Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
I
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, creado por Real Decreto 829/2023, de 20 de noviembre, por el que se reestructuran los departamentos ministeriales, es el encargado, conforme lo dispuesto en el artículo 14, de la propuesta y ejecución de la política del Gobierno en materia de vivienda, Agenda Urbana, calidad de la edificación y suelo.
El artículo 4.3.f) del Real Decreto 208/2024, de 27 de febrero, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, y se modifica el Real Decreto 1009/2023, de 5 de diciembre, por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales, atribuye a la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura la promoción de la innovación y de la calidad en la edificación, mediante el diseño, coordinación y gestión de programas, actuaciones de investigación y desarrollo que impulsen el avance hacia una edificación sostenible.
II
El 6 de mayo de 2025 el Consejo de Ministros aprobó el Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, en adelante PERTE, de la Industrialización de la Vivienda, una nueva figura de colaboración público-privada recogida en el capítulo II del título II del Real Decreto-ley 36/2020, de 30 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En la construcción, principalmente de viviendas, las capacidades industriales no terminan de implantarse en los procesos constructivos más allá de las primeras fases, haciendo que éstos todavía tengan un importante componente de mano de obra intensiva en la fase de obra en el solar con procedimientos poco mecanizados.
En este contexto, y consciente de la oportunidad estratégica que representa la construcción industrializada, el Gobierno de España presentó el PERTE de la Industrialización de la Vivienda, entendido como una industrialización abierta del sector capaz de desarrollar una matriz suficiente de sistemas constructivos y elementos de obra más complejos que abarquen un porcentaje mayor del edificio, extendiendo los procesos que, de forma racional y automatizada, incorporan la aplicación de tecnologías avanzadas al proceso de diseño, producción, gestión y montaje de sistemas constructivos complejos y abiertos. Con dicho PERTE se pretende impulsar, por tanto, un proceso encaminado a reducir los tiempos de edificación y su incertidumbre, aumentar la productividad y competitividad del sector y ofrecer soluciones arquitectónicas innovadoras de mayor calidad y sostenibilidad, especialmente en el ámbito medioambiental, en línea con lo impulsado a través de otras iniciativas como la Ley 9/2022, de 14 de junio, de Calidad de la Arquitectura, la Agenda Urbana Española, o de iniciativas internacionales como la nueva Directiva (UE) 2024/1275 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24 de abril de 2024, relativa a la eficiencia energética de los edificios, la Nueva Bauhaus Europea y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible La industrialización de la edificación residencial constituye una herramienta con potencial para dar respuesta a una pluralidad de necesidades habitacionales. Por ello, las actuaciones objeto de estas ayudas no se vinculan exclusivamente a la vivienda convencional, sino que podrán contribuir igualmente al desarrollo de otras fórmulas residenciales, tales como alojamientos colectivos, modelos habitacionales intergeneracionales u otras soluciones innovadoras adaptadas a las necesidades sociales y demográficas actuales.
Por todo lo anterior, se hace necesaria la aprobación de unas bases reguladoras que tengan por objeto establecer el marco jurídico para las diferentes líneas de subvención dirigidas a actividades para el impulso de la industrialización de la vivienda y que habrán de desarrollarse mediante sus correspondientes convocatorias de ayudas. Entre los objetivos a perseguir se encuentran el impulso de la innovación en la organización y los procesos de la construcción industrializada de vivienda; el fomento de la innovación tecnológica, la investigación industrial y el desarrollo experimental de procesos aplicados a la construcción industrializada; y la validación industrial a través de certificaciones y evaluaciones técnicas de componentes industrializados destinados a la edificación residencial.
A la vista de lo expuesto, esta orden tiene por objeto establecer las bases reguladoras de las subvenciones para proyectos de impulso de la construcción industrializada de la vivienda.
III
Conforme a lo dispuesto en el artículo 8 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las presentes subvenciones se alinean con los fines que persigue el vigente Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, aprobado por Orden el 25 de marzo de 2025 para el periodo 2025-2027, al favorecer la transparencia y promover la libre concurrencia para acceder a las subvenciones dirigidas a la promoción de la innovación y de la calidad en la edificación, mediante el diseño, coordinación y gestión de programas, actuaciones de investigación y desarrollo que impulsen el avance hacia una edificación sostenible. En este sentido, el otorgamiento de estas ayudas se realizará en régimen de concurrencia competitiva.
Así mismo, las subvenciones reguladas en esta orden tienen el carácter de ayudas de Estado, aunque teniendo en cuenta el tipo y el objeto de éstas y, consecuentemente, dado que éstas se otorgarán de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado, o, en su caso, por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2023/2831 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis, estas ayudas serán compatibles con el mercado interior a tenor del artículo 107, apartados 2 o 3, del Tratado, y quedarán exentas de la obligación de notificación establecida en el artículo 108, apartado 3, del Tratado.
A su vez, mediante la disposición final primera, se modifica la Orden VAU/1186/2024, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de los premios de la Casa de la Arquitectura, con el objeto de adecuar la referencia contenida en su artículo 4.1.g) relativa a la titulación de Arquitectura. La nueva redacción sustituye dicha mención por la referencia a las titulaciones académicas que habilitan para el ejercicio de la profesión de arquitecto/a, en coherencia con el marco normativo aplicable a las profesiones tituladas y con el principio de seguridad jurídica.
Esta modificación tiene por finalidad reforzar la precisión técnica y la neutralidad del texto reglamentario, evitando interpretaciones restrictivas o desactualizadas y asegurando, al mismo tiempo, la correcta identificación de las cualificaciones exigibles conforme al ordenamiento vigente.
Asimismo, se modifican los apartados 2, 3 y 4 del artículo 11, con el fin de suprimir la exigencia de publicación de la resolución de concesión en el «Boletín Oficial del Estado», por resultar innecesaria al prever la propia orden su notificación en el apartado 2.
En la elaboración de esta orden se han observado los principios de buena regulación previstos en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. La norma responde a los principios de necesidad y eficacia, al establecer el marco regulador imprescindible para la concesión de ayudas dirigidas a impulsar la construcción industrializada de vivienda y contribuir a los objetivos del PERTE para la Industrialización de la Vivienda. Asimismo, es proporcionada, al limitarse a establecer las condiciones necesarias para garantizar una adecuada selección, seguimiento y control de las actuaciones financiadas.
La orden se adecua al principio de seguridad jurídica, al integrarse de manera coherente en el marco normativo estatal y europeo aplicable en materia de subvenciones y ayudas de Estado, definiendo con claridad las entidades beneficiarias, las actuaciones subvencionables y los criterios de valoración. Igualmente, respeta el principio de eficiencia, al prever la tramitación íntegramente electrónica del procedimiento, permitir la comprobación de oficio de requisitos mediante consultas a registros y plataformas públicas y limitar las obligaciones documentales a las estrictamente necesarias para la adecuada gestión y control de los fondos públicos. Finalmente, garantiza el principio de transparencia mediante la definición clara de sus objetivos y la participación de los potenciales interesados durante su tramitación a través de los trámites correspondientes de audiencia e información pública.
IV
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 17 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, esta orden ha sido sometida a informe de la Abogacía del Estado en el Departamento y de la Intervención Delegada de la Intervención General de la Administración del Estado en el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
Esta orden se dicta en el ejercicio de las competencias constitucionalmente reservadas al Estado, al amparo de lo dispuesto en los epígrafes 1.ª y 13.ª del artículo 149.1 de la Constitución Española, que le atribuyen, por este orden, las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, como el derecho de propiedad de la vivienda y el ejercicio del derecho constitucional a disfrutar de una vivienda digna y adecuada, y la competencia exclusiva del Estado para dictar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
En su virtud, con la aprobación previa del Ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, dispongo:
1. Esta orden tiene por objeto el establecimiento de las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, en régimen de concurrencia competitiva, y según su disponibilidad presupuestaria, a proyectos y actividades destinados al impulso de la construcción industrializada de vivienda.
2. Las actuaciones subvencionadas deberán contribuir a los objetivos estratégicos del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica, en adelante PERTE, de la Industrialización de la Vivienda y desarrollarse de manera coherente con las políticas europeas y nacionales en materia de sostenibilidad ambiental, eficiencia en el uso de los recursos, innovación, modernización del sector de la edificación y calidad de la arquitectura.
Las actuaciones subvencionadas deberán desarrollarse en el territorio español y las actuaciones incluidas en cada solicitud deberán desarrollarse en un mismo establecimiento industrial.
A los efectos de esta orden, la exigencia de vinculación a un mismo establecimiento industrial no impedirá la realización de ensayos, demostraciones, pruebas de concepto, validaciones o actividades piloto en emplazamientos distintos cuando tales actuaciones constituyan fases necesarias para la ejecución del proyecto subvencionado.
Las ayudas reguladas en esta orden se regirán por lo dispuesto en la misma, por las convocatorias que se dicten en su desarrollo, por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, y su Reglamento de desarrollo, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, por la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, por la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, General Presupuestaria, y por el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, por el que se declaran determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado y, en su caso, por lo dispuesto en el Reglamento (UE) 2023/2831 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis.
Esta orden será de aplicación a los sectores industriales y de servicios a que se refiere el artículo 3 de la Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria, sin perjuicio de lo establecido por las disposiciones de la Unión Europea.
1. Las ayudas reguladas en esta orden se financiarán con cargo a los créditos presupuestarios consignados al Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en los Presupuestos Generales del Estado y se imputarán a las aplicaciones presupuestarias que para cada año se determinen en la correspondiente convocatoria.
2. Las ayudas reguladas mediante esta orden tendrán la forma de subvenciones.
3. La cuantía individualizada de las subvenciones se determinará de acuerdo con los límites e intensidades de ayuda aplicables, la valoración obtenida por cada solicitud, el orden de prelación resultante de dicha valoración y la disponibilidad presupuestaria existente.
1. Podrán obtener la condición de beneficiarias con carácter general, las sociedades mercantiles con personalidad jurídica propia, legalmente constituidas en España, que desarrollen actividades económicas vinculadas a la construcción industrializada de vivienda, en los términos previstos en el anexo de esta orden.
2. Para la Línea 1, únicamente tendrán la condición de beneficiarias, las pequeñas, medianas empresas y microempresas conforme a la definición contenida en el anexo I del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, quedando expresamente excluidas de esta línea las grandes empresas.
3. Asimismo, podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades con personalidad jurídica propia constituidas por varias entidades participantes siempre que cumplan los requisitos establecidos en la presente orden.
En este caso, deberá hacerse constar expresamente en la solicitud los datos de quien la representa o dispone del apoderamiento único con poderes suficientes para cumplir las obligaciones que, como beneficiaria, corresponden a la agrupación. Cada entidad de la agrupación deberá cumplir individualmente los requisitos exigidos para acceder a la condición de beneficiaria conforme al presente artículo.
La entidad beneficiaria no podrá disolverse hasta que haya transcurrido el plazo de prescripción previsto en los artículos 39 y 65 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
4. Quedan excluidas de la condición de beneficiarias las Administraciones Públicas, los organismos públicos, las entidades públicas empresariales, las agencias, las fundaciones del sector público, los consorcios, las sociedades mercantiles públicas y cualesquiera otras entidades integrantes del sector público o del sector público institucional estatal, autonómico o local.
5. No podrán obtener la condición de beneficiarias las entidades en quienes concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones. En particular, las entidades solicitantes deberán cumplir lo previsto en el artículo 13.3 bis de dicha ley en relación con los plazos de pago establecidos en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, debiendo acreditar dicho cumplimiento conforme al procedimiento previsto en el citado artículo 13.3 bis.
6. A los efectos de lo dispuesto en esta orden, se entenderá que una entidad desarrolla actividades económicas vinculadas a la construcción industrializada cuando acredite haberlas ejercido durante un período mínimo de dos años, contados hasta la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes.
Los requisitos de experiencia y actividad previa deberán ser acreditados por la propia entidad solicitante, sin que puedan entenderse cumplidos mediante la experiencia profesional de socios, administradores, personal directivo, entidades vinculadas o empresas del mismo grupo.
No obstante, cuando la solicitante sea una agrupación con personalidad jurídica propia constituida por varias entidades, los requisitos de experiencia y actividad previa se entenderán cumplidos cuando cada una de las entidades integrantes acredite individualmente el cumplimiento de dichos requisitos. Estas entidades deberán mantener durante el período de ejecución del proyecto una participación que les permita conservar el control efectivo de la entidad beneficiaria. Las modificaciones sustanciales de la composición de la entidad beneficiaria o de su estructura de control, incluidas las derivadas de operaciones societarias que afecten al control efectivo de la entidad, tendrán la consideración de modificación de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda y se tramitarán conforme al procedimiento previsto en el artículo 27 de esta orden.
En todo caso, las entidades solicitantes deberán haber efectuado el depósito de las cuentas anuales correspondientes a los dos últimos ejercicios cerrados y aprobados en el Registro Mercantil competente. Las entidades solicitantes que, de conformidad con la normativa mercantil y de auditoría de cuentas vigente, estén obligadas a someter sus cuentas anuales a auditoría, deberán aportar las cuentas anuales correspondientes a los dos últimos ejercicios cerrados, debidamente auditadas por un auditor inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas en el momento de la presentación de la solicitud.
En el caso de agrupaciones con personalidad jurídica propia, los requisitos previstos en este apartado relativos a experiencia, actividad previa, depósito de cuentas anuales y auditoría se entenderán cumplidos cuando sean acreditados individualmente por las entidades integrantes de la agrupación.
7. En el caso de entidades resultantes de procesos de reestructuración empresarial, incluyendo operaciones de escisión o segregación, se computará el período de desarrollo de la actividad y el depósito de cuentas de la entidad de origen, siempre que la entidad solicitante continúe desarrollando dichas actividades.
8. Para adquirir la condición de beneficiarias, las entidades solicitantes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para cada línea de subvención en los artículos 20, 21 y 22 de estas bases reguladoras.
1. Las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones previstas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como las específicas establecidas en esta orden y en la correspondiente resolución de concesión.
2. En particular, las beneficiarias estarán obligadas a:
a) Ejecutar las actuaciones subvencionadas en los términos, condiciones y plazos que se establezcan en la resolución de concesión, en estas bases reguladoras y en las correspondientes convocatorias.
b) Destinar los fondos percibidos a la finalidad para la que se conceda la ayuda.
c) Justificar ante el órgano concedente el cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidos, así como la realización de la actividad subvencionada y el cumplimiento de la finalidad que determine la concesión de la subvención.
d) Someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control y colaborar aportando en cualquier momento que se solicite, cuanta documentación, información o datos le sea requerida en su ejercicio.
e) Presentar una declaración responsable de ausencia de ayudas, subvenciones, ingresos o instrumentos de apoyo público que financien los mismos costes subvencionables del proyecto. Asimismo, declarar cualquier ayuda concedida o solicitada para el mismo proyecto y proceder, en su caso, al reintegro de las cantidades percibidas cuando se produzca una situación de doble financiación o incompatibilidad, de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de esta orden.
f) Mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable específico.
g) Conservar la documentación justificativa durante el plazo que resulte exigible.
h) Hacer constar la financiación de la actividad por parte del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y figurar expresamente sus logotipos, de acuerdo con lo previsto en el artículo 29 de esta orden.
i) Adoptar medidas dirigidas a prevenir, detectar, comunicar y corregir el fraude y la corrupción, prevenir el conflicto de interés y la doble financiación.
j) Acreditar en cualquier momento que se solicite, que se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales y frente a la Seguridad Social.
3. Asimismo, las beneficiarias deberán facilitar la información necesaria para el seguimiento, evaluación y control del programa de ayudas, en los términos que se establezcan en la presente orden y en las correspondientes convocatorias.
4. Cuando resulte exigible conforme al régimen de ayudas de Estado aplicable, las beneficiarias deberán facilitar la información necesaria para la evaluación, seguimiento y cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en la normativa europea y nacional correspondiente.
1. Serán susceptibles de ayuda las actuaciones y proyectos de impulso a la construcción industrializada de vivienda que se enmarquen en alguna de las siguientes líneas de actuación:
a) Línea 1: Innovación en materia de procesos y organización en la construcción industrializada de vivienda.
b) Línea 2: Investigación, Desarrollo e Innovación en la construcción industrializada de vivienda.
c) Línea 3: Evaluación y validación técnica de productos innovadores de construcción industrializada de vivienda.
2. Con carácter general, la cuantía de la convocatoria se destinará de manera conjunta a todas las líneas, salvo que se determinen en la convocatoria cuantías específicas para alguna de las líneas señaladas en el párrafo anterior.
3. Se podrán realizar convocatorias anuales independientes, y con plazos de solicitud distintos, para las distintas líneas de actuación previstas en el apartado 1.
1. En el marco de esta línea podrán financiarse proyectos promovidos por entidades que desarrollen en este ámbito actividad efectiva en el territorio nacional con anterioridad a la solicitud de la ayuda.
2. Los proyectos deberán estar dirigidos a la innovación en materia de procesos y organización en la producción de componentes industrializados de vivienda incorporando una o varias de las siguientes características:
a) Implantación de modelos productivos o de organización industrial nuevos o significativamente mejorados respecto de los previamente existentes en el establecimiento.
b) Implantación de sistemas de automatización, robotización o integración avanzada de procesos que supongan la adopción de métodos de producción nuevos o significativamente mejorados.
c) Implantación de soluciones digitales que transformen la planificación, gestión, trazabilidad, control o coordinación del proceso productivo, logístico o de calidad, modificando de manera significativa el modelo operativo del establecimiento.
d) Adopción de métodos nuevos o significativamente mejorados en los procesos logísticos, de ensamblaje o de coordinación industrial que incidan de forma directa en la eficiencia global, la escalabilidad o la capacidad operativa del sistema productivo.
3. Para las actuaciones financiadas con cargo a esta línea, se establece un límite máximo de ayuda por entidad beneficiaria y proyecto de cinco millones de euros (5.000.000 €).
4. Las ayudas correspondientes a esta línea se concederán al amparo de la categoría de ayudas a la innovación en materia de procesos y organización prevista en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, o en la norma que lo sustituya o modifique. Las intensidades de ayuda y demás condiciones de concesión serán las establecidas en la normativa europea de ayudas de Estado aplicable en el momento de aprobación de la correspondiente convocatoria.
5. No podrán ser financiados con cargo a esta línea los proyectos cuyo presupuesto financiable sea inferior a quinientos mil euros (500.000 €).
6. Las actuaciones podrán estructurarse en distintos costes subvencionables de conformidad con la normativa europea de ayudas de Estado aplicable a la categoría de ayudas prevista en el apartado 4.
1. En el marco de esta línea podrán financiarse proyectos de investigación y desarrollo para el impulso de la construcción industrializada de la vivienda que se encuadren íntegramente dentro de una de las siguientes categorías:
a) Investigación industrial.
b) Desarrollo experimental.
2. Para las actuaciones financiadas con cargo a esta línea se establece un límite máximo de ayuda por entidad beneficiaria y proyecto de un millón de euros (1.000.000 €) para los proyectos de investigación industrial, y un límite máximo por entidad beneficiaria y proyecto de dos millones de euros (2.000.000 €) para los proyectos de desarrollo experimental.
3. Las ayudas correspondientes a esta línea se concederán al amparo de la categoría de ayudas de investigación, desarrollo e innovación prevista en el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, o en la norma que lo sustituya o modifique. Las intensidades de ayuda y demás condiciones de concesión serán las establecidas en la normativa europea de ayudas de Estado aplicable en el momento de aprobación de la correspondiente convocatoria, que identificará expresamente la disposición aplicable.
4. No podrán ser financiados con cargo a esta línea los proyectos de investigación industrial cuyo presupuesto financiable sea inferior a doscientos cincuenta mil euros (250.000 €), ni los proyectos de desarrollo experimental cuyo presupuesto financiable sea inferior a quinientos mil euros (500.000 €).
5. Las actuaciones podrán estructurarse en distintos costes subvencionables de conformidad con la normativa europea de ayudas de Estado aplicable a la categoría de ayudas prevista en el apartado 3.
1. En el marco de esta línea podrán financiarse los proyectos destinados a la obtención de una evaluación o validación técnica favorable de productos innovadores de construcción industrializada de vivienda, debiendo dicha evaluación o validación técnica constituir el resultado final del proyecto y permitir la acreditación de las prestaciones y la conformidad del producto innovador con los requisitos técnicos aplicables.
2. Para los proyectos de obtención de una evaluación o validación técnica de productos innovadores de construcción industrializada de vivienda el límite máximo por entidad beneficiaria y proyecto será de cincuenta mil euros (50.000 €).
3. Las ayudas correspondientes a esta línea se concederán al amparo del régimen de ayudas de minimis previsto en el Reglamento (UE) 2023/2831 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023, o en la norma que lo sustituya o modifique. Las condiciones de concesión y los límites aplicables serán los establecidos en la normativa europea vigente en el momento de aprobación de la correspondiente convocatoria, que identificará expresamente la disposición aplicable.
4. No podrán ser financiados con cargo a esta línea los proyectos cuyo presupuesto financiable sea inferior a treinta y cinco mil euros (35.000 €).
5. Las actuaciones podrán estructurarse en distintos componentes financiables, siempre dentro de los límites y condiciones establecidos para el régimen de ayudas previsto en el apartado 3.
6. Las actuaciones contempladas en esta línea podrán desarrollarse en el marco de procedimientos nacionales o europeos de evaluación o validación técnica vinculados al proyecto, conforme a la normativa que resulte aplicable en cada caso, incluyendo, en su caso, los mecanismos previstos en el Reglamento (UE) 2024/3110 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de noviembre de 2024, por el que se establecen reglas armonizadas para la comercialización de productos de construcción.
Se considerarán incluidas las actuaciones necesarias para la preparación de la documentación técnica requerida en procesos de evaluación o validación técnica vinculados al proyecto, siempre que sean posteriores a la presentación de la solicitud de ayuda.
1. Principios generales.
a) Tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos que cumplan lo establecido en el artículo 31 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y se encuentren directamente vinculados a la ejecución del proyecto, sin perjuicio de las exclusiones específicas previstas en las presentes bases reguladoras.
b) Serán subvencionables los gastos e inversiones realizados desde el día siguiente a la fecha de presentación de la solicitud y hasta la finalización del plazo máximo de ejecución que se establezca en la resolución de concesión, de conformidad con lo previsto en la correspondiente convocatoria.
c) Asimismo, la subcontratación de actividades subvencionadas se regirá por lo dispuesto en el artículo 12 de esta orden.
2. Gastos subvencionables en la Línea 1. En el marco de esta línea tendrán la consideración de gastos subvencionables los costes directamente vinculados a la ejecución de actividades de innovación en materia de procesos y organización de conformidad con la normativa aplicable en materia de ayudas de Estado.
a) En particular, tendrán la consideración de gastos subvencionables los siguientes:
1.º Costes de personal.
2.º Costes de instrumental, material, edificios y terrenos, en la medida y durante el período en que se utilicen para el proyecto. Se considerarán subvencionables los costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto, calculados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados y dentro de los límites marcados por la resolución de concesión, y la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades. En el caso de las ayudas concedidas al amparo de la Línea 1, los bienes subvencionados deberán mantenerse afectos al fin para el que se concedió la subvención durante un período de tres años desde la finalización del proyecto. Cuando se trate de bienes inscribibles en un registro público, dicho período será de cinco años.
3.º Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridos u obtenidos por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia.
4.º Gastos generales y otros gastos de explotación adicionales, incluidos los costes de material, suministros y productos similares, que se deriven directamente del proyecto. Para su cálculo se aplicará un porcentaje del 15 por ciento sobre los costes de personal válidamente justificados.
b) No tendrán la consideración de gastos subvencionables en la Línea 1:
1.º Los costes de mera reposición de activos, mantenimiento ordinario, ampliaciones de capacidad productiva que no incorporen innovación en organización o procesos conforme a lo previsto en la Línea 1.
2.º Cualesquiera otros gastos corrientes de la actividad empresarial ordinaria no vinculados directamente a la implantación de las innovaciones previstas en el proyecto.
3.º Los costes de formación, capacitación, certificación o reciclaje profesional del personal de la entidad beneficiaria.
4.º Los costes recurrentes de mantenimiento, soporte técnico, actualización, renovación o suscripción asociados a activos materiales o inmateriales, salvo los estrictamente necesarios para su implantación inicial durante el período de ejecución del proyecto.
5.º Los estudios, diagnósticos, consultorías estratégicas, planes directores o trabajos de análisis que no culminen en una implantación efectiva de las innovaciones objeto del proyecto.
3. Gastos subvencionables en la Línea 2. En el marco de esta línea tendrán la consideración de gastos subvencionables los costes directamente vinculados a la ejecución de actividades de investigación industrial y desarrollo experimental de conformidad con la normativa aplicable en materia de ayudas de Estado.
a) En particular, tendrán la consideración de gastos subvencionables los siguientes:
1.º Costes de personal: investigadores, técnicos y demás personal auxiliar, en la medida en que estén dedicados al proyecto. Las convocatorias podrán establecer el coste máximo imputable por categoría profesional.
2.º Costes del instrumental y material. Se aceptarán los gastos de amortización de instrumental y material en la medida y durante el período en que se utilicen para el proyecto. En caso de que el instrumental y el material no se utilicen en toda su vida útil para el proyecto, únicamente se considerarán subvencionables los costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto, calculados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados y dentro de los límites marcados por la resolución de concesión, y la Ley 27/2014, de 27 de noviembre.
3.º Costes de investigación contractual, conocimientos y patentes adquiridos u obtenidos por licencia de fuentes externas en condiciones de plena competencia destinados de manera exclusiva al proyecto.
4.º Costes de edificios y terrenos, en la medida y durante el período en que se utilicen para el proyecto. En lo que respecta a los edificios, únicamente se considerarán subvencionables los costes de amortización correspondientes a la duración del proyecto, calculados de acuerdo con los principios contables generalmente aceptados y dentro de los límites marcados por la resolución de concesión, y la Ley 27/2014, de 27 de noviembre. En el caso de los terrenos, serán subvencionables los costes de traspaso comercial o los costes de capital en que efectivamente se haya incurrido.
5.º Costes de consultoría y servicios equivalentes destinados exclusivamente al proyecto de investigación industrial o desarrollo experimental.
6.º Gastos generales son aquellos que forman parte de los gastos del proyecto en I+D+i, pero que por su naturaleza no se pueden imputar de forma directa por no poder individualizarse como, por ejemplo, el consumo eléctrico o de teléfono. Para su cálculo se aplicará un porcentaje del 15 por ciento sobre los costes de personal válidamente justificados, sin necesidad de aportar justificantes de gasto.
b) No tendrán la consideración de gastos subvencionables en la Línea 2:
1.º Los costes asociados a actividades de comercialización, promoción o explotación ordinaria de los resultados del proyecto.
2.º Las certificaciones de carácter meramente rutinario derivadas exclusivamente de la aplicación directa de normas armonizadas ni, las renovaciones o actualizaciones periódicas de certificados ya obtenidos que no impliquen ni una evaluación técnica ni una modificación o mejora sustancial del componente industrializado.
3.º Las actuaciones que consistan únicamente en estudios, análisis, trabajos de diseño o desarrollos teóricos realizados de forma aislada, sin integrarse en un proyecto de investigación industrial, desarrollo experimental o demostración.
4.º Los costes de investigación, asistencia técnica, conocimientos técnicos adquiridos, servicios de asesoramiento externo y demás colaboraciones especializadas deberán guardar una proporción adecuada respecto del conjunto de actividades desarrolladas directamente por la entidad beneficiaria. Las correspondientes convocatorias podrán establecer límites específicos o condiciones adicionales aplicables a determinadas categorías de costes externos cuando ello resulte necesario para garantizar la adecuada participación de la entidad beneficiaria en la ejecución del proyecto subvencionado. Lo dispuesto en este apartado no resultará de aplicación a las actuaciones de evaluación y validación técnica reguladas en la Línea 3, cuya naturaleza puede requerir una participación predominante de organismos o entidades especializadas externas. Tampoco será de aplicación en la Línea 1.
4. Gastos subvencionables en la Línea 3. En el marco de esta línea tendrán la consideración de gastos subvencionables aquellos costes que resulten necesarios para la ejecución de actuaciones orientadas a la obtención de una evaluación o validación técnica de productos innovadores de construcción industrializada de vivienda.
a) En particular, tendrán la consideración de gastos subvencionables los siguientes:
1.º Costes de personal directamente vinculados a la ejecución del proyecto y a la obtención de la evaluación o validación técnica correspondiente.
2.º Costes de consultoría, asistencia técnica y servicios externos especializados necesarios para la ejecución del proyecto.
Entre estos costes se incluyen los derivados de la elaboración de expedientes técnicos y documentación necesaria para procesos de evaluación, certificación o validación técnica de productos innovadores; la realización de ensayos, simulaciones, verificaciones, inspecciones o actuaciones técnicas equivalentes; así como los servicios prestados por organismos de evaluación técnica, organismos de certificación, organismos notificados, laboratorios acreditados, centros tecnológicos, organismos de investigación u otras entidades técnicamente competentes cuando resulten necesarios para la obtención de la evaluación o validación técnica.
3.º Gastos generales y otros gastos de explotación adicionales, incluidos los costes de material, suministros y productos similares, que se deriven directamente del proyecto. Para su cálculo se aplicará un porcentaje del 15 por ciento sobre los costes de personal válidamente justificados.
b) No tendrán la consideración de gastos subvencionables en la Línea 3:
1.º Las inversiones productivas y aquellas actuaciones destinadas a la fabricación en serie o a la implantación permanente de procesos productivos que no resulten estrictamente necesarias para la obtención de la evaluación o validación técnica objeto del proyecto.
2.º Las renovaciones, actualizaciones o mantenimientos periódicos de certificados, evaluaciones, validaciones o acreditaciones previamente obtenidas, salvo que incorporen modificaciones o innovaciones que requieran una nueva evaluación o validación técnica.
3.º Los ensayos, verificaciones, simulaciones, estudios, informes técnicos u otras actuaciones que constituyan por sí mismos el resultado principal del proyecto, cuando no formen parte de un procedimiento orientado a la obtención del documento técnico final previsto en el mismo.
4.º Aquellos gastos que no guarden una relación directa con la obtención de la evaluación o validación técnica, certificación o acreditación de prestaciones que constituya el resultado final del proyecto, o que no resulten necesarios y proporcionados para la consecución de dicho resultado.
5. Gastos no subvencionables. No tendrán la consideración de gastos subvencionables, en ninguna de las líneas, los siguientes conceptos:
1.º Los gastos financieros, intereses deudores, recargos, sanciones administrativas o penales y cualesquiera otros gastos derivados de incumplimientos legales.
2.º Los impuestos indirectos cuando sean susceptibles de recuperación o compensación, así como los impuestos personales sobre la renta.
3.º Los gastos generales o de estructura que no puedan imputarse de forma directa, objetiva y proporcional al proyecto subvencionado salvo los expresamente previstos para cada línea de actuación.
4.º No serán subvencionables los gastos de las actuaciones o inversiones iniciadas con anterioridad a la presentación de la solicitud de ayuda.
5.º Los costes de adquisición de activos fijos de segunda mano.
6.º Aquellos que no respondan de manera indubitada a la naturaleza de la actividad a financiar o que no resulten estrictamente necesarios, con base en la descripción del proyecto aportada en la solicitud.
1. Las entidades beneficiarias podrán subcontratar la ejecución de las actividades que constituyan el objeto de la subvención, de conformidad con lo previsto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 del reglamento de dicha ley, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
No se considerarán subcontratación aquellos gastos en que incurra la entidad beneficiaria para la realización por sí misma de la actividad subvencionada.
2. El coste global de la subcontratación no podrá exceder del noventa por ciento del importe de la actividad subvencionada.
3. Los subcontratistas quedarán obligados exclusivamente ante la entidad beneficiaria, que asumirá la total responsabilidad frente al órgano concedente en relación con la ejecución de la actuación subvencionada y el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión de la ayuda.
4. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del veinte por ciento del importe de la subvención y dicho importe sea superior a sesenta mil euros (60.000 euros), deberá formalizarse un contrato por escrito entre la entidad beneficiaria y la entidad subcontratista.
Asimismo, en dichos supuestos será necesaria la autorización previa del órgano concedente.
La solicitud de autorización deberá presentarse acompañada de una memoria justificativa de la necesidad de la contratación y de las condiciones esenciales del contrato proyectado.
El órgano concedente resolverá y notificará expresamente en el plazo de un mes desde la fecha en que la solicitud haya tenido entrada en el registro electrónico del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Transcurrido dicho plazo sin haberse notificado resolución expresa, la solicitud se entenderá estimada.
5. En ningún caso podrá concertarse la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con personas o entidades vinculadas a la entidad beneficiaria, salvo que concurran conjuntamente las siguientes circunstancias:
a) Que se obtenga la autorización previa expresa del órgano concedente.
b) Que el importe subvencionable no exceda del coste efectivamente incurrido por la entidad vinculada.
La acreditación del coste se realizará en la fase de justificación en los mismos términos exigidos para la acreditación de los gastos de la entidad beneficiaria.
La solicitud de autorización se tramitará conforme al procedimiento previsto en el apartado anterior y deberá acompañarse de la documentación acreditativa de la vinculación existente y de las condiciones económicas de la contratación.
6. En todo caso, la subcontratación deberá respetar los requisitos, limitaciones y prohibiciones establecidos en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el artículo 68 de su reglamento.
1. De acuerdo con el artículo 6 del Reglamento (UE) n. º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, las ayudas reguladas en esta orden que se acojan a este reglamento sólo serán financiables si tienen un efecto incentivador.
2. Se considerará que la ayuda tiene efecto incentivador cuando la beneficiaria haya presentado la solicitud de ayuda con anterioridad al inicio de los trabajos del proyecto o actuación para los que la solicita. En particular, las ayudas de la Línea 1 y de la Línea 2 previstas en los artículos 8 y 9 de esta orden deberán tener, en todo caso, efecto incentivador.
3. A los efectos de esta orden, se entenderá por inicio de los trabajos la fecha más temprana en que tenga lugar cualquiera de las siguientes circunstancias:
a) El comienzo efectivo de la ejecución de las actuaciones o inversiones que integran el proyecto.
b) La suscripción de contratos, pedidos en firme, encargos, adjudicaciones o cualquier otro compromiso jurídicamente vinculante para la ejecución de las actuaciones objeto de ayuda.
c) La adquisición de equipos, bienes, materiales, licencias, aplicaciones informáticas o servicios directamente vinculados con la ejecución del proyecto.
No tendrán la consideración de inicio de los trabajos las actuaciones preparatorias, incluyendo la realización de estudios previos o de viabilidad, la elaboración de memorias, proyectos o documentación técnica, la solicitud de autorizaciones, permisos o licencias, las consultas preliminares al mercado, las solicitudes de ofertas o presupuestos ni otras actuaciones análogas de carácter preparatorio que no impliquen un compromiso firme para la ejecución del proyecto.
En el caso de las actuaciones acogidas a la Línea 1, esta definición se entenderá sin perjuicio de lo previsto en el artículo 2.23 del Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014.
1. El procedimiento de concesión de las ayudas será el de concurrencia competitiva, previsto en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, conforme a los principios de publicidad, transparencia, objetividad, igualdad y no discriminación, eficacia en el cumplimiento de los objetivos y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos establecidos en el artículo 8.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y su reglamento de desarrollo.
2. En el procedimiento de concesión se atendrá a lo establecido en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en su reglamento de desarrollo, con las características que establecen estas bases reguladoras.
3. El procedimiento se iniciará de oficio mediante la correspondiente convocatoria, efectuada por el órgano competente, cuyo texto completo deberá publicarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones y un extracto en el «Boletín Oficial del Estado».
1. Las ayudas reguladas por esta orden se convocarán mediante resolución de la persona titular de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana.
2. La ordenación e instrucción de los procedimientos de concesión corresponderá a la Oficina Técnica del PERTE de la Industrialización de la Vivienda, en los términos previstos en los artículos 22 y 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
3. El órgano competente para la resolución de los procedimientos de concesión de las subvenciones contempladas en esta orden será la persona titular de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana.
4. Con carácter general, como medida para la prevención del fraude, todas las personas que intervengan en el procedimiento de selección de beneficiarias y verificación del cumplimiento de condiciones reforzarán su implicación en este objetivo a través de una declaración de ausencia de conflicto de intereses, comprometiéndose a mantenerla actualizada en el caso de que se modifique la situación respecto de la declaración original, motivo que les impedirá participar en el procedimiento.
1. El plazo para la presentación de solicitudes será el señalado en las correspondientes convocatorias y como máximo no podrá exceder de dos meses desde el día siguiente de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado».
2. Las solicitudes de ayudas que se presenten fuera del plazo establecido no serán admitidas a trámite.
1. Las solicitudes, comunicaciones, requerimientos, notificaciones y demás actuaciones y trámites correspondientes a los procedimientos regulados en esta orden, incluidos los relativos a la concesión, modificación, justificación, comprobación, reintegro y, en su caso, sanción, se realizarán por medios electrónicos, de conformidad con lo previsto en el artículo 14.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
2. Las solicitudes y demás documentos se presentarán a través del registro electrónico accesible desde la sede electrónica asociada del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana.
3. Los requerimientos, comunicaciones y notificaciones se pondrán a disposición de las personas interesadas en la Dirección Electrónica Habilitada Única (DEHú) y, complementariamente, a través de la sede electrónica asociada del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, de conformidad con lo previsto en el artículo 42.5 del Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos, aprobado por el Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo.
4. Cuando así se prevea expresamente en esta orden o en las correspondientes convocatorias, la publicación de actos y trámites en la sede electrónica correspondiente o en otros medios previstos normativamente surtirá los efectos previstos en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
5. La presentación de la documentación justificativa se entenderá que afecta tanto a la presentación inicial, en el plazo indicado en el artículo 30.1, como a las posibles subsanaciones que sean solicitadas a las beneficiarias por el órgano gestor.
1. Las solicitudes de ayudas para el impulso de la industrialización de la vivienda se dirigirán a la persona titular de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana y su presentación implicará la aceptación de estas bases reguladoras y de la convocatoria correspondiente.
2. Toda la tramitación del procedimiento será por medios electrónicos. Se admitirá un único proyecto por línea de ayuda para cada entidad solicitante. En caso de presentarse más de una solicitud correspondiente a una misma línea, únicamente será tenida en cuenta la última presentada dentro del plazo establecido, quedando sin efecto las anteriores.
3. Si la solicitud no reúne los requisitos exigidos en la convocatoria, se requerirá a la interesada para que, en el plazo improrrogable de diez días hábiles, subsane las faltas o remita la documentación requerida. Si en ese plazo no se realiza la subsanación, se tendrá al interesado por desistido de su petición de acuerdo con lo establecido en el artículo 23.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, que se archivará previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 21.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
4. La presentación de la solicitud conllevará la autorización de la entidad solicitante para que el órgano concedente obtenga de forma directa la acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social mediante certificados telemáticos, en cuyo caso no será necesaria la aportación de las correspondientes certificaciones. No obstante, la entidad solicitante podrá oponerse expresamente a dicha consulta, debiendo aportar en tal caso las certificaciones correspondientes.
Asimismo, la presentación de la solicitud conllevará la autorización de la entidad solicitante para que el órgano instructor pueda recabar documentos o consultar datos que ya se encuentren en poder de la Administración actuante o hayan sido elaborados por cualquier otra Administración Pública y que se consideren pertinentes para la tramitación del procedimiento de concesión de las ayudas, siempre que el órgano instructor pueda acceder a ellos a través de las plataformas, registros o sistemas de interoperabilidad habilitados al efecto. En caso de oposición expresa a dichas consultas, la entidad interesada deberá aportar la documentación o información que le sea requerida.
5. El certificado electrónico con el que se realice la firma electrónica deberá corresponder al representante o representantes legales de la entidad solicitante de la ayuda y deberán ostentar la representación necesaria para cada actuación en los términos establecidos en el artículo 5 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.
6. A efectos de la práctica de las notificaciones por medios electrónicos, será obligación de las entidades solicitantes informar a los órganos actuantes de los cambios en la representación de la entidad en cuanto se produzcan. El cambio se hará efectivo para aquellas notificaciones que se emitan a partir del día siguiente a la recepción de la comunicación del cambio de representante de la entidad. Se considerarán correctamente practicadas las notificaciones anteriores a esa fecha dirigidas al representante que figure en el expediente.
7. Las correspondientes convocatorias determinarán la documentación técnica, económica, financiera y administrativa que deberá acompañar a la solicitud, incluyendo, en su caso, memorias descriptivas del proyecto, acreditaciones relativas al cumplimiento de los requisitos exigidos y cuantos documentos resulten necesarios para la adecuada evaluación de las solicitudes.
Asimismo, de conformidad con el artículo 23.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, las entidades solicitantes deberán presentar junto con la solicitud las declaraciones responsables previstas en estas bases reguladoras, que podrán incorporarse al propio formulario de solicitud.
En particular, mediante declaración responsable podrán acreditarse:
a) La ausencia de las prohibiciones para obtener la condición de beneficiaria previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, con excepción de las relativas al cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, cuya acreditación se realizará conforme a lo previsto en esta orden y en las correspondientes convocatorias.
b) El cumplimiento de las obligaciones previstas en el artículo 13.3 bis de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, cuando así resulte procedente conforme a la normativa aplicable.
c) La inexistencia de deudas por reintegro de subvenciones o ayudas públicas y la inexistencia de órdenes de recuperación pendientes derivadas de decisiones de la Comisión Europea.
d) El cumplimiento de los requisitos exigidos por la normativa de ayudas de Estado aplicable, incluyendo la ausencia de la condición de empresa en crisis cuando dicha circunstancia resulte exigible.
e) La ausencia de doble financiación y la declaración de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos públicos solicitados o concedidos para la misma actuación.
f) El cumplimiento de los requisitos de elegibilidad establecidos para la correspondiente línea de ayuda.
g) La veracidad, integridad y exactitud de la información y documentación aportadas durante el procedimiento.
h) Cualesquiera otros extremos que, de conformidad con estas bases reguladoras y la normativa aplicable, puedan acreditarse mediante declaración responsable.
i) Declaración de la actividad económica realizada por la entidad solicitante.
Las correspondientes convocatorias podrán concretar el contenido, alcance, formato y modelos normalizados de las declaraciones responsables exigibles para cada línea de ayuda.
El órgano instructor podrá requerir en cualquier momento la documentación acreditativa de los extremos declarados responsablemente, así como efectuar las verificaciones y comprobaciones que resulten necesarias para verificar su cumplimiento.
1. La evaluación se realizará exclusivamente sobre la información aportada por la solicitante en la fase de admisión de solicitudes.
2. En el caso de disparidad entre la información descrita en el formulario de la solicitud y la misma desarrollada en la memoria, en la ponderación de los criterios prevalecerá el contenido, información y datos consignados en el formulario.
3. Cada solicitud será calificada de forma global de 0 a 100 puntos, y la calificación final será el resultado de ponderar los criterios de evaluación establecidos para cada una de las líneas de actuación.
4. En los casos de solicitudes con igual puntuación, tendrá preferencia la solicitud que se haya presentado antes.
5. Las solicitudes que alcancen la condición de elegibles se ordenarán de mayor a menor puntuación. La distribución del crédito asignado a cada línea de ayuda se realizará siguiendo dicho orden de prelación, otorgándose a cada proyecto la subvención máxima que le corresponda de conformidad con lo previsto en estas bases reguladoras y en la convocatoria.
6. Una vez asignada la cuantía correspondiente al proyecto con mayor puntuación, se procederá sucesivamente a la concesión de subvenciones a los restantes proyectos elegibles por orden decreciente de puntuación, hasta el agotamiento del crédito disponible para la correspondiente línea de ayuda.
7. Cuando el importe de la subvención que pudiera corresponder a una solicitud, atendiendo al orden de prelación obtenido y al crédito disponible, sea inferior al solicitado, el órgano instructor podrá instar a la entidad solicitante a reformular su solicitud de conformidad con lo previsto en el artículo 27 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, con el fin de adecuar los compromisos y condiciones del proyecto a la subvención otorgable.
La reformulación deberá respetar el objeto, finalidad y condiciones de la subvención, así como los criterios de valoración aplicados, no pudiendo alterar la puntuación obtenida ni la posición alcanzada en el procedimiento de concurrencia competitiva.
Una vez examinada la reformulación presentada, el órgano instructor formulará la correspondiente propuesta de resolución.
1. Para la valoración de los proyectos previstos en el artículo 8 de esta orden, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Elegibilidad de la entidad solicitante basada en la viabilidad económica y financiera de la entidad (Puntuación máxima 20 puntos, umbral de puntuación 8 puntos).
b) Calidad del proyecto presentado (Puntuación máxima 80 puntos, umbral de puntuación 35 puntos):
– Grado de innovación en procesos y organización.
– Impacto en la eficiencia, la escalabilidad del sistema productivo y la capacidad de interoperabilidad.
– Aumento de la capacidad productiva.
– Impacto en la industrialización del sector de la vivienda.
– Nivel de transformación digital e integración de procesos.
– Impacto ambiental y eficiencia en el uso de recursos.
– Madurez, viabilidad y calidad técnica del proyecto.
– Adecuación del presupuesto.
2. Las correspondientes convocatorias podrán desarrollar, concretar y ponderar los subcriterios de valoración aplicables a cada línea de actuación, respetando los criterios generales establecidos en estas bases reguladoras.
1. Para la valoración de los proyectos de investigación industrial y desarrollo experimental previstos en el artículo 9 de esta orden, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Elegibilidad de la entidad solicitante basada en la viabilidad económica y financiera de la entidad (Puntuación máxima 20 puntos, umbral de puntuación 8 puntos).
b) Calidad del proyecto presentado (Puntuación máxima 80 puntos, umbral de puntuación 35 puntos):
– Grado de innovación, digitalización e interoperabilidad.
– Calidad científico-técnica.
– Adecuación del presupuesto.
– Nivel de madurez.
– Impacto en la industrialización del sector de la vivienda.
– Sostenibilidad.
– Generación de conocimiento aplicable.
– Potencial de transferencia futura.
2. Las correspondientes convocatorias podrán desarrollar, concretar y ponderar los subcriterios de valoración aplicables a cada línea de actuación, respetando los criterios generales establecidos en estas bases reguladoras.
1. Para la valoración de los proyectos previstos en el artículo 10 de esta orden, se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
a) Elegibilidad de la entidad solicitante basada en la viabilidad económica y financiera de la entidad (Puntuación máxima 20 puntos, umbral de puntuación 8 puntos).
b) Calidad del proyecto de evaluación técnica presentado (Puntuación máxima 80 puntos, umbral de puntuación 35 puntos):
– Nivel de detalle y madurez de la propuesta.
– Calidad científico-técnica.
– Adecuación del presupuesto.
– Coherencia de los ensayos y cálculos.
– Optimización de los recursos.
– Mejora de la productividad, la reducción de plazos, la estandarización, la interoperabilidad y la digitalización.
– Mejora de la sostenibilidad.
2. Las correspondientes convocatorias podrán desarrollar, concretar y ponderar los subcriterios de valoración aplicables a cada línea de actuación, respetando los criterios generales establecidos en estas bases reguladoras.
1. La evaluación de las solicitudes se efectuará por una Comisión de valoración, cuyas conclusiones se concretarán a través de la emisión de un informe de evaluación, conforme a lo establecido en el artículo 24.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. La Comisión de valoración estará integrada por:
a) Presidencia: la persona titular de la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, que podrá ser sustituida por la persona titular de la Vicepresidencia.
b) Vicepresidencia: la persona titular de la Dirección General de Agenda Urbana y Arquitectura.
c) Vocalías:
1.ª La persona titular de la Oficina Técnica del PERTE de la Industrialización de la Vivienda o la persona que la sustituya conforme al régimen de suplencia, que deberá ocupar un puesto de trabajo de nivel 30 en la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana.
2.ª Tres personas que ocupen puestos de coordinación de nivel 29 en la Oficina Técnica del PERTE de la Industrialización de la Vivienda.
3.ª Una persona representante del Ministerio de Industria y Turismo que ostente la condición de personal funcionario de carrera perteneciente al subgrupo A1, con nivel 29 o superior.
4.ª Una persona representante del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa que ostente la condición de personal funcionario de carrera perteneciente al subgrupo A1, con nivel 29 o superior.
5.ª Una persona representante del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades que ostente la condición de personal funcionario de carrera perteneciente al subgrupo A1, con nivel 29 o superior.
d) Secretaría: actuará como secretario/a una de las personas que ocupen puestos de coordinación de nivel 29 en la Oficina Técnica del PERTE de la Industrialización de la Vivienda, designada conforme a lo previsto en el apartado 6. La persona titular de la Secretaría actuará con voz y voto.
3. En casos de ausencia o de enfermedad y, en general, cuando concurra alguna causa justificada, será de aplicación el régimen de suplencia previsto en el artículo 19 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre.
4. La Comisión de valoración quedará válidamente constituida cuando concurran las personas titulares de la Presidencia y de la Secretaría, o quienes les sustituyan, la persona titular de la Oficina Técnica del PERTE de la Industrialización de la Vivienda o quien le sustituya, al menos una de las personas que ocupen las vocalías correspondientes a los puestos de coordinación de nivel 29 de dicha Oficina Técnica y una de las personas designadas en representación de los ministerios citados en el apartado 2, con conocimiento adecuado de las materias a tratar.
5. En la Comisión de valoración podrán participar representantes de otros departamentos ministeriales, de otras administraciones públicas o expertos de acreditada cualificación en las materias objeto de evaluación, que actuarán con voz pero sin voto.
6. Los representantes de los Ministerios de Industria y Turismo, Economía, Comercio y Empresa y Ciencia, Innovación y Universidades serán designados por la persona titular de la Subsecretaría correspondiente o por el órgano en quien esta delegue.
Las personas que ocupen las vocalías correspondientes a la Oficina Técnica del PERTE serán designadas por la persona titular de la Secretaría General de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, a propuesta de la persona titular de la Oficina Técnica del PERTE.
En todo caso, la designación de los representantes de los órganos colegiados atenderá al principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente motivadas, de acuerdo con lo previsto en el artículo 53 de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres.
1. El órgano competente para la instrucción realizará, de oficio, cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en virtud de los cuales debe formularse la propuesta de resolución, de acuerdo con lo establecido en el artículo 24 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
2. Las solicitudes podrán ser objeto de informes de valoración científico-técnica y, en su caso, económico-financiera, que podrán realizarse por agentes de financiación, agencias de evaluación nacionales o internacionales, expertos independientes, nacionales o internacionales o por comisiones técnicas de expertos.
3. La Comisión de valoración examinará y evaluará las solicitudes y la documentación presentada conforme a los criterios de evaluación que se especifican en esta orden y emitirá el informe previsto en el artículo 23.1.
4. Una vez efectuada la evaluación, el órgano instructor, a la vista del informe de la Comisión de valoración, comprobará que todas las entidades potencialmente beneficiarias cumplen todos los requisitos recogidos en el artículo 5 de esta orden y formulará una propuesta de resolución provisional, debidamente motivada, que será publicada para que, en el plazo de diez días hábiles, se formulen las alegaciones que se estimen convenientes.
5. La propuesta de resolución provisional se publicará en la sede electrónica asociada del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, surtiendo dicha publicación los efectos de notificación a las personas interesadas conforme a lo previsto en el artículo 45.1.b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Adicionalmente, se remitirá un aviso informativo a la dirección de correo electrónico facilitada por la entidad solicitante, careciendo dicho aviso de efectos de notificación practicada. Durante el trámite de audiencia, el órgano instructor podrá requerir la actualización, aclaración o acreditación de la documentación presentada junto con la solicitud cuando ello resulte necesario para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos. Asimismo, podrá requerir la documentación acreditativa de los extremos declarados responsablemente por la entidad solicitante, en los términos previstos en el artículo 23.4 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
6. Una vez examinadas las alegaciones presentadas, en su caso, por las interesadas, el órgano instructor formulará una propuesta de resolución definitiva que será publicada para que las beneficiarias, en el plazo de diez días hábiles, comuniquen su aceptación o renuncia, que deberá constar por escrito o por otros medios que fehacientemente permitan considerar cumplida esta obligación de comunicación. La falta de comunicación de la aceptación o renuncia en el plazo establecido determinará que la entidad interesada renuncia a la subvención propuesta.
7. Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crearán derecho alguno a favor de la interesada propuesta como beneficiaria frente a la Administración mientras no se le haya notificado la resolución de concesión.
8. Una vez aprobada la propuesta de resolución definitiva, el órgano competente dictará la correspondiente resolución estimatoria o desestimatoria de concesión de la ayuda solicitada. La resolución de concesión hará constar expresamente el régimen de ayudas de Estado al amparo del cual se concede la ayuda, indicando, en su caso, el Reglamento (UE) n.º 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, o el Reglamento (UE) 2023/2831 de la Comisión, de 13 de diciembre de 2023, según corresponda. Dicha resolución pondrá fin a la vía administrativa, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 63 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
9. La resolución de concesión, que incluirá la relación de solicitantes a los que se concede la subvención y, en su caso, la desestimación del resto de las solicitudes se publicará en la sede electrónica asociada del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana surtiendo todos los efectos de notificación según lo establecido en el artículo 45 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. Adicionalmente, los interesados recibirán aviso de tales publicaciones mediante correo electrónico, según los datos consignados en el formulario de solicitud.
10. La ayuda concedida se publicará en la Base de Datos Nacional de Subvenciones, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 30 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, en el artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el Real Decreto 130/2019, de 8 de marzo, por el que se regula la Base de Datos Nacional de Subvenciones y la publicidad de las subvenciones y demás ayudas públicas.
11. El plazo máximo para resolver y notificar la concesión de las subvenciones será de seis meses contados a partir de la publicación del extracto de la convocatoria en el «Boletín Oficial del Estado». Transcurrido dicho plazo sin que hubiera recaído resolución expresa, se entenderá desestimada la solicitud.
1. El pago se realizará mediante un único abono por el importe íntegro de la subvención, con carácter anticipado, previo cumplimiento de los requisitos exigidos para su percepción. La beneficiaria deberá justificar posteriormente la realización de las actuaciones subvencionadas en los términos previstos en el artículo 30 de esta orden.
2. Con carácter previo a la ordenación del pago, las entidades beneficiarias deberán acreditar que se encuentran al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social, con la aportación de las certificaciones con anterioridad al libramiento, y declarar que no son deudores por resolución de procedencia de reintegro, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre. No será necesario aportar nuevas certificaciones cuando las presentadas con carácter previo a la adopción de la resolución no hayan superado el plazo de seis meses de validez previsto en el artículo 88 del Reglamento de la Ley 38/2003.
3. De conformidad con el artículo 43 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, para el pago de la subvención será necesaria la constitución de garantía por parte de las entidades beneficiarias, en los términos previstos en el artículo siguiente.
1. Las garantías se constituirán, a disposición del órgano concedente, en la Caja General de Depósitos o en sus sucursales encuadradas en las Delegaciones de Economía y Hacienda, en cualquiera de las modalidades previstas en el artículo 12 del Reglamento de la Caja General de Depósitos, aprobado por el Real Decreto 937/2020, de 27 de octubre, y por el importe establecido en el apartado 2 de este artículo.
Se exigirá la constitución de la garantía y la presentación del correspondiente resguardo acreditativo con carácter previo a la resolución de concesión de la ayuda. A tal efecto, se establecerá un plazo de quince días hábiles desde la notificación del requerimiento para la constitución de la garantía y la presentación del resguardo correspondiente.
La falta de constitución de la garantía y de acreditación de dicha constitución ante el órgano competente en el plazo establecido tendrá por efecto que la persona o entidad solicitante sea tenida por desistida de su solicitud, previa resolución dictada en los términos previstos en la legislación reguladora del procedimiento administrativo común.
2. El importe de la garantía a constituir será igual al importe del pago anticipado que corresponda.
3. Las garantías serán liberadas, con carácter general, una vez acreditada la realización de la actividad o proyecto objeto de la ayuda, de conformidad con lo previsto en el artículo 30 de esta orden, y efectuado, en su caso, el ingreso de las cantidades cuyo reintegro hubiera sido exigido.
La cancelación de las garantías se ajustará a lo establecido en la normativa reguladora de la Caja General de Depósitos.
4. Las garantías se ejecutarán cuando, como consecuencia de la resolución de procedencia de reintegro dictada por incumplimiento de las condiciones establecidas en esta orden, en las correspondientes convocatorias o en las resoluciones de concesión, hubiera transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se hubiera efectuado el pago de las cantidades exigibles.
1. Las actuaciones subvencionadas deberán ejecutarse en el tiempo y forma que se establezca en las resoluciones de concesión, en estas bases reguladoras y en las correspondientes convocatorias.
No obstante, cuando surjan circunstancias concretas, debidamente justificadas, que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la ayuda, la beneficiaria podrá solicitar la modificación de las condiciones previstas en la resolución de concesión siempre que se cumplan simultáneamente las siguientes consideraciones:
a) Que el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales, a la determinación de la beneficiaria, ni dañe derechos de terceros. No obstante, serán alegables las alteraciones relacionadas con la fusión, absorción y escisión de sociedades.
b) Que las modificaciones obedezcan a causas sobrevenidas que no pudieron preverse en el momento de la solicitud.
c) Que el cambio, sea solicitado dos meses antes de que finalice el plazo de ejecución del proyecto, y sea aceptado expresamente.
d) Que el cambio no suponga un incremento de la fecha límite establecida en la resolución de concesión para la aceptación de los gastos subvencionables.
e) Que no afecten a cualesquiera de las obligaciones recogidas en la normativa europea y nacional aplicable.
2. Las solicitudes de modificación de las condiciones previstas en la resolución de concesión se dirigirán al órgano instructor del procedimiento.
3. La solicitud de modificación se acompañará de una memoria en la que se expondrán la motivación de los cambios y el cumplimiento de los requisitos expuestos en el apartado 1. Dicha memoria deberá incluir al menos una relación de los objetivos y actividades afectadas, y el gasto financiable implicado.
4. La aceptación o desestimación de las modificaciones solicitadas se realizará de forma expresa, mediante resolución, y se notificará al interesado en el plazo de tres meses desde la presentación de la solicitud. Si transcurrido dicho plazo la persona titular de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana no hubiese notificado dicha resolución, los interesados estarán legitimados para entender desestimada por silencio administrativo la solicitud. Esta resolución pondrá fin a la vía administrativa y frente a la misma cabrá la interposición de los recursos establecidos en el artículo siguiente.
Contra las resoluciones de otorgamiento de las subvenciones y contra las resoluciones de modificación de dichas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa, podrá interponerse recurso potestativo de reposición ante el mismo órgano que las hubiera dictado, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de acuerdo con lo establecido en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, o ser impugnadas directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de su notificación o publicación, de conformidad con la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, sin que puedan interponerse simultáneamente ambos recursos.
1. Toda referencia en cualquier medio de difusión a actuaciones financiadas en el marco de esta orden deberá indicar expresamente que han sido financiadas por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el 31 de su reglamento de desarrollo.
2. En las actuaciones de información, comunicación o difusión relacionadas con los proyectos financiados, deberán incluirse los elementos identificativos institucionales que se determinen en la correspondiente convocatoria, conforme a las normas de identidad corporativa de la Administración General del Estado, establecidas en el Real Decreto 1465/1999, de 17 de septiembre, por el que se establecen los criterios de imagen institucional y se regula la producción documental y el material impreso de la Administración General del Estado, así como en la Resolución de 5 de junio de 2026, de la Secretaría de Estado de Función Pública, por la que se actualiza el Manual de Imagen Institucional adaptándolo a la nueva estructura de vicepresidencias del Gobierno y departamentos ministeriales de la Administración General del Estado.
3. El incumplimiento de las obligaciones de publicidad previstas en este artículo se regirá por lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
Cuando se apreciase el incumplimiento de dichas obligaciones, el órgano concedente requerirá a la entidad beneficiaria para que adopte las medidas de difusión correspondientes en un plazo no superior a quince días, con expresa advertencia de las consecuencias que pudieran derivarse de dicho incumplimiento.
La falta de adopción de las medidas requeridas podrá dar lugar al reintegro total o parcial de la ayuda en los términos previstos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, así como a la aplicación del régimen sancionador establecido en su título IV.
1. La justificación de las actuaciones subvencionadas deberá presentarse en el plazo máximo de tres meses desde la finalización del plazo de ejecución del proyecto establecido en la resolución de concesión.
2. Transcurrido el plazo establecido sin haberse presentado la documentación justificativa ante el órgano competente, éste requerirá a la beneficiaria para que en el plazo improrrogable de quince días hábiles sea presentada, con apercibimiento de que la falta de presentación dará lugar a la exigencia del reintegro y demás responsabilidades establecidas en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y, en su caso, en la normativa aplicable de la Unión Europea.
3. La beneficiaria hará declaración expresa del importe de ayudas o subvenciones concedidas o solicitadas para la misma actuación por cualquier Administración o ente público.
4. La justificación se realizará mediante cuenta justificativa con aportación de informe de auditor, de acuerdo con lo previsto en el artículo 74 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, aprobado por el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio.
5. Los gastos se acreditarán mediante facturas y demás documentos de valor probatorio equivalente con validez en el tráfico jurídico mercantil o con eficacia administrativa. En el caso particular de la acreditación de gastos de personal técnico y administrativo, se requerirá la confección de partes horarios debidamente firmados o validados de conformidad con los procedimientos internos de la entidad beneficiaria a efectos de evitar la doble financiación.
6. El órgano instructor deberá realizar las comprobaciones necesarias dirigidas a verificar la ausencia de doble financiación de los costes subvencionados. Las entidades beneficiarias deberán conservar la documentación acreditativa de cualquier otra ayuda, subvención, ingreso o financiación pública relacionada con la actuación subvencionada que resulte necesaria para verificar la ausencia de doble financiación.
7. La presentación electrónica de la documentación justificativa no exime a las beneficiarias de conservar los originales de los justificantes de gasto y pago, informes de auditoría, etc., por si les fueran requeridos posteriormente por el órgano gestor de las ayudas o, al realizar las actividades de control legalmente previstas, por la Intervención General de la Administración del Estado o el Tribunal de Cuentas, durante el plazo de cuatro años, según se prevé en el artículo 39 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
8. El órgano concedente verificará el cumplimiento de los objetivos establecidos en la resolución de concesión, la adecuada justificación de la ayuda y la aplicación de los fondos a los fines para los que se concedió la subvención, así como el resto de las obligaciones de la beneficiaria recogidas en el artículo 6 de esta orden, emitiendo una certificación acreditativa como resultado de dichas actuaciones de comprobación. Dicha certificación determinará, en su caso, el acuerdo de la procedencia de reintegro a los efectos establecidos en el artículo 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre.
1. Las ayudas reguladas en estas bases que se concedan al amparo del Reglamento 651/2014 de la Comisión, de 17 de junio de 2014, estarán sujetas a las reglas de acumulación previstas en dicho reglamento y en la normativa nacional aplicable en materia de ayudas de Estado. Las ayudas concedidas al amparo del Reglamento (UE) 2023/2831 estarán sujetas a las reglas de acumulación previstas en dicho reglamento.
2. Las ayudas reguladas en esta orden serán incompatibles con cualesquiera otras ayudas, subvenciones, ingresos o instrumentos de apoyo de carácter público que financien los mismos costes subvencionables del proyecto.
3. La beneficiaria deberá declarar las ayudas, subvenciones, ingresos o instrumentos de apoyo público solicitados o concedidos para el mismo proyecto, así como su aplicación a los distintos conceptos de coste, y quedará obligado a reintegrar, en su caso, las cantidades percibidas si se comprobara la existencia de doble financiación, incompatibilidad o superación de los límites aplicables.
1. En los supuestos en que la entidad beneficiaria incumpliera cualesquiera de las obligaciones establecidas en estas bases reguladoras, en los artículos 36 y 37 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y demás normas que resulten de aplicación, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de concesión, el órgano competente declarará la obligación de reintegro de las ayudas percibidas, así como los intereses de demora que correspondan.
2. El procedimiento de reintegro se regirá por lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y el título III de su reglamento de desarrollo.
3. El acuerdo por el que se inicie el procedimiento de reintegro deberá indicar la causa que determina su inicio, las obligaciones incumplidas y el importe de la subvención afectado. Recibida notificación del inicio del procedimiento de reintegro, la interesada podrá presentar las alegaciones y documentación que estime pertinentes en un plazo de quince días hábiles. Corresponderá dictar la resolución del procedimiento de reintegro al órgano concedente de la subvención, debiendo ser notificada al interesado en un plazo máximo de doce meses desde la fecha del acuerdo de inicio. La resolución indicará quién es la entidad obligada al reintegro, las obligaciones incumplidas, la causa del reintegro y el importe de la subvención a reintegrar junto a los intereses de demora.
4. El régimen de infracciones y sanciones administrativas aplicables será el establecido en el título IV de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, y en el título IV de su reglamento de desarrollo.
1. Tendrá la consideración de incumplimiento total, a efectos de reintegro, el incumplimiento total de los fines para los que se concedió la ayuda, de la realización del proyecto financiable o de la obligación de justificación. Asimismo, cuando resulte aplicable el régimen de comercio de derechos de emisión, el incumplimiento de las obligaciones ambientales exigibles al proyecto tendrá la consideración de incumplimiento total.
2. Cuando el cumplimiento por la beneficiaria se aproxime de modo significativo al cumplimiento total y se acredite una actuación inequívocamente tendente a la satisfacción de sus compromisos, el incumplimiento parcial dará lugar al reintegro proporcional de la ayuda, en el porcentaje correspondiente a la parte no ejecutada o no justificada, más los intereses de demora.
3. A efectos de graduación:
a) Se presumirá incumplimiento total cuando la ejecución del presupuesto financiable sea inferior al sesenta por ciento del aprobado.
b) Se considerará cumplimiento aproximado significativo cuando la ejecución alcance el sesenta por ciento o superior, pudiendo aplicarse reintegro proporcional conforme al apartado anterior.
4. En todo caso, se considerará incumplimiento total cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:
a) El falseamiento, inexactitud u omisión de datos esenciales que hubieran servido de base para la concesión.
b) El incumplimiento de la finalidad para la que la ayuda fue concedida.
c) La carencia de las autorizaciones o inscripciones obligatorias necesarias para el desarrollo de la actividad financiada.
d) La ocultación, falseamiento o falta de comunicación de otras ayudas, subvenciones, ingresos o recursos destinados a financiar los mismos costes subvencionables o la misma actuación financiada.
5. La no presentación de las ofertas alternativas exigidas de acuerdo con lo establecido en el artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, se considerará incumplimiento parcial proporcional a los gastos para los que no se hubieran presentado dichas ofertas, dando lugar al reintegro parcial de la ayuda concedida más los intereses de demora correspondientes.
6. El incumplimiento de las obligaciones de publicidad y difusión dará lugar a las consecuencias previstas en el artículo 29 de esta orden.
1. El órgano concedente podrá elaborar, aprobar y publicar guías técnicas, manuales, instrucciones, criterios interpretativos y cualesquiera otros documentos de apoyo que resulten necesarios para asegurar la aplicación homogénea de las presentes bases reguladoras y de las correspondientes convocatorias.
2. Las entidades solicitantes y beneficiarias deberán ajustarse a las guías técnicas, instrucciones y demás documentos de apoyo aprobados por el órgano concedente para facilitar la aplicación y gestión de las ayudas. Estos documentos tendrán carácter informativo, interpretativo o de apoyo técnico y no podrán alterar el contenido de las presentes bases reguladoras ni de las convocatorias dictadas a su amparo, ni suponer su modificación, desarrollo normativo o innovación respecto de lo establecido en las mismas.
La Orden VAU/1186/2024, de 21 de octubre, por la que se establecen las bases reguladoras de los premios de la Casa de la Arquitectura, queda modificada de la forma siguiente:
Uno. Se modifica el párrafo g) del apartado 1 del artículo 4, que queda redactado como sigue:
«g) Contar con la titulación o titulaciones académicas que habiliten para el ejercicio de la profesión de Arquitecto/a, obtenidas en una Universidad oficial española o, en su caso, estar en condiciones de certificar su obtención en la fecha en que finalice el plazo de presentación de solicitudes. En el caso de títulos universitarios obtenidos en el extranjero, disponer de la correspondiente credencial de homologación o del certificado de declaración de equivalencia, según proceda, expedido por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. No obstante, podrán presentar candidatura colectivos profesionales en los que al menos una de las personas integrantes disponga de la titulación requerida.»
Dos. Se modifica el apartado 2 del artículo 11, que queda redactado como sigue:
«2. La resolución de concesión, que incluirá la relación de solicitantes a los que se concede la subvención y, en su caso, la desestimación del resto de las solicitudes, se publicará en la sede electrónica asociada del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, surtiendo todos los efectos de notificación, de conformidad con lo establecido en el artículo 45.1 b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre.»
Tres. Se suprime el apartado 3 del artículo 11.
Cuatro. Se modifica el apartado 4 del artículo 11, que queda redactado como sigue:
«4. En cumplimiento del artículo 20 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, la resolución de concesión será publicada en la Base de Datos Nacional de Subvenciones (BDNS), así como en los demás medios de publicidad y difusión que se estimen convenientes.»
Esta orden se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de establecimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de los deberes constitucionales, así como para dictar las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 149.1.1.ª y 13.ª de la Constitución Española.
La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Madrid, 6 de noviembre de 2026.–La Ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez García.
1. A efectos de lo previsto en esta orden, tendrán la consideración de actividades económicas aquellas vinculadas a la fabricación, integración, ensamblaje o desarrollo de componentes o sistemas constructivos industrializados de edificación residencial, incluyendo, en particular:
a) La fabricación de componentes industrializados destinados a edificaciones de uso residencial.
b) La integración o ensamblaje de sistemas o soluciones constructivas destinados a la construcción industrializada de vivienda.
c) El desarrollo tecnológico, digitalización, automatización o robotización de procesos industriales aplicados a la construcción industrializada de vivienda.
2. La actividad económica correspondiente deberá encontrarse dada de alta y desarrollarse de forma efectiva con anterioridad a la presentación de la solicitud.
La elegibilidad se valorará atendiendo tanto a la actividad efectivamente desarrollada por la entidad solicitante como a la naturaleza del proyecto para el que se solicita la ayuda.
Tendrán la consideración de actividades especialmente vinculadas a la construcción industrializada aquellas encuadradas en los códigos CNAE-2025 16.29, 23.68 y 25.14. No obstante, la pertenencia a dichos códigos no constituirá un requisito exclusivo para acceder a las ayudas.
En consecuencia, también podrán resultar elegibles entidades cuyo código CNAE principal no se corresponda con actividades específicas de construcción industrializada, siempre que acrediten de forma suficiente que la actuación para la que se solicita la ayuda se encuentra directamente vinculada a la fabricación, integración, ensamblaje, industrialización, desarrollo de componentes, sistemas constructivos o procesos destinados a la construcción industrializada de edificación residencial, o procedimientos de evaluación o validación técnica.
A efectos de vinculación del proyecto con la construcción industrializada de vivienda, la convocatoria determinará la forma de acreditación.
3. A efectos de interpretación, se tomará como referencia la normativa técnica sectorial vigente en materia de construcción industrializada, en particular la norma UNE 41610:2026 «Construcción industrializada de edificios: Definiciones, clasificación e índice de industrialización».
4. Las actuaciones subvencionables deberán contribuir de forma efectiva a la construcción industrializada de vivienda y no podrán consistir exclusivamente en actividades de fabricación convencional de productos o componentes de construcción.
5. Dentro del uso residencial podrán entenderse comprendidas fórmulas habitacionales intergeneracionales, alojamientos o residencias colectivas, así como cualesquiera otras soluciones innovadoras orientadas a dar respuesta a las dificultades de acceso a la vivienda y a fomentar nuevas formas de habitar adaptadas a las necesidades sociales y demográficas actuales.
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