la vía administrativa, pudiendo ser recurrida en reposición en el plazo de un mes ante el órgano concedente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o directamente en vía contencioso-administrativa, mediante la interposición de un recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.
6. Las subvenciones serán objeto de publicidad en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. El abono de las subvenciones se realizará de manera anticipada en un único pago mediante transferencia bancaria a la cuenta de titularidad de la entidad beneficiaria que se indique en la solicitud de la subvención.
2. Con carácter previo al cobro de la subvención, la entidad beneficiaria deberá hallarse al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social y declarar que no es deudora por resolución de procedencia de reintegro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. En caso de que se hubiesen aportado certificaciones para acreditar el cumplimiento de las obligaciones indicadas, no será necesario aportar nuevas certificaciones si las aportadas con carácter previo a la adopción de la resolución, no han rebasado el plazo de seis meses de validez de acuerdo con lo previsto en el artículo 88 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. Las entidades beneficiarias quedan exoneradas de la constitución de garantías.
1. Las subvenciones reguladas en este real decreto serán compatibles con la obtención concurrente de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la misma finalidad, procedentes de cualesquiera Administraciones o entes públicos o privados, nacionales, de la Unión Europea o de organismos internacionales, siempre que, entre todos ellos, no se supere el coste de las actividades subvencionadas.
2. De acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1.d) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, las entidades beneficiarias deberán comunicar a la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible la obtención de los recursos citados. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca y, en todo caso, con anterioridad a la justificación de los fondos percibidos.
3. En el caso de que se compruebe que el importe de la subvención, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos supere el coste total de las actividades subvencionadas, se reducirá necesariamente en ese exceso, exigiéndose, en su caso, el oportuno reintegro.
1. Con carácter general, las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones que se recogen en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. De modo específico deberán dar cumplimiento a las obligaciones previstas en este real decreto.
3. La resolución de concesión concretará dichas obligaciones y en particular detallará, cuando sea necesario, el modo en que se les dará cumplimiento.
4. Las entidades beneficiarias deberán conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, en tanto no haya prescrito el derecho de la Administración a exigir el reintegro.
1. En aplicación del artículo 18.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las entidades beneficiarias destacarán la contribución de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional mediante la utilización del logotipo del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación y el de la Cooperación Española en todos los documentos, materiales y actividades relacionadas con el proyecto, cualquiera que sea su soporte (placas, letreros, carteles, publicaciones, material de difusión, publicidad, audiovisual, redes sociales, etc.). No obstante, el órgano concedente podrá autorizar la adecuación de las actuaciones de publicidad de la intervención subvencionada cuando existan circunstancias de seguridad o de otra índole, debidamente justificadas, que aconsejen reducir la visibilidad de la actuación.
Excepto en el supuesto señalado en el párrafo anterior, toda actividad subvencionada con estas ayudas deberá incorporar el siguiente texto: «Actividad organizada por [nombre de la entidad] en el marco de una subvención de cooperación internacional para el desarrollo sostenible concedida por el Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación».
2. El logotipo, así como las leyendas relativas a la financiación pública, únicamente podrá aparecer en los documentos, materiales y productos que se utilicen o editen para la ejecución de las actividades objeto del proyecto subvencionado. El coste de estas actuaciones de difusión y visibilidad es imputable al proyecto de acuerdo con el gasto efectivo realizado.
3. Para la comprobación del cumplimiento de esta obligación y de la correcta utilización del logotipo, se incluirá, en la memoria técnica de justificación del proyecto, una relación de actividades, materiales y productos, acompañada del correspondiente soporte fotográfico o de otro tipo, que acredite la adecuada visibilidad del origen de la financiación.
4. Los logotipos oficiales y las indicaciones sobre su uso podrán solicitarse en la dirección de correo electrónico subvenciones.dgpoldes@maec.es. Asimismo, la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional podrá realizar las comprobaciones necesarias relativas a la adecuación de la utilización del logo en materiales, productos, etc. En caso de detectar la falta de adecuación a las obligaciones de publicidad, se requerirá al beneficiario para que adopte las medidas alternativas correspondientes, de conformidad con el artículo 31.3 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Si el beneficiario no atendiera el requerimiento, procederá el reintegro de acuerdo con el artículo 37.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
1. Se considerarán gastos subvencionables aquellos que de manera indubitada respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada, resulten estrictamente necesarios y se contraigan en el plazo de realización de la actividad subvencionable. Estos gastos deberán aprobarse en la resolución de concesión, previa presentación del presupuesto de gastos, y su pago deberá haberse realizado antes de la finalización del plazo de justificación.
2. Para la consideración del carácter subvencionable de los gastos, se tendrán en cuenta los siguientes condicionantes:
a) Costes de personal propio: en esta partida se incluirán los gastos derivados del pago de las retribuciones (incluyendo salarios y Seguridad Social) al personal propio de la entidad beneficiaria vinculado al programa.
Las retribuciones del personal adscrito al cumplimiento del programa subvencionado únicamente podrán ser objeto de subvención hasta el importe de las retribuciones fijadas para los correspondientes grupos profesionales en el convenio colectivo único vigente para el personal de la Administración General del Estado. Para la justificación de estos gastos se deberá aportar por parte de la entidad beneficiaria, partes de trabajo firmados con periodicidad mensual respecto del personal propio imputado a la ejecución de la actividad financiada, así como las horas de dedicación de la jornada laboral de dicho personal a la actividad subvencionada y a otras actividades que realicen, financiadas o no con ayudas.
No podrán incluirse en este concepto los gastos originados por los miembros de Juntas Directivas o Consejos de Dirección de las entidades, derivados del desarrollo de esa función.
b) Servicios y trabajos técnicos y profesionales para la realización de la actividad: en esta partida se incluirán los gastos de subcontratación de las actividades subvencionadas, así como la contratación de aquellos otros gastos en que tenga que incurrir la propia entidad beneficiaria para la realización por sí misma de la actividad subvencionada.
Las colaboraciones esporádicas prestadas por profesionales, tales como conferencias o charlas, se entenderán como una participación puntual en la realización de alguna de las actividades del programa. Para las colaboraciones esporádicas no será necesario firmar un contrato, bastará la factura o minuta justificativa de la actividad.
c) Los gastos en materiales, arrendamientos y equipos directamente vinculados a la realización de la actividad, que incluyen la adquisición de material y equipos afectos a la actividad subvencionada y estrictamente necesarios para llevarla a cabo, así como el arrendamiento de locales, distintos de la propia sede, para la realización de las actividades.
Se excluye el equipamiento y la adquisición de materiales para sedes administrativas. No podrán subvencionarse los gastos de amortización de bienes inventariables, por los períodos en que hayan sido puestos a disposición de la actividad.
d) Los gastos en viajes, alojamientos y dietas del personal propio de la entidad organizadora o de los participantes en las actividades realizadas por la entidad beneficiaria directamente vinculados a la realización de la actividad. Estos gastos deberán ajustarse a los previstos para el personal de las Administraciones Públicas (Grupo 1) en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio. No obstante, la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional podrá, con carácter previo, autorizar un importe superior al límite fijado para estos gastos en el citado real decreto, cuando concurran algunas de las siguientes circunstancias recogidas en la Resolución de la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones de 28 de enero de 2010 (1/10-F): por no ser posible encontrar, en el lugar de celebración de la reunión, un hotel cuyas tarifas se ajusten a la cuantía de la dieta por alojamiento, bien por no existir hoteles adecuados, bien porque, aun existiendo, estos hoteles no dispongan de plazas libres en la fecha de celebración de la reunión; por tener que alojarse en determinados hoteles por razones de seguridad; o por razones justificadas de cercanía al lugar de la reunión.
e) Gastos indirectos: los gastos indirectos subvencionables no podrán superar en su conjunto, el límite máximo del 12 % del total de la subvención, sin que sea precisa su justificación documental.
Estos gastos se acreditarán mediante declaración responsable firmada por quien ostente la representación legal de la entidad, en la que se describirán los tipos de gastos incluidos y el método de prorrateo empleado.
f) En el caso de presentación de la justificación con informe de auditoría, serán subvencionables los gastos derivados de esta que se hayan realizado con posterioridad a la finalización del plazo de ejecución, siempre que por su naturaleza no hayan podido realizarse dentro del citado plazo y siempre que se realicen dentro del plazo de justificación.
3. No serán subvencionables los siguientes gastos:
a) Realización de todo tipo de obras en inmuebles.
b) Gastos realizados en equipamiento entendiendo por tal maquinaria, mobiliario, equipos informáticos, elementos de transporte y en general cualesquiera otros de naturaleza inventariable que incrementen el patrimonio de la entidad beneficiaria y la adquisición de materiales para sedes administrativas.
c) Gastos de amortización.
d) Gastos en impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación.
e) Honorarios profesionales de profesores/as, conferenciantes y ponentes, cuando sean miembros directivos de la entidad beneficiaria de la subvención.
4. De acuerdo con el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías establecidas para el contrato menor en la normativa reguladora de la contratación pública vigente, la entidad beneficiaria deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, o salvo que el gasto se hubiere realizado con anterioridad a la subvención. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en la justificación, o, en su caso, en la solicitud de subvención, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica más ventajosa.
1. Las entidades beneficiarias podrán subcontratar la realización de las actividades subvencionadas hasta un máximo del 50 % del importe de la actividad subvencionada, sumando los precios de todos los subcontratos. De conformidad con el artículo 29.1 de la Ley 38/2003, de 17 noviembre, no se considerará subcontratación la contratación de aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada.
2. En ningún caso podrán subcontratarse actividades que, aumentando el coste de la actividad objeto de la ayuda, no aporten valor añadido al contenido de la misma.
3. La entidad beneficiaria asumirá, en todo caso, la responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada frente a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, debiendo asegurar, tanto aquella como la subcontratista, el desarrollo satisfactorio de las funciones de los organismos de seguimiento y control.
4. En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con:
a) Personas o entidades incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.
c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje de coste total de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del trabajo realizado o los servicios prestados.
d) Personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que concurran las siguientes circunstancias:
1.ª Que se obtenga la previa autorización expresa del órgano concedente.
2.ª Que el importe subvencionable no exceda del coste incurrido por la entidad vinculada. La acreditación del coste se realizará en la justificación en los mismos términos establecidos para la acreditación de los gastos del beneficiario.
En este caso, la entidad beneficiaria deberá remitir al órgano concedente, a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado, una solicitud de autorización previa a la formalización del contrato. La resolución de la solicitud de autorización se dictará por la persona titular de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional en el plazo de treinta días desde la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá estimada la solicitud.
e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria y programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración suficiente.
1. Con el fin de acreditar la realización de las actividades, el cumplimiento de las condiciones y la consecución de los objetivos establecidos, las entidades beneficiarias deberán presentar ante la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional, en los tres meses siguientes a la fecha de finalización del plazo de ejecución, la cuenta justificativa, que contendrá como mínimo:
a) Una memoria de actuación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas en la concesión de la subvención, con indicación de las actividades realizadas y de los resultados obtenidos.
b) Un estado representativo de los gastos incurridos en la realización de las actividades subvencionadas, debidamente agrupados, con identificación del acreedor y del documento, su importe, fecha de emisión y, en su caso, fecha de pago. En caso de que la subvención se otorgue con arreglo a un presupuesto estimado, se indicarán las desviaciones acaecidas.
La forma de presentación de la cuenta justificativa del gasto será la cuenta justificativa simplificada o con informe de auditoría, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 75 y 74, respectivamente, del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
2. En la cuenta justificativa simplificada, se procederá a seleccionar por esta Secretaría de Estado, de manera aleatoria, dos gastos de cada una de las partidas de gasto aprobadas y reflejadas en el estado representativo al que hace mención el apartado 1.b) anterior, y se requerirá a la entidad beneficiaria para la remisión de los justificantes de gasto seleccionados, con el fin de obtener evidencia razonable sobre la adecuada aplicación de la subvención. A efectos de la exigencia del reintegro que pudiera proceder, y sin perjuicio de lo establecido en el artículo 10, el error detectado por partida de gasto se extrapolará al total subvencionado para la partida de gasto correspondiente.
3. En la cuenta justificativa con aportación de informe de auditoría no será necesaria la posterior presentación de facturas y recibos, salvo que sean requeridas en el ejercicio de actuaciones de comprobación y control de los órganos competentes. La persona encargada de la auditoría realizará el informe sobre la cuenta justificativa de acuerdo con las siguientes particularidades:
a) Para el estudio y revisión de la documentación justificativa, estas personas podrán utilizar técnicas de muestreo de acuerdo con las prácticas habituales generalmente aceptadas en la auditoría de cuentas.
b) En el caso de que la actividad subvencionada haya sido ejecutada en todo o en parte por un socio local o contraparte extranjera, no será exigible que los documentos justificativos del gasto de la subvención hayan sido reflejados en los registros contables de la entidad beneficiaria, en cuyo caso el alcance de la revisión de la auditoría se extenderá a las cuentas del socio local o contraparte extranjera.
Cuando se requiera por el órgano gestor a la entidad beneficiaria para que presente documentación y esta se encontrara depositada en las oficinas de su socio local o contraparte extranjera, se le deberá otorgar un plazo de tiempo suficiente para recabarla, plazo que será establecido de oficio o a instancia del interesado por el órgano concedente. Las actuaciones de comprobación en ningún caso podrán implicar dobles auditorías.
4. La entidad beneficiaria deberá conservar la documentación justificativa de la subvención, en tanto no prescriba el derecho de la Administración a exigir el reintegro, obligación que se extiende al socio local o contraparte extranjera, en su caso.
La resolución de concesión establecerá la modalidad de justificación correspondiente en cada caso, en función de la cuantía de la subvención, y concretará el resto de documentación que deberá aportarse.
5. En caso de haberlos, los costes indirectos no precisarán de justificación, sin perjuicio de la posibilidad de su comprobación por el órgano instructor y de la presentación de la declaración responsable a que se refiere el artículo 13 de este real decreto.
1. Podrá modificarse la resolución de concesión a instancia de la entidad beneficiaria, como consecuencia de la alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión y, particularmente, si nuevas circunstancias afectan a la viabilidad de la ejecución de los gastos a financiar referidos en el artículo 13.
La modificación no podrá implicar la modificación de las cuantías ni de las actividades a financiar que establece este real decreto.
2. Será necesaria la autorización de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional cuando se trate de modificaciones sustanciales, que son aquellas que pueden afectar a los objetivos, resultados, población meta, ubicación territorial, socio local o contraparte extranjera. También se considerará modificación sustancial cualquier cambio en la cuantía establecida para la financiación de gastos de funcionamiento o estructura, no pudiendo en ningún caso superar el 10 % de incremento.
Asimismo, la ampliación del plazo de ejecución de las actividades subvencionadas requerirá de autorización previa.
Las variaciones cuantitativas, consistentes, entre otras, en una disminución o aumento del importe de las diferentes partidas de gastos, compensándose unas con otras y sin superarse en ningún caso la cantidad total concedida, del número de personas atendidas o de otras circunstancias previstas en la propuesta inicial, cuando no supongan una alteración de los resultados y objetivos previstos, se podrán realizar sin necesidad de modificar la resolución de concesión de la subvención, debiendo únicamente ser recogidas en los informes correspondientes, con la finalidad de que se pueda valorar el grado de cumplimiento de los resultados inicialmente previstos.
3. El procedimiento de autorización de las modificaciones a instancia de la entidad beneficiaria será el siguiente:
a) La entidad beneficiaria solicitará a la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible, a través del Registro Electrónico General de la Administración General del Estado accesible a través del Punto de Acceso General electrónico (PAGe), la modificación de la resolución aportando documentación que acredite suficientemente la concurrencia de las causas de modificación señaladas en los apartados 1 y 2 del presente artículo.
b) La solicitud se formulará con carácter inmediato a la aparición de las circunstancias que la justifiquen y, en todo caso, con anterioridad mínima de treinta días a la finalización del plazo de ejecución de la actividad.
Por la persona titular de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional se dictará y notificará la resolución concediendo o denegando la modificación en el plazo de treinta días desde la fecha de presentación de la solicitud. Transcurrido el plazo máximo establecido sin que se haya dictado y notificado resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud.
La modificación de la subvención no podrá suponer en ningún caso la asunción de compromisos financieros superiores a los inicialmente alcanzados en la resolución inicial y no podrá ser objeto de modificación una resolución cuyo plazo de ejecución haya vencido.
1. Procederá el reintegro de las cantidades percibidas cuando se produzca alguna de las causas previstas en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los demás supuestos previstos en dicha norma, así como cuando no se cumplan las condiciones establecidas en este real decreto y en la resolución de concesión. Cuando el cumplimiento por la entidad beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por esta una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada por la aplicación de los criterios señalados en el siguiente apartado de conformidad con lo dispuesto en el párrafo n) del apartado 3 del artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. Asimismo, deberá estarse a lo previsto en la Ley 1/2023, de 20 de febrero.
2. En el supuesto de cumplimiento parcial, la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad, siempre que el citado cumplimiento parcial se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite por las entidades beneficiarias una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos. Los criterios de graduación del incumplimiento serán los siguientes:
a) Incumplimiento total y manifiesto de los fines para los que se otorgó la subvención, cuando se haya producido como consecuencia del incumplimiento de las obligaciones impuestas a las entidades beneficiarias y compromisos asumidos por estas, derivando de ello la imposibilidad de verificar el empleo dado a los fondos: 100 % de la subvención.
b) Incumplimiento total de la obligación de justificación: 100 % de la subvención.
c) Obtención de la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello: 100 % de la subvención.
d) Alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención sin la preceptiva autorización del órgano concedente: hasta el 100 % de los gastos en que se haya incurrido a causa de la modificación, salvo cuando la beneficiaria de la subvención ponga de manifiesto en la justificación que se han producido alteraciones de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la misma, que no alteren esencialmente la naturaleza u objetivos de la subvención y haya omitido el trámite de autorización administrativa previa para su aprobación y el órgano concedente actúe según lo dispuesto en el artículo 86 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, conforme a lo establecido en el artículo 17.3.l) de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
e) Incumplimiento de las condiciones impuestas con motivo de la concesión de la subvención: la fijación de la cantidad que deba ser reintegrada por la beneficiaria se determinará en aplicación del principio de proporcionalidad. Entre estos incumplimientos serán objeto de reintegro, por los porcentajes que se indican, los siguientes:
1.º Incumplimiento del plazo de ejecución de la actividad sin haberse autorizado la correspondiente ampliación: 100 % de los gastos ejecutados fuera de plazo.
2.º Justificación insuficiente o deficiente: hasta el 10 % de la subvención, proporcionalmente a la documentación obligatoria no presentada o deficiente, salvo cuando se trate de justificantes de gasto cuyos defectos afecten a la acreditación de su realización, en cuyo caso se reintegrará el 100 % de su importe.
3.º Incumplimiento de la obligación de adoptar las medidas de difusión de la subvención o ayuda: hasta el 10 % del importe de la subvención.
4.º La no aportación de las tres ofertas en los casos previstos en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, significará el reintegro parcial de la ayuda en un importe igual al coste del bien o servicio adquirido sin que conste la existencia de las mencionadas ofertas.
5.º El incumplimiento de los objetivos parciales o actividades concretas, determinado a través de los mecanismos de seguimiento, comprobación y control, conllevará la devolución de aquella parte de la ayuda destinada a las mismas.
3. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en los artículos 41 a 43 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en los artículos 94 a 101 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
4. La persona titular de la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional será el órgano competente para exigir el reintegro de la subvención concedida de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
5. No será de aplicación la exigencia del interés de demora para reintegros, devoluciones y remanentes no aplicados, de acuerdo a lo establecido en la disposición adicional tercera de la ley 1/2023, de 20 de febrero, de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global. Si la entidad beneficiaria desease realizar una devolución voluntaria deberá comunicar su intención al órgano concedente, indicando la cantidad exacta que desea reintegrar y las partidas afectadas del presupuesto de gastos aceptado para su concesión.
Las posibles infracciones que pudiesen ser cometidas por las entidades beneficiarias se graduarán y sancionarán de acuerdo con lo establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre y en el título IV del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. Asimismo, quedarán sometidas a lo dispuesto en el título IV de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y en el capítulo III del título preliminar de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
Las entidades beneficiarias estarán obligadas a someterse a las actuaciones de comprobación y seguimiento que efectúen la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional y la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible, las de control financiero que correspondan a la Intervención General de la Administración del Estado y las previstas en la legislación del Tribunal de Cuentas, al que facilitarán cuanta información les sea requerida al efecto.
Este real decreto se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales, reconocida en el artículo 149.1.3.ª de la Constitución Española.
La persona titular del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación dictará cuantas disposiciones sean precisas para el desarrollo y ejecución de este real decreto.
Este real decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Dado el 11 de noviembre de 2026.
FELIPE R.
El Ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación,
JOSÉ MANUEL ALBARES BUENO
DATOS DEL SOLICITANTE:
Don/Doña ..............................................................., con DNI: ..........................., en nombre y representación de la entidad ............................................ NIF: ...........................
SOLICITA:
Le sea otorgada una subvención de conformidad con el Real Decreto 976/2026, de 11 de noviembre, por importe de ................. euros (................. €), para la realización del proyecto titulado ........................................................................................., cuyas características se detallan en la memoria que se une a esta solicitud.
Asimismo, DECLARA que (marcar la opción que corresponda) SI/NO cuenta con otras ayudas o subvenciones para la realización de la actividad para la que solicita esta subvención.
En caso de contar con otras ayudas, concedidas o pendientes de confirmación, indicar procedencia y cuantía.
| Procedencia | Cuantía | Estado | |
|---|---|---|---|
| Concedida | Pendiente | ||
SE ACOMPAÑAN:
1. Estatutos.
2. Copia de los poderes de representación de la persona que haga la presentación de la solicitud.
3. Declaración expresa responsable de no hallarse la entidad en ninguno de los supuestos recogidos en los apartados 2, letras a), b), c), d), f), h), i) y j), y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, en los términos establecidos en el apartado 7 de este mismo artículo.
4. Memoria descriptiva del proyecto y memoria económica (incluido el presupuesto previsto con el desglose de gastos de acuerdo a lo señalado en el artículo 13 de las bases reguladoras).
La presente solicitud de subvención conlleva la autorización para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación de estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social de acuerdo con lo establecido en el artículo 22.4 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. No obstante, en caso de que la entidad solicitante deniegue el consentimiento debe aportar con la solicitud los certificados correspondientes. Para ello la entidad solicitante deberá marcar expresamente la casilla habilitada al efecto: «NO AUTORIZA a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional para que obtenga de forma directa la acreditación de que la entidad solicitante se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, a través de certificados telemáticos, con anterioridad a que se dicte la propuesta de resolución de concesión de esta subvención y previamente a su pago».
Por la presente SI/NO AUTORIZA (MARCAR LA OPCIÓN QUE CORRESPONDA) a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional para que obtenga de forma directa la acreditación de que la entidad solicitante se halla al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, a través de certificados telemáticos, con anterioridad a que se dicte la propuesta de resolución de concesión de esta subvención y previamente a su pago.
En caso de denegación del consentimiento, se compromete a aportar las correspondientes certificaciones.
El importe otorgado se ingresará en la siguiente cuenta (con la que figura en el Fichero Central de Terceros de la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa).
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Entidad bancaria: ..........................................................................................................................
Titular: ...........................................................................................................................................
IBAN: ............................................................................................................................................
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En ............................, a ........ de ............................ de 2026
Fdo.: .................................
SR. DIRECTOR GENERAL DE POLÍTICAS DE DESARROLLO SOSTENIBLE. SECRETARÍA DE ESTADO DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL DEL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES, UNIÓN EUROPEA Y COOPERACIÓN.
Don/Doña ..............................................................., con DNI: ..........................., en nombre y representación de la entidad ..................................... NIF: ..........................., en su calidad de .................................................................,
DECLARA, a efectos de justificar que la entidad no está incursa en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria de subvenciones, establecidas en los apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones:
1. No haber sido condenada mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas por delitos de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.
2. No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarados insolventes en cualquier procedimiento, no hallarse declarados en concurso, no estar sujetos a intervención judicial o no haber sido inhabilitados conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso.
3. No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
4. No estar incursos, quienes ostenten la representación legal de las entidades, en alguno de los supuestos de la Ley 3/2015, de 30 de marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración General del Estado, de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas, o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en la misma o en la normativa autonómica que regule estas materias.
5. No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso fiscal.
6. No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones según la Ley General de Subvenciones u otras leyes que así lo establezcan.
7. No estar incursa en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, ni haber sido suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo.
Asimismo, DECLARA, a efectos de que le puedan ser reconocidas obligaciones de pago, según el artículo 25 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, aprobado por Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, que la entidad no es deudora a la Administración Española por resolución de procedencia de reintegro.
La entidad a la que represento se compromete a mantener el cumplimiento de estos requisitos durante el período de tiempo inherente al disfrute de la subvención y a informar de cualquier variación en las circunstancias a la Secretaría de Estado de Cooperación Internacional.
En ............................, a ........ de ............................ de 2026
Fdo.: .................................
En cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos de carácter personal, le informamos de los siguientes aspectos básicos sobre privacidad y protección de datos:
¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos personales?
El responsable del tratamiento es la Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible, con domicilio social en la plaza del Marqués de Salamanca, 8, 28006 Madrid (en adelante, DGPOLDES).
El Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (en adelante, MAEUEC) ha nombrado formalmente un Delegado de Protección de Datos Personales y además tiene habilitado el siguiente canal de comunicación: dpd@maec.es.
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Para dar respuesta a esta pregunta se debe distinguir entre las fuentes de las cuales proceden sus datos personales y la tipología de datos personales tratados por la DGPOLDES:
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– Aportados por Vd. en las relaciones que entabla con la DGPOLDES.
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– Datos académicos y profesionales.
– Detalles de empleo.
– Datos de información comercial.
– Datos de transacción de bienes y servicios.
– Datos económicos, financieros y de seguros.
¿Con qué finalidades tratamos sus datos personales?
En la DGPOLDES tratamos sus datos personales para alcanzar las finalidades que se detallan a continuación:
– Tratamiento de datos personales de los representantes legales de las fundaciones y responsables de proyectos y en su caso, datos a efectos de notificaciones.
– Tratamiento de datos personales de los participantes en las actividades subvencionadas (ponentes, conferenciantes, asistentes).
– Tratamiento de datos identificativos del personal de la entidad cuyos gastos (nóminas) se imputan a la subvención percibida.
– Tratamiento de datos identificativos de las personas físicas por los gastos subvencionables que les sean imputables recogidos en facturas y otros documentos justificativos, cuando los proveedores sean personas físicas.
¿Cuál es la legitimación de la DGPOLDES para el tratamiento de sus datos?
La base para el tratamiento de sus datos personales se encuentra el interés legítimo, el cumplimiento de una obligación legal y el propio consentimiento del titular de los datos.
¿A qué destinatarios se comunicarán sus datos personales?
Los datos personales tratados por la DGPOLDES para alcanzar las finalidades detalladas anteriormente podrán ser comunicados a los siguientes destinatarios en función de la base legitimadora de la comunicación.
En virtud de lo anterior, las siguientes comunicaciones de datos persiguen dar cumplimiento a obligaciones legales que exigen realizar las mencionadas comunicaciones:
– Organismos y Administraciones Públicas.
¿Por cuánto tiempo conservamos sus datos?
La DGPOLDES conservará sus datos personales durante la vigencia de la relación entablada, es decir, para la para alcanzar la finalidad de tratamiento perseguida.
Posteriormente, siempre que Vd. no haya ejercitado su derecho de supresión, serán conservados teniendo en cuenta los plazos legales que resulten de aplicación en cada caso concreto, teniendo en cuenta la tipología de datos, así como la finalidad del tratamiento.
Puede solicitar más información sobre los plazos de conservación de datos aplicados en el MAEUEC poniéndose en contacto con nuestro Delegado de Protección de Datos, a quien puede contactar en dpd@maec.es.
¿Cuáles son sus derechos en relación al tratamiento que hacemos de sus datos?
La DGPOLDES le informa que tiene derecho a acceder a sus datos personales y obtener confirmación sobre cómo se están tratando dichos datos. Asimismo, tiene derecho a solicitar la rectificación de los datos inexactos o, en su caso, solicitar su supresión cuando, entre otros motivos, los datos ya no sean necesarios para los fines que hayan sido recabados por la DGPOLDES.
En determinadas circunstancias, podrá solicitar la limitación del tratamiento de sus datos, en cuyo caso la DGPOLDES únicamente los conservará para el ejercicio o la defensa de las posibles reclamaciones.
Asimismo, también en determinadas circunstancias, usted podrá oponerse al tratamiento de sus datos personales con la finalidad informada por la DGPOLDES. En ese caso, la DGPOLDES cesará en el tratamiento de los datos personales, salvo que concurran motivos legítimos, o para garantizar el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
Por último, usted podrá solicitar el derecho a la portabilidad y obtener para sí mismo o para un tercero determinada información derivada de la relación formalizada con la DGPOLDES.
Vd. podrá ejercer tales derechos mediante:
– Escrito dirigido a: Dirección General de Políticas de Desarrollo Sostenible, plaza del Marqués de Salamanca, 8, 28006 Madrid.
– Mediante escrito dirigido a la dirección de correo electrónico dgpoldes@maec.es.
La DGPOLDES le facilitará la información solicitada en el plazo máximo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Dicho plazo podrá prorrogarse otros dos meses en caso necesario, teniendo en cuenta la complejidad y el número de solicitudes.
Vd. podrá retirar el consentimiento en cualquier momento, en el caso de que se haya otorgado el consentimiento para alguna finalidad específica, sin que ello afecte a la licitud del tratamiento basado en el consentimiento previo a su retirada.
Vd. podrá presentar reclamación ante la Autoridad de Control competente en materia de protección de datos. No obstante, en primera instancia, podrá presentar reclamación ante el Delegado de Protección de Datos, quien resolverá la reclamación en el plazo máximo de dos meses.
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Avda. de Manoteras, 54 - 28050 Madrid
